Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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Chelsea Manning, encarcelada por negarse a testificar en el caso Wikileaks


La exanalista militar estadounidense, que filtró cientos de miles de documentos secretos a la organización de Julian Assange, reitera que no cooperará con la investigación

Chelsea Manning, la exanalista de Inteligencia del Ejército estadounidense que filtró miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado a la organización Wikileaks en 2010, ha sido detenida este viernes después de que un juez federal la declarara en desacato por negarse a testificar ante un gran jurado que investiga a la compañía de Julian Assange. La decisión del juez se produce tras una breve audiencia en la que Manning, de 31 años, ha confirmado que no tenía intención de cooperar con la investigación, a pesar de que los fiscales le garantizaron inmunidad por su testimonio.

Manning deberá permanecer en prisión hasta que acceda a testificar o hasta que el gran jurado termine su trabajo. Sus abogados han pedido que fuera enviada a casa a cumplir su pena, por complicaciones médicas que padece, pero el juez ha negado la petición.


“En solidaridad con muchos activistas que se enfrentan a la adversidad, me mantendré fiel a mis principios”, ha dicho Manning. “Mi equipo legal continúa impugnando el secretismo de este proceso y estoy preparada para enfrentarme a las consecuencias de mi negativa”.


Un juez militar condenó a la exanalista a 35 años de cárcel por la filtración de más de 700.000 documentos, pero solo cumplió siete, gracias a la conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama en 2017, en los últimos días de su mandato. Por su condición de persona transgénero adaptándose a su vida como mujer, Manning lo pasó particularmente mal en la prisión militar masculina e intentó quitarse la vida en dos ocasiones en 2016.


El caso, que tiene lugar en una corte federal de Virginia, es parte de la amplia investigación sobre Wikileaks y Assange, que se encuentra desde 2012 viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su arresto. Durante su juicio en 2013, Manning reconoció haber enviado archivos de documentos secretos a Wikileaks. Aseguró haberse comunicado online con alguien que probablemente fuera Assange, pero afirmó que actuó por su cuenta sin ser dirigida por nadie de Wikileaks.


La filtración de Manning lanzó a la fama global a Wikileaks. Años después, la organización de Assange publicó los correos electrónicos del Partido Demócrata supuestamente robados por hackers rusos durante la campaña presidencial de 2016, lo que la convierte en una pieza importante en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en dichas elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Por Pablo Guimón
Washington 8 MAR 2019 - 15:06 CO

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Alertan sobre el uso de 'robots asesinos' en futuras guerras: no existe aún regulación

La Cruz Roja afirma que abordar el problema de las futuras armas autónomas será crítico ya que plantea cuestiones éticas sobre la delegación de decisiones letales a las máquinas. Mientras, una reciente encuesta internacional muestra un importante rechazo de la ciudadanía de 26 países, entre ellos España, a este tipo de armamento.

 

Los sistemas armamentísticos autónomos letales, los 'robots asesinos', no existen aún. No obstante, la creciente automatización de las armas mantiene abierto desde hace años un debate internacional sobre la necesidad de una regulación o, directamente, una prohibición de los mismos. El problema de fondo es si dejar o no en manos de un algoritmo la decisión de matar a un ser humano.


Mientras países como EEUU, China, Reino Unido, Rusia, Francia e Israel desarrollan armamento cada vez más automatizado, no existe aún un tratado o una legislación internacional que regule lo que, probablemente, será una realidad en un futuro cercano: los 'robots asesinos'.


Este tipo de sistemas de armas serán capaces de seleccionar objetivos de forma independiente, es decir, sin intervención humana, y atacarlos. Por lo tanto, son diferentes a los drones operativos hoy en día, ya que en este caso los humanos seleccionan y atacan objetivos, pero a distancia.


El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apoya una prohibición total [] de estos sistemas armamentísticos autónomos, y muchas ONGs y activistas exigen que exista, al menos, un marco normativo suficientemente estricto.


De momento, ese marco no existe. Si bien se negocia un protocolo para este mismo año en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCV), una encuesta de Ipsos publicada este martes y encargada por Human Rights Watch y la Campaña Contra los Robots de Combate —una alianza de 88 ONG que trabaja en este asunto desde octubre de 2012— muestra que el 61% de los participantes de 26 países se oponen a la existencia de este tipo de armamentoautónomo (el 65% en España).

Las Naciones Unidas están revisando las implicaciones estratégicas, legales y morales de los sistemas de armas autónomos letales. Sin embargo, tras una reunión en noviembre del CCV, tan solo 28 países en el mundo están dispuestos a prohibir este tipo de armamento. España no se encuentra en este grupo (PDF).


Donde sí está España es en el grupo que precisamente no apoya una negociación de un nuevo tratado sobre este asunto, al lado de Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Israel, Corea del Sur, Rusia, Suecia, Turquía, EEUU y el Reino Unido.


Cruz Roja


En una entrevista concedida a la Fundación Thomson Reuters en Yakarta, Yves Daccord, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó que este sería un tema crítico en los próximos años, ya que planteaba cuestiones éticas sobre la delegación de decisiones letales a las máquinas y la responsabilidad que conllevan las acciones de estas máquinas.


"Tendremos armas que vuelan sin ser manejadas remotamente por un humano y tendremos suficiente inteligencia para localizar un objetivo y decidir si es la persona adecuada para eliminar", dijo Daccord. "No habrá un ser humano que tome esa decisión, será la máquina quien decida: el mundo esencialmente delegará la responsabilidad en un algoritmo para decidir quién es el enemigo y quién no, quién vive y quién muere".

Significativamente, Cruz Roja no aboga por la prohibición total, sino por "mantener un nivel de control humano sobre tales armas". "Esto significa que, en cualquier momento de la operación, un humano puede intervenir", dijo Daccord. Según el CICR, las normas deberían abordar cuestiones como la definición de armas autónomas, el nivel de supervisión humana sobre estas armas, como la capacidad para intervenir y desactivar, así como las condiciones operativas para su uso.


Los partidarios de las armas autónomas alegan que éstas harán la guerra más humana, al ser más precisas en la localización y eliminación de los objetivos. Para afirmar lo anterior, argumentan que los robots carecen de emociones humanas como el miedo o la venganza y minimizarán las muertes de civiles, sostienen los defensores de estros robots.


