Lunes, 24 Enero 2011 19:37

Crisis ambiental nacional. ¿Oportunidad para reconstruir el país o para reconfigurar nuevos territorios?

Escrito por Jaime Moreno Quijano y Tatiana Roa Avendaño
Valora este artículo
(0 votos)
El 30 de noviembre, un terraplén del Canal del Dique se rompió a la altura de Santa Lucía, y el agua inundó gran parte del sur del Atlántico. Lo ocurrido pudiera tener mayores dimensiones que lo sucedido en 2005 en Nueva Orleáns al paso del huracán Katrina. Al menos cuatro poblados del departamento quedaron sepultados bajo el agua y seguramente tendrán que ser reubicados. El 5 de diciembre, en Bello (Antioquia), un alud de tierra sepultó un barrio y decenas de personas (se estima que al menos un centenar) fallecieron. A mediados de diciembre, Gramalote, tradicional pueblo de Norte de Santander, con 150 años de establecido, fue literalmente “comido por la tierra” luego que una falla geológica, saturada de agua, se desplazara y lo destruyera por completo. En La Renta (Lebrija, Santander), otra falla geológica que se anegó por las intensas lluvias destruyó más de tres kilómetros de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, dejando cerrada esta importante arteria vial que comunica el puerto fluvial petrolero con los Santanderes. La vía sigue, hasta el momento de elaborar esta nota (enero 14), sin ser reparada.

Lo que algunos han dado en llamar una “emergencia invernal” no es más que la evidencia de la crisis ambiental del país. Los ejemplos son claros. Gran parte del territorio nacional, especialmente regiones de la Costa Caribe, los Santanderes, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y la Sabana de Bogotá, estuvo inundado por semanas, y varios sectores aún continúan anegados. Los principales ríos del país –Magdalena, Sinú, San Jorge, Atrato, Cauca y demás afluentes menores que tributan en estos ríos– se han desbordado, dejando poblaciones enteras bajo el agua, además de cultivos e infraestructura. En la zona andina, los derrumbes y los deslizamientos son pan de cada día y destruyen barrios y poblados. La red vial del país colapsó y no será recuperada sino con meses de intensas obras; nueve vías nacionales están cerradas y restringidos 269 pasos por derrumbes, inundaciones y puentes en mal estado.

Esta catástrofe ambiental ya tiene enormes repercusiones sociales. Según la Cruz Roja Colombiana, son 303 los muertos, 296 los heridos y 73 los desaparecidos por la ola invernal que afecta a 2.200.000 personas y tiene damnificadas a 445.500 familias, 317.000 viviendas averiadas y más de 3.348 totalmente destruidas. La Defensa Civil Colombiana informó que actualmente 121.345 personas afectadas por la ola invernal se encuentran ubicadas en 521 albergues temporales, escuelas, colegios y otros sitios públicos. Al desplazamiento por el conflicto se suman ahora miles de desplazados ambientales; de otro lado, la provisión de alimentos disminuyó y es notorio el aumento de los precios de la canasta familiar; la oferta de empleo ha disminuido, afectando el ingreso, y, por último, se incrementó el número de personas destechadas. Otras repercusiones son geográfico-ambientales, debido a las modificaciones de los territorios inundados en el escenario regional-municipal del país.

El presidente Juan Manuel Santos, que sigue culpando a la naturaleza al decir que lo ocurrido es la peor tragedia natural, ya ha advertido que la actual situación es una oportunidad para “reconstruir el país”, y dio un paso para esto, declarando la emergencia nacional el pasado 7 de diciembre, con el argumento de implementar acciones que permitan acelerar la atención a los damnificados por las inundaciones y los deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Sin duda, lo sucedido plantea interrogantes importantes para hacer claridad sobre las causas de esta crisis ambiental, pero también sobre las medidas de mitigación. ¿Lo sucedido es producido por el llamado fenómeno de La Niña, intensificado por el cambio climático global? ¿Qué incidencia tiene el modelo de desarrollo territorial del país? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones estatales y particularmente las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en la prevención y moderación de estos “desastres naturales”? ¿Qué efectos tendrá la llamada reconstrucción del país que promueve el presidente Santos?

