Lunes, 20 Junio 2011 19:11

La precarización disimulada de la ‘tercera vía’. La ley de primer empleo

Escrito por Colectivo Sintrabajo
Valora este artículo
(0 votos)


Una de las tácticas del presidente Santos para forjar su propuesta de ‘unidad nacional’ consiste en asumir algunas propuestas esbozadas por sus rivales en la anterior campaña electoral; una de tales iniciativas es la Ley de Primer Empleo, propuesta en su momento por el entonces candidato liberal Rafael Pardo. Tras la posesión de Santos, la ley surtió un rápido trámite en el Congreso para ser sancionada por el Presidente en febrero de 2011. Cabe preguntarse: ¿Qué hay detrás del aparente consenso en torno a la ley?
 
Los principales objetivos de la ley de primer empleo o Ley 1429 de 2010 son tres: 1. Reducir la informalidad laboral, facilitando la incorporación de grupos vulnerables al mercado de trabajo, especialmente personas en situación de desplazamiento, discapacitados, mujeres mayores de 40 años que no se han vinculado a una relación laboral en un año, y personas con jefaturas de hogar que se encuentren en los niveles 1 y 2 del Sisben; 2. Incentivar la creación de nuevas empresas impulsadas por jóvenes; 3. Prohibir las ‘cooperativas de trabajo asociado’ como mecanismo de intermediación laboral. Examinemos la ley siguiendo tales coordenadas.
 
1. Formalización laboral: exclusión económica y explotación a corto plazo.
 
De acuerdo con los datos del Dane, en enero de 2011 el índice de desempleo fue igual a 13,5 por ciento, el subempleo objetivo fue igual a 11,9 y el subempleo subjetivo igual a 30,3. Según el Dane, se encuentran en subempleo subjetivo aquellas personas que trabajan pero manifiestan el deseo de mejorar sus ingresos y el número de horas trabajadas, o tener una labor más propia de sus competencias. Se encuentran en subempleo objetivo quienes también manifiestan tal deseo pero además efectúan acciones para cambiar su situación laboral.
 
En el trimestre que comprende noviembre de 2010 a enero de 2011, la tasa de ocupación fue igual a 55,6 por ciento. Esta tasa se calcula mediante la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar; valga anotar que, de acuerdo con el Dane, se encuentran “ocupadas” las personas que: a) trabajaron al menos una hora en la última semana previa a la encuesta; b) no trabajaron la semana de referencia pero tenían un trabajo; y c) los trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia al menos una hora. En el mismo período, la rama económica que recogió la mayor ocupación fue la de comercio, restaurantes y hoteles, con un 26,6 por ciento; y la posición ocupacional que registró la mayor participación fue la de “trabajador por cuenta propia”, con 43,9%1. La tasa de informalidad se encontraría en 55,33, con un 53,94 para los hombres y un 56,98 para las mujeres2.
 
En Colombia, la pesadilla de la sociedad salarial sigue siendo un sueño frustrado. Los indicadores no sólo muestran altos niveles de desempleo y subempleo sino que además catalogan como ocupadas a personas en situación abierta de precarización laboral. Por otro lado, muestran que las ramas de la economía con mayores niveles de ocupación, bien coinciden con la ausencia de relaciones laborales (como quienes trabajan por cuenta propia) bien generan ocupaciones transitorias, como ocurre con el comercio y los hoteles a finales de año.
 
De acuerdo con Erik Olin Wright, una relación de explotación se define mediante tres condiciones: 1. El bienestar material del explotador depende de las privaciones del explotado; 2. Hay una exclusión asimétrica de los explotados del acceso y el control de los recursos productivos; y 3. Hay una apropiación de los frutos de trabajo de los explotados por parte de quienes controlan los recursos productivos. Es importante aclarar que, si se presentan 1 y 2 sin darse 3, tenemos una opresión económica no-explotadora, donde los frutos del trabajo no son apropiados por el explotador sino que el oprimido es excluido del acceso a los recursos clave3. Hacemos esta precisión porque la situación laboral en Colombia combina la opresión económica con la explotación, pues quienes quedan excluidos de las relaciones de trabajo sufren una forma de opresión económica que a la vez profundiza las condiciones de explotación de quienes sí obtienen un empleo. La informalidad laboral y el desempleo no son anomalías de una economía en crisis sino una condición de su funcionamiento, ya que permite abaratar los costos laborales, disminuir las garantías para quienes trabajan y generar niveles más profundos de explotación.
 
