¿A quién le conviene la Ley Lleras 6.0?

Multinacionales de la cultura y de otros órdenes, atacan de nuevo, ahora con la pretendida Ley Lleras 6.0. Al filo de quedar todos como criminales, restringidos en nuestras necesidades de saber, conocer y compartir sin necesidad de estar mediados por patentes y semejantes, todo ello para que le abran la puerta a Colombia en la Ocde.

 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, es uno de los sueños del presidente Santos. Sin embargo, las normas que la Ocde establece para convertirse en socio del denominado “club de los ricos”, favorecen a las potencias económicas garantizándoles mercados y normatividad en los países débiles. Con este propósito y en primer lugar, Colombia debe cumplir una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se tomaron medidas como la Ley Zidres que garantiza la entrega de tierras a las multinacionales y al gran capital. Otra es la exigencia de sacar al gobierno de las juntas de las empresas del Estado; con este fin, el gobierno ha pedido plazo para retirarse del Banco de la República y de otras entidades. En materia de empleo y seguridad social se propone la eliminación del salario mínimo y la reforma pensional.

 

Continuando con las exigencias, y en un acto que solo puede ser clasificado como chantaje, el 14 de febrero el jefe comercial de E.U. le envió una carta a la Ministra del Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, poniendo como condición tres normas para que E.U. apruebe el ingreso del país a la Ocde: en primer lugar, eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros. Como segundo punto, se intenta impedir que Colombia reduzca los precios de algunos medicamentos. Y como tercera obligación, exigen la aprobación de la última versión de la denominada Ley Lleras, donde se revisan los conceptos sobre derechos de autor y libertad de acceso en las redes.

 

A pesar del hundimiento en el Congreso colombiano de la quinta versión, el pasado 21 de marzo, el gobierno insiste en su propósito de cumplir las exigencias americanas y reintroduce la última versión denominada Ley Lleras 6.0. El origen de este proyecto proviene de un compromiso de Colombia a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y en un marco internacional en el que las grandes potencias, en razón del gigantesco desarrollo de sus “industrias culturales”, han multiplicado ganancias a costa de la privatización de la cultura y del control absoluto de los “mercados culturales”. La Ley Lleras inicial (así bautizada por el nombre de su proponente, Germán Vargas Lleras) y sus subsiguientes versiones, va mucho más allá que la Digital Millenium Copyright Act de E.U, norma que protege excesivamente a las multinacionales del entretenimiento y atenta contra el derecho a la información, a la cultura y a la búsqueda del conocimiento.

 

El TLC es una herramienta comercial, y por eso la actualización de las normas sobre el derecho de autor funciona más para los titulares de los derechos y para las empresas. En contraposición al derecho francés, donde el derecho de autor pertenece al creador, en los TLC lo enmarcan dentro del concepto anglosajón del copyright, donde los comercializadores son quienes se apropian de las obras. Dentro de este “novedoso” concepto de propiedad, donde los negociantes son quienes se benefician del conocimiento y del patrimonio intelectual de la humanidad, convirtiéndolos en el terreno de lucro de unos pocos, el proyecto de Ley Lleras 6.0 propone ampliar en veinte años el período de su dominio público para las personas jurídicas (de 50 a 70 años).

 

Marcela Palacio, abogada y autora del libro “Derecho de autor, tecnología y educación para el Siglo XXI”, dice que de entrada “Esta Ley es mucho más dura de lo que incluso requiere el TLC”. La 6.0 tiene implicaciones que van más allá de los compromisos del TLC con E.U. y está vinculada a los requisitos del posible ingreso en la Ocde. La 6.0 modifica substancialmente todo lo relacionado con las Medidas Tecnológicas de Protección, MTP, lo cual representa importantes riesgos para la sociedad, pues limita el uso justo el conocimiento.

 

Las MTP, para salvaguardar materiales u obras protegidas y derechos de autor, pueden dividirse en dos categorías: medidas de acceso y de uso. El TLC se refiere solo a aquellas de acceso (y plantea excepciones). En la nueva Ley se incluyen ambas, a diferencia de Estados Unidos, donde no se castiga la violación de medidas de uso pues se considera que el consumidor puede practicar el “fare use” (uso justo), lo cual permite utilizar el potencial que ofrece la tecnología. Tampoco contempla la posibilidad de implementar el “fair dealing” (transacción justa), o un sistema de flexibilización para la sociedad de la información.

