Sábado, 19 Febrero 2011 12:22

Bases militares EE.UU.-Colombia. “Hace falta un juicio político y penal al gobierno de Uribe por su criminal política exterior”

Escrito por Eduardo Matyas Camargo
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La declaratoria de inexequibilidad del acuerdo militar Colombia-EUA, por parte de la Corte Constitucional, y las revelaciones de Wikileaks sobre cómo se fraguó aquél, muestran además la capacidad del gobierno Uribe para acomodar la realidad del país a los intereses guerreristas del ex presidente. Santos tiene implícito el compromiso de no permitir que las relaciones internacionales de Colombia vuelvan a resquebrajarse.

Malaventurados los que en el gobierno
ocultan tras la bondad de las palabras la
impiedad para los hombres de su pueblo,
porque ellos serán señalados con el dedo de
la ignominia en las páginas de la historia.
 Jorge Eliécer Gaitán1

Una de las decisiones de política exterior y seguridad más polémicas del gobierno de Uribe fue la firma, el 30 de octubre de 2009, de un Acuerdo de Cooperación Militar entre la República de Colombia y Estados Unidos de Norteamérica.

Conocida la noticia sobre la instalación de siete bases norteamericanas en territorio colombiano, hubo un total rechazo de académicos, dirigentes políticos y periodistas independientes, conscientes de la gravedad en materia de soberanía y de facilitar así la política de agresión militar del gobierno de Uribe. Pero el acuerdo se firmó, violando el mandato constitucional de desarrollar una política en pro de la integración latinoamericana.

La política exterior de Uribe fue una extensión de su posición guerrerista interna y estuvo al borde de provocar un conflicto regional ante la posibilidad de atacar militarmente territorios de países hermanos, en contra del derecho internacional2. El Acuerdo causó un rechazo unánime de los países latinoamericanos. El gobierno de Uribe y sus áulicos defendieron el acuerdo, argumentando que se requería para afrontar una supuesta amenaza del gobierno de Hugo Chávez, alegando además que se trataba de desarrollar tratados de cooperación anteriores.

Catorce meses después, Wikileaks reveló que el cuestionado acuerdo había sido suscrito a súplica del gobierno colombiano según los reportes enviados por el embajador William Brownfield en 2009, y que Colombia insistió en que el texto no se debatiera en nuestro Congreso y que no se hablara públicamente sobre las bases militares, escribió la Silla Vacía sobre los correos de Wikileaks3.

Según cables revelados, la desinformación incluyó declaraciones de Paola Holguín, asesora de Seguridad de Uribe, comparando la situación del gobierno de Venezuela con la dictadura argentina cuando invadió las islas Malvinas y provocó una guerra con el Reino Unido, como distracción sobre los conflictos internos.

Gracias a Wikileaks, hoy se conocen muchos detalles de las negociaciones del acuerdo militar, que se remontan a las celebraciones por la ‘operación Jaque. Según esta agencia, el 15 de julio de 2008, el embajador Brownfield escribió un cable en el que contaba que el Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, había felicitado a Uribe por la ‘operación Jaque’ (“Estados Unidos está orgulloso de tener a Colombia como aliado”) y éste había aprovechado el triunfo para anunciar que acabaría con el rol de facilitadores que les había otorgado a Suiza, Francia y España; que aumentaría los ataques a la farc y el eln; que pediría a Venezuela ayuda para capturar a ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’; y que el Tlc ayudaría a despegar la economía colombiana. Al final, les dejó a los gringos una petición: “Uribe dijo que el gobierno de Colombia considera el establecimiento de una “Cooperative Security Location” (CSL), y espera concluir un acuerdo para ésta lo más pronto posible”.

