Edición N° 203

Edición N° 203 (12)

Miércoles, 25 Junio 2014 15:23

La salud: un derecho restringido

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La salud: un derecho restringido

El reciente fallo de la Corte Constitucional que declara exequible la Ley Estatutaria de Salud (1), se constituye en un retroceso al aceptar la restricción de un derecho, en este caso el de la salud, a un paquete de servicios (POS), en contra de la perspectiva integral que establecen los pactos y tratados internacionales de derechos humanos, e incluso en contra de la perspectiva progresista abierta por la propia Corte Constitucional con la Sentencia T-760 en el 2008, que declaró la salud como un derecho humano fundamental.

 

Efectos de la Ley Estatutaria

 

La Ley Estatutaria de Salud aprobada por el Congreso de la República en junio de 2013, regula el derecho fundamental a la salud a través de 26 artículos, legislando entre los aspectos más relevantes: la naturaleza y contenido del derecho a la salud; las obligaciones del Estado; los elementos y principios del derecho; los derechos y deberes de las personas; la participación en las decisiones del sistema de salud; la prohibición de la negación de prestación de servicios; las prestaciones de salud; la autonomía profesional; las políticas pública de salud, de información en salud; de innovación, ciencia y tecnología; y farmacéutica nacional.

 

Esta Ley no modifica en absoluto el modelo de aseguramiento para la atención de la enfermedad (a través de un mercado de servicios de salud, como lo estableció la Ley 100 de 1993), ni la intermediación efectuada por las EPS.

 

Aunque el sentido de una Ley Estatutaria es regular los derechos humanos, es claro que su garantía por parte de los Estados se concreta producto del tipo de orientación y estructuración de los sistemas y políticas de salud.

 

Con la declaración como exequible de esta Ley Estatutaria, el concepto del derecho a la salud queda restringido al "acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud". Es decir, la Ley establece un contenido restricto del derecho a la salud, ligado exclusivamente a un servicio público de atención a la enfermedad individual en el marco del modelo de aseguramiento, despojando a este derecho de su contenido integral y su interdependencia con otros derechos fundamentales, como lo establece la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (2).

 

De igual manera, la Ley establece unos criterios de exclusión para las prestaciones de servicios de salud referidos a que tengan como finalidad principal un propósito cosmético; que no exista evidencia científica sobre su seguridad y efectividad clínica; que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente; que se encuentren en fase de experimentación; y aquellos que se presten en el exterior. Con estos criterios quedan establecidas amplias exclusiones de las atenciones que no podrá recibir la gente, y, además, los recursos de reclamación resultarán más engorrosos aún al establecerse que estarán tramitadas a través de juntas médicas de los prestadores de servicios de salud.

 

¿Es tan positivo el fallo como refiere la Corte Constitucional?

 

Podría decirse que hay aspectos que pueden resultar positivos de esta Ley, como el amplio abanico de elementos y principios del derecho a la salud, el enfoque de determinantes que consagra, la indicación a la participación de la ciudadanía en las decisiones del sistema de salud y el reconocimiento de la autonomía profesional. Pero todos estos elementos quedan al margen en tanto la Ley no toca el modelo estructural de comprensión de la salud como un bien individual de consumo transado en un mercado de aseguramiento.

 

Según lo expresó el presidente de la Corte Constitucional al presentar el fallo, la exequibilidad de esta Ley implica, cuando menos, cuatro aspectos a resaltar (3).


Primero: los temores frente al menoscabo de la tutela se acaban. Esto puede ser cierto, pero lo que no dice la cabeza de ese alto Tribunal, es que en la medida en que restringen el contenido del derecho a la salud, también restringen el impacto de la tutela, en tanto ésta protege lo referente al contenido, lo que está por fuera no, con lo cual estamos ante un escenario en donde la gente tendrá que pagar de su propio pecunio aquello que no está dentro del contenido del derecho a la salud establecido por la Ley.

 

Segundo: al tratarse de un servicio de urgencia, las autorizaciones administrativas requeridas quedan proscritas. El asunto suena bien, pero realmente no queda resuelto en tanto el mecanismo de autorización e intermediación que establecen las EPS continúan vigentes. El alto Tribunal podrá decir esto, pero en la práctica, hasta que el paciente no demuestre quién paga la prestación del servicio, no la recibirá.

 

Tercero: la Corte dejó claro que el tema de sostenibilidad fiscal no puede ser obstáculo para garantizar el derecho de acceso a la salud, planteamiento importante pero que requiere entonces que la misma Corte declare inexequible la regla fiscal tramitada en el Congreso de la República.

 

Por último, la Corte avaló el tema del control de precios de medicamentos estipulado en la Ley. Aspecto positivo, pero limitado, pues si el mismo no va acompañado por la precisión que definición e inclusión de los medicamentos al POS sea por criterios de calidad y eficacia clínica, y no de costo-beneficio, de nada sirve avanzar en esta regulación ya que en este plano los medicamentos son tratados igualmente como mercancía, que sólo puede obtener quien tiene capacidad de pago.

 

De esta manera, puede decirse que la postura de la cabeza de la Corte Constitucional es muy optimista frente a la declaración de exequibilidad de la Ley, al desconocer las realidades impuestas por la lógica de mercado al sistema de salud colombiano, la misma que restringe la realización del derecho a la salud de los y las colombianas, restricción que la Ley Estatutaria sostiene y refuerza.

 

Nuevamente aplazada la aspiración

 

La aspiración de diversos sectores sociales y gremiales del país al demandar la instauración de una Ley Estatutaria, era establecer una idea amplia e integral del derecho a la salud y terminar con el modelo de intermediación financiera de las EPS, en tanto consideraban que este tipo de sistema de salud no está diseñado para garantizar el derecho.

 

Los actores interesados en que la salud siga siendo un negocio en el país, cuentan ahora con este soporte legal de orden estatutario, que de cara a la nueva reforma del sistema de salud que diversos sectores impulsan, dará pie para la continuidad de un sistema que tiene como base la capacidad de pago de las personas y como espíritu central la acumulación de ganancias para las EPS, como ha ocurrido en estos más de 20 años desde cuando fue sancionada la Ley 100.

 

De esta manera, para los sectores que luchan por hacer realidad el derecho a la salud en el país, no queda otro camino que seguir insistiendo, movilizándose, proponiendo, con la idea que en el país efectivamente tome forma un amplio proceso organizativo capaz de movilizar a la sociedad y con capacidad para quebrar este modelo de sufrimiento, enfermedad y muerte que impusieron los mercaderes de la salud y que para infortunio del país la Corte Constitucional avaló.

 

* Médico Salubrista Público, profesor de posgrados de salud de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.


1 Corte Constitucional. Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria "por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones". Comunicado No. 21 de mayo 29 de 2014.
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2021%20comunicado%2029%20de%20mayo%20de%202014.pdf
2 Torres-Tovar M. La Ley estatutaria para atornillar el negocio de la salud. Desdeabajo, edición No. 193, julio de 2013. http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/22414-ley-estatutaria-para-atornillar-el-negocio-de-la-salud*.HTML
3 Caracol. Con fallo de la Corte se acaba el "paseo de la muerte". Emisión mayo 29 de 2014.
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/con-fallo-de-la-corte-se-acaba-el-paseo-de-la-muerte/20140529/nota/2249735.aspx

Miércoles, 25 Junio 2014 15:18

El paraíso

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Ilusionismo profundo. Es común en todo el mundo que los candidatos para algún puesto dentro del Estado oferten a sus posibles electores lo divino y lo profano. Ilusionan. Esta es una regla general; también la es que, una vez elegidos, terminen poniendo en marcha lo opuesto de lo ofrecido. Es esta la razón, por ejemplo, de la actual crisis de Hollande en Francia y sus antecesores socialistas, pero también explica la crisis de credibilidad de igual sector político en España y otros países, así como de la pérdida de confianza de la sociedad estadounidense con su actual presidente.

 

De esta regla nadie escapa, y la razón es sencilla: en el mundo actual, las agendas y los organismos supranacionales determinan las políticas locales. Más que los individuos o los grupos políticos, pesan las agendas globales, marcadas por los intereses del 1 por ciento. La enseñanza de esta constante es sencilla: mientras no tomen forma los bloques regionales y de poder que rompan con esta constante, no será factible desarrollar políticas de gobierno que de verdad favorezcan en todos los sentidos a las mayorías de una sociedad. Mientras no sea así, el presidente o jefe de Estado que trate de romper la regla general termina aislado, y en no pocas ocasiones satanizado.

 

Pese a ello, y abusando del acceso a grandes cadenas informativas, los candidatos ofrecen en sus campañas electorales lo que pueden y lo que –saben– no pueden cumplir. Y al tiempo que así actúan, también persisten en difundir la falacia de que sobre los hombros de un solo individuo recae la responsabilidad de la administración de un país. Con su proceder ocultan que en sus propuestas y su posterior gestión representan a grupos de poder, los cuales, una vez elegido su vocero de turno –candidato–, se afanan por asegurar el control de los hilos fundamentales del Estado a través del copamiento de ministerios, de la banca central, y otros organismos e institutos por donde corre la 'sangre' de la institucionalidad.

 

Los detalles nos dan luces. En el caso de Obama, su pertenencia a una minoría étnica, históricamente subordinada, se usó como mensaje de que en 'democracia' todos caben, y, en el caso de Hollande, la historia accidentada de un partido socialista, que fue marginado por mucho tiempo, pudo venderse subliminalmente como la existencia real de una alternativa a la salida de la crisis por fuera del pensamiento y la política ultraliberales. Los resultados son conocidos: el rápido desprestigio de la figura vendida en el marco de la política espectáculo, la frustración de la gente y la espera paciente de tiempos mejores.

 

En el caso colombiano, ¿en qué espacio mediático tuvo lugar la reelección de Santos? Sin lugar a dudas que en el tema de la paz, que fue en últimas lo que decidió su triunfo, pues unió a tirios y troyanos. El temor de un relanzamiento de la guerra interna y la alta posibilidad de iniciar conflictos serios con los vecinos terminaron por llevar a las urnas el voto de 'opinión' en las grandes ciudades, que, paradójicamente, son los espacios que menos sufren el conflicto, pero es allí donde existen mejores condiciones para poder pensar en temas que superen la inmediatez. Sin embargo, y sin pretender minimizar la importancia del fin de los enfrentamientos militares entre guerrilla y gobierno, debe ser claro que esto no significa, ni mucho menos, la eliminación de las contradicciones históricas que lo motivan. Los casos de Guatemala y El Salvador deben servir de ejemplos de que el fin de la guerra puede ser el comienzo de una frustración más: un final de los tiros sin superar la pobreza ni la miseria, exacerbando la violencia originada en la disputa por la propiedad por la vía del delito común.

 

Otros entornos. Las consecuencias del resultado electoral, en términos de confusión política, pueden ser igualmente contraproducentes, en el sentido que la autodenominada "izquierda democrática" desdibujó aún más su frontera con los partidos tradicionales, dificultando en mayor grado la distinción de sus propuestas de aquellas que defiende el establecimiento.

 

La ausencia de un discurso claro, enmarcado en las nuevas condiciones asumidas por la acumulación del capital y sus consecuencias en la geopolítica y la distribución del ingreso entre naciones y entre grupos sociales, ha llevado a la izquierda colombiana a asumir posiciones diferenciales cada vez más limitadas a los "valores morales", como no robarse el erario o combatir la evasión fiscal, para citar dos ejemplos, que son precondiciones del ejercicio de lo público y no pueden ser metas en sí. Hay que ir más allá. El fin de las opciones en el marco eleccionario obliga a repensar la política y el ejercicio del poder, en el sentido de que los movimientos sociales deben entender que la construcción de una nueva sociedad comienza en cada espacio particular, en el cual es obligatorio apropiarse de las condiciones que propician su existencia. Un movimiento verdaderamente desde abajo comienza por un profundo ejercicio de la autonomía y, paralelamente, un claro entendimiento de que hace parte de la totalidad.

 

Contradicción y reto. Las sociedades construidas desde arriba, donde una pequeña élite edifica una propuesta en la que supuestamente quedan incluidas las políticas para los subordinados, no son más que un desdibujamiento de la democracia, que por excelencia es colectiva. De ahí que, si de verdad los sectores dominantes por doquier aspiran a una oxigenación del sistema político, ellos debieran luchar por que las elecciones sean una confrontación de ideas entre grupos sociales y programas políticos claramente delineados. Volver al clasismo. Y no como hoy sucede, cuando los partidos con una supuesta pluralidad terminan gobernando a nombre de los de siempre; el resto, aquellas mayorías populares que logran enrolar entre sus filas, sirven para justificar una irreal participación democrática.

 

Sucede también en Colombia. En las elecciones para presidente, los dos candidatos que finalmente terminaron confrontados en segunda vuelta ofertaron de todo, en un despliegue del más burdo ilusionismo que termina por hipnotizar a millones de personas. Unos por convicción, otros por interés, muchos por conveniencia, y no pocos por manipulación, desinformación o analfabetismo político.

 

Los dos candidatos, otrora –ambos– ministros de Hacienda*, artífices por tanto de políticas económicas que han afectado en sumo grado a las mayorías de la sociedad colombiana, pero a más de ello, parte integral de colectividades políticas que han gobernando el país por siglos, favoreciendo a segmentos minoritarios, ofertaron durante su campaña proselitista:


Zuluaga
Recuperar la seguridad democrática, llenar con cámaras de seguridad las ciudades, luchar contra el narcotráfico y la criminalidad, aumentar el salario de los soldados y policías, garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación superior, convertir a 1'150.000 colombianos en nuevos beneficiarios del programa del adulto mayor, establecer un subsidio de $ 130.000 para madres que cuiden hijos en discapacidad, y construir un hospital público en Bogotá sólo para mujeres y para niños menores de 10 años, entre otras ofertas.

