Miércoles, 20 Abril 2011 20:36

¿Qué hay detrás de las cifras del campo? Cero en agricultura y espejismos con desiertos verdes

Escrito por Álvaro Sanabria Duque
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En profundidad, el escaso rendimiento de la actividad rural, en términos del PIB nacional, no debe llamar a engaños, pues al analizar las finalidades últimas de la posesión de la tierra se deja al descubierto el verdadero valor de tenerla. La rentabilidad siempre está por venir.

El biólogo austriaco Paul Kammerer, quien a finales del siglo XIX se había dedicado a coleccionar cientos de coincidencias, llamó “serialidad” al supuesto fenómeno de repetición de la presencia simultánea o encuentro de hechos aparentemente sin conexión. Sincronicidad, denominaría más tarde el psicoanalista Ernest Jung a la pretendida existencia de sucesos que, sin unión causal y bajo diferentes circunstancias, aparecen siempre juntos. En Colombia, por lo contrario, no tenemos que recurrir a explicaciones exóticas para entender que fenómenos aparentemente desconectados terminan perteneciendo al mismo círculo de causalidades, menos si esos sucesos de referencia unen economía y violencia.

Miremos, entonces, algunas de esas ‘coincidencias’. Finalizando marzo se anunciaba que el PIB colombiano había crecido 4,3 por ciento, soportado por el aumento de la explotación de minas y canteras (11%) y refrenado por el sector agropecuario, que tenía cero de variación. En la misma fecha, la prensa publicaba que “en menos de 24 horas en Antioquia y Sucre eran asesinados tres líderes campesinos que encabezaban organizaciones de reclamantes de tierras”. Los nombres de David de Jesús Góez Rodríguez, Bernardo Ríos Londoño y Éver Verbel Rocha se sumaban así a la interminable lista de muertos en un conflicto por la propiedad de nunca acabar. Ahora bien, cualquiera que no conozca nuestro indefinido conflicto pudiera preguntarse en forma inocente, al comprobar el comportamiento negativo del agro en los tres últimos años: ¿Por qué se mata por la tierra si el sector agropecuario es el de peor desempeño?

Seguramente sea inútil explicarle que la tierra ha sido entre nosotros, históricamente, la ‘alcancía’ donde se guardan los excedentes de la acumulación que no se pueden direccionar hacia actividades reproductivas del capital. Y que la propiedad ha tenido un papel geoestratégico en el que se vacían ciertos territorios de “enemigos internos” para convertirlos en “tierras guardaespaldas”, que tan solo tienen la función de crearles corredores de seguridad a los detentadores del poder local.



La producción parece, entonces, sólo un apéndice del verdadero propósito de la apropiación del suelo, pues, como entender que desde el 2002, cuando la tasa de variación del PIB agrícola comienza a ubicarse sistemáticamente por debajo de la del PIB total, no se prendan las alarmas de los gremios, máxime si en tres años consecutivos se tienen comportamientos negativos, tal como sucede desde 2008.

Desocupar el campo, tarea de la seguridad

Más allá de que se trate o no de efectos buscados, lo cierto es que los comportamientos de las variables del sector agropecuario han sido consecuencia directa de la implementación del modelo aperturista y las lógicas neoliberales. La casi desaparición de cultivos como el maíz o el algodón, para citar sólo dos casos, es buen ejemplo de cómo la producción de los países del centro capitalista, en este caso Estados Unidos, se quedaron con los mercados de esos productos en gran parte de las naciones de la periferia, incluida Colombia, sin contraprestación alguna. En nuestro país, ese tipo de productos no pudo ser reemplazado, pues, a diferencia de naciones como Chile, que es una economía de clima templado, no se encontraron cultivos alternativos de ciclo corto que fueran demandados en los países del llamado mundo desarrollado. ¿Por qué se aceptan, entonces, por los gremios, de modo tan pasivo, esas políticas?

Acá siguen las ‘coincidencias’, pues en estos días de euforia por el supuesto compromiso de Obama con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC), y luego de que hace un año se aprobara en Madrid el TLC con Europa, los ganaderos llamaban la atención acerca de que “el país se expone a la importación de 7.000 toneladas de leche en polvo, 3.000 de queso, 7.500 de carnes industriales y despojos, y volúmenes ilimitados de lactosueros, al firmar el tratado con Estados Unidos”.

