Lunes, 28 Noviembre 2016 15:51

Romper el cerco mediático

Romper el cerco mediático

25 años es un tiempo vital significativo. desdeabajo ha sido en estos años un incasable espíritu dinamizador para la comunicación alternativa y para la democratización de las comunicaciones. Sin duda, ha sido el proyecto más persistente y ambicioso en este campo, extendiendo la mano a otras apuestas de los sectores populares que han caminado por la misma senda. El presente plantea nuevos retos
¡Pa’lante!

 

Al igual que la tierra, en Colombia los medios de comunicación están concentrados en unas pocas manos. El país vive un tiempo convulso, con la oportunidad abierta para que lleguen a buen término los diálogos de paz con las dos más grandes insurgencias. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional recién arranca, mientras que el proceso con las Farc, a pesar de los tropiezos, se encuentra próximo a su cierre.

 

Precisamente, en este proceso de transformación de las formas de ejercicio de la política, la comunicación y su democratización son elementos neurálgicos. Los movimientos sociales, con sus distintos repertorios de acción, deberían adquirir mayor centralidad. En este marco, y desde hace unos años, la comunicación ha tomado, paulatinamente, mayor protagonismo en las luchas sociales: la explosión de las nuevas tecnologías digitales como el internet y los teléfonos celulares, abrieron la puerta a múltiples posibilidades y nuevos escenarios desafiantes para las acciones colectivas.

 

En los últimos años vivimos experiencias que han demostrado la manera como podría desenvolverse la dinámica de los movimientos sociales en el país, en particular en un ambiente de posacuerdos. Con mucha fuerza e impacto, en los últimos cuatro años hemos vivido tres grandes paros agrarios (2013, 2014 y 2016), con dinámicas regionales y presencia en campos y ciudades. Estas coyunturas, junto con otras movilizaciones recientes, en el campo de la comunicación alternativa se tornaron en ejemplos de cómo romper el cerco mediático; acción comunicativa mediante la cual se logró posicionar agendas y problemáticas de sectores populares, al igual que legitimar sujetos excluidos y potenciar las movilizaciones mediante diferentes mecanismos. El caso particular del Paro Nacional Agrario del 2013 trasluce los límites y posibilidades de los movimientos sociales en articulación con las plataformas de comunicación alternativa, en el intento por democratizar las comunicaciones.

 

Paro Nacional Agrario

 

Aún lo recordamos. El 19 de agosto de 2013, en respuesta a la crisis agraria, diferentes organizaciones, movimientos y trabajadores rurales iniciaron el Paro Nacional Agrario, protestando por los altos costos de los insumos, por la prohibición sobre el uso de semillas nacionales –incluida en el TLC con los Estados Unidos– y otra serie de factores que golpean de manera coyuntural y estructural al campo colombiano. Creciendo en fuerza e impacto rápidamente, en el curso de pocos días se convirtió en la movilización social más importante vivida en Colombia en los últimos tiempos, construyendo un puente particular entre el mundo rural y urbano, e involucrando a diferentes sectores sociales.

 

Además de los factores estructurales y coyunturales generales, como el TLC con Estados Unidos, la estructura del campo colombiano, las movilizaciones precedentes y el proceso de paz que explican el momento histórico en el que surgió el paro, sugiero tres mecanismos particulares que incidieron directamente en la potencia de la movilización: 1) la represión y estigmatización por parte de las fuerzas represivas del Estado, 2) la identificación simbólica-afectiva con el campesinado, en particular con el boyacense, y 3) la comunicación alternativa permitida por las nuevas tecnologías. Dichos mecanismos se articulan entre sí y confluyen particularmente en el último, permitiendo romper dicho cerco.

 

Cerco mediático

 

El cerco mediático del que hablo está caracterizado por barreras a la circulación, producción y consumo de la información y la comunicación, construidas por determinados actores en su ejercicio de poder y exclusión de otros, mediante diferentes dispositivos; que en este caso abarcan desde el control económico corporativo de los medios hegemónicos, y hasta el control político en determinadas coyunturas. Éste es reproducido constantemente por medios y periodistas, en muchas ocasiones de manera inconsciente o automática. Para los movimientos sociales significa la invisibilización de sus luchas y problemáticas, o presentarlas como ilegitimas, estigmatizar sus mecanismos de acción, excluir a sus actores, sus anhelos y perspectivas, entre otros.

 

Según la investigación realizada por Fecolper, Reporteros Sin Frontera y la Flip: “Monitoreo de la propiedad de los medios (MOM)”, unas pocas familias y grupos económicos controlan la mayor parte de los medios de comunicación dominantes en los distintos formatos (tv, radio, prensa, revista y medios digitales): la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lulle y el Grupo empresarial Santo Domingo –Valorem, son los más representativos y poderosos. La Organización Ardila Lülle, con 28,7 por ciento, y el Grupo Santo Domingo, con 19,5 por ciento, concentran la mayor parte de la audiencia y los medios. Dichos grupos extienden sus tentáculos a múltiples sectores de la economía y la política, configurando un bloque de poder de grandes magnitudes.

 

Aunque este es el panorama del campo comunicativo colombiano, mal haríamos en echar en un mismo saco a todos los medios y periodistas. Al interior de este bloque hay diferentes apuestas y diversidades políticas, el carácter de RCN –con su apuesta de derecha y de oposición al proceso de paz– contrasta con el de Caracol –en este aspecto con un carácter moderado–; igual acontece con las diferencias entre Semana, El Tiempo o El Espectador.

 

Por esto, es preciso expandir la lectura dicotómica entre medios buenos y malos, dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegémonicos. Captarlos como apuestas de grupos sociales, sectores y clases, con diferentes intereses en choque. Los medios dominantes no son la mera expresión mecánica del modo de producción, no son solo instrumento de los poderosos; su ejercicio en la construcción de hegemonía, en el entretenimiento, en el posicionamiento de concepciones del mundo y percepciones de la realidad, es más complejo.

 

Dentro de esta lógica, podemos, analíticamente, construir cuatro grandes categorías de medios en el panorama colombiano: a) Dominantes o hegemónicos: aquí están ubicados los medios masivos propiedad de grandes grupos corporativos (Rcn, Caracol, El Tiempo, El Espectador, entre otros), b) Institucionales (Señal Colombia, Canales regionales) c) Independientes –por su contenido o propiedad: Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Noticas Uno, entre otros– y d) Los medios alternativos y comunitarios.

 

Estos últimos con diferentes concepciones sobre lo que es la comunicación alternativa o popular, integran un amplio espectro de medios en diferentes formatos. Contagio Radio, Prensa Rural, Colombia Informa, El Turbión, Periferia, El Rebelde Medios Alternativos, Noticiero Barrio Adentro y, por supuesto, desdeabajo, son algunos de sus cientos de expresiones. Tienen en común, entre otras cosas, su estrecha relación con movimientos sociales y organizaciones políticas, una apuesta por transformar el orden existente, legitimar interlocutores y sujetos excluidos, y practicar otra forma de comunicación en oposición a la dominante, desde sus formas de organización hasta su financiamiento.

 

Romper el cerco

 

En el paro del 2013, dichos medios hicieron posible romper el cerco. No puede leerse esta dinámica como algo anexo o subsidiario de las movilizaciones en las calles, de los bloqueos, los mecanismos de negociación y las demás formas que el paro adoptó en su transcurso, sino como una acción intrínseca, la comunicación es movimiento, los movimientos sociales son comunicación viva. A la vez que fueron un canal para la transmisión de información de muy variadas personas, fueron una apuesta política que permitió la generación de una dinámica comunicativa que llegó a extensos grupos sociales colombianos. Dicho proceso se vio fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular la internet y los teléfonos móviles, logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor–receptor, promoviendo la producción y distribución descentralizada de información, generando también impactos en los medios hegemónicos.

 

Dicho salto, en la práctica, se materializó en el posicionamiento de un sujeto con exigencias legítimas (el campesinado), la visibilización de la problemática rural, la expansión y potenciación de las manifestaciones, y la construcción de redes de solidaridad, permitiendo un proceso de organización como es la Cumbre Agraria, aunque en la práctica haya sido reiterativo el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados.

 

Límites y posibilidades

 

En este sentido, el potencial democratizante de los medios de comunicación alternativos es gigante. Por sus dimensiones y características, frecuentemente son calificados como insignificantes, con poco impacto real, con excepción de contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en coyunturas concretas, como la del paro, pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los componen.

 

El reto consiste en que esta dinámica ocasional pueda ser consolidada como permanente, que se impulse un espacio alternativo de discusión y comunicación. Que se construya una esfera pública alternativa, o contra esfera pública, que logre dotar de contenido el ejercicio democrático con sujetos diversos, en general excluidos. Que puede percibirse en tiempos de mediana duración y consolidarse orgánicamente.