No obstante, Daccord recuerda que tales máquinas podrían funcionar mal, y esto puede generar dudas sobre la responsabilidad ante un error. "Se puede responsabilizar a las personas, según el derecho internacional humanitario, con armas gestionadas a distancia, como los drones, pero con las armas autónomas nos estamos movemos en un nuevo territorio", dijo.
Problema ético


Para Milton Meza Rivas, investigador de la Niversidad de Barcelona y asesor del Grupo de Trabajo sobre sistemas de armas autónomas letales de la ONU, "un robot autónomo letal, por muy bien diseñado y programado que esté, probablemente no podría cumplir a rajatabla los principios básicos del derecho internacional humanitario (especialmente los de distinción, proporcionalidad y precaución) ya que, en razón de la complejidad que involucra una operación militar, es difícil que la máquina pueda contar con una base de datos que le permita evaluar todo el contexto".


Así, este experto sostiene, en un análisis publicado por el Institiuto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en agosto de 2016 (PDF), que podría haber un incremento en el riesgo de que se produzcan daños no previstos e indiscriminados contra inocentes, ya que, como recuerda, "los principios rectores del derecho internacinal humanitario implican una capacidad de discernimiento propia del ser humano".

El problema de fondo es, por tanto, ético. Así al menos lo consideran expertos como Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.


En una conferencia en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) en 2017 alertaba de que, desde la perspectiva del derecho internacional, habrá problemas cuando "la tecnología permita que los drones sean totalmente autónomos, es decir, que su programación le permita disparar sin esperar una orden o autorización de un operador humano".


Es decir, es necesario resolver el dilema que plantea dejar que un robot, que a priori no tiene capacidad empática, decida y mate por sí mismo a una persona. Así, para Espósito, mientras que la atribución de responsabilidad y la reparación de los daños y perjuicios son problemas que se resuelven jurídicamente, la cuestión relativa a si es justo delegar la decisión de matar en una máquina es un problema ético.

MADRID
23/01/2019 07:42 Actualizado: 23/01/2019 07:42
P. ROMERO | AGENCIAS

 

Sábado, 22 Diciembre 2018 07:58

Lenguas largas y edición genética

Lenguas largas y edición genética

Conejos y ovejas modificados con edición genética en China sufrieron efectos secundarios totalmente inesperados, como tener lenguas más largas y vértebras demás. Terneros modificados con este tipo de técnicas en Brasil y Nueva Zelanda enfermaron y murieron prematuramente. Crece la lista de impactos imprevistos de esas tecnologías de ingeniería genética.

 

La industria biotecnológica y científicos afines nos quiere convencer de que la llamada edición genética es una forma de manipulación de los genomas mucho más precisa, barata y eficaz que los transgénicos anteriores, que permitiría resolver el hambre, las enfermedades y hasta hacer seres humanos que resistirán virus y mucho más.


Hasta ahora lo único cierto de todos esos dichos es que los transgénicos de primera generación –los que están en campo, como maíz y soya transgénicos– son producto de técnicas nada precisas, sobre las que no existe control de dónde intervienen en los genomas ni qué efectos secundarios generan en los organismos modificados o en su interacción con el medio u otros organismos, animales o humanos alimentados con esos granos.


Pero tampoco en las técnicas de la llamada edición genética –donde se incluyen tecnologías como Crispr, Talen y mutagénesis dirigida– existe control de sus efectos secundarios.


Un reciente artículo publicado en el Wall Street Journal, de Estados Unidos, lista varios ejemplos de efectos imprevistos de la edición genética de animales de cría ( WSJ, P. Rana y L. Craymer, 14/12/2018 https://tinyurl.com/y6u29a62)


Por ejemplo, el equipo de Kui Li, en la Academia de Ciencias Agrícolas de China, suprimió un gen para lograr cerdos con menos grasa. Se trata del MSTN, que participa en la regulación del crecimiento de los músculos en mamíferos. Hicieron la modificación en células de cerdo, las insertaron en embriones y éstos, a su vez, en úteros de cerdas. La carne de las crías que nacieron es 12 por ciento más magra que los animales de control. Pero una de cada cinco ¡tiene una vértebra extra en el tórax! Es un fenómeno que los científicos no pueden explicar. Aseguran, sin embargo, que la carne de esos cerdos manipulados tiene el mismo contenido nutricional.


Otro equipo de científicos chinos, de la Universidad Agrícola de Nanjing, modificó con Crispr el gen MSTN en conejos para que tuvieran más carne. Pero 14 de 34 crías que nacieron tenían la lengua anormalmente grande. Nuevamente, los científicos no saben qué sucedió. En el artículo que dan cuenta del experimento advirtieron que hay cuestiones de inocuidad que deben atenderse en futuros estudios antes de la tecnología se pueda usar en agricultura.


En otro experimento con corderos, suprimiendo el gen MSTN con Crispr, tuvieron que practicar cesárea a las ovejas, porque los fetos habían crecido demasiado para parir normalmente.
Se-Jin Lee, investigador de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos, es uno de los científicos que descubrió el gen MSTN en 1997. Comentó sobre esos efectos que, aún sobre los genes que creemos conocer muy bien, hay mucho para aprender.


Odd-Gunnar Wikmark, biotecnólogo del instituto noruego GenØk, quien investiga impactos potenciales de la ingeniería genética, afirma que se ha extendido la creencia de que los científicos sabemos cómo funciona la edición genética todo el tiempo y en todas las condiciones. Por supuesto, esto no es así.


Tres estudios científicos publicados en 2018 mostraron que hay graves efectos secundarios de las modificaciones con Crispr-Cas9, incluyendo que pueden causar cáncer y alterar o borrar accidentalmente largas secciones del ADN (https://tinyurl.com/y9otz6pc).


No obstante, hay furor por el uso de estas nuevas biotecnologías, especialmente Crispr. Además del conocido experimento con bebés en China, se están realizando docenas en laboratorios con animales y plantas, para la producción agropecuaria industrial y la industria farmacéutica, incluso en varios países de América Latina, como Argentina, Brasil y México. La industria ha tratado agresivamente de que no se consideren los productos de estas tecnologías como transgénicos, porque en algunos casos el producto final no necesariamente contiene material genético foráneo, aunque su genoma haya sido manipulado. Este absurdo intento de la industria biotecnológica y de los agronegocios tuvo un revés significativo cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este año que los productos de las nuevas biotecnologías son organismos genéticamente modificados y deben seguir las regulaciones de bioseguridad.


Paradójicamente, los gobiernos de Brasil y Argentina, comportándose como buenos lacayos de las trasnacionales del agronegocio, emitieron normativas de bioseguridad sobre edición genética que son más laxas aún que las regulaciones existentes sobre transgénicos.


Los muchos efectos imprevistos del uso de Crispr y otras biotecnologías con animales, así como los experimentos con células humanas que revelan toxicidad y potencial carcinogénico, muestran que se necesita lo contrario. Para empezar, no se debe liberar ningún producto derivado de éstas. Además, urge establecer un nuevo marco para la evaluación de los nuevos riesgos que presentan.