Papel de la semántica en la entrega del país

Acogiendo la inusitada petición uribista, los gringos elaboraron un primer borrador que le entregaron el 13 de agosto de 2008 a la Cancillería. Revisada la propuesta por Uribe, su ministro Santos de Defensa y el ministro Jaime Bermúdez, la Cancillería le respondió a Estados Unidos el 23 de agosto siguiente, proponiendo cambiar la palabra “base” y ‘venderlo’ como “acuerdo suplementario” de los anteriores, evadiendo el debate en el Congreso por entregar territorio colombiano a una potencia extranjera. A ninguna de las dos cosas se opuso el gobierno de Obama. “Si podemos conseguir el acceso y las facultades que necesitamos sólo con cambiar el título, recomendamos cambiar el título”, escribió Brownfield.

La Embajada no aprobaba todas propuestas colombianas, en especial aquellas dirigidas a amarrar el tratado a un compromiso estadounidense de defender a Colombia en caso de agresión de Venezuela, el interés principal de Uribe y Santos. La Embajada de Estados Unidos estuvo en desacuerdo con que en el tratado se dijera que ambos gobiernos se comprometían a “confrontar amenazas comunes hacia la paz y la estabilidad”. Para los norteamericanos, era mejor una frase menos comprometedora, como “Se comprometen a estudiar cómo confrontar” o “se comprometen a considerar cómo confrontar”. Al final, Brownfield impuso el criterio gringo, y quedó que las partes “acuerdan profundizar su cooperación”. Los gringos, dice el cable, no querían un verbo “tan vinculante”.

Tampoco estuvieron de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 4, sobre acceso y uso que pueden hacer los militares estadounidenses de las instalaciones militares colombianas. Para la Embajada (así se impuso en el texto final), el acuerdo no podía decir que, en caso de amenaza a la seguridad nacional de Colombia, Estados Unidos debía garantizar los bienes y servicios necesarios para enfrentarla. La razón para eliminar esa frase era, según el cable, “evitar que el material de Estados Unidos sea utilizado en un posible conflicto regional”.

Pero el punto más importante tuvo que ver con el sistema de defensa aérea que el gobierno de Uribe esperaba conseguir de Estados Unidos con el acuerdo de las bases. Aunque el canciller Bermúdez dijo que los vecinos no debían temer porque este acuerdo era simple continuación del ‘plan Colombia’, los cables filtrados por Wikileaks dicen que para Uribe eran un “garantía disuasiva” contra un eventual ataque venezolano.

“En el borrador, el Colombia –escribe Brownfield al Departamento de Estado– pide que, dos años después de firmado el acuerdo, Estados Unidos instale un sistema de defensa aéreo (Comprehensive Aerial Defense Systems) con el objetivo de proveer la seguridad necesaria en las facilidades acordadas”. Agrega, dice en los cables, que la solicitud colombiana está vinculada con amenazas externas, específicamente las de Venezuela. Se establece con claridad que los estadounidenses juzgan absurda esta solicitud por el costo y las implicaciones regionales, por lo cual se idea un plan alterno en caso de que Colombia insista en este punto, que era básicamente dejarlo impreciso.

Brownfield sugiere establecer que Estados Unidos se comprometerá a “estudiar la solicitud” o explícitamente que ellos, en materia de defensa, sólo se encargarán de sus aviones y el personal de Estados Unidos (pero no de las instalaciones), y dejan una pregunta para responder en privado: “Finalmente, debiéramos comenzar a preguntarnos silenciosamente si estamos preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si ese es el precio por firmar este acuerdo”.

Según el cable, el gobierno colombiano ofreció que las inmunidades y privilegios concedidos a los diplomáticos gringos en el Acuerdo de 1974 se extendieran, mediante el artículo 4, a los contratistas privados involucrados en hechos punibles. Al grotesco ofrecimiento no se opusieron los gringos. En el texto final se establece que Estados Unidos se compromete a investigar crímenes de su personal oficial (militar o diplomático), informando a Colombia sobre las investigaciones. Pero el juzgamiento y condena era asunto exclusivo de Estados Unidos y no de Colombia. Los contratistas privados fueron excluidos de las inmunidades.

