Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
A un año de la firma del Acuerdo final con las Farc y su implementación

Presentamos en este artículo algunas consideraciones sobre los límites, posibilidades y desafíos del proceso de paz a partir de su implementación en los 12 meses posteriores al Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016, que sufrió modificaciones tras los resultados del plebiscito en el que salió victorioso el No. Este resultado acarreó consecuencias que están incidiendo de manera determinante en este campo de disputa.

 

Sin duda, uno de los temas más destacados de los últimos años es el proceso de paz con las insurgencias, particularmente con las Farc-Ep. Un asunto que ha estado de manera conflictiva en la agenda política nacional, puesto que las visiones sobre la paz se presentan contradictorias.

 

No es para menos, ya que en el escenario nacional están presentes visiones y proyectos contradictorios sobre este particular: 1) sectores del establecimiento que aún quieren llegar a la terminación del conflicto armado mediante la profundización de la guerra, pretendiendo alcanzar una derrota militar tras la cual las insurgencias queden sometidas a la justicia como organizaciones terroristas sin estatus político.

 

2) Contrario a éste sector, también existen en el establecimiento quienes quieren la paz “democrática”, concediendo un mínimo de legitimidad a la contraparte que permita una salida negociada pero sin conceder mayores prerrogativas, simplemente superando la confrontación armada sin tocar los aspectos de fondo que llevaron a que ésta se generara, se sostuviera y profundizara; al tiempo que así proceden, alcanzan dividendos en aspectos como minimizar las denuncias sobre el terrorismo de Estado, obteniendo beneficios para sus mandos militares y, sobre todo, alistan diversas áreas del territorio nacional para el aterrizaje de inversiones multinacionales, en temas de extractivismo agrario y minería, así como turismo.

 

Tanto unos como otros parten para su diseño estratégico de considerar que derrotaron a su contrario, de ahí que no le concedieran posibilidades de negociar asuntos estructurales del modelo económico y político vigente.

 

Hoy, luego de un año de firmado el acuerdo con las Farc-Ep, persisten las visiones contradictorias y la realidad de lo alcanzado en este proceso deja muchas inquietudes y cuestionamientos respecto del futuro de la paz completa, sostenible y duradera.

 

Las visiones optimistas

 

Hay quienes siguen observando con optimismo lo alcanzado en el proceso de paz, en primer lugar se desacata el hecho de que hace 10 años era imposible hablar de una solución política al conflicto armado, pues el discurso contrainsurgente y antiterrorista había calado muy hondo en la política nacional, acompañado de propaganda y acciones militares que debilitó la legitimidad de las insurgencias y su accionar político militar; aunque también hay que decirlo, el mismo accionar de las insurgencias llevó a ser inviable el proyecto revolucionario. Que hoy pueda hablarse de paz, de solución política al conflicto, de apertura “democrática”, de “política sin armas”, es definido como un primer gran logro de este proceso. Esta visión la comparten tanto sectores del establecimiento en el gobierno, como las mismas Farc-Ep.

 

A pesar de ello, subyacen algunos elementos que cuestionan este logro, puesto que persisten y con mucha fuerza, discursos que niegan la salida política negociada y sostienen la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. La victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y la presencia en el Congreso de la República de contradictores del proceso de paz, deja por lo menos serías dudas sobre la generalidad y profundidad del discurso de la solución política negociada y la paz.

 

Sin embargo, el optimismo tiene asideros distintos, pues para el gobierno y sectores del establecimiento la solución política al conflicto armado tiene consecuencias distintas a las que puedan destacar parte de la insurgencia. Una primera consecuencia, según el optimismo gubernamental, es el hecho de que este proceso de paz trae consigo una mayor gobernabilidad con costos menores para su proyecto “modernizador” que busca atraer mayor inversión extranjera directa y seguridad jurídica para propietarios y empresarios que ven en la paz una oportunidad para ampliar y profundizar sus negocios. Así lo afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde: “la paz será decisiva para el crecimiento del país porque traerá más desarrollo con la confianza internacional”*. Esta afirmación ha sido respaldada en innumerables discursos del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros.

 

Otra de las razones que sostiene el discurso optimista es lo que tiene que ver con las cifras de la guerra. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz redujo las cifras de muerte con ocasión del conflicto. El acuerdo de paz evitó la muerte de 2.796 militares, policías y guerrilleros en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). Sin duda, estas cifras dan razones para mantener el optimismo, pues para nada son despreciables las vidas salvadas como consecuencia del cese al fuego.

 

Avanzar en modificaciones institucionales que abran escenarios de participación política para la insurgencia y las víctimas del conflicto es otro de los aspectos que destacan los optimistas, pues pasar de una confrontación política con armas a una sin ellas, es sin duda un paso importante en el proceso de democratización de la política nacional, en la que se ha perpetuado un régimen excluyente, clientelista y criminal.

 

Visiones pesimistas

 

El cambio en el discurso de la lucha contrainsurgente y antiterrorista al de la solución política al conflicto y la paz, es matizado por los pesimistas que observan en este viraje una trampa respecto de los contenidos de ésta, pues la paz gubernamental no es otra cosa que el fin de la lucha insurgente y, en consecuencia, de sus aspiraciones de cambios revolucionarios del régimen político y económico, puesto que la paz no es más que el silenciamiento de los fusiles y la muerte y la represión por otros medios. No es una paz fruto de cambios profundos en la realidad nacional, y no se acerca siquiera a la aspiración de una paz con justicia social que supere las causas que originaron el conflicto.

 

De otra parte, se pone en duda que este discurso de la solución política y la paz sea lo suficientemente general y profundo como para modificar la orientación de la política nacional, pues como ya lo hemos dicho, persisten con mucha fuerza, discursos que sostienen que este proceso es la entrega del país a las Farc-Ep, tal y como lo afirma el expresidente Uribe, su partido y un amplio espectro de la derecha, y persisten en la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. Su victoria del No en el plebiscito y su presencia en el Congreso de la República ha logrado poner en aprietos la legitimidad de los acuerdos y la implementación normativa, incluso ha logrado que se modifique lo acordado y que se excedan las modificaciones legales limitando e incluso contradiciendo su contenido.

