Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

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"Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras"

La captura del excomandante guerrillero Jesús Santrich, es lo menos que ha hecho esta oligarquía colombiana, si se tiene en cuenta el centenar de excombatientes asesinados por las fuerzas oscuras del estado después de la firma del acuerdo de desmovilización, los centenares de líderes sociales asesinados, los montajes, los falsos positivos y la estigmatización a la campaña política contra candidatos de la izquierda colombiana, demuestra lo incoherente de este proceso. 

Desde las montañas de Colombia la dirección nacional de las FARC-EP hacemos un llamado a la reflexión a excomandantes y excombatientes que fueron engañados con el negocio de la desmovilización y maquillado a nombre de la paz, a que consideren los siguientes puntos:


1. Tener en cuenta que la constitución, la justicia, la supuesta democracia, las garantías políticas y el acuerdo que ustedes firmaron, están subordinados a la voluntad del imperio norte americano con beneplácito de la oligarquía colombiana y serán destruidos, modificados o pisoteados cuando ellos lo consideren conveniente. La captura de Santrich es el florero en la sala de recepción de Donald Trump.


2. Hacer una evaluación de la implementación de los acuerdos y su avance, verán que todo se encamina a la destrucción de ustedes, llevando el movimiento y las organizaciones sociales al exterminio.


3. El único camino que nos deja esta oligarquía, es la continuación de la lucha político-militar y estamos seguros que luego de otros años de lucha se darán las condiciones de alcanzar la verdadera paz con justicia social por la que hemos luchado y que reclama el pueblo colombiano.


4. Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras, el pueblo los espera.


5. Hacemos un llamado al PCCC y organizaciones sociales a mantenerse en la clandestinidad, los momentos que se avecinan es de exterminio como ya lo hicieron con la Unión Patriótica.


Montañas de Colombia.
Dirección Nacional de las FARC-EP.

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

Publicado enEdición Nº245
ETA avanza hacia su final en un proceso de paz unilateral e insólito

La organización ya desarmada pide perdón y reconoce el daño causado, paso previo a su anuncio de disolución, que llegará a principios de mayo. El gobierno del PP deberá resolver ahora otro enigma: si mantiene su política penitenciaria igual que hace 30 años o si, por el contrario, la adapta a la nueva realidad.

 

El hombre que está al otro lado del teléfono ha visto cosas raras, muy raras, pero ninguna como esta. Después de participar en varios procesos de paz alrededor del mundo, el experto internacional que mantiene el móvil pegado a la oreja confiesa que Spain is different. Lo dice sin acritud. Este viernes, cuando una llamada le levantó de la cama, volvió a confirmarlo: no hay final de la violencia en el globo terráqueo que se asemeje, aunque sea un poco, a lo que está ocurriendo en este extraño comienzo de primavera vasca.

El penúltimo capítulo de esta historia singular está en las portadas de los diarios Gara y Berria. Los periódicos que dirigen Iñaki Soto y Martxelo Otamendi respectivamente abren sus ediciones de esta jornada con un titular para la historia: “ETA reconoce el daño causado y el sufrimiento, muestra respeto y se compromete con la no repetición”, puede leerse en Gara; “ETA admite el daño causado”, dice Berria. Tales conceptos vienen remarcados en una “declaración solemne y contundente” que fue enviada por la organización ya desarmada a ambos rotativos.

El comunicado no llega en un momento cualquiera: esta misma semana ha trascendido que el anuncio de la disolución de ETA se producirá el próximo 5 de mayo. Antes habrá un acto con representantes de la esfera internacional, posiblemente similar al que se registró en otro momento histórico de este país, allá por octubre de 2011, cuando la Conferencia de Paz de Aiete sirvió de antesala al anuncio de cese definitivo de la violencia.

 

Mucha agua ha corrido desde entonces, aunque principalmente lo ha hecho por un solo y único cauce. A lo largo de estos seis años y seis meses, el proceso de paz en el País Vasco ha estado marcado por los intentos fallidos de los presos de acceder a beneficios penitenciarios, para lo cual aceptaron previamente recorrer la vía de la legalidad dentro de las cárceles y acogerse a las medidas que la propia ley establece para los reclusos. Sin embargo, el gobierno del PP se ha mantenido firme en su política antiterrorista, tan firme como cuando había terrorismo. De ahí precisamente la sorpresa del observador internacional que está al otro lado del teléfono. “No, no tenemos ninguna novedad. De momento todo sigue igual”, explica.