 

Santos
Crear 2'500.000 nuevos empleos, construir 1'200.000 viviendas más, facilitar el acceso laboral para mujeres mayores de 40 años, dedicar 8 billones de pesos para microempresas y 2,2 billones para mejorar escuelas en todo el país, crear el Ministerio de Seguridad para combatir la delincuencia, fortalecer la política nacional de convivencia y seguridad ciudadana, establecer leyes más duras para que los hampones no vuelvan a la calle, abolir el servicio militar obligatorio y firmar la paz con las farc en diciembre, etcétera.

 

La realización de estas promesas llevarían a la mayoría de connacionales al paraíso. Pero, si las detallamos, son de carácter puntual y no estructural, más allá de su posibilidad o imposibilidad en cuanto a disponibilidad de recursos pero que en lo esencial no tocan el núcleo del modelo socioeconómico imperante. De ahí que, sobre la 'gran' política, tan sólo el tema de la paz marcara diferencias en estas elecciones, pues el candidato del uribismo amenazó con barajar de nuevo. Lo demás queda diluido en generalidades que carecen realmente de sustento técnico y político porque, además, salvo el seguidismo y la obediencia ciega a los poderes del Norte, nuestras élites carecen de un proyecto político propio. En la izquierda también resalta la ausencia de originalidad.

 

Realidad constante. Nos negamos a entender que el mundo cambia aceleradamente. La ruptura del bipartidismo en las recientes elecciones para el parlamento europeo, como una de las consecuencias de la crisis económica, por abrumadoras votaciones a favor de facciones de la derecha (Francia o Inglaterra) o por grupos de izquierda (España y Grecia), es una alerta de que el llamado pensamiento único hace agua y es incapaz de responderles a las grandes mayorías, incluso en los países del centro capitalista.

 

Pensar profundamente en la identificación de lo local, entendiendo su interacción con el todo y autonomizar también el lenguaje y el discurso, son tareas urgentes de lo alternativo en Colombia, no para ponernos al día en las estrategias del engaño y el convencimiento sino para entender mejor un mundo cambiante e inestable, cuyos cuellos de botella amenazan con volverse explosivos. Quizá nunca más válida que hoy resulta la máxima de que las soluciones a lo que verdaderamente son problemas se caracterizan por ser inéditas, no por el prurito de la originalidad sino porque deshacer entuertos implica creatividad.

 

Abramos espacios a lo nuevo, no por nuevo sino por pertinente. Es hora de atrevernos.

 

* Juan Manuel Santos encabezó tal cartera de 2000 a 2002; Óscar Iván Zuluaga, de 2007 a 2010.

Miércoles, 25 Junio 2014 15:08

Esta batalla apenas comienza

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Si hubiera ganado Zuluaga, el juicio moralista con el que se amenazaba a los promotores del voto en blanco o la abstención, se habría transformado en linchamiento político. Por fortuna, Uribe perdió. Se salvó el proceso de negociación y por ende la paz, exclaman aliviados muchos de los militantes de la izquierda colombiana, esa corriente de opinión política que en este momento comienza a enfrentar, a causa de las contradictorias y subalternas posiciones adoptadas en su seno, uno de los mayores retos de su historia reciente. Ahora podrá comprobar si, como algunos terminaron aceptándolo de manera acrítica, efectivamente quien tiene la llave de la paz es Juan Manuel Santos. Lo cierto es que, en una proeza de manipulación, el candidato-presidente logró convertir el apoyo a su reelección en un plebiscito a favor de la paz.

 

Un voto de confianza

 

La sorpresa que causó a muchos colombianos la cuña publicitaria en la que Clara López, antes candidata del PDA-UP, apoyaba a J.M. Santos, no se debía a este simple hecho. Muchos declararon sentirse también "obligados" a hacerlo; la mayoría para detener la ultra-derecha y otros para asegurar además la continuidad del proceso de negociación de La Habana. La sorpresa se originaba en que en dicho video sus declaraciones iban mucho más allá: como por arte de magia, el candidato-presidente resultaba encarnando las aspiraciones "sociales" del Polo: en salud, educación, empleo y vivienda, como si hubiera mediado un acuerdo programático. Acuerdo que nadie ha dicho todavía que se hubiese celebrado en tan corto tiempo y que a todas luces resulta imposible para cualquier izquierda. Y sea ésta la oportunidad para aclararlo: el lugar de la contradicción no está en el mayor o menor presupuesto dedicado a la asistencia social (Zuluaga también hizo gala de abundantes promesas) sino en el modelo de desarrollo cuyas locomotoras, por lo menos a juicio del Polo y de la UP, tendrían que eliminarse.

 

La explicación está en que una cosa es aceptar como una opción individual, completamente subalterna, el voto "defensivo" y otra muy diferente es sumarse a la campaña del anterior adversario. En ese caso, como lo demostraron los acontecimientos –y hay que agradecer que sólo se trataba de escasas tres semanas de campaña– era necesario revestirlo de virtudes claramente inexistentes. El argumento de la "resignación y el miedo", como magistralmente lo sintetizó Antonio Caballero, no era suficiente para hacer publicidad y mucho menos para cobrar después el "endoso" de los votos del Polo. Al parecer, Clara, decidió asumir el costo que era, a más de la confusión, el ridículo. El "Progresismo", con menos costos dada su naturaleza, ya le había tomado la delantera.

 

El análisis que podría justificar semejante cabriola es francamente escandaloso. No solamente prescinde del marxismo, cosa que ya es de buen ver entre intelectuales, sino de cualquier método inspirado en las ciencias sociales al reducir la historia al papel de las personalidades. Como si fuera poco, la hoja de vida de J.M. Santos no permitía esperar de él una posición progresista. Y ahora sólo queda confiar, como ya lo argumentan algunos analistas oficiosos, que Santos, consciente del aporte que le aseguró el triunfo, comience a desplazarse en su nuevo gobierno "hacia la izquierda".

 

Cuando despertó, el lobo estaba ahí

 

Esta última ilusión, sin embargo, es seguramente infundada. Si algo llama la atención en esta coyuntura es la incapacidad analítica de la mayoría de la dirigencia de izquierda. Enredada en el esfuerzo de construir argumentos justificativos, terminó por convertir este episodio electoral en una disyuntiva histórica entre el fascismo y la democracia. Como si la ultraderecha estuviera apenas ahora a punto de tomarse el país. La historia es desgraciadamente distinta. Ganó las elecciones en el 2002. Fue entonces cuando quedó patente la amenaza, sin que se hubiera planteado semejante angustiosa disyuntiva. Aunque siendo justos hay que anotar que algunos de los hoy izquierdistas en ese momento apoyaron a Serpa, probablemente con el mismo argumento. Y luego la tuvimos en el gobierno, de manera cruda y descarada, durante ocho años.

 

No podemos olvidar, además, que Santos tuvo una victoria, esa sí aplastante, en el 2010 con los votos del uribismo. Ese fue, sin lugar a dudas, el mandato que recibió. Y en efecto ha gobernado con éste prácticamente hasta ahora, a pesar de las contradicciones públicas y los insultos del capo cuya desesperación tiene otra explicación. El Ministro Pinzón, por ejemplo, ha sido una cuota y no un miembro díscolo del gabinete. Ha quedado comprobado en todas las ocasiones decisivas. A pesar de los discursos y las argucias legislativas del "centrismo" gubernamental, entre la ley de restitución y la ampliación del fuero militar, la maquinaria política y militar ha seguido su marcha. Hay que ser muy ingenuos para creer en la "traición" de Santos.

 

La ultraderecha ha estado, pues, reinando durante todos estos años, y no sólo con votos; tuvo la capacidad, hace menos de seis años, de sacar a la calle millones de personas, sobre todo jóvenes, en una exhibición de fuerza donde los enemigos, identificados a través de insultos bajos y repugnantes, eran las farc, Chávez y Piedad Córdoba. Y hoy, merced a esta desafortunada prueba de fuerza plebiscitaria, nos acaba de desafiar con casi la mitad de los votos a favor, supuestamente, del autoritarismo y la guerra. Es esta realidad la que debería merecer un análisis profundo. ¿Cómo llegamos a esta situación? Muchas son las preguntas que tendrían que responderse en lugar del expediente fácil de gritar, a última hora, "ahí viene el lobo".

 

Problemas de gobernabilidad

 

Es por eso que, abandonadas ya las falsas controversias acerca de la igualdad o diferencia entre Santos y Zuluaga, la realidad nos obliga, por fortuna, a examinar en su complejidad el nuevo escenario. Un gobierno no se define simplemente por su retórica y ni siquiera por su programa explícito; tiene que ver con la composición de poder de la cual es expresión. Y así como el de Santos que acaba de terminar no podía caracterizarse por su diferencia respecto de la derecha sino por sus relaciones con ella, el que viene tampoco va a definirse por su alejamiento sino por el nuevo tipo de relación.

 

Es claro que la cúpula de las clases dominantes (y el capital transnacional) ya definió, incluso de manera explícita, que Santos era el más apropiado para la continuidad del modelo económico, entendiendo que la versión mafiosa de la derecha estaba convertida, después de cumplir con su encargo sucio, en un estorbo irresponsable. En términos políticos y militares, sin embargo, nada está escrito. Y en el asunto de la negociación del conflicto armado, es muy probable que se guíen por el viejo consejo chino de caminar con ambos pies.

 

Ahora bien, la presencia de la ultraderecha en el escenario colombiano es un hecho. Y es obvio que, después de la fracasada apuesta electoral para gobernar sola, se lance a la oposición. Esta es también, aunque parezca contradictorio o paradójico, una forma de cogobernar. Téngase en cuenta que no es una oposición marginal como la de izquierda sino un poder efectivo con raíces locales y regionales. Y el de Santos es un gobierno que, por convicción y debilidad, está dispuesto a admitirla como una pieza enteramente funcional dentro de su engranaje programático. Obsérvese que, en su discurso de la victoria, Santos, con astucia, advirtió que el mandato de paz no era sólo para él sino para las farc y el eln, como buscando desde ahora "aconductarlos". Por su parte, Uribe con miras a maximizar su potencia, es capaz de jugar, en una primera etapa, a generar ingobernabilidad; con ello incrementa su capacidad de chantaje que el gobierno puede utilizar en su favor en la mesa de negociación. Sobre todo en el tema de la llamada "justicia transicional". No olvidemos, además, que la derecha tiene en la manga un As: la necesaria refrendación ciudadana de los acuerdos.

 

El juego de la ingobernabilidad no sólo se escenificará en el Congreso, en el cual el propio Uribe es cabeza de bancada. Hacia el 2015 se apresta a disputar los gobiernos territoriales. Y en particular la Alcaldía de Bogotá; fácil es imaginar lo que representaría frente al gobierno nacional un poder de la derecha en el Distrito capital, haciendo efectiva la oposición más intransigente. Y aquí las cosas no parecen tan promisorias. Para algunos es casi obvio el triunfo de Clara López, seguramente con el apoyo de Santos a manera de contraprestación no pactada. Sin embargo, nada es previsible en este curtido jugador de cartas. Está en la cola, el ya entrenado, Rafael Pardo. Además, debe tenerse en cuenta que en contra de Clara, se levanta Petro quien presume de ser el verdadero propietario de los votos que garantizaron el éxito de Santos en Bogotá y aspira a colocar su sucesor. El resultado dependerá de las buenas, o mejores relaciones que establezcan el nuevo gobierno y las filas, ciertamente desorganizadas, del progresismo verde.

 

La encrucijada

 

En este escenario futuro, lo que llamamos izquierda estará enfrentada nuevamente a la misma disyuntiva. Frente a la fuerza y, especialmente, a la agresividad, permanente e incansable, de la ultraderecha uribista, no faltarán las voces que reclamen apoyo para el gobierno de Santos. Nuevamente, y sobre todo en la primera etapa, el bien supremo de la paz, que identificarán con la continuidad de las negociaciones, se colocará por encima de cualquiera otra consideración, sin importar las mejores intenciones de continuar en la oposición. Sin embargo, al mismo tiempo, las iniciativas gubernamentales que vendrán, ya sea el "paquete tributario" o las reformas de salud y educación, sin lugar a dudas privatistas, van a obligar a la confrontación. Es poco probable que la política asistencialista, así tenga el beneplácito de la izquierda, logre compensarlo.

 

Y lo que es más importante: antes de que pudieran aplicarse los acuerdos en materia de restitución de tierras y zonas de reserva campesina, que en el mejor de los casos sería a mediano plazo, es un hecho que persistirán en el modelo minero-energético, acompañado ahora de la construcción de infraestructura de transporte, con los desastres sociales y ambientales ya conocidos. Ya durante la campaña, Santos asumió el compromiso, en declaraciones que pasaron inadvertidas, de "agilizar", a favor de los inversionistas, extranjeros y nacionales, las normas ambientales y de consulta previa libre e informada, para no hablar de las consultas populares que han sido ya absolutamente descartadas. En esas condiciones, se multiplicarán los conflictos sociales y ambientales, en un crescendo que, sin importar la "ingobernabilidad" generada, colocarán a los dirigentes de izquierda ante el desafío de conservar o abandonar su compromiso social.

 

No es un escenario desconocido para la izquierda que en toda su historia ha vivido disyuntivas semejantes. Desde el siglo pasado, cuando el recién nacido Partido Comunista decidió apoyar el gobierno de López Pumarejo, o después, ante la amenaza del Laureanismo, el supuesto talante democrático del liberalismo, lo mismo que, durante el Frente Nacional, frente al Alvarismo. Justamente fue en este período cuando, superando la trampa, surgió, sobre los hombros de las nuevas generaciones, una rica multiplicidad de opciones de izquierda, algunas de ellas decididamente revolucionarias. En el momento actual, es un riesgo, ciertamente, la descomposición de esa corriente de opinión, a menos que se intente una propuesta audaz de reconfiguración –más allá, por supuesto, del Polo– basada en una verdadera autonomía y en la construcción de una alternativa propia cuya ausencia fue la verdadera razón de este espectáculo de opciones subalternas. Si esto último no es posible, de todas maneras vendrá, como en los años sesenta, una renovación, por cuenta de las futuras nuevas generaciones.

 

Nada está escrito, sin embargo. Por lo pronto, eso que, de manera general llamamos izquierda, en su enternecedora simpleza, más que ofrecer un voto de confianza al renovado presidente Santos, lo que ha hecho es un acto de fe.