Pues bien, mientras los ganaderos hablaban de importaciones de “volúmenes ilimitados de lactosueros”, se dio a conocer simultáneamente que la Superintendencia de Industria y Comercio investiga a 23 empresas del sector lechero por vender lactosuero rehidratado (producto intermedio, derivado de la quesería) como leche, y de engañar así a los consumidores. ¿Qué podrá quedar de la producción y el consumo de verdadera leche después que se firme el tratado con Estados Unidos?

La destrucción de la producción agropecuaria ha traído como consecuencia que Colombia se convierta en un país dependiente en el suministro de materias básicas, mostrando un permanente déficit de su balanza comercial (lo que es fácil probar si se mira la relación exportaciones-importaciones desde la perspectiva de los volúmenes físicos). El punto definitivo de ruptura tiene lugar en 2006, cuando el comportamiento del producto agropecuario comienza a alejarse de los ritmos del resto de la producción y la disfuncionalidad del campo se agudiza, pues, como se puede observar en la tabla de la balanza comercial, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa muestra un salto significativo en ese año, contra nuestra autonomía.

En el período que va de 1995 a 2010, el crecimiento promedio del área sembrada por año no llega a 50 mil hectáreas, sumando el total de siembras para este último año, 4.965.374, de un potencial cercano a 16 millones de hectáreas. Esto muestra que la apropiación de la tierra no persigue la generación de rentas por explotación productiva sino, en su dimensión económica, la espera de una valorización inercial de largo plazo que garantice la conservación de la riqueza acumulada y el manejo de las palancas del poder local. Que el gobierno, en su intento por devolver una mínima parte de las tierras robadas a los campesinos, haya tenido que crear el Centro de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CIR-RT), y que el Ministro de Defensa le haya reclamado a la Fiscalía la creación de una dependencia especial para investigar los casos de los asesinatos de los reclamantes, es apenas una pequeña muestra de la saña con la cual los terratenientes, pese a todo, disputan la propiedad del suelo.

Los desiertos verdes, ¿una salida a la ociosidad de la tierra?

David de Jesús Góez Rodriguez, el líder más visible de los reclamantes asesinados, nos cuenta la prensa, había sido desplazado del norte de Urabá, de una zona donde se encuentran en disputa cerca de 27.000 hectáreas que hoy, vaya ‘coincidencia’, se encuentran sembradas en teca y caucho. Y si hablamos nuevamente de coincidencia, es porque por esas mismas fechas el gremio maderero anunciaba, tras un acuerdo firmado con el Gobierno, que en 2019 se ha propuesto como meta tener sembradas un millón de hectáreas en árboles de plantación (al finalizar 2010, el área de plantaciones forestales suma 376.663 hectáreas).

El camino parece claro. La alta concentración de la tierra y el elevado porcentaje que de la misma permanece ocioso, así como el desdén total por considerar estratégicos los intereses alimentarios del país, parecen direccionar las políticas agropecuarias hacia los cultivos de plantación. Incluso en 1995, pese a los efectos perversos de la apertura económica sobre nuestro autoabastecimiento, los cultivos transitorios o de ciclo corto seguían siendo predominantes sobre los permanentes. Siete años más tarde, esa relación ya se había invertido, y de ahí en adelante las plantaciones muestran un predominio creciente que, dadas las declaraciones del Gobierno y los gremios, parecen querer hacer irreversible.

En entrevista para El Espectador del sábado 2 de abril, Alejandra Ospina, presidenta de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, declaraba que para 2014 el Gobierno se había fijado la meta de “reforestar” (léase cultivar) 601.000 hectáreas y para 2019 el ya mencionado millón de hectáreas. La líder gremial se mostraba entusiasmada con el ejemplo chileno y manifestaba que el país tenía “espacio libre” para sembrar hasta 10 millones de hectáreas. Dentro de los cultivos por fomentar señalaba la teca (nótese que teca y David de Jesús Góez Rodríguez son nombres que aparecen al tiempo, en la misma edición de los periódicos, por razones aparentemente diferentes pero a las que no es difícil encontrarles los puntos de contacto) y maderas para la pulpa como el eucalipto, pino y acacias.

