Miércoles, 20 Abril 2011 19:09

La informalidad ahora tiene que pagar impuestos. Primer empleo, una ley sin garantía social

Escrito por Edwin Guzmán
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La pita se rompe por la parte más débil. Así reza el refrán y así sucede con los jóvenes, por miles de miles desempleados, de lo cual se aprovecha el legislador para expedir la Ley del Primer Empleo, la que supuestamente fomentará la generación de puestos de trabajo sobre la base de aplicar beneficios tributarios a quienes contraten a jóvenes que llegan por primera vez al mercado laboral. La ley le permite al patrón cancelar a los primíparos mucho menos que el salario mínimo, y en todo caso una remuneración nunca superior al 1,3 del salario mínimo legal vigente. Todo esto justificado porque ganarán en experiencia con la práctica o la pasantía. Además, la ley pretende incorporar al sistema tributario todo tipo de expresión informal que genere alguna rentabilidad.

Muchos especialistas del mercado señalan que la innovación puede generar crecimiento económico. Con esa lógica, la Ley de Primer Empleo se pone en marcha con las propuestas desde una concepción económica que espera llevar a cabo el actual ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría. En su pensamiento sólo ve como opción empeorar las condiciones de trabajo asalariado para generar mayor oportunidad de empleabilidad. Adicionalmente, pretende que se genere empleo por parte de quienes fueron excluidos del mercado laboral. Ahora le toca a la informalidad generar los puestos de trabajo que los modelos de liberalización de garantías laborales no pudieron.

El Ministro parte de considerar que el desempleo no se ha disparado más porque muchos deciden trabajar por cuenta propia, muy probablemente en condiciones de informalidad. Cree que entre quienes no pertenecen a la esfera formal están quienes ven el rebusque como única fuente de ingresos básicos, pero se atreve a señalar que hay otros con capacidad de acumulación no desdeñable. Para estas personas que logran tener unos ingresos superiores a los del común va la Ley del Primer Empleo, con el propósito de incorporarlos al sector empresarial con supuestos descuentos tributarios si producen puestos de trabajo.

En últimas, esos descuentos son reasignaciones presupuestales; es decir, que en vez de aportar a los impuestos de ICBF, Sena y las Cajas de Compensación Familiar (CCF), tales recursos se destinan al pago de jóvenes trabajadores, preferiblemente menores de 28 años, con formación técnica y tecnológica. Se trata de una medida simplista que busca vincular –‘institucionalizar’– a la gran masa de población juvenil excluida que potencialmente puede convertirse en actor de movilización y protesta. Para ello, el muro de contención no es generar puestos de trabajo digno sino intermitentes órdenes de prestación de servicio mal pagas.

El argumento económico que esgrime esta corriente ‘modernizante’ de la sociedad colombiana es darle ventajas al sector informal que quiera legalizarse para contratar jóvenes trabajadores a partir de los recursos desprendidos de los Costos No Salariales (CNS), o sea, valores que no hacen parte de la remuneración, y que se propone que con la medida sean cargados inicialmente al Presupuesto General de la Nación, en un proceso escalonado hasta el momento en que estos empresarios no cuenten con este tipo de ayudas y tributen como otro sector laboral formal. En ninguno de los casos se podrán generar remuneraciones superiores al 1,3 del salario mínimo legal (SML).

A todas luces, es una propuesta regresiva y defensora del modelo laboral dominante. Así lo evidencia el hecho de que el Gobierno no se comprometa en eliminar formas de trabajo informal. Prueba de ello es que esta iniciativa, bajo ninguna circunstancia, puede beneficiar cooperativas de trabajo asociado, que representan formas de flexibilización laboral para los más jóvenes, cuando el pago lo hacen directamente los clientes, como sucede en la prestación del servicio de empaque en las grandes cadenas de mercado.

Los supuestos beneficios son formas de focalizar, además de los jóvenes, a población marginada o en situación de desplazamiento, ocasionalmente aquellos reincorporados a la vida civil o en condición de discapacidad. También se dirige a cabezas de familia con puntaje 1 y 2 del Sisben, junto con mujeres mayores de 40 años que durante los 12 meses anteriores no hayan podido obtener un empleo.

Priorizar en los más jóvenes

Esta ley se centra en los más jóvenes, personas entre 16 a 24 años, y define que éstos pueden ser contratados mediante modalidades en las cuales no necesariamente haya un pago salarial justo sino una remuneración precarizada bajo la condición de aprendizaje hasta por seis años. Se incluyen contratistas aprendices de instituciones diferentes del Sena, aquellos centros de capacitación esparcidos por las ciudades que lanzan gran cantidad de jóvenes esperanzados en conseguir un empleo por tener algún tipo de formación. Una vez más, las relaciones entre Estado y empresa privada, entre sector educativo y Estado, se centra en el negocio, dejando ver que su preocupación no es la calidad educativa. Con ello, la privatización mantiene su rumbo, tal como lo anunciara el presidente Santos al abrirle la puerta a la inversión privada en las universidades públicas.

Para aquella población, el Gobierno ordena crear el Sistema Nacional de Información y Demanda Laboral (Sindel), a cargo del Dane, que debe generar un boletín pedagógico pensando en los estudiantes de los grados 10 y 11 sobre las demandas del mercado laboral. No sobre decir que este boletín estará ajustado a las cifras manejadas por el Dane, que en muchas ocasiones disfraza y manipula las estadísticas oficiales, como recurrentemente lo hace con los niveles de desempleo e informalidad. Frente al pago de salud, hay condiciones permisivas para estos seudoempleados que se contraten, ya que pueden conservar su afiliación al régimen subsidiado dos años después de la vinculación laboral.