 

Medios con posibilidades pero con muchas limitantes, pues su práctica ha quedado reducida, en general, a la denuncia, dirigida, por demás, a públicos pequeños de simpatizantes. De ahí que sea preciso transformar sus lenguajes, formatos y proporcionar comunicaciones de calidad y análisis, que no se estanquen en la política formal sino que aborden otras esferas culturales. Su propósito no es antagónico con la masividad. La revolución en la técnica y la tecnología proporciona múltiples ventajas y retos en el mundo digital, hay que incursionar con fuerza en las redes sociales y en nuevos formatos.

 

Colombia necesita una democratización en sus comunicaciones. Además de una Ley de medios o una política pública en esta dirección, los medios de comunicación alternativa son una de sus principales expresiones. Para no sólo ser referente sino agentes, deben asumir la tarea de disputa del sentido social en las calles y el mundo digital.

 

* Grupo de investigación Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. El Rebelde Medios Alternativos. http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com.co/

Publicado enEdición Nº230
Miércoles, 26 Octubre 2016 10:08

La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí...

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

Con grandes expectativas llegaron a Bogotá, localidad de Bosa, colegio Claretiano, 7.000 indígenas, entre ellos 781 delegados oficiales (hombres y mujeres con derecho a voz y voto), provenientes de los 102 pueblos indígenas que habitan Colombia. Su objetivo, sesionar en el IX Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), orientado por el objetivo de mandatar sobre lo que deben hacer en los próximos cuatro años a través de su Consejo de gobierno –integrado por 10 consejeros; 2 por macro región en que están organizados–. Temáticas como recomposición interna, experiencias de economía propia, autonomía y cómo resistir al capitalismo, estaban en el orden del día.

 

Provenientes de otros pueblos indígenas del Continente, llegaron delegaciones, como la Conaie (Ecuador), pero también de otros procesos y experiencias organizativas –como el Centro Martin Luther King (Cuba). Además de distintos movimientos sociales del país.

 

Por los salones y auditorios también se dejaron ver caras reconocidas del gobierno, como Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, o como Gustavo Petro que al intervenir insistió en la necesidad de una Asamblea Constituyente como factor decisivo en la actual coyuntura del país; pero también el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, quien reafirmó la importancia de los cabildos abiertos como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Pablo Catatumbo expresaría posiciones vía virtual.

 

Opiniones

 

El domingo 9 empezaron las deliberaciones, antecedidas, claro está, de la Armonización (ver recuadro) y de la instalación del evento que corrió a cargo de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Onic. El llamado a la acción conjunta del actor social, a través de un Bloque Popular o Frente Amplio, quedó sobre la mesa para el debate.

 

Hasta el jueves 13 se extendieron los debates, con receso el día 12 para la deliberación, pues es día de memoria y lucha. Conscientes de ello, desde temprano alistaron instrumentos musicales, banderas, corotos, y movilizados, organizados, ubicados en más de cincuenta buses, fueron trasladados hasta la Universidad Nacional, para cruzar desde ahí a pie hasta el centro simbólico del poder (Plaza de Bolívar), donde se reunieron en una sola voz con campesinos, población en general, estudiantes, víctimas y otros actores de la actual coyuntura nacional, para demandar respeto a los Acuerdos de Paz.

 

En su memoria, sus antepasados. Todos aquellos que cayeron ante el fuego del arcabuz o el filo de la espada con que fueron atacados por los invasores provenientes desde el Imperio de España. Ataque y muerte: miles de miles cayeron a lo largo de décadas que sumaron siglos, para finalmente sumar el mayor genocidio cometido contra población alguna a lo largo y ancho de este planeta.

 

Este octubre, 524 años después, sobreponiéndose a todo tipo de violencia vivida en el pasado y en el presente, aquí están parte de los habitantes primeros del continente. Pero no sólo sobreviven, además siguen organizándose y luchando por permanecer en el mundo como actores de primer orden del presente y del futuro. Entre ellos no impera una sola visión ni manera de ver y entender el cosmos, ni el presente del país, como quedó patente el día 11 de octubre, cuando los Misak arribaron al Palacio de Nariño y se reunieron con Juan Manuel Santos, mostrándole apoyo irrestricto en la manera como conduce los diálogos de paz y los avances logrados en La Habana.

 

Hacia un Bloque Popular o un Frente Amplio

 

En la sesión de inauguración Luis Fernando Arias, Consejero Mayor, resaltó diferentes aspectos de la coyuntura nacional, de la situación actual del movimiento social-popular, retomando distintas propuestas para los pueblos indígenas, entre algunas de ellas: la importancia de empezar a consolidar un sistema económico propio alternativo al hegemónico. Además realizó un llamado de unidad a todos los sectores alternativos para consolidar un bloque popular o un frente amplio “Es tiempo de consolidar la unidad en medio de la diversidad, son tiempos de lucha indeclinable, son momentos de seguir globalizando la resistencia” sostuvo. Solo queda esperar y ver qué tanto de estas palabras se llevarán a la práctica.

 

Una vez instalado el evento, las delegaciones tomaron sus responsabilidades en todas y cada una de las 9 comisiones previamente definidas para el debate (ver recuadro), las cuales arrojaron mandatos como –mesa de salud– darle mayor dinamismo al Sistema indígena de salud propia (Sispi), y resaltar la labor de los médicos tradicionales en los territorios, con la búsqueda de recursos para su manutención y para su participación en eventos políticos. Así como, buscar fuentes de financiación, para el caso de la mesa de gestión administrativa con autonomía indígena, en la cual hubo consenso para sacar adelante proyectos de embotellamiento de agua mineral y manantial, congelamiento de frutas y certificación de semillas y productos propios.

 

Tensión al cierre

 

El día decisivo del Congreso fue el jueves 13, donde se llevó a cabo la conclusión y elección de la nueva Consejería de la Onic. Por una parte, cada una de las mesas entregó sus respectivos mandatos y conclusiones. Entre las propuestas más importantes leídas, destacan: consolidación de una guardia indígena nacional, que debe contar con una formación política vinculada a la Escuela de formación indígena nacional –Efin. La consolidación de autonomía y gobiernos propios estuvo en la mayoría de los mandatos, pero la propuesta que más causó debate fue la de realizar una reforma estructural a la Onic, que pretende transformar sus estatutos, descentralizar el poder, cambiar perspectiva política, consolidar mecanismos de control y rendición de cuentas, añadir o eliminar consejerías, y buscar nuevos mecanismos de participación e incidencia en las bases.

 

La decisión de esta propuesta se debatió en una asamblea de delegados por región, la que finalmente decidió abocar tal reto dentro de una asamblea nacional por realizar dentro de dos años. Lo así decidido que causó prevención en muchos de los asistentes, pues temen que la asamblea pueda ir “amañada”, sin incidencia real en las bases de la organización, reduciéndose a “una reunión de burócratas”. La reforma organizativa aprobada, en todo caso, puede ser decisiva para el rumbo y continuidad de este proceso social que ya suma 34 años, y que ahora acusa críticas por su excesiva concentración en Bogotá y en los Consejeros, y por el debilitamiento del proceso de toma de decisiones colectivas.

 

Contradicciones en medio de la diversidad

 

Las horas corrían y el tiempo atentaba contra la posibilidad de cerrar con éxito el Congreso. Con esa realidad en contra, las discusiones tomaron mayor ritmo. Ya era el amanecer del viernes y el ambiente se caldeó al momento de abrirse la elección de los Consejeros. Al así anunciarse, una vez más fue visible la tensión al interior del movimiento indígena, donde la disputa por hegemonía resalta entre el Cauca organizado (Cric), contra una mayoría que aún no define un bloque concreto. Algunas regiones iban por consejerías específicas, por ejemplo, la Orinoquia exigió la de territorio y planes de vida, también requerida por las delegaciones provenientes del Tolima. Al final, la Orinquía logra su propósito, con lo cual se evitó repetir lo acaecido en el Congreso del 2012 y su intento de ruptura. La importante Consejería de comunicaciones –que ha perdido protagonismo en los últimos años– quedó en manos del pueblo Koreguaje –Caquetá–.

 

Llegada la hora para la elección de la Consejería Mayor, la tensión creció. Los ánimos, a pesar del cansancio, estaban a flor de piel. Como candidatos/as: Aída Quilcue y Luis Fernando Arias (repitente). Por parte del Cric hicieron calle de honor para su candidata, lo que elevó ánimos y creó un ambiente de fuerza y triunfo. Por su parte, Luis Fernando fue presentado por su padre, vocero de la macro regional norte. Se escuchaban gritos del Cauca que decían “no a la reelección”, pero al momento de la decisión fue ganador absoluto el cancuamo. Uno de los cambios significativos fue el del secretario general, Juvenal Arrieta, quien fue reemplazado por Higinio Obispo.