 

Las razones de los pesimistas se sustentan entre otros, en el hecho de que tras la victoria del No se permitió que el Gobierno y el Congreso de la República introdujeran modificaciones a las normas que implementan los acuerdos como, por ejemplo, las relacionadas con el punto 1 de Reforma Rural Integral, con lo cual dan vía libre para permitir “formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente, por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad” (Cacep, 2017), lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la propiedad rural por parte de campesinos (comunidades rurales) que no tienen tierra o han logrado un mínimo de ésta.

 

Lo que de por si era un acuerdo tímido respecto de los conflictos por la tierra, en el que se pretende crear un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización masiva de la Propiedad Rural de 7 millones de hectáreas, durante los próximos 12 años. Con la expedición del decreto 902/2017 se permite que “estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras) (Cacep, 2017).

 

Por su parte, lo que respecta a la inversión extrajera directa y el “desarrollo”del país genera muchas dudas e interrogantes a los pesimistas, pues esta fórmula de desarrollo es más de lo mismo, es la perpetuación de las locomotoras minera, infraestructura, agroindustria que hoy, luego de varios años de estar en marcha, no ha dejado más que pasivos ambientales y sociales que acarrean costos de mediano y largo plazo para el país, especialmente, para aquellas regiones afectadas por proyectos extractivos que no han garantizado el tal anhelado progreso sino, y por el contrario, han modificado negativamente la vida de sus pobladores. Así lo ha demostrado la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre minería en Colombia, en la que se observa como los ingresos de regalías o ingresos a la nación por las concesiones, son inferiores a las exenciones de impuestos y a los pasivos sociales y ambientales que traen consigo estos proyectos (CGR, 2013).

 

Un ejemplo de la sujeción a la matriz desarrollista en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, es la expedición del Decreto Ley 883 de 2017 que permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura. Esta norma somete a los intereses de estos sectores empresariales a las comunidades y los territorios, incluidos aquellos en los que se implementarán los “Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial Pdet”, porque de ellos depende que lleguen recursos para mejorar la infraestructura precaria, que deberían estar a cargo de Estado.

 

De otra parte, la disminución de muertes con ocasión del conflicto armado, que se presenta como razón para el optimismo, se ve empañada por el asesinato de líderes y lideresas sociales que en el último año (2017) asciende a 170 (Indepaz). Según cifras de la defensoría del pueblo, son 207 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2017. Las muertes de combatientes (de todas las fuerzas) disminuyeron, las de civiles no parece descender. El conflicto social con consecuencias mortales ha tomado el lugar de la confrontación armada.

 

En lo que respecta al argumento de “apertura democrática”, es claro se ha visto empañada por la acción del Congreso que ha puesto el palo en la rueda a la posibilidad de que las víctimas de territorios afectados por el conflicto armado accedan a la representación en el legislativo, pues el acuerdo de crear las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, se está ahogando en un conflicto jurídico de claro tinte político, sobre la definición de mayorías en el congreso.

 

Paz y vida cotidiana

 

Lo que observamos hasta el momento, sin pretensiones exhaustivas, deja por lo menos dudas sobre el rumbo de la paz; dudas exacerbadas por otros elementos del contexto que son determinantes para su sostenibilidad y duración.

 

Hoy atravesamos por un periodo electoral en el que las diferentes visiones sobre la paz se van a enfrentar, en el que la maquinaria política sigue bien aceitada, y en el que seguramente ganará la inercia del régimen político que no logró transformarse en un corto periodo de negociación e implementación.
Tampoco podemos perder de vista que aún se encuentra en proceso de diálogo la agenda con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) que puede ser determinante en el pretendido cierre de un ciclo de guerra insurgente; como tampoco podemos perder de vista la persistencia del paramilitarismo y el narcotráfico que continúan disputando territorios, negocios y poblaciones.

 

De otra parte, hay que decirlo, no se ve con claridad cómo este proceso de paz va a impactar de manera positiva y en el corto plazo las vidas de millones de personas para quienes la paz no es el centro de sus angustias cotidianas; millones de habitantes de sectores populares urbanos para quienes la guerra se libra día a día a través de su lucha por lograr un mendrugo de pan, un techo donde dormir, un trabajo con el cual sobrevivir.

 

Algunos dicen que no es posible transformar la realidad de un conflicto profundo de más de medio siglo en escasos 12 meses, pero hay un dicho popular que nos pone a pensar, “Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida’’. Obviamente, la realidad no es estática y la historia no puede leerse de manera determinista, pero el desayuno que nos hemos tenido que comer en estos meses de concreción de los Acuerdos de Paz seguramente nos traerá una que otra indigestión.

 

* http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-subira-en-colombia-tras-firma-de-la-paz-EE5060446

Publicado enEdición Nº242
¿Final en La Habana?: Con varios nudos ciegos

El presidente Juan Manuel Santos, designó al ex vicepresidente Gustavo Bell jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con la guerrilla del ELN. El periódico desdeabajo en su edición N°227 de agosto de 2016, ya lo había anunciado, a continuación el artículo mencionado.

 

 

Aunque es previo al cambio y modificación de la estadía clandestina de los frentes, en palabras no públicas de Iván Márquez y Pablo Catatumbo, está envolatado el acuerdo Gobierno-Farc, con respecto al “nombre, extensión y número de las áreas Terrepaz”. Mientras Eln-Gobierno no ocupen su asiento de Mesa Abierta en Quito, el Día D con Farc, no culmina el conflicto armado. Hay algo: Gustavo Bell Lemos, Exvicepresidente de la República (1998-2002), suena en pasillos del Palacio de Nariño, como nuevo jefe de la delegación gubernamental en la Mesa con Eln. Preocupa, que el discurso del SÍ arranca, con limitaciones de audiencia.

 

...En la guerra y en sus episodios culminantes se manifiestan con el más alto grado el amor a la patria, la fidelidad a sus leyes, la devoción por los compañeros y por la causa defendida [...] Ni siquiera los más firmes pacifistas pueden negar que la guerra exalta virtudes emotivas. El valor, la abnegación, la fidelidad, la amistad entre combatientes, la camaradería, la lealtad. (Negrillas en este artículo). (Tratado de polemología (Sociología de las guerras). Gaston Bouthoul.

Pág. 530 final y 531. Publicación del E.M.E. Madrid. 1984.)

 

La búsqueda de paz justa y algunos corrientazos del conflicto armado aquí, franquean “episodios culminantes”, con sus exaltaciones (Ver: epígrafe). El pulso por la dejación de armas en su trayecto y cronograma –con Plebiscito y X Conferencia Farc a bordo– tiene de anfitrión, la conversación Gobierno-Farc, ¡todavía sin garantías ni confianza entre las partes! Grave asunto. “Nuestro gobierno en Washington, sabe que el Poder en su país, ha sido eficaz en el magnicidio”: Frase del Secretario de Estado de Estados Unidos, en reunión con el Secretariado de Farc. ¿Decir autoexculpatorio?, ¿premonitorio? Con memoria de lutos, es una interrogación siempre abierta frente al futuro inmediato.

 

En este tenor, durante el debate en la Universidad Nacional (Julio 28), «Acuerdos de Paz y Constituyente: experiencias de los 90 y proceso actual», el catedrático Alberto Cienfuegos, lanzó una pregunta: –Ojalá nunca, en una posibilidad que no es extraña en nuestra historia, ¿qué posición mantendrá Farc, después de un primer ataque a un miembro del Secretariado? Más allá de la izquierda, un trasfondo y peligro que en la imaginería de paz, la sociedad no asume aún con toda responsabilidad.


¡Zuás!, Santos tras una paz rebanada

 

Ausente la confianza entre las partes, sin afán y ajuste con la necesidad temporal-política del Presidente; antes de cualquier traslado seguro, y, de la protegida concentración campamentaria de los frentes guerrilleros; el tiempo Día D para la firma final en La Habana, “aunque pronto”, requiere no solo uno, sino dos momentos con acuerdo y territorios distintos: la “separación de tropas” con base en el cese bilateral de fuegos y hostilidades–firmado ya–, y, el de llegada a campamentos para el inventario de las armas y explosivos. Así, el lapso del Día D sigue determinado por la correlación real operativa en el terreno. Esa que existe entre el Ejército y las ‘retaguardias guerrilleras’ Farc.

 

En efecto, la correlación de las presencias en condición guerrillera y el dominio y líneas del Ejército –superpuestas en alrededor de 60 municipios, con el Eln–, marcan el «territorio operativo» del conflicto. Las áreas y lugares, donde es necesario hacer y verificar la “separación de tropas”, libre de amenaza a las poblaciones circundantes. Valga un ejemplo: en el Cañón de las Hermosas el Ejército movía antes un solo helicóptero, ahora, dispone de dos; y el oficial al mando, tiene orden ante “el primer indicio de retirada guerrillera”, de copar su antigua zona.

 

Al envolate en estos dos momentos, se suma otro. Relacionada con el Plebiscito, hubo una noticia desde el jueves 28 de julio, que estuvo escondida más de una semana. Con retraso, la periodista Diana Caderón dio a conocer que “el Presidente tuvo en sus manos, una encuesta que contrató con tres firmas, cuyo resultado es contrario al Sí. La ratificación de los Acuerdos, pende de la conveniencia de las élites dominantes, y la puja por un reacomodo de posiciones, entre las fracciones Santos Uribe.

 

En ángulo incidente, con el paso de los días el Eln engruesa el hilo de expectativa. El pasado lunes, sin actividad de José Noé Ríos y del general (r) Herrera Verbel, hubo movimiento de viaje a Caracas, relacionado con la Mesa Gobierno-Eln. Al parecer, hay una nueva comisión con perfil más alto. Sólo en función protocolar, Frank Perl hará el enlace. Un hecho que pudo acelerar el encuentro Santos - Maduro.

 

La culpabilidad histórica del régimen y de la naturaleza oligárquica del poder en el origen del conflicto armado, no pasa virgen en toda esta coyuntura de Mesa en La Habana y de la Mesa en ciernes con Eln. A pesar de su ventaja quedó a la vista, que el Estado colombiano, permisivo de intervenciones extranjeras, y una sucesión de sus Gobiernos, fue incapaz de asestar una derrota militar, con toma y ocupación de infantería, en los sitios profundos del repliegue guerrillero. Casi que como acusación y por esta razón, con diferencia a procesos anteriores de paz aquí, y de otros conflictos armados, la insurgencia –Farc y Eln– aumenta la capacidad negociadora: reivindica territorios, un concepto de dejación de armas –conlleva un lapso de “paz armada”–, y no se conforma sólo con “garantías políticas”, en la mira de un inmediatismo electoral, como fue el caso del M-19.

 

Este hecho sorprendió al Poder.

 

Otorga además, una capacidad de maniobra como actor político, que no alcanza potencialidad en la opinión del colombiano común, ante el distanciamento urbano y los índices de ‘desligitamación’ del actor insurgente. En este aspecto, Vera Grabe, desmovilizada guerrillera, expresó en el mismo evento del 28 de julio en la UN, que a finales de los 80 los jefes del M-19 fueron recibidos como héroes. “Navarro llenaba plazas en los municipios donde llegaba”, dijo. Una circunstancia muy distinta al impacto de Farc hoy, con efecto en el Plebiscito.

 

Plebiscito y su convocatoria sin júbilo

 

La paz en su nuevo capítulo: acuerdo Gobiernno-Farc no convoca muchedumbre. En una parte de la población, de la geografía metropolitana y su influencia, y en la larga cadena de víctimas de la insurgencia en décadas, el acontecimiento del Plebiscito repone todo episodio adverso, con sentimientos negativos e individuales, sin olvido. Excepción hecha, de los círculos militantes con sus periferias de apoyo y de una parte de la escasa población de las áreas directas del conflicto. En la sicología del colombiano raso, el Plebiscito pone al frente que ...esos recuerdos rechazados no se quedan inactivos, sino que se combinan constantemente entre sí, al impulso de los acontecimientos que los hacen volver a la consciencia, aunque modificados o deformados. (Idem. Tratado de polemología... Pág. 733).


Sin “dos mesas (Farc y Eln) un solo proceso”, la Mesa de La Habana disminuye su potencia en contenido, como fin del conflicto. Margen que amplía la figuración Eln como «actor definitivo» en la culminación del conflicto armado, en medio y sin rebaja, del distanciamiento o ilegitimidad del actor insurgente. Reduce el júbilo. El actor politiquero tradicional –impulsor del Plebiscito– aún con el interrogante de la diligencia real del aparato oficial en “comprar votos”, encontró esta vez, la autopista para su visaje. Reduce el júbilo. A su vez, la categoría personal interesada, de candidatos a reelección en corporaciones y precandidatos presidenciales, de las vocerías de izquierda; no aumenta el júbilo.

 

En cuanto al distanciamiento urbano del actor insurgente y su efecto ante el pueblo, cabe releer el poema En la muerte de Ernesto Ché Guevara, de Fina García Marruz. (Ver: Contra corriente, revista cubana de pensamiento. Oct. Nov. Dic. 1996. Año 2, número 6. Págs. 108-109.)

 

...Cuando dijiste que era
preciso convertirse en una fría
máquina de matar,
retrocedimos espantados.
El respeto se convirtió en recelo,
todo se volvió aún más confuso.
Te recordé, sermón nuestro de la montaña, piedra de fundación, Acta de Montecristi.*
Donde la respuesta al enemigo brutal no fue el odio que nos hace semejantes a él sino el amor, no la oscura venganza sino la alta justicia, serenamente armada.

 

Recuadro

Imágenes azotadas asaeteadas cruzan por el mar del tiempo perdido

 

Alguna vez fui Aureliano del oro o Martí de la plata en los sueños de la moneda mundial.
Alguna vez firmé documentos con Máximo Gómez para la liberación de Cuba.
Alguna vez Lezama abrió los fuelles de sus pulmones submarinos para afirmar que la isla
Arrojaba y concentraba la mayor cantidad de luz del mundo, en ese momento.
Imagino una conversación de Fidel y Gabo (sucedió):
En el aeropuerto de La Habana, hablaban de la misión del Che en Angola.
Gabo, comparando las manchas de las moscas en los bombillos pálidos y el bochorno en los accesos a los ascensores de los edificios de Barranquilla o de cualquier sitio ecuatorial del África.
Alguna vez olió a rosas y no a basura podrida en las costas del continente isla.
Alguna vez ya cansados de la madurez anciana de los lechos nos levantamos
Erguidos y juveniles otra vez para cambiar el mundo.
Alguna vez los muertos yacientes en el fondo del mar volvieron a soñar con los ojos abiertos y despiertos.
Alguna vez fue alguna vez y volverá a ser.

 

MH2

Publicado enColombia
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:29

Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes

El sol alumbra de manera cada vez más intensa la espalda de Juan Manuel Santos, y con claroscuros los meses donde tomará forma una nueva campaña electoral, en realidad dos: una para elegir congresistas y otra para seleccionar jefe de Estado.

Con ese sol indicando que ya sale, el aún Presidente sabe que tendrá una agenda difícil de sobrellevar y sacar adelante en el Congreso de la República, donde el acuerdo burocrático que le permitió contar con mayorías a lo largo de estos años muestra cada día más fracturas. En ese interregno quedan pendientes de aprobar decenas de iniciativas que concretan los Acuerdos firmados con las Farc.

Para conocer algunos pormenores de la agenda legislativa del segundo semestre 2017, nos citamos con el congresista Alirio Uribe, quien de manera presta dispone un tiempo para ello. Tras el saludo, entramos en materia:

 

Héctor Arenas (HA). Alirio, el fast track todavía sigue vigente para esta legislatura o finalizado el pasado mes de julio.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Sigue vigente por otros seis meses. Ese mecanismo fue aprobado para que en Colombia no pase lo mismo que en otros países donde se firmaron acuerdos de paz: que pasen los años y los acuerdos de paz no se implementan.

 

Es así como lo acá aprobado establece un procedimiento dirigido a que en el primer año queden aprobados todos los marcos constitucionales y legales, todas las leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos legislativos, que desarrollan los Acuerdos de tal manera que los mismo tengan el soporte legal para permitir su cumplimiento.

 

HA. ¿Puedes relacionar lo desarrollado hasta el momento en tal perspectiva?
AUM. Hasta los primeros días de agosto de 2017 se han expedido más de noventa leyes de implementación de los acuerdos, treinta y cinco decretos con fuerza de ley. Todas van a pasar por la Corte Constitucional, las mismas que regulan muchos temas de los Acuerdos, y cuarenta y siete decretos ordinarios, expedidos por las facultades ordinarias que tiene el Presidente.

 

De los siete Actos legislativos que deben ser aprobados ya contamos con tres. Es importante indicar que los actos legislativos son reformas constitucionales, y que en términos estatales-legales es lo que tiene más alto nivel.

 

Dentro de esos actos legislativos tenemos todo lo concerniente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo de la reincorporación política, y todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los acuerdos; su primacía en los desarrollos legislativos también está aprobado.

 

HA. Entonces, ¿qué sigue en trámite en la legislatura que apenas empieza?
AUM. Sigue en trámite lo concerniente con las regalías, recursos para financiar mucho de lo aprobado y de lo acordado. También la prohibición del paramilitarismo, que ya casi se finiquita. Lo de las circunscripciones especiales de paz, que al parecer puede tener más trabas en la Cámara de Representantes que en el Senado. Recuerde que en el Senado hay 19 departamentos que no tienen representación, por lo que sus integrantes representan más a las grandes capitales; la Cámara, en cambio, representa todo el país, entonces, cuando se crean 16 circunscripciones especiales de paz todas se cruzan con Cámaras territoriales, de ahí que sientan amenazados sus zonas de influencia y sus poderes territoriales por eventuales nuevos actores políticos.

 

Por otra parte tenemos la reforma política, y en contravía de lo que creíamos imposible, se han logrado incluir y excluir temas que son claves para la primera ponencia de la reforma de las costumbres políticas. Esto no significa que tengamos una reforma política extraordinaria, pero se han logrado avances, sobre todo en temas que eran demandas estructurales de los partidos minoritarios.

 

HA. Nos puede ejemplificar...
AUM. Se logró, por ejemplo, evitar que eliminasen la muerte política, que es la sanción de prohibirles intervenir en política de por vida a los alcaldes, concejales, diputados, congresistas, etcétera, sancionados penalmente o destituidos por corrupción. Algunos congresistas trataron de eliminar esta sanción, pero se logró conservarla, con una audiencia y con la atención al tema de los medios de comunicación.

 

La reforma política está iniciando el trámite, y se acaba de nombrar ponentes con la primera ponencia; es una reforma constitucional en fast track lo que implica que le faltarían otros 3 debates. Es vital, sobre este particular, que la movilización ciudadana acompañe el trámite de la reforma para que el Congreso sea consciente de su obligación de autoreformarse, esto bajo dos variables: la variable de corrupción (financiación ilegal, Odebrecht, etcétera). y la variable de los acuerdos de paz.

 

HA. ¿Qué otros proyectos están en curso?
AUM. Están pendientes las cuatro reformas constitucionales y diez normas nuevas, además llegó la ley estatutaria de la JEP que se había retirado, pero falta, por ejemplo, el catastro multipropósito que tiene que ver con todo el tema de tierras. Estas normas van con tres debates: comisión conjunta de Senado y Cámara, y dos plenarias.

 

Hay varias leyes pendientes: la que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, la atinente a las zonas de reserva forestal, y otra que debe modificar la ley de garantías, porque la implementación de los Acuerdos se cruza con las campañas electorales, y con éstas se congelan los presupuestos. Hay que hacer entonces una excepción para toda la implementación de los Acuerdos.

 

También está pendiente la jurisdicción agraria, un tema candente, con la cual debe venir un tratamiento penal diferencial para personas procesadas por participar en actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, lo que seguramente generará mucho debate.

 

También está una norma sobre crédito y financiación agropecuaria, que es importante. Y hay una ley sobre participación ciudadana, con quince variables de los Acuerdos de paz en el punto dos; también va a salir una norma para el combate del crimen organizado y el paramilitarismo.

 

La ley de tierras no saldrá por fast track, para evitar que la Corte Constitucional pueda tumbarla, por lo que irá por trámite ordinario con mensaje de urgencia.

 

HA. Hace unos meses, usted nos manifestó su inquietud porque en el segundo semestre del 2017 se vendría encima la agenda política electoral y no habría atención ni tiempo para aprobar las leyes indispensables para implementar los acuerdos de paz, ¿está sucediendo lo que previó?
AUM. Eso temía, sin embargo hemos tenido varias reuniones de bancadas con expresiones claras de la voluntad de aprobar las leyes que van por fast track. Eso me ha sorprendido, pero aun tengo dudas pues no veo aprobada, por ejemplo, la reforma política ni la jurisdicción agraria; también temo que algunas normas no pasen la revisión de la Corte Constitucional.

 

Creo, sin embargo, que con las normas que han salido, más las cuatro reformas constitucionales que se aprueben, y cinco normas más por fast track, tendríamos un muy buen balance para el primer año de desarrollo legal de los acuerdos. Un comparativo internacional avalaría esta convicción.

 

Ahora, lo que hay que tener claro es que el hecho de tener leyes no significa que se produzcan de manera inmediata e inexorable cambios en la vida cotidiana, pero es un primer paso indispensable para promoverlos.

 

En todo caso, en la nueva fase política que se abre (campaña electoral), el Presidente pierde control sobre el Congreso y es probable que iniciativas contrarias a los acuerdos se abran paso.

 

HA. ¿Ha sucedido algo en este sentido?
AUM. Este mes, por ejemplo, sucedió un gran debate en el Congreso a partir de cuestionar que las Farc participen en política sin haberse puesto en paz con la justicia, y este es un punto que está en los Acuerdos. Al ver lo sucedido, me pregunto: ¿es conveniente que integrantes de las Farc estén en el Congreso al tiempo que están siendo procesados en la JEP?

 

El Congreso está siempre en la mirada pública, si quienes son adversos al proceso de paz le filtran a las bancadas opuestas a los Acuerdos la información que llegará a la JEP ¿no ayudará esta situación a la matriz mediática adversa a la paz? Mi tesis ha sido que al Congreso hay que llevar personas que no estén en la JEP, o que ya hayan pasado por ella y estén a paz y salvo.

 

HA. ¿Qué ha sucedido con la obligación del Gobierno de excarcelar a los prisioneros de las Farc? Dos meses atrás usted nos dijo que esas excarcelaciones se darían gracias a un decreto del gobierno, pero pareciera que el mismo no ha surtido efecto.
AUM. Así es. El Congreso aprobó la ley de aministía pero la mayor parte de los jueces afirmó que el procedimiento para expedir las órdenes de libertad no estaba claro. El gobierno nacional sacó entonces un decreto aclarando la ley de amnistía, sin embargo no se produjeron las liberaciones esperadas, por lo cual vino la protesta en las cárceles y la huelga de hambre en el mes de junio.

 

El gobierno nacional expidió otro decreto aclarando la ley de amnistía y el decreto previo, y después expidió el decreto 750 nombrando a 700 guerrilleros detenidos como gestores de paz; con este decreto el propio Gobierno da las órdenes de libertad.

 

Sin duda hay resistencia por parte de los jueces contra lo acordado. Quizás haya necesidad de nombrar otros 700 gestores de paz, todavía debe haber en las cárceles al menos 1.500 detenidos de las Farc.

 

Una evaluación al finalizar diciembre de lo acá relacionado nos indicará, con toda certeza, las fuerzas que deberán moverse en el futuro cercano para garantizar que todo lo acordado se torne realidad. La coyuntura seguirá marcada por esta pugna.

 


 

Recuadro

 

En defensa de los cerros orientales de Bogotá

 

En los años sesenta, en los cerros orientales que colindan, entre otras, con la localidad de San Cristóbal, los niños respiraban libertad jugando en el bosque y aprendiendo a nadar en el río. El Fucha descendía del páramo de El Verjón, aún con peces. En ese tiempo el niño Alirio Uribe Muñoz no podía imaginar, mientras se zambullía en las frías y puras aguas del riachuelo andino, que cincuenta años después estaría defendiendo esos cerros tutelares y sagrados –para el milenario pueblo muisca– de la embestida turbia de los urbanizadores representados por Enrique Peñalosa.

 

En su oficina del quinto piso en el Congreso de la República, Alirio nos comenta que el 3 de agosto realizaron la audiencia pública sobre cerros orientales en el Capitolio, la que contó con un amplia concurrencia de los actores civiles, singulares o articulados en procesos organizativos, que desde hace años han estudiado y adelantado acciones para cuidar los Cerros, o simplemente los han habitado. En la lucha por la defensa del territorio, nos cuenta, que también sesionó una audiencia pública sobre el parque Bavaria, también con una amplia participación ciudadana.

 

HA. El tema de la defensa de los territorios es primordial, ¿cómo sesionó la audiencia pública sobre los cerros orientales?
AUM. Es necesario recordar que estos Cerros son zona de reserva, por lo cual no pueden ser construidos, como lo desean los constructores de urbanizaciones estrato diez. Pese a la norma, este bello espacio de la ciudad ha sufrido intervención, favorecida por prodecimientos corruptos, que han permitido la construcción de edificaciones como algunas torres de la Universidad Externado, de la Universidad América, así como edificios de la calle 19 con carrera tercera.

 

En la lucha por proteger este patrimonio colectivo, en el 2005 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción popular invocando su protección, acción popular que finalmente fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado en el 2013 ordenando proteger los Cerros, bajo las modalidades de franja de amortiguamiento y zona de reserva.

 

La franja de amortiguamiento tiene un problema: la Sentencia dijo que se respetaban los derechos adquiridos, y en esa área están las licencias de construcción, el problema es que existe un conflicto social pues pueden existir allí entre 10 o 20 mil viviendas ilegales de diversos estratos socio-económicos.

 

La Sentencia tiene 14 recomendaciones, y compromete a las diversas autoridades ambientales en la aprotección de la zona de reserva: CAR, Secretaría de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio Ambiente, autoridades encargadas de la vigilancia y ejecución de la Sentencia.

 

Peñalosa llega a la Alcadía con la propuesta del sendero de las mariposas, un nombre bonito para una propuesta dirigida a convertir la zona de reserva en un proyecto de clubes de turismo con miradores estrato diez y zonas de parqueo.

 

Previendo la protección los Cerros, desde hace años la sociedad civil diversa y organizada que los estudia y protege, propuso la creación de veinte parques a lo largo de los Cerros, desde Usme hasta Lijacá. Esa propuesta fue construida con la administración Petro y se presentó en la audiencia pública que organizamos en ese momento. En tal audiencia también se revelaron los temores y los conflictos existentes en esa zona; por nuestra parte, presentamos los cinco títulos mineros que encontramos en el área, títulos contrarios a lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado que prohíbe de manera terminante la minería en la zona; también hay conflicto entre los derechos de la gente que habita ese territorio y las constructoras.

 

Hay muchas propuestas que podrían hacerse para proteger este importante y bello espacio de la ciudad, y no atropellar los sectores sociales más vulnerables que lo habitan desde hace décadas, los que podrían ser convocados a la tarea de proteger el área y brindarle seguridad.

 

Por ahora y sin retardo, hay que seguir con los ojos bien abiertos, realizando un monitoreo sobre lo decidido por la Corte y para contener las pretensiones de los negociantes del cemento, en cabeza del señor Peñalosa.

Publicado enEdición Nº238
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 03 Marzo 2017 06:30

De tú a tú

De tú a tú


Con el comienzo en la tarde del 7 de febrero de la fase pública de la exploración y negociación entre Gobierno y Eln en Quito-Ecuador, arrancó la exploración de las condiciones para un “cese bilateral de fuegos”, que podría cerrar el círculo del conflicto armado que afecta una parte de los campos de Colombia y tiene alguna repercusión urbana. Liberaciones de parte y parte sucedieron como si de un episodio de la “Guerra Fría” se tratara. Fueron casi de manera simultánea, el 2 de febrero de 2017, y de esta forma, por fin, quedó despejado el camino para iniciar las negociaciones de paz.

 

Con sorpresa para los voceros gubernamentales y de los medios de comunicación, ha quedado a la vista la capacidad de actuación política del Eln, su visión sobre el país y su maniobra en los entretelones negociadores. Hasta ahora logró hacer respetar el texto acordado el 31 de marzo de 2016, sin incumplir a su palabra, abriendo una puerta para airear el método negociador que determinó el rumbo del Acuerdo final entre Gobierno y Farc.

Diez meses separan al cuarto mes de 2016 y el segundo de 2017, casi 300 días perdidos para avanzar en el camino de una paz negociada. Entre el 30 de marzo de 2016, cuando los delegados oficiales del gobierno y del Eln firmaron la agenda que guiará su negociación para acordar un posible silenciamiento de los fusiles, y el 7 de febrero de 2017, cuando por fin las partes dieron inicio a la primera ronda de negociación, a partir de la agenda que habían firmado en marzo, transcurrió algo más que unos meses. Algo más..., permite deducirlo el rastrillar de tires y aflojes que hay entre las partes.

Al acercarse abril de 2016 a su final de mes, cuando todo indicaba que la Mesa de Quito sería instalada, Juan Manuel Santos sorprendió a propios y extraños: rompió el acuerdo de pocas semanas atrás con el Eln. Por su cuenta, decidió exigir como condición para arrancar en firme las negociaciones, que el Eln renunciara públicamente al secuestro. A su vez, que dejara en libertad al exgobernador del Chocó, Odín Sánchez. Dijo el Presidente: “...no se iniciará la fase pública de negociación... hasta tanto ese grupo no renuncie al secuestro...”. Por supuesto, la respuesta de su contraparte no tardó en llegar. Una y otra vez resaltaron que ese punto no estaba acordado en la agenda última de marzo. Y esto no fue todo.

La tensión que llevó a prolongar por casi un año la instalación de la fase pública de la Mesa, se extendió con respecto a los llamados “gestos de buena voluntad”. Gestos que sólo debían provenir –según la parte gubernamental– de la insurgencia. En forma inmediata, dejar en libertad al exgobernador chocoano, sería una evidencia con respecto a la “paz” por parte del Eln.

Tal vez, tomando en cuenta que una vez el Gobierno apoltrona su silla se siente dueño de la Mesa –experiencia vivida por las Farc–, y visto que los gestos de buena voluntad del lado de la guerrilla sin contraprestación alguna terminaron desequilibrando la Mesa de La Habana, los elenos optaron por exigir igualdad de condiciones: soltar al demandado por el Gobierno y que éste, al mismo tiempo dejará en libertad, bajo la fórmula de gestores de paz, a dos guerrilleros presos. Con incumplimiento en noviembre 3, finalmente este reclamo, ya sellado por las firmas de las partes, fue respetado, y Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez fueron dejados en libertad gajo la fórmula ya anotada. Asimismo, otros dos guerrilleros en precarias condiciones de salud, fueron indultados –Nixón Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo. Pero llegar a este acuerdo no fue fácil.

Una y otra vez el Gobierno insistió en que no podía dejar en libertad a las personas que demandaba el Eln. Según sus argumentos, la “ley no lo permitía”. Todo un eufemismo que con el tiempo pasaría al congelador. Y toda una forma de dilatar –a la espera, de resultados y blancos “positivos” de la Fuerzas Militares– que aplazó la instalación de La Mesa, prevista para el 3 de noviembre de 2016.

Dado este paso de la Mesa en Quito, así persistan pequeños núcleos guerrilleros en diversas regiones del país, junto con algunos comandos urbanos, un levantamiento armado con posibilidades de victoria estratégica es una quimera del pasado.

 

Ganar tiempo


Aunque nadie lo dice, todo parece indicar que esta prolongación y ‘pérdida de tiempo’ no fue gratuita. Su razón de peso fue la misión asignada a las Fuerzas Armadas, para que mediante “golpes de mano” cambiaran la correlación de fuerzas en la Mesa; imponiendo en la opinión el acertijo de un Eln derrotado y sin capacidad guerrillera alguna, obligado a una ‘firma rápida’. Para el gobierno, los golpes asestados a la línea de mando de las Farc, y otrora al M-19, hacen parte del manual operativo para la paz. En el caso del Eln, había y hay un agravante: la agenda firmada entre las dos partes no fue de la complacencia de Santos. Incluso, cuando fue entregada, provocó la renuncia de Frank Pearl como cabeza de la delegación oficial de esta negociación.

Tras estos 300 días –más intenso en la última etapa, tras revelarse por distintos conductos la existencia de acuerdos entre Gobierno y Eln en el tema de Odín Sánchez– es obvio, toda la inteligencia militar y de la policía rastrearon comunicaciones, caminos y parajes, tras el lugar de retención de Sánchez –comandos selva, estuvieron a cinco minutos según declaró el mando del Frente Cimarrones– y tras las huellas de la comandancia central y la dirección nacional del Eln, así como, en el seguimiento y acumulación de información acerca de los líderes sociales cercanos a esa fuerza insurgente. Diez meses seguramente, de intensa labor sin resultado contundente alguno.

Meses que con respecto a los gestos de buena voluntad revelaban, una y otra vez, el incumplimiento del gobierno Santos a la palabra empeñada– obligaron a la parte oficial a dar su brazo a torcer y aceptar una nueva fecha para iniciar las negociaciones.

 

La Mesa

 

Arranca esta primera fase de negociación pública, con un aire de tú a tú para la insurgencia. Un cara a cara, a pesar de ser tratada por la oficialidad gubernamental como “hermana menor de las Farc”, y por los medios de comunicación, como una agrupación insurgente sin mando único. Pese a esto, el corrido de la negociación, tanto secreta como pública (ver cronología), demuestra que ni lo uno ni lo otro es verdad ni tampoco es determinante. Simplemente, es una insurgencia diferente a las Farc. No son un ejército, sino una organización político-militar en la cual el poder de fuego, aunque es importante, no es el factor determinante en el acumulado del proyecto. Así lo deja entrever su afán por la participación en la misma negociación de la llamada sociedad civil, por su consideración de no negociar a su nombre.

Pero también... por la reiteración de que están dispuestos a responder por sus hechos, con demanda a la dirigencia del país oficial haga lo propio, por su insistencia en que no firmarán el marco ya acordado en La Habana –reiterando que cada punto, así trate igual aspecto, deberá ser negociado de nuevo.

Aspectos, todos y cada uno de los cuales no dejan dudas de que estamos ante una negociación de nuevo tipo. Proceso con diferencias en el cual sorprende que, ni los tiempos de la política tradicional –elecciones–, ni la presión internacional de diferentes matices, ni las imposiciones oficiales de tiempo, con el eco de los medios de información, ni las cartas de la intelectualidad inclinadas por una negociación rápida, serán determinantes.

El pulso, de tú a tú, apenas empieza, y cualquier suceso puede inclinarlo para un lado o para otro.

 



Cronología

 

2014
Enero 27. Gobierno y Eln inician conversaciones secretas.

2016
Marzo 30. Gobierno y Eln firman en Caracas-Venezuela agenda que guiará la negociación de paz entre las partes.
Octubre 11, Caracas. Gobierno y Eln anuncian que instalarán la fase pública de negociación el 27 de octubre en Quito-Ecuador.
Octubre 27. Cancelada por parte de Santos la instalación de la fase pública de negociación Gobierno-Eln en Quito. El argumento: primero deben liberar a Odin.

2017
Enero 19. Gobierno y Eln anuncian en Quito-Ecuador que la fase pública de negociación arrancará el 7 de febrero.
Febrero 7. Las partes instalan en Quito la fase pública de la negociación.
Febrero 8. Arranca la negociación a puerta cerrada.

Publicado enEdición Nº232
La búsqueda de personas desaparecidas en Antioquia: ¿Efectiva la implementación del acuerdo de La Habana?

 

El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado como punto central del punto 5: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado en la mesa de La Habana entre el Gobierno y las FARC, el cual ya tiene sus inicios concretos para efectos sobre el esclarecimiento de los desaparecidos.*

A mi modo de ver, cuatro ejes importantes acorde con lo pactado en la Mesa de la Habana, se hace posible un trayecto en el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos en Colombia.


1. El territorio- identificación de espacios geográficos de desapariciones e identidades.

2. Las instituciones gubernamentales: el municipio e instituciones del gobierno como Instituto de Medicina Legal y fiscalía en la búsqueda de los desaparecidos.

3. Las Víctimas: memoria, lugar y espacio vivido de los desaparecidos en coordinación con las instituciones del Estado.

4. Justicia Restaurativa: la responsabilidad histórica del Estado e implicados hacia una reparación individual y colectiva a las familias y a la memoria-presente de desaparecidos.

Como trabajo metodológico y en respuesta al “Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos” promovido desde la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, se ha dado inicio en el Departamento de Antioquia conjuntamente, un trabajo integral y consensuado entre el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y los familiares de víctimas, bajo el trabajo del grupo de N.N., lofoscopia de rastreo y documentación a través de las necrodactilias de los cuerpos sin identificar del Jardín Cementerio Universal. Bajo esta implementación se realizará el esclarecimiento de 125 personas sobre 130 personas por desaparición forzada, que se exhumarán en el mes de Marzo de 2017 y las cuales se encuentran en el Cementerio Central en Fosas comunes*.

Esta búsqueda se le ha denominado “Plan Cementerio”, donde se busca intervenir los camposantos en los que se conservan, según diversos organismo de Derechos Humanos existen más de 75 miles personas desaparecidas en todo el territorio a causa del conflicto armado colombiano, esta cifra está en contraposición con los datos registrados por la Unidad para las Víctimas, la cual señala que hasta ahora están registradas 47.474 víctimas por desaparición entre los años 1977 y 2015.

 

Para una memoria colectiva: buscar y encontrar.


En Colombia los familiares de las víctimas, sufren por no saber dónde están sus seres queridos, indígenas, campesinos, afros, mestizos, los cuales fueron asesinados y desaparecidos en el horror de un conflicto armado. La memoria colectiva e histórica, implica un ejercicio permanente, gradual basado en una pedagogía cotidiana y política sobre lo que ocurrió en Colombia. El tema de la NO repetición está muy lejos, pues llevamos más de cinco (5) décadas de genocidio y exterminio en América Latina, lo cual se sigue perpetrando como mecanismo de eliminación y exterminio de poblaciones enteras bajo regímenes autoritarios y represores amparados de manera sinuosas bajo “democracias crematísticas”* que de democracia incluyentes de ser, aún están lejos en este tiempo presente. El siglo XX esta adherido, aún en este tiempo-operativo no se ha despegado de los acontecimientos de exterminio, la historia de manera cerril se extiende y los sucesos giratorios aún se conservan donde los ciudadanos están al paso del tiempo y no viceversa, por ello aún la muerte como política de Estado ronda*. En Colombia sus ciudadanos no se liberan aún del asecho del exterminio ruin de un sistema que parece como Democracia, pero que permanece como agua estancada.

 


¿Cuántas exhumaciones se han realizado en el año 2016?


En el año 2016 esta metodología implementada denominada “Plan Cementerio, se han reportado 311 restos exhumadosen cementerios de Nariño y Santander, Huila, Chocó y Antioquia, de por sí muy buena la intención, pero esta suma es verdaderamente irrisoria ante el semejante horror que aún se vive por el esclarecimiento de la verdad. Es buena la voluntad, pero falta celeridad, se requiere que los municipios y sus gobernantes de todo el país sean incluyentes y estén más comprometidos con la búsqueda de las personas desaparecidas en los diversos espacios geográficos.En esta dinámica territorial para el esclarecimiento sobre esos “espacios de fosas comunes” se tiene un soporte acorde con la metodología implementada por el acuerdo de la Habana que hoy se inicia hacia los territorios en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, Oriente de Antioquia, y en la población de Marsella- Risaralda.

En ese contexto territorial, se posibilita una memoria colectiva e histórica, siendo claro y esperanzador los acuerdos conlas FARC-EP y actualmente el iniciático proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su debido curso. Lo más importante es avanzar hacia una sociedad que insiste en la Paz y el compromiso de un Estado. Sin duda, el gran reto grande es vencer la violencia domesticadora de un Estado y las formas de hiper –guerra desde los ámbitos institucionales. Es un desafío grande, hacia los miles de ciudadanos, de generaciones distintas que se decidan a explorar y entrar en una conciencia histórica, bajo una pedagogía cotidiana y políticasobre lo que ocurrió en Colombia y de otro lado, un camino para avanzar hacia una verdadera justicia restaurativa en medio de una institucionalización que es represora en medio de un proceso en Paz, bajo una hiper-guerraexterminando ciudadanos. Actualmente, existen en esta memoria colectiva, 136 líderes asesinados en medio de este proceso de Paz, donde ya se cuestiona el galardón de un Premio Noble de Paz dado al presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto señor lector -¿Hastacuándo soportar tantaignominia? ¿Cómo avanzar en una pedagogía cotidiana y política para que miles de ciudadanos, generacionalmentese sumen ante el dolor de los miles de desaparecidos en Colombia? ¿Qué le espera a este presente si, los ciudadanos no son capaces de asumirse bajo una memoria histórica y política?¿Cómo derrotar los vínculos de la guerra en medio de un proceso de Paz?

 

* Geógrafa, investigadora social, articulista.

*Ver al Web: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html

* Ver la nota periodística en El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/desaparecidos-del-cementerio-universal-de-medellin-FF5979564

* Ver sobre ello “ La República” de Platón, en la sección página 467- 480 la disertación sobre Democracia

* Ver sobre ello el análisis del tiempo presente en la obra del filósofo Giorgio Agamben: Cartas a Pablo, El Tiempo que resta”.

 

 

Publicado enColombia
Martes, 29 Noviembre 2016 10:10

Destellos y penumbras, con retos 2017

Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 16:18

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enEdición Nº230