Aunque el jefe de la cartera de la Protección Social sostiene que las políticas asistencialistas del régimen subsidiado a la salud generan “incentivos para permanecer en la informalidad”, insiste en que la población no quiere dejar ese régimen por el contributivo al empezar a trabajar. Se le olvida al Ministro que hay grandes dificultades cuando alguien trabaja dos o tres meses y se le obliga a contribuir para una EPS, y que al final del contrato no puede regresar al régimen subsidiado. Por otra parte, señala con respecto a los jóvenes que el salario mínimo legal es muy alto en relación con su productividad, y por tanto se le puede reducir bajo el argumento de que está en una modalidad de contrato de aprendizaje, para homologarle la experiencia laboral por pasantías y prácticas hasta por un año.

Estos economistas dóciles a los preceptos neoliberales proclaman la precarización de las condiciones de vida, proponen que el Salario Mínimo Legal (SML) se establezca únicamente con respecto a la inflación, e insisten en que el salario mínimo de nuestro país es muy elevado con relación a la productividad media del trabajo o al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Es decir, que el costo del salario no amerita lo que producimos. Semejante sofisma económico no oculta la ambición capitalista.

Sin embargo, para las nuevas empresas (informales) que generen, queda claro que deben registrarse ante Cámara de Comercio, lo que entraña ir aplicando el paquete de impuestos como el de industria y comercio, matrícula mercantil y su renovación, a un ritmo progresivo del 25 por ciento anual desde el momento de su creación. Como el Gobierno sabe que serán escasos los intentos exitosos, contempla procedimientos ante las situaciones de disolución o liquidación de quienes, esperanzados en el discurso, salten al mundo laboral de la formalidad.

Para las zonas rurales, la medida gubernamental se enfoca en el sector turístico, en especial en departamentos como Amazonas, Casanare y Vaupés. No hay fomento para los campesinos y tampoco para los pequeños productores. La única salida es el agroturismo, pero se prevén infracciones para quienes ofrezcan servicios turísticos sin tener el Registro Nacional de Turismo. No hay puntada sin dedal, y, aunque están exentos quienes lo ofrecen ocasionalmente, obligan a adquirir el registro so pena de no verse sancionados al optar por la nueva modalidad como fuente de ingresos.

Como se puede ver, más que generar empleo se trata de forzar la inclusión de actividades de la informalidad en el sistema de contribución laboral. No faltarán quienes vean la posibilidad de crear empresas, pero serán ahogados en las normas tributarias. Por otro lado, quienes esperan verse contratados como su primer vínculo laboral, serán explotados con la promesa de permitirles la adquisición de experiencia en un trabajo que no brinda mínimas garantías laborales, como salud y un ingreso seguro. En este caso, innovar la ley es distraer a la comunidad con medidas que no generan empleo.

Esperemos que quienes la luchan en el día a día vean los verdaderos intereses de una propuesta acompañada del rebuscado discurso de estos tecnócratas economistas que quieren gobernarnos.

Continuidad contra los Derechos Humanos

Con pañitos de agua tibia, el Gobierno de Santos quiere transformar la tasa de informalidad, que supera el 57,7 por ciento, con una población en pobreza extrema del 16 por ciento, que mantienen a nuestro país como el séptimo más desigual del planeta. Esta administración quiere aparentar un inexistente distanciamiento con la anterior. A comienzos de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Christian Salazar Volkman, denunció que, a pesar de la disminución de la actitud de confrontación del actual gobierno con otros sectores, se siguen denunciando interceptaciones y hostigamientos por parte de la inteligencia militar. Mayoritariamente entre los años 2004-2008 han sido ejecutadas extrajudicialmente 3.000 personas.

Persisten los casos de judicialización de defensores de derechos humanos. Los supuestos “muertos en combate” no han desaparecido y las cifras son alarmantes: en 2009 fueron 267 y para 2010 se registraron otros 102 casos. A noviembre de 2010, en el Registro Nacional de Desaparecidos, se lleva la cuenta de 51.300 personas que las cuales se ignora su paradero. En 2010 se registraron 26 muertes de sindicalistas, y en 2009 los asesinatos fueron 25. Por su parte la Onic denuncia que en el último año se asesinó a 122 indígenas. En todo ello se denuncia la nula cooperación de la justicia penal militar con la ordinaria para el esclarecimiento de estos hechos.

Se registran altos índices de impunidad expresados por asesinatos a líderes sociales que reclamaban restitución de tierras. De marzo de 2007 a marzo de 2010, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) señaló que 1.499 personas desplazadas fueron asesinadas. Esto muestra que la Ley de Justifica y Paz no sólo tiene que ser reformada por sugerencia de la Alta Comisionada sino que, además, siempre fue inexistente porque terratenientes y agroindustrias que patrocinaron los paramilitares pretenden conservar los predios de los despojados. Aunque traten de ocultarlo, la parapolítica no ha desaparecido del Congreso, pues 13 congresistas reelegidos están vinculados a investigaciones penales por parte de la Corte Suprema.

Por todo ello, en Colombia se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos, aunque el gobierno de Santos quiera marcar diferencias con el anterior. No es una sombra que cubre el pasado sino un discurso para encubrir.
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