Lunes, 20 Junio 2011 20:22

Código Penal para adolescentes, indicios de su fracaso

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*
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La detención de adolescentes crece como espuma, con tasas cercanas al 40 por ciento cada año. Desde el 30 de mayo pasado, en otro paso de criminalización de la pobreza, el Congreso reformó el Código de Infancia y Adolescencia: aumenta la pena hasta ocho años para los menores que cometan homicidio doloso, secuestro extorsivo o agresión sexual. Los adolescentes pagarán su condena en centros de atención especializada y no podrán obtener la libertad a los 21 años, como ocurre ahora. Una reforma, como tantas otras, en el marco de la nueva Ley sobre Seguridad Ciudadana, improvisada, sin una evaluación pertinente de la aplicación de la ley.
 
Cerca de 8.000 menores fueron detenidos por portar droga durante 2010, frente a los 6.509 de 2009 (el gobierno de Álvaro Uribe volvió a penalizar el consumo personal). Y aumentan los menores detenidos por hurto, al pasar de 7.608 en 2009 a 7.941 en 2010 (Informe del Departamento de Infancia y Adolescencia. Policía Nacional). Las cifras disponibles sobre las conductas en las cuales incurren los adolescentes muestran que el 70 por ciento corresponde a hurto y microtráfico de estupefacientes. Por el contrario, los delitos graves, referidos a homicidios y delitos personales, representan sólo un 8 por ciento. Sin mediar una evaluación objetiva de sus resultados durante estos cinco años de vigencia, la reforma al Código de Infancia y Adolescencia que aprobó el Congreso en forma irresponsable, y que agudiza y profundiza la penalización de adolescentes, se justificó con unos hechos que no representan el grueso de las conductas delictivas que cometen los adolescentes.
 

 
Al respecto, la representante Ángela María Robledo, del Partido Verde, sentencia que “hace falta ahondar en la comprensión de las situaciones que enfrentan nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, en particular de quienes […] hacen parte del 30 por ciento que presentan deserción de la escuela para incorporarse al mundo del rebusque, la explotación laboral o la ilegalidad. En Colombia, la posibilidad de que un joven muera asesinado es cinco veces más alta que en América Latina”.
 


 
La pobreza, además, es víctima de criminalización
 
El miedo, la represión y la necesidad de protección paternalista de símbolos mesiánicos hacen parte de los componentes básicos de la sociedad fascista que desde hace una década consolida la lumpen-oligarquía colombiana. Camilo Jiménez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, advierte: “La sensación de inseguridad ciudadana que divulgan los gremios de comerciantes y el gobierno, amplificada por los medios de comunicación, criminaliza y estigmatiza a los adolescentes y jóvenes. Víctimas y victimarios, signos y emisarios del mal, en condiciones de pobreza, exclusión, y vulnerabilidades económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, los adolescentes y jóvenes populares son producidos dentro del esquema ideológico amigo/enemigo como el enemigo interno más peligroso de cuantos hayan existido” (Habitando el territorio. Jóvenes de la Sabana de Bogotá: Entre la pobreza, el conflicto y la esperanza. Corporación Cactus, Bogotá. Editorial Arfo, abril, 2011).
 
 

Igual hace el Congreso frente a la Ley de Juventud 375 de 1997, que la reemplazará (sin evaluar sus desarrollos) por una Ley Estatutaria (va en tercer debate) sobre ciudadanía juvenil presentada por los partidos PIN, de la U y Liberal. Sobre ello no sobra precisar que es un proyecto burocrático que se caracteriza por la cooptación clientelista de jóvenes a cambio de votos, corporativismo (la política como negocio de intereses), poca representatividad democrática y legitimidad, no tiene unidad de materia, de conformidad con el artículo 158 de la Carta Política, además de registrar otras fallas constitucionales como mezclar la participación ciudadana con temas propios de los partidos políticos y desnaturalizar el concepto de juventud.