Domingo, 16 Diciembre 2018 05:41

Luis Almagro. Expulsado por unanimidad

Luis Almagro. Expulsado por unanimidad

El partido que gobierna Uruguay no le perdonó al ex canciller de Pepe Mujica y actual secretario general de la OEA, su alineamiento con los Estados Unidos que se expresó en los reiterados pedidos de intervención militar en Venezuela.

 

El Frente Amplio (FA) de Uruguay expulsó del partido por unanimidad al actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Las resoluciones fueron anunciadas a la prensa por el presidente del FA, Javier Miranda, a la salida del Plenario del partido que se realizó en la ciudad de Montevideo.


"Nunca un objeto de sanción es un motivo de alegría, pero hay que tomar decisiones y el Frente Amplio tomó decisiones", dijo Miranda sobre las 17 resoluciones votadas por el máximo órgano de esta coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005.


La destitución de Almagro estuvo basada en el dictamen de un tribunal de conducta del FA que entendió que el uruguayo violó los principios partidarios al sugerir una posible intervención militar en Venezuela, donde entiende que existe una dictadura. Según ese informe, el secretario de la OEA incurrió "en la violación más grave de los principios que caben imaginar".


Miranda precisó que para aprobar el caso se debía alcanzar nueve décimos en la votación, condición que se "superó totalmente" al conseguir la unanimidad.


"Almagro se expulsó sólo del Frente Amplio porque accedió a tener el apoyo del FA y del Gobierno con un perfil de gestión diametralmente opuesto al que desempeña hoy en la OEA" afirmó hoy ante la prensa el vicepresidente del FA, José Carlos Mahía, y añadió que el ex canciller de Uruguay "fue un lobo en piel de cordero".


"Una cosa es tener una posición política sobre la situación de Venezuela u otros países de América Latina, y una bien distinta es, desde un cargo que debe generar consensos en las Américas, militar activamente en contra de uno de los países y, además, con visiones absolutamente funcionales a las del propio Estados Unidos", remarcó el diputado Mahia.
Antes de ser electo secretario de la OEA, Almagro fue canciller de Uruguay bajo la presidencia de José Mujica (2010-2015), quien en su día fue uno de los promotores de su candidatura al frente del organismo, cuya sede está en Washington. El político uruguayo asumió su cargo la OEA en 2015 con un mandato de cinco años y con la posibilidad de reelección.


Diez días atrás, Almagro anunció que buscará la reelección en 2020 a petición de una serie de países de la organización panamericana, entre los que se incluye Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ya se había pronunciado en contra en septiembre después de sus polémicas declaraciones sobre Venezuela.
Como secretario general de la OEA, ha hecho de la crisis en Venezuela el centro de su gestión, con posiciones que generaron repudio a nivel internacional por su alineamiento con los intereses de los Estados Unidos, el país que ahora respalda su reelección.

 

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Sábado, 13 Octubre 2018 06:28

Un huracán llamado Bolsonaro

Un huracán llamado Bolsonaro

El ascenso vertiginoso de la ultraderecha tiene raíces históricas, sociales y culturales que es necesario desentrañar para ir más allá de los adjetivos. Las elites dominantes han abandonado la democracia como instancia de negociación de intereses opuestos y parecen encaminarse hacia un enfrentamiento radical con los sectores populares. En Brasil esto significa una guerra de clases, de colores de piel y de géneros, donde las mujeres, los negros y los pobres son el objetivo a batir. 

 

La arrasadora victoria de Jair Messias Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, es el mayor tsunami político, social y cultural que ha vivido este país en su historia. Si dejamos de lado las posturas elitistas y conspirativas, debemos aceptar que la gente sabía a quién votaba, que no lo hicieron engañados ni presionados. Más aún, esta vez los grandes medios no jugaron a favor del candidato ultraderechista, difundieron sus bravatas y no escatimaron críticas.


Para completar este breve cuadro, debe saberse que Bolsonaro tuvo muy poco tiempo en los espacios gratuitos de la tevé, los que en otras ocasiones cambiaron las preferencias electorales. Por pertenecer a un pequeño partido sin casi representación parlamentaria (el PSL, Partido Social Liberal), debió utilizar las redes sociales, donde tuvo una performance muy superior a la de los demás postulantes. Se presentó como el candidato antisistema aunque lleva 27 años como diputado, y consiguió captar los sentimientos en contra del establishment de la mayoría de los brasileños.


Bolsonaro surfeó y alentó la ola social conservadora, machista y racista, pero no fue el hacedor de esos sentimientos. Los aprovechó porque coinciden con su forma de ver el mundo.
La tormenta política del domingo pasado llevó hasta las instituciones a personajes desconocidos, como Eduardo Bolsonaro, el hijo, que reunió 1,8 millones de votos para lograr su banca de diputado, la mayor votación para ese cargo en la historia del país. La desconocida abogada Janaina Paschoal, que fue una pieza clave en la destitución de Dilma Rousseff en 2016 (fue una de las autoras del pedido de impeachment contra la expresidenta), fue electa con el mayor caudal de votos que se recuerda para su cargo de diputada estatal, en el estado de São Paulo. Kim Kataguiri, un joven impresentable animador del Movimiento Brasil Libre (MBL) que llenó las calles en 2015 y 2016 contra el PT, fue electo por el derechista Demócratas (DEM) y aspira a presidir la Cámara de Diputados federal.


EL CENTRO DERROTADO


La derecha en su conjunto consiguió 301 de los 513 escaños de la cámara baja (véase nota en página 13), un aumento sustancial, ya que en 2010 tenía 190 diputados y en 2014, 238. La izquierda perdió uno respecto a las elecciones de 2014: obtuvo 137 diputados, pero en 2010 había alcanzado 166. El gran derrotado fue el centro, que cayó a 75 escaños, de 137 en 2014. Entre los partidos, el MDB de Temer y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso son los grandes derrotados con apenas 31 y 25 diputados respectivamente. Hubo además una proliferación de nuevos partidos con escasa representación, pero que en su conjunto suman 95 escaños, la mayoría de la derecha (la organización de los datos anteriores, en las categorías “izquierda”, “centro” y “derecha”, fue hecha por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Estatal de Campinas y fue publicada por el Observatório das Eleições)

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Las tormentas tienen resultados como el que mostró la primera vuelta: no dejan nada en su lugar, sacan a la superficie aquello que estaba sumergido y, tras el desolador panorama del día después, enseñan las heces que nadie quería ver. Pero muestran también que, debajo y detrás de las heridas, hay caminos posibles que las fuerzas institucionales y sus acomodados analistas se niegan a transitar.


