Sábado, 09 Julio 2016 08:23

Al sustituir la eficiencia cocalera

Al sustituir la eficiencia cocalera

 

En víspera del inicio -este 10 de julio- del piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, bien vale felicitar a las valientes familias del Orejón y veredas aledañas, quienes afrontan este estratégico plan. Resaltando que en la mesa de La Habana, se acordó iniciar su implementación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

Estos campesinos enfrentan todo el catálogo de falacias fabricado por la guerra antidroga, como ejemplos : una mitomanía rancia y una reciente. En 1984 -en repetición goebbeliana- el embajador Tambs acuñó el mito de la “narco-guerrilla” que a punta de fusil obliga campesinos a cultivar coca. Desde 2014, la ONUDC repite que las 2/3 partes de los cultivadores hoy venden hoja de coca en finca, absteniéndose de agregar valor.

 

Cuando el poder global fabrica mitos, lo hace por algo.

 

En primer lugar cuando inventa el mito del cultivador obligado, esconde las causas que arrastran al campesinado hacia los cultivos declarados ilegales. Estas son:

 

1. Históricamente el Estado ha eludido el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, porque coludido con el latifundio y usando guerra o “reforma agraria”, ha desplazado a los campesinos hacia baldíos selváticos.

 

2. Se desplaza hacia tierras aisladas y lejanas sin presencia del Estado, donde no hay salud ni educación, y tampoco hay vías para sacar los productos legales al mercado.

 

3. Estos territorios tienen suelos de baja calidad o vocación agrícola diversa, que limitan o impiden el cultivo y cría de especies normales dentro de la frontera agrícola. Pero estos suelos selváticos, aceptan bien especies amazónicas como la coca.

 

4. Gracias al neoliberalismo, los cultivos y crías legales tienen competencia desleal de productos importados desde países que subsidian las mercancías agropecuarias.

 

En segundo lugar el mito de la no agregación de valor, esconde las características de eficiencia productiva que tiene la economía campesina cocalera. Estas son:

 

1. La cercanía al ecuador geográfico, y su origen amazónico, provoca la rápida rotación del cultivo de coca, siendo 6 cosechas anuales nuestro promedio. Ningún otro cultivo genera ingresos bimestrales.

 

2. El inicio del proceso transformador de la coca -el que va de hoja a pasta básica de cocaína PBC- se realiza en el campo. Al margen de ser ilegal, esto es una conquista de la economía campesina, que así se apropia parcialmente del valor agregado.

 

3. En esa parte del proceso, la tasa media de reducción del volumen es 550 veces: de una arroba de hoja se obtienen en promedio 22 gramos de PBC. La producción de 1 ha promedia 50-70 arrobas de hoja de coca por cosecha, entonces su producido se puede transportar en los bolsillos del acopiador rural, y así sacarlo desde territorios sin vías.

 

4. La propaganda reza que el exorbitante precio de la cocaína en el mercado terminal, llega a los cultivadores. Al contrario -en 25 años, y en los 3 países productores Bolivia, Perú y Colombia- el PBC ha mantenido un precio rígido, oscilando en torno a 700 dólares por kilo. Al cultivo no lo estimula un precio alto, sino uno estable que cubre los costos de subsistencia, algo anormal para la economía campesina legal.

 

Si consideramos las causas y características económicas descritas, se concluye que el producto sustituto debe ser competitivo frente a la eficiencia de los cultivos de uso ilícito. Algunas sugerencias para una sustitución competitiva:

 

1. La participación debe superar lo formal, llegando hasta la consulta previa campesina, que respete sus diversidades. Solo los campesinos organizados podrán garantizar se cumplan los cronogramas de sustitución y no resiembra. Vale imitar la herramienta de Control Social boliviana, cimentada en la alianza de cocaleros y gobierno.

 

2. Las familias expulsadas fuera de la frontera agrícola, ayudadas por los cultivos de uso ilícito crearon nueva frontera. Su organización garantiza que no sean de nuevo despojados, o que a cambio los relocalicen en los valles fértiles interandinos y caribes.

 

3. Los programas de sustitución deben incluir acciones formativas para reconvertir laboralmente los recolectores, y asistencia técnica para los nuevos cultivos.

 

4. Las zonas aisladas y lejanas deben recibir inversiones en salud y educación, también en vías y comunicaciones, y así garantizar el acceso al mercado.

 

5. La pobreza de los suelos que asientan mayormente los cultivos de uso ilícito, necesita de financiamiento público de nutrientes, para poder superar gradualmente tales condiciones. Las hojas de coca son un fertilizante natural.

 

6. En algunas zonas la coca es el producto con más rendimiento o el único que rinde. En áreas especiales se puede adelantar la sustitución del uso, como en Bolivia, Perú y el Cauca, con derivados alimenticios, medicinales, forrajeros y fertilizantes.

 

7. Ningún cultivo tiene tan rápida rotación como la coca. Con escalamiento de siembras y cosechas, y manejo financiero, se pueden conseguir ingresos bimestrales con otros cultivos. No hay un producto único, se debe identificar el aplicable en cada región.

 

8. La transformación en el campo, es imprescindible para la sustitución eficaz, el subdesarrollo equivale a no agregar valor. Además estas agroindustrias tienen que ser propiedad cooperativa del campesinado.

 

9. La agroindustria también garantiza reducir el volumen del producto, y así que los ingresos campesinos no se diluyan en el transporte hasta una fábrica citadina.

 

10. La estabilidad y seguridad de precios que cubren los costos en los cultivos de uso ilícito, se deberá conseguir en cualquier plan de sustitución.

 

La Reforma Rural Integral, podrá beneficiar a las familias con cultivos de uso ilícito, cuando se neutralicen paramilitarismo y narcotráfico, sino estos sabotearan la sustitución con dinero o violencia. También saboteará el neoliberalismo, al hacer competir a nuestros campesinos vs. granjeros norteamericanos y europeos subsidiados.

 

La demanda mundial de cocaína se suple con la oferta de los tres países productores. De eliminar alguna de estas ofertas, aparecería en otro lugar, porque al estar prohibida su producción genera ganancias extraordinarias y violencia. Así que toda solución será parcial, mientras no se regule democráticamente el mercado. La sustitución voluntaria campesina tendrá que enfrentar estos riesgos.

 

 

 

Publicado enColombia
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, responde a las preguntas de la ciudadania, en Bogotá, acerca del proceso de paz con las FARC  que se adelanta en la Habana ,Cuba.

 

La Habana.


El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron este miércoles un acuerdo histórico para el cese del fuego bilateral y definitivo, en lo que constituye el primer paso para poner fin a 52 años de conflicto armado en el país sudamericano y uno de los más largos del mundo.


En un comunicado conjunto, la delegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del más antiguo grupo guerrillero de América Latina, informaron a la opinión pública: hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese del fuego y de las hostilidades, en el contexto de las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en Cuba desde noviembre de 2012.


Las partes no especificaron la entrada en vigor del cese del fuego, pero indicaron que será este jueves cuando se dará a conocer y se firmará el acuerdo en La Habana en un acto encabezado por el presidente Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido con los nombres de guerra de Timoleón Jiménez o Timochenko.


El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refiere a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y contra quienes amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


A la ceremonia asistirán el presidente cubano, Raúl Castro, y por Noruega, el ministro de Relaciones Exteriores, Borge Brende, países garantes del proceso pacificador. En representación de los países acompañantes participarán la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.


También estará presente, como invitado especial, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quien irá acompañado del presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. Además, asistirán el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su enviado para las conversaciones, Bernie Aronson.


Otros invitados son el mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y el gobernante de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.


De inmediato hubo felicitaciones por este acuerdo de la mayoría de los países latinoamericanos, incluido México, además de España y Estados Unidos, así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros, con la esperanza de un pronto acuerdo final de paz.


Las FARC, surgidas de una sublevación campesina y que iniciaron la lucha armada en 1964, declararon un cese del fuego unilateral hace 11 meses, lo cual redujo notablemente la intensidad del conflicto armado. El gobierno se había negado hasta ahora a cesar la ofensiva terrestre contra el grupo guerrillero, aunque suspendió los bombardeos aéreos.


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, manifestó su optimismo por el pacto con las FARC en torno al cese del fuego bilateral, la dejación de armas de la insurgencia, condiciones de seguridad y combate contra grupos criminales. Mañana será un gran día, trabajaremos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.


Esta semana, Santos manifestó su confianza en que el proceso de paz termine exitosamente en un mes. Señaló que el próximo 20 de julio, cuando inicia un nuevo periodo legislativo, sería una fecha propicia para que el andamiaje jurídico en torno a los acuerdos previos comience a andar.


Hasta el momento han alcanzado acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla y lucha conjunta contra el narcotráfico. Otros de los acuerdos son la atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional.


Queda por acordar el mecanismo de implementación, verificación y refrendación de lo pactado. Más allá del procedimiento, plebiscito o consulta popular, serán los colombianos quienes respaldarán o rechazarán en las urnas los compromisos de La Habana, según las partes. En este caso, se estima que la firma del acuerdo definitivo de paz ocurrirá aproximadamente en dos meses.


Esto es porque la paz con las FARC no significará el fin automático del conflicto colombiano, porque todavía queda por pactar una solución con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país surgida también en 1964.


La ONU será la encargada de financiar y coordinar la supervisión del cese del fuego bilateral y la dejación de armas, con la colaboración de observadores latinoamericanos y caribeños. Al parecer, las armas de los rebeldes serán destruidas, en una fórmula que podría aproximarse al caso de la desmovilización del Ejército Republicano Irlandés (ERI), de Irlanda del Norte.


El conflicto armado interno colombiano, que ha enfrentado durante medio siglo a guerrilleros, paramilitares y efectivos militares y policiales, ha dejado un saldo de unos 300 mil muertos y más de 6 millones de desplazados. En el conflicto, además, ha intervenido Estados Unidos en apoyo a los gobiernos en turno con financiamiento, armas, asesoría y logística.

 


 

El país que se jodió demasiado

 

Martín Granovsky, Página12

 

Escribe Gabriel García Márquez en “Vivir para contarla” que ese 9 de abril de 1948 aún no le habían servido la sopa en la pensión cuando se le acercó su amigo Wilfrido Mathieu y le dijo: “Se jodió este país”. Para explicarle: “Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro”. García Márquez corrió hasta el café y alcanzó a ver como se llevaban en ambulancia a Jorge Eliecer Gaitán, el líder liberal de Colombia, un político de centroizquierda que pregonaba la reforma agraria. A Gaitán le dispararon tres tiros en la cabeza. Cuenta García Márquez: “Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas”. Los partidarios de Gaitán, al reaccionar, fueron masacrados. Se salvó un dirigente estudiantil cubano de 20 años, Fidel Castro. Unos tres mil colombianos murieron en el Bogotazo, el alzamiento popular contra el asesinato. Unos 300 mil más morirían después en el período que la historia conoce, simplemente, como La Violencia, y que incluiría un conflicto armado entre el aparato estatal y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en acción desde 1964. No fue el único conflicto. También cruzaron la historia del siglo XX el narco y la guerra contra el narco y los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia, financiados por industriales y hacendados.


Hoy, en La Habana, las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunciarán una hoja de ruta para que ese capítulo iniciado en el ‘64 termine muy pronto.


Hasta ahora el cese del fuego era unilateral. Lo habían prometido las FARC y lo violaron solo 10 veces en los últimos 11 meses. Mataron a un civil y a tres militares. Según el Cerac, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos con sede en Bogotá, se trató del menor índice de violencia en 51 años de guerra. Un récord.


El hecho histórico que se producirá en la capital cubana es que el cese del fuego será, por fin, bilateral y, suponen las partes, definitivo. Colombia ya no vivirá solo un proceso de desescalamiento como hasta ahora, que según el CERAC sirvió para experimentar 1065 días sin tomas de poblaciones, 209 días sin retenes ilegales y 96 días sin ataques contra la infraestructura petrolera. Solo por haber iniciado las negociaciones hace tres años, las dos partes evitaron una cantidad de muertes que, de acuerdo con la tendencia histórica, no hubiera bajado de 1.500 personas. Los colombianos pasarán del desescalamiento a la paz. Las tres letras de la palabra son, sin embargo, de una simpleza solo aparente. Colombia tiene por delante desafíos de desarme, de justicia y de compensación a millones de campesinos desplazados. Pero al menos ganó un horizonte que no tenía. Y con Colombia avanzó toda Sudamérica.