La ley de primer empleo busca generar 2,5 millones de puestos de trabajo y formalizar 500.000 empleos; el mecanismo para alcanzar tal fin es el descuento del impuesto de renta para aquellos que paguen parafiscales, y aportes al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión mínima como resultado de la contratación laboral de las personas pertenecientes a los grupos antes mencionados. Consideramos que esta propuesta tiene al menos tres problemas: a) Los beneficios generados para los empleadores son temporales; de ahí que no se garantice una contratación laboral a largo plazo; y b) No es claro que los beneficios parciales para los empleadores que contraten nuevos trabajadores generen más empleo, pues para los empleadores, en términos globales, sigue resultando más atractivo mantener los niveles de desocupación, informalidad y desempleo que ahorrar plata en impuestos; c) Algunos analistas han afirmado que la ley no tiene mecanismos efectivos de seguimiento, lo que la haría ineficaz4; en ese marco, bien puede darse que la ley permita la posible evasión de impuestos de empresarios de papel que a la vez no generan empleo alguno.
 
La ley no genera mecanismos efectivos de creación de empleo mediante la política económica sino más bien una redistribución del ingreso vía exención de impuestos que en algunos casos es favorable a los empleadores en el corto plazo, pero que no amenaza con modificar la situación del trabajo en el largo plazo. Valga anotar que, de acuerdo con Robert Brenner, el núcleo de la crisis económica actual radica en un descenso de la rentabilidad global producida por la propia lógica horizontal de la competencia capitalista; lo anterior conlleva que las empresas reduzcan costos a corto plazo para paliar la baja en la rentabilidad, pero esa reducción, lejos de detener la crisis, la profundiza. En resumen, la racionalidad capitalista de ofrecer soluciones de corto plazo es el factor que hace permanente la crisis en la economía global5. La ley de primer empleo de Santos obedece a esa misma lógica.
 
2. Nuevas empresas como forma de precarización.
 
Otro objetivo de la ley de primer empleo es el impulso a las empresas agenciadas por jóvenes menores de 28 años. La ley busca impulsar estas empresas mediante un estímulo concreto: la reducción de los costos laborales mediante el pago progresivo de los aportes parafiscales, y la contribución al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión mínima, por los jóvenes empresarios durante los primeros cuatro años de actividad.
 
Esta regulación tampoco implica una mayor empleabilidad. Como lo sostiene Ricardo Bonilla, las pequeñas empresas tienden a participar de encadenamientos sectoriales donde operan como proveedoras y subcontratistas, situación que en lugar de incrementar la contratación directa genera su reducción6. En ese orden, la retórica del emprendimiento bien puede entenderse como una manera sofisticada de precarizar el trabajo de jóvenes profesionales o de jóvenes trabajadores asociados que serían contratados por grandes empresas, tratándolos como empresarios cuando en realidad operen como sus empleados de facto. Un ejemplo interesante lo encontramos con los proyectos agroindustriales que se impulsan actualmente por el Ministerio de Agricultura en la Orinoquia; estos proyectos buscan ligar a pequeños productores con grandes capitales7 en un esquema de asociatividad que recuerda viejas formas de feudalismo y que les permiten a los grandes empresarios desconocer los derechos laborales de quienes serán tratados como sus ‘socios’.
 
En segundo lugar, el estímulo a las pequeñas empresas se genera en un contexto de fuerte liberalización comercial con la firma de ‘tratados de libre comercio’ que amenazan seriamente la producción nacional, situación que implica que pequeños y jóvenes empresarios impulsen sus iniciativas en un clima de fuerte competencia impresa por el mercado. En suma, los estímulos a las nuevas empresas no garantizan que ellas se mantengan, lo cual implica que los nuevos empleos también puedan desaparecer.
 
3. Cambio de unas formas de precarización por otras.
 
La ley prohíbe las ‘cooperativas de trabajo asociado’, lo que en apariencia es una buena noticia para quienes han sufrido el infame esquema de intermediación laboral que llegó a emplear de manera precaria a 540.000 personas8. No obstante, la ley permite nuevas formas que pueden vulnerar a quienes trabajan y menoscabar sus derechos. La norma elimina el trámite que exigía que el reglamento de trabajo interno fuera aprobado por el Ministerio de Protección Social. De esta manera, los empleadores podrán aprobar de manera inconsulta los reglamentos de trabajo, lo que abre la puerta a nuevas vulneraciones disimuladas que impliquen su precarización: disposiciones en materia de jornada laboral o normas internas sobre riesgos profesionales pueden ser decisiones tomadas por los empleadores sin un necesario control de las entidades del Estado.
 
4. Nuestra emancipación contra la ‘tercera vía’.
 
La tercera vía en el gobierno laborista de Tony Blair en Inglaterra implicó una transformación sustantiva del laborismo. Si durante el siglo XX la socialdemocracia procuró limitar el capitalismo, la tercera vía de hoy procura vincular a la gente al capitalismo. Así como Blair profundizó el modelo de Thatcher cambiando la retórica, Santos modifica el modelo Uribe introduciendo algunos matices: pasamos de las contrarreformas laborales a una precarización disimulada con una retórica de creación de empleo.
 
Nos oponemos al trabajo precario porque nos oponemos a la vida precaria. La emancipación no pasa por querer ser como quienes nos dominan. La emancipación pasa por la creación de realidades que no nacen de un decreto sino de la fuerza de nuestra forma de vida misma. Se trata de que nosotros, de carne y hueso, no las palabras de los gobernantes de turno, hagamos posible la creación de unas condiciones que podemos llamar de trabajo digno: una nueva ética, una nueva forma de cooperación y unas nuevas relaciones de producción son el sentido de nuestra apuesta.
 
Frente a la ‘unidad nacional’, proponemos algo más modesto: la unidad de las personas que trabajan, sin importar si están empleadas o no, sin tener en cuenta sus vínculos jurídicos o sus formas de contratación.
 
  1. Para las cifras y las definiciones, ver el boletín de prensa “Principales indicadores del mercado laboral. Enero de 2011”, publicado el 28 de febrero. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene11.pdf.
  2. Datos tomados de Juan Carlos Guataquí, Andrés García-Suaza y Mauricio Rodríguez-Acosta, El perfil de la informalidad laboral en Colombia, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/84/84048d18-e754-4f80-afc5-f80d4b092260.pdf.
  3. Erik Olin Wright, Preguntas a la desigualdad. Ensayos sobre análisis de clase, socialismo y marxismo, Bogotá, Universidad del Rosario, 2010, pp. 77-78.
  4. Ver “La ley de primer empleo debe tener más dientes” El Colombiano, 7 de marzo, disponible en http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_ley_del_primer_empleo_debe_tener_mas_dientes/la_ley_del_primer_empleo_debe_tener_mas_dientes.asp.
  5. Robert Brenner, Turbulencias en la economía global, Santiago de Chile, Encuentro XXI, 1999.
  6. Ver Ricardo Bonilla, “Crecimiento, empleo, seguridad y pobreza” en, Bien-estar y macroeconomía 2007. Más allá de la retórica, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007, p. 92.
  7. Ver La silla vacía. “El futuro agroindustrial de la Orinoquía ya arrancó”, en http://www.lasillavacia.com/historia/el-futuro-agroindustrial-de-la-orinoquia-ya-arranco-19998?page=2.
  8. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/218-edicion-168/9250-la-informalidad-ahora-tiene-que-pagar-impuestos-primer-empleo-una-ley-sin-garantia-social.html

Artículo relacionado
La informalidad ahora tiene que pagar impuestos
Primer empleo, una ley sin garantía social
Visto 6968 vecesModificado por última vez en Martes, 21 Junio 2011 11:11

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.