 

No se consagra un sistema para las “Obras huérfanas” (obras protegidas por derechos de autor, cuyo responsable, el autor o titular, no se puede identificar o localizar) que cobije realmente las necesidades de los archivos, centros de documentación, bibliotecas, o de cualquier individuo. Adicionalmente, no se ocupa de las obras no publicadas y restringe ampliamente los usos que se permite de ellas.

 

La Ley aprueba su uso por parte de personas jurídicas y no incluye a las naturales, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y a su acceso. La Nación renuncia a su derecho de propiedad y el de los creadores sobre el conocimiento, adjudicándoselo en propiedad exclusiva a los comercializadores.

 

En la Ley no son respetados los derechos de los discapacitados al no contemplar las necesidades particulares de este grupo poblacional que serán incluidas en el “Tratado de Marrakesh”.

 

Como parte de los compromisos adquiridos en el TLC, se reforma el marco legal del derecho de autor, y se contemplan penas que van desde multas y hasta la prisión entre 4 y 8 años, penalizando las conductas cotidianas del contexto digital y científico. Los estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas, son tratados como criminales al usar para su trabajo el conocimiento, el cual queda convertido en propiedad de las grandes empresas. La piratería comercial no es paragonable al uso del patrimonio intelectual de la humanidad para fines investigativos, pedagógicos o para el trabajo individual.

 

De aprobarse esta Ley, será Estados Unidos, mediante la lista negra anual y pública de la Oficina de Comercio (Ustr) quien clasifique los niveles de incumplimiento de la propiedad intelectual de sus socios TLC. ¿Dónde queda, entonces, la soberanía si es solo E.U. quien tiene la autoridad para establecer las reglas, pasar al tablero y acusar? La Ustr actúa unilateralmente, desconociendo incluso los procedimientos para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio, OMC.

 

Ante las pretensiones de Ley en cuestión, vale la pena recordar que el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. El sistema internacional de derecho de autor reconoce la necesidad de establecer un marco legal balanceado que fomente la creatividad y permita la circulación del conocimiento y la cultura en beneficio del desarrollo y el bienestar de la sociedad.

 

La Ley Lleras 6.0 refleja la posición del Gobierno de acatar todas las órdenes que provienen del norte. Con la vana ilusión de pertenecer a la Ocde, se pretende que nuestro país implemente normas siempre más lesivas, las cuales se aplican para los miembros pobres mientras los socios ricos se benefician con múltiples cláusulas de excepción. Como en otras ocasiones, aquí vale el adagio popular de “el cura predica pero no aplica”.

 

* Presidente de la Unidad Nacional de Artistas.

 

Publicado enEdición Nº246
Balance de 6 años del Plan de Acción Laboral Colombia-EEUU.

6 años entre demoras, presiones y demandas por incumplimiento de obligaciones del TLC

Incluye el balance normativo en libertad sindical y formalización laboral y las 5 propuestas del Min-trabajo

 

Este 7 de abril se cumplen 6 años de vigencia del Plan de Acción Laboral (PAL), firmado por los entonces presidentes de Estados Unidos y Colombia (Obama-Santos); 6 años en los que hemos sido testigos de dos procesos estrechamente vinculados, pero muy contrastados.


Por un lado, el monitoreo de la implementación de las 37 medidas incluidas en el PAL se ha hecho con relativa diligencia por parte de las entidades estadounidenses encargadas: la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo, y la Oficina del Representante de Comercio (USTR en inglés). Más allá de los informes anuales publicados sobre el estado del PAL, se ha buscado dialogar no sólo con las contrapartes del gobierno colombiano, sino con actores claves del mundo de trabajo en ambos países. Por otro lado, las acciones del gobierno colombiano con respecto a las solicitudes continuas de mejorar y apurarse en la implementación y apropiación de los compromisos asumidos, nunca han alcanzado las alturas de su propio discurso, que enfatiza el deseo de regular las relaciones laborales del país con enfoque proteccionista y garantista.


Año tras año la ENS ha hecho un seguimiento detallado del estado de cumplimiento del gobierno colombiano con sus compromisos, y cada informe publicado[1] muestra la falta de voluntad y/o seriedad del gobierno colombiano en acoger todas las medidas del PAL, además de las muchas otras asociadas con los convenios ratificados por el país y las sugerencias de la OIT. Y muestra la necesidad de diseñar una estrategia efectiva para su implementación, reglamentación y monitoreo permanente.