Cuando el periódico El Espectador reveló que, luego del desmantelamiento de la base de Manta (Ecuador), se negociaba un nuevo acuerdo militar Colombia-Estados Unidos que autorizaba el uso por éste de siete bases militares colombianas, el 5 de febrero de 2009 Brownfield reportó a su gobierno las palabras con las que el ministro Santos de Defensa desmintió la noticia, que entonces causaba una crisis regional: “Yo le diría a aquellos que critican que se informen mejor porque no habrá ninguna base”4.

¿Colombia, con Uribe, Israel de América Latina?

Pero, además de mentirosa la afirmación de Santos –y Uribe–, estaban de acuerdo en permitir el aterrizaje de aviones norteamericanos en las bases colombianas, buscando que Estados Unidos se involucrara directamente en la guerra en apoyo a Colombia, en caso de conflicto regional, a semejanza de la ayuda a Israel en la guerra de Yom Kippur (1978).

La posición de Santos había llevado a Venezuela y Bolivia a acusar a Colombia de ser el “Israel de América”, a lo cual Santos ripostó en una entrevista a El Espectador: “Inclusive nos han acusado: ‘ah, es que ustedes son los israelíes de América Latina’, lo cual a mí personalmente me hace sentir muy orgulloso”.

En 1º marzo de 2009, en conmemoración del primer año de la muerte de Raúl Reyes y 25 personas más en el bombardeo colombiano al campamento guerrillero en Angostura (Ecuador), Santos dijo que “golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así éstos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa”5.
Las palabras de Santos preocupaban al embajador y el gobierno gringos, lo que llevó a pedirle al entonces ministro de Defensa colombiano, Gabriel Ospina, abstenerse de realizar ataques fronterizos antes de firmar el acuerdo. Silva manifestó que entendía la preocupación y que frenaría tales operativos.

Ahora que Wikileaks revela estos peligrosos planes agresivos contra la paz continental, Uribe admite que estaba “preparado para actuar en Venezuela sobre las farc”. Y del cable se deduce que los planes eran muy reales y que el gobierno estadounidense no estaba de acuerdo, por lo menos con el timing o que lo hicieran sin aviso previo. Esto llevó a que el ministro Silva se comprometiera a enviarle a Brownfield un protocolo que delineara cómo utilizarían las armas que Colombia acababa de conseguir con fondos del programa de asistencia militar extranjera de Estados Unidos, incluyendo “el compromiso de consultarles previamente para cualquier uso transfronterizo (an assurance for prior consultation before any cross-border use)”. Es decir, si Colombia pensaba incursionar en Ecuador o Venezuela a finales de 2009, no podría hacerlo sin el visto bueno gringo, bajo el entendido de que utilizaba dineros aportados por el Imperio.

Argumentando un ataque venezolano en razón a que Chávez había comprado en Rusia 100 carros de combate T-72 y otras armas, Colombia le solicitó al gobierno norteamericano la realización de una “actividad simbólica y visible de los militares de Estados Unidos” (maniobras militares) en Colombia, quizás en la base de Palanquero. “La embajada no planea actividad alguna en Palanquero hasta firmar el acuerdo”, escribió Brownfield. Silva también le contó a éste que la cancillería brasileña quería conocer el acuerdo antes que fuera público, pero le aseguró al embajador gringo que no tenían intenciones de compartir el texto.

El gobierno colombiano no quedó satisfecho con la redacción final del acuerdo firmado, y le reclamó al gobierno estadounidense por su falta de compromiso con Colombia si había un conflicto con Venezuela. “El canciller Bermúdez le expresó al embajador su preocupación sobre la posición del gobierno de Estados Unidos en la disputa con Venezuela. Le dijo que la neutralidad de Estados Unidos no era la posición que el gobierno colombiano estaba esperando y predijo que Uribe le diría esto al Subsecretario Steinberg”, dice el cable de Brownfield al Departamento de Estado del 20 de noviembre de 2009.