Espejismo del cambio climático en Colombia

Aunque el gobierno nacional culpabiliza al intenso fenómeno de La Niña, “derivado del cambio climático”, como el responsable de la crisis invernal, sin duda la causa principal está en un modelo desarrollo que ha transformado las selvas en potreros, plantaciones agroindustriales o proyectos mineros. Los ríos son desviados, represados, canalizados e invadidos sin respetar sus viejos cauces, y las ciénagas y humedales desecados, invadidos y rellenados para ser urbanizados o potrerizados. Antes de promover procesos de manejo sustentable, agroecológico o de conservación, se siguen priorizado obras de infraestructura que sacrifican montañas, selvas, páramos, ríos y humedales. El resultado está a la vista: erosión en las partes altas y ríos y ciénagas, colmados por sedimentos.

En lugar de rectificar, se viene profundizando un modelo económico que se reprimariza. Se intensifican las exportaciones primarias de petróleo, minerales, metales preciosos, energía y productos agrícolas (flores, banano, cítricos, café y carne), dejando grandes impactos sociales y ambientales que no se compensan con las divisas obtenidas. Tal modelo agro-extractivo exportador tiene su cuota de responsabilidad debido a la ampliación de la frontera minero-agrícola (en zonas de páramos y selvas). Ahora bien, respecto al modelo de desarrollo territorial, la vocación de los suelos y las aguas ha sido alterada. Así, por ejemplo, las tierras del Bajo Sinú (Córdoba), que tenían vocación agrícola y de protección ambiental como las ciénagas, han sido desecadas por los ganaderos, que de este modo amplían los linderos de sus fincas.

“La consecuencia más funesta que dejó la acción del Estado en esos ecosistemas cienagueros fue que abrió las agallas de la codicia de los terratenientes, quienes, siguiendo el ejemplo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en forma privada se han dedicado a desecar las zonas pantanosas en todo lo largo y ancho de la geografía de este departamento, con el propósito de aumentar el tamaño de sus propiedades. La acción de los terratenientes por acabar con los pantanos ha exasperado al máximo la preocupación de los campesinos como producto del desarrollo capitalista del campo. Ahora ven desplomarse [...] la última oportunidad de seguir viviendo en la vasta gama de pueblos de ciénagas que derivan el sustento directo de la gran biodiversidad de fauna y flora que éstas les ofrecen”1.

Lo que sucede no es nuevo. Desde hace años, las poblaciones del San Jorge y el Sinú, antiguo territorio Zenú, vienen denunciando que las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas en la zona, ya que las ciénagas y los humedales cumplían el papel ecológico de regulación de las inundaciones, y, no existiendo éstas, son más factibles y crecientes las inundaciones –tal como sucede actualmente–, además de la afectación que la construcción de la represa de Urrá ocasiona en la dinámica hídrica de la cuenca del río Sinú.

En las ciudades, las familias campesinas han tenido que construir sus asentamientos en zonas de alto riesgo (caso Bello, Antioquia, Morrorrico en Bucaramanga, ciudad Bolívar en Bogotá, etcétera) y en las zonas de cauce de los ríos (Río de Oro en Girón, Santander), en muchas ocasiones bajo la permisividad de las instituciones estatales (nacionales, regionales-municipales), que no les ofrecen opciones, y que no definen políticas ni programas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones ya asentadas. Es ésta una problemática que tiene que ver con la iniquidad del acceso a la tierra urbana. Las mejores tierras de la ciudades son ocupadas por urbanizaciones estratos 5 y 6, centros comerciales y otros intereses del capital, beneficiando a los grandes constructores (plusvalía urbana) y disminuyendo los espacios necesarios para vivienda social.

El problema de fondo es el tipo de ordenamiento territorial (rural y urbano) que se hace en los ámbitos municipal-regional y nacional para el desarrollo del capital, y no uno que contribuya al buen vivir de la población y la sustentabilidad (mitigación de riesgos, reforestación de cuencas hidrográficas, respeto por los cauces de los ríos, usos debidos del suelo; no desecamiento de ciénagas, manglares y humedales, protección de los páramos y selvas, etcétera). En esta problemática contribuyen las instituciones estatales de orden nacional y regional-municipal, como es el caso de las CAR, que tienen responsabilidad en el ordenamiento territorial según el artículo 7º de la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.

¿Las CAR, responsables de los desastres naturales?