Cuba ya firmó un acuerdo comercial con Colombia


Al menos en la teoría, puede suponerse que un entorno de paz es un contexto favorable al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los dirigentes opositores. Tanto Cuba como Venezuela fueron claves en reforzar la convicción de las FARC de que se acercaran a las tratativas que les propuso Santos.


Brasil es todavía una gran incógnita, aunque dentro de la incertidumbre una Colombia más estable al menos no echará más leña al fuego que ya encendió el golpe de los esclavócratas.


Para la Argentina el arreglo de La Habana es una buena noticia que seguramente será interpretada con énfasis distintos. Mauricio Macri se siente cómodo con Santos, un exponente pragmático del establishment colombiano. Tuvo información de primera mano porque la semana pasada se entrevistó con Santos en Bogotá e incluso bromeó con él sobre una final entre Colombia y la Argentina. Marcelo Stubrin, el histórico dirigente radical que es el actual embajador en Colombia, interpretó ante la consulta de Página/12 que el proceso de paz será una forma de que la Argentina “supere el aislamiento” que en su opinión mostró la relación entre Buenos Aires y Bogotá. “Siempre las políticas de principio, como la preservación de la paz, convergen con los intereses nacionales”, dijo. “Honramos principios elevados y a la vez la paz nos pone en mejores condiciones para participar creativa y solidariamente en las grandes expectativas que se abren para Colombia”, agregó.


En realidad la Argentina vivió un momento alto de influencia en la realidad colombiana en 2010, cuando el entonces secretario de la Unión Suramericana de Naciones Néstor Kirchner fue el mediador entre la Colombia de Santos y la Venezuela de Chávez, que evitaron una guerra y terminaron firmando el Acuerdo de Santa Marta para reponer embajadores y estimular el comercio. Sin ese acuerdo, con Kirchner asistido por Rafael Follonier y Juan Manuel Abal Medina y en coordinación con Lula, el diálogo de paz como mínimo se hubiera demorado. Habría sido una injusticia con un pueblo que, como diría el amigo de García Márquez, se jodió demasiado.

 
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El proceso de paz, algunos de sus problemas jurídicos y políticos, vistos desde la óptica de un miembro de la sociedad civil.
El denominado proceso de "paz" en curso en La Habana o, mejor, de terminación de un conflicto armado con un grupo alzado en armas, se encuentra dentro de un contexto de verdades a medias y de mentiras completas o totales, que es necesario develar.

 

 

 Mentiras a medias, completas o totales

 

La primera, completa, es el falso dilema al que quieren someter a los miembros de la sociedad civil las fuerzas políticas en lucha por el poder, o los propios actores armados: o se acepta todo lo que decidan los actores armados que están negociando o se es "enemigo de la paz"; cuando se puede ser amigo de la paz y pese a ello no aceptar todo lo que están negociando en La Habana.


La segunda, total, es que la sociedad civil y sus integrantes, para ser amigos de la paz tienen que aceptar el punto de vista de los actores armados que negocian; si adoptan otro punto de vista, comenzando por el de la propia sociedad civil, se convierten automáticamente en enemigos de la paz; cuando puede adoptarse el punto de vista de la sociedad civil, tomar conciencia del proceso de paz (empoderarse del mismo) y desde esa óptica ser amigos del proceso de La Habana y profundizarlo hacia una paz con justicia social.


A medias, es la verdad que los colombianos seamos violentos y una mentira total que todos lo hayamos sido, pues la mayoría de ellos, miembros de la sociedad civil, han sido pacíficos, no son responsables de la violencia, de la guerra interna, sí la han sufrido como víctimas, pero no han sido victimarios. No es entonces cierto que todos los connacionales sean responsables de la guerra, que todos han sido victimarios; la realidad es muy distinta, la mayoría han sido pacíficos, objetos de la violencia y no sujetos de ella; que una minoría ha sido la violenta y que dentro de esa minoría la mayoría de los violentos han sido del Estado o patrocinados por éste.


Esta es la realidad. Sin embargo, los miembros de la sociedad civil no olvidan que quienes negocian el proceso de paz no son las víctimas sino los victimarios y, lógicamente, los victimarios de uno y otro lado tratan de obtener provecho, en algunos casos de un grupo sobre otro, y en otros casos para ambos grupos a costa de la sociedad civil y de las víctimas. El ejemplo más claro, de beneficio mutuo, es el de la responsabilidad penal, donde los actores armados han pactado una transición hacia la impunidad, total o parcial, auto absolviéndose y, de paso, desconociendo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.


Verdad a medias también es aquella que afirma que este proceso es bueno para el Gobierno y para la Farc, y por lo tanto necesariamente bueno para la sociedad civil. Lo cual es relativo: algunas pocas cosas sí y otras muchas no, pues la sociedad civil sabe que no existe un verdadero derecho a la paz si además de eso no se realizan acciones positivas alrededor de los otros Derechos del Hombre: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Eso es muy importante, porque el proceso de paz que la sociedad civil quiere es uno con justicia social y cuando decimos justicia social decimos que haya más derechos. Nada ganamos con tener un proceso de paz donde al final los únicos que obtienen beneficios con tal bandera son los dos actores armados.


Por ejemplo, el Presidente ya obtuvo uno, se reeligió, y en el futuro puede obtener otros, como convertirse, bajo el pretexto de la paz en un dictador constitucionalizado, lo que logra al constitucionalizar su dictadura, al actuar como verdadero constituyente y legislador sobre todos los temas.


Las Farc también pueden obtener beneficios: de un lado, no responden por los delitos por los que ya están condenados y, por el otro, sus dirigentes pueden terminar en el Congreso, o de únicos consocios del Presidente en el ejercicio del poder constituyente o legislativo, y legitimando la exclusión de la sociedad civil y de las organizaciones sociales del ejercicio del poder constituyente o del legislativo. El resto, la sociedad civil, no obtiene ningún beneficio. No obtiene más derechos; y ni siquiera se discuten.


Veamos. En La Habana no se discute el derecho al trabajo; no está el tema del empleo, ni el derecho a la salud, o el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna; la igualdad en todas sus manifestaciones (género, razas, religiosa, etcétera); ¿dónde están los derechos de los afrodescendientes y de los indígenas? ¿Las reformas urbanas, agraria y financiera? ¡Los cincuenta derechos, que faltan! Los que ninguna de las partes que negocian se atreven siquiera a mencionar: la redistribución de la riqueza (que no es marxista y ni siquiera socialdemócrata, sino liberal intervencionista). Si allá sólo discuten cinco derechos nosotros no podemos dar un cheque en blanco sobre esos cinco derechos y sobre los cuarenta y cinco más que faltan. Porque más allá de cualquier denominación, de cualquier ismo (liberalismo, socialismo, marxismo), la pregunta fundamental es: En la propuesta política, económica y social que defiendes, ¿la amplia mayoría de la población disfruta de más derechos? ¿Tiene más salud, más educación y más vivienda? Si eso es así, pues no importa el nombre, el ismo (socialismo, liberalismo, etcétera) que usted se coloque, lo que importa es que el pueblo disfrute y ejerza esos derechos. Si los tiene tendremos un buen gobierno y si no los tiene tendremos uno pésimo, así se ponga el mejor nombre o el más revolucionario.


La tercera mentira, completa, es que el Gobierno y las Farc nos van a regalar el derecho a la paz. Lo primero que debemos recordar es que en nuestro sistema jurídico el derecho a la paz está consagrado en el artículo 22 de la Constitución y lo tiene ya la sociedad civil, en su conjunto, como también cada uno de los individuos que la integran y que en consecuencia ninguna de las dos partes nos van a regalar este derecho

Que como sociedad civil, los negociadores de La Habana nos hayan violado el derecho a la paz, que es un derecho fundamental, quiere decir que ahora, quienes nos lo violaron, ¿nos están haciendo una gracia, una merced o nos están concediendo un privilegio al cesar en su violencia sobre la sociedad civil? Error. No hay duda que en el sistema jurídico colombiano los titulares del derecho a la paz son los individuos, para ejercerlo frente al gobierno (Estado), en primer lugar, y frente a cualquier otro sujeto que pueda violarlo, público o privado, que son de aplicación inmediata y son obligatorios para todos los funcionarios del Estado y para los particulares. En Colombia la paz, como derecho fundamental, es irrenunciable.


Como la paz tiene una doble dimensión negativa: 1. La falta de violencia física y 2. La ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y una dimensión positiva, pues es considerada no sólo como la ausencia de violencia sino además como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas pueblos y Estados, y modernamente se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y de solidaridad. Como en las negociaciones aquí consideradas falta la parte 2 de la dimensión negativa y toda la dimensión positiva del derecho a la paz, puede concluirse que lo que se negocia es la cesación parcial de un conflicto armado y no la paz.

 

 

Acuerdos especiales y estatuto jurídico del Gobierno y la guerrilla

 

Desbrozado el camino de algunas verdades a medias y de mentiras completas o totales, podemos, mirar si los acuerdos especiales "blindan o no el proceso de Paz". Lo primero es ver qué son y si tienen el mismo rango o jerarquía de un tratado internacional.


El art. 3 común de los 4 convenios de Ginebra de 1949, en su parte pertinente dice: "Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto".


El art. Común, establece que existe un mínimo de reglas para la guerra civil no declarada vivida en Colombia, así nuestro conflicto armado no tenga carácter internacional. La historia de este artículo común y del protocolo adicional II, que lo desarrolla, nos permite hacer una recta interpretación del mismo. En el art. 3 de los Convenios de Ginebra del año 1949, se buscó dar un mínimo de protección humanitaria a las situaciones que poseían todas las características de una guerra, sin ser una guerra internacional, especialmente a la guerra civil; pues se encuentra dentro de los límites de un solo país. Su objetivo es proporcionar un mínimo de protección a las víctimas. Como desde el punto de vista de éstas la distinción entre el conflicto armado interno e internacional es artificial, ya que la violación a sus derechos es idéntica en una u otra guerra, los principios humanitarios deben aplicarse con independencia de la identidad de los combatientes. El segundo elemento es que los Estados tienen soberanía dentro de sus fronteras. En la década de los años 70 estos nuevos elementos se tradujeron en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra. El Protocolo II constituye el primer instrumento jurídico relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales; de las guerras civiles.


El art. 3 común, como se dijera en los debates, parece una "Convención en miniatura". Es el único artículo aplicable a las guerras civiles, automáticamente, sin necesidad de voluntad o acuerdo entre las partes en conflicto, por mandato del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto no es obstáculo para que las partes en conflicto, mediante acuerdos especiales, pongan en vigor todo un Convenio de los 4 de Ginebra, o dos de ellos, o tres, o los 4 Convenios; o solo parte de éstos. Legalmente las partes combatientes sólo están obligadas a observar el artículo 3, y pueden hacer caso omiso de todo los demás. Pero es evidente que cada una de ellas tiene la plena libertad para declarar su intención de aplicar todas o parte de las demás disposiciones. Los Convenios Especiales son un mecanismo práctico de eficacia normativa: ¿en vez de que las partes negocien durante largo tiempo acuerdos particulares, es más práctico recurrir al Convenio tal como es, o mejor a parte de sus normas? Como puede observarse la materia de estos acuerdos especiales está referida a los 4 Convenios ya existentes y no a temas o materias que no tienen nada que ver con los mismos; por ello están limitados a esas materias. En términos de los abogados, su ámbito material de aplicación son las materias de los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y, a contrario sensu, no tienen por objeto otras materias. La delimitación del ámbito material del art. 3 común no le quita su importancia histórica, sobre todo para la sociedad civil, ya que garantizó, al menos, la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales por los pueblos civilizados; también porque es aplicable automáticamente, sin condición de reciprocidad.


La obligación del Estado colombiano no plantea problemas. La simple legalidad del Gobierno implicado en un conflicto interno lo obliga, en cuanto Parte contratante en el Convenio. En cambio, ¿de dónde surge la obligación de la guerrilla? Si ésta aplica el artículo 3, y respeta la sociedad civil habrá menos víctimas del conflicto. Si deja de aplicarlo dará la razón a quienes consideran su actuar como terrorismo, delincuencia común, bandidaje o anarquía.