Si bien Estados Unidos había elaborado el borrador primario, Colombia, mediante las modificaciones propuestas, pretendía convertir el acuerdo inicial propuesto en un “pacto militar”, en que Estados Unidos se comprometía a apoyar irrestrictamente a Colombia en caso de conflicto militar, con armas y logística, e incluso con su abierta participación en las operaciones, cuando el gobierno Uribe preparaba ataques a las farc en territorio venezolano, lo que podía desembocar en un conflicto regional. Aunque no se firmó el pacto militar que pretendía Uribe, que protegiera su agresiva política exterior, el acuerdo militar sí convirtió a Colombia en un ‘portaaviones’ del ejército y el gobierno norteamericanos.

Las argucias del gobierno colombiano para inducir al estadounidense a un apoyo al de Colombia en un posible conflicto con Venezuela fueron de tal desvergüenza que se llegó a acusaciones temerarias, como las de la asesora de Seguridad de Uribe, de que “el gobierno venezolano había asesinado a nueve colombianos, un peruano y un venezolano, cuyos cuerpos fueron hallados en el estado fronterizo de Táchira 24 de octubre de 2009, lo que probaba la crueldad del gobierno de Venezuela para provocar una guerra con Colombia”, relató Brownfield a su gobierno. Los burdos argumentos del gobierno Uribe fueron descartados, y Brownfield escribió al Departamento de Estado un cable para desestimar la crisis como no genuina, calificando al gobierno colombiano de paranoico.

La constitucionalidad del mencionado acuerdo fue demandada por un grupo de colombianos, y contó con la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otros ciudadanos colombianos que solicitaron la declaratoria de inexequibilidad del mismo, por considerar que constituía un nuevo tratado bilateral cuyo contenido debió haberse sometido a aprobación del Congreso colombiano, demanda resuelta el 17 de agosto de 2010 por una mayoría de seis votos contra tres.

Al decidir, la Corte Constitucional descarta que el tratado entre Colombia y Estados Unidos el 30 de octubre de 2009 fuera un “acuerdo simplificado”, extensivo de lo acordado en 1952, 1962 y 1974, como lo sostuvieron el gobierno Uribe, y las universidades Externado y Nueva Granada, y concluye que es inexequible por involucrar nuevas materias, inmunidades y privilegios, constituyéndose en un nuevo tratado que debió someterse a aprobación del Congreso y al control automático de constitucionalidad antes de entrar a regir, condicionamiento que debía haber sido vertido en una declaración interpretativa cuando el Gobierno manifiestara consentimiento ante el Tratado Internacional de Cooperación6, descartando inhibirse de fondo sobre las demandas, como lo solicitaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, por ineptitud de las demandas.

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el tratado bilateral de cooperación militar restablece el orden jurídico y sienta bases para el entendimiento con los países latinoamericanos, dejando en evidencia que la política exterior de Uribe violaba el orden jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno. De allí se establece que también hace falta un juicio político y penal al gobierno de Uribe por su criminal política exterior.

*    Abogado del CSPP, defensor de presos políticos y profesor universitario.
1    Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 7 de febrero de 1948.
2    Artículo 9 de la Constitución Nacional.
3    http://www.lasillavacia.com/historia/asi-se-cocino-el-acuerdo-de-las-bases-militares-segun-wikileaks-20825.
4    El Espectador, 22 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/juan-manuel-santos/articulo151950-no-protestamos-cuando-chavez-quiso-armarse-hasta-los-dientes-santos
5    http://www.ecuadorenvivo.com/2010060752039/internacional/santos_se_siente_-muy_orgulloso-_de_que_a_colombia_se_le_compare_con_israel_.html.
6    Corte Constitucional, Auto 288 de 2010, Sala Plena, que reafirma la Sentencia C-379/09 Corte Constitucional.
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