"Entre los respaldos a Santos, hay fuerzas de la parapolítica"*

desdeabajo (da). El argumento más fuerte que esgrimen quienes defienden el voto por Juan Manuel Santos es evitar, a como dé lugar, el triunfo del fascismo. En esta situación, ¿cabría aplicar la política del Frente Único o Frente Popular Antifascista?

Jorge Enrique Robledo (JER). Si se analiza a Juan Manuel Santos, lo primero es recordar su participación notable, como ministro, en el gobierno de Álvaro Uribe. Luego no hay hecho negativo y grave imputable a Uribe, y los hay gravísimos, que no se le pueda imputar a Santos. Para poner un ejemplo, los asesinatos mal llamados "falsos positivos", que son de una gravedad descomunal: uno era el Presidente de la República y el otro, nada menos que el Ministro de Defensa.

 

da. Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿no se podría hacer el parangón con el ascenso del nazismo en Alemania o con cosas de ese estilo?
JER. Sí se puede hacer, pero es exagerado. De entrada, igualar a un Presidente de Colombia, cualquiera de éstos que sea, con Adolfo Hitler, es hasta ridículo, pues Hitler era nada menos que el Jefe de Estado del muy poderoso imperio alemán, mientras aquí no se está definiendo quién es el dueño sino el mayordomo, si se piensa en las relaciones con Estados Unidos. El Polo le hizo una oposición fuerte al gobierno de Uribe, y padecimos sus rigores –el procurador Ordoñez prevaricó en contra mía inventándome un proceso por farcpolítica y hubo más casos de persecución contra los polistas–, pero hacer un parangón con la Alemania de los años treinta es retórica que puede dar votos, pero no es cierta.

 

da. Algunos aceptan que en términos de modelo de desarrollo ambos candidatos son iguales, pero no en el tema de la paz, y que lo fundamental ahora es garantizar la continuidad de las negociaciones de La Habana, lo que sólo se garantiza con Santos, ¿qué piensa al respecto?
JER. El desacuerdo entre ambos candidatos es en torno a cómo desarmar a las farc. En cómo hacerlo, tienen diferencias, pero no nos sorprendamos si terminan acercándose, como ya lo están haciendo según se vio luego de la primera vuelta, entre otras cosas porque si algo es de la definición de Washington es la confrontación militar. Y el pasado 13 de junio en El Tiempo se publicó una carta a los colombianos de Pete Romero, Director para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en la que este explica en qué van las cosas y tira la línea: –Aunque los dos candidatos han minimizado las diferencias en sus opiniones sobre el proceso con las farc, la historia y experiencias recientes demuestran que un final negociado de este conflicto, y no una elusiva victoria militar, representa la mejor opción–. Roma locuta, causa finita, decían los latinos, aunque por los tejemanejes de la politiquería puedan mantenerse ciertas distancias.

 

Pero aun si fuere cierto que se tratara de posiciones irreconciliables, no es suficiente para justificar el voto por Santos, porque un proceso de paz no es el único elemento clave en la vida del país. Es muy importante, sin duda, y eso lo sabemos los polistas: llevo más de 40 años diciendo que no es con la lucha armada como se van a resolver los problemas de Colombia, y el Polo nació señalando no a la violencia para tratar las diferencias entre los colombianos y sí a una salida negociada. Ahí estamos de acuerdo. El desacuerdo está en si vamos a permitir que la "paz" o la "guerra" excluyan del debate y de las decisiones políticas los demás puntos fundamentales de la agenda pública nacional: la defensa de la soberanía, la producción, el trabajo, y la democracia; si Santos, o cualquiera, puede aplicar y proponer lo que se le dé la gana –hasta lo peor, como lo ha hecho–, mientras haga un proceso de paz.

 

Porque hay otras cosas determinantes que no pueden dejarse de un lado. Por ejemplo, es probable que en Colombia muera más gente por el sistema de salud, por las EPS, que por todas las violencias que nos martirizan, si es que el debate se pone en los muertos. El elemento determinante de la suerte del país es el carácter neocolonial de la sociedad colombiana y la dominación del imperialismo norteamericano. ¿Puede hacerse caso omiso a eso, y de los TLC y de los derechos democráticos de los trabajadores y de tantas cosas más? Creo que no.

 

da. El sofisma es: si gana Zuluaga se rompe la negociación y entonces es por culpa de los que no votaron por Santos. Pero, ¿es seguro ese escenario?, ¿de qué depende realmente la negociación?
JER. Si gana Zuluaga no sabemos qué va a pasar, pero lo cierto es que anunció que seguirá con las conversaciones. Las propias farc han dicho están por el proceso sin importar quién gane. El Polo defiende que debe ser una política de Estado, y por lo dicho por el señor Romero parece que eso piensa la Casa Blanca, luego eso pensarán los Santos y los Vargas Lleras y los Zuluagas y los Uribes. Entonces, la tesis de que el proceso sólo puede adelantarse con Santos no resiste análisis. Y afortunadamente es así, porque el colmo sería que un problema de este calibre dependiera de una sola persona, que ella tuviera la única llave que puede llevar a una reducción muy importante de la violencia en Colombia. Por lo demás, ¿quién puede probar que si Santos gana el proceso terminará exitosamente? No olvidemos que el diablo está en los detalles y que a él no lo mueve el supremo interés nacional sino sus conveniencias y las de quienes lo rodean.

 

da. Entonces, ¿este aparente riesgo no justifica votar por Santos?
JER. El punto crucial, sin quitarle importancia al proceso de paz, es si el país va a lograr o no los cambios profundos y democráticos que se necesitan. Y Colombia sólo podrá cambiar el día en que los colombianos se nieguen a escoger entre las opciones reaccionarias. El truco de polarizar el país entre dos demonios iguales, que se presentan como distintos, es viejísimo, es el manido del bipartidismo liberal-conservador, que impone escoger entre opciones fundamentalmente iguales entre sí, de manera que siempre triunfen los mismos intereses. Si hay algo que debemos cuidar quienes tenemos un proyecto político de transformación del país es no facilitar el primer engaño de quienes destruyen a Colombia: crear la ilusión de que con uno u otro de ellos sí se resolverán los problemas fundamentales.

 

El Representante Wilson Arias dijo algo de gran agudeza e importancia: como el uribismo llegó para quedarse, es obvio que en adelante, cada cuatro años, querrán poner a la izquierda a escoger por qué fracción de la derecha votar, con la falacia de que su candidato es el "menos malo". Si no es con la paz, ya se inventarán otra careta. Y creo que el pueblo nunca se irá mayoritariamente con una fuerza que se presente como real alternativa, pero que termine llamando a votar por el programa de sus adversarios del día anterior.

 

da. ¿Y eso no es purismo? Lo critican a usted por pretender una–oposición inmaculada...–.
JER. Si usted observa mi ya larga vida política, es la de hacer acuerdos con sectores muy disímiles de la sociedad colombiana. Así ayudé a crear en los noventas uno de los movimientos cafeteros y agrarios más grandes de la historia del país. En una gran manifestación de protesta en Armenia compartí tribuna con un importante empresario cafetero y jefe liberal de Caldas, con campesinos e indígenas y con tres obispos, entre otros. Además, el Polo es una organización de gran diversidad, como se ha visto. Acusarme de purismo estéril es mentir. Que no digan tonterías. Lo que pasa es que hago acuerdos pero si son en beneficio de Colombia, y no creo que llamar a votar por Santos sea positivo para el país, y menos para el proyecto de transformarlo profundamente.

 

Santos es el jefe de la extrema derecha en Colombia. O de la derecha, como quieran. El nuevo truco es embellecer a la derecha con el cuento de que los malos son los de la "extrema". Y como Presidente que es, en la práctica, es el máximo dirigente de las fuerzas retardatarias de Colombia. Incluso, voy a agregar una cosa dura: entre los respaldos a Santos, hay fuerzas de la parapolítica. Esto sale todos los días en los medios de comunicación. No sobra darle una leída a James Robinson, profesor de Harvard y especialista en Colombia, porque él asegura que entre las llamadas élites regionales y las nacionales existe un acuerdo estratégico de décadas.

 

Entonces, no pueden presentar a Santos como si tuviera una hoja de vida en blanco. Leo y leo artículos contra Zuluaga y casi que si usted cambia el nombre puede poner a Santos en prácticamente todos. Pregunto: ¿qué aspecto del gobierno de Uribe no respaldó Juan Manuel Santos?, ¿dónde se desmarcó?, ¿cuándo renunció a su cargo en protesta por cualquier cosa gravísima de ese gobierno?, ¿quién lo eligió?, ¿no añora reconciliarse con su jefe anterior? Tienen el mismo proyecto de país, le sirven a los mismos intereses y los rodea la misma clase política. El pleito entre ellos es una pelea entre compadres por establecer quién controla el poder del Estado, como en los días de la confrontación liberal-conservadora, incluso cuando ella se dio en medio de la peor violencia. Esto se sabe en el país desde hace décadas. En lo que sí se distingue Santos de verdad es en que es más hipócrita, cínico y solapado, con una mayor capacidad de engaño, lo que puede hacerlo más eficaz que sus pares a la hora de lograr los mismos objetivos.

 

da. Ahora bien, cuando Clara empieza a participar de la campaña de Santos, acoge la figura del candidato con la idea que hay puntos programáticos que ya se acordaron, ¿es cierto? ¿Es imaginación de ella o es propaganda de Santos?
JER. La abrumadora mayoría del Comité Ejecutivo del Polo, el que tomó la decisión de qué hacer el 15 de junio, se expresó en contra del voto por Santos o por Zuluaga. Clara, en una posición muy minoritaria, pidió que no la obligáramos a no votar por Santos, argumentó razones de conciencia y dijo que sólo la llevaba a plantear ese voto la paz y el temor a Uribe. Entonces, el Polo acordó el voto a conciencia, como salida para Clara. Pero el texto aprobado por unanimidad dice: voto a conciencia de cada uno, "en el entendido de que el Polo es y será opositor al programa de los dos candidatos en competencia, los señores Santos y Zuluaga".

 

Clara se equivocó, entonces, de tres maneras. Primero, cuando en el Polo planteó votar por Santos, pero, bueno, eso se aceptó como una posibilidad y otros polistas también lo hicieron. Lo grave es que violó la letra y el espíritu de lo decidido en el Polo. Lo hizo cuando salió en una cuña en la televisión, que también repartió como hoja volante, llamando a votar por Santos no solo por el proceso de paz, sino por el programa de salud, educación, empleo y agrario de la reelección. Y agregó: "vamos a dar nuestro voto de confianza al presidente Santos", –vamos a seguir avanzando para lograr los cambios que soñamos–, afirmaciones inaceptables por parte de quien preside un partido que, como el Polo, tiene sueños antagónicos con los de Santos y no le da votos de confianza a manipuladores como ese. Además, se equivocó al fotografiarse con Santos y al hacerle vistosa campaña por todo el país, pues creó una severa confusión sobre lo que es y representa el Polo, y maltrató a muchos de los colombianos que votaron por ella y a la mayoría de los polistas, con los que tenía el deber unitario de ser respetuosa.

 

da. En la reunión del Ejecutivo hubieran podido forzar una votación....
JER. Pensando en la unidad del partido se determinó no votar en el Comité Ejecutivo del Polo, aunque si lo hubiéramos hecho el voto a favor de Santos, o de Zuluaga, habría sido derrotado de manera estruendosa. Ahí están las actas. Se hizo algo generoso, para facilitarle las cosas a Clara. Hubo otros dirigentes del Polo que votaron por Santos, y lo anunciaron. Pero no con las mismas razones ni con esa actitud. Si usted lee una declaración de Carlos Gaviria publicada en 'La silla vacía' verá que se aparta de la explicación de Clara para respaldar a Santos. Incluso en el "Polo Social", el sector de ella dentro del Polo, se quedó en minoría y públicamente le reclamaron por lo que hizo.

 

da. Es decir, que esperaban que eso pudiera servir para preservar la unidad del Polo hacia el futuro. Pero esto le da un golpe muy duro a la unidad, ¿qué puede suceder entonces?
JER. Lo peor es que se afecta la credibilidad del partido entre la gente. Es obvio que el Polo además queda con un debate interno de fondo, que espero pueda resolverse positivamente, dentro del acatamiento de todos a que ya está decidido que seremos oposición a cualquiera de los dos que gane la Presidencia. Hago votos porque si gana Santos no se vaya a tomar el proceso de paz como un pretexto para hacer santismo. Porque nuestras diferencias con Santos son en prácticamente todos los demás terrenos, exceptuando el proceso de paz, proceso sobre el cual tampoco giramos un cheque en blanco sino que analizaremos paso por paso.

 

da. ¿Será tan importante esta incidencia de Santos en el mundo de la izquierda; se va a producir realmente un cataclismo y se va a dar una cooptación?
JER. Una de las actitudes más dañinas y perversas de Santos es su propósito de cooptar a la izquierda, de destruirla de esa manera. Esa fue la razón por la que puso a Angelino Garzón de vicepresidente, por la que nombró en su gabinete a Luis Eduardo Garzón y por la que cooptó a Petro en 2010, días después de la elección presidencial. Entonces, lo que más me preocupa de lo que ha ocurrido en el Polo en estas elecciones es que el partido esté en la mira de Santos para corromperlo, para que deje de ser el principal proyecto de la izquierda democrática en Colombia, convirtiéndolo en otro partido liberal, y, para engañar mejor, como hizo con los garzones, sin quitarle el rótulo de ser de izquierda. Esto lo convertiría en el peor Presidente de la historia del país. Porque, ¿qué jefe de Estado de derecha puede hacerle más daño a una nación que el que dedica el poder corruptor de su gobierno para que no exista un importante proyecto político de la izquierda democrática?