El presente gobierno nacional ha señalado cierta responsabilidad de las CAR en las inundaciones por no haber adelantado las medidas preventivas al respecto. Sin embargo, cabe decir que ello significa buscar culpables en entidades donde históricamente la clase política regional-nacional ha formado parte de sus consejos directivos y se beneficia tanto de la “captura reguladora como de la captura política” de estas entidades, y no sólo la clase política sino también las ONG partícipes. “El mayor problema que parece afectar el sistema de gobierno de las CAR es su captura por parte de grupos del sector político tradicional, de la sociedad civil y del sector productivo, con el fin de satisfacer sus intereses particulares”2. Intereses forestales, mineros, aprovechamiento de caudales e intereses agroindustriales.

Entonces, la afirmación del Gobierno tiene y no tiene razón por lo expuesto. Además, con la reforma de las instituciones ambientales en el gobierno anterior, las CAR se dedicaron más al desarrollo de la agenda gris (saneamiento ambiental –obras de ladrillo y cemento) que al desarrollo de la agenda verde (conservación, mitigación, restauración y protección ambiental). Y frente a problemas de competencias interinstitucionales con entidades nacionales como Minambiente o Minminas, las CAR presentan una limitada autonomía de la gestión ambiental, por ejemplo, con la aprobación de licencias ambientales a megaproyectos que afectan jurisdicciones regionales; entonces, lo que se hace es “buscar la causa río arriba”.

Lo anterior no escinde la responsabilidad que les cabe a las CAR dentro de sus funciones, como lo reza el literal 19, artículo 31 de la Ley 99 de 1993:

“Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras”.

Seguramente las CAR más grandes y que manejan importantes recursos económicos no los han utilizado para el cumplimiento de estas funciones, o el problema arriba señalado de su “captura política y reguladora” ha desviado el uso de los mismos. Pero el juicio de responsabilidades no es sólo de las CAR sino también de otras entidades estatales, como los departamentos, los municipios, Mintransporte, Minambiente y Minhacienda, por aquello de la disciplina fiscal. Como corolario en la relación Estado-Sociedad, se dirá que el Estado no está al servicio de la sociedad sino la sociedad al servicio del Estado.

¿Reconstruyendo el país o configurando nuevos territorios?

Ante la emergencia nacional, el Gobierno hizo una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Ha tomado medidas asistencialistas, como impulsar la campaña “Colombia Humanitaria”, que está recaudando fondos para la atención a los afectados5. También definió medidas tributarias (exenciones fiscales a las zonas afectadas), ha mencionado la posibilidad de entregar tierras de extinción de dominio, ha ofrecido a los afectados trabajo temporal por seis meses en la reconstrucción, está otorgando subsidios de arriendo por seis meses, ha hecho promesas de reubicación de poblados (caso Gramalote, Norte de Santander, y sur del Atlántico) y definió la reconstrucción de las vías afectadas.
Pero no se mencionan las causas de la problemática de fondo, dados los acumulados de los desastres en el país. Parodiando al profesor Carlos Vilas respecto a la política social, unos se dedican a crear los desastres (modelo de desarrollo) y otros a recoger los escombros (las entidades asistencialistas y el Estado).

La crisis invernal les cae como anillo al dedo a Santos y su gobierno, que ve en ella una oportunidad para “pensar en grande”, reconstruyendo el país a su acomodo. De hecho, la crisis también permite argumentar la venta de un nuevo porcentaje de la acciones de Ecopetrol. Con los varios miles de millones de dólares que esperan conseguir por su venta, constituirán un fondo de reconstrucción de obras de infraestructura, como carreteras y puentes, destruidos por las inundaciones y las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña. Seguramente también la minería será avalada con el mismo argumento: fondos para la reconstrucción.

El asunto es claro: mientras las lluvias dejaron millones de personas afectadas, la reconstrucción facilitará la reconfiguración de nuevos territorios para el capital. Más claro no canta un gallo.

*    Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y miembro del equipo de Censat Agua Viva.
**    Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
1    Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas del Ubérrimo. Editorial Debate, Bogotá, 2008, p. 18.
2    Canal A., Francisco, Rodríguez B., Manuel. “Las corporaciones autónomas regionales, quince años después de la creación del Sina”, en: Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, editor. Foro Nacional Ambiental, Bogotá, 2008, p. 359.
A la fecha de escrito el artículo, se habían conseguido donaciones que superan los 33 mil millones de pesos entre donaciones económicas y en especie.

Visto 5614 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.