El día después enseña varios hechos que deben ser desmenuzados para avizorar lo que puede depararnos el futuro inmediato: el ¡Ya Basta! que pronunció la sociedad en 2013, la herencia de la dictadura militar, el fin del lulismo y las limitaciones de la izquierda para afrontar los nuevos escenarios.


EL FACTOR JUNIO 2013


Fue el momento decisivo, el que formateó la coyuntura actual, desde la caída de Dilma hasta el ascenso de Bolsonaro. Junio de 2013 comenzó con manifestaciones del Movimiento Pase Libre (MPL) contra el aumento de las tarifas del transporte urbano, que consiguió movilizar alrededor de 10 mil personas. Se trata de una agrupación juvenil formada en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, que encarna a los jóvenes estudiantes de las ciudades y tiene formas de organización y movilización horizontales y festivas.


La reacción de la policía militar fue, como siempre, brutal. Pero esta vez la población de las grandes ciudades sorprendió a todos, al salir a las calles por cientos de miles y hasta millones. A lo largo del mes, 20 millones ocuparon las calles en 353 ciudades. Fue un evento fundamental de la historia reciente de Brasil, que mostró los altos niveles de descontento y frustración social pero, a la vez, la potencia transformadora que anidaba en la sociedad.


El PT no entendió que se trataba de un clamor pidiendo más: más inclusión, mejores servicios sociales, más igualdad, exigiendo un paso más en las políticas sociales que se venían aplicando, lo que implicaba tocar los intereses del 1% más pudiente del país. El gobierno y su partido retrocedieron espantados, sin comprender que podían ponerse al frente las multitudes para desbloquear un sistema político que jugaba a favor de las elites.


Suele sucederle a los que están arriba, que los murmullos de abajo los inquietan, porque sueñan con la paz social para seguir representando a los ausentes. En efecto, la representación es un teatro que sólo funciona si los representados ocupan las sillas para que los representantes se hagan cargo del escenario.


La ultraderecha, sin embargo, supo interpretar las debilidades de la presa (el gobierno del PT), como esos cazadores contumaces, entendió los puntos flacos de la presa (la corrupción) y se lanzó con saña en una guerra de rapiña. Los resultados están a la vista. La izquierda vació las calles en junio de 2013 y se las dejó a una derecha que desde las vísperas de la dictadura (1964) había perdido toda conexión con las multitudes. El PT y el conjunto de la izquierda perdieron la única oportunidad que habían tenido de torcerle el brazo a la derecha y las elites.


Luego vinieron las millonarias manifestaciones contra el gobierno del PT, la ilegítima destitución de Dilma, la multiplicación de los sentimientos contra los partidos y el sistema político y, finalmente, el crecimiento imparable de Bolsonaro. Es cierto que la crisis económica es el telón de fondo de todo este proceso, que polarizó aún más a la sociedad. Pero había otros caminos si la izquierda hubiera dejado los cómodos despachos para aquilatar los verdaderos dolores de la población más pobre.


LA HERENCIA DE LA DICTADURA


Brasil es el único caso en la región en el que no hubo un Nunca Más, ni juicios a los militares y civiles del régimen. Lo peor es que para buena parte de la población —además de las elites por supuesto—, la dictadura fue un buen momento económico y representó el lanzamiento de Brasil como potencia regional.


La dictadura generó importantes inversiones en obras de infraestructura, consiguió un crecimiento económico sostenido en la década de 1960 y comienzos de 1970, hasta que llegó el estancamiento. En el imaginario de muchos brasileños, fue un período positivo, tanto en lo económico como en la autoestima nacional. Fueron los años de oro de la geopolítica brasileña delineada por el general Golbery do Couto e Silva que llevó al país a tener una presencia determinante entre sus vecinos y convertirse en la principal potencia regional, al doblegar a la Argentina en la vieja competencia por la expansión de influencias.


Según el filósofo Vladimir Safatle, “la dictadura se acomodó a un horizonte de democracia formal pero en lo subterráneo estaba allí, presente y conservada. Las policías continuaron siendo policías militares, las fuerzas armadas siguieron intocadas, ningún torturador fue preso y se preservó a los grupos políticos ligados a la dictadura” (Agencia Pública, 9-X-18). En consecuencia, cuando la Nueva república nacida luego de la dictadura (1964-1985) comenzó a naufragar, el horizonte de 1964 reapareció como el imaginario del país deseable, para una parte sustancial de la población.


Como ejemplo de esta realidad, están no sólo las brutales declaraciones de Bolsonaro contra gays, lesbianas, negros e indios, sino las de importantes personalidades del sistema judicial. El nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, justifico días atrás el golpe de Estado de los militares diciendo que prefiere referirse a ese momento como el “movimiento de 1964” (iG Último Segundo, 1-X-18). Safatle asegura que “no conseguimos terminar con la dictadura” y opinó que el PT podría haberlo hecho pero ni siquiera lo intentó, pese a que Lula alcanzó un increíble 84% de aprobación cuando dejó el gobierno.


Otras consecuencias de la continuidad de la dictadura en democracia, es la composición de las instituciones del Estado. En el parlamento los sectores más reaccionarios vienen creciendo de formar sostenida desde 2010 y alcanzaron la hegemonía en 2014. El bloque ruralista que apoya el agronegocio y rechaza con violencia la reforma agraria, cuento con casi 200 diputados, mientras la bancada evangélica oscila en torno a los 76 diputados. La “bancada de la bala” (que defiende la pena de muerte y el armamento de la población) pasó de no tener ningún senador a conseguir 18 sillones de los 54 que estaban en disputa (Uol, 9-X-18).


En el mismo sentido puede registrarse la abrumadora presencia de militares en el equipo de campaña de Bolsonaro, empezando por su candidato a vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que defiende desde la eliminación del aguinaldo hasta una nueva Constitución, pero sin asamblea constituyente. Quizá lo que mejor revela el espíritu de esta ultraderecha, son los pasos dados por Bolsonaro cuando estaba en el proceso de elegir a su vice: uno de los sondeados fue el “príncipe” Luiz Philippe de Orléans e Bragança, descendiente de familia imperial (Carta Capital, 5-VIII-18).


EL FIN DEL LULISMO


El fin del lulismo tiene dos raíces: la crisis económica de 2008 y el nuevo activismo social. La paz social era la clave de bóveda del consenso entre trabajadores y empresarios, así como de un “presidencialismo de coalición” que albergaba partidos de izquierda y de centro derecha, como el MDB de Michel Temer.