 

Así, con la luz del sol casi despuntando en el oriente bogotano, las decenas de cuerpos cansados que aún aguantaban el debate y la tensión, levantaron sus humanidades para ir a buscar descanso, y tras un corto sueño tomar bus rumbo a sus respectivos destinos. Por mi parte, meditando en el bus con destino a la casa, ubicada en el opuesto de la localidad de Bosa, entre cabeceo y cabeceo, bostezo y bostezo, no me dejaba dormir la intensidad de la imagen que había visto: hablar de unidad es muy fácil, pero llevarla a la práctica es un proceso largo que necesita de verdadera disposición para lograrlo.

 


 

Recuadro 1

 

 


 

Recuadro 2

 


 

Recuadro 3

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Publicado enEdición Nº229
¿Final en La Habana?: Con varios nudos ciegos

Aunque es previo al cambio y modificación de la estadía clandestina de los frentes, en palabras no públicas de Iván Márquez y Pablo Catatumbo, está envolatado el acuerdo Gobierno-Farc, con respecto al “nombre, extensión y número de las áreas Terrepaz”. Mientras Eln-Gobierno no ocupen su asiento de Mesa Abierta en Quito, el Día D con Farc, no culmina el conflicto armado. Hay algo: Gustavo Bell Lemos, Exvicepresidente de la República (1998-2002), suena en pasillos del Palacio de Nariño, como nuevo jefe de la delegación gubernamental en la Mesa con Eln. Preocupa, que el discurso del SÍ arranca, con limitaciones de audiencia.

 

...En la guerra y en sus episodios culminantes se manifiestan con el más alto grado el amor a la patria, la fidelidad a sus leyes, la devoción por los compañeros y por la causa defendida [...] Ni siquiera los más firmes pacifistas pueden negar que la guerra exalta virtudes emotivas. El valor, la abnegación, la fidelidad, la amistad entre combatientes, la camaradería, la lealtad. (Negrillas en este artículo). (Tratado de polemología (Sociología de las guerras). Gaston Bouthoul.

Pág. 530 final y 531. Publicación del E.M.E. Madrid. 1984.)

 

La búsqueda de paz justa y algunos corrientazos del conflicto armado aquí, franquean “episodios culminantes”, con sus exaltaciones (Ver: epígrafe). El pulso por la dejación de armas en su trayecto y cronograma –con Plebiscito y X Conferencia Farc a bordo– tiene de anfitrión, la conversación Gobierno-Farc, ¡todavía sin garantías ni confianza entre las partes! Grave asunto. “Nuestro gobierno en Washington, sabe que el Poder en su país, ha sido eficaz en el magnicidio”: Frase del Secretario de Estado de Estados Unidos, en reunión con el Secretariado de Farc. ¿Decir autoexculpatorio?, ¿premonitorio? Con memoria de lutos, es una interrogación siempre abierta frente al futuro inmediato.

 

En este tenor, durante el debate en la Universidad Nacional (Julio 28), «Acuerdos de Paz y Constituyente: experiencias de los 90 y proceso actual», el catedrático Alberto Cienfuegos, lanzó una pregunta: –Ojalá nunca, en una posibilidad que no es extraña en nuestra historia, ¿qué posición mantendrá Farc, después de un primer ataque a un miembro del Secretariado? Más allá de la izquierda, un trasfondo y peligro que en la imaginería de paz, la sociedad no asume aún con toda responsabilidad.


¡Zuás!, Santos tras una paz rebanada

 

Ausente la confianza entre las partes, sin afán y ajuste con la necesidad temporal-política del Presidente; antes de cualquier traslado seguro, y, de la protegida concentración campamentaria de los frentes guerrilleros; el tiempo Día D para la firma final en La Habana, “aunque pronto”, requiere no solo uno, sino dos momentos con acuerdo y territorios distintos: la “separación de tropas” con base en el cese bilateral de fuegos y hostilidades–firmado ya–, y, el de llegada a campamentos para el inventario de las armas y explosivos. Así, el lapso del Día D sigue determinado por la correlación real operativa en el terreno. Esa que existe entre el Ejército y las ‘retaguardias guerrilleras’ Farc.

 

En efecto, la correlación de las presencias en condición guerrillera y el dominio y líneas del Ejército –superpuestas en alrededor de 60 municipios, con el Eln–, marcan el «territorio operativo» del conflicto. Las áreas y lugares, donde es necesario hacer y verificar la “separación de tropas”, libre de amenaza a las poblaciones circundantes. Valga un ejemplo: en el Cañón de las Hermosas el Ejército movía antes un solo helicóptero, ahora, dispone de dos; y el oficial al mando, tiene orden ante “el primer indicio de retirada guerrillera”, de copar su antigua zona.

 

Al envolate en estos dos momentos, se suma otro. Relacionada con el Plebiscito, hubo una noticia desde el jueves 28 de julio, que estuvo escondida más de una semana. Con retraso, la periodista Diana Caderón dio a conocer que “el Presidente tuvo en sus manos, una encuesta que contrató con tres firmas, cuyo resultado es contrario al Sí. La ratificación de los Acuerdos, pende de la conveniencia de las élites dominantes, y la puja por un reacomodo de posiciones, entre las fracciones Santos Uribe.

 

En ángulo incidente, con el paso de los días el Eln engruesa el hilo de expectativa. El pasado lunes, sin actividad de José Noé Ríos y del general (r) Herrera Verbel, hubo movimiento de viaje a Caracas, relacionado con la Mesa Gobierno-Eln. Al parecer, hay una nueva comisión con perfil más alto. Sólo en función protocolar, Frank Perl hará el enlace. Un hecho que pudo acelerar el encuentro Santos - Maduro.

 

La culpabilidad histórica del régimen y de la naturaleza oligárquica del poder en el origen del conflicto armado, no pasa virgen en toda esta coyuntura de Mesa en La Habana y de la Mesa en ciernes con Eln. A pesar de su ventaja quedó a la vista, que el Estado colombiano, permisivo de intervenciones extranjeras, y una sucesión de sus Gobiernos, fue incapaz de asestar una derrota militar, con toma y ocupación de infantería, en los sitios profundos del repliegue guerrillero. Casi que como acusación y por esta razón, con diferencia a procesos anteriores de paz aquí, y de otros conflictos armados, la insurgencia –Farc y Eln– aumenta la capacidad negociadora: reivindica territorios, un concepto de dejación de armas –conlleva un lapso de “paz armada”–, y no se conforma sólo con “garantías políticas”, en la mira de un inmediatismo electoral, como fue el caso del M-19.

 

Este hecho sorprendió al Poder.

 

Otorga además, una capacidad de maniobra como actor político, que no alcanza potencialidad en la opinión del colombiano común, ante el distanciamento urbano y los índices de ‘desligitamación’ del actor insurgente. En este aspecto, Vera Grabe, desmovilizada guerrillera, expresó en el mismo evento del 28 de julio en la UN, que a finales de los 80 los jefes del M-19 fueron recibidos como héroes. “Navarro llenaba plazas en los municipios donde llegaba”, dijo. Una circunstancia muy distinta al impacto de Farc hoy, con efecto en el Plebiscito.

 

Plebiscito y su convocatoria sin júbilo

 

La paz en su nuevo capítulo: acuerdo Gobiernno-Farc no convoca muchedumbre. En una parte de la población, de la geografía metropolitana y su influencia, y en la larga cadena de víctimas de la insurgencia en décadas, el acontecimiento del Plebiscito repone todo episodio adverso, con sentimientos negativos e individuales, sin olvido. Excepción hecha, de los círculos militantes con sus periferias de apoyo y de una parte de la escasa población de las áreas directas del conflicto. En la sicología del colombiano raso, el Plebiscito pone al frente que ...esos recuerdos rechazados no se quedan inactivos, sino que se combinan constantemente entre sí, al impulso de los acontecimientos que los hacen volver a la consciencia, aunque modificados o deformados. (Idem. Tratado de polemología... Pág. 733).


Sin “dos mesas (Farc y Eln) un solo proceso”, la Mesa de La Habana disminuye su potencia en contenido, como fin del conflicto. Margen que amplía la figuración Eln como «actor definitivo» en la culminación del conflicto armado, en medio y sin rebaja, del distanciamiento o ilegitimidad del actor insurgente. Reduce el júbilo. El actor politiquero tradicional –impulsor del Plebiscito– aún con el interrogante de la diligencia real del aparato oficial en “comprar votos”, encontró esta vez, la autopista para su visaje. Reduce el júbilo. A su vez, la categoría personal interesada, de candidatos a reelección en corporaciones y precandidatos presidenciales, de las vocerías de izquierda; no aumenta el júbilo.