 

 

No alteración del Estatuto Jurídico de las partes en conflicto

 

El artículo 3 deja claramente establecido que su aplicación es exclusivamente humanitaria y no constituye para los gobiernos reconocimiento de poder alguno a la guerrilla, y no limita su derecho a reprimir a los rebeldes incluso con las armas; ni a perseguirlos judicialmente por sus delitos, de conformidad con la ley del Estado. Para la guerrilla, dejando de lado los efectos políticos de respaldo de la población civil, por haberle respetado sus derechos durante el conflicto, el hecho de aplicar este artículo no le confiere derecho a una inmunidad ni a una protección especial (1).

 

 

Alternativas

 

Distinto a lo escuchado hasta ahora, por boca de funcionarios (exfiscal) o participantes en el debate, es necesario mirar otras opciones: la primera de estas sería que el Estado colombiano reconociera directamente a los grupos guerrilleros la calidad de beligerantes. Esta calidad sí los convertiría en sujetos del derecho internacional, con algunos derechos y obligaciones, respecto del Derecho de la Guerra (que no en lo mismo que el DIH, aunque modernamente tienden a asimilarse y a tener reglas comunes). Entre dos sujetos del derecho internacional, por un lado el Estado, y por otro la guerrilla como fuerza beligerante, sí podría celebrarse un acto de derecho internacional; sin olvidar, que en nuestro derecho constitucional los actos de derecho internacional, por regla general, requieren de ley aprobatoria del Congreso, de control previo de constitucionalidad y del canje de notas de ratificación.

 

 

¿Blindando la dictadura civil de Santos?

 

Los recientes pactos de La Habana no blindan los acuerdos sino la dictadura civil del Presidente. El depósito de un acuerdo especial, ante el gobierno suizo, dentro de los convenios de Ginebra, y mucho menos por fuera de ellos, lo convierte, por ese mero depósito, en un tratado internacional. Tampoco lo eleva a esa categoría la declaración unilateral del Presidente colombiano ante el Secretario General de la ONU, pues todo Tratado implica la existencia de dos o más partes o lados y lo unilateral es, por esencia la negación de otra parte. El objeto de esta declaración es pedirle al Secretario de la ONU que le dé la bienvenida al acuerdo final; pues bien, esta petición unilateral de un Estado, ni la bienvenida que este funcionario le brinde, lo eleva a Tratado internacional, ni lo hace obligatorio como Tratado internacional.

 

Tampoco sirve para convertirlo en Tratado o convenio internacional, la argucia jurídica de relacionarlo o anexarlo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, ya que como su nombre lo dice es una resolución y no un Tratado; porque además esa resolución se refiere es al acompañamiento que realiza la ONU, como una parte más, solo para verificar el cese bilateral del fuego y la entrega de las armas por parte de la guerrilla, sin que la ONU envíe tropas, ya que la resolución deja claro que su colaboración es sin fuerzas armadas. En el caso concreto, aunque se anexe a la resolución del Consejo de Seguridad, sigue siendo un simple anexo y la resolución se mantiene jurídicamente distinta a su anexo, en contenido y jerarquía normativa y ni la una ni el otro, separados, ni unidos, se convierten en Tratado internacional.


No pudiendo "blindar" el acuerdo como Tratado internacional, sin embargo sí logran "blindar una dictadura civil", la del Presidente de turno, y convierten la Constitución de Colombia en el disfraz de ella, como en su momento lo hizo Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet y Fujimori, etcétera, en una palabra los regímenes totalitarios o autoritarios; y lo hace de distintas maneras:

 

- Primero: Se arrogó el poder constituyente. Basta la voluntad del Presidente de la República para que su voluntad se convierta en norma constitucional, no existe ninguna materia ni tiempo que lo limite y, en consecuencia, puede convertir en norma constitucional todo lo divino y lo humano que se le ocurra, pues no tiene ni siquiera los límites que poseen las facultades extraordinarias en cuanto al tiempo y la materia; teóricamente podría establecer la pena de muerte para quienes se opongan a su paz o privarlos de su propiedad confiscándole sus bienes, enviarlos a la cárcel porque piensan distinto o fundar su propia monarquía, para "garantizar" que su paz se cumpla.
- Segundo: incluye un artículo transitorio que no define cuál es el plazo de su vigencia, de modo que lo transitorio puede terminar siendo permanente.
- Tercero: convierte la Constitución colombiana de rígida a super flexible. Las reformas constitucionales tenían mínimo 8 debates (a veces más cuando había que conciliar, llegando incluso a 10); ahora bastan 3, mientras las leyes por regla general tienen 4 debates, de modo que las leyes ordinarias son más difíciles de modificar ¡que la Constitución!
- Cuarto: Se utiliza una técnica jurídica absurda, ya que se incorpora a la Constitución mediante un artículo transitorio, mediante una remisión a un acuerdo que jurídicamente no existe y que por lo mismo no tiene delimitados ninguno de los 4 elementos o ámbitos de validez de la norma jurídica. Las normas jurídicas regulan la conducta humana, pero esta conducta no se produce en abstracto, sino que se realiza por una persona, en un lugar, en un tiempo, y respecto de una materia determinada. Se realiza una remisión al vacío, el que puede llenarse con cualquier contenido; bajo el pretexto de la paz, de un solo derecho, pueden violarse todos los otros derechos de los colombianos.
- Quinto: A pesar de lo que dicen los epígonos del régimen, sobre el momento en que entra a formar parte de la Constitución (bloque de constitucionalidad en sentido estricto) el acuerdo final, a la luz del texto, solo se necesitan 3 condiciones: que se apruebe el artículo transitorio; que se firme el acuerdo final y que éste entre en vigor. Para que entre en vigor solo requiere la voluntad de Santos y de Timochenco, pues les basta con decir que rige a partir de su celebración o, para guardar las formas, desde su publicación (la que pueden hacer el mismo día de la firma).
- Sexto: Si el procedimiento es amañado, lo es más la forma de decidir, que es doblemente amañada: primero, porque a pesar de que no es un Tratado, utiliza su técnica: aprobar o improbar, o sea que no es posible que el Congreso modifique ni una coma. Además, porque la votación, para improbar el texto exige una mayoría cualificada, sin especificar cuál mayoría: si la mitad + 1 de los miembros de la Corporación (52 en el caso del senado, de 102 miembros) o una mayoría cualificada superior de las 2/3 partes de los miembros (68 de 102, como en el caso de las amnistías o indultos: numeral 17 del art. 150 de nuestra Constitución Política). En el mismo ejemplo, del Senado bastaría que 35 senadores respaldaran el acuerdo, para que 67 no puedan impedirlo. ¡Las minorías pueden derrotar a las mayorías, lo que es absolutamente antidemocrático!
- Séptimo: Como el acuerdo es parámetro de interpretación, obliga también a la Corte Constitucional, lo que implica castrarle sus competencias, pues ahora ella solo puede aprobar o improbar el acuerdo y todo lo que Santos quiera como desarrollo del mismo: no podrá dictar sus sentencias interpretativas y puede necesitar una mayoría cualificada (2/3) para declarar su inconstitucionalidad. Como el control es único y automático, la Corte nunca podrá volver sobre sus errores; como todo control automático, que se lleva a cabo antes de que la norma se aplique, tiene el defecto de que la Corte no puede saber si la norma en realidad es buena o mala, pues nunca ha visto cómo funciona en la práctica (2).

 

Respuestas a interrogantes:

 

Con las premisas anteriores, podemos ya absolver algunos interrogantes:

 

- Primero: Como los acuerdos especiales no son tratados internacionales, no tienen las mismas garantías de estos, por este aspecto el blindaje no es de acero sino de cobre.
Al elevarlo a rango constitucional, tienen la misma garantía de otras normas de la Constitución y el tema se traslada a otro lugar: Dentro de las normas de la Constitución existen unas que son pétreas, inmodificables, y otras que sí pueden modificarse. ¿El acuerdo hace parte de las primeras o de las segundas?
- Segundo: El Gobierno, antes de la firma del acuerdo, ya estaba obligado por la totalidad de los 4 convenios de Ginebra y por el Protocolo II de 1997, de modo que su firma, ahora, ni agrega ni quita nada a sus obligaciones. La Farc, que no estaba obligada a ellos, ahora se obliga a lo que pacte; lo difícil es hacerles cumplir la obligación que ahora nacerá para ellas después de su firma.
- Tercero: Si bien el estatuto jurídico del Gobierno y de las Farc no se modifica con los acuerdos especiales, y menos con "acuerdos especiales" por fuera de los ámbitos de validez de los convenios de Ginebra o del Protocolo II de 1977, el Gobierno hubiera podido reconocer a la Farc como fuerza beligerante, para fortalecer su fuerza jurídica y no lo hizo.
- Cuarto: Se convierte la Constitución colombiana de normativa en semántica; esto es, en un disfraz del Gobierno de turno y bajo el pretexto del derecho a la paz se constitucionaliza una dictadura civil, poniendo en riesgo todos los otros derechos de los colombianos. Para que exista Estado de Derecho y verdadero constitucionalismo se necesita, en primer lugar, que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados, que el gobernante no pueda violarlos y que el poder político no esté concentrado sino, efectivamente, dividido y limitado. Todo Estado de Derecho y su gobierno constitucional, es por definición un gobierno limitado.
- Quinto: Los movimientos sociales. más exactamente la sociedad civil, han sido los grandes ausentes del proceso; primero fueron excluidos por el Gobierno, ahora lo son por éste y por las mismas Farc, cometiendo así el más grave de los errores estratégicos e históricos, pues dejan desprotegidos, desnudos y espositos los acuerdos "especiales" o cualquier otro que celebren. Este "blindaje" ya no es de acero, o cobre, sino de papel.

 

 

1 Síntesis: Como puede observarse, los denominados acuerdos especiales del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra, no son tratados internacionales, son la aplicación en el ámbito interno de un Estado de parte o de la totalidad, de normas idénticas a las de esos tratados, pero que tienen como fuente el acuerdo de las partes en el conflicto interno y lo que es más importante, esos acuerdos internos están limitados en cuanto a sus temas o materias por los cuatro Convenios de Ginebra; pueden tener menos materia que ellos, pero no más materias que ellos. Y en relación con las normas transcritas del Protocolo adicional dos de 1977, tampoco permiten celebrar entre las partes en conflicto verdaderos tratados internacionales (las amnistías, son actos de derecho interno) y mucho menos que estos acuerdos modifiquen automáticamente la Constitución colombiana.


2 Síntesis. El acuerdo no da nacimiento a ningún tratado internacional, pero sí convierte a la Constitución en un disfraz de la dictadura civil de Santos, y de paso convierte en eunucos al Congreso y a la Corte Constitucional.

 

 

Profesor de Derecho constitucional.

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Culminó el primer Foro Nacional Financiero por la Paz de la Uneb.   Ideas, posiciones, aprendizajes.

Son 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6.8 millones de desplazados, 2.800 sindicalistas asesinados, infinidad de robos, torturas, violaciones, los que obligan a frenar el conflicto armado en Colombia. La manifiesta corresponsabilidad en esta tragedia por parte del sistema financiero colombiano obliga a pensar en soluciones desde el mismo sector que antes que víctima ha sido victimario por su activo papel en el empobrecimiento y sometimiento de la ciudadanía al capital financiero, así como por su activa labor en pro de la acumulación y el incremento de la desigualdad en el país. El Primer Foro Financiero por la Paz convocado por la Uneb, valioso escenario para el intercambio de ideas y posiciones de actores que conciben de forma diferente el desenvolvimiento del sector financiero en el post acuerdo.

 

 

Entre los días 19 y 20 de mayo se llevó a cabo el Primer Foro Nacional Financiero por la Paz en Bogotá. En el centro de convenciones G12 se reunieron líderes de sindicatos, de cooperativas, representantes de ONG's, ministros, parlamentarios, analistas políticos y académicos, para reflexionar en torno a la consecución y la construcción de la paz en Colombia. Alrededor de mil, fueron los participantes en el evento.

 

La Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb) convocó este foro en búsqueda de consolidar otro escenario en el contexto de sus luchas por “[...] una política pública financiera democrática e incluyente que oriente el ahorro público de manera ‘virtuosa’ hacia el desarrollo sostenible del país, en provecho de los usuarios, promoviendo los derechos de los trabajadores, el bienestar de las familias y una economía fundamentada en los principios de justicia, igualdad y solidaridad”. A partir de la interpretación de las instituciones y del mismo sector financiero como “corresponsables del conflicto colombiano”, el foro buscó generar propuestas orientadas al periodo del post acuerdo en el que se propone un cambio de rol, una participación dinámica y asertiva del sector en el macro proceso social que comenzará a germinar una vez hayan sido pactados los acuerdos.