Las cosas no cambiaron hace ahora un año, cuando ETA efectuó su desarme. Un desarme, por cierto, tan curioso como todo lo que ocurre en el marco de este insólito proceso de paz: la entrega de las armas se realizó mediante voluntarios civiles en el territorio de Iparralde, la porción del País Vasco que se encuentra bajo administración francesa.

 

Este viernes, Euskadi se ha despertado con otro hito. Tal como puede leerse en el comunicado publicado en primera página por Gara y Berria, ETA ha querido reconocer —por primera vez en sus cincuenta años de historia— “el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada”, al tiempo que ha mostrado “su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”.

En esa línea, “reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa”. No hay palabra en ese documento que no suene a histórica.

“Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos —continúa—, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás”. Habla también de la necesidad de caminar hacia la reconciliación, “algo que en su medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía”. “Es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder”, subraya.

Esta declaración llegó a Gara junto a una “nota explicativa”, también firmada por ETA, que sirve para contextualizar su declaración de perdón. En tal sentido, indica que la decisión de hacer pública una lectura sobre el “daño causado” surgió en el marco del proceso de debate que sus miembros acaban de cerrar y que, como punto central, conducirá al acto de disolución previsto para el primer fin de semana de mayo. “De hecho, en el transcurso de ese debate, la militancia de ETA ha considerado necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado”, señala.

 

LAS CÁRCELES ESPERAN


La pelota está ahora en el tejado del gobierno del PP, que debe decidir si mantiene su política antiterrorista en los mismos niveles de las últimas décadas o si, por el contrario, la adapta al nuevo tiempo. Las cifras hablan por sí solas: a día de hoy existen alrededor de 230 presos vascos condenados por delitos de terrorismo en España y otros cincuenta en cárceles francesas. De ellos, la mayoría se encuentra a distancias que oscilan entre los 400 y los 1.000 kilómetros de Euskal Herria. En el caso de Francia han empezado a producirse acercamientos, pero en España —según denuncian desde Etxerat, el colectivo de familiares de presos de ETA— las cosas están igual o incluso peor que en 2011.


Esa política penitenciaria se enmarca en el concepto de dispersión carcelaria que los sucesivos gobiernos españoles vienen aplicando desde hace ya 29 años. Entonces ETA mataba. Hoy ha pedido perdón por esos crímenes.

Publicado enInternacional
Jesús Santrich, advertencia de lo que se viene

Hay quienes dicen que el problema de Colombia es que su pueblo no tiene memoria. Sin embargo, esa es sólo parte del problema. La otra parte del problema, quizás la más importante, es que la oligarquía colombiana tiene demasiada memoria. Es una oligarquía rencorosa y vengativa que no olvida y que no perdona a quienes osen cuestionar sus privilegios o siquiera perturbar su digestión. Como los déspotas de antaño, ellos pueden matar, desaparecer, violar, reprimir, mutilar y no pasa nada… ¡pero ay de quien ponga en entredicho la legitimidad de sus riquezas acumuladas mediante el fraude y la violencia desnuda! Así pasen décadas, apenas tengan la oportunidad de cobrarse en sangre algún susto que les hayan hecho pasar, se la cobran. La insistencia de las FARC en la reconciliación cae en oídos sordos, porque no hay con quien reconciliarse. A esta oligarquía –de médula terrateniente- no le interesa otra cosa que la más cochina venganza en contra de quienes participaron de un movimiento insurgente de fuerte raigambre campesina, un movimiento que buscó la justicia para los del campo y una transformación del país, pero terminó entrampada en un acuerdo de paz hecho a la medida del gobierno de Santos en el cual las estructuras opresivas contra las que alguna vez se alzaron en armas, quedaron intactas. Ahora que están sin armas y aisladas, tanto de sus bases sociales después de su salida de los territorios en que hacían presencia, como de una izquierda que no ha sabido construir procesos de unidad, la oligarquía tiene la oportunidad para hacer leña del árbol caído.


El último golpe que recibe este fracasado proceso de paz –convertido a pasos acelerados en una humillante rendición-, es la captura de Jesús Santrich por orden de Estados Unidos, quienes quieren extraditarlo a sus mazmorras para tenerlo junto a Simón Trinidad, como los cazadores cuelgan cabezas de bestias salvajes en sus roñosos muros. Todo se coordinó para que coincidiera con la visita de Míster Trump el sábado. Pero Míster Trump dejó a Míster Santos con los crespos hechos, porque ha dado prioridad a sus delirios bélicos en Siria. Sin embargo, Santrich está ahí, en la cárcel, a la espera. Santos, el Nóbel de la Paz, hizo correr sangre campesina con la masacre del Tandil (Tumaco), en Octubre del pasado año –bastó que el gobierno de EEUU exigiera respuestas en la lucha contra los cultivos de coca, para que Santos regara sangre colombiana para su amo [1] . Ahora, quieren ver rodar las cabezas de farianos, y Santos, que fantasea con ver a toda la dirigencia fariana muerta o tras las rejas, concurre de manera entusiasta. Acá no hay mera sumisión del gobierno colombiano –no se puede culpar sólo a los EEUU. Acá el Estado colombiano es igualmente responsable, y si cabe, aún más. El gobierno de EEUU puede tener la influencia que tiene en Colombia porque la oligarquía colombiana, en cabeza de este gobierno, se lo permite.


¿Por qué Santrich?


¿Por qué empezó el gobierno esta cacería de brujas con Santrich? Vieron a quién era al primero que había que callar y usarlo como una advertencia de lo que les puede pasar a los farianos desmovilizados que no se porten bien. Santrich es uno de los pocos de la dirigencia de las FARC que ha hablado con claridad sobre el fracaso del proceso de paz, sin temor a meter repetidamente el dedo en la llaga. Santrich no ha mostrado un arrepentimiento de Magdalena, defendiendo la legitimidad de la rebelión de la que hizo parte por casi tres décadas. Esta actitud de dignidad, que para la oligarquía es arrogancia, ha hecho que le tengan una animosidad particularmente enconada: él ha soportado durante meses la más grotesca persecución por parte de los medios e incluso por parte de ciertos dirigentes de las FARC arrepentidos, que deploran su radicalidad, y no han vacilado en atacarlo –directa o indirectamente- en sendas diatribas. Santrich se movilizó por la liberación de los presos, aun sufriendo una miserable campaña de desprestigio por parte de quienes afirmaban que buscaba quitarle protagonismo al acto de entrega de armas. Y por último, Santrich criticó de manera abierta la entrega apresurada de armas. En sus propias palabras:


“En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: ‘De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir’. (…) Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.” [2]
Van por todos


Jesús Santrich es el primero que buscan encarcelar y extraditar, pero la intención del gobierno y del bloque oligárquico es ver a toda la dirigencia –y también la base- fariana tras las rejas, deportada o muerta. Esta intención ya quedó clara con el montaje que se hizo con los supermercados Supercundi, tras lo cual la voz unánime del establecimiento llamó a quitarle los “beneficios” a los ex comandantes guerrilleros [3] . También queda claro por donde quieren seguir: en el grupo de cuatro arrestados, se encuentra también un sobrino de Iván Márquez, otro de los que identifican como de la “línea dura” a la que hay que aplastar. Pero van por todos, hasta por los más blandos. Habrá a quienes los utilicen durante algún tiempo, para pasearlos por todo el país pidiendo perdón y llamando a la calma a unas bases que se han visto burladas, pero que no quepa la menor duda de que cuando ya no les sirvan, se desharán de ellos de manera para nada ceremoniosa. Es su naturaleza y lo han venido demostrando históricamente en todos los procesos de paz. Esto no había que ser un genio para verlo venir. El mismo Santrich, de manera profética, lo había previsto respecto a la Justicia Especial para la Paz:


“Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel. En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.” [4]


Pero el gobierno se adelantó y ni siquiera han querido esperar a la JEP para adelantar el linchamiento jurídico de los ex guerrilleros, mientras garantiza la impunidad para agentes de Estado, así como para los oligarcas que financiaron y se enriquecieron con el paramilitarismo. Esto a lo que asistimos no es más que un burdo montaje mediante el cual pretenden asesinar la personalidad de Santrich y denigrarlo como si se tratara de un narcotraficante. ¿Cómo podría Santrich haberse involucrado en las actividades mafiosas que, sin aun entregar pruebas, los EEUU y la Fiscalía afirman que abría tomado parte, si vivía en un barrio rodeado de ejército y acompañado permanente por miembros de la Unidad Nacional de Protección del Estado? Exigir al Estado colombiano, ante lo espurio de estos cargos, un proceso “legal, transparente y justo para Jesús Santrich” [5] es una soberana estupidez. Este Estado no puede garantizar nada de esto. ¿Es necesario insistir, a esta altura del partido, que esto es un remedo de juicio político, y que, por lo mismo, no hay ni habrá garantías de ninguna clase? Esta actitud suplicante recuerda las patéticas cartas del partido socialista italiano, en pleno auge del fascismo, pidiendo a Mussolini que ordenara a las bandas fascistas que dejaran de matar a sus militantes [6] . Es hora de abandonar los eufemismos y cualquier ingenua ilusión en la naturaleza dizque democrática del gobierno de Santos. Al montaje hay que llamarlo por su nombre y hay que exigir la liberación inmediata de Santrich.


Acabando con la ilusión de la paz a garrotazos


A garrotazo limpio están acabando con lo poco o nada que iba quedando del proceso de paz. No hay que esperar a Iván Duque para que haga trizas el acuerdo de paz: en realidad esta tarea ya se ha adelantado eficazmente en el gobierno de Santos. No se puede seguir tapando el sol con un dedo e insistir que solamente se trata de tropiezos, de dificultades pasajeras, o de “desafíos”. En lugar de abrir un espacio político, las FARC se han ido progresivamente quedando sin espacio alguno, en parte por sus propios errores, pero sobre todo por la guerra sucia que la oligarquía en su conjunto ha venido librando para impedir que puedan desarrollar su actividad política, guerra en la cual los garrotazos al acuerdo de paz y los incumplimientos de éste, cumplen un rol primordial. Que no se hagan ilusiones en las FARC que llegarán a ocupar sus curules: por medios legales o extralegales, la oligarquía neolaureanista está determinada a no permitirlo y a tratar de acabar con toda la izquierda en el Parlamento –el caso del senador Alberto Castilla como botón de muestra. En lugar de permitir un avance de los movimientos populares y de la izquierda “legal”, como pronosticaban los socialbacanos seguidores ciegos de las tarugadas de Daniel Pecaut, la desmovilización de las FARC-EP ha sido seguida de un incremento de los asesinatos a líderes sociales y el copamiento paramilitar de los territorios, bajo las narices del propio Ejército que hoy ocupa gran parte del territorio abandonado por los ex insurgentes. Mientras tanto, los mismos que se enriquecieron con la guerra –más algunos cuantos advenedizos de todo el espectro político que olieron la oportunidad de negocios que se cocinaba en la Habana- ahora buscan enriquecerse con la paz [7] . Con paz o con guerra, es la misma oligarquía de siempre la que seguirá enriqueciéndose a manos llenas mientras el pueblo acumula solamente carencias.


En medio de la desmovilización, en medio del aislamiento en el que quedó esta nueva-vieja fuerza política, hay que buscar la manera de practicar la solidaridad con Jesús Santrich, quien ha dado nuevamente una muestra de dignidad al adelantar una huelga de hambre. Esto no es fácil. El retroceso del movimiento popular respecto a los niveles de movilización del 2012-2013 es evidente y el tema del acuerdo de paz no ocupa un lugar central en la agenda popular. Pero la represión que enfrenta Santrich avanza a todo el movimiento popular y a dirigentes de izquierda, que enfrentan los montajes judiciales de la Fiscalía y el plomo paramilitar. Como dice un proverbio haitiano, el pavo nunca debe reírse cuando despluman al pollo. Hoy, la exigencia de libertad para Santrich y para todos los presos políticos y de guerra que abarrotan las cárceles, debe ir de la mano de un cuidadoso recalibramiento político, de una lectura crítica y franca de los errores cometidos, de una renovación de la agenda política por la transformación social y la unidad de todos los sectores golpeados por este modelo económico-social.

Notas
[1] http://anarkismo.net/article/30570 y http://anarkismo.net/article/30580
[2] https://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/#more-2001
[3] https://www.lafm.com.co/politica/todo-esta-contemplado-no-estamos-negociando-con-angelitos-santos-sobre-supercundi/
[4] https://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/#more-2001
[5] https://prensarural.org/spip/spip.php?article22934
[6] Una colección de estas cartas se encuentra en la obra de Daniel Guérin, “Fascismo y Gran Capital”.
[7] https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-laberinto-de-los-dineros-de-la-paz-articulo-748709

Publicado enColombia
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC, por narcotráfico a petición de Estados Unidos

Interpol solicita la extradición de uno de los líderes del partido de la exguerrilla capturado en su casa de Bogotá por la Fiscalía de Colombia

 

La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La orden de captura ha sido emitida por Interpol después de que un juzgado de Nueva York realizara el miércoles una acusación por narcotráfico contra el que es uno de los actuales líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de la exinsurgencia. "Tenemos copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con un precio en el mercado local de 320 millones de dólares", ha explicado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Santrich forma parte de una supuesta red que, según la documentación facilitada por la Fiscalía, llevaría delinquiendo desde junio de 2017, seis meses después del acuerdo final de paz del 1 de diciembre de 2016. La fecha es clave: según lo pactado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, solo podrán beneficiarse de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el organismo ideado para juzgar los crímenes de más de medio siglo de guerra, quienes se acojan a esta jurisprudencia por delitos cometidos antes de la firma. Es decir, Santrich no tendría acceso a los beneficios judiciales de este sistema aunque se haya acogido al proceso de paz y haya firmado las actas para someterse al mismo.
"La circular de Interpol indica que los acusados tenían acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga, a laboratorios para suministrar la cocaína y hay evidencia de su acceso a toneladas de cocaína", ha explicado el fiscal con información de un operativo de investigación adelantado por agentes federales de la DEA y fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.


La orden de captura tiene como objetivo último la extradición de Jesús Santrich, cuyo nombre civil es Seusis Pausivas Hernández, de Marlon Marín, Armando Gómez, alias “El doctor”, y Fabio Simón Younes Arboleda, todos excombatientes farianos. "Si con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema", ha dicho Juan Manuel Santos durante la comparecencia conjunta con el fiscal general de Colombia.


Patricia Linares, presidenta de la JEP, ha declarado que la Sección de Revisión de este organismo tendrá que analizar la documentación para concluir si el delito se cometió antes o después de la firma del acuerdo y así determinar si el caso se juzga a través de la jurisdicción especial o se remite a la justicia ordinaria. Solo en el segundo caso, si el proceso sigue su curso en la Fiscalía, sería posible la extradición.


En este momento, los acusados están a detenidos en las dependencias del organismo judicial. "No extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto. El acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta", ha reiterado Santos.


"Bajo montaje y de forma aleve se realizó captura de @JSantrich_FARC. Este es el peor momento que está atravesando este proceso de #Paz, el gobierno debe actuar e impedir que montajes jurídicos desemboquen en hechos como este que generan una gran desconfianza", ha dicho en la cuenta del partido FARC Iván Márquez, uno los máximos líderes de la formación. "Esto demuestra la inseguridad jurídica de los integrantes que hemos hecho este tránsito", ha asegurado Victoria Sandino, otra de las portavoces.


La captura se produce a menos de una semana de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, visite por primera vez Colombia. Uno de los temas en la agenda es el narcotráfico. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo.


Santrich, un cargo electo


La tarde del lunes, Jesús Santrich fue detenido en su casa en Bogotá como representante electo en la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. El que fuera miembro del Estado Mayor Central de las FARC, el principal órgano de mando de la guerrilla, es uno de los beneficiarios de los 10 escaños que la antigua guerrilla pactó con el Ejecutivo con independencia de los votos que obtuvieran en las pasadas elecciones legislativas.


Antes, había dirigido durante años el bloque de combatientes que operaba en el Caribe colombiano. Cuando comenzaron las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue elegido por la insurgencia para viajar a La Habana, sede de la negociación, como delegado.

Bogotá 9 ABR 2018 - 20:09 COT

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
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