Han sido 6 años de palabras esquivas y promesas evadidas, que han hecho que un gran porcentaje de la población trabajadora colombiana siga sin acceso a sus derechos laborales básicos, y que las organizaciones sindicales aún esperen un entorno socio-político y cultural en el cual puedan ejercer sus derechos sin miedo a la violencia, a los despidos injustos, al hostigamiento y el ostracismo social; sin sentirse como “estorbos” o personas que “acaban empresas”, simplemente por velar por los derechos de los trabajadores del país.


El año pasado varios sindicatos de Colombia y Estados Unidos[2], cansados de los incumplimientos del PAL y el no rendimiento de cuentas del gobierno colombiano, decidieron presentar una queja formal por no cumplir con las obligaciones inscritas en el capítulo 17 del TLC, formalmente llamado el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América (CTPA), que entró en vigor el 15 de mayo de 2012.


La queja plantea principalmente el incumplimiento del gobierno colombiano en la aplicación y protección de los derechos enunciados en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998), además de no aplicar o hacer cumplir las leyes laborales colombianas, y no garantizar el acceso a los procedimientos, ni su transparencia en los tribunales administrativos, judiciales y laborales. Refiere dos casos específicos de incumplimiento: uno del sector petrolero y el otro del sector azucarero.


La OTLA tuvo 180 días para investigar la queja y hacer su informe, el cual presentó a principios de este 2017. Sus conclusiones y sugerencias resaltan la falta de diligencia política, legislativa y administrativa del gobierno colombiano en temas laborales y sindicales. Su ineficacia y lentitud para cumplir los convenios internacionales y las leyes laborales se ha dado a pesar del apoyo financiero y técnico recibido por parte del gobierno estadounidense y la OIT, equivalente a $25 millones de dólares, aparte de la delegación de un agregado laboral en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.


El informe de OTLA resalta varias deficiencias en la regulación de las relaciones laborales en el país, que afectan negativamente el ejercicio de algunos de los derechos laborales fundamentales, especialmente el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva. El sistema de inspección laboral, pese a su ampliación y reestructuración operativa, aún es ineficiente y excesivamente burocrática, no presta la atención necesaria a las prácticas de tercerización laboral ilegal y discriminación sindical.


Razones para que el sistema de inspección presente estas fallas, según la OTLA, son: alta rotación de personal, dificultades del equipo de inspección para viajar a zonas rurales, falta de una estrategia nacional de inspección y no aplicación de un sistema nacional de gestión de casos, las demoras en el proceso de inspección y el no cobro de multas relacionadas con los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva.


A pesar de que el Min-trabajo casi duplicó su planta de inspección desde la firma del PAL, que pasó de 410 inspectores en 2011, a 819 en octubre de 2016[3], su desempeño y efectividad no corresponde con dicha expansión. Mientras que en 2010 un total de 423 inspectores hicieron 24.631 inspecciones administrativas, en 2015 los 826 inspectores sólo pudieron adelantar 3.099. Y una tendencia aún más preocupante: en 2010 (antes del PAL) 423 inspectores hicieron 9.066 visitas, mientras que en 2015, con una planta de inspección casi duplicada, y con presupuesto y salarios significativamente más altos, sólo se adelantaron 1.063 visitas[4].


El bajo rendimiento y excesivamente burocratizado de la inspección laboral se refleja también en la ineficacia para hacer cumplir las leyes laborales en los lugares de trabajo. Con respecto a la tercerización laboral ilegal, el informe de la OTLA reafirma lo que ya se ha dicho en los informes de seguimiento del PAL realizados por la ENS: pese a las medidas que ha tomado el gobierno, aún existen serias preocupaciones porque el Min-trabajo no está aplicando debidamente la legislación.


Entre las medidas que el gobierno ha tomado en contra de la tercerización abusiva, cabe mencionar los nuevos decretos y leyes que la prohíben: artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el ya hundido decreto 2025 de 2011, y el decreto 583 de 2016, provisionalmente suspendido por el Consejo del Estado, ya que socava varios de los derechos laborales fundamentales y los mecanismos que abrieron la posibilidad de convenir Acuerdos de Formalización para contratar directamente trabajadores que laboran en relaciones ilegales.