 

 

Diversos participantes, heterogéneas opiniones.

 

Sofía Trinidad Espinoza Ortiz, presidenta de la Uneb abrió el evento en la mañana del 19 de mayo con la ponencia principal de la jornada. Empezó por endilgar responsabilidades al proceso de financierización: “[...] está correlacionado con el período de mayor conflicto en la época moderna de Colombia. Los efectos generados por este proceso son factores determinantes en la guerra que se ha desarrollado en el país: el quebrantamiento del aparato productivo, los altos índices de intermediación, la exclusión crediticia, la concentración del ingreso, el aumento del desempleo y la pobreza, la exclusión, el alza en los homicidios y la precarización de los mercados de trabajo”.

 

Es por esta responsabilidad manifiesta que, según lo pronunciado por Sofía Espinoza: “En consecuencia, el sector financiero colombiano no puede estar ajeno a las preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas del conflicto colombiano conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una respuesta o reparación integral y establecer una serie de medidas para garantizar el fin de los atropellos a la dignidad humana y prevenir o evitar que estos se vuelvan a cometer”. Y vincula a esta respuesta un proceso amplio de consulta y participación que debe ser llevado a cabo entre todos los ciudadanos y sectores sociales afectados e involucrados en el sistema financiero.

 

Esa verdad que debe ser conocida implica escandalosas cifras de afectados: ocho millones de víctimas (solo entre 1985 y 2015), 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos y 6.8 millones de desplazados. A las que se suman el desangre y el sufrimiento de compatriotas producidos por grupos económicos locales y transnacionales, expoliadores de recursos naturales, latifundistas agropecuarios y propietarios del capital financiero.

 

En relación con estos últimos actores, precisó Sofía Espinoza en su intervención: “[...] el proceso de “financiarización” –iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal en los años 1980 y consolidado durante la última década del siglo XX– ha contribuido al encumbramiento de la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y a promover instituciones económicas extractivas, aumentar a la vez, la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral; ha conducido, también, a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital, a llevar hasta los extremos la concentración de la riqueza y el ingreso, ha obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas públicas y a la vez ha restado recursos a las políticas públicas de carácter social”.

 

Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, también trajo sus opiniones al foro donde fueron bien recibidas a pesar del perfil empresarial del orador. El empresario es integrante de la Agencia Nacional de Reintegración, del Departamento de Prosperidad Social, miembro de la junta directiva de Reconciliación Colombia, ha sido integrante de la Comisión de Paz e interlocutor en La Habana con los miembros plenipotenciarios de las Farc. Trayendo a colación estas afiliaciones y participaciones, el orador quiso resaltar su interés particular por el desarrollo de temas sociales en el país y su autoridad como exbanquero para hablar de rol del sector financiero en el escenario del post acuerdo.

 

Una de las propuestas de Yepes se basa en la implementación de una “Banca más humana” basada en los valores de respeto y confianza que fundamentaron el proyecto en Bancolombia, banco que limó asperezas con la sociedad interconectándose con los intereses de sus clientes. El esquema de “cobranza digna”, mediante el cual el banco empezó a aproximarse de una manera digna a los clientes para cobrar sus obligaciones, es una de las nuevas formas de esta banca. Los bancos deben tener un mejor trato con los clientes, propender por el crédito a bajos costos, por el desarrollo social, humano, económico, por la reintegración de excombatientes, por el cese de la guerra y por asumir con entusiasmo la nueva era de posibilidades que se abre.

 

A diferencia de Yepes, cooperativizar antes que financierizar fue la propuesta de Oswaldo Gómez Castaño, Gerente General de la Cooperativa Confiar. Señaló en su intervención: “Para el sector cooperativo de ahorro y crédito financiero, es relativamente fácil apostar [...] por el propósito de construir la paz [...] el papel de las cooperativas es servir a la comunidad, promover el ahorro en la ciudadanía y no el endeudamiento irresponsable [...] uno de los problemas más serios del sector financiero son los créditos de consumo que de alguna manera aumenta la capacidad adquisitiva de los/as ciudadanos/as, pero que en últimas no promueve la movilidad social y mucho menos disminuye la brecha social en el país que sigue siendo en América Latina el país más desigual después de Haití”.

 

Gómez Castaño se mostró desconfiado por el rol del sector financiero en el periodo del post acuerdo: “Además nos genera preocupación, cuando de manera insistente [...] los gobernantes de este país –en cabeza del presidente de la República– dicen que el modelo (financiero) no está en discusión. [...] Modelo en el que a partir de una falsa igualdad donde todos los pobres tenemos la posibilidad de acceder a teléfonos celulares –así no tengamos minutos– y no seamos sujetos de derecho a la educación, sino sujetos de créditos para poder estudiar”.

 

Similar posición tuvo la Jefa de Educación de la Cooperativa del Magisterio, Amanda del Socorro Rincón, para quien la alternativa al sector financiero tiene que ver con la cooperativización: “En los últimos 25 años “[...] se ha propuesto la economía solidaria y el cooperativismo en particular como un componente muy importante de la economía, la propiedad, las formas de generar riqueza y satisfacer necesidades, al elevarse al rango constitucional el principio del pluralismo [...] económico; reconociéndose, promoviéndose y protegiéndose institucionalmente tres formas de propiedad: estatal o pública, la privada capitalista y la solidaria o autogestionaria. Años caracterizados también por una expansión notable y una crisis profunda en el subsector de ahorro y crédito financiero [...]el propósito de las organizaciones solidarias del sector financiero [...] es contribuir al desarrollo del ser humano [...] se para la guerra pero el pueblo colombiano sigue con las mismas necesidades y los mismos sufrimientos”.

 

Clara López Obregón, Ministra de Trabajo, también estuvo presente en el evento, portando una elegante chaqueta azul que venía anunciando el distanciamiento discursivo y político de los tintes “amarillos” que se habían superpuesto a sus juveniles tonos rojos. La Ministra dirigió unas palabras de estímulo a la participación de los sindicatos en el proceso de paz, prosiguió señalando los “beneficios económicos” de la paz estimados por el DNP en 1.1 y 1.9 puntos porcentuales adicionales anuales de crecimiento del PIB, marco en el que se mueve lo que ella denomina la posible “contribución del sector financiero” al proceso de implementación de los acuerdos y de la ampliación de la presencia del Estado en Colombia, exigida en el post conflicto.

 

Llevar al Estado a todo el territorio nacional fue uno de los ejes centrales del discurso de la Ministra del Trabajo: “Llevar al Estado a todos los confines implica llevar todos los servicios públicos, complementar lo que ha sido la presencia de la Fuerza Pública como única presencia estatal en muchos municipios de Colombia con la inversión pública, la inversión social en infraestructura, en carreteras, en llevar los puestos de salud, las aulas, las escuelas, los continentes de ingenieros, de trabajadores sociales, de trabajadores de la salud [...]”.

 

Pero el Estado no irá solo. Según clara López, “[...] esa presencia del Estado tiene que ir acompañada de una presencia de la política empresarial y de la política financiera para complementar los servicios públicos con los servicios económicos básicos para la generación de empleo y de empleo en el campo, de ahí que la bancarización se constituye en uno de los elementos clave, porque uno no pude pensar que va a tener un desarrollo económico efectivo en los campos sin una inclusión financiera, con la profundidad que se requiere, que es no solamente cuentas bancarias, cuentas de ahorro, sino, principalmente, acceso al crédito productivo”. Inclusión financiera, democratización del crédito y enfilar las ramas productivas en el agro para generar condiciones son las herramientas que propone para fundamentar una base material real para construir una economía viable para el sector campesino y empresarial. Crédito y ahorro en el sistema financiero, herramientas fundamentales para López Obregón, así como la ampliación de la cobertura bancaria en la ruralidad, claves en el proyecto del post acuerdo.

 

Con abucheos y consignas contra la nueva reforma tributaria fue recibido el ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas. El Ministro señaló la importancia de que en todos los municipios del país exista cobertura financiera garantizada por la existencia de al menos un corresponsal bancario, el hecho que el 75 por ciento de la población adulta tuviera algún producto bancario, la expansión del microcrédito, la aparición de un nuevo tipo de intermediario financiero orientado al segmento informal de la población (sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos). Este es, según el Ministro de Hacienda, el país que encontrará “la paz”, un “país donde la agenda de inclusión financiera ha sido exitosa”.

 

El post acuerdo traerá consigo grandes posibilidades, según Cárdenas: “La paz no solo va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, nos va a dar la seguridad, nos va a permitir que tengamos una sociedad en mayor armonía, una sociedad más prospera, una sociedad que al mismo tiempo va a lograr que podamos tener un país donde se protegen más todos los derechos humanos, además de eso la paz va a tener un gran rédito económico, un gran beneficio económico, nosotros tenemos cálculos de que con la paz el ingreso de los colombianos va a aumentar en como mínimo un 1% adicional por año por encima de lo que ha sido el crecimiento vegetativo del país en las últimas décadas”.

 

Los motivos por los que va a registrarse este crecimiento económico, de acuerdo al Ministro son: 1. vamos a poder aprovechar mejor sectores de la economía que han estado deprimido (sector agropecuario, turismo). 2. La paz va a permitir que haya más inversión, “Hay muchos inversionistas que están esperando que esto se dé para volcarse sobre Colombia, para venir a hacer inversiones sobre Colombia”. “¿Cuál es el papel del sistema financiero en todo esto?”, pregunta Mauricio Cárdenas.

 

En consonancia con López Obregón, el Ministro cree en financiarizar, en la utilidad de este sistema para irrigar recursos a las zonas afectadas por el conflicto (víctimas y desmovilizados), la utilidad del mismo sistema como asegurador del crédito de las personas, en sus palabras: “[...] la forma en la que podemos mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas que viven en zonas afectadas por el conflicto donde hay grandes necesidades económicas es asegurando el acceso al crédito [...] lo primero que tenemos que hacer en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, de reivindicación de los colombiano en esa zona es ofrecerles crédito, convertirlos en sujetos de crédito en condiciones que sean atractivas [...], la agenda de paz es la agenda de acceso al crédito [...]”. Destacarlo, darle cada vez más importancia, buscar las respuestas del post conflicto en el sistema financiero, es la propuesta del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

 

Julián Arévalo, asesor del alto comisionado de paz, boga por la modificación de las condiciones territoriales para evitar los ciclos de violencia en que nos hemos visto como sociedad. Para cerrar los ciclos de violencia hay que impulsar las transformaciones territoriales donde la ciudadanía juegue un papel fundamental. El asesor manifestó, “Aquí no se trata, como se dice en algunos textos, de llevar el Estado al territorio y de imponer cosas en ellos, sino que tiene que ser la ciudadanía la que activamente lidere estos cambios en los territorios”.

 

Lo dicho en La Habana, corresponde, según Arévalo, al “qué” de la implementación, pero es en las comunidades donde se decide el “cómo”, se está apostando a unas transformaciones en los territorios a partir de espacios de participación ciudadana. Se espera que esta participación ciudadana contribuya junto a los replanteamientos en la relación del Estado con los ciudadanos, de la misma manera que a la construcción de confianzas en los territorios a consolidar lo que ha sido denominado conceptualmente como “paz territorial”. Al menos en términos discursivos, esta posición proporcionaría la posibilidad de que los habitantes de los espacios de paz y reintegración decidieran sobre un eventual proceso de reintegración o no. Está por verse.

 

En la tarde del 19 de mayo, habló el analista político mexicano Alfredo Jalife Rahme. Se refirió al contexto financiero internacional al que se articulan los países latinoamericanos: “El mundo no sale de la crisis financiera de 2008. De la mano de los créditos internacionales están los intereses geopolíticos. En el mundo hay 13 bancos de Wall Street que controlan la mayor parte de las trasnacionales del mundo y a la vez controlan a los países en vías de desarrollo. Por eso cuando vemos de cuales instituciones llegan las ayudas para este acuerdo de paz, vemos que todas son manejadas por E.U; entendemos que la paz es patrocinada por ellos. Los países de Sur América están entrando en un neo-monroísmo neoliberal. Debido a la inexperiencia financiera, los países latinoamericanos pierden contra las potencias, y así seguirá siendo en un mundo regido por el modelo financiero, a menos que adquieran mejores conocimientos”.

