Domingo, 24 Abril 2016 07:21

“Una paz grande y una paz buena”*

“Una paz grande y una paz buena”*

Desde mucho antes del pasado 23 de marzo de 2016, es más, desde el apretón mismo de manos entre Juan Manuel Santos y Timochenko, que tuvo lugar en La Habana el 23 de septiembre de 2015, ambos sabían que no cumplirían. No podían mantener la fecha con anuncio al país para la firma de un acuerdo final de paz.

De alguna manera, al establecer tal plazo de una paz rápida, no sinuosa, sabida pretensión oficial desde sus primeros contactos, ambos jefes, el del Gobierno y el de la insurgencia en negociación, cañaban al país con su promesa. Cada uno tenía que aparentar más convencimiento y estar más dispuesto a la paz que su contrario. Quien dijera la verdad y expresara que la paz no era posible en los seis meses siguientes posaría ante la opinión pública como enemigo del proceso en marcha. Apariencia, acomodo, diplomacia. No es casual que así la califiquen, en tanto que ejercicio de gobierno y de poder han quedado marcados como el arte de las apariencias. Y en esta ocasión no hubo excepciones. Apretón de manos, actuando para la audiencia.

Así procedieron, como también lo han hecho las dos partes en repetidas ocasiones, tal vez en todas y cada una de las 66 declaraciones conjuntas entregadas al país a lo largo de los tres años y medio que transcurren de negociación. Pasan sin advertir las razones de fondo, que rozan los límites de preservar el actual estado de cosas: político, social, de injusticia y régimen, y de la culpabilidad histórica en el origen del conflicto.

En alerta de las dificultades inmediatas que afronta un acuerdo de paz, y a los ojos de cualquier espectador, el 23 de marzo –cuando supuestamente la Mesa de La Habana debía anunciar la firma de un acuerdo final de paz– las delegaciones ni siquiera encontraron un punto común de explicación al país, un mensaje, acerca de los motivos que impidieron concretar el final tantas veces propagandeado.

Así y todo, cabe decir, las declaraciones separadas del 23 de marzo que entregó cada una de las partes, establece un avance. Cada una explicita partes de los puntos aún por negociar, faltantes que son verdaderos diques en el camino para que el país avance hacia una nueva etapa en su historia reciente. De lo dicho por cada una de las delegaciones resulta que están atascados ante los siguientes muros:

Amnistía. Cese de fuegos y de hostilidades. Dejación de armas, bajo distintos intereses. Participación popular, no sólo de refrendación. Seguridad jurídica. Cumplimiento efectivo de todos los acuerdos. Margen de tiempo para la negociación.

Al propósito de este último inciso, la declaración de la delegación gubernamental expresa: “[...] esto exige decisiones prontas” y “[...] no estarán las partes indefinidamente en La Habana”. Además, enfatiza en “[...] garantía de ruptura de los vínculos de las Farc con todas las actividades ilegales” y, de una vez y para siempre, “[...] del vínculo entre política y armas” (1).

Vale la pena repasar las exigencias que el Gobierno le plantea a las Farc. Demanda que ciertamente rompan toda relación con la explotación ilegal de oro y otros minerales, así como dejar a un lado el cobro de gramaje de coca. Igualmente, abandonar toda relación con el comercio de coca pero también dejar la práctica de cobrar todo tipo de ‘impuestos’ en los territorios donde hace presencia y ejerce control. Y como garantía de su desenvolvimiento ‘civil’ venidero, asumir la legalización o lavado de todo el dinero que tenga bajo su control. Es decir, se le pide desencaletar todo el billete acumulado y centralizado en el curso de estos años. Con pacto de discreción, negociaciones de diverso orden pueden estar ocurriendo para hacer esto efectivo, de lo cual saldrían beneficiados los intermediarios de todo orden.

La declaración gubernamental, además, como si fuera hasta ahora un primer documento, hace constar su intención de firmar un acuerdo “[...] en condiciones de seguridad para todos. Sobre todo para los habitantes del campo colombiano y también para las Farc [...]”. Así de escabroso está el camino.

Y así está la travesía que todavía falta por recorrer, para que en efecto quede sellado el acuerdo entre las partes reunidas en La Habana, acuerdo que tendrá el desafío de probar su capacidad de inclusión nacional plena, territorial y de compuertas, con la totalidad de los factores violentos, en diversos ángulos.

A los aspectos resaltados por las partes, falta agregarles todos los ítems no acordados, pendientes, en cada una de las agendas firmadas hasta ahora, incisos que, ante los aprietos de opinión, fueron dejados a un lado. Quedaron a la vera para seguir debatiéndolos, de manera tal que no entorpecieran un lenguaje de optimismo y presentación ante el país, como avances ciertos. En suma, dentro del blanco a la vista, subyacen otros oscuros. Así, el imprescindible punto del desmonte de las estructuras paramilitares. Es de suponer también que el de la liberación de los presos de las Farc en cárceles de los Estados Unidos, con toda seguridad expuesta días atrás a John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, aprovechando la reunión sostenida. Y, por supuesto, el incierto mecanismo de consenso para ratificar los acuerdos, que en la actual composición del poder y la opinión no puede tener esguinces leguleyos, con la simple lectura sin asimilación de un artículo constitucional. Duele decirlo.

De modo que, con las declaraciones entregadas en esta ocasión, las partes avanzan en franqueza ante el país. En algo, cuando la oficial confirma que “[...] subsisten diferencias importantes [...]”, pese a lo cual, y de manera contradictoria, insiste en “[...] decisiones prontas”. Las Farc, en su declaración del 23 de marzo, recordaron la importancia de una Hoja de Ruta [...] y ampliaron: “Al respecto, se está trazando un itinerario que contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro del término del año 2016, para la finalización de la guerra [...] (2).

Para dilucidar algunas de las contradicciones que perduran en esta negociación, y poder valorar los escollos que atraviesa la negociación habanera, adentrémonos de manera parcial en sus particularidades:

–Dejación de armas. Enfatiza la delegación gubernamental que se deben precisar plazos fijos, “sin zonas grises”: “Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente” [...]. “Esta dejación es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil” (cursivas del autor). Al cierre de esta edición, el lunes 28 de marzo, en alocución ante el país, el Presidente fue enfático: “El Gobierno exige que las Farc tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y circular por el territorio nacional”.

Por su parte, las Farc proponen que sus armas las entregará en la medida en que los acuerdos vayan entrando en rigor.
Conservándolas, además y ante todo, como garantía de protección y defensa. Diez años es el plazo máximo para su total entrega. De acuerdo a la demanda de la vocería gubernamental, sin la entrega inmediata de las armas por parte de la insurgencia no sería posible proseguir con la negociación y darle cierre a la misma: ¡una contradicción de marca mayor!

En contra de esta posición, en la alocución mencionada, Juan Manuel Santos insistió: “El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta” [...] El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano –en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas– quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán”. Las desconfianzas son evidentes. Asimismo, las contradicciones, con dimensión no despreciable.

–Cese de fuegos. “Verificable por el mecanismo tripartito encabezado por NU”. Ante esta pretensión, no está demás interrogar: ¿Es posible garantizarlo cuando en muchos de los territorios en disputa subsisten factores armados –por ausencias o prepotencias– como el Eln y los paramilitares? ¿Qué dicen al respecto las NU? ¿Obligará esta realidad a la pronta apertura de negociaciones con el Eln, a fin de llegar a un acuerdo en “fecha límite”, que desbroce una firma total de paz en Colombia?

Es importante recordar que, militarmente, las partes viven una paz armada desde el propio momento en que las Farc declararon un cese unilateral de fuegos. Ahora, con su propuesta de dejación de armas de manera escalonada, paulatina y en la medida en que se verifique la concreción de los acuerdos firmados, esta organización proyecta una paz armada, prolongada, por lo menos durante una década. En paralelo, la concreción de esta modalidad del cese de fuegos en su primer escalón de “separación de tropas”, y la implementación de buena parte de los acuerdos a los cuales se llegue, obliga en forma exigente a la concentración de combatientes.