Las consecuencias de la crisis económica de 2008, que derrumbó los precios de las commodities y derechizó a las elites, sumada a las jornadas de junio de 2013 que hicieron añicos la paz social, enterraron el llamado consenso lulista. Cuando apenas había inaugurado su segundo gobierno, el 1 de enero de 2015, Dilma Rousseff se propuso calmar al gran capital a través de un ajuste fiscal que erosionó buena parte de las conquistas de la década anterior.


El descontento de la base social del PT fue capitalizado por la derecha más intransigente. Recordemos que Dilma ganó con el 51 por ciento de los votos, pero meses después su popularidad se situaba por debajo del 10 por ciento. Con el ajuste fiscal el PT perdió una base social laboriosamente construida, que se había mantenido fiel al partido durante dos décadas de derrotas, antes de llegar al poder.


Lo cierto es que el lulismo no fracasó, sino se agotó. Durante una década había proporcionado ganancias a la mayoría de los brasileños, incluyendo a la gran banca , que obtuvo los mayores dividendos de su historia. Pero el modelo desarrollista había llegado a su fin, ya que se había agotado la posibilidad de seguir mejorando la situación de los sectores populares sin realizar cambios estructurales que afectaran a los grupos dominantes. Algo que el PT aún se niega a aceptar.


En el terreno político, la gobernabilidad lulista se basaba en un amplio acuerdo que sumaba más de una decena de partidos, la mayoría de centro derecha como el MDB. Pero esa coalición se desintegró durante el segundo gobierno de Dilma, entre otras cosas porque la sociedad eligió en 2014 el parlamento más derechista de las últimas décadas, que fue el que la destituyó en 2016.


Otra consecuencia del ascenso de la derecha más conservadora, es la crisis de la socialdemocracia de Cardoso. El PSDB perdió toda relevancia, así como el MDB y el DEM que eran la base de la derecha neoliberal. El PSDB se formó en 1988 durante la transición a la democracia y la redacción de la Constitución. Junto al PT fueron los rivales más enconados de la política brasileña, pero a la vez era los dos principales partidos capaces de aglutinar una amplia colación a su alrededor, algo que le permitió a Cardoso gobernar entre 1994 y 2002.
Los resultados del candidato presidencial del PSDB, Geraldo Alckmin, el 7 de octubre, de apenas el 4 por ciento de los sufragios, enseñan la crisis del partido histórico de las elites y las clases medias blancas urbanas. Su base social emigró a Bolsonaro, por lo menos en las elecciones federales, aunque aún conserva cierto protagonismo en el estado de São Paulo, donde se asientan sus núcleos históricos. El descalabro de este sector, neoliberal pero democrático, puede tener hondas repercusiones en el futuro inmediato, independientemente de quién gane el domingo 28.


LA IZQUIERDA SIN ESTRATEGIA


Lo que se viene ahora es una fenomenal ofensiva contra los derechos laborales, contra la población negra e indígena, contra todos los movimientos sociales. Con o sin Bolsonaro, porque su política ya ganó y se ha hecho un lugar en la sociedad y en las instituciones. Cuando dice que hay que “poner punto final a todos los activismos en Brasil”, está reflejando un sentimiento muy extendido, que pone por delante el orden a los derechos (Expresso, 8-X-18).


No es un caso aislado. La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, acaba de lanzar su propio exabrupto, esta semana en una entrevista televisada, al vincular los movimientos sociales con el narcotráfico, abriendo de ese modo el grifo de la represión. Se trata de desviar el sentimiento de inseguridad hacia los actores colectivos que resultan obstáculos para implementar medidas más profundas contra las economías populares y la soberanía estatal sobre los bienes comunes.


Sobre el futuro inmediato, el cientista político César Benjamin señala: “Temo que un gobierno de Boslonaro sea peor que el gobierno militar. Hay una movilización de grupos, de masas que lo apoyan, que el régimen militar nunca tuvo. Una vez que llegue a la presidencia, un hacendado de Pará puede entender que llegó la hora de lanzar sus pistoleros, un policía que participa de un grupo de exterminio entenderá que puede ir más lejos”. Concluye con una frase lapidaria: “El sistema vigente de los años 80, especialmente desde la Constitución de 1988, ya no existe más” (Piauí, 8-X-18).


Cuando la izquierda apostó todo a una democracia claramente deficiente, sucedieron dos cosas. Primero, se evidenciaron sus dificultades a la hora de moverse en el borde de los cauces institucionales, como lo hacen todos los movimientos sociales. Hacerlo, significaría poner en riesgo los miles de cargos estatales y todos los beneficios materiales y simbólicos que conllevan. En cierto sentido enseñó su incapacidad de cambiar su estrategia, cuando la derecha sí lo hizo.


Segundo, optar por este camino suponía no tomar en cuenta que para los sectores que la izquierda dice representar, como los jóvenes y las mujeres de las favelas —los más atacados por el sistema del “orden”—, nunca hubo democracia verdadera. Estos sectores se ven forzados a moverse en el filo de la legalidad, porque, usando un concepto de Fanon, en la “zona del no-ser”, donde los derechos humanos son papel mojado, la sensatez les dice que no pueden confiar en las instituciones estatales. La impunidad del crimen de Marielle Franco habla por sí sola.


Limitarse al terreno electoral es suicida para un movimiento de izquierda, cuando del otro lado están rifando las libertades mínimas. Entre la lucha armada de los 60 y la adhesión ciega a elecciones sin democracia, hay otros caminos posibles. Los que vienen transitando tantos pueblos organizados para recuperar la tierra, cuidar la salud, el agua y la vida. Si algo nos enseña el Brasil de estos años, es que hace falta tomar otros rumbos, no limitados a la estrategia estatista, probablemente inciertos, pero que tienen la virtud de abrir el abanico de posibilidades.

 

Por Raúl Zibechi
Brecha

 

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El socialismo como significante vacío en Estados Unidos

Pocas ideas tan connotadas, y más en EE UU, como socialismo. Sin embargo, su uso por parte de dirigentes como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez ha logrado apelar a generaciones más jóvenes. ¿Qué otros significados puede guardar dentro esta palabra?

En la radio se oyen declaraciones de apoyo al socialismo democrático por parte de candidatos conversos, activistas, y mucha gente joven. Algunos dicen que el socialismo está conquistando el Partido Demócrata. Otros claman que en absoluto. ¿Qué significa este surgimiento del socialismo?

Mientras escucho, es obvio que al menos mucha gente defiende o está dispuesta a defender la justicia, una integridad sincera y empática, la sensatez ecológica, la capacidad de todo el mundo de vivir una vida plena, más educación y asistencia médica gratuitas para todos, entre otras políticas progresistas.