 

En cuanto al distanciamiento urbano del actor insurgente y su efecto ante el pueblo, cabe releer el poema En la muerte de Ernesto Ché Guevara, de Fina García Marruz. (Ver: Contra corriente, revista cubana de pensamiento. Oct. Nov. Dic. 1996. Año 2, número 6. Págs. 108-109.)

 

...Cuando dijiste que era
preciso convertirse en una fría
máquina de matar,
retrocedimos espantados.
El respeto se convirtió en recelo,
todo se volvió aún más confuso.
Te recordé, sermón nuestro de la montaña, piedra de fundación, Acta de Montecristi.*
Donde la respuesta al enemigo brutal no fue el odio que nos hace semejantes a él sino el amor, no la oscura venganza sino la alta justicia, serenamente armada.

 

Recuadro

Imágenes azotadas asaeteadas cruzan por el mar del tiempo perdido

 

Alguna vez fui Aureliano del oro o Martí de la plata en los sueños de la moneda mundial.
Alguna vez firmé documentos con Máximo Gómez para la liberación de Cuba.
Alguna vez Lezama abrió los fuelles de sus pulmones submarinos para afirmar que la isla
Arrojaba y concentraba la mayor cantidad de luz del mundo, en ese momento.
Imagino una conversación de Fidel y Gabo (sucedió):
En el aeropuerto de La Habana, hablaban de la misión del Che en Angola.
Gabo, comparando las manchas de las moscas en los bombillos pálidos y el bochorno en los accesos a los ascensores de los edificios de Barranquilla o de cualquier sitio ecuatorial del África.
Alguna vez olió a rosas y no a basura podrida en las costas del continente isla.
Alguna vez ya cansados de la madurez anciana de los lechos nos levantamos
Erguidos y juveniles otra vez para cambiar el mundo.
Alguna vez los muertos yacientes en el fondo del mar volvieron a soñar con los ojos abiertos y despiertos.
Alguna vez fue alguna vez y volverá a ser.

 

MH2

Publicado enEdición Nº227
La reforma tributaria, un rotundo no a la paz

“Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen”.
Honoré de Balzac

 

 

El acuerdo con las Farc, y el proceso de paz

 

En el venturoso escenario de que el electorado respalde los acuerdos de La Habana, y las dos partes negociadoras cumplan con lo acordado, existiría un no deleznable fin de la guerra, al menos con la más longeva de las guerrillas. Y en esa aún incompleta paz negativa quedaría por resolver la completa desmovilización de los diversos ejércitos paramilitares, de la guerrilla del Eln, y el fin del narcotráfico (el cual resultaría de abolir la nociva guerra contra las drogas).

 

En esta paz negativa, el verdadero proceso de paz estaría más estrechamente relacionado con la disminución de la inequidad y la injusticia. No obstante, la reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente Santos constituye una prolongación de las injusticias y, por tanto, una simiente de nuevos conflictos sociales y económicos.

 

Propiedad movible y evasión de tributos

 

Según el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, “[...] los colombianos tienen 100.000 millones de dólares en otras jurisdicciones, recursos que no tributan en el país. Dicha cifra, equivalente a 300 billones de pesos, es casi la mitad de lo que vale financiar todo el plan de desarrollo en el presente cuatrienio (700 billones) [...]” (Economía&Negocios, 2016). Y cuya disponibilidad evitaría la controvertida reforma tributaria.

 

Entre los ilustres ciudadanos y “padres de la patria” que han preferido transportar sus activos hacia paraísos fiscales como Panamá, resaltan nombres como los del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el exviceministro de Justicia Roberto Hinestrosa Rey, el senador Alfredo Ramos Maya, el empresario Luis Ríos Velilla, y la actual ministra del trabajo Clara López Obregón, quien también es líder del Polo Democrático.

 

Otros desarraigados compatriotas buscan asépticos hábitats en Estados Unidos: “De ocupar en 2013 el sexto lugar como inversionistas en el sector inmobiliario, Colombia es ahora el cuarto país que pone sus capitales en el sur de la Florida, cifra que además va en aumento, superando al resto de naciones latinoamericanas, como Venezuela, puntero en los últimos ocho años, Brasil y México [...]. Invertir en Estados Unidos en propiedades requiere un capital mínimo que ronda los US$100.000 ($290 millones), y las opciones van desde la compra de vivienda, de negocios franquiciados hasta la inversión en proyectos aprobados por el Gobierno norteamericano”. (Torrico, 2016).

 

Miles de profesionales talentosos, por décadas, han salido de Colombia hacia Venezuela, España y Norteamérica. Se estima que un 37 por ciento de los colombianos residentes en Estados Unidos ostenta un título de profesional universitario o de postgrado.

 

La magnitud de la emigración criolla es tal que se aproxima a un 10 por ciento de su población total: Colombia es un país que se sale de sus límites geográficos:

 

aproximadamente 1 de cada 10 connacionales vive en el exterior. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el nuestro es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por Perú y Brasil, y es también uno de los países de la región que recibe menos inmigrantes. En cifras concretas, el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos reside actualmente en el exterior. (Viventa, 2016).

 

Viejas y nuevas formas de destierro

 

Por su actividad, el campesinado y los grupos de indígenas y negros del campo están atados a la tierra y, por lo mismo, al ritmo de la naturaleza. En esas macabras olimpiadas del desplazamiento forzado, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo (con poco más de 6.000.000 de desplazados), le sigue a Siria (con 7.6 millones) y es seguido por la destruida Iraq (con 3.6 millones). Ese es el viejo legado de los guerreristas de derechas e izquierdas, en el último medio siglo de conflicto interno.

 

El nuevo legado es de la tecnocracia, la cual promueve una modalidad de destierro mediante las señales de garrote (presiones tecnológicas y de productividad) y de zanahoria (seducción del progreso en las urbes), para que el campesinado pobre venda a los nuevos empresarios del campo y voluntariamente emigre a las ciudades. Medio siglo atrás fue el tecnócrata Currie, que con su modelo de desarrollo acelerado propendió por la urbanización (y la construcción de vivienda como un sector líder de la economía) y así facilitó la sepultura de la reforma agraria sesentera. Los tecnócratas de hoy abogan por un desbocado extractivismo, y su obsesión es la de convertir los campos en despensas de recursos energéticos y minerales para industrias foráneas, y en factorías de agroindustria para diversos monocultivos, en especial, de rentables biocombustibles. Las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), son una versión magnificada del tímido experimento de megaproyectos agrícolas agenciados por prósperos empresarios, que tímidamente había comenzado años atrás el polémico ministro de agricultura Andrés Felipe Arias con la hacienda Carimagua. Lo que no lograron los señores de la guerra lo completarán con creces los asépticos exponentes de la tecnocracia.

 

La injusticia tributaria

 

Notables economistas coinciden en calificar a la anunciada reforma tributaria como regresiva e injusta:

 

En la perspectiva de (Villamizar, 2016), la Comisión de Expertos que diseña la nueva reforma tributaria es aquiescente con el Consenso de Washington, pues preconiza el principio de neutralidad (los impuestos no deben perturbar las señales del mercado ni distorsionar la asignación de recursos), y las cargas tributarias no deben ser un mecanismo para redistribuir el ingreso. Y afirma que: “[...] La propuesta de gravar los dividendos es un paso muy importante para introducir una mayor progresividad en la tributación. No obstante, el límite de 15 por ciento propuesto por la Comisión para evitar la doble tributación hace que esta sea muy tímida, dada la altísima concentración del ingreso (el 1 por ciento posee más del 20 por ciento del ingreso), así como el insignificante margen de tributación de los sectores más ricos de la población (4 y 11 por ciento en promedio para el 1 y el 0,1 por ciento más ricos)”.

 

El profesor Salomón Kalmanovitz es contundente al afirmar que: “[...] Hoy los impuestos indirectos (IVA interno y externo, arancel y gasolina) representan el 6.7% del PIB, el de renta 6.9% y el de la riqueza sólo 0.7%. La comisión recomienda un aumento del impuesto al valor agregado que hoy está en 16% para la mayor parte de los bienes al 19%, incluyendo varios bienes todavía exentos de la canasta familiar [...]. Para palear el golpe del aumento del IVA, se propone que el gobierno focalice un mayor gasto social hacia los más perjudicados”.

 

Y, finalmente, Julio Roberto Acosta muestra que una evasión de tributos de 40 billones de pesos anuales es algo inmoral y, así las cosas: “[...] no es aceptable una reforma tributaria con fachada de estructural, pero que solo busca clavar más IVA. Ya mismo, y por decreto, se podría fortalecer a la DIAN, que actualmente solo tiene un funcionario de seguimiento fiscal por cada 9.000 contribuyentes, mientras en Europa la relación es de un funcionario por cada 1.500 contribuyentes. Debe perseguirse a los evasores de siempre, que la DIAN ya conoce y que cínicamente lloran desde sus oscuras sociedades en Panamá por una reforma dizque estructural, pero solo de fachada”.