 

También hizo lo propio con el sector financiero local en el periodo del post cont acuerdo: “El rol a desempeñar por parte del sector financiero es [debería] hacer veeduría por el buen uso de la riqueza nacional, evitar que continúe el enriquecimiento de la plutocracia, evitar que el dinero siga siendo manejado únicamente por la banca tradicional. En ese contexto de paz promotor de la inversión extranjera se corren grandes riesgos con el deterioro del patrimonio público porque, al fin y al cabo, lo que buscan al invertir es apropiarse de las empresas nacionales. En el caso de Ecopetrol, para poder solventar el déficit es necesario que vendan parte de sus activos, la joya de la corona: Refinería de Cartagena. y obviamente la minería, especialmente el oro y de igual forma la agricultura”.

 

Serias preguntas del analista mexicano a la tesis de la bancarización y financiarización en sectores emergentes y zonas de paz propuestos por empresarios y el Gobierno colombiano, realidad que pretende ser incuestionable, estrategia univoca e irrefutable para el crecimiento económico y el desarrollo en los años venideros. Pero, opina Jalife que la naturaleza del sector financiero es predatoria, están acostumbrados a ganar el mayor margen, acumular excesivamente, a crecer indefinidamente, y así seguirá siendo en cualquier otro periodo y en cualquier otro contexto donde tengan participación.

 

El Representante a la Cámara por el Polo, Alirio Uribe, hizo algo de memoria. Citando a Joseph Stiglitz –Premio Nobel de economía se cuestionó: “¿Cómo es posible que en Colombia, en el marco de un conflicto armado, se mantuviera una tasa de crecimiento del PIB del 5 por ciento. Tuvimos un modelo de desarrollo criminal, el crecimiento económico se daba de la mano de la violencia del desplazamiento, del asesinato, de la violación de mujeres, de masacres; un modelo de desarrollo de la mano de la violencia y del despojo. [...] el sector financiero tuvo, durante eta época de conflicto utilidades billonarias, de ahí que los índices Gini para medir la desigualdad en la distribución de la tierra y de la riqueza sean mayores del 50 por ciento”. El modelo económico colombiano está centrado en la extracción de materias primas, la concentración del sector agroindustrial y en la financiarización de la economía”.

 

El mismo sector económico que pretenden argumentar como el redentor del post acuerdo, fue el que se enriqueció por cuenta del sufrimiento de los colombianos. Así lo ilustró Uribe: “Se creó un concepto de banca central pensando en la inflación y no en la creación de empleo; en un esquema para aumentar las tasas de interés, no para incrementar el poder adquisitivo de los colombianos, sino para aumentar la rentabilidad financiera de los bancos. Allí se hicieron reformas a la salud para hacer del derecho a la salud y a la seguridad social un negocio jugoso para el sector financiero”.

 

León Valencia, analista político e investigador, también hizo presencia en el foro financiero convocado por la Uneb. Valencia no se refirió al sector financiero, manifestó sentirse contento porque los sindicatos del sector financiero hayan llegado a la conclusión de que va a haber un acuerdo de paz, de que es importante empezar a hablar de post conflicto, que es importante hablar de futuro. Sin embargo hizo duras críticas al sindicalismo colombiano: “Nosotros hicimos una investigación sobre el sindicalismo asesinado: 2.800 sindicalistas, gente vinculada al sindicalismo muerto en este conflicto, asesinado en este conflicto. En los años 90 y a principios de este siglo la Escuela Nacional Sindical hizo la estadística, teníamos, nosotros, los sindicalistas colombianos, el 63% de los sindicalistas muertos en el mundo. Es una vergüenza para le país, pero es una vergüenza para el sindicalismo que no sea interlocutor de las negociaciones de La Habana, es una vergüenza eso que no sea un interlocutor privilegiado, que no haya estado presente para reivindicar la memoria de todos los que han muerto en el sindicalismo colombiano, que solo se haya dispuesto a construir la memoria del sindicalismo en Colombia”.

 

Además recordó otros de los objetivos de los sindicatos: “Tenemos derecho a construir democracia, a participar en política, tenemos derecho a ser algo distinto en este país. Esa es la causa principal de las muertes, pero ¿eso no está ligado a la lucha sindical? ¿Acaso la lucha por la democracia no es una lucha sindical? ¿Acaso la lucha sindical es una lucha solo por los salarios? No, la lucha por la democracia es la principal tarea del sindicalismo, la participación política es la principal tarea del sindicalismo, ahora en el post conflicto hay que salir a ganarle a la ultraderecha el plebiscito, hay que salir a ganarle la refrendación, a construir partido político a las guerrillas que vienen a la vida civil”.

 

 
La realidad en pugna.

 

Entre las lecciones del Primer Foro Nacional Financiero por la Paz desarrollado en Bogotá se encuentra el reconocimiento del periodo del post acuerdo como un periodo histórico al que estamos a punto de desembocar, periodo con realidades en pugna por la contraposición de posiciones que versan sobre la estrategias que deben implementarse para reconfigurar escenarios locales cuando comiencen a implementarse los acuerdos de La Habana y posiblemente los propios con la guerrilla del Eln.

 

La estrategia del Gobierno y de sectores afines es clara: su punta de lanza, la profundización de la bancarización y financiarización del país a partir de la penetración en zonas esquivas al capital financiero, el incremento de los negocios de la banca a partir de la proliferación de créditos blandos en el escenario del post acuerdo, el neoliberalismo económico y político basado en la trasferencia de responsabilidades sociales a los ciudadanos y el subsecuente apoyo a las estrategias de emprendimiento en los mismos.

 

Por otra parte se anteponen a este discurso los de quienes hacen memoria de las responsabilidades, así como explican el funcionamiento y las ambiciones propias del funcionamiento del sector financiero local, regional y mundial. La alternativa al paradigma de la bancarización y financiarización se encuentra en la cooperativización, en la proliferación de las economías solidarias, en una mayor participación de las asociaciones sindicales en la construcción de paz y país.

 

Estrategias contrapuestas que no parecen querer negociar axiomas y fundamentos. La diferencia de poderes y de intereses es evidente entre las posición del Gobierno y la posición de Ong, cooperativas, sindicatos, académicos, políticos y analistas. Postura que tiene la ventaja evidente de construir una alternativa sobre el reconocimiento de los vicios intrínsecos al funcionamiento del sistema financiero nacional (corresponsable del conflicto armado en Colombia), el mismo que ahora pretende usarse para solucionar las conflictividades sin depurar los algoritmos de sus operaciones de ganancia y acumulación.

 

 

 

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Infamia, ¿Hasta dónde llega la degradación humana?

No hay ninguna duda de que el ser humano es el único animal capaz de matar por diversión, por mandato, por “justicia”, por mil excusas que no respaldan tal acto.

 

Que en pleno siglo XXI, en Colombia, el país con la democracia más antigua de América Latina, se siga matando gente sin motivos, porque nunca hay suficiente motivo para el asesinato, y sin remordimientos es más que una infamia, es una locura sin sentido. Que, además, a las personas que investigan, denuncian o, simplemente, informan sobre esos crímenes les persigan, amenacen e incluso maten es, si cabe, todavía más grave.

 

En Me hablarás del fuego. Los hornos de la infamia se concentra todo lo dicho. Se narran y documentan las desapariciones de más de quinientas personas que fueron incineradas en hornos crematorios. Sí, al más puro estilo nazi, aunque alguno de sus protagonistas declare, como si eso redujera el delito, que los quemaban cuando ya estaban muertos.

 

Un documento inhumano que narra las atrocidades cometidas por unos supuestos seres humanos que habitan una presunta democracia. Y da igual el color del uniforme que les vista, la forma de las armas que porten, el símbolo colgado al cuello que veneren o las siglas ideológicas que les identifiquen. Sea cual sea su posible justificación, la historia de violencia de sus vidas o lo que hubieran sufrido en carne propia o en la de sus familias, son una panda de asesinos descerebrados.

 

Porque nada, nada, nada justifica esas acciones contra congéneres, contra otras personas que son además compatriotas e, incluso, conocidos, amigos o familiares. Eso sí, luego se unen por los colores de una bandera que no envuelve nada. Si acaso el vacío de un pasado bañado en sangre, de un presente conflictivo y de un futuro riesgoso e incierto.

 

Y todavía hay quién quiere arrogarse el patrioterismo de defender la nación, la seguridad y el orden. Reclaman el valor de la resistencia civil frente a unas negociaciones que no traerán la paz, pero que pretenden, al menos, ir quitando actores armados del escenario social y político.

 

Lo que hace falta es eso, sí. Resistencia civil. Pero contra la ignominia, contra la barbarie, contra todos los crímenes y contra los salva patrias que solamente piensan en la suya, la que hay en sus retorcidos cerebros que no dejan lugar para los otros (as). Esas gentes, con conocimiento de causa o sin saberlo, son las que dificultan una convivencia pacífica tan añorada como lejana. Son quienes fomentan los odios porque están tan cargados de ellos, y tienen miras tan estrechas, que solamente piensan en muertes y en venganzas. Promueven el resentimiento entre hermanos como si eso fuera la solución. No defienden la libertad ni la justicia social. Respaldan sus propios intereses y quieren convencer a los demás de que son los de la mayoría.

 

En ese texto nos encontramos también, por las consecuencias que ha tenido, con la falta de libertad de expresión, la persecución a los medios y sus profesionales, los ataques a quienes defienden la memoria y quieren luchar contra el olvido para reclamar justicia, para firmar un acuerdo de convivencia y que se pueda decir “aquí paz y después gloria”.

 

Porque en las páginas de ese escrito de investigación periodística están las historias, los gritos y los silencios, las ausencias y las presencias de todas las personas que han padecido esta incruenta e inclasificable guerra fratricida. Es decir, por activa o por pasiva, toda la población colombiana, viva o muerta, de los últimos doscientos años.

 

Amenazan y violentan a quienes trabajan por reconocer su propia historia. No permiten esas narraciones, no quieren que se sepan. El autor de ese libro está protegido por la Unidad Nacional de Protección, pero sigue amenazado y perseguido. Su vida, como la de muchas y muchos colombianos, estén o no en mitad del conflicto, tomen o no parte o partido por algún bando, se encuentra en peligro.

 

Pero él seguirá trabajando, haciendo lo que sabe hacer y narrando lo que vea, estudie o investigue. Porque, como señalan Bonilla y Tamayo, “el reto de la cobertura informativa consiste en hacer visibles las voces y los rostros de las mayorías nacionales que día a día se esfuerzan por superar, de manera pacífica y creativa, los conflictos sin acudir a la violencia (...)”.

 

Trabajando con los medios y sus profesionales para “ensayar otros criterios informativos en los que la paz —la cultura de la paz— adquiera visibilidad como un asunto de interés público. ¿Cómo? Imprimiendo densidad a la deliberación política, fortaleciendo el uso público de la razón y reconstruyendo narrativas que activen la memoria y la reconciliación.”[1]

 

Las demás personas también tenemos que seguir trabajando, haciendo lo que sabemos hacer y no matándonos, no arriesgando la vida por un juego de tronos que no es real. Sigamos dialogando y denunciando si hay que denunciar. Si tenemos que tomar partido, que sea por la conversación pausada, por la paz poética y por la vida. Ya nos moriremos sin necesidad de matarnos cuando nos llegue la hora.

 

Ahí está la paradoja, parece como si estuviéramos obligados a tomar partido. O eres de los blancos o eres de los negros, o con la guerrilla o contra ella, o con el ejército o contra él, o con los paramilitares o contra ellos, o con las bandas criminales o contra ellas. ¿Y si no queremos estar en ninguno de esos bandos?, ¿y si no queremos tomar partido?, ¿y si no nos gustan ni los unos ni los otros?

 

La mayoría de la gente del común que vivimos en este país, sí la mayoría aunque las encuestas no lo crean, somos grises, de muchos tonos de gris. Somos la Colombia diversa, la de todas y todos, la del verde de todos los colores y los múltiples sabores; somos de los que creemos que podemos ser la Colombia más educada, sin mercantilizar la educación; somos de los que defendemos que este lugar agraciado por la naturaleza puede ser en verdad un paraíso, pero sin serpientes y sin venderlo al capital transnacional; somos de los que le apostamos a una Colombia Humana, somos, en definitiva, los que nos queremos quedar y que nos dejen estar en paz sin que ésta se encuentre inexorablemente en la tumba.

