En un primer momento fue la crisis sanitaria propiciada por el covid-19, que desnudó la precariedad de nuestro privatizado sistema de salud, así como la incapacidad de un Estado al servicio de los ricos para satisfacer la demanda de ingresos y comida por parte de millones hoy confinados. De otro lado, el virus aceleró la crisis económica y con ella el desempleo. Una y otra llevan a la crisis social, que ahondará la desigualdad y la exclusión en esta sociedad. Estamos ante una realidad que en un segundo momento le deja un reto al país nacional, como vacuna contra el mal gobierno: construir otro sistema político y económico para que salud, empleo, agua, luz y transporte público dejen ser negocio privado y pasen al control del común. También, para asegurar otros derechos ciudadanos.
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