Mientras el gobierno se felicita por la disminución del número y de la cobertura de las CTA y Pre-CTA, al mismo tiempo se ha disparado la contratación mediante Sociedades por Acción Simplificada (SAS), contratos sindicales y otras figuras legales, como las Fundaciones. Todas se utilizan para minimizar costos laborales y minar los derechos de las y los trabajadores.


La dispersión de la tercerización laboral ilegal después de la firma del PAL es de tal proporción, que a finales de 2015 hubo más de 3.800,000 trabajadores con relaciones laborales ilegales, el mismo porcentaje de la población ocupada total (17,3%) que existía en 2011. En otras palabras: ¡no ha habido mejoramiento alguno!


El informe de la OTLA se pronuncia también sobre el uso de pactos colectivos, figura que fue denunciada por la Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, por el Parlamento Europeo (a través de la Resolución 2628 de 2012), y por la Comisión de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, en su informe publicado en febrero de 2016[5]. La razón de la denuncia es porque los pactos colectivos obstaculizan el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.


Aunque el PAL incluyó medidas para erradicar el uso ilícito de los pactos, 6 años después de su firma el número de éstos en Colombia ha aumentado, en vez de decrecer. En 2011 se firmaron 170 pactos, y 215 en 2015. Al mismo tiempo su cobertura se duplicó. En 2011 hubo 38.420 trabajadores beneficiarios de un pacto colectivo, mientras que en 2015 fueron más de 100 mil.


Muchos pactos han sido demandados por los sindicatos, y aunque el Ministerio de Trabajo liderado por Clara López ha demostrado más agilidad y seriedad en sancionar su uso indebido[6], además de proponer un proyecto de ley que prohíbe los pactos donde haya sindicatos, las acciones han sido demasiado demoradas y no compensan los grandes daños hechos al movimiento sindical.


Los temas de violencia antisindical e impunidad merecieron mucha atención por parte de OTLA. Tomó nota de la disminución de la violencia desde 2011, y sobre todo de los homicidios de sindicalistas, pero resalta las deficiencias estructurales de las investigaciones judiciales sobre casos de violencia, tanto del pasado como del presente. Afirma que la alta tasa de impunidad impide que las víctimas y sus familias conozcan la verdad, al tiempo que socava los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Enfatiza la importancia de que el gobierno colombiano avance mucho más, no sólo en investigar y castigar la violencia, sino en su erradicación.


De acuerdo al seguimiento realizado por la ENS, desde el 7 de abril de 2011 hasta el 5 de abril de 2017, se han registrado al menos 2.484 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas, 147 homicidios, 98 atentados contra la vida, 9 desapariciones forzadas, 1.694 amenazas, 296 hostigamientos y 90 detenciones arbitrarias.


Como se observa, aunque hoy es menor el registro con relación a años anteriores, aún son numerosos los casos en los cuales sindicalistas se ven obstaculizados para realizar su actividad sindical, se encuentran en medio de situaciones de riesgo, e incluso, en ocasiones hasta son víctimas de ataques y pierden su vida. Finalmente, esta realidad sigue indicando que es necesario continuar y reforzar las medidas adoptadas para dar un giro a la situación de derechos humanos de los sindicalistas en el país, y, ante todo, para garantizar que puedan realizar su labor en la defensa de derechos, y la construcción de una sociedad más justa y democrática, sin que ello les implique riesgos.

Si se observa el panorama para el año 2016, se identifica un incremento del 31,3% en los casos documentados respecto al año anterior. Mientras que en 2015 fueron registrados 204 casos, entre enero y diciembre del año 2016 ya se han documentado 268 casos de violaciones contra sindicalistas y 21 acciones contra organizaciones sindicales como colectivo. Prevalecen las amenazas y los hostigamientos que representan el 80,5% del total de la violencia. La violencia antisindical contra la dirigencia sindical se agudiza, en el 78,4% de los casos las víctimas fueron asesores, activistas y directivos sindicales.


El último tema investigado por los funcionarios de la OTLA tiene que ver con la pasividad del gobierno colombiano en aplicar el artículo 200 del código penal, medida creada por el PAL para desincentivar el uso de prácticas antisindicales. La OTLA encontró excesivas demoras en el proceso de casos al amparo a este artículo, resaltó que, según información suministrada por la Fiscalía, en los últimos 6 años no se registra una sola condena relacionada con este artículo.