 

[1] Bonilla, J. I. y Tamayo, C. A. (2007). Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Bogotá, CINEP.

 

 

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Colombia: A las puertas de un nuevo genocidio político

Un fantasma recorre Colombia: el del exterminio de la Unión Patriótica. Esta organización, gestada como salida del conflicto armado en el marco de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC a mediados de los años ochenta, sufrió en su corta y trunca existencia como propuesta civil, una arremetida paramilitar que -en estrecha complicidad con las instituciones estatales- trajo como saldo trágico el asesinato de más de 3000 de sus militantes. Desde campesinos, estudiantes, trabajadores y activistas de base en general, hasta candidatos presidenciales, alcaldes, concejales y senadores, el exterminio casi total de la UP llegó a ser catalogado por diversos organismos de derechos humanos como un verdadero genocidio político. Las negociaciones de paz se vieron así clausuradas por la muerte, el exilio y la desaparición forzada de quienes aspiraron en aquel entonces a transitar hacia una vida democrática con plena participación civil, en un sistema político que ha resultado refractario a las opciones por fuera del binomio impuesto, a sangre y fuego, por conservadores y liberales desde los tiempos de la llamada “Violencia”, década que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desplazados, y que tuvo como hito previo catalizador al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

 

Solo en lo que va del año 2016, alrededor de 40 activistas de plataformas civiles como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asesinados, más de la mitad de ellos perpetrados en el mes de marzo. El 1 de abril, la referente de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, sufrió un intento de atentado contra su vida por parte de sicarios, luego de haber denunciado el peligro de que en Colombia se viva un nuevo genocidio equivalente al de la Unión Patriótica. En esta misma zona del Chocó, recientemente han incursionado cerca de mil paramilitares, imponiendo el terror en las comunidades rurales. Esta escalada del paramilitarismo quedó en evidencia días atrás, con la imposición de un “paro armado” en cuatro Departamentos de Colombia, que incluyó asesinatos y la quema de transportes públicos. Pero la arremetida contra el proceso de paz no solo tiene a estos actores paraestatales como protagonistas. Si bien no ha logrado demasiado eco, el partido uribista Centro Democrático instó a salir a las calles el pasado 2 de abril, para repudiar las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana y a las que ahora se le suman las anunciadas en forma pública por el gobierno y el ELN en Caracas.

 

Aunque pueda resultar paradójico, estas negociaciones de paz, lejos de aplacar la criminalización de los movimientos sociales en Colombia, la han agudizado. Basta decir que dos de los principales referentes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, Huber Ballesteros, dirigente rural de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de los Trabajadores, y Feliciano Valencia, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han sido condenados a prisión violándose los más elementales derechos y garantías (en este último caso, luego de una larga lucha, se ha logrado que Feliciano pueda cumplir su reclusión en un resguardo indígena). A esto se le suma la persecución al pensamiento crítico, que tiene como caso testigo al profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán, preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, bajo la acusación sin pruebas concretas de ser colaborador “ideológico” de la guerrilla. Resulta escandaloso que actualmente la cantidad de presas y presos políticos en Colombia ascienda a más de 9.500 personas.

 

Nada dicen de ellos y ellas los medios hegemónicos, que bombardean de manera constante y cínica con noticias y denuncias sobre la situación de supuestos “presos políticos” en Venezuela o Cuba. El proceso de paz en Colombia transita por uno de sus momentos más críticos. Vale la pena recordar que gran parte de aquellos homicidios perpetrados contra la Unión Patriótica aún se encuentran impunes, al igual que la mayoría de los asesinatos de militantes populares ocurridos en los últimos años en el país. Solamente de Marcha Patriótica -plataforma civil surgida a la vida pública en abril de 2012- han sido aniquilados 116 de sus miembros. Por lo tanto, sin la garantía de no repetición -uno de los puntos centrales impulsado por las insurgencias de las FARC y el ELN en las mesas de diálogo- y sin el desmonte definitivo y la condena efectiva del paramilitarismo -que aún se mantiene activo en gran parte del país y cuenta con un considerable apoyo de sectores desestabilizadores de ultraderecha-, no cabe pensar en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

 

En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo y militante Orlando Fals Borda caracterizó la historia reciente de su país en los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto con las mesas de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN, es un primer paso para conjurar más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde 6 millones de personas han sufrido desplazamientos forzados de sus territorios y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad.

 

 

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Un autobús calcinado durante un paro armado del Clan Úsuga, en abril.
El repunte de la violencia de los herederos de los paramilitares marca la recta final del proceso de paz
 

 

El pasado 10 de abril, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana compartió en su perfil de Twitter una viñeta del humorista colombiano Matador. Una serpiente, del tamaño de una anaconda, a punto de devorar una paloma de la paz sobre el mapa de Colombia. La caricatura incluye una flecha apuntando al reptil y una palabra: paramilitarismo. La metáfora, compartida por otros tantos usuarios (no todos miembros de la guerrilla) resumía el temor que sobrevuela el país a pocos meses de que se firme el acuerdo de paz que pondrá fin a más de medio siglo de conflicto con la guerrilla: la presencia, cada vez más activa, de grupos armados que atentan de una forma similar a la que solían las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Desde principios de año hasta abril, la Policía colombiana y la ONU han confirmado al menos 12 asesinatos de líderes sociales a manos de bandas criminales, un saldo de tres muertos al mes. El Gobierno asegura que todos los casos se están investigando, pero no encuentra una relación directa entre la ideología de esas personas y el crimen organizado. La semana pasada, un hombre armado disparó contra una reunión en la que se encontraba Imelda Daza, histórica líder de la Unión Patriótica (partido surgido de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur), la formación que perdió a más de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.

 

Pese a todos los indicios, el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha mostrado reticente a hablar de paramilitarismo. Las autoridades consideran que las AUC ya se desmovilizaron a principios de este siglo y que lo que buscan ahora estas organizaciones criminales es un reconocimiento político para beneficiarse de la justicia especial que se ha acordado con las FARC en La Habana por la que serán juzgados todos los actores del conflicto. El Gobierno argumenta que estos grupos armados tampoco evidencia una estrategia contrainsurgente y no constan enfrentamientos entre estas estructuras y las guerrillas. Las investigaciones que llevan a cabo desde distintas estancias estatales concluyen que aunque “hay evidencias” de relaciones con miembros de la fuerza pública y funcionarios, “son aisladas y producto de la corrupción”.

 

Se ha vuelto un debate semántico. El Gobierno se empeña en mostrar las diferencias con los paramilitares y los movimientos sociales las semejanzas. Lo único cierto es que se trata de grupos que quieren afectar al proceso de paz”, opina Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La entidad, con cálculos similares a otros centros de estudio, estima que de los 1.102 municipios del país estos grupos operan en cerca de 300. El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños, formado por unos 3.000 miembros, es el grupo más activo. Su líder, alias Otoniel, es hoy en día el hombre más buscado de Colombia. Más de 1.000 hombres participan desde hace más de un año en la Operación Agamenón para tratar de capturarlo.

 

Ávila divide a estos grupos neoparamilitares en tres tipos: un 30% con características similares a los paramilitares de antaño, es decir, dedicadas al contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, con jerarquía dentro de la organización y una cercanía con sectores políticos y judiciales. Otoniel encabezaría este grupo. Otro 30%, menos jerarquizado, que venden servicios de seguridad privada o sicariato, protegen algunos territorios, pero tienen alcance regional. El 40% restante lo formarían “bandas de 20 o 30 tipos, mercenarios, con mucha autonomía criminal que presenta sus servicios al mejor postor”. “Los Urabeños no van a empezar a matar guerrilleros porque sí, pero si, pongamos, un ganadero lo quiere hacer y les pagan, lo van a hacer”, concluye.

 

La creciente actividad de estos grupos está teniendo una fuerte repercusión en la recta final del proceso de paz con las FARC, que desde hace tres años y medio se desarrolla en La Habana.. Las garantías de seguridad a los guerrilleros después de su desmovilización es un asunto que ambas partes llevan trabajando desde hace meses. La comisión negociadora que trata este tema, liderada por el general Óscar Naranjo y Pablo Catatumbo, respectivamente, se ha intercambiado una treintena de borradores sin conseguir llegar a un acuerdo. En sus charlas el término de paramilitarismo se pronuncia con más asiduidad que en territorio colombiano. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido visos de un cambio de postura por parte del Gobierno. Recientemente, autorizó el uso de “toda la fuerza del Estado”, incluido los bombardeos aéreos, contra las principales bandas criminales del país. De hecho, del término Bacrim empleado para definir a estos grupos se ha pasado al de “grupos armados organizados”.

 

En los últimos días, las referencias al paramilitarismo han copado varios de los mensajes más relevantes de Colombia. La excandidata presidencial Íngrid Bentacourt, en su regreso a Colombia después de seis años, hizo referencia a la “reciente reincidencia del paramilitarismo a través de las bandas criminales después de un programa de sometimiento a la justicia”. Incluso el presidente, Juan Manuel Santos, lanzó este viernes un duro mensaje a su máximo opositor, Álvaro Uirbe. El expresidente, del que Santos fue ministro de Defensa, llamó esta semana a la “resistencia civil” ante los acuerdos de La Habana. “Es la misma que proponía Carlos Castaño”, le ha espetado Santos, recordando a uno de los máximos cabecillas paramilitares que ha tenido Colombia.

 

 

 

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Ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra
Colombia se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias
que determinarán su nuevo rumbo.

 

 “Mi nombre es Eduardo Abril Galán [*], nací el 16 de noviembre de 1944 en la Ceja, Antioquia. Me crie en el campo; desde muy pequeño, recuerdo que trabajaba en la finca de mi papá; yo no estudié porque en ese tiempo no había quien me diera un cuaderno y además mi papá insistía en que para el trabajo de campo los libros no son necesarios; me acuerdo que cuando mi papá salía al pueblo aprovechaba para jugar con mis hermanitos.

 

Siempre nos levantaban a las cuatro de la mañana porque teníamos que ir a revisar el ganado, a ordeñar las vaquitas y a mirar que los cultivos estuvieran bien. Cuando llegaba la hora del almuerzo, teníamos que rezar el rosario todos juntos y evitar la risa porque sino mi mamá o mi papá nos cascaba, eso de irrespetar a Diosito era muy delicado en la casa. Después, con ese sol que golpeaba fuerte la nuca y la cara, tocaba ir arriar el ganado otra vez; yo me acuerdo mucho cuando llegaban los diciembres que me gustaba mucho ir a la casa de una tía que tenía en la ciudad de Medellín, pero, como éramos muy pobres, mandaban uno cada año porque éramos ocho hijos (ja, ja, ja). Mis papás no perdían el tiempo, ¿cierto?

 

Cuando cumplí quince años no me aguanté más las pelas de mi papá, entonces me fui de la casa y me dieron trabajo en Santa Rosa de Osos, por allá todo era muy duro, no es como ahora que todo es plata, pero la pasé bueno por esa tierra; yo era muy buen mozo, tenía novias y me vagabundeé mucho, tomaba aguardiente, como me pagaban bien, invitaba a las mujeres a salir; luego el patrón me llevó para Urabá, por allá me quedé trabajando administrando unas bananeras, pero eso era selva y no tenía las carreteras; mijo, usted no sabe todo lo que viví allá.

 

Lo que siguió después fue la tragedia; como queriendo no dar tregua, la guerrilla se tomó muchas zonas, luego, en los noventa, se agudizó la violencia y a uno lo mataban hasta por decir “hola”. A mi mujer la mataron malarios, yo no sé si guerrilla o paras, la cosa es que está ya muerta, eso fue muy duro; tuvimos un solo niñito y, cuando recién cumplía seis años, se me murió de paludismo. Quedé destrozado y aburrido, algo cansado y piedro con el destino. Después de unos años más de trajinar en Antioquia, decidí que lo mejor era mirar nuevas tierras y me vine a los santanderes, me gustó mucho el municipio de Piedecuesta y de ahí me instale definitivamente, hacia el año 1996, en el municipio de Los Santos. En esta tierrita encontré la paz y la tranquilidad, no me quise volver a casar y le bajé un poco al trago; en parte me vine escapando de la violencia, decir que uno es colombiano y no sentirse ciudadano es muy verraco”.