¿Conoce el país las consecuencias de esto? ¿Se ha divulgado lo suficiente que el monocultivo de árboles tiene como efecto concomitante el desplazamiento masivo de poblaciones rurales, en buena medida de minorías étnicas (la violencia contra la población afrocolombiana se inicia en Riosucio (Chocó) en 1996 cuando comienza la titulación colectiva de esas tierras)? ¿Se ha divulgado con la amplitud que merece que el 21 de septiembre se realiza el Día Internacional contra el Monocultivo de Árboles, porque éstos agotan las reservas de agua, reducen la diversidad biológica, esterilizan los suelos, estimulan los incendios forestales y en no pocas ocasiones han generado plagas de insectos? ¿La academia, los políticos y la sociedad en general saben de la enfática y sustentada afirmación de que las plantaciones no son bosques y que sobre esa base las han denominado desiertos verdes?

Organizaciones como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales llaman la atención sobre la mistificación de los supuestos beneficios ecológicos del monocultivo de plantación, pues se han convertido en disculpa de los países desarrollados para eludir la reducción de gases de efecto invernadero, sin que se pruebe que el balance de carbono en el largo plazo es positivo para el ambiente; además, son la base de los mercados de carbono que quieren convertir a nuestros países en verdaderos “basureros ambientales”. Que el camino elegido para el campo colombiano es el latifundio de plantación lo corroboran palabras como las del director de Desarrollo Sostenible de Planeación Nacional, Ricardo Torres, quien en el Seminario de Política Agropecuaria de la SAC, en diciembre del 2010, declaraba: “Uno de los productos colombianos en donde es más evidente la necesidad de mejorar las escalas es la palma africana, ya que, por ejemplo, una unidad promedio de producción en Malasia, primer productor de palma, corresponde a 200 mil hectáreas, mientras en Colombia las más grandes alcanzan sólo 30 mil” (véase revista número 956 de la SAC).

Vaciar el campo sigue siendo la consigna del modelo que va a cumplir una década y en la cual Juan Manuel Santos ha sido artífice principal. ¿Podemos, entonces, dejar de lado el debate sobre continuidades o rupturas entre el gobierno anterior y el actual, e iniciar uno sobre el modelo rentista-extractivo que hará perdurables las altas tasas de desempleo, la mala distribución del ingreso, la inseguridad alimentaria y el daño ecosistémico?

Está claro que en este extraño país, si aparecen en una misma edición hechos como la muerte de reclamantes de tierras, el estancamiento de la producción agropecuaria, la apología al monocultivo de árboles, la firma de tratados comerciales, menciones al Chocó biogeográfico, investigaciones por engaños con lactosuero, no hay que recurrir a conceptos exóticos como “serialidad” o “sincronicidad”, pues es muy fácil descubrir que están relacionados. Tampoco debe creer en fantasmas un lector de periódicos antiguos si abre un ejemplar de 1939 o 1940 y encuentra una noticia que dice: “El ministro Lleras le rindió hoy informe al presidente Santos”, pues ese lector debe saber que se trataba del tío-abuelo del actual Presidente y el abuelo del actual Ministro. No. Las replicaciones de nuestro trágico y monótono acontecer no son cosas raras.

Por eso debe ser aún más alarmante recordar que Colombia ya ha tenido experiencias no muy gratas con los cultivos de plantación, siendo el ejemplo de las Bananeras el más gráfico. El nombre del tristemente célebre general Cortés Vargas, inmortalizado por su cobardía al disparar contra la multitud inerme en lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras, en 1928, debe dejar de ser un mero recuerdo simbólico y obligarnos a reflexionar sobre el modelo que se nos está imponiendo. Se hace tarde para comenzar el debate y la obligación corresponde a los movimientos alternativos que se enredan en el día a día y, por sólo ver el árbol, parecen ciegos frente a los ‘bosques’ plantados.
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