 

da. En ese caso, ¿qué podría hacer el Polo?
JER. Los polistas tenemos que resistirle a ese propósito de Santos con toda la fuerza, y derrotarlo. Soy optimista en que lo derrotaremos. Pero este no es solo un problema del Polo. En algún momento aquí estuvo casi toda la izquierda democrática colombiana. Hoy ya no es así. Pero el Polo siempre tendrá que distinguir entre quienes se equivocan y votan por Santos solo por el tema de paz y quienes pueden terminar convertidos en otros garzones o ya lo son. Le hago esta reflexión a la izquierda: las fuerzas reaccionarias no controlan a los países sólo a los gritos, a las patadas, la fórmula de cooptar mediante la zanahoria ha existido, existe y funciona, ha sido una eficaz manera antigua de confundir, de hacer trampa, de engañar y corromper, para sacar adelante cualquier fin, por vitando que sea. Luego una cosa es que estemos a favor de un proceso de paz con las farc, y también con el eln, y otra es que la izquierda, incluido el Polo, termine volviéndose santista y derechista.

 

Una de las mayores contradicciones que tengo con Santos es que lo veo utilizando el proceso de paz de la misma manera que César Gaviria empleó la desmovilización del M-19, cuando al calor de la euforia que se creó impuso la falacia de que todos somos hermanos, "bienvenidos al futuro", la Constitución democrática, con lo que una vez los engañados abrieron los ojos, descubrieron que había impuesto la reforma de la apertura, el libre comercio, el neoliberalismo y las privatizaciones, de lo peor que haya ocurrido. En eso anda Santos, usando el proceso de paz y preparándose para usar la euforia del postconflicto, con los miles de millones de dólares que se van a mover en Colombia, para desarmar política e ideológicamente a toda la izquierda que lo permita.

 

da. Estos procesos de negociación tienen una debilidad y es que no resuelven el núcleo de la problemática social y política del país, entonces, ¿no cabría tomar una iniciativa fuerte de lo que sería una agenda de paz perdurable?
JER. Los polistas somos partidarios del proceso de paz. Eso no puede dudarse, y menos en mi caso. Pero ¿cómo actuar? Según las circunstancias, porque depende de las situaciones. Pero en lo que insisto en este momento es en llamar la atención acerca de que Santos está utilizando la paz como una carnada para tapar el anzuelo de sus demás políticas y concepciones. Aquí, por despistados o por vivos, pueden convertirse más izquierdistas en garzones.

 

da. ¿Y en dirección de las transformaciones sustanciales?
JER. En el Polo y en el Moir pensamos que la violencia en Colombia se ha convertido en un estorbo monumental para la transformación democrática del país, pero aclaro: que deseemos que el proceso salga bien no nos vuelve santistas ni nos lleva a pensar que allí se van a resolver los problemas fundamentales de los colombianos. Como todo lo que se acuerde en el proceso tendrá que ser por consenso, Santos –o Zuluaga o el que sea de ellos– tiene poder de veto, luego no es posible que Colombia se transforme profundamente por esa vía, hecho que no le quita una gran importancia a un acuerdo político, porque desaparecerían varios miles de fusiles y quienes los empuñan regresarían a la vida civil.

 

da. ¿Pero, en términos de adelantársele a lo que pueda resultar de la negociación? Algunos plantean la posibilidad de una constituyente...
JER. Las Constituyentes no son, en sí mismas, buenas o malas. En Colombia hay una especie de fetichismo constitucionalista, que consiste en pensar que las constituyentes siempre generan constituciones más democráticas que las anteriores, falacia que en buena medida existe porque se inventaron que la Constitución de 1991 era casi una Constitución revolucionaria, cuando es la del libre comercio y el neoliberalismo, aunque tenga aspectos positivos.

 

Lo que determina el carácter de una constituyente es quiénes la conforman. Si son de pésimas ideas para el progreso de un país, pues la Constitución será pésima, y si los constituyentes son demócratas, pues harán una en ese sentido. Pero si hoy –repito, hoy– se elige una constituyente, entre el santismo y el uribismo reducirán a las fuerzas democráticas a muy poco, no tendríamos ninguna posibilidad de éxito, y más en la confusión reinante. Incluso podrían montar el cuento de que la constituyente tendría como único objetivo importante la paz y que, nuevamente, habría que escoger entre santistas y uribistas. Luego ese cinco por ciento que somos en el Congreso podría reducirse a todavía menos. Hay que mirar estas cosas con cuidado, estos debates no son abstractos. Los regímenes más reaccionarios del mundo también tienen origen en asambleas constituyentes.

 

da. La propuesta es a mediano plazo. Lo mismo que cualquiera otra estrategia para la búsqueda de un conjunto de reformas, incluso a través de la acción directa.
JER. La constituyente de que se habla en este momento no sería a mediano plazo, y si la citan en unos meses, fácilmente el 95 por ciento de los miembros serían uribistas y santistas. Ahora, si la pregunta es que si para transformar profundamente a Colombia se necesita otra Constitución, le digo que sí, que algún día habrá que redactar otra, esa sí democrática, pero eso no es hoy ni mañana, porque en una constituyente hoy seríamos una minoría ínfima.

 

da. ¿Y no puede ser una manera de visibilizar, de perfilar, una alternativa de transformación?
JER. No podemos plantearnos tareas que resulten ser contra nosotros, contra el país que queremos. Si usted me demuestra que hay una posibilidad, así sea remota, de que en esa constituyente elijamos una fuerza importante, podríamos entrar en la discusión. Pero es que hoy no seríamos ni el cinco por ciento.

da. Pero me reconocerá que una de las tareas que sale de esta funesta experiencia electoral es que hay que visibilizar una alternativa, y para eso hay que plantear una estrategia; una estrategia que podría incluir una asamblea constituyente...
JER. Me niego a ayudar a visibilizar la cuerda con la que ahorcarán al pueblo colombiano. Visibilicemos otra cosa, pero no el cadalso en el que volverían a colgar las concepciones democráticas, la soberanía y el verdadero progreso. No es responsable hablar de constituyentes hoy en Colombia, porque la posibilidad que tienen las fuerzas democráticas de tener una representación aceptable allí es igual a nada. Entonces, los dos o tres demócratas que logren elegirse tendrían que librar una lucha de titanes, condenados a la derrota. Y qué tal este escenario: que los pongan a escoger entre sumarse a la fuerza santista o a la uribista, luego de supuestamente haber descubierto la "menos mala" de las dos opciones.

 

Cada vez que sectores democráticos intentan que el cambio que se necesita avance mediante mecanismos diferentes a los de trabajar duro y correctamente con ese fin, tener la paciencia de ganarse al pueblo y esperar que este quiera transformar a Colombia, se cometen graves errores. La dirección del cambio político, económico y social del país será el premio a quienes tengan paciencia, entre otras virtudes.

 

* Entrevista realizada el jueves 12 de junio de 2014.

Miércoles, 25 Junio 2014 14:18

La izquierda y sus derrotas

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La izquierda y sus derrotas

El debate que por varias semanas copó la atención de distintos sectores de la izquierda sobre su apoyo o no a Santos revela una tendencia que evidencia una perdida sistemática en términos ideológicos y políticos. El problema central radica en el abandono del legado anticapitalista y de un proyecto político independiente.



Apoyar en la segunda vuelta a Santos ¿sí o no? Este fue el centro del debate que por varias semanas copó a distintos sectores de la izquierda en el país. Aunque parece una simple discusión coyuntural, esta revela una serie de fenómenos que evidencian un particular desenvolvimiento durante las últimas décadas de las izquierdas colombianas que puede describirse como una manifestación de derrotas o perdidas sistemáticas en términos ideológicos y programáticos.

 

La particularidad de este fenómeno radica en que visiones que en otro momento podrían ser rechazadas o cuestionadas, hoy son asumidas como las más sensatas, realistas y oportunas en una situación en la que la ultraderecha por un lado, enfila sus baterías para poner fin a la mesa de negociaciones en La Habana y por otro, amenaza con un retorno a las medidas tomadas por el uribismo en sus ocho años de gobierno. Así las cosas la real politik parece ser la única racionalidad que le queda a la izquierda para sobrevivir o para mantener algunas de sus banderas tal y como lo señala Clara López "El voto en estas elecciones es un voto para seguir avanzando"*.

 

Este situación en la que políticos de izquierda, académicos e intelectuales manifiestan apoyo abierto a la reelección de Santos, con los variados matices que asume este apoyo, reafirma una hipótesis sobre la imposibilidad de construir una propuesta de poder independiente que plantee un desafío real al capitalismo en las distintas formas que asume en la actualidad. Algunos podrán advertir, apelando al "realismo" que lo que está en juego no es la lucha contra el capitalismo, sino principalmente la posibilidad de poner fin al conflicto armado y que luego de superar este problema pueden ponerse en discusión las posibles salidas al orden actual. Sin embargo, ¿no es una cuestión central de las izquierdas poner en la agenda política las posibilidades del ideario emancipatorio?

 

Las izquierdas y la asimilación del proyecto liberal

 

Ciertamente al hablar de las pérdidas de la izquierda colombiana debemos advertir que esta no es homogénea, que existe una pluralidad de corrientes ideológicas y distintas visiones programáticas sobre el presente y el futuro de la sociedad. Pese a este amplio abanico, existe una corriente predominante, caracterizada en las últimas décadas por un acercamiento a posturas de corte más liberal que buscan, en esencia, un cambio en el "modelo de desarrollo", el capitalismo con rostro humano o menos salvaje, en la que se percibe una visión nostálgica de viejo Walfare State. Esta izquierda surge en el marco de las crisis y derrotas de los grandes proyectos emancipatorios del siglo XX y de la ofensiva ideológica alrededor del triunfo del capitalismo, de la democracia liberal sobre el socialismo, de la imposibilidad de constituir un orden alterno al capitalismo y en general de la asimilación de que la única salida al orden existente debe buscarse en el perfeccionamiento de la democracia y en los mecanismos institucionales ofrecidos por el Estado.

 

Algunas de estas premisas fueron asumidas, con algunos reparos, por un bloque importante de las izquierdas colombianas así optaran o no por los cambios graduales desde las instituciones del Estado o desde las esferas de la lucha armada, es decir, la diferencia en los métodos de lucha a los que apelaban no se constituyó en un factor que diferenciara la apuestas por reformar el capitalismo.

 

La izquierda electoral

 

Las discusiones que mediaron la recomposición de la izquierda electoral en el país, a inicios de 2005 con la fundación del Polo Democrático, estuvieron basadas en los presupuestos de la defensa del Estado de derecho y hasta cierto punto una combinación del impulso de las luchas sociales con las elecciones como elemento principal que posibilitaría incidir en las esferas de poder político. Se abandonaba, de esta forma, la toma del poder por la fuerza y se asumía la apuesta por la construcción de mayorías electorales que dieran legitimidad al proyecto de gobierno "alternativo".


Al tiempo que criticaban los sectarismos (moneda común de la izquierda de la década del sesenta y setenta) su construcción pasaba por la formación de una corriente política que pretendía ser incluyente y dispuesta a cobijar bajo un mismo paraguas a corrientes divergentes. La propuesta inicial del Polo Democrático –que atrajo a diversas corrientes dispersas de la izquierda– fue tomando cuerpo en el curso de varios años. Sin embargo esta propuesta se desdibujó, no solo por las críticas que arreciaron sobre la alcaldía de Samuel Moreno, sino porque, en esencia, en la acción pública, predominaron las posturas más cercanas a las "alianzas estratégicas" próximas a la vieja cultura política de los partidos tradicionales, mientras se zafaba de los pocos rezagos que pudieran manifestar una postura crítica del statu quo.

 

De los sectarismos predominantes se pasó a las alianzas con sectores de centro o de derecha bajo la justificación del "enemigo común" que no es un argumento nuevo, como puede creerse. Dos ejemplos recientes ilustran este pasaje: en primer lugar, la ruptura inicial de los sectores del petrismo al interior del Polo fue una manifestación de la temprana búsqueda de alianzas con sectores distintos a la izquierda como Peñalosa, Mockus y finalmente Santos. Esta posición no fue modificada, a pesar de los discursos veinte julieros de Petro al finalizar el año pasado, en los cuales rechazaba a la misma oligarquía a la que ahora defiende y adhiere.

 

En segundo lugar, las alianzas con partidos tradicionales por parte del antiguo dirigente de izquierda, Marcelo Torres, para llegar a la alcaldía de Magange y evitar que los candidatos de Enilse López "la Gata" retuviera el poder local. A pesar de estas alianzas con sectores Non Sanctos del poder local en esta región de la costa, la influencia de "la Gata" sigue incólume. Así el antisectarismo se confunde con el más ramplón de los pragmatismos según el cual "no importa que el gato sea blanco o negro lo importante es que case ratones", y al parecer lo más importante en este casos no es que los case sino que los ataje.

 

Las crisis más profunda de la izquierda electoral, que puede implicar un punto de no retorno, la ilustra las recientes declaraciones de Clara López y sus propagandas en apoyo a Santos que guardan una línea de continuidad con los que utilizó para su campaña a la presidencia. La situación de no retorno no solo está relacionada con que el programa del Polo no representaba en esencia cuestionamiento al régimen sino porque ha dado a entender básicamente que este proyecto demócrata-liberal puede agenciarse a través de la reelección de Santos, abandonando de esta forma la oposición que era quizá la única opción por la que había apostado este partido para convertirse en veedor de que las propuestas de la izquierda sean tenidas en cuenta. De este compromiso no podrán zafarse fácilmente los sectores que apoyaron a Santos: Unión Patriótica, sectores del Polo, Marcha Patriótica, ya que la ultraderecha no desaparece del panorama por perder las elecciones y seguramente enfilará sus baterías desde el Congreso ¿Qué harán estos sectores de izquierda cuando arrecie sus críticas contra las políticas de "paz" de Santos? ¿Les tocará defender sin muchos reparos la ley de víctimas o la restitución de tierras bajo el argumento que es mejor una ley mal hecha a no tener ninguna? La ultraderecha siempre estará presente en el panorama político, con más o menos fuerza en periodos particulares, pero esto no puede traducirse en la defensa de uno u otro sector del bloque dominante de poder ya que implicaría legitimar un régimen, sin duda, ilegítimo.

 

Y las otras izquierdas...