 

 Como Eduardo Galán, miles de colombianos más, o tal vez cientos de miles, migran cada día, todos los días, durante cada año, hace ya más de cuarenta años, a través de todo el territorio nacional; es un éxodo que pareciera nunca acabar y que, al final, solo es atestiguado por los senderos, por las trochas y la vías improvisadas de arena, donde estos olvidados, donde estos individuos dejan de ser ciudadanos y se transforman en marginados. Vivir en Colombia no es fácil, más aún cuando es el campo el que, en ocasiones, impide el reconocimiento político y social y la falta de visibilidad de las necesidades de sus pobladores, esto es, de los campesinos.

 

El investigador Hugo Quiroga, quien es el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política de la misma universidad, desarrolló un texto titulado "El ciudadano y la pregunta por el estado democrático". Dicho texto puede ser un referente imprescindible para entender por qué en Colombia persiste una asimetría que no es solo política, social, económica o cultural, sino que apunta, ante todo, hacia la comprensión de las fronteras invisibles, donde solo unos pocos adquieren el atributo de ciudadanos.

 

Hablar de ciudadanía y hacerlo en un espacio que sea sostenible respecto a un estado democrático, como se conceptúa en el caso de Colombia, donde se reitera bajo la constitución que somos un estado social de derecho; implica desarrollar una visión que medie entre las tensiones que se derivan de la democracia para un estado social de derecho y aquello que se denomina ciudadanía incompleta.

 

Resulta entonces imperativo encontrar una postura, o mejor aún, hallar un término medio que concilie las preguntas en torno a si existe o es viable y legítimamente deseable hablar de una democracia real, cuando a través del estado de hechos en Colombia se manifiesta solo una suerte de democracia ideal, que tiene un fuerte respaldo teórico, mas no una considerable articulación práctica; es decir, se habla de democracia continuamente, se alude a formas de organización democrática en algunos estados latinoamericanos, siendo Colombia un referente y un claro ejemplo de ello y, sin embargo, sigue operando la asimetría socio–económica, que es tan solo una de las formas en que se expresa la desigualdad. La guerra aún persiste.

 

Sumado al anterior problema, esto es, el de la democracia fallida o fracturada, dirá Vargas Llosa, es posible observar que, de forma interrelacionada, emerge la pregunta por la existencia de la igualdad ciudadana, es decir, se plantea la cuestión de si, en efecto, dentro de un estado llamado democrático, como en el caso colombiano, realmente son los ciudadanos iguales entre sí. De ahí que se evidencie entonces por qué con justa razón la noción de democracia, y junto a ésta de ciudadanía, contienen en sí mismas cierto grado de tensión, en tanto que aquello que está en juego en última instancia es el papel y la función que cumple un ciudadano dentro de un estado democrático sitiado por la guerra y, por vía inversa, cuál es el fundamento y el rol de la llamada democracia al interior de un estado y del colectivo de ciudadanos que le configuran.

 

En este orden de ideas, se reconoce fundamentalmente el carácter problemático del asunto en torno a la democracia y al concepto de ciudadanía en un contexto como lo es el colombiano, debido, en parte, a la complejidad misma que se deriva de este tema y a la cantidad de factores que intervienen en el proceso mismo de construcción de la ciudadanía y la democracia como un efecto del estado organizado e institucionalizado bajo preceptos de igualdad y equidad. Para ello es entonces necesario reconocer que existen cuatro nociones básicas que se hallan, de manera inextricable, relacionadas y que son explicadas de forma interdependiente. Dichos conceptos, o mejor aún categorías, son: igualdad, derecho, ciudadanía y democracia.

 

Pues bien, uno de los aspectos problemáticos de la democracia (en Colombia al menos) es justamente su carácter polisémico, lo que le da gran variedad de matices interpretativos según sea también el contexto, sin embargo, a juicio del autor Quiroga, es necesario puntualizar aquella noción que apunte a empatar la resignificación de la democracia bajo el precepto de libertad e igualdad con el de ciudadanía o ciudadano como instrumento de integración en el colectivo.

 

Para dirimir el asunto de la democracia y el ciudadano inserto en un estado democrático, es necesario considerar que las sociedades actuales, en especial en Latinoamérica y como caso puntual Colombia, exhiben a ciudadanos denominados nominales o incompletos, es decir, aquellos ciudadanos que no pueden ejercer plenamente los atributos correspondientes a la condición y categoría de ciudadano, y la existencia de esos ciudadanos incompletos se debe a las condiciones imperantes que son en sí mismas deficientes a nivel económico, cultural y social, esto es lo que agudiza la pregunta por el estado democrático, pero, a su vez, es el punto de inflexión a partir del cual es posible una reinterpretación del ciudadano y la democracia como proceso participativo y de acceso deliberativo en un Estado como el nuestro.

 

Así pues, al considerar lo que implica ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra, surge una interpelación no solo en un sentido socio–económico o simplemente político, sino también filosófico respecto a la democracia como un proceso dinámico y rico en posibilidades, donde la configuración de una forma de organización social debe ir más allá del mero ejercicio político y apuntar hacia un proceso de transformación del colectivo, donde se reivindique el papel activo del ciudadano y la trasformación del mismo a través de la reinterpretación y revaloración de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales, en tanto que individuo y ciudadano. Así pues, las categorías de campesino, indígena o marginado deben ser reformuladas para poder romper esas barreras invisibles que permanecen en el imaginario de los colectivos colombianos, donde les cuesta aceptar que aún impera el clasismo y el arribismo en muchos sectores de nuestra sociedad.

 

Ahora bien, sumado a lo anterior, se debe reconocer que la sociedad colombiana se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual, al margen de polarizaciones por parte su población y la comunidad internacional en torno al posconflicto como proceso y realidad alcanzable, se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias que determinarán el nuevo rumbo de la sociedad nacional en su conjunto. A efectos prácticos y sin pretender incurrir en reducciones simplistas respecto al tema político, social y cultural, resulta totalmente procedente hablar de transición política en el país, y más aún, de un proceso de transformación sustancial respecto del Estado colombiano, el cual, pese a ser conceptualizado como un estado social de derecho, aún no logra sus objetivos trazados de equidad, inclusión social y estabilidad nacional, debido, en parte, claro está, al conflicto armado.

 

De ahí que sea más que imperativo llevar a cabo interpelaciones en torno a una cuestión tan sensible, como lo es la pregunta respecto a cómo es que en un contexto de posible transición política del conflicto armado en Colombia (tal cual es el caso del tiempo presente), y atendiendo al derecho a los procesos de verdad, ¿qué papel debe tener la sociedad en el proceso de reparación y transición política y social?

 

Lo que se trata de exponer aquí es, aunque sea someramente, cuál es el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado. Dicha formulación precisa de aportes y análisis, por lo demás bastante específicos, en torno a lo que como rol y función está llamada a desempeñar la sociedad colombiana respecto al proceso de reparación de las víctimas derivadas del conflicto armado. Colombia aún se halla sumida bajo la figura de un estado en guerra y, como si esa situación fuere insuficiente, aún miles de colombianos son invisibles, miles son los olvidados, los que no son reconocidos como ciudadanos.

 

En efecto, se habla de violencia y perspectiva del Estado respecto al conflicto armado en Colombia. Como quiera que sea, se trata de dos puntos angulares que se hallan interrelacionados para poder entender cuál es el sentido y alcance que el conflicto adquiere. A su vez, tanto la violencia y sus diversas y reprochables formas de expresión y manifestación, confluyen precisamente en el marco de la sociedad. Es decir, es en el ámbito de la sociedad donde se desarrolla y desenvuelve el drama de la violencia general o sistematizada y, a su vez, es donde el Estado centra su atención para desarrollar apreciaciones y juicios de orden estratégico en torno a cómo desarrollar la lucha contra los grupos armados, al tiempo que emergen bandas delincuenciales en zonas urbanas. Y, sin embargo, resulta paradójico a la luz del tema aquí planteado, que tal y como el autor Nicolás Espinosa advierte en su texto Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena:

 

“La perspectiva que tiene el Estado colombiano sobre el conflicto no distingue entre campesinos, guerrilleros y narcotraficantes. La retórica oficial es fuerte y la respuesta militar lo es de manera proporcional, afectando de forma directa a los campesinos. La vinculación de la lucha antidrogas en la lucha antisubversiva ha implicado para los campesinos, según testimonios que he reunido, detenciones masivas, cuando no, arbitrarias, allanamientos sin orden judicial ni acompañamiento, bombardeos, bandas criminales, constantes señalamientos y atropellos. Las acciones oficiales se traducen en el descrédito de la institucionalidad y, en términos de la violencia de todos los días, implican nuevos marcos reguladores de las relaciones sociales”. (Espinosa, 2010; pág. 71).

 

Con acierto se puede colegir de las observaciones expuestas por Nicolás Espinosa que, en relación con el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado, resulta imperativo, y por lo demás deseable, tratar de comprender que el Estado debe ser incluyente dentro de su marco interpretativo para poder lograr, de forma eficiente, el tránsito político requerido para abordar y comprender en términos más dúctiles el conflicto armado.

 

Es decir, no será a través de la lucha frontal, pero tampoco del desistimiento tácito, como se logrará un nuevo marco regulatorio, sino que será la población civil de Colombia, a través de un ejercicio de inclusión donde se reconozca además la ciudadanía de todos por igual, ya sea que se trate de actores directos e indirectos, para poder cohesionar las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo cual, a su vez, permitirá otorgar una nueva vos, donde sea la comunidad, la población (y en especial aquellos que han sido olvidados o marginados) misma, la que formule, postule y proponga un nuevo marco programático para abordar el conflicto armado a través de la generación de espacios críticos y condiciones de posibilidad, para que el Estado reconsidere su tradicional y sesgada postura de amigo y enemigo, y evite así incurrir en señalamientos que pudiesen resultar lesivos para la población civil.

 

Finalmente, se puede argüir que a la pregunta ¿cómo superar las contradicciones de los ciudadanos incompletos?, al interior de un estado democrático, como el Colombiano, se debe apuntar, señalando tal cual lo refiere el autor Hugo Quiroga, hacia aquello que se denomina “el espacio público civil”, pues es al final, en este ámbito, donde tiene lugar la esfera de afirmación democrática, no solo en el sentido primero del término y en su aspecto teórico, sino, más aún, a un nivel elemental que se funde con la praxis, donde el ejercicio de la ciudadanía ha de volverse una realidad del todo constatable. Solo en este punto habrán de surgir las prácticas solidarias y los espacios plurales de deliberación y control.

 

De otra parte, cabe añadir entonces que solo hasta el momento en que la sociedad colombiana se concientice en torno al carácter fundamental de los tres pilares de trabajo necesarios para lograr la transición política, los cuales son justicia, verdad y reparación; será posible reconocer y dar el sentido y valor que amerita el proceso mismo desde lo social, junto a un claro marco jurídico, al tema de reparación víctimas, pero para ello igualmente resultará necesario la articulación y el establecimiento de un diálogo más directo y sin ambages entre el Estado y la población civil.

 


 [*] Nombre cambiado a solicitud del entrevistado.

Referencia:

 

"Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena". Nicolás Espinosa Menéndez. Instituto de Antropología e Historia. Bogotá (2010).


La violencia en Colombia. Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. Tomo I. Punto de lectura.
Ahí les dejo esos fierros. Alfredo Molano. El Ancora Editores (2009).


"El ciudadano y la pregunta por el estado democrático". Hugo Quiroga. Versión PDF.

 

 

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Colombia autoriza la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato
La determinación del Consejo Nacional de Estupefacientes establece que será terrestre y tendrá que cumplir con un protocolo especial



Un año después de que se suspendió, luego de dos décadas de uso, la aspersión aérea de glifosato a los cultivos de coca en Colombia, el Consejo Nacional de Estupefacientes volvió a avalar su uso, pero de forma terrestre. La aplicación de este método, que estará en manos de la Policía Antinarcóticos, tendrá que garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno y de las comunidades que vivan en esas áreas. Además, deberá cumplir con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

 

La decisión, que es respaldada bajo el argumento de que esta técnica permitiría erradicar hasta seis hectáreas por día, ha sido cuestionada por algunos sectores. En entrevista al diario nacional El Espectador, el exasesor de Política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, Daniel Rico, aseguró que las aspersiones terrestres no son viables y expondrán un mayor riesgo para las personas. Entre tanto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que si el uso manual del glifosato no pone en peligro a la población, su Ministerio lo respaldará.