Esto es positivo pero no es nuevo. En cualquier momento de estos últimos cincuenta años, gran cantidad de personas hubiera dicho que estaban a favor de estos objetivos. Lo que sí es nuevo, gracias a Bernie Sanders [histórico senador socialista demócrata por el Estado de Vermont y candidato alternativo a Hillary Clinton en las primarias demócratas de 2016, N. del E.] y a los últimos cinco años de activismo, es que dichas personas ya no evitan la etiqueta socialista. Si se hubieran calificado de socialistas estos mismos valores hace diez años, y durante mucho menos tiempo, esta postura habría obtenido poco apoyo y provocado un estallido de indignación despectiva, mientras que, si se le hubiera llamado preocupación por la humanidad, progresismo, o lo que fuera, habría recibido tanto apoyo como hoy.


Otro de los cambios de sentido, menos semántico y mas sustancial, es que pocas personas con los mencionados valores sociales, progresistas y humanos toman como un evangelio indiscutible que todo el cambio que necesitamos es arreglar nuestras instituciones retirando a unas cuantas malas personas que las ocupan. Mucha gente rechaza no sólo el sexismo, el racismo y el autoritarismo sino también el capitalismo. Mucha gente rechaza las manzanas podridas pero también las instituciones podridas.


¿Hasta qué punto es importante esta creciente crítica sin tapujos y este rechazo abierto de las instituciones? ¿Desembocará en compromisos compartidos y generalizados a largo plazo lo suficientemente amplios como para sostener organizaciones participativas, de base, multi-estratégicas y multi-temáticas?


La izquierda sufre desde hace mucho de los búnkeres de los enfoques por separado. Los activistas opinan, de manera prácticamente universal, que las preocupaciones principales se cruzan e incluso se enlazan, y sin embargo pocos de los que se centran en cuestiones como la inmigración, la violencia contra las mujeres, la guerra, el feminismo, el racismo, el militarismo, las catástrofes climáticas, la contaminación, la distribución de la riqueza, la locura de los mercados, la violencia policial, las reformas electorales, u otras preocupaciones que valen la pena, defienden activamente no sólo su propia agenda, sino todas los demás ¿Por qué no ayudamos todos los objetivos de toda prioridad válida, no sólo de boquilla, sino con visión estratégica y compromiso constante?


Una de las razones es que no contamos con respuestas compartidas globales para contestar a la pregunta obvia: ¿qué queremos, no solamente hoy, sino a largo plazo? Un “ismo” podría ofrecer eso, así que ¿está el “socialismo democrático” a la altura? ¿Podría pasar de ser una simple invitación a un compromiso de unidad serio y tangible? ¿Nos ayudaría a aunar nuestras prioridades aisladas y a plantear con confianza objetivos que enriquezcan nuestra comprensión, generen esperanza y, como dice la expresión, planten las semillas del futuro en el presente?


Para conseguir todo esto, nuestra lealtad compartida necesita amplia sustancia institucional. Si rechazamos el sexismo, vale, pero ¿qué implica esto para el tipo de familias y sexualidad a las que aspiramos más allá de la igualdad material aportada y sostenida por otros cambios? Si rechazamos el racismo, vale, pero ¿qué implica esto para el tipo de interrelaciones culturales entre razas, nacionalidades e identidades étnicas a las que aspiramos más allá del progreso social aportado y sostenido por otros cambios? Si queremos acabar con el servilismo y la subordinación en el ámbito político, vale, pero ¿qué implica esto en la manera de plasmarlo en leyes, dirimir controversias e implementar programas compartidos más allá de la solidaridad aportada y sostenida por otros cambios? Y si rechazamos la explotación y la división entre clases sociales, vale, pero ¿qué implica esto a la hora de estructurar el trabajo y los centros de trabajo y de establecer la distribución de los productos, las recompensas, las responsabilidades y los costes más allá de la justicia aportada y sostenida por otros cambios?


Si el socialismo continúa siendo únicamente sinónimo de buenos valores y de políticas progresistas en el presente, conseguir que se apoye de manera más generalizada será un gran paso adelante, desde luego, y quizás esa sea la mejor manera de utilizar el término en estos momentos, pero, si es así, todos aquellos que anhelamos nuevas instituciones necesitamos un término más abarcador para un nuevo tipo de sociedad que no sólo mejore ciertos problemas, sino que acabe con sus causas estructurales y libere todo el potencial popular. Tendríamos que defender y celebrar la emergente tendencia socialista progresista, sin descartarla o denigrarla, al mismo tiempo que proponemos una perspectiva mas amplia y profunda para que, ojalá, siga avanzando. O, si el término socialismo debe ser la etiqueta de nuestro amplio conjunto de anhelos, entonces lo que expresa debe llenarse mucho.


Personas diferentes tienen ideas diferentes sobre la sustancia extra necesaria. Yo estoy a favor de algo llamado sociedad participativa o, si resultara más convincente que excluyente, socialismo participativo. En muy resumidas cuentas, sea cual sea el término elegido, a mi parecer debería contener: afinidad feminista y relaciones de género que enfaticen que hombres y mujeres no sólo tengan iguales derechos y oportunidades, sino también roles tanto de autoridad como de cuidado en la vida social; intercomunalismo racial, étnico y de cualquier otro tipo que haga prevalecer el acceso de todos a los medios necesarios para crear y alimentar lazos y compromisos culturales de su propia elección; políticas participativas que incluyan autogestión colectiva a través de asambleas desde el barrio a todos los niveles de la sociedad , así como renovados vínculos ejecutivos y legales; además de sistemas económicos participativos que incluyan consejos de empresas e industria federados, remuneración equitativa, una nueva división del trabajo que acabe con las jerarquías duras y planificación participativa en vez de planificación de los mercados o planificación centralizada.


Pero a lo que me estoy refiriendo ahora no es a cuál debería ser la sustancia de un necesario “ismo”, ya sea la recién expuesta u algo más, sino a que la sustancia debería ser mucho más sustancial que cualquier cosa que ahora sea ampliamente apoyada, lo cual significa que incluso cuando los activistas se oponen al vil trumpismo o defiendan el loable sanderismo, se le llame socialismo o no, deberíamos proponer, explorar y debatir de manera conjunta, activa e inclusiva para llegar a una visión compartida y comunicable de lo que apoyamos mucho más sustancial.


Fuente: Znet
Traducción: Tomás Pereira Ginet

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Domingo, 22 Julio 2018 08:15

Silencios que matan

Silencios que matan

Sin ética la izquierda no es nada. Ni el programa, ni los discursos, ni siquiera las intenciones tienen el menor valor si no se erigen sobre el compromiso con la verdad, con el respeto irrestricto a las decisiones explícitas o implícitas de los sectores populares a los que dice representar.

