¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Una reflexión que mantiene plena actualidad: ¿Cuáles son las motivaciones e intereses y la pretensión de dar al traste con la JEP?

 

¿Por qué tanto estropicio contra la JEP? Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos visita Colombia

Por estos días, finales de noviembre de 2018, se encuentra en visita oficial a Colombia el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.

El Relator Especial, Michel Forst, está en Colombia desde el 20 de noviembre y prolongará su estancia hasta al 3 de diciembre. El objetivo de su visita: evaluar la situación de los defensores de los Derechos Humanos y los esfuerzos del Gobierno para protegerlos y garantizar su labor.

La última visita oficial de este tenor a Colombia sucedió entre el 7 al 18 de septiembre de 2009, por la Relatora Especial de aquel entonces, la Sra. Margaret Sekaggya, quien en su informe del 1 de marzo de 2010 llamaba la atención sobre la estigmatización y difamación sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos, incluso, por las declaraciones públicas hechas por el presidente de entonces –Álvaro Uribe– que presentaba a los defensores de los Derechos Humanos como “cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”.

En aquella visita, la Relatora Especial mostró especial preocupación por la vigilancia ilegal generalizada que llevaban a cabo los servicios de inteligencia civiles y militares; los arrestos sin mediar orden judicial válida y “procedimientos penales abiertos sin fundamento contra defensores de los Derechos Humanos por delitos contra el orden constitucional ("rebelión") y la seguridad pública ("terrorismo"), sobre la base de informes de los servicios de inteligencia militares y civiles y los testimonios de testigos nada fiables”. Además de las amenazas, asesinatos, desapariciones, estigmatización, seguimiento ilegal, judicializaciones en las que se encontraban involucrados agentes estatales.

Una de las situaciones mencionadas en aquel informe, con plena vigente, son las medidas de protección ineficaces:

[...] los asesinatos y desapariciones constantes de defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales eran beneficiarios del Programa de protección, como en el caso de Ualberto Hoyos, ponen de manifiesto las limitaciones del Programa y de otras medidas de protección para evitar los ataques contra los defensores.

Luego de 10 años de la primera visita de la Relatoría Especial, podemos decir que han ocurrido cambios significativos en el contexto nacional. Hace una década el discurso antiterrorista de la política de seguridad democrática negaba la existencia de un conflicto social y armado, y hacía imposible pensar en la solución política al conflicto armado, al cual le adjudicaban el origen de la inseguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos.

 Hoy la visita del Relator Michel Forst se da en un contexto en el que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno nacional, permite pensar que la situación de los defensores de Derechos Humanos presenta mejoras significativas; sin embargo, estamos frente a hechos que expresan lo contrario. Según las cifras oficiales del Boletín No. 087 del gobierno nacional, entre el 2016 y el 27 de julio de 2018, 183 líderes y defensores de DD.HH han sido asesinados .

El Programa Somos Defensores, en su informe anual 2017 afirma que en este año fueron agredidos 560 defensores de DD.HH (106 asesinatos (incremento del 32.5 %), 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible) en el que se destaca la focalización de la violencia en zonas rurales . Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su Informe Anual 2017 registraron 121 asesinatos (84 DDH, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales) 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (seguimientos, fotografías, robo de información, entre otras) 4 desapariciones forzadas y el acceso carnal violento de una mujer activista.

Sin duda estas cifras generan preocupación y hasta controversias. Recientemente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó que “El debate de las cifras no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales y cómo abordarlo de manera integral. Si no lo hacemos seguiremos contando los muertos. Yo no quiero participar en ello ”

¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales?

El abordaje del problema sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a defender los derechos estaba sujeto hasta hace poco (aún persiste esta visión) al problema de orden público derivado del conflicto armado. Hoy se pone en duda que el conflicto armado con la guerrilla de las Farc haya sido el principal factor de riesgo, pues tras su desmovilización, persisten los ataques contra defensores.

Esto hace suponer también que el proceso de paz y el supuesto tránsito al postconflicto encubre de una parte, la persistencia del conflicto armado en el que participan otras fuerzas insurgentes (Eln, Epl, disidencias), contrainsurgentes (Fuerzas Militares y paramilitares) y organizaciones criminales que se disputan los territorios y escenarios abandonados por la FARC-EP. Pero también hace pensar que el conflicto armado encubria una violencia mayor, estructural, en la que participan actores económicos y políticos poderosos que ven en la defensa de los derechos humanos una amenaza a sus intereses.

Recordemos que el recién electo presidente Iván Duque (2018-2022), representa la continuidad del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por su política de seguridad democrática que fortaleció a las fuerzas militares y las acciones cívico militares; la promoción de la confianza inversionista y la limitación de derechos y las libertades civiles . El “nuevo gobierno” llegó al poder oponiéndose al acuerdo de paz y la salida política negociada del conflicto armado.

Este proyecto político, desde el inicio de funciones del nuevo gobierno, se caracteriza por sus declaraciones en contra de la protesta social que ha sido una forma de exigibilidad de derechos. El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene del gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró en declaraciones públicas que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y que detrás de los cierres de vías siempre hay mafias organizadas, estigmatizando y deslegitimando a quienes acuden a la protesta, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

En las recientes movilizaciones de los estudiantes que reclaman mayor presupuesto para las universidades pública y el mejoramiento de la calidad desde una perspectiva del derecho a la educación han sido reprimidos por la fuerza pública, quienes según denuncias circuladas por redes sociales, han infiltrado las movilizaciones con agentes de la policía vestidos de civil para promover disturbios, detener y judicializar a los estudiantes.

El nuevo gobierno, aunque ha aceptado a regañadientes el Acuerdo de Paz con las Farc ante la comunidad internacional, ha manifestado que hará ajustes importantes a los mismos, lo cual pone en serio riesgo algunos avances en materia de seguridad y protección de los líderes sociales y políticos declarados en oposición. En el Acuerdo de Paz se incluyeron medidas de política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos (El Decreto Ley 154 de 2017 y Decreto Ley 898 de 2017) medidas de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 / 2017) y política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (Decreto 1581/2017)

El nuevo marco normativo derivado del Acuerdo de Paz también apuntaba, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, particularmente a la Defensoría del Pueblo, quién ha cumplido una importante labor en el monitoreo de la situación en territorio a través del sistema de alertas tempranas (Decreto 895/2017), avance parcial que se encuentra en grave riesgo debido a la situación denunciada recientemente por el sindicato de la entidad quien manifiesta su preocupación tras las amenazas de muerte contra tres funcionarios quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo, situación ante la cual, el sindicato reprocha el silencio del Defensor del Pueblos Carlos Negret.

Nada nos hace pensar hoy que el Acuerdo de Paz se cumpla y que se acuda a un enfoque más amplio de protección a los defensores de Derechos Humanos, por el contrario veremos un incremento de las estigmatizaciones, judicializaciones y medidas represivas ante lo que el gobierno llama “vandalismo”, “polarización”.

Ante este panorama esperamos que la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas evidencie la real situación por la que atraviesa Colombia en este aspecto, y ejerza presión internacional al “gobierno de Duque” para llevar los riesgos de los Defensores de Derechos Humanos a un nivel manejable que permita la acción social y política.

 

 

Publicado enColombia