 

La guerrilla de las FARC, a través de Pastor Alape, aseguró que “la fumigación manual con glifosato es una política fracasada. El camino es sustitución e implementar acuerdo de La Habana”. La aspersión terrestre empezará a regir una vez se modifique el Plan de manejo ambiental y se analicen los resultados de seguimiento a esta práctica, ha informado el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En mayo del 2015, cuando se suspendió la fumigación aérea, los cultivos de coca habían crecido en el último año entre el 15% y el 20 %, según cifras de Naciones Unidas. Una de las voces que más ha insistido en la necesidad de continuar con la aspersión del glifosato ha sido el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien días antes de conocerse la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes anunció que se haría de forma terrestre. Villegas ha reconocido que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato causó un incremento en los cultivos de coca.

 

 

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Lunes, 25 Abril 2016 06:57

El enfoque territorial de la paz.

El enfoque territorial de la paz.

La construcción de la paz requiere un nuevo enfoque de la organizacion de territorio en función de la equidad, la participación y la democracia ampliada.

 

El territorio está muy de moda en estos días a propósito de los procesos de paz que se adelantan con las Farc y el ELN.

 

El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, acude con frecuencia al enfoque territorial de la paz para proponer un tratamiento local, municipal, departamental y regional de la paz. Para sugerir enfoques espaciales no convencionales en la construcción de la paz, como por ejemplo organizar juzgados rurales (http://bit.ly/1TqfWqv).

 

Por su parte, las Farc, han planteado la creación de unos Territorios Especiales de Paz/Terrepaz, como esquema de ordenamiento territorial alternativo que permitan profundizar el proceso de paz, especialmente en las áreas rurales (http://bit.ly/1r8zsyy).

 

Pero aún no hay muchos elementos analíticos al respecto, existe carencia de ellos en el debate público, especialmente regional y local.

 

Conviene señalar que categorías geográficas como el enfoque territorial de la paz deben contemplar concepciones de espacio/territorio que reconocen lugar, posición, ubicación etc. como creados, como producidos, de acuerdo con la visión de Oslender, a quien acudimos en la presente reflexión (http://bit.ly/1qIutEg).

 

Es más. No se trata solamente de reconocer la forma construida de dichos conceptos sino de mostrar cómo han sido construidos y bajo qué estructuras políticas y relaciones de poder/saber.

 

Sobre el espacio/territorio, Lefebvre sugiere:

 

El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de una abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e ideológico. Es un producto lleno de ideologías (http://bit.ly/1YIKWDw).

 

Si además podemos considerar lo político como la dimensión del antagonismo que es inherente a todas las sociedades humanas, resulta que hay conflictos en el uso del espacio (http://bit.ly/1U0AtEr). O, en otras palabras, el espacio es un sitio de constante interacción y lucha entre dominación y resistencia. Estas luchas están frecuentemente articuladas por movimientos sociales, que han sido identificados como espacios privilegiados para estudiar los procesos de mediación en el campo de construcción de democracias.

 

En el caso de movimientos sociales agrarios, indígenas y afros, que se movilizan alrededor de la defensa de sus territorialidades, por ejemplo, es el espacio material y físico el que está al centro de sus actividades. Sin embargo, su lucha por la tierra es al mismo tiempo una lucha por el espacio y sus interpretaciones y representaciones.

 

Para el movimiento social de comunidades agrarias que se definen como organizaciones territoriales, la lucha por el territorio está explícitamente vinculada a una re-interpretación del espacio y su significado para los actores locales.

 

Lefebvre identifica tres "momentos" interconectados en la producción del espacio: 1) prácticas espaciales; 2) representaciones del espacio; y 3) espacios de representación (http://bit.ly/1YIKWDw).

 

 

Las practicas espaciales.

 

Las prácticas espaciales se refieren a las formas en que nosotros generamos, utilizamos y percibimos el espacio. Por un lado se efectúan procesos de adecuación y burocratización de la vida cotidiana, un fenómeno sintomático y constitutivo de la modernidad con que se ha colonizado un antiguo e históricamente sedimentado "espacio concreto", argumento presentado también por Habermas (http://bit.ly/22XEZnd) que refiere a estos procesos como "colonización del mundo-vida". Por el otro lado estas prácticas espaciales están asociadas con las experiencias de la vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida diferentes, más personales e íntimas.

 

 

Las representaciones del espacio.

 

Las representaciones del espacio se refieren a los espacios concebidos y derivados de una lógica particular y de saberes técnicos y racionales, un espacio conceptualizado, el espacio de científicos, urbanistas, tecnócratas e ingenieros sociales.Estos saberes están vinculados con las instituciones del poder dominante y con las representaciones normalizadas generadas por una "lógica de visualización" hegemónica. Están representados como "espacios legibles", como por ejemplo en mapas, estadísticas, etc. Producen visiones y representaciones normalizadas presentes en las estructuras estatales, en la economía, y en la sociedad civil. Esta legibilidad produce efectivamente una simplificación del espacio, como si se tratara de una superficie transparente. De esta manera se produce una visión particular normalizada que ignora luchas, ambigüedades, y otras formas de ver, percibir e imaginar el mundo. Eso no quiere decir que estas relaciones son necesarias. De hecho, existen múltiples formas de desafíos y re-apropiaciones del espacio por los actores sociales. Sin embargo, lo que hace esta conceptualización de representaciones de espacio muy importante hoy en día, es la importancia creciente de formas dominantes de esta lógica de visualización y las relaciones de poder/saber que la reproducen y son reproducidas por ella. El uso creciente de las tecnologías de información y de las nuevas formas de modelar dinámicamente la vida social, como por ejemplo en los sistemas de información geográfica (SIG), son otro indicador de la dominación creciente de representaciones del espacio. Su efecto es uno de abstracción y descorporizacion del espacio, siempre apoyado por argumentos científicos y recursos a una "verdadera" representación. Así ha surgido un "espacio abstracto" en que cosas, eventos y situaciones están sustituidos por siempre por representaciones.

 

Sin embargo, en vez de constituir un espacio homogéneo y cerrado, el espacio abstracto mismo es un sitio de lucha y resistencia en cuyo terreno se articulan las contradicciones socio-políticas. Dice Lefebvre que estas contradicciones resultarán finalmente en un espacio nuevo, un "espacio diferenciado", pues en la medida que el espacio abstracto tiende hacia la homogeneización, hacia la eliminación de diferencias o peculiaridades existentes, un nuevo espacio solamente puede nacer si acentúa diferencias (http://bit.ly/1YIKWDw). Se puede argumentar que esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en día, una proliferación de espacios diferenciados como resultado de las contradicciones del espacio abstracto. Las políticas de identidad que movilizan alrededor de asuntos de clase, raza, etnicidad, género, sexualidad, etc. han conducido a una acentuación de diferencias y peculiaridades articuladas en múltiples resistencias y desafíos a representaciones dominantes de espacio. Así que las contradicciones del espacio abstracto conducen a una búsqueda por un contra-espacio, un espacio diferenciado, articulado en las multiplicidades de resistencias como una política concreta del espacio.

 

 
Los espacios de representación.

 

Lefebvre sitúa estas resistencias en los espacios de representación. Estos son los espacios vividos que representan formas de conocimientos locales y menos formales; son dinámicos, simbólicos, y saturados con significados, construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. Estas construcciones están arraigadas en experiencia y constituyen un repertorio de articulaciones caracterizadas por su flexibilidad y su capacidad de adaptación sin ser arbitrarias.

 

Los espacios de representación no necesitan obedecer a reglas de consistencia o cohesión. Llenos de elementos imaginarios y simbólicos, tienen su origen en la historia - en la historia del pueblo y en la historia de cada individuo que pertenece a este pueblo (http://bit.ly/1YIKWDw).

 

Estos espacios de representación no son ni homogéneos ni autónomos. Se desarrollan constantemente en una relación dialéctica con las representaciones dominantes del espacio que intervienen, penetran y tienden a colonizar el mundo-vida del espacio de representación. El espacio de representación es entonces también el espacio dominado, lo cual la imaginación busca apropiar. Es a la vez sujeto de dominación y fuente de resistencia, el escenario entonces de las relaciones entre dominación y resistencia; pues así como dominación no puede existir sin resistencia, resistencia necesita la dominación para poder actuar y adquirir sentido.

 

Evidentemente los tres momentos identificados por Lefebvre en la producción del espacio necesitan ser considerados como interconectados e interdependientes. Existe una relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido que no pueden ser considerados como elementos independientes.

 

Interesa, en tal perspectiva, analizar los mecanismos concretos por medio de los cuales se busca integrar la las zonas agrarias marginales a la modernidad del país. Lo que sugiere la identificación de una etnografía de las prácticas de aquellos actores sociales que representan la avanzada de la modernidad en la periferia agraria: planificadores del desarrollo, capitalistas, biólogos y ecólogos, expertos de todo tipo y, finalmente, activistas de los movimientos sociales, como agentes de posibles modernidades alternativas.

 

Estas posibles modernidades alternativas serían el producto de la búsqueda por un contra-espacio, resultado de la relación dialéctica entre representaciones del espacio y espacios de representación, en que los movimientos sociales tratan de articular las necesidades del mundo-vida frente a representaciones dominantes de su espacio. Y estas modernidades alternativas necesitan ser pensadas desde un lugar específico al cual y a cuya gente se refiere constantemente y desde el cual se organiza la movilización en defensa del lugar.

 

La organización política requiere organización de lugar. Al mismo tiempo, lugar es más que la simple vida cotidiana vivida. Es el "momento" en que lo concebido, lo percibido y lo vivido adquieren una cierta coherencia estructurada.

 

Para desentramar el concepto de lugar/territorio al nivel teórico, hay que recurrir a Agnew (http://bit.ly/1VujTOo) que pone énfasis en las calidades objetivas y subjetivas de lugar sin caer en un subjetivismo arbitrario.

 

El concepto de lugar/territorio de Agnew se constituye de tres elementos: 1) localidad, 2) ubicación, y 3) sentido de lugar.

 

 

Localidad.

 

En lo más general, localidad refiere a los marcos formales e informales dentro de cuales están constituidas las interacciones sociales cotidianas. Localidad se refiere no sólo a los escenarios físicos dentro de los que ocurre la interacción social, sino implica también que estos escenarios y contextos están concretamente utilizados de manera rutinaria por los actores sociales en sus interacciones y comunicaciones cotidianas. De esta manera se dejan identificar ciertas localidades como escenarios físicos asociados con las interacciones típicas los cuales componen las colectividades como sistemas sociales.

 

 
Ubicación.

 

Ubicación se puede definir como el espacio geográfico concreto que incluye la localidad que está afectada por procesos económicos y políticos que operan a escalas más amplias en lo regional, lo nacional y lo global. Ubicación hace énfasis al impacto de un orden macro-económico y político en una región, y en las formas en que ella está situada, por ejemplo, dentro de un proceso del desarrollo desigual al nivel global.

 

 

El sentido de lugar.

 

El tercer elemento en el concepto de lugar es el sentido de lugar, o la estructura de sentimiento local. Trata de expresar la orientación subjetiva que se deriva del vivir en un lugar particular, frente al que individuos y comunidades desarrollan profundos sentimientos de apego a través de sus experiencias y memorias. El concepto de sentido de lugar ha sido central en la geografía humanística y propuestas fenomenológicas que han resaltado la naturaleza dialógica de la relación de la gente con un lugar y las formas poéticas en que la gente construye a espacio, lugar y tiempo. El sentido de lugar expresa entonces el sentido de pertenencia a lugares particulares e inserta una fuerte orientación subjetiva al concepto de lugar mismo.

 

Sin embargo, sería equivocado ver a los tres componentes de lugar como separados. Más bien actúan como momentos fluidos cuyas interacciones se influencian y forman entre sí.

 

De esta manera prácticas espaciales; representaciones del espacio; espacios de representación; localidad; ubicación; y sentido de lugar son elementos centrales en una redefinición territorial asociada a la construcción de la paz con justicia social.

 

Es inadmisible que la clase politiquera regional y local vinculada a la gran propiedad latifundaria y hacendística termine, como ocurrió con la Constitución de 1991 bloqueando una reforma del territorio con sentido democrático y progresista.

 

 

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