 

De los votos a los compromisos con la paz

 

En la Constitución de 1991 se estipula que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Más allá de los votos pacifistas demanda compromisos.

 

El carismático líder de la acción no violenta, el hindú M. K. Gandhi, rechazó la invitación a participar en la redacción de Carta Universal de los Derechos Humanos, con el siguiente argumento: “[...] De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber cumplido. De tal modo que sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizás sea fácil definir los deberes del Hombre y de la Mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse primero. Todo otro derecho sólo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar”.

 

Agudos académicos como (Holmes, S. & Sunstein, C. , 1999) han argumentado que las declaraciones de los derechos están puestas más en el lenguaje de las aspiraciones que de las posibilidades efectivas. Y han mostrado que los derechos son costosos y, por lo menos, exigen el deber ciudadano del pago de impuestos.

 

Aunque los fines humanos legitimados por el derecho sean deseables, las más de las veces no son alcanzables por un problema de escasez. Mientras el derecho (lo prescriptivo) nos indica las oportunidades que debería tener la gente, la economía (el análisis positivo) nos ayuda a determinar las oportunidades que efectivamente tiene. Hay que reconocer que ideales y loables metas como las contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sólo pueden lograrse parcialmente, puesto que dependen de la finitud de los medios económicos a disposición de individuos y colectividades. Según autores, omiten los costos de los derechos quienes, desde posturas extremas de izquierda, hablan de los derechos como triunfos irrenunciables y osan decretar la revolución a través de la redacción de derechos; también lo hacen los especímenes de derecha quienes sólo insisten en el aspecto de inmunidad contra intrusiones y arguyen que la intervención estatal siempre es dañina para la libertad (libertad como licencia económica para invertir y consumir, libertad en sentido meramente negativo).

 

Los tributos para la paz

 

Si los tecnócratas a los que les fue encomendada la tarea de diseñar una reforma tributaria hubiesen tenido al menos un barniz de ética, habrían pensado en fomentar impuestos para disminuir la desigualdad y reparar a las víctimas. Habrían pasado a la historia con un poco de dignidad si al menos hubiesen sido tan tibios como el economista francés Thomas Piketty, quien sugiere altas carcas tributarias para los más ricos. No obstante, lo más recomendable para las calamidades sociales y ecológicas que vive Colombia sería la acertada fórmula de Henry George en su clásico texto Progreso y pobreza: hacer de la tierra una propiedad común.

 

En una reciente columna, el profesor Carlo Tognato (Tognato, 2016) ha puesto el dedo en la llaga, en los siguientes términos:

 

“[...] En las pasadas décadas Colombia ha vivido una guerra esencialmente de pobres contra pobres. Tanto desde el lado de los grupos al margen de la ley como desde las fuerzas armadas, la casi totalidad de los sacrificios ha sido sostenida por los estratos 1, 2 y 3, cuyos miembros no han tenido la suerte de poder eludir la carga del conflicto. Las élites, por su parte, han defendido su país por outsourcing sin ofrecer como contrapartida un cierre adecuadamente rápido de las brechas de desigualdad en Colombia. De hecho, a diferencia de las familias norteamericanas o israelíes, en las colombianas de estrato 6 es bastante raro encontrar a hijos, hermanos, o amigos que hayan servido en la Fuerza Pública y que hayan vivido de primera mano la guerra. (excluyo, por supuesto, a las víctimas de secuestro y terrorismo). Con eso no quiero decir que en el estrato 6 no haya valentía o capacidad de sacrificio. Sí la hay, pero es muy frecuente que sus miembros estén preparados a sacrificarse solamente para proteger a los miembros de sus propios grupos familiares, sociales o políticos y no a la sociedad en general”.

 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

 

Bibliografía:

 

Acosta, J. (6 de Junio de 2016). Reforma de fachada, no estructural. El Espectador, p. 16.
Economía&Negocios. (10 de Abril de 2016). Unos 100 mil millones de pesos por fuera del país no tributan. El Tiempo, p. 17.
Holmes, S. & Sunstein, C. (1999). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes. New York: W. W. Norton Company.
Kalmanovitz, S. (15 de Mayo de 2016). Reforma tributaria estructural. El Espectador, p. 5.
Tognato, C. (7 de Agosto de 2016). Patriotismo y paz. La silla vacía, p. 8.
Torrico, I. (6 de Junio de 2016). Aumentan inversiones de Colombianos en Miami. El Mundo, p. 10.
Villamizar, H. (25 de Abril de 2016). Reforma tributaria: ¿neutral o progresiva? Razón Pública, p. 5.
Viventa. (20 de Febrero de 2016). viventa. Obtenido de www.viventa.co: http://viventa.co/colombianos-en-el-exterior-quienes-somos-cuantos-somos-y-en-donde-vivimos/

Publicado enEdición Nº227
Miércoles, 27 Julio 2016 06:43

Plebiscito y demodiversidad.

Plebiscito y demodiversidad.

 

El proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc ha suscitado una importante reflexión sobre la democracia colombiana.

 


Humberto De La Calle, delegado del gobierno para los diálogos, ha planteado en reciente artículo del portal La Silla Vacía (http://bit.ly/2amyFnx), un conjunto de consideraciones al respecto, sustentadas en la premisa que insinúa un vaciamiento de contenido de la democracia colombiana, que bien puede caracterizar ese sistema político en el momento, valoración acentuada a partir de los diálogos de La Habana para poner fin al conflicto con las FARC.

 

 

Los problemas estructurales de la idea liberal.

 

Agrega que primero están los problemas estructurales de la idea liberal.

 

Indica que las troneras son varias: la idea de la igualdad ha sido reemplazada por la visión postmodernista de lo específico. Y dice, en esencia, es la noción misma de ciudadanía la que está en quiebra.

 

Sostiene que ahora tenemos una democracia que juega en diversos tableros. La irrupción de los movimientos sociales es una realidad que desborda los conceptos originarios (http://bit.ly/2amyFnx).

 

La segunda tronera viene de un examen microscópico del poder: influencia de los grandes capitales, financiación de la política, dañado y punible ayuntamiento entre el Ejecutivo y los flamantes “representantes del pueblo”. Es decir, democracia aparente como mascarón de proa de un sustrato plutocrático.

 

La tercera tronera viene de la ética: corrupción, beneficio personal, finlandización de las decisiones por interés inconfesable.

 

Y concretando, hace este diagnóstico sobre el caso específico nacional: en realidad, pese a la multifacética apelación a la democracia participativa en la Constitución del 91, la práctica ha sido bien distinta. Lo que sí ha ocurrido, es un crecimiento inorgánico de mecanismos informales de participación ciudadana, arropados bajo el manto de la insatisfacción http://bit.ly/2amyFnx).


Dignidades campesinas, paros camioneros, la desvelada voz étnica, el clamor por la apropiación de la identidad sexual, en fin, manifestaciones superpuestas y fragmentarias cuyo denominador común es la protesta y la antipolítica.

 

El riesgo no es la protesta, agrega. El riesgo son las limitaciones de la protesta. La incapacidad de encauzar acciones y metas mediante procedimientos eficaces. La protesta no como medio, sino como fin.

 

Y en el territorio de la democracia participativa, surge una cuarta tronera de reciente cuño: Democracia no es tanto método para decidir por mayoría, sino instrumento para proteger las minorías. Los derechos pesan más que la estadística.

 

¿Qué sigue?, se pregunta De La Calle.

 

Primero hay que refinar el diagnóstico sobre el sitio preciso en que nos encontramos. Una especie de GPS que señale si estamos en el ocaso de la democracia liberal, o en el amanecer de una nueva gobernanza postmodernista. O también, aunque suene difícil, si las sombras son pasajeras y hay un nuevo futuro para la democracia representativa (http://bit.ly/2amyFnx).

 

En Colombia hay un mosaico de acciones centrífugas, precisa.

 

Una “clase política” miope prefiere seguir en el banquete sin pensar en las consecuencias.

 

Segmentos bien intencionados, en cambio, trabajan en las refacciones del edificio, con la creencia de que la estructura está sana: normas sobre partidos políticos, financiación de campañas, sistema electoral, ampliación y refinamiento de la representación.

 

Otros buscan por el lado de los movimientos sociales. Una pista alternativa como suele ocurrir en ciertos festivales del arte pictórico: un salón de rechazados. No digamos que un circo de dos pistas para no caer en la ácida diatriba.

 

No pocos juegan el juego ciego de la insatisfacción que se nutre a sí misma, plantea.