 
Cuando, según Ángela Robledo, “los medios de comunicación se han volcado con la pasión que los caracteriza a registrar situaciones de inseguridad en las cuales muchos jóvenes son presentados como los mayores criminales en Colombia”, resulta un contexto de miedo generalizado y ‘crisis de seguridad’ en el cual surgen iniciativas legislativas de castigos ejemplares. Tales demandas ignoran investigaciones como la del brasileño Sergio Piñero, quien demuestra que “las medidas represivas en los países latinoamericanos no sólo no han logrado incidir en la disminución de la llamada delincuencia juvenil sino que además han perpetuado la cultura del autoritarismo en la región”.
 
Discriminación juvenil en los planes de gobierno
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza, más seguridad” contiene la mirada discriminatoria y victimista del Gobierno sobre los adolescentes: “Desde 2009, el país avanzó en un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) […] El país se encuentra en un período de transición y enfrenta el reto de brindar una oferta pertinente, asertiva y estratégica, acorde con la finalidad del SRPA, que evite reincidencias, emita mensajes preventivos y logre que el adolescente sea consciente del daño que le causa su conducta a sí mismo, a su víctima y a la comunidad, desde una perspectiva de construcción de un sujeto de derechos”.
 
Entonces, el propio gobierno admite que “el 46 por ciento de la población colombiana se encuentra en condición de pobreza y el 16 por ciento en condición de pobreza extrema. Asimismo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos de los países, es de alrededor de 0,57, y es hoy día uno de los más altos del mundo, en una situación en la cual Colombia cuenta con una de las tasas de desempleo más altas de la región latinoamericana”.
 

 
En Soacha se destacan los problemas estructurales de la sociedad
 
Sin olvidar que un alto número de las 3.000 ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, tuvo como víctimas a jóvenes de sectores populares de Soacha, donde, según la encuesta que Unicef-Fundación Escuelas de Paz 20011 realizó en la Comuna cuatro2, el 44 por ciento de los adolescentes considera que su hogar vive bajo condiciones de pobreza. El 55,5 por ciento se considera desempleado y el 57,6 percibe que en su hogar hay desempleo en padres, padrastros, tíos y hermanos.
 
Durante el último mes, el 29 por ciento de los preadolescentes y los adolescentes (entre 10 y 19 años) presenta algún grado de inseguridad alimentaria (un día, una semana, casi siempre o siempre). Allá, uno de cada tres conoce personas de pandillas o grupos al margen de la ley; y el 38,1 por ciento sabe del porte de armas. Llama la atención el conocimiento preciso de su tipo: cuchillos, navajas, puñales, machetes, pistolas, revólveres, metralletas, escopetas, changones (armas hechizas). Al habitar territorios conflictivos, “vive uno con miedo de que lo atraquen o lo maten, miedo, desesperación, no se puede evitar una bala perdida”.
 
En un contrasentido sobre el monopolio que tienen las administraciones departamentales de la producción y venta de alcohol y la regulación del comercio de cigarrillos, y el estímulo de la publicidad y los eventos deportivos para aumentar su venta; el cigarrillo y el alcohol constituyen el principal consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiada: la incidencia es de 15,5 y 30,6 por ciento, respectivamente. Además, su consumo presenta un alto grado de frecuencia e iniciación a edades más tempranas (10 años). La marihuana y demás sustancias psicoactivas están presentes en el consumo de los adolescentes pero con un menor grado de incidencia: 4,1 y 2,7 por ciento.
 
Paz, justicia y trabajo concentran las mayores violaciones que afectan a los adolescentes por parte de las instituciones del Estado y de la sociedad colombiana, sin que otros derechos, como educación, salud, cultura, recreación, ambiente, participación y recreación estén plenamente garantizados. En las tres áreas críticas de los derechos –justicia, paz y trabajo–, es importante profundizar en los mecanismos y los indicadores de seguimiento y evaluación, dada su interrelación: la penalización de los adolescentes es, a la vez, un castigo a la pobreza y asimismo a los contextos de violencia en que habitan los adolescentes (ver Gráficos 1 a 5).
 