Sobre este particular hay distintas versiones, algunas de las cuales aseguran que la insurgencia propone 50 puntos diferentes del territorio (3). Otras, que demanda 80 sitios, mientras el Gobierno propone 10. Naciones Unidas ofrece acompañamiento en máximo 14 zonas, con demanda de trasladar al país cerca de 5.000 funcionarios. La garantía de seguridad sobre estos territorios también es objeto de diferencias. El Estado deposita tal responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas, asunto que para la insurgencia no brinda total confianza. La presencia de la ONU reforzaría la propuesta gubernamental.

De acuerdo con el Gobierno, aclarados estos aspectos, y garantizados los “valores de la sociedad colombiana” que argumenta resguardar, tendremos una paz grande y buena. ¿Pensarán lo mismo las mayorías nacionales, que hasta ahora no se han sentido invitadas a este proceso de negociación? ¿Qué entenderán por una paz grande y buena estas mayorías? He ahí un verdadero dilema necesario de aclarar. En efecto, la negociación de paz en curso alcanzará al país como un todo. ¿Cerrará las válvulas que impidan tomar curso a nuevos conflictos armados?

De persistir por largo tiempo las diferencias acá relacionadas, según enuncia Humberto de La Calle de que “no estarán las partes indefinidamente en La Habana”, y más allá del dominio de la diplomacia, que hasta ahora marca esta negociación, ¿alguna de las partes tendrá capacidad para abandonar la Mesa? ¿Alguna estará dispuesta a correr con el costo político de tal determinación? Cualquiera que sea la respuesta a estos interrogantes, no se debe olvidar que, en perspectiva del nuevo ciclo electoral 2018, y ante una prolongación del tiempo para negociar de manera satisfactoria para las partes todos los puntos aquí relacionados, el tiempo, la imagen y la situación corren en contra del gobierno que encabeza Juan Manuel Santos.

* Expresión contenida dentro de la “Declaración Jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto de la Calle”, marzo 23 de 2016, www.presidencia.gov.co.
1 Ibídid.
2 “Nuestra esperanza de paz se acrecienta”, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep
3 El Colombiano, 15 de marzo de 2016, pp. 4-5.

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Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Desde los movimientos sociales contabilizan una cifra mucho más alta

 

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior de Colombia declaró este miércoles que “en lo que va del año fueron asesinados 12 dirigentes sociales”, lo que da un promedio de un crimen político por semana. El funcionario señaló que esto “supone un ambiente inestable de cara a la firma del acuerdo final de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se está negociando en La Habana, Cuba, y debería haberse sellado el mes pasado.

 

Cristo aseguró que “la mayoría de esos asesinatos han sido cometidos por bandas criminales que temen ser exterminadas una vez se firme la tan esperada paz que demandan los colombianos desde hace más de 50 años”.

 

“Desde hace tres semanas andamos en contacto con dirigentes de derechos humanos, de la Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, la Cumbre Agraria y les estamos pidiendo que conformen un equipo con cinco representantes de las organizaciones sociales para establecer medidas”, añadió el ministro. En ese sentido anunció que se creará una comisión con representantes del ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería para los derechos humanos y la Fiscalía “a fin de evitar que sigan asesinando a líderes sociales en el país”.

 

Finalmente afirmó que no habrá impunidad en ninguno de los crímenes que se han cometido contra campesinos y líderes sociales. “Vamos a encontrar los responsables con el compromiso de la Fiscalía y la Policía”, dijo.

 

 

Las organizaciones populares tienen otra mirada

 

Si bien el número de un asesinato político por semana resulta alarmante, desde el movimiento social contabilizan una cifra mucho más alta.