 

Pero las crisis y las derrotas que pesan sobre la izquierda institucional o institucionalizada, con distintos matices, puede evidenciarse en los sectores más ligados a los movimientos sociales y a los pequeños reductos de la izquierda radical que se asumen desde posturas más tradicionales de las corrientes del comunismo y en menor medida del anarquismo. En las primeras, aunque enraizadas en fuertes movimientos que hoy confrontan las políticas de despojo y de extractivismo, aún no son claros los vínculos entre la lucha contra el neoliberalismo y una postura anticapitalista; la visión de proceso que en otros tiempos era caracterizada como "etapismo" impide conectar luchas por un proyecto emancipatorio que pueda superar el "neo-desarrollismo" o el localismo. Por otro lado, los sectores más radicalizados no han logrado traducir una visión programática en vínculos reales con los sectores populares. Su renovación teórica, práctica y su espíritu autocrítico aún está por definirse.


Esta situación, esbozada de manera sucinta y poco exhaustiva, evidencia grandes retrocesos en términos programáticos. Se privilegian posturas de la llamada izquierda "inteligente", "razonable", que esgrime sus credenciales para mostrase más aceptable a los círculos de poder, cuestión que no solo es válida para los garzones (Lucho y Angelino) sino también para otros sectores como Robledo que no cuestionan el extractivismo, la concentración del gran latifundio terrateniente, sino la forma como éstos se manifiestan en la actualidad. El problema no queda reducido a sus cercanías y coqueteos con la política tradicional, sino al abandonó sin más del legado anticapitalista y de un planteamiento ideológico independiente de largo alcance que le permita trazar una hoja de ruta con autonomía de las movidas del bloque dominante. Este inmediatismo, que define sus posturas a partir de consideraciones coyunturales sin atender a lo que puede estar en juego con el futuro de un proyecto político, es otro factor que puede incorporase a las derrotas de las izquierdas.

 

Balance crítico de las izquierdas

 

Esta situación caracterizada como una derrota de la izquierda y que puede devenir en una crisis, no será la primera ni la última que deba enfrentarse. No obstante, es necesario señalar que sus intentos de reconstrucción se han encarado sin un ajuste de cuentas con el pasado. La reconstrucción emprendida por ciertos sectores de las izquierdas luego del derrumbe del bloque soviético y de la crisis del socialismo fue liderada, no como un proceso de reflexión crítico sobre su pasado más reciente, sino que el impulso de los movimientos sociales emergentes en contra del neoliberalismo los forzó a reformular, de manera parcial, su acción política. Esta ausencia de un balance crítico sobre una práctica de décadas generó una demonización de la experiencia práctica de los momentos de auge de la izquierda en la década del sesenta y setenta, y parte de su legado programático quedó a un lado.

 

En estas circunstancias es más que necesario hacer un ajuste de cuentas profundamente crítico con las experiencias del pasado reciente y más remoto. Esta debe ser una tarea de primer orden si en efecto quiere pensarse en una salida real al capitalismo, renovar las credenciales emancipatorias de la izquierda, y construir un proyecto político independiente.

 

* http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/clara-lopez-votara-por-santos/390418-3

La sociedad del espectáculo y el homo videns

"El espectáculo en general, como
inversión concreta de la vida,
es el movimiento autónomo
de lo no-viviente".
Guy Debord

 

Las agencias de prensa reseñaban a comienzos del mes de junio, que dos niñas de doce años apuñalaron a su mejor amiga para poder acceder al reino de Slenderman, líder imaginario de un sitio virtual, que exige como condición para subir a su reino, que los aspirantes maten a alguien. Los gestores del sitio afirmaron no ser responsables en modo alguno, pues consideran que el reconocimiento de la línea que separa la realidad de la ficción es un asunto personal.

 

El hecho, que se divulgó como una anécdota más de las consecuencias del desvanecimiento de la frontera entre lo ficticio y lo real vela que la realidad misma se ha vuelto problemática de definir. Pues, los acontecimientos que el sentido común considera reales, al ser difundidos por los mismos canales y en el mismo formato que los ficticios, terminan mezclados e indistinguibles en el imaginario del receptor.

 

Además, la creación y difusión masiva de sucesos como la existencia de armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein, con la que se justificó la invasión y destrucción de ese país, dejan la sensación en los lectores o los video-escuchas, que lo que presentan los medios es todo de igual naturaleza y que allí carece de sentido la distinción entre invención y realidad.

 

De la acción a la contemplación

 

La conversión acelerada de los seres humanos en pasivos espectadores, para quienes lo mejor de sus "experiencias" son las sensaciones que perciben en otros individuos reales o imaginarios que gozan, sufren o descansan frente a ellos según las narrativas de los medios de masas, es una de las características más marcadas de la llamada era de la postmodernidad, que empieza a convertirse en una amenaza tan grande como el deterioro del medio físico natural. En últimas, se es feliz o infeliz en la medida que otro lo sea y no como resultado del propio devenir, de tal forma que se suplanta la búsqueda de la realización personal a través de la praxis por una observación complaciente en la que tiene lugar una satisfacción fantasmal del deseo.


Que la vida se vive cada vez más como un espectáculo, lo expone por primera vez de forma sistemática y crítica el pensador francés Guy Debord en un texto considerado hoy clásico titulado, precisamente, La sociedad del espectáculo. Debord sostiene que la profundización de la división del trabajo en especializaciones y sub-especializaciones, conduce a la mercantilización creciente de los objetos y actividades necesarias para la supervivencia así como a la fragmentación sin precedentes de la vida, llevándonos a una vida mediatizada en la que los seres humanos desconocen las condiciones mismas de su sobrevivencia. En el siglo XXI los jóvenes, por ejemplo, no son solamente hijos, sino estudiantes, hinchas del club deportivo de sus amores, socios del gimnasio, misioneros de una ONG, fieles de una religión, miembros de un videojuego de culto y de numerosas redes sociales en las que lo fundamental es la membresía, pues lo esencial es la "conectividad" que te permite ver y ser visto.

 

Según la empresa Nielsen, una persona ve la televisión cinco horas diarias en promedio, lo que representa para una esperanza de vida de 78 años, la no despreciable cifra de 142.350 horas, es decir 16 años y tres meses, que equivalen, más o menos, al 21% del tiempo de vida total y a por lo menos el 50% del tiempo no laboral en vigilia. Si sumamos a lo anterior que en promedio se consumen, en la actualidad, entre 53 minutos y dos horas diarias en internet, podemos estar hablando de que pasamos entre el 60 y el 70% de nuestro tiempo no laboral activo frente a una pantalla. Los espectáculos deportivos en "vivo", los conciertos musicales y el cine completan el escenario del homo-videns, cuyo culto a la contemplación es cada vez mayor.

 

La ideología de la competencia

 

Desde el mismo momento en que Adam Smith legitima el aforismo que sostiene que la búsqueda del interés privado conduce al bienestar colectivo, pues en el afán de buscar lo propio nos volvemos eficientes, idea base de las sociedades liberales, la competencia, como práctica social básica, fue enquistada de forma profunda en el imaginario de los individuos. Por esto, no debe extrañar que el deporte competitivo de masas se haya convertido rápida y fácilmente en uno de los entretenimientos de mayor aceptación en las sociedades modernas. No es casualidad, entonces que, en 1894, durante el desarrollo de la segunda revolución industrial y cuando el capitalismo financiero comenzaba su proceso de consolidación, se realizaran las primeras olimpiadas de la era moderna, que como evento deportivo multidisciplinario reúne en la actualidad no menos de doscientas naciones.

 

Los eventos deportivos tienen la particularidad de ser juegos de suma cero, es decir, que si uno de los competidores gana, el otro, necesaria y obligatoriamente pierde. No existe espacio para los llamados juegos de suma no cero en los que es posible que la opción ganar-ganar tenga lugar, es decir que en el resultado no necesariamente si hay un ganador debe haber un perdedor. Se entiende, entonces, que en una sociedad que ha sacralizado la competencia por encima de la empatía, los eventos deportivos sean hechos destacables en los que el símbolo del éxito de unos implique, necesariamente el fracaso de otros. Se transmite de esa forma la idea no sólo de que las jerarquizaciones humanas son un asunto connatural a la existencia, sino que la cima del poder es producto de la virtud individual.

 

La creación de ídolos, producto de su excepcionalidad en cuanto a habilidades, muestra el carácter ideológico de los espectáculos deportivos, que complementan el papel de lo religioso en la aceptación de la condición de inferioridad por parte de los no-excepcionales y, en consecuencia, de su subordinación. Igual función cumplen los llamados programas de telerrealidad (más conocidos como reality show por su denominación en inglés), en los que además del refuerzo de la idea de la sociedad estructurada entre ganadores y perdedores, se deja la sensación de que además dicha sociedad es justa pues cumple con el mito de la igualdad de oportunidades del que habla el sociólogo francés Francois Dubet.


Espectáculo, ídolos y agentes multimillonarios

 

La religión, la política, la cultura y el deporte, entre otras manifestaciones humanas, se venden como mercancías, mediatizadas por los ídolos que fabrican. La producción en masa de películas y programas de televisión, la realización permanente de torneos y competencias deportivas han creado industrias concentradas, que como en el caso del cine, se replican homogenizadas, pues a la manera del Hollywood gringo, tenemos Bollywood en la india y Nollywood en Nigeria, que en conjunto producen alrededor de dos mil quinientas películas anuales (siendo la industria hindú la mayor productora con 1.100 películas al año aproximadamente, seguida de la nigeriana con cerca de 900 y la norteamericana con alrededor de 500).

 

En el caso del deporte, quizá la organización con más tentáculos en el mundo es la Federación Internacional de Futbol Asociado (Fifa) que reúne 209 federaciones, y que es la organizadora del campeonato mundial de fútbol, que se realiza cada cuatro años y que es superado tan sólo por los juegos olímpicos en costos y número de deportistas. El mundial de Brasil, que está en realización, tiene un presupuesto de $11.754 millones de dólares y la pauta publicitaria se estima alcanzará $2.900 millones; mientras que las federaciones participantes van a repartirse 576 millones en premios.

 

Los ingresos de los ídolos deportivos se tasan también en millones. Las dos máximas estrellas del fútbol actual, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tienen ingresos cercanos a los 40 millones de euros anuales cada uno (lo que en pesos colombianos representa un ingreso aproximado de 8.483 millones de pesos colombianos mensuales) si se contabilizan los salarios pagados por los clubes y las ventas de su imagen para la publicidad. Sin embargo, no son ellos los deportistas mejor pagados pues el golfista Tiger Woods, según la revista France Football, es quien encabeza la lista con 53 millones de euros ingresados cada año.

 

Estos datos esconden que debajo de la punta de la pirámide se encuentra un mundo de explotación y miseria en el que el mercado de niños no es un asunto menor ni aislado. En abril de este año, el Fútbol Club Barcelona, de España, fue amenazado con sanciones por violar las restricciones que se tienen sobre la contratación de menores, en razón de que mantenía bajo su tutoría al joven coreano Lee Seung Woo, sin la presencia de sus padres. El club reporta que La Masia, centro deportivo donde entrenan los niños y jóvenes, concentra 238 menores de 18 países diferentes, de los cuales 80 son internos (viven en el centro de entrenamiento). Los escándalos recientes por evasión de impuestos y las acusaciones de lavado de activos a algunas de las estrellas, así como las muertes tempranas o en plena competencia por el uso de estimulantes, muestran la cara oscura de una práctica cada vez más mercantilizada y delincuencial.

 

Cuando la mandataria brasilera Dilma Rousseff, intentando calmar los ánimos de los protestantes que se quejaban de que sí había plata para el mundial y no para la salud y la educación, argumentaba que los estadios y los aeropuertos no se construyeron sólo para el mundial, tenía razón, sin embargo, no la tenía cuando afirmaba que eran para el pueblo brasileño, pues quienes en últimas usufructúan esa infraestructura son los empresarios del espectáculo, entre quienes no se debe olvidar los que explotan el turismo y que han convertido a la miseria también en espectáculo vendible. Los favela tour le ofrecen a los turistas no sólo la panorámica de cómo viven los más pobres, sino que a los más osados les ofrecen la adrenalina de correr los riesgos de visitar las zonas más inseguras. Ese tipo de turismo "extremo" que se ha degenerado a tal punto que hoy, por ejemplo, se pagan grandes sumas por vivir la "experiencia" de la reclusión en una cárcel, mediante la reconstrucción ficticia del ambiente de un penal, banaliza las situaciones más crueles de millones de seres humanos y contribuye a hacer aún más borrosa la línea que separa la ficción de la realidad.

 

La economía naranja

 

La elevada productividad alcanzada en la producción de bienes, ha reorientado los capitales, en las últimas cuatro décadas, hacía la producción de servicios, que en la actualidad, según el Banco Mundial, representan el 70% del valor total de lo producido en el mundo. Dentro de éstos, las visiones convencionales de la economía han separado los que denominan servicios creativos, entre los que cuentan las artes visuales y escénicas, el cine, diseño, investigación y desarrollo, juegos, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos, y le han dado, con la cursilería propia de la neo-academia económica, el ridículo nombre de Economía Naranja. El valor realizado en estos sectores, que aún no están plenamente identificados ni definidos, fue estimado en el 2011 en un valor aproximado de 4,3 billones de dólares (millones de millones), lo que representaría 6,1% del PIB total mundial, ocupando 144 millones de personas.

 

Las exportaciones de este tipo de servicios se cifraron en 646 mil millones de dólares, que tomados conjuntamente serían la quinta mercancía más comercializada. La facilidad de la reproducción y distribución de los productos de la llamada industria de contenido ha generado cifras asombrosas, que a la vez que atraen la atención de los inversionistas del capital, los estimulan a intentar apropiar y controlar las condiciones de reproducción y circulación de dichos servicios. Se estima que se han descargado 25 mil millones de canciones por iTunes, y se sabe que las llamadas descargas piratas también se cuentan por millones, Netflix, la comercializadora de películas a través de la red cuenta más de 33 millones de suscriptores y se calcula que más de 100 horas de video son subidas a Youtube cada minuto, acumulándose a mediados de 2013 seis mil millones de horas, con mil millones de visitantes por mes. Ese suculento mercado busca resistirse a la democratización y los Estados más fuertes están empeñados en la regulación y el control policivo de la industria del contenido mediante legislaciones cada vez más restrictivas.