 

Y la mayor porción de nuestros ya casi cincuenta millones de habitantes, bastante desentendidos, embargados en la lucha por el condumio, la faltriquera, léase la simple supervivencia.

 

La disyuntiva no se resolverá súbitamente. No se ve algo que ocurra de la noche a la mañana.

 

Pero lo que sí es cierto es que el armazón representativo que hoy tenemos está mostrando grietas.

 

De la Mesa de La Habana surgen ideas, por ahora acaballadas en los dos escenarios: mejoramiento del funcionamiento representativo pero a la vez revisión de sus linderos a fin de buscar una arquitectura más incluyente.

 

Antes de un diagnóstico final, que quizás se demore, lo que sigue en el inmediato futuro es escoger entre la nostalgia del autoritarismo o la acción cuidadosa y transicional buscando conducir las aguas de los conflictos sin desbordamientos cataclísmicos.

 

Lo que sí es cierto es que terminado el conflicto interno militar, el conflicto social perdurará. El reto es no matar el tigre y asustarse con el cuero. Ante el fragor social, lo peor sería dar marcha atrás y llamar a somatén para reiniciar la guerra.

 

Ese será el momento de la serenidad, de la mente abierta para asimilar el conflicto y para impulsar el cambio. No será el momento del retroceso.

 

Una visión sin arrogancia, sin temor del “ensayo y error”, distribuyendo el ojo y el oído de la autoridad en un escenario genuinamente plural para ir construyendo con paciencia de abeja obrera un nuevo tejido que permita una gobernanza sostenible.

 

No se puede menos que coincidir con estas sugerentes cavilaciones del representante del gobierno del presidente Santos en las conversaciones para poner fin a la guerra.

 

Sin embargo, el reto consiste en ampliar el ejercicio de pensar los términos de lo que la apertura política en curso ha propuesto como democracia ampliada.

 

El denso y fecundo comienzo de un nuevo ciclo político, deja en evidencia, una vez más, lossíntomas del agotamiento del modo de producción de conocimiento vigente y todavía dominante en nuestra sociedad. Más específicamente, consideramos que la peculiar cartografía (cartas geográficas) social, gestada durante al menos las dos últimas décadas, escenario de una renovada conflictividad y vitalidad social, vuelve a colocarnos frente a la necesidad y la posibilidad de una transformación epistemológica de las Ciencias Sociales: Ubicamos estas líneas reflexivas en el marcode un contexto crítico y transicional de la producción de conocimiento en Colombia.

 

El nuevo ciclo de movilizaciones sociales y populares vinculadas con el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de negociaciones de La Habana tiene como substrato común la lucha por la demodiversidad o, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, por “la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas”.

 

Las luchas por la demodiversidad implican una doble tarea: 1) denunciar las limitaciones de la democracia liberal, que se ha revelado un sistema político ineficiente, opaco, reproductor de desigualdades, subordinado a intereses privados y sostenido, en buena medida, por la corrupción, el conformismo y la apatía. Y 2) rescatar experiencias democráticas alternativas desacreditadas por la concepción arrogante y empobrecedora de la democracia que predomina en la academia y la sociedad. La “democracia primitiva” sumeria estudiada por Jacobsen; la deliberación directa del demos en la ekklesia en la Atenas de Pericles; la democracia directa en determinados cantones suizos que inspiró las ideas políticas de Rousseau; la democracia jacobina en la Francia revolucionaria; los procesos de decisión política en la lógica del poder comunal del que habla Tocqueville en referencia a la comuna de Nueva Inglaterra; la democracia oral ejercida en torno al árbol de palabras en aldeas africanas, alrededor del cual se toman decisiones sobre la vida cotidiana; la Comuna de París, exponente histórico de la democracia obrera participativa; la democracia de los soviets (consejos de trabajadores, soldados o campesinos) en los inicios de la Revolución rusa; la formación de comunas campesinas en la China de Mao Zedong; la democracia comunitaria directa de los ayllus andinos; el “mandar obedeciendo” y la “palabra verdadera” de la democracia zapatista; los consejos comunales en Venezuela; las democracias populares en Europa del este entre 1945 y 1989; los presupuestos participativos; las democracias feministas, que incluyen las expectativas y exigencias de las mujeres; la democracia electrónica; la planificación participativa en Kerala (India); la participación ciudadana en la evaluación de impactos científicos y tecnológicos son, todas ellas, experiencias de demodiversidad situadas en los márgenes de la historia política moderna.

 

Las luchas presentes y futuras por la demodiversidad se articularán sobre los siguientes ejes:


La batalla por la definición y el significado de la democracia. Las luchas por la demodiversidad son luchas por la resignificación política y social la democracia; luchas por desnaturalizar la semántica de la democracia liberal y forjar lenguajes democráticos alternativos. Nos hemos acostumbrado demasiado a definir la democracia en términos de derechos individuales, libertades civiles y protección de la esfera privada contra el Estado, y muy poco en términos de gobierno popular participativo e igualitario.


La batalla por la incorporación de nuevos sujetos políticos. Las luchas por la demodiversidad exigen el reconocimiento de la amplia gama de sujetos cuyas formas de lucha no se inscriben necesariamente en las clásicas estructuras partidarias y sindicales.

 

La batalla por otros espacios de construcción democrática. Las luchas por la demodiversidad redefinen y amplían los espacios de la política, abriendo un campo político popular y democrático de acción extrainstitucional que señala el agotamiento de la democracia de partidos y reclama nuevos esquemas participativos. No es casual que en la actualidad las luchas más promisorias por la demodiversidad se den al margen (y a menudo en contra) de los espacios institucionales de la democracia: en calles, plazas, escuelas, fábricas, redes sociales, etc.

 

La batalla por otras prácticas democráticas y de participación popular. Acampadas, asambleas populares, marchas indignadas, ocupaciones de lugares públicos, gritos mudos, desobediencias cívicas pacíficas, cercos al Congreso, performances artísticas, escraches, plebiscitos populares, entre otras iniciativas, dan cuenta de un vasto repertorio de formas de ejercicio del poder popular y ciudadano que desbordan los límites de una democracia insuficiente que no sólo no lo permite, sino que lo bloquea y a menudo lo criminaliza.

 

La batalla por formas de sociabilidad alternativas. Las luchas por la demodiversidad son portadoras de una cultura política en sentido amplio fundada en bases más igualitarias y participativas que se alejan de las formas de sociabilidad (individualismo, clasismo, consumismo, etc.) propias del mundo liberal y capitalista institucionalizado.

 

 

Publicado enColombia
Las claves del plebiscito y el nuevo ciclo político.

 

Algunos dan por ganado el Plebiscito por la paz. Desconocen olímpicamente el contexto social en que se desplegara la campaña por el SI, que es de crisis popular generalizada. El pueblo se muestra apatico y, por momentos, adverso a la refrendación del Acuerdo de paz. Casi 53 colombianos de cada 100 dice que rechazaran el Plebiscito.

 

El triunfalismo mostrado por la izquierda que anuncia 10 millones de votos por el SI es una ruta equivocada y delirante para convenncer a la ciudadanía sobre las bondades de la paz acordada en La Habana.

 

Hay que poner los pies sobre la tierra y entender que no será fácil ganar el plebiscito.

 

No hay que caer en el juego de la ultraderecha que sabe muy bien como hacer la maniobra de darnos por ganadores al iniciar la campaña para después empujar la caída en las encuestas. Sucedió con Clara López como candidata a la alcaldía de Bogotá, en meses recientes.

 

Con el pronunciamiento [1] de la Corte Constitucional sobre la Ley que convoca a un plebiscito extraordinario para legitimar y refrendar el Acuerdo final de paz se da apertura a una coyuntura política inédita en el campo político nacional, pues un evento de tal magnitud no se daba en la sociedad colombiana desde hace 58 años[2].

 

Colombia está inmersa hoy en un profundo proceso de transformaciones, que se inició con las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, desde el año 2012 y que ha implicado un amplio cuestionamiento a los ejes centrales del ciclo estatal anterior de la Seguridad democrática y la guerra al terrorismo y la democracia representativa, así como a sus actores principales, los partidos políticos en el poder, dando lugar a un momento de amplia reconfiguración política.

 

Este proceso remueve estructuras estatales y proyecta reformas constitucionales de gran alcance y está ligado a la emergencia de nuevos sujetos en el campo político que irrumpen desde la sociedad civil, es decir, desde los márgenes de la política institucional, posicionando nuevas propuestas y universos simbólicos en el campo político, así como nuevas formas de articulación democrática ampliando sus límites y otorgándole un contenido distinto.