 

Daniel Fernando Pérez Quintana, integrante del capítulo argentino del Movimiento social y político Marcha Patriótica, señaló a Notas.org que sólo en el mes de marzo las víctimas superan a las que ha informado el gobierno para todo el año. Entre ellas se cuentan Maricela Tombé (de Congreso de los Pueblos), Alexander Oime (de la Organización Nacional de Indígenas), Klaus Zapata (de la Juventud Comunista), Milton Escobar (de la Unión Patriótica), William Castillo, Cristian y Jorge Castiblanco y Alex Carrillo (de Marcha Patriótica). “A esos asesinatos se suma la mascare de nueve campesinos en el departamento de Putumayo. También detuvieron a Noreida del Carmen Trejos, Rigoberto Marín Vallejo, José Orlando Ángel Quintero y Wilson Castrillón”, explicó Pérez Quintana.

 

El entrevistado denunció que “estos casos se suman a la violencia sistemática que padece el movimiento popular. De Marcha Patriótica desde su fundación en 2012 han asesinado a 116 compañeros y compañeras. En el país hay 320 militantes capturados bajo montajes judiciales y hay 9.500 presos políticos”.

 

 

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El Gobierno de Colombia y las FARC se enredan en el día previsto para la firma de la paz

El aplazamiento del acuerdo previsto para este miércoles aumenta el escepticismo sobre el proceso
Javier Lafuente

 

De pasar a la Historia, a ser historia. El 23 de marzo de 2016 será recordado como el día en que se pudo firmar la paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, pero no se logró. Secreto a voces desde principios de año, en las últimas semanas ambas partes deslizaron que no se lograría un acuerdo este miércoles. Sin embargo, en ningún momento salieron a decir públicamente que no se conseguiría ni por qué. Finalmente, después de horas de espera y confusión, de convocatorias de prensa aplazadas, el Gobierno y la guerrilla ni siquiera lograron ponerse de acuerdo para presentar un documento conjunto el día que tanto habían destacado. Esta imagen, junto al aplazamiento de la rúbrica sine die, supone otro mazazo a la credibilidad y aumenta el escepticismo que hay en torno a las negociaciones que se celebran en Cuba desde hace más de tres años. Cuanto más cerca está el mayor anhelo de las últimas cinco décadas, los colombianos se sienten más indiferentes. A finales de febrero el 80% pensaba que no se firmaría un acuerdo en la fecha programada.

 

Las delegaciones llevaban reunidas desde el pasado 1 de marzo a un ritmo intenso, coinciden en apuntar desde ambas partes. Nunca se habían sentado durante tanto tiempo seguido a negociar. Sin embargo, el ciclo más largo termina sin anuncio concreto y con mensajes por separado nada alentadores y llenos de reproches implícitos. "Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. No vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera. Para el Gobierno, el acuerdo que se logre no puede ser un acuerdo cualquiera", aseguró el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien afirmó al final de su comunicado: "No estarán las partes indefinidamente en La Habana". "No fue posible el acuerdo final por las consecuencias lógicas de la guerra en Colombia", aseguró, por su parte, el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez. "Actuamos bajo la idea de llegar a la construcción de un buen acuerdo. El 2016 será el año de la paz", confió.

 

Gobierno y FARC trataron hasta el último momento sin éxito de establecer una hoja de rutas a seguir en las próximas semanas. Aunque casi con toda seguridad se descarta que se vuelva a poner un plazo concreto, las negociaciones se podrían extender hasta finales de mayo o junio, coinciden al menos cuatro fuentes próximas a ambas partes.

 

El presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, alias Timochenko, se dieron el pasado 23 de septiembre seis meses para llegar a un acuerdo final. Fue la primera vez que se fijó una fecha concreta en tres años de conversaciones, lo que ha permitido avanzar considerablemente en el desenlace del pacto final, pero no ha sido suficiente. El bloqueo en el acuerdo de justicia, que se demoró hasta diciembre, ha sido a la postre decisivo, como argumentaron las FARC en su día.

 

En esta ocasión, las zonas y la manera en que quedarán concentrados los guerrilleros después del cese bilateral ha sido el principal escollo. A grandes rasgos las principales diferencias giraban en torno a cuándo debería empezar a aplicarse la amnistía a los guerrilleros que no tienen delitos graves –las FARC defienden que en el momento de la firma del acuerdo; el Gobierno, con la entrega de las armas– y las zonas y la forma en que las FARC deberían concentrarse. El Gobierno pretende que esos lugares no estén próximos a la población civil. Para las FARC eso supone aceptar "cárceles a cielo abierto", según el término que han utilizado varios miembros de la delegación, y no están por la labor.

 

Detrás de este último escollo se esconde la polémica del acto pedagógico en la localidad de Conejo, el mes pasado, en el que los negociadores de las FARC aparecieron con guerrilleros armados. Los críticos con el proceso salieron en tromba a decir que era un reflejo de lo que ocurriría tras la firma del acuerdo. El Gobierno suspendió temporalmente las visitas de los negociadores de las FARC a los campamentos. Incluso Santos lanzó un ultimátum de cara al 23 de marzo que no ha servido de mucho: “El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso. De no ser así, los colombianos entenderemos que las FARC no estaban preparadas para la paz”.

 

Hay muchos aspectos que hacen creer que el proceso de paz es “irreversible”, una expresión que ha acuñado el propio Santos, bastante reacio a utilizarla hasta principios de año. La implicación de la comunidad internacional es total y fallarla supondría un riesgo considerable para el futuro de Santos y de la guerrilla. El Consejo de Seguridad de la ONU verificará el cese al fuego bilateral y la dejación de armas. Además, la reunión de esta semana del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con los negociadores del Gobierno y de las FARC supone el espaldarazo de la primera potencia mundial.

 

Lo más sintomático de la reunión de Kerry con la cúpula guerrillera, incluido su líder, Timochenko, fue la reacción de los miembros de las FARC tras el encuentro. Se lanzaron a las redes sociales para calificar lo “positivo” e “histórico” que había sido. Nunca antes un dirigente de estadounidense de tan alto rango se había reunido con ellos cuando aún integran la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Pese a que el Departamento de Estado fue muy escueto a la hora de valorar el encuentro, varias fuentes conocedoras del mismo valoran la trascendencia de lo tratado. Kerry, destacan, habló muy claro y abordó con la guerrilla todos sus reclamos. Hubo un aspecto que para las FARC fue clave y es que reconoció la preocupación por la violencia paramilitar. Estados Unidos, como anunció el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se comprometió a ayudar en materia de seguridad. Aunque no se concretó ese tipo de colaboración, no se puede obviar que la ayuda militar y de inteligencia de Estados Unidos mediante el Plan Colombia contribuyó a mermar a las FARC. Sin su presencia activa, esos mismos mecanismos podrían ir dirigidos a lo que el Gobierno denomina bandas criminales y la guerrilla sigue llamando paramilitares.

 

Con Estados Unidos, la ONU, América Latina y la Unión Europea de su lado, Colombia ya no puede recabar más apoyo internacional. El respaldo exterior es, sin embargo, inversamente proporcional al que tiene dentro de Colombia, donde, al fin y al cabo, se tendrá que desarrollar el posconflicto. Al Departamento de Estado no le gustó la furibunda reacción del expresidente Álvaro Uribe, que llegó a decir que se sentía “molesto” porque el Gobierno de Estados Unidos se reuniese con las FARC. Las distancias del uribismo con el proceso de paz siguen siendo muy abismales cuando se atisba su desenlace. La polarización en Colombia es uno de los mayores riesgos para la implementación y refrendación de los acuerdos. Mientras ese momento llega, algunos colombianos decidieron tomarse el 23 de marzo con humor. En las redes sociales aparecieron memes que recordaban que sí se llegó en la fecha prevista a La Paz, la capital de Bolivia, donde este jueves la selección jugará un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia.

 

 

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