 

La relativa interactividad en la producción-consumo de muchos de estos productos ha llevado al capital a la búsqueda de la utilización de sus clientes como trabajadores gratuitos. En la generación de software comercial, por ejemplo, el descubrimiento de fallas en su funcionamiento por parte del usuario, retroalimenta la producción de subsecuentes versiones que, mejoradas por la información de los clientes, tienen luego que pagar más caras. El capital empieza a desarrollar un lenguaje ambiguo y contradictorio para denominar estas situaciones y habla, por citar un caso, de prosumidor, neologismo derivado de productor y consumidor. Igualmente ha acuñado términos como coopetitivas (cooperación y competencia), para referirse a zonas donde se ha buscado concentrar mediante estímulos a los "creativos" (científicos, artistas, diseñadores), en la búsqueda de las llamadas ventajas de las aglomeraciones (conocidas como cluster, por su acepción en inglés) creativas en las que la cultura de la competencia, pero simultáneamente de la cooperación por la comunicación lograda por la cercanía física hace más eficiente el trabajo de estas personas (los ejemplos más citados son los del Soho en Lóndres y el Silicon Valley en los Ángeles). Ese neo-lenguaje es una muestra que nuestra época, con altísimas dosis de espectáculo y apariencia, ha entrado en una peligrosa condición esquizofrénica.

 

Las niñas que quisieron entrar al reino de Slenderman apuñalando a su amiguita, se les colocó una fianza de 500 mil dólares, comparecen a las audiencias encadenadas, van a ser juzgadas como adultas y enfrentan una posible condena de sesenta años en prisión. Llama la atención, entre otras cosas, el trato de adultas que se les da, pues no es más que el irónico reconocimiento que en esta sociedad infantilizada, las personas adquieren la condición de "responsables" cuando están subsumidas de tal forma en lo espectacular que ya han borrado la distinción entre ficción y realidad. El caso recuerda la situación de los campesinos en los inicios del capitalismo, que al ser expulsados a las ciudades, si no lograban insertarse en las fábricas se les aplicaba las leyes de vagabundaje y eran ahorcados. La postmodernidad despoja a los individuos del mundo real, y cuando actúan de acuerdo con las leyes de la ficción, son castigados.

¿Qué pasa con el Túnel de la línea?

Del dicho al hecho. Si todo lo hubieran realizado bien, como debe ser, el "paso de la Cordillera Central y túnel de La Línea" sería una realidad desde hace varios años, contando el país con una vía moderna de doble calzada, túneles, puentes, viaductos y servicios por los cuales transitar de manera cómoda y ágil entre Ibagué y Calarcá.

 

Eso prometieron una década atrás, pero no, los hechos le recuerdan cada día a quienes recorren esa vía, que ahora ese viaje es toda una pesadilla: trancones, accidentes, derrumbes, lentitud, mucha lentitud. Y todo parece indicar que aún pasarán muchos años antes de que esto termine, y muchos más para que repararen algunos de los múltiples y graves daños ambientales causados especialmente al municipio de Calarcá –Quindío– y, también, de más amplia, a los departamentos de Quindío y Tolima. Otros daños son irreparables. Reina en estas obras un gran desorden, varias de ellas son inservibles o están detenidas.

 

Tal vez lo más significativo en todo esto es lo sucedido desde inicios del 2012, que visibilizó en algo la situación. Aunque hay que anotar que esa "visibilidad" es regional y relativa puesto que los grandes medios de comunicación guardan un silencio cómplice frente a algo que es de gran trascendencia, como podrá verse más adelante.

 

Breve recuento

 

A finales de marzo de 2012 la gobernadora del Quindío visitó sorpresivamente las mal llamadas "obras del túnel de La Línea" y constató que, como lo hemos denunciado desde hace casi nueve (9) años, allí había un gran desorden y graves daños a nuestro ambiente. Días después (2 de abril) la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) emitió dos resoluciones: la 238 y la 239 (vergonzosas, por lo demás), imponiendo una serie de medidas "preventivas" tanto a la Unión Temporal II Centenario como al Instituto Nacional de Vías (Invías) por los graves impactos ambientales que causaban en las cuencas abastecedoras de agua del acueducto de la ciudad de Calarcá.

 

Un mes después (4 de mayo), ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo Regional Quindío, en ejercicio de acción popular presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío, demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Transporte (MT), el Nacional de Vías (Invías), el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda., y la CRQ con el fin de lograr la protección de los derechos colectivos relacionados con:

 

1.- El goce de un ambiente sano, 2.- la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 3.- la seguridad y salubridad públicas, y 4.- el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

 

El Tribunal profirió sentencia el 13 de diciembre de 2012 en la que declaró la responsabilidad de: la Anla, Invías, el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda., y la CRQ por la vulneración y amenaza a los derechos colectivos antes mencionados.

 

En enero de 2013 las entidades antes mencionadas, menos la CRQ, apelaron la sentencia. Diez meses después, el 27 de noviembre, llegó el fallo del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo) confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío. Como dato curioso es bueno saber que a pesar del fallo esta fechado el 19 de septiembre, pasaron 33 días antes de que el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, lo hiciera público.

 

No es cierto, entonces, como lo afirman de manera reiterada, que la CRQ "no ha cejado en su actividad de vigilancia, seguimiento y control de las obras". Por el contrario, el fallo en cuestión ordena a la CRQ: "cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto...". Ordenándole, además, hacer cumplir las resoluciones 238 y 239 pues las mismas no habían sido respetadas por las entidades afectadas durante más de un año y la CRQ lo había permitido.

 

Tampoco es cierto que la Anla haya estado –como ella misma lo afirma– "atenta en la actividad de vigilancia, seguimiento y control a las obras", pues el fallo le ordenó "cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto...".

 

De igual manera el fallo les recordó y ordenó a la Unión Temporal II Centenario, al Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda. y al Invías su deber de cumplir con los compromisos adquiridos en los contratos, respetando las decisiones de las autoridades ambientale [...] pues era evidente que habían incumplido en diversos aspectos y reiteradamente. Y lo siguen haciendo.

 

En su fallo el Consejo de Estado también confirma la orden del Tribunal Administrativo del Quindío para "La conformación de un Comité ad Honorem, de verificación de cumplimiento en el cual intervendrán todas las entidades condenadas [...] así como la Defensoría del Pueblo, quien lo presidirá, y el señor Procurador 157 judicial II delegado para asuntos administrativos o la persona que se delegue. El comité deberá rendir un informe cada mes..."Este comité, efectivamente, se ha reunido seis (6) veces, pero se ha dedicado a promover acuerdos para solucionar problemas puntuales señalados por el Tribunal Administrativo del Quindío relacionados, fundamentalmente, con la contaminación de las aguas que surten al acueducto municipal de Calarcá y los daños causados a la infraestructura del mismo. Y algo curioso: gestionan "nuevos recursos" para hacerlo.

 

Improvisación e indiferencia oficial

 

Así pues, que no mientan, que no oculten más el hecho de que todo lo antes mencionado no es más que una mínima parte de lo que realmente está sucediendo, un resumen de lo cual puede ser:

 

1.- No están ejecutando el plan de manejo ambiental. Lo antes mencionado y el conjunto de problemas denunciados desde el inicio de las obras tienen que ver, precisamente, con la no ejecución de las acciones y obras necesarias para prevenir, mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos presentados con y por la ejecución del proyecto.

 

No es una invensión, la consulta de los expedientes permite ver los constantes llamados de atención, las investigaciones y las sanciones impuestas, tanto a Invías como al Consorcio UT II Centenario, por el incumplimiento de los términos del Plan de Manejo Ambiental. También podrá constatarse que tanto Invías como la UT II Centenario han irrespetado muchas veces esas escasas actuaciones de las autoridades ambientales y de los entes de control del Estado. Lo anterior puede corroborarse haciendo seguimiento a las denuncias públicas de personas y comunidades afectadas. Además, el presupuesto inicial para el Plan de Manejo Ambiental fue de 85.000 millones de pesos. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Cómo es que ahora autorizan más dineros para resolver los "problemas ambientales presentados en las obras"?

 

2.- Violación de la licencia ambiental. El Plan de Manejo Ambiental es el fundamento mismo de la Licencia Ambiental. Si no ejecutan ese plan, es porque violan la Licencia. Entonces, ¿para qué ésta si no están cumpliendo con el objetivo de garantizar el debido cuidado al patrimonio natural de la Nación y los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía? ¿Para qué la Licencia si no la hacen cumplir? ¿Por qué no hay sanciones ante irregularidades tan evidentes? Ironía: a un ciudadano común lo sancionan de inmediato por infracciones al "pico y placa", pero a Invías y al Consorcio UT II Centenario nadie los sanciona por violar durante años la ley de manera grave y reiterada, afectando a mucha gente, a la Nación entera... ¡nada les pasa!

 

3.- El Estado no tiene capacidad de control. Nueve (9) años ya de todo este desorden y constantes violaciones a la normativa ambiental ponen de presente que el Estado parece no tener capacidad de control sobre este tipo de situaciones. Algo similar sucede con muchas otras obras públicas; las denuncias son reiteradas.

 

4.- El Gobierno no tiene voluntad de ejercer el debido control. El hecho de no sancionar a las entidades y empresas comprometidas en el proyecto, ni pronunciamientos serios por parte del gobierno sobre este particular, a pesar de las constantes denuncias y de tanta evidencia de violaciones a la Licencia Ambiental, evidencia que no hay voluntad del Gobierno para ejercer el debido control sobre estas obras. Siempre hemos tenido la impresión de que la "orden" es "hacer esas obras como sea, pero hagánlas", aún bajo la violación de la Ley y lesionando los derechos de la ciudadanía. Esto es algo particularmente grave.

 

5.- El papel de los órganos de control del Estado y de las autoridades ambientales ha sido el de "tapar y dejar pasar". Situaciones denunciadas durante nueve años por la ciudadanía y algunas autoridades locales, tan evidentes y a la vista de todo el mundo, sólo persisten porque los órganos de control del Estado, y las autoridades ambientales, no cumplen con su papel. El Tribunal Administrativo del Quindío, atendiendo la Acción Popular promovida por la Defensora del Pueblo regional, en relación con las obras en mención, lo ha establecido con claridad, y ahora el Consejo de Estado lo ha confirmado. Ni qué decir de las llamadas "interventorias" que no son más que una burla, un adorno en los contratos, un mecanismo para pagar favores.

 

Como se comprenderá, la situación descrita es muy grave pues compromete profundamente el diseño del Estado y de su ordenamiento jurídico. Estas obras que en algún momento fueron consideradas como "orgullo de la ingeniería colombiana" realmente quedaron convertidas en la más grande vergüenza de la ingeniería colombiana y de la capacidad de planeación y gestión del Estado colombiano.

 

* Fundación Ecológica Cosmos,
Calarcá, junio de 2014

Algunas referencias:


Lo que denunciábamos hace 7 años: http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/821-inv%C3%ADas-no-cumple-con-el-plan-de-manejo-ambiental-problemas-ambientales-en-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea.html
Un comentario de la prensa local:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-opinion-titulo-los_escandalos_del_tunel_de_la_linea_apenas_comienzan-op-5419.htm
Declaraciones de la Defensoría del Pueblo:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/denuncian-graves-efectos-ambientales-proyecto-tunel-de-articulo-453514
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015.asp
http://www.eltiempo.com/noticias/tunel-de-la-linea

 

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Emcali. Al servicio de las constructoras y del sector inmobiliario

Tres que son uno. El Plan de Desarrollo Municipal Cali (2012-2015), el Acuerdo Municipal del G-11 –aprobado recientemente por la mayoría en el Concejo local– y el borrador de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resumen y potencian una ciudad al servicio del capital nacional e internacional, propósito concretado a través de una planificación que define unas políticas y un modelo del territorio al servicio de una agenda regional priorizada de acuerdo a las necesidades del mercado y de la élite empresarial.

 

Una perla. El POT establece el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ecociudad Navarro, que permite la construcción de viviendas de interés social a menos de un kilómetro del relleno sanitario de Navarro, cuando existen estudios que señalan que deben construirse a una distancia, mínima, de tres kilómetros. También establece el Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias (Pjaoc), el cual contempla la reubicación de las 5.500 familias que habitan en estos territorios (1). En el POT no se reglamenta la participación de la plusvalía generada por éstas y otras obras, así como las cargas y beneficios específicos. Cabe señalar que este proyecto de revisión y de ajuste del POT fue calificado como deficiente por el Consejo Municipal de Planeación.

 

De esta manera Cali se ajusta a las dinámicas de las principales ciudades del país, donde la prioridad es la "belleza", la "competitividad" y su capacidad de atracción para las inversiones de capital extranjero. Con ello transforman la urbe en una mercancía a la venta (city marketing), una plataforma de negocios para que las inversiones sean más rentables para el empresariado, para lo cual imponen el despojo de la población y someten el patrimonio público al interés privado.

 

En materia de servicios públicos la imposición de este proyecto urbano orienta el grueso de las inversiones que realizan las Empresas Municipales de Cali (EmCali) hacia la generación de mayor rentabilidad para las inversiones del sector privado. En este sentido, fueron comprometidos el año pasado 304 mil millones adicionales para las vigencias comprendidas entre 2014 y 2017, pretendiendo con ello sacar de la quiebra las 21 Megaobras, que han generado sobre costos y problemas económicos a los habitantes de la ciudad.

 

Con esta misma orientación, los proyectos de servicios públicos priorizados en el actual borrador de ajuste y revisión del POT, fueron definidos para el área de expansión del corredor Cali–Jamundí (ver mapa), de esta manera pretenden viabilizar los proyectos que las constructoras ya están ofertando en estos terrenos, los cuales fueron convertidos en urbanizables a través de planes parciales decretados por el alcalde de la ciudad.

 

Estos proyectos de acueducto y alcantarillado en el área de expansión y en las zonas de redensificación, contenidas en el borrador de ajuste y revisión del POT, beneficiarán principalmente a las constructoras y el sector especulativo inmobiliario, sin embargo serán financiados por las Empresas Municipales de Cali. Así se impuso en el acuerdo de pago suscrito entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Guerrero en el marco de la devolución de la empresa, y quedó establecido en el Conpes 3750 de 2013, donde quedó detallado el plan de inversiones.

 

Por estas razones, el gerente general de EmCali Eice Esp Oscar Pardo, asumió el compromiso en los últimos meses –en declaraciones públicas– con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con anticipar el pago de la deuda que tiene la empresa con la nación, para garantizar lo más pronto posible las obras que requieren las constructoras y el sector inmobiliario en las áreas de expansión y redensificación, estas últimas se concentrarán principalmente en el centro de la ciudad con el proyecto de urbanización ciudad Paraíso, que despojará a la población de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre de la Comuna 3, que de acuerdo a proyecciones realizadas en el 2009 "beneficia" a 3.072 personas reunidas en 978 hogares (2).

 

Este proyecto de urbanización se realizará sobre una extensión de 23,16 hectáreas, correspondientes a 30 manzanas, lo que afectará a 926 predios que son de uso predominantemente residencial, para estratos 1 y 2, aunque también hay allí actividades comerciales. Esta zona está ubicada en el centro tradicional de la ciudad, específicamente entre las carreras 10 y 15 con calles 12 y 17.

 

Este territorio queda establecido como un área de redensificación, en la cual se permitirá construir edificaciones hasta de 12 pisos, dentro de la planificación se proyecta edificar 2.464 apartamentos, un centro comercial y una estación intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo "MIO" (3).

 

El dinero por cancelar no es poco. Al 31 de diciembre de 2013 la deuda de la Empresa con la nación ascendía a 1 billón 37 mil millones de pesos, y en el año 2025 –cuando se termine de pagar– ascenderá a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, incremento exponencial resultado de las condiciones del acuerdo de pago suscrito entre Santos y y el alcalde Guerrero. Estos recursos son los que pondrán a disposición de los proyectos de servicios públicos requeridos en las áreas de expansión y redensificación establecidas en el actual borrador de ajuste y revisión del POT. Este compromiso, sumado a los adquiridos con las 21 Megaobras y el G-11 pondrán en riesgo la viabilidad financiera de Emcali.

 

 

Este sometimiento del patrimonio público que representa la Empresa pública de quienes habitan en Cali, al servicio de las constructoras y el sector inmobiliario, hace parte constitutiva del proyecto de ciudad de corte neoliberal impuesto desde el inicio de la década de los años 90, profundizado con la gestión del alcalde Guerrero. Es por esto que fue reconocida la deuda con la nación, recursos orientados principalmente a las áreas de expansión y redensificación definidas en el POT, aunque esta deuda sea ilegítima en su composición y en los intereses que le han cargado.

 

Hay que recordar que las Empresas Municipales de Cali vienen de un periodo de 13 años de intervención del gobierno nacional, que le impuso el pago prioritario de sus deudas con el sector financiero, lo que impidió atender las prioridades de la población. Ahora se prioriza los interés de las constructoras y el sector inmobiliario, nuevamente en contra del patrimonio público y de las reales necesidades que tiene la población para acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia.

 

Por estas razones es fundamental confrontar este proyecto de ciudad de corte neoliberal, impuesto por diferentes gobiernos municipales y con la anuencia del Concejo. Con este propósito se conformó el Frente Amplio por la Defensa de la Ciudad, para confrontar este modelo de ordenamiento y forjar un territorio para la vida digna, salvaguardando las empresas públicas y los derechos colectivos.

 

* Asesor de SintraEMCALI
1 De acuerdo a la Secretaría de vivienda social de la ciudad, informe de gestión 2012, "Se realizó una verificación vivienda a vivienda en 12 sectores ubicados e el jarillón del río Cauca y 11 sectores en las lagunas del Pondaje y charco azul, realizando una caracterización socioeconómica e iniciando un proyecto social articulado con PJAOC (Plan Jarillón Agua Blanca, Obras Complementarias), este proyecto pretende la reubicación de estas 5.500 familias, con apoyo del Fondo de Adaptación Nacional con lo cual se cumplió con el 100% de la meta".
2 Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/archivos/paraiso.pdf
3 Tomado de http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html (consultado el 9 de junio de 2014).

Suacha: las realidades de la periferia urbana

La historia que contamos en estas páginas no es la de un gran partido político, ni la del Estado, ni la de un movimiento de masas, porque las masas son para hacer pan. La historia que aquí plasmamos es la de un municipio y sus habitantes sometidos a condiciones extremas. Es una historia de esperanza y unidad, de jóvenes conscientes que tratan de sobreponerse a la realidad de miseria, exclusión y violencia que se vive en Suacha, jóvenes que buscan expresarse por cuenta propia y tomar en sus manos el derecho a decidir sobre sus vidas, a educarse, y a vivir bien.


El municipio de Suacha, ubicado a las puertas suroccidentales de Bogotá, quedó transformado en refugio de miles de colombianos obligados a huir de la violencia potenciada por el conflicto interno, o de la pobreza económica que los subyuga en sus territorios de origen.

 

Años que transcurren y lluvia de inmigrantes. Con el crecimiento acelerado de sus entornos, cada vez es más fácil captar la realidad del municipio, en especial la que padecen las personas desplazadas, dado que estos tienen presencia abierta en diferentes coordenadas el municipio. Esto obedece a que la mayoría de las personas en situación de desplazamiento que llega a Bogotá, tiene en su mayoría asiento en los barrios periféricos del sur, que justamente colindan con Suacha.


Explosión humana y conurbanización

 

Para el año de 1973 Suacha aún era un territorio tranquilo, habitado por 28.000 personas; para los años 80 asoma, sin duda alguna, la explosión migratoria que lo transformará en todas sus variables, pues sus habitantes suman 122.276.

 

Y no para. Para 1993 la población ya sumaba 278.000 habitantes. Diez años después el censo del 2005 reveló que 400.000 personas ocupaban el territorio de forma desorganizada, debido en gran parte el jugoso negocio de la urbanización, sector que mantiene estrechas relaciones con el actual alcalde, Juan Carlos Nemocon, permitiendo articular las redes clientelistas locales a la maquinaria que la Unidad Nacional levantó con el programa de las 100.000 casas gratis, hecho que ha incidido en la reconfiguración de las elites del municipio en los últimos años.

 

La crisis es total: sobrepoblación, pobreza, invasión de zonas montañosas y riesgosas para la construcción de viviendas, caos vehicular y de transporte y, en especial, el poco presupuesto destinado a la inversión social, problemáticas que repercuten en las dinámicas del municipio, en donde las administraciones no vislumbran soluciones reales, de fondo, para la cruda realidad que oprime a miles de sus pobladores.

 

Las consecuencias de su explosión demográfica pueden percibirse con toda facilidad. En la primera década del siglo XXI la frontera entre Suacha y la capital del país desapareció, formándose un eje de conurbación, ante el cual las administraciones locales, sin voluntad política ni instrumentos técnicos, contempla con desparpajo la crisis humana y ambiental que lo azota, con barrios como Los Olivos y otros, asentados a los alrededores del humedal Tibanica, creando un escenario donde el conflicto social y la degradación del territorio se refuerzan mutuamente.

 

Violencia oficial

 

En 2008, el escándalo de los "falsos positivos" sacudió todo el país, pero Suacha fue su epicentro. Antes de este año ya eran públicas las denuncias y especulaciones que aseguraban que estaban matando jóvenes del municipio haciéndolos pasar como guerrilleros. A finales del 2008 aparecen 19 cadáveres de jóvenes que habían desaparecido del municipio, muertos en Norte de Santander, en combates supuestos, entre el ejército y la guerrilla. La falacia, el terrorismo de Estado y la vileza de estos crímenes es pública y no es necesario recordarla.

 

El hecho de que los falsos positivos tomaran como epicentro zonas periféricas, no es coincidencia. Los archivos presentados por la Fiscalía advierten que la orden de los mandos militares era la de reclutar jóvenes de barrios pobres, dado que la pauperización de sus familias les impide el acceso real y efectivo a la justicia; además, su pobreza y necesidad de trabajo facilitaba el engaño.

 

Marginación y miseria

Una mirada general sobre Suacha devela cifras preocupantes que sin tapujos permiten apreciar la situación de miseria que padecen muchos de quienes la habitan, en un contexto de especulación urbanística que deteriora la riqueza ambiental, el patrimonio arqueológico y la calidad de vida de los suachunos.

Sus miles de pobladores, habitantes de una ciudad dormitorio, padecen cada día los rigores de un sistema de transporte ineficiente y caro que les significa no sólo la reducción de sus reducidos ingresos sino, además, la pérdida de varias horas día en trancones viales.

La radiografía más fidedigna de este territorio queda plasmada en datos como el diagnóstico socio-económico, el que precisa que: el 53% de sus habitantes vive en pobreza, el 20.4 en indigencia; el 44% de la misma está clasificada como estrato 1, el 33 estrato 2, el 23 estrato 3. El 79% de su población actual viene de otras regiones.

Las comunas en donde habitan las personas que viven en las condiciones más marginales son la 4 (integrada entre otros por barrios como Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre); y la 1, en inmediaciones de Santa Ana, Altos de Florida y la Cristalina.

La precariedad de los servicios básicos a que tienen acceso estos pobladores pueden resumirse en el hospital municipal, construido hace 45 años. 

 


 


Somos la Red Juvenil de Suacha


La Red Juvenil de Suacha es un proyecto aún pequeño en número pero gigante en dignidad. Surge en un municipio que cristaliza en un área relativamente pequeña todos los problemas que enfrenta la nación: desigualdad, exclusión política, conflicto armado, clientelismo, corrupción. En ese difícil territorio los jóvenes han sido estigmatizados como agentes de la violencia. Por eso estamos aquí, para decirles a ustedes, amigos de la región, que en Suacha hay jóvenes dispuestos a organizarse con sentido de solidaridad, responsabilidad y amor. Convencidos de la necesidad de transformar el sentido mismo de la vida y la política desde los lenguajes que nos son propios: el arte, la memoria, la educación y el territorio, convencidos de la necesidad de impulsar profundas transformaciones. Somos la Red Juvenil de Suacha.

 

Antecedentes: nuestra historia

 

La realidad que vive Suacha es contradictoria y paradójica. El municipio experimenta en los últimos años el recrudecimiento de los ya tradicionales problemas de inseguridad y exclusión social que lo azotan (como a tantos otros en el país), desencadenando además conflictos en torno al ordenamiento territorial y la preservación de la riqueza ambiental y arqueológica.

 

Problemáticas con respuesta. Durante los últimos años el municipio presencia el crecimiento del número de organizaciones sociales que tratan de generar espacios de discusión y construir ejes articuladores en torno a acciones colectivas transformadoras; iniciativas desarrolladas en ámbitos artísticos, ambientales, territoriales y culturales, que amplían la experiencia política y organizativa de quienes participan en ellas: defendiendo la riqueza ambiental y territorial del municipio frente al crecimiento urbanístico desordenado, reivindicando los derechos humanos contra la estigmatización de los jóvenes, impulsando iniciativas para defender y ampliar el carácter público de la educación, proponiendo estrategias de autogestión orientadas a consolidar el bienestar social de las comunas y la autonomía de estas y otras organizaciones sociales, y un largo etcétera de actividades.

 

En este complejo escenario social e histórico coexiste –y no puede seguir haciéndolo–, el deterioro territorial, político y moral de varios sectores del municipio, con la creatividad social de los jóvenes, mujeres, trabajadores, estudiantes, homosexuales, cristianos, ateos, ancianos, todos, en su lucha por construir, desde la pluralidad de expresiones, un mundo donde todos puedan ser y vivir según su sentido de la dignidad.

 

Los procesos juveniles en el municipio deben ser un espacio en donde, efectivamente, la participación de los jóvenes sea plena, no solo en las fases de puesta en marcha, sino para la elaboración de las propuestas y su misma evaluación Por esta razón varios jóvenes deciden empoderarse de los procesos de manera autónoma, realizando propuestas construidas en equipo, apostándole al fortalecimiento de las bases sociales, desde los diversos enfoques de cada colectivo, para responder al objetivo común de ampliar la participación social y política juvenil a través de un proceso protagonizado por ellos mismos.

 

Propósitos: ¿qué queremos?

 

Estas iniciativas y el enorme esfuerzo colectivo por medio del cual toman cuerpo, nos dejan tres lecciones fundamentales: 1. La existencia de múltiples iniciativas juveniles exige la creación desde nosotros de escenarios y mecanismos de articulación, para la organización de redes sociales, que permitan el fortalecimiento del movimiento social en Suacha bajo principios de pluralidad, autonomía y democracia; por lo tanto, es necesario profundizar la articulación de las organizaciones, colectivos, redes e individuos que desde hace tiempo dinamizan los procesos sociales en el municipio; 2. Este ejercicio debe garantizar la construcción colectiva de una agenda de movilización en la que todos nos reconozcamos, sin hegemonizar ni homogenizar las múltiples y creativas expresiones de gestión, organización e inconformidad social; 3. Este proceso debe estar orientado a la construcción de relaciones sociales, culturales y políticas alternativas a las prácticas institucionales tradicionales, las mismas que han dejado al municipio en la situación que actualmente experimenta.

 

De esta manera, y como concreción de lo anotado, el objetivo principal de la Red juvenil de Suacha es abrir un escenario amplio de interlocución entre las organizaciones juveniles sociales y políticas, colectivos de trabajo e individuos, con el propósito de fortalecer las iniciativas locales y crear herramientas de articulación que consoliden los procesos de unidad juvenil local en torno a cuatro objetivos:

 

  1. Consolidar la autonomía y la articulación de los procesos juveniles.
  2. Organizar espacios de formación política a través de jornadas artísticas, académicas y de reconocimiento territorial.
  3. Generar foros de debate y discusión con actores institucionales en torno a los mecanismos de participación para la construcción y ejecución de la política pública juvenil.
  4. Avanzar en la construcción del mandato juvenil y popular por la paz.