En relación con el maltrato y la violencia sexual, el 16,3 por ciento ha sido víctima de maltrato físico y psicológico: gritos, golpes, malas palabras, humillaciones, robos, apuñalamiento, discriminación. A la pregunta ¿Quiénes maltratan?, responden: ladrones, padres, padrastros, hermanos, profesores, compañeros de estudio, novios, policía; en la casa, el colegio y la calle. Uno de cada 10 preadolescentes y adolescente ha padecido violencia sexual por parte de padres, padrastros, hermanos, familiares, vecinos, ladrones, paramilitares, novios, indigentes. Uno de cada cinco adolescentes se ha sentido discriminado durante el último mes por factores como el étnico, la edad y el barrio donde viven.
 
Cerca de la mitad de los encuestados participa en alguna organización juvenil de carácter deportivo, musical, de gestión de paz, afrocolombiana, artística o religiosa, con actividades de recreación, deportes, manualidades, oración, paz, danza y teatro.
 
Respecto al derecho a la justicia, la evaluación de la Corporación Escuelas de Paz, con apoyo de la l’Escola de Cultura de Pau, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 2010 indica: “La mayoría declara que en general los y las adolescentes y jóvenes no acuden a la justicia y prefieren actuar por mano propia para remediar sus conflictos. Mencionan que la población juvenil no valora los derechos que tienen como ciudadanos/as. Los miembros de la comunidad refieren que las adolescentes acuden a sus padres para que las defiendan o ayuden a solucionar sus conflictos, mientras que los jóvenes no. Este tipo de situaciones se podrían presentar debido al desconocimiento de los procesos de justicia, o a la falta de confianza que se tiene frente a las instituciones por la poca presencia de las mismas en el sector”.
 
*Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Catedrático de las maestrías en Derechos Humanos de la UPTC y Economía ambiental de la U. Santo Tomas. Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud y del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2011-2019, Gobernación de Cundinamarca; Consultor para la Cumbre de Gobernadores sobre políticas públicas de Juventud (PGN, Unicef, ICBF, Viva la Ciudadanía), de 2011; Director del estudio de aplicación en Colombia (Soacha) del sistema de indicadores de bienestar de adolescentes para América Latina y el Caribe, convenio Fundación Escuelas de Paz-UNICEF; Investigador asociado del Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo y miembro del Comité Científico de la Revista Diálogo de Saberes de la Universidad Libre. Integrante de los comités editoriales de los periódicos Desdeabajo y Le Monde Diplomatique.
1Cifras con base en el estudio de validación de los “Indicadores de Bienestar Adolescente” diseñados por la Unidad de Desarrollo del Adolescente, de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe (Tacro) en el ámbito del Programa “Centro para el Desarrollo Integral Juvenil de Altos de Cazucá”, del municipio de Soacha, sobre una muestra de 420 adolescentes (el 1 por ciento del universo poblacional) para definir estrategias de acompañamiento y monitoreo del desarrollo y participación de las y los adolescentes, que realizó Unicef-Fundación Escuelas de Paz en febrero-mayo de 2011.

Recuadro 1
Efectos del marco cívico-militar para la inversión privada

En el ensayo “Jóvenes populares, tras el hilo de Ariadna”, el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Camilo Jiménez abre el interrogante sobre el futuro de las políticas públicas de adolescentes y juventud, orientadas por una concepción cívico-militar de ejercicio del poder, en función exclusiva del crecimiento económico, a partir de inversión privada en el marco hegemónico de macropolíticas represivas, opuestas al florecimiento de las fuerzas esenciales humanas de los jóvenes que viven en condición de pobreza. Una estructura política y económica que genera una situación permanente de confusión e indefensión de las comunidades, los adolescentes y los jóvenes populares, marcadas por el miedo, y en buena medida por el odio, en especial hacia los jóvenes populares. Algunos hechos que señala el profesor Jiménez así lo evidencian:

Ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Reclutamiento forzado o ‘voluntario’ en grupos ilegales. Enfrentamientos entre pandillas. Campañas de la mal llamada “limpieza social”. Restricción de libertades como el acceso a parques, zonas públicas, toques de queda por parte de autoridades policiales o grupos ilegales. Prohibición policial o social de realizar o participar en eventos culturales. Requerimiento de permisos ante las alcaldías para realizar reuniones de organizaciones juveniles. Hostigamiento a actividades culturales juveniles por grupos ilegales y la policía. Desplazamientos forzados. Confinamiento territorial. Amenazas de muerte directas a personas y colectividades. Instauración de gobiernos de la ilegalidad con control territorial de expendios de droga. Amenazas a líderes y lideresas comunitarias y sociales. Robos e incendios en bienes de las organizaciones juveniles. Allanamientos legales e ilegales. Actos de violencia sexual. Militarización de la vida cotidiana en barrios, colegios y universidades. Uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales e injustas por parte de las autoridades. Amenazas y agresiones a personas con opciones de identidad sexual diferente y a enfermos de VIH.

Recuadro 2
La Ley 1098 de 2006 quedó en letra muerta
 
Aunque consigna que “los adolescentes que cometan delitos respondan ante procesos judiciales que respeten todas las garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa. Deberán ser juzgados en un proceso penal […] especializado […] y de carácter pedagógico que forme al adolescente en el respeto por los derechos humanos de los demás”. La mitad (48,4 por ciento) de los adolescentes entre los 17 y 19 años percibe que no tiene garantizado su derecho a la justicia. De hecho, uno de cada tres expresa que se le ha violado el derecho a la justicia y, de éstos, tres de cada cuatro afirma que no le ha sido restituido. Cerca de cinco de cada 100 adolescentes ha estado ya implicado en un proceso penal; de estos, 37,5 por ciento fue recluido en un Centro de reeducación, la cuarta parte no tuvo asesoría durante el proceso, el 43,8 por ciento afirma no haber tenido información, 56, 3 por ciento considera que no tuvo acceso a la justica y, finalmente, 66,7 por ciento siente que no fue protegido por las instituciones. La situación es más dramática si sólo se toma el rango de 17 a 19 años: el 85 por ciento afirma que no recibió asesoría en materia de justicia, y todos los adolescentes implicados en el proceso penal (ciento por ciento) señalan que no tuvieron acceso a la justicia ni información, o se sintieron protegidos por instituciones.

Recuadro 3
Esperanza y juventud

La evaluación de la Ruta para el Desarrollo Juvenil de Soacha desde el Centro de Desarrollo Juvenil y Servicios Amigables de Salud realizada en 2010, al igual que la Encuesta Unicef-Fundación Escuelas de Paz (2011), concluyen que, a pesar de las dificultades y de la difícil situación social del sector (población adolescente y juvenil), rescata valores de respeto, honestidad de las personas de la comunidad y una actitud positiva que los motiva a salir adelante e identificar cuáles son las ofertas institucionales en la comuna para alcanzar sus metas. Ocho de cada 10 adolescentes estima que su vida futura será mejor que la vivida por sus padres; 18,6 por ciento considera que será igual, y sólo el 2,6 por ciento piensa que será peor. Estos resultados son consistentes con sus proyectos de vida: “Terminar mis estudios profesionales y trabajar para conseguir mis propias cosas, estudiar y sacar adelante a la familia, ser una mejor persona, irse del barrio, tener un hogar, tener un negocio y casa propia, viajar por el mundo”. Muy pocos responden: “no saben” o “no les gusta pensar en el futuro”.

Recuadro 4
Hijos que no viven con los padres
 
Según la Encuesta Nacional de Salud y Demografía de 2010, en Colombia, el 56 por ciento de los niños menores de 15 años vive con ambos padres, el 30 por ciento vive solo con la madre pero tiene el padre vivo, un 3 por ciento vive solo con el padre aunque tiene la madre viva, y un 6 por ciento no vive con ninguno de los dos padres aunque ambos están vivos.

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 28/11/2010 EDICIÓN 163
 
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