En este período en el que todos los dirigentes de la izquierda se llenan la boca mentando valores, resulta muy significativo que se queden apenas en el discurso. La ética se pone a prueba sólo cuando tenemos algo que perder. Lo demás es retórica. Hablar de ética o de valores cuando no hay riesgos, materiales o simbólicos, es un ejercicio hueco.


Todos recordamos la gesta del Che en Bolivia, cuando en vez de ponerse a salvo de las balas enemigas retornó al lugar del combate para ocuparse de un compañero herido, sabiendo que era más que probable que perdiera la vida en esa acción, sin ningún sentido militar pero rebosante de ética.


Ante nosotros tenemos la segunda oportunidad de que la izquierda latinoamericana se redima de todos sus “errores” (entre comillas porque se abusa del término para encubrir faltas más serias), condenando la masacre que están perpetrando Daniel Ortega y Rosario Murillo contra su propio pueblo. La segunda, porque la primera sucedió dos décadas atrás, cuando la denuncia de Zoilamérica Narváez, la hijastra de Ortega, al denunciar abusos sexuales de su padrastro.


El silencio actual de las principales figuras de la izquierda política de la región y de la izquierda intelectual lo dice todo. Un extravío ético que anuncia los peores resultados políticos.


Culpar al imperialismo de los crímenes propios es absurdo. Stalin justificó el asesinato de sus principales camaradas porque, dijo, le hacían el juego a la derecha y al imperialismo. Trotsky fue asesinado vilmente en 1940, cuando su prédica no podía en modo alguno poner en peligro el poder de Stalin, que en esos años contaba con el visto bueno de las elites mundiales para contener al nazismo. ¿Cómo puede ilusionar a los jóvenes una política que se para sobre una alfombra interminable de cadáveres y de mentiras?


¿Cómo pudo José Mujica guardar silencio durante tantos meses –mientras en Nicaragua morían cientos de jóvenes, y ante la carta abierta de Ernesto Cardenal– hasta pronunciar al fin algún tipo de crítica a Ortega? ¿Cómo pueden algunos connotados intelectuales latinoamericanos justificar la matanza con argumentos insostenibles o con un silencio que los convierte en culpables? ¿Qué los lleva a pedir la libertad de Lula sin revolverse contra el gobierno de Nicaragua?


En este período tan negro para la izquierda –como aquel de los juicios de Moscú, que liquidó todo vestigio de libertad en la Unión Soviética– es necesario rascar hasta el fondo para encontrar explicaciones. A mi modo de ver, la izquierda pasó de ser la fuerza social, y política que pugnaba por cambiar la sociedad a resecarse apenas como un proyecto de poder. No “el poder para”, sino el poder a secas, el tipo de relaciones que aseguran la buena vida para la camarilla que lo detenta.


Fue a través de la lucha por el poder y la defensa de éste que la izquierda se mimetizó con la derecha. Hoy se argumenta con la lucha contra el neoliberalismo como excusa para no abrir fisuras en el campo de la izquierda, con la misma liviandad que antes se argumentaba la defensa de la Urss o de cualquier proyecto revolucionario.


Pocos pueden creer que entre 1937 y 1938 hubiera un millón y medio de rusos aliados a las potencias occidentales (todos miembros del partido), que fue la cifra de condenados por la gran purga de Stalin, de los cuales casi 700 mil fueron ejecutados y el resto condenados a campos de trabajos forzados. Si ese es el precio a pagar por el socialismo, habrá que pensárselo dos veces.


Estamos ante un período similar. Los progresismos y las izquierdas miran para otro lado cuando Evo Morales decide no respetar el resultado de un referendo, convocado por él, porque la mayoría absoluta decidió que no puede postularse a una nueva reelección. No quieren aceptar que Rafael Correa es culpable de secuestro en el “caso Balda”, ejecutado por los servicios de seguridad creados por su gobierno y supervisados por el presidente. La lista es muy larga, incluye al gobierno de Nicolás Maduro y al de Ortega, entre otros.


Lo más triste es que la historia parece haber transcurrido en vano, ya que no se extraen lecciones de los horrores del pasado. Sin embargo, algún día esa historia caerá sobre nuestras cabezas, y los hijos de las víctimas, así como nuestros propios hijos, nos pedirán cuentas, del mismo modo que lo hacen los jóvenes alemanes increpando a sus abuelos sobre lo que hicieron o dejaron de hacer bajo el nazismo, escudados en un imposible desconocimiento de los hechos.


Será tarde. Son los momentos calientes de la vida los que moldean actitudes y definen quiénes somos. Este es uno de esos momentos, que marcará el porvenir, o la tumba, de una actitud de vida que desde hace dos siglos definimos como izquierda.

 

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Un camino sin retorno. El chalet de Pablo Iglesias y los valores de izquierda

A mediados de mayo los medios españoles difundieron que la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero, secretario general de Podemos y portavoz del grupo parlamentario, respectivamente, había comprado un chalet en la sierra madrileña por valor de 660 mil euros (casi 800 mil dólares), que cuenta con 200 metros cuadrados de vivienda y 2 mil de jardín, además de piscina y otros lujos.


El escándalo fue mayúsculo, sobre todo en el interior del partido progresista, lo que llevó a una consulta entre sus afiliados de cuyo resultado dependerá el futuro de ambos dirigentes. El resultado de la consulta interna arrojó que dos tercios de los afiliados que votaron lo hicieron a favor de la permanencia de la pareja en sus cargos y un tercio pidió su renuncia, a pesar de que ninguna corriente y ningún dirigente pedía la dimisión.


La cuestión tiene un perfil más escabroso ya que el mismo Iglesias había twiteado, en 2012, una crítica al entonces ministro de Economía del gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, por la compra de una vivienda. “¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600 mil euros en un ático de lujo?”
Iglesias y Montero emitieron un comunicado en el que señalan que “a los cargos públicos hay que criticarles por sus políticas o corrupción y no por gastar su dinero en lo que quieran de forma honrada”. Añaden que “con nosotros funcionan reglas diferentes que con los demás”, asumiendo que muchos políticos (desde Rajoy a Felipe González) han adquirido viviendas y otros bienes de lujo.


Estos hechos merecen algunas reflexiones.


La primera es que los dirigentes de izquierda se presentan como diferentes a los de la derecha, no sólo en sus programas y discursos, sino también en sus formas de vida. Por lo tanto, sí funcionan reglas diferentes para “los nuestros” que para los demás, ancladas en valores que nunca deben ser violentados. Si no hay diferencias en cómo viven unos y otros, entonces no vale la pena dedicar tiempo y esfuerzos para cambiar las cosas porque, tarde o temprano, nos llevarán por el mismo camino.


La segunda es que Montero e Iglesias aseguran que no han cometido corrupción, algo enteramente cierto, y agregan que pudieron comprar el chalet de lujo por sus salarios como diputados. Tremendo. Porque muchos de quienes los votaron no tienen acceso a vivienda propia o fueron desahuciados por no poder pagar la hipoteca, y los eligieron para que defiendan sus intereses, no para que usen sus elevados salarios para asegurarse el futuro.


La tercera es que esto no es nuevo. Los principales dirigentes de la revolución sandinista usaban los coches blindados de Somoza y vivían en sus mansiones por razones de “seguridad”, como justificaron en su momento esa cuestionable opción. Con los años, algunos, como Daniel Ortega, terminaron por ser iguales o peores que aquel dictador sanguinario al que algún día combatieron. Esta es la historia de las revoluciones triunfantes, desde la Rusia de Stalin hasta la Nicaragua del clan Ortega-Murillo. Algo no funciona en los procesos de cambio, sean las revoluciones o los gobiernos progresistas. El poder estatal engulle a quienes lo ocupan, al acodarse en el Estado con la excusa de representar a la porción de la sociedad que vive peor, con el resultado catastrófico de que los cargos elegidos o cooptados resultan, a la larga, los principales beneficiarios del susodicho cambio.


La monja Lucía Caram, nacida en Argentina pero residente en Cataluña, desde su compromiso con los sectores populares y crítica del mundo institucional, fue quizá la voz en este episodio: “Vendieron una idea, engañaron a los que siempre pierden y se enriquecieron con el discurso de ‘los pobres’”.


Por último, en la consulta promovida por los dirigentes de Podemos hay una trampa implícita: la ética no se somete a plebiscito. Cuando se da este paso, cuando se apela a las “masas” para resolver cuestiones tan profundas, el resultado es el pragmatismo. La coalición perdía si se quedaba sin los dirigentes cuestionados. Un camino sin retorno.

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Miércoles, 18 Abril 2018 06:26

¿Inocente o culpable?

¿Inocente o culpable?

La izquierda cerró filas en torno a Lula, asegurando su inocencia, con el argumento de la falta de pruebas, ya que el juez Sérgio Moro lo procesó por declaraciones de un ejecutivo de la constructora OAS, que al delatarlo se aseguró un trato privilegiado (delación premiada es la figura) por parte de la justicia.


Si los argumentos de Moro, y detrás suyo de la derecha brasileña, suenan cuestionables, los de quienes lo defienden tienen también sus puntos débiles. En efecto, entre Lula y las grandes constructoras brasileñas hubo relaciones carnales, con cruce de favores que pueden no ser ilegales, pero son cuestionables.


Durante años el ex presidente se dedicó a ofrecer su prestigio y el de su gobierno para lubricar negocios de las multinacionales brasileñas. En los dos primeros años después de dejar la presidencia (en enero de 2011) la mitad de los viajes realizados por Lula fueron pagados por las constructoras, todos en América Latina y África, donde esas empresas concentran sus mayores intereses. Durante este tiempo Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron 13 de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22-III-13).


Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula, destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. “Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña”, escribió la embajadora Lígia Scherer.


En agosto de 2011, Lula comenzó una gira latinoamericana por Bolivia, donde llegó con su comitiva en un avión privado de Oas, la empresa que pretendía construir una carretera para atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que provocó masivas movilizaciones de las comunidades indígenas, apoyadas por la población urbana. De allí siguió viaje en el mismo avión a Costa Rica, donde la empresa disputaba una licitación para construir una carretera que finalmente se le adjudicó por 500 millones de dólares.


Se trata de empresas muy poderosas, que cuentan con cientos de miles de empleados y negocios en decenas de países. La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total más de quinientas obras por 100.000 millones de dólares, fueron o están siendo construidas por las constructoras brasileñas. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.


El papel de Lula es el de promover “sus” empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES, que llegó a ser uno de los bancos de fomento más importantes del mundo, con más fondos para invertir en la región que la suma del FMI y el Banco Mundial.


Algunas de esas obras generaron conflictos graves, como el que llevó al gobierno de Rafael Correa a expulsar a Odebrecht de Ecuador por graves fallas en la represa sobre el río Sao Francisco, aun antes de ser inaugurada.


El poder de las grandes empresas brasileñas se hace sentir de modo particular en los pequeños países de la región. En Bolivia, Petrobras controla la mitad de los hidrocarburos, es responsable del 20 por ciento del PBI boliviano y del 24 por ciento de las recaudaciones tributarias del Estado.


Como embajador de las multinacionales brasileñas, Lula no comete ningún delito. Sin embargo, esas mismas empresas financian las campañas electorales del Partido de los Trabajadores, aunque también financian a la mayor parte de los partidos. No son donaciones, sino inversiones: por cada dólar o real que ponen en la campaña, reciben siete en obras aprobadas por los mismos cargos municipales, estatales o federales que ayudaron a ascender [1].


El asunto de la corrupción tiene una faceta legal y otra ética. Se puede no cometer ningún delito, pero ser corrupto. Por lo menos desde la ética que profesó siempre la izquierda en todo el mundo. Cuando los cargos de los partidos tradicionales importaban coches libres de impuestos, en el Uruguay de las vacas gordas, se atenían estrictamente a las leyes que ellos mismos habían aprobado. La izquierda, hagamos memoria, mentaba corrupción aunque no existiera delito.


En el caso de Lula, y más allá del juez Moro, la izquierda debe hacerse preguntas. ¿Es legítimo mantener relaciones carnales con empresas multinacionales que han dado sobradas muestras de sobreexplotar a sus trabajadores? ¿Podía Lula ignorar la corrupción que saltó en su primer gobierno consistente en comprar decenas de diputados, y que recibió el nombre de mensalão? ¿Podía ignorar los tremendos casos de corrupción de la estatal Petrobras y de las constructoras?


La legitimidad no tiene nada que ver con la justicia. Nadie va preso por cometer actos reñidos con la ética de la izquierda, que siempre proclamó rigurosidad en ese sentido. Mirar para otro lado porque no nos conviene o porque son los “nuestros”, es de un pragmatismo suicida. La gente común termina por percibir las mentiras. Luego da un paso al costado, probablemente para siempre.


[1] Zibechi, R., Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Editorial Quimantú (2012)

Por Raúl Zibechi
Brecha (Uruguay)

 

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