 

Estamos en un tramo de amplia agitación pública y de debates focalizados en los contenidos de los acuerdos consolidados en la Mesa de diálogos de La Habana para poner fin al conflicto social y armado referidos a los temas agrarios, de participación política, erradicación de cultivos de uso ilícito, derechos de las víctimas, justicia restaurativa, acuerdos especiales, cese bilateral y definitivo del fuego y hostilidades, dejación de las armas, amnistías, indultos y movilización política de la guerrilla.

 

Es probable que al finalizar el mes de septiembre se den las votaciones correspondientes por el SI o el NO, una vez se reúnan los requisitos pertinentes que tienen que ver con la aprobación de la ley que convoca el plebiscito, la reglamentación que expida el Consejos Nacional Electoral para las campañas respectivas y la implementación de las estrategias pedagógicas para que los ciudadanos se enteren de los detalles de lo convenido por el Estado con la guerrilla de las Farc.

 

Vendrán días de intensa batalla política e ideológica entre los partidarios y enemigos de los consensos de paz de La Habana.

 

Por lo pronto ya han ocurrido varios gestos y pronunciamientos sobre la materia. Fatal la incitación con el mensaje de las banderas negras uribistas [3]. Puro fascismo que recuerda las violentas camisas negras de Mussolini. El de Uribe es un caso psiquiátrico y reflejo de un desequilibrio generalizado con proyecciones bastante peligrosas para el contexto social y político del plebiscito, pues se trata de un sujeto con mucho peso específico que arrastrara amplios núcleos de la sociedad, especialmente en las periferias y las regiones, adversos a la pacificación. 53 de cada cien colombianos piensa que lo de Santos es un disparate y una aventura que nos empuja al caótico escenario de Venezuela, designado por ellos como el modelo comunista castrochavista. Un “significante vacío” que convoca con eficacia, para evitar las cuentas alegres de los izquierdistas. Un “significante vacío” que arrastra caudalosas masas en el Eje cafetero, en Medellín, en el eje Ibagué-Neiva, en los Llanos, en la Costa Caribe, en Cúcuta (con la avalancha de los venezolanos en los supermercados), en Bogotá y el Centro del país. Hay mucha gente asustada, mucha clase media en pánico que se opone, y hay mucho pueblo apático, azotado por la crisis económica, que está a punto de reventar con la carestía, el desempleo, el hambre y la pobreza. Que está indignado con la corruptela de los gamonales santistas, causantes del desastre de los niños de la Guajira, de la bancarrota de la salud y de la quiebra de la educación pública, carcomida por la mediocridad y la indolencia de las burocracias docentes.

 

Para empeorar, es nefasto el mensaje enviado a la opinión pública y al pueblo con la designación como jefe del plebiscito al artífice de la implantación del modelo neoliberal y del bombardeo a las Farc en la Uribe. Vendrá la cuenta de cobro.

 

Anunciar 10 millones de votos por el SI es delirante [4]. Son cuentas alegres de pésimos estrategas que piensan con el deseo y no miden el terreno movedizo en que se desplaza el proceso político del plebiscito. Cautela señores y señoras. Menos retórica y más prudencia. Decir que el plebiscito ya gano es parte de una estrategia internacional de expertos que saben cómo se comporta la curva de estas falsas expectativas. Brexit, Rajoy y Trump, son interesantes lecciones para no caer en la trampa ni en fantasías de vendedores de ilusiones.

 

La cosa esta cuesta arriba y, porque se quiera o no, el escenario del plebiscito ha sido capturado por las campañas presidenciales que lo contaminan y desvían hacia el terreno perverso de la politiquería de los caciques y caimanes del negocio electoral, con los daños inevitables en la legitimación de la paz.

 

El plebiscito no puede ser un simulacro democrático, un juego de la politiquería barata.

 

El tema del plebiscito y la refrendación de la paz, amerita una ruta analítica más profunda y coherente [5].

 

Debería ser la oportunidad para replantear el modelo de democracia imperfecta que prevalece acá, para superar las limitaciones de un modelo clientelista, corrupto y excluyente que se sostiene sobre la manipulación, la demagogia y el engaño a los ciudadanos.

 

 

Los retos analíticos del plebiscito.

 

En ese sentido son muchos los retos analíticos planteados por este dispositivo político.

 

Me refiero inicialmente a algunos temas de mayor calado como por ejemplo:

 

El mapeo y reconstrucción analítica más amplio sobre la diversidad de espacios, sujetos e instituciones políticas que existen en la actualidad en el país.

 

El reto es hacer un mapeo de espacios, fuerzas e instituciones pero no desde un ángulo meramente descriptivo, sino mediante una reconstrucción analítica que vaya revisando el tipo de discursos, de estrategias, es decir, de prácticas e ideas políticas que despliega cada uno de estos sujetos

 

Hay que estudiar no sólo la pluralidad de sujetos, prácticas, ideas e instituciones sino las dinámicas de interrelación, a través de la idea de campos de conflicto, que se plantea como una especie de método para estudiar la política en las peculiares condiciones del país, hoy.

 

Por un lado, hay que hacer una reconstrucción histórica analítica, por tanto, selectiva, del campo político en Colombia, en diferentes momentos de la historia reciente del país, para mostrar y explicar los cambios que se están produciendo con el proceso de paz.

 

En ese sentido, se trata de una reconstrucción de campos políticos con perspectiva histórica, que es la que permite explicar el cambio. Al reconstruir analíticamente el campo político en diferentes momentos en Colombia otro elemento importante tiene que ver con una ampliación del horizonte de análisis. Por un buen tiempo, la ciencia política se concentró en estudiar las instituciones políticas. Por mucho tiempo predominó un enfoque institucionalista que acompañó el tiempo de las reformas neoliberales, funcionando también en buena medida como legitimación de esos cambios.

 

Por eso el enfoque de un análisis del ciclo político en ciernes implica una ampliación del campo analítico, que corresponde de mejor manera a la diversidad de espacios, sujetos y prácticas políticas que se despliegan en el país.

 

Esta ampliación del horizonte o del campo de análisis, a través de esta noción de campo político que incluye mayor diversidad y pluralidad, implica el desplazamiento hacia una combinación de ciencia política y sociología política; ya que significa mirar hacia la diversidad social y el tipo de estructuras sociales y otros ámbitos de la vida social a partir de los cuales también se organiza la vida política y las prácticas políticas que tienen influencia importante en los ámbitos institucionales del Estado.

 

En esta reflexión que avanzamos a propósito del plebiscito nos formulamos varias cuestiones:

 

¿Cuáles son las características del nuevo campo político instalado en Colombia con el funcionamiento de la Mesa de conversaciones de La Habana? ¿Cuáles son las propuestas y orientaciones objetivadas por los actores en torno a la reconfiguración del sistema político? ¿Cómo se articulan los nuevos y viejos aspectos del sistema democrático en la propuesta de un nuevo modelo político de democracia ampliada? ¿Cuáles son las representaciones simbólicas en torno a la democracia y las (re)significaciones planteadas por los movimientos sociopolíticos emergentes? Desde la percepción de los propios actores ¿Cuáles son las características de los nuevos sujetos políticos–los movimientos sociales, populares y étnicos-, cuál es el derrotero de los partidos políticos y de la democracia? En definitiva ¿qué cambios están ocurriendo en el campo político colombiano con el proceso de paz?

 

Sirve recordar acá que durante las últimas décadas, las preocupaciones en torno a la democracia en Colombia, particularmente con la Constitución de 1991 y sus atropellados desarrollos, se han centrado fundamentalmente en la gestión pública e institucional de los gobiernos de turno y en la necesidad de mantener la estabilidad política; así como en el comportamiento de los partidos políticos como factores críticos de la gobernabilidad. A partir de ello, se produjeron intensos procesos de reforma institucional tendiente a mejorar la gestión pública y política del Estado.

 

En esa línea, en Colombia se inició un proceso de reformas institucionales con la Carta del 91 orientadas a fortalecer la gobernabilidad del Estado y mejorar la calidad del sistema democrático/liberal, que también incluyeron el reconocimiento formal a los movimientos sociales, indígenas y afros. Sin embargo, estas reformas resultaron ciertamente limitadas, en muchos casos, meramente enunciativas y formales, no se orientaron a resolver el problema central del sistema democrático nacional, que era su creciente desvinculación de las necesidades y expectativas de la sociedad.

 

De esta manera, se consolidó un sistema político elitista y excluyente funcional a los intereses de los grupos de poder ligados a los partidos predominantes, mientras la sociedad civil se debatía en un conjunto de necesidades irresueltas y demandas fragmentadas de carácter corporativo.

 

No obstante, de manera simultánea, se producía la emergencia de nuevos sujetos colectivos portadores de nuevos referentes discursivos e identitarios, como los movimientos de mujeres, los ambientalistas, los actores territoriales y fundamentalmente los pueblos indígenas y afrodescendientes y sindicatos agrarios, que fueron incursionando en el campo político electoral regional con renovadas formas de representación social y política.

 

 

Una nueva hegemonía política.

 

Con el proceso de paz en curso, ciertamente, en Colombia se ha iniciado el proceso de construcción de una nueva hegemonía, entendida como un “complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales” (Grmasci), de ahí que la situación política se torne muy compleja e involucre no sólo aspectos coyunturales sino también estructurales.

 

Ante estas nuevas configuraciones políticas y sociológicas, resulta apremiante una lectura atenta de los rasgos y connotaciones que adquiere la democracia, la acción colectiva y las emisiones discursivas de los sujetos, en la medida en que es ahí, en el territorio de las prácticas, donde se gestan las “nuevas” significaciones de la política y sus nuevos derroteros.

 

 

Una relectura de la democracia.

 

Ahora bien, con el fin de abordar el alcance y orientación de los cambios suscitados en el campo político por el proceso de paz, pretendemos retomar algunas categorías conceptuales que trascienden una visión de la política y del poder limitadas a la práctica institucional, y proponemos una (re)lectura del concepto de democracia como elemento articulador del campo político actual.

 

A partir de ahí, focalizamos nuestra atención, a propósito del plebiscito, en cinco dimensiones de análisis que se encuentran interrelacionadas:

 

Un análisis de la dinámica política a partir de los campos de conflicto que han dado lugar a la emergencia de nuevos sujetos, discursos y representaciones simbólicas en la disputa por el poder.

 

Un estudio minucioso del proceso de objetivación de lo político plasmado en los textos de los acuerdos parciales de paz y en el nuevo marco normativo e institucional como la Ley del plebiscito y el Acuerdo Legislativo de paz, a partir de las iniciativas de los actores sociales y políticos que propiciaron dichos cambios.

 

Un seguimiento a las formas de organización y acción política: partidos, movimientos sociales y movimientos políticos, sus repertorios de movilización, y las características que adquieren en este proceso.

 

Una relectura de la democracia en el marco de su profundización y ampliación a otros formatos de ejercicio del poder y de la política, situados en las interfaces entre el Estado y la sociedad.

 

Consideramos que los cambios acontecidos y que vedran en el campo político no se restringen al ámbito político institucional ni a la sustitución de unos grupos de poder por otros, sino que abarcan el conjunto de dimensiones señaladas y sus interacciones.

 

Proponemos, con ocasión de la campaña y votaciones del plebiscito, realizar una lectura multidimensional de los aspectos más relevantes de la realidad sociopolítica que permiten un abordaje integral del proceso, recoger sucesos que se encontraban desconectados, así como demostrar la complejidad de las relaciones sociales y de los fenómenos emergentes; lo que supone abordar las luchas políticas, estrategias y procesos del campo político sin descuidar las transformaciones propiamente institucionales.

 

Priorizando el concepto de campo político y no así el de sistema, para ampliar la visión de lo político hacia la sociedad civil, hacia las formas de existencia de la política y el poder fuera de las fronteras institucionales, desde donde devienen maneras complementarias o alternativas de darse lo político como las asambleas, las cumbres, las mingas, los cabildos, los sindicatos, las comunidades indígenas, donde se generan y recrean prácticas y habitus políticos, que dan cuenta de la coexistencia de diversos modos de ejercicio democrático –de la demodiversidad–.

 

 

El campo de conflicto.

 

Por otro lado, identificamos la categoría de conflicto –campo de conflictividad– como central para la reconstrucción del proceso ya que permite no sólo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas y discursos, sino también las contradicciones y fracturas sociales, así como la dinámica de la democracia. Por los aspectos anotados, la categoría de conflicto nos aleja de una visión esencialista del sujeto y de la idea del postconflicto patrocinada desde las esferas oficiales.

 

Estos son los desafíos teóricos y prácticos que planeta el Plebiscito que camina.

 

[1] Ver sobre dicho pronunciamiento de la Corte Constitucional el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/29KtNG8
[2] Sobre el plebiscito de 1957 ver el siguiente reporte periodístico http://bit.ly/29Vr2F6
[3] Sobre la posición del ex presidente Uribe Vélez en el Plebiscito ver el siguiente artículo de su autoría http://bit.ly/29TT9ak
[4] Ver al respecto el siguiente reporte periodístico http://bit.ly/2ab4anw
[5] La ruta analítica planteada en este texto se apoya en las reflexiones de Luis Tapias, Raúl Prada y María T. Zegada a propósito de las transformaciones ocurridas en Bolivia en los años recientes. Ver http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/democracia-margenes-bolivia.pdf

 

 

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La Corte Constitucional de Colombia aprueba el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC

El Gobierno fijará ahora la fecha de la consulta, al menos un mes después de que se firme la paz



La Corte Constitucional de Colombia ha dado el visto bueno al plebiscito con el que el Gobierno pretende refrendar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Con una votación de 7-2, los magistrados han aprobado el mecanismo, que meses atrás pasó sin mayores trabas en el Congreso de la República. Nada más conocerse el fallo, todos los sectores políticos salieron en tromba a celebrar la decisión. La única excepción, como era previsible, fueron los partidarios del expresidente y senador Álvaro Uribe.


Según la ley, este mecanismo es la voz popular para apoyar o rechazar una decisión del Ejecutivo. En este caso, los colombianos tendrán que decir sí o no a una sola pregunta, que se conocerá después de que se firmen los acuerdos. El presidente, Juan Manuel Santos, confirmó que solo entonces convocará la consulta. Desde que el Congreso aprobó esta figura, la polémica se había centrado en el umbral de participación. La propuesta terminó siendo respaldada por la Corte, por lo que para ser aprobado en las urnas bastaría contar con el 13% del censo electoral. Con esto, 4,5 millones de votos serían necesarios para aprobar o rechazar lo que se ha logrado en casi cuatro años de negociaciones en La Habana.


En clara referencia a la posibilidad de que el uribismo inicie una campaña por la abstención, el presidente, Juan Manuel Santos, en una alocución tras conocerse la decisión de la Corte señaló: "En nuestro país el voto es un derecho, así como lo es no participar. Respeto profundamente ese derecho, pero hay momentos en la vida y en las democracias en los que la indiferencia no puede ser la opción. Este es uno de ellos".


El constitucional tenía de plazo hasta el 22 de septiembre para pronunciarse sobre la consulta, pero los magistrados decidieron celebrar este lunes una sesión extraordinaria para sacar adelante el tema. La cuenta regresiva para que se anuncie la firma de la paz y la instalación de la nueva legislatura parecía ser la mayor presión para la Corte, que tras casi seis meses de estudio reconoció al plebiscito como la figura que asegure la legitimidad de lo que se acuerde a La Habana, a través del respaldo popular de los colombianos.


El presidente Santos deberá, según lo decidió la Corte, publicar la totalidad de los acuerdos 30 días antes de la fecha en la que los colombianos irán a las urnas para decir sí o no al texto final que se alcance en La Habana. A este respecto, Santos indicó: "Lo que nos falta es terminar de discutir y acordar, a la mayor brevedad, los temas que están pendientes, y entonces podremos afirmar que todo está acordado. Y cuando todo esté acordado, convocaré al plebiscito en los términos señalados por la ley".


A partir de ahora, el Gobierno y diversos sectores que respaldan el proceso de paz se volcarán en una ingente campaña para que el sí logre un amplio respaldo. De hecho, desde que el pasado 23 de junio se anunciase el cese al fuego bilateral y definitivo ya se ha intensificado esa campaña.


Los detractores del proceso con las FARC, es decir, los partidarios del líder del Centro Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe, y el procurador, Alejandro Ordóñez, han cuestionado de dónde saldrá el dinero para financiar las campañas por el sí, que terminen dándole el respaldo que necesita el plebiscito para pasar. Sobre esto, la Corte Constitucional señaló que no podrán contar con recursos del Estado, pero dejó abierta la posibilidad de que los empleados públicos puedan hacer campaña. Eso sí, sin que se involucre a ningún partido político en particular.


Sin embargo, los miembros del Gabinete, que fue renovado recientemente por Santos con miras al posconflicto, sí se volcarán en lograr que el sí logre el mayor respaldo posible. El presidente también contará con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción del Centro Democrático, que deberá concretar si hace campaña por el no o a favor de la abstención, lo que ha empezado a generar una crisis dentro del uribismo.


Además, el mandatario colombiano confía en que surta efecto la fundación a favor de la paz que ha creado y dirige Fabio Villegas, expresidente de Avianca, y uno de los empresarios mejor valorados de Colombia. En torno a su figura y a la fundación se pretende aglutinar a empresarios, intelectuales y aquellos sectores que no tengan una implicación directa en la vida política.

 

 

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