A manera de conclusión, destacamos 4 de las sugerencias hechas por el equipo investigador de la OTLA sobre los temas mencionados:


– Mejorar el sistema de inspección laboral, concentrándose en asegurar el cumplimiento de los procedimientos y los plazos legales. También que el sistema opere de acuerdo con una estrategia de inspección nacional, con prioridad en los 5 sectores en los que los derechos laborales están menos protegidos: la minería, aceite de palma, flores, puertos y azúcar.

– Mejorar la aplicación y cobro de multas por violación a las leyes laborales.

– Adoptar medidas adicionales para combatir la tercerización laboral abusiva y el uso indebido de los pactos colectivos.

– Mejorar la investigación y judicialización de los casos de violencia antisindical, pasados y presentes, incluyendo las amenazas, y que se resuelvan con prontitud los casos relacionados con la violación del artículo 200 del código penal.


Pero hacer sugerencias, recomendaciones y llamadas de atención no bastan en el entorno político e institucional colombiano, donde reina la cultura de fortalecer la normatividad y la burocracia administrativa, mientras que la operatividad institucional se debilita.


Por ser un compromiso político sin una obligatoriedad legal, la firma del PAL por el presidente Santos fue más un gesto simbólico para impulsar la ratificación del TLC, que un verdadero factor de cambio en la regulación laboral del país. Esperamos que ahora, mediante el mecanismo formal de la queja interpuesta, y ya examinada, el gobierno estadounidense presione con más éxito al Gobierno colombiano, para que éste realmente tome en serio sus obligaciones como regulador de las relaciones laborales con un enfoque y una práctica que protege y garantice a los derechos fundamentales de las y los colombianos trabajadores.


Balance normativo en libertad sindical y formalización laboral


Actualmente el ámbito laboral colombiano afronta una de las coyunturas más importantes en mucho tiempo, caracterizada por la implementación de cambios normativos dirigidos a cumplir con lo establecido en el Plan de Acción Laboral suscrito con Estados Unidos en el marco el TLC, y en la agenda histórica del sindicalismo, aparte de otras recomendaciones internacionales, como las de la OCDE, el Gobierno de Canadá, la Hoja de Ruta con la Unión Europea, OIT y por supuesto las derivadas del acuerdo final de paz con las FARC.


A continuación, presentamos un balance de las propuestas normativas más importantes en libertad sindical y formalización laboral presentadas por el Ministerio de Trabajo en esta coyuntura. En cuanto a decretos existentes, tenemos:


Decreto 017 de 2016, sobre Tribunales de Arbitramento:


Este decreto por primera vez reglamenta exhaustivamente los tribunales de arbitramento. No obstante, solamente hace énfasis en la fase de su convocatoria e integración, la fase de funcionamiento aún depende de las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, promulgados a mediados del siglo XX. Por tanto, en la práctica se observa que el mayor problema que subsiste para solucionar un conflicto laboral mediante un Tribunal de Arbitramento, es la dilación procedimental, provocada por los empleadores para implementar actuaciones que buscan debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos. En ese sentido, si el Decreto 017 de 2016 no resulta eficaz, podría repercutir negativamente en el incentivo del diálogo social y la negociación colectiva.


Decreto 036 de 2016, sobre regulación a los contratos sindicales:


A pesar de las modificaciones que introduce este decreto al contrato sindical, que dan mayor relevancia a la organización de trabajadores y a la Asamblea General como órgano máximo de decisión, su estructura, funcionamiento y utilidad eliminan la posibilidad de la negociación colectiva de los sindicatos, y así vulnera el derecho de asociación y la huelga. Esto teniendo en cuenta:


– El hecho de que el sindicato que firma un contrato sindical es el empleador de sus afiliados, lo que lo termina convirtiendo en un intermediario de las relaciones de trabajo.


– Las empresas beneficiarias del servicio realizan una injerencia indebida en la organización de las y los trabajadores, vulneran su autonomía y violan el derecho fundamental de libertad sindical.


– No hay negociación colectiva libre y voluntaria por parte de los sindicatos o sus afiliados, en tanto no es una forma real de negociación colectiva. Se asimila más a una figura del derecho civil o comercial, que del laboral.