 

Estos objetivos constituyen un programa mínimo en torno al cual hemos generado acuerdos y en el que coincidimos todas las organizaciones juveniles que trabajamos por la consolidación de este proyecto de unidad. Por tanto, nos comprometemos a respetarlo y entregar todo de nosotros para llevar a buen puerto esta iniciativa colectiva; nos recogemos, entonces, en tres principios.

 

Autonomía: Frente a proyectos electorales y económicos que pretendan utilizar el proceso juvenil para favorecer sus intereses. Nuestra autonomía nos dota de la autoridad moral para expresar libremente nuestra opinión y acordar los rumbos que habrá de tomar esta iniciativa.

 

Pluralismo: La única condición para hacer parte de esta iniciativa es reconocer la importancia de los jóvenes en la vida social y política del país, además de acudir a los mecanismos de democracia interna que hemos establecido para generar nuevas discusiones. En este espacio cabemos todos: mujeres, homosexuales, cristianos, afrodescendientes (todos lo somos), ambientalistas, artistas y, en general, los cada-quien-según-su-modo.

 

Democracia: Las decisiones las tomamos de forma colectiva y asamblearia, generando comités logísticos que garanticen la eficiencia y coordinación organizativa, los cuales serán responsables ante dicha asamblea. Los voceros de los eventos serán elegidos de forma consensuada y sólo transmitirán lo que el mandato colectivo disponga.

Miércoles, 25 Junio 2014 10:56

El dictador, la oligarquía y la impunidad

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El dictador, la oligarquía y la impunidad

El 15 de mayo de 2014, unos meses antes del nuevo juicio en contra del ex-dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, el Congreso adoptó una resolución donde niega la ejecución de un genocidio en su país a manos del régimen militar encabezado por el dictador entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Un año atrás –el 10 de mayo de 2013– éste ya había sido condenado a 80 años de cárcel por genocidio y por crímenes de lesa humanidad. No obstante, diez días después la Corte Constitucional anuló el fallo.
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"Si hubo genocidio, por el dolor pedimos cárcel y justicia". Un grito de exigencia, entre otros, que podía leerse en las pancartas alzadas por los manifestantes que contestaron al sufragio de los 87 diputados que el pasado 15 de mayo aprobaron el Punto resolutivo, por medio del cual refutaron el genocidio imputado a Ríos Montt.

 

En efecto, familias de víctimas, y también algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se reunieron frente al Congreso guatemalteco al día siguiente de este voto, para denunciar la ferocidad de la represión militar en contra la guerrilla durante la guerra civil escenificada en este país entre 1960-1996, una de las más prolongadas de América Latina.

 

Dos días después del sufragio, el 17 de mayo de 2014, Thelma Aldana, al asumir como Fiscal General precisó: "Ya estando en posesión del cargo podré revisar (el caso por genocidio) y entonces plantearé cuál es la posición". Parece que el Ejecutivo se unió a la voluntad del poder legislativo, pues la nominación de la funcionaria es voluntad final del Presidente, quien designa de terna que le entrega el legislativo.

 

Sin discusión, lo que puede observarse a toda luz, es que la 'justicia' guatemalteca recurrió a maniobras vinculantes para impedir la condena del ex-dictador. En efecto, la Corte Constitucional recortó en febrero pasado en siete meses el periodo de la antigua Fiscal General, Claudia Paz y Paz. O sea, debería cumplir con tal función casi hasta el inicio del nuevo juicio en contra de Ríos Montt, que deberá empezar el 5 de enero de 2015. Los jueces obstruyeron de esta manera el valioso trabajo de memoria que la funcionaria había empezado desde la asunción de su cargo en 2010, reconocido por la ONU, tras la CICG –Comisión Internacional Contra la Impunidad. Es más, postulada a su propia reelección, no fue incluida en la lista final de los seis candidatos para dirigir la Fiscalía en un nuevo periodo, entregada al Presidente por la Comisión de Postulación a inicios de mayo, exclusión efectuada a pesar de obtener el segundo punteo más alto entre los aspirantes.


Maniobras y obstrucciones legales. Casi un año antes, el 10 de mayo de 2013, los mismos manifestantes celebraron la entonces condena de Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Fallo histórico pues por primera vez un tribunal nacional fallaba sobre tales cargos (por la ejecución de 1.771 indios ixiles). Sentencia trascendental también porque sucedió en Guatemala, el Reino de la impunidad. País que conoció en 2003 la candidatura presidencial del mismo Ríos Montt, sindicado desde el año 1999 por la justicia española, luego de la denuncia de Rigoberta Menchú (1). Un escándalo que no impidió tampoco al dictador encabezar el Congreso entre 2000 y 2004.

 

El peliagudo camino hacia la recuperación de la memoria

 

En 1996 terminó formalmente la guerra civil en Guatemala, que dejó una secuela de 200.000 fallecidos –en su mayor parte civiles–, 45.000 desaparecidos, y millones de desplazados. Tres años después, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, encabezada por la ONU y el gobierno guatemalteco), establecida a raíz de acuerdo de paz, precisó que el 90 por ciento de los miles de asesinados, recaía sobre las fuerzas militares oficiales. Sobre todo, rescató la CEH que durante el periodo 1981-1983, predominó la voluntad estatal de exterminar a los indígenas, pues cerca de 80 por ciento de las víctimas pertenecían a comunidades maya, una represión racista en el sentido que el indio fue asimilado a subversivo, vinculado a las guerrillas.

 

A pesar de los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996, el oficialismo rechazó con diligencia incriminar actores políticos y militares en las masacres. En efecto, en 1999, el presidente Arzú –1996/2000– contradijo que el genocidio hubiera ocurrido. Tres años antes, la Ley de Reconciliación Nacional, producto de los mismos acuerdos, aseguró a los militares la amnistía por los crímenes cometidos durante la guerra civil. Además, en el 2002 se presenta un nuevo retraso del gobierno guatemalteco en el reconocimiento de sus abusos por el pasado, con la indemnización de las PAC –Patrullas de Autodefensa Civil2–,por servicios prestados al Estado. Acciones contrarias al acuerdo de paz que también incluyen la negativa de 1999 al referéndum que pretendía la aprobación de reformas sociales incluidas en los tratados, que incluyeron un "Acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas", reconociendo por primera vez a Guatemala como país multiétnico y multilingüe.


Ese contexto de impunidad llevó a Rigoberta Menchú a presentar en 1999 una denuncia ante la justicia española por genocidio, torturas y crimen de lesa humanidad, amparada en el principio de jurisdicción universal. Asimismo, dos organizaciones no gubernamentales, el Caldh (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), y también la AJR (Asociación para la Justicia y la Reconciliación), presentaron en 2001 denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por abusos cometidos por generales, incluido Ríos Montt. Si la creación en 2007 de la CICG –Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala–, representa una nueva etapa en la recuperación de la memoria, según Amnistía International, los juicios por derechos humanos tomaron forma con el trabajo de la descabezada Fiscal General Claudia Paz y Paz.

 

Una lucha por la justicia. En 2011, la organización internacional Women´s link worlwide solicitó la ampliación de la querella de Rigoberta Menchú, formulada más de diez años atrás. Según esta organización, 1.465 mujeres indígenas fueron violadas, torturadas y asesinadas bajo la represión de las fuerzas públicas.

 

¿Una condena histórica sin futuro?

 

Las denuncias dieron sus frutos. El 19 de marzo de 2013 empezó en la ciudad de Guatemala el juicio en contra del ex general y dictador Ríos Montt, que terminó con su condena, con la pena máxima que establece la ley de su país: 30 años por crímenes de lesa humanidad, y 50 por genocidio.

 

Aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que las fuerzas públicas asesinaron a más de 15.000 indígenas, la justicia guatemalteca enjuició al dictador por 15 masacres ejecutadas en el departamento de Quiché, en las cuales murieron 1.771 indios Ixiles. Entre los 98 testimonios en contra del imputado, 54 denunciaron el empleo de la política de tierra quemada por parte del ejército y las PAC, para matar de hambre a la población 16 declaraciones también denunciaron la violación de mujeres como método "disuasivo" para aterrorizar a las comunidades campesinas para que no ayudaran a las guerrillas.


Frente a las acusaciones en contra de Ríos Montt, su equipo de defensa empleó como estrategia el obstruccionismo legal. Es decir, en lugar de establecer una solida defensa del acusado, optó por las argucias legales para demorar el juicio e impedir el veredicto tras, por ejemplo, peticiones, boicot de sesión, o también recusación de los jueces.

 

Si esos procesos poco éticos no impidieron la condena del dictador, la Corte Constitucional, en polémico fallo 3 contra 2, sí canceló la sentencia unos días después, el 20 de mayo de 2013, apoyándose en los recursos de amparo presentados en primera instancia por la defensa. Es decir, aquella no estableció su decisión de rechazar el fallo sobre el debate sustancial, sino sobre un procedimiento supuestamente deficiente.

 

En la polémica también terció el antiguo Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia, quien también destacó una transgresión de sus disposiciones por parte de la Corte Constitucional. Estiman, tanto éste como los Magistrados opuestos a la revocación del juicio, que la misma debía hacerla la Corte de Apelación, mientras la Constitucional solamente tendría autoridad para resolver cuestiones constitucionales. Y sigue la polémica del caso Montt, pues otra vez, por supuestos errores cometidos durante el juicio, el CANG –Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala– suspendió en abril de 2014, por un año, a la jueza Barrios, que encabezó el enjuiciamiento en contra del dictador.

 

Pero más allá de la justicia, el ex dictador se benefició de la protección de un valioso aliado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif, poderosa asociación de empresarios, quien solicitó a la Corte Constitucional, dos días después del juicio, revisión de la sentencia pues el Tribunal sería culpable de violaciones en el procedimiento. Denunció también la injerencia de organizaciones internacionales. Revisión solicitada, con mezquindad, por su preocupación por la reducción de las inversiones extranjeras en caso de que el genocidio fuera reconocido. Así, sin esconder su prioridad económica, el ex director del CACIF, José Santiago Molina, declaró que el voto del Punto Resolutivo era esperanzador para la economía del país.

 

Por otra parte, Pérez Molina, presidente de la República, y también Hermann Girón, actual jefe del Cacif, afirmaron que no creían que hubiera ocurrido un genocidio en Guatemala, al destacar que era tarea de la Justicia decir si el Estado tenía culpa en cualquier plan de exterminio. Por desfortuna, en eso reside una característica del Reino de la impunidad, la falta de independencia frente a los poderes económico y político, quienes en este caso desean impedir, obviamente, la condena del dictador.

 

El anticomunismo como dogma

 

Los actos bárbaros cometidos por el ejército y las fuerzas paramilitares, ocurrieron en la etapa más radical de la guerra civil guatemalteca. Décadas de conflictos cuyo punto de partida fue el temor de la burguesa del país centroamericano, y de los empresarios estadounidenses, frente a un gobierno progresista. En efecto, casi 20 años antes el derrocamiento en Chile de Salvador Allende en 1973, por el general Pinochet con la ayuda de la CIA, la agencia norteamericana participó del silencioso golpe de Estado en contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz –1951/1954.

 

Para entonces Guatemala era uno de los regímenes más reformistas de América Latina. En 1944 una revolución colocó fin al gobierno dictatorial del militar Jorge Ubico Castañeda, quien impuso el poder de la fuerza por espacio de 13 años. A quien siguió el intelectual izquierdista Juan Arévalo, elegido en la urnas (1945/1951). A continuación asumió Jacobo Árbenz, más radical que su predecesor, quien inició una reforma agraria que impugnaba los intereses de la poderosa United Fruit Company estadounidense, constituyendo el detonante del golpe de Estado que lo derrocó en junio de 1954.

 

Los años que siguieron estuvieron caracterizados por la represión política y la falta de alternativas democráticas, dando pie en los años 60 al surgimiento de guerrillas opuestas a la dictadura.


No obstante, los abusos del régimen se intensificaron bajo el gobierno del militar Lucas García –1978/1982–, al fin del cual nació la Unrd –Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca– producto de la coordinación de los 4 grupos guerrilleros más importantes del país (3). Pero también sucedieron cambios en el régimen, con la acción de una facción del Ejército que tras un golpe de Estado en 1982 puso al poder al general retirado Efraín Ríos Montt.

 

El dictador encontró apoyo directo en el Cacif, pues incorporó en su gabinete a varios grandes empresarios. Por ejemplo, participó como ministro de Economía Julio Mathéu Duchez, hasta entonces vicepresidente de la petrolera Basic Ressources. También integró a Otto Martínez Recinos, que dejó la Cámara de Agro para ser ministro de Agricultura. Esta es la razón que explica que politólogos asesores del Cacif, según Plaza Pública –medio de la universidad Rafael Landívar–, advirtieran del peligro que al juicio de Ríos Montt siguieran investigaciones en contra de su gabinete. También, según la misma fuente, participaron empresarios y sus pilotes en la Fuerza Aérea de Reserva, como Max Quirin Schoder, representante del Cacif.

 

Es decir, existen claras sospechas de la participación de personalidades nacionales en los crímenes de la dictadura. Hasta en las altas esferas del poder, pues el 4 de abril de 2013, durante el juicio contra Ríos Montt, el militar mecánico Hugo Ramiro Leonardo Reyes testimonió en contra del presidente Otto Pérez Molina. Señaló su responsabilidad, como Mayor, en casos de torturas y crímenes contra la población bajo el pseudónimo de Tito Arias. El Presidente reconoció que operó en el Quiché bajo ese nombre en 1982 y 1983. Y admitió, que en aquella época realizó intervenciones en una región denominada el triangulo ixil.

 

1 Rigoberta Menchú, activista indígena guatemalteca que recibió el Premio de la Paz en el año 1992.
2 Fuerza paramilitar que apareció durante la presidencia del general Romeo Lucas García -1978/1982-.
3 FAR- Fuerzas Armadas Rebeldes, EGP- Ejército Guerrillero de los Pobres, ORPA- Organización del Pueblo en Armas, y también el PGT- Partido Guatemalteco del Trabajo.