Decreto 583 de 2016, en materia de tercerización laboral:


El espíritu de este decreto es legalizar la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha estaban protegidos por la legislación laboral, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes. Considerando esto, la CUT y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) presentaron cada una por su lado demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, entidad que el pasado 15 de marzo se pronunció al respecto. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo profirió providencia, decretando medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 583 en lo que respecta a la intermediación laboral.


Las 5 propuestas de regulación laboral del Ministerio de Trabajo:


Recientemente el Ministerio de Trabajo planteó una serie de cambios normativos, que serían presentados en un paquete legislativo para aprobación del Congreso de la República. Son 5 estas propuestas, a saber:


1- Proyecto de Ley de Regulación Pactos Colectivos


Esta propuesta constituye un avance importante para evitar la vulneración de la Libertad Sindical mediante la figura jurídica de los pactos colectivos, establecida en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, resulta importante que en la Ley se proscriban de forma taxativa los planes de beneficios o cualquier otra dádiva implementada por el empleador con ánimo de discriminación antisindical. De esa manera la norma acataría las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional , con base en la cual se considera ilegítima e ilegal toda conducta del empleador orientada a hacer uso de “los factores de remuneración o de las prestaciones sociales para golpear a quienes se asocian, para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de este[7]”.


2- Proyecto de negociación colectiva por rama de actividad económica


Este Decreto plantea que en caso de pluralidad de organizaciones sindicales por rama de actividad económica, éstas deberán realizar previamente una integración de los petitorios para así concurrir en unidad de pliego y en unidad de comisiones negociadoras y asesoras. A su vez, las normas convencionales que surjan de la negociación serán aplicables a todos los trabajadores de la respectiva rama de actividad económica, incluyendo a todas las unidades productivas o formas de organización social, indistintamente de su forma jurídica, incluyendo Cooperativas de Trabajo Asociado, SAS, Contratos Sindicales, y todas las figuras que se asimilen. Y aplicará a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de vinculación, con la posibilidad de que se puedan suscribir capítulos especiales aplicables exclusivamente en una o varias empresas del sector.


Es de destacar, que la propuesta de negociación colectiva de la CUT va más allá. Pide que además de la negociación por rama de actividad económica, se incluya la negociación por gremio, grupo económico y empresa, modalidad que denomina Negociación Multinivel. Es su concepto es la más garantista del derecho de negociación, pues con ella, ante cualquier caso concreto en el que se encuentre un sindicato, tiene al menos una posibilidad de iniciar la negociación colectiva.


3- Proyecto de Ley Huelga (Servicios Esenciales)


Este proyecto tiene por lo menos 3 problemas:


– Se hace taxativa una lista de servicios públicos esenciales.
– Se crea una comisión de garantías con unas competencias que van en contravía de lo logrado a partir de la ley 1210 de 2008 en la cual la calificación de la huelga es potestad jurisdiccional.
– Se crean restricciones adicionales a la huelga, cuando el único criterio que se debe tener es el de OIT, que habla de limitaciones a la huelga solo en casos de servicio público esencial en sentido estricto, o sea cuando se afecte la salud, la vida y la seguridad.
Evidenciamos que el proyecto tiene los siguientes vacíos:
– La definición de servicios públicos esenciales en sentido estricto continúa incluyendo actividades que no considera la OIT, como el caso del sector educación, cuya suspensión no pone en riesgo la salud, la vida o el orden público.
– La huelga se continúa entendiendo como una etapa en el proceso de negociación colectiva, y no un mecanismo fundamental para la defensa de los trabajadores.
– El ordenamiento jurídico colombiano continúa proscribiendo el ejercicio del derecho a la huelga por parte de Federaciones y Confederaciones.
– No modula la forma de regular las mayorías necesarias para votar la huelga en grandes empresas, con una gran cantidad de trabajadores.
– La implementación de huelgas parciales como mecanismo para solucionar problemáticas locales o seccionales, aún continua sin regulación.


4- Proyecto de Ley sobre prevención, inspección, vigilancia y control

Este proyecto constituye un mecanismo importante para viabilizar el Servicio de Prevención, Inspección, vigilancia y Control (Sivico), implementando cambios claves para garantizar el acceso de la ciudadanía al Ministerio de Trabajo.


Resulta importante complementar esta norma incluyendo el Diálogo Social como principio orientador, con el fin de garantizar la participación de todos los actores del sistema. Se debe plantear explícitamente que se realizarán todas las acciones necesarias y suficientes para garantizar el accionar del Ministerio de Trabajo en las regiones, donde en la actualidad no hace presencia; ampliar los riesgos laborales a los demás derechos que conforman la garantía de seguridad social integral, incluir explícitamente a las organizaciones sindicales como víctimas del conflicto armado interno en el marco de la implementación de acciones afirmativas, medidas atención y protección prioritaria.


Sin embargo, falta que el sistema se construya a la luz de los estándares internacionales de OIT, convenios 81 y 129.


5- Proyecto Decreto sobre representatividad


Consideramos que una negociación colectiva plena para los sindicatos más representativos, restringida para las organizaciones sindicales pequeñas, a las que solo se les deja la posibilidad de negociar garantías sindicales, limita injustificadamente la garantía consagrada en el artículo 55 de la Constitución Política. En ese sentido deberían implementarse estrategias que propugnen por la representación equitativa de todos los sindicatos en las comisiones negociadoras.


————–
NOTAS:
[1] Para acceder a nuestros informes sobre el estado de cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Laboral (PAL), para los años 2014, 2015 y 2016, visiten la siguiente página oficial de la ENS: http://www.ens.org.co/conocenos/asi-pensamos/agenda-laboral-y-sindical-post-tlc/informes-sobre-acuerdos-laborales-paralelos-a-tlc/
[2] De Colombia, la CUT, la USO, Sintrainagro, firmaron la queja, con asesoría de la Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo, Coljusticia; por parte de Estados Unidos, la organización sindical más grande del país, la AFL-CIO la firmó.

[3] Véase: El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos”. Economía y Negocios. 8 de febrero de 2016.

[4] El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC...” Op cit.,

[5] Véase: OECD. 2016. OECD Reviews of Labour Market & Social Policies: Colombia. OECD Publishing: Paris

[6] A principios de 2017 el Min-trabajo interpuso una sanción de 100 salarios mínimos mensuales (equivalente a $71 millones) a Ecopetrol, la empresa más grande del país, por el Acuerdo 01 de 1977, una figura que funcionaba como pacto colectivo.

[7] Sentencia T-619 Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio: resolvió un problema jurídico generado porque la empresa ELECTRICARIBE S.A. incluía, al momento de vincular a sus trabajadores, cláusulas en las que ofrecía compensaciones en dinero a cambio de la renuncia a los beneficios de la convención colectiva. A su vez concedía incrementos salariales, bonificaciones y auxilios solamente para los trabajadores no sindicalizados.

Publicado enColombia
Sábado, 14 Mayo 2016 09:19

Desmonte de la integración regional

Desmonte de la integración regional

El ministro de economía de Argentina, Alfonso Prat-Gay, ha declarado que los cambios políticos en Brasil son “una buena oportunidad para refundar el Mercosur”. La coincidencia de gobiernos que plantean el restablecimiento del modelo neoliberal, con su política de apertura de los mercados y reacercamiento con los países del Norte, especialmente con los EEUU, posibilitaron promover el desmonte de los procesos de integración regional.

 

Esos procesos han tenido un momento decisivo cuando EEUU y Brasil estaban listos para concluir el proyecto del ALCA, que transformaría al continente en una inmensa área de libre comercio, comandada por la economía norteamericana. Sería la extensión hacia toda la región de lo que se estaba poniendo en práctica en México. (Los balances de los 20 años del Tratado entre EEUU, Canadá y México han revelado ser altamente negativos para este último. Era lo que nos aguardaba.)

 

La victoria de Lula en 2002 ha permitido que Brasil rompiera con ese proyecto, bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña y abriera el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que del fortalecimiento del Mercosur se avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, y que desembocara en la Celac, que cerraba definitivamente con la vigencia de la Doctrina Monroe, para que América Latina y el Caribe tuvieran finalmente un organismo propio de integración, separada de la OEA, donde la presencia de EEUU y Canadá descaracterizaban esa integración.

 

Nunca EEUU habían estado tan aislados en el continente como han estado hasta aquí en este siglo. Al mismo tiempo, América Latina había cambiado su inserción internacional, especialmente los países que han empezado a salir del modelo neoliberal. La prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU.

 

Esa nueva inserción ha permitido una integración más grande entre nuestras economías, a la vez que nos permitió resistir en mejores condiciones a los impactos de la prolongada y profunda crisis recesiva internacional.

 

El intercambio regional, la intensificación del comercio con China y la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular fueron claves en esa resistencia a la recesión, que en otras condiciones nos habría llevado a la peor recesión de nuestra historia.

 

El cambio de gobierno en Argentina y ahora en Brasil es la oportunidad tan aguardada por los EEUU para la ruptura de su aislamiento en América Latina. El viaje de Obama a Argentina y su identificación con el proyecto neoliberal del gobierno Macri revela los objetivos centrales de EEUU en la región. El silencio cómplice de Obama respecto al golpe en Brasil confirma el regocijo de Washington con esa posibilidad.

 

La declaración del ministro de economía de Argentina coincide con las posiciones del nuevo ministro de relaciones exteriores de Brasil, conocido por sus citicas a la política exterior brasileña. Su obsesión con la entrega del petróleo brasileño a las grandes empresas petrolíferas internacionales ha llevado a José Serra, candidato a la presidencia de Brasil en el 2010, a realizar una reunión que debiera haber sido clandestina, con representantes de las más grandes empresas internacionales de petróleo, en Foz de Iguazú, prometiendo entregarles el proyecto del Pre-sal.

 

¿Qué significaría “refundar el Mercosur”? La derecha siempre ha querido, sin terminar con el Mercosur, abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Este es el objetivo central de esa “refundación”. Por ahora, se anuncia el rebajamiento del perfil del Mercosur, con la agilización de los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico. Pero la firma de acuerdos bilaterales con EEUU es el objetivo mayor de esa llamada refundación.

 

Sería el comienzo del desmonte de los procesos de integración regional, debilitando al Mercosur, a Unasur y a Celac. La estrecha alianza entre los gobiernos de Brasil y de Argentina, establecida por Lula y por Néstor Kirchner, y continuada por Dilma y por Cristina, fue el eje a partir del cual esos procesos de integración se han desarrollado. Ahora se trataría de, a partir de la reversión de los gobiernos de esos países, revertir ese proceso, promoviendo un nuevo proceso de norteamericanización de la región, con un cerco todavía más grande a países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

 

Esa reversión conservadora depende de la fuerza que pueda tener el gobierno golpista brasileño. Por el momento, parece no disponer fuerza suficiente para un período largo y grandes trasformaciones. De ahí la importancia todavía más grande de la lucha de resistencia de los brasileños en la conquista de nuevas elecciones, que deslegitimen definitivamente el gobierno de Temer y permitan al pueblo brasileño volver a definir su destino democráticamente, incluida la inserción internacional de Brasil, entre la integración regional y el intercambio Sur-Sur o el viejo destino de “patio trasero” del Imperio.

 

 

Publicado enEconomía
Los "tales paros" paperos persistirán en el 2014

Si hay un adagio popular con cierto grado de veracidad, es la conocida frase que versa "Como es el desayuno, será el almuerzo"; la apertura económica ha sido a grosso modo, una suerte de muestra gratis sobre lo que implica el aperturismo comercial y el modelo de desarrollo que supone el neoliberalismo como paradigma hegemónico. A pesar de las múltiples protestas que causaron tanto impacto en el país en el 2013, los tecnócratas del establecimiento desafían a la razón cuando advierten que las nefastas consecuencias del aperturismo, se resuelven con más neoliberalismo mediante los TLCs que el gobierno nacional se ha empeñado en afirmar y ratificar.

 

En ese contexto, es que se avecina cada día más un nuevo paro papero, las políticas paliativas promovidas por Lizarralde y Santos siguen siendo paños de agua tibia para apagar un incendio de magnitudes apoteósicas. Las razones estructurales de la crisis se mantienen a la fecha, el precio de venta por carga (100 kg) está alrededor de $32.0001 pesos cuando los costes que asume el productor llegan a casi $70.0002; supondría uno que esa diferencia se traduciría en unos precios bajos al consumidor, pero resulta que gran parte de esa diferencia se queda en manos de los intermediarios, los mismos que usualmente transan especulativamente este tipo de recursos al vaivén de mercados internacionales.

 

En igual sentido, las portentosas importaciones de papa que han comenzado a invadir el mercado interno están dejando entre la espada y la pared al campesino colombiano; en cifras concretas, se aprecian las más de 20 mil toneladas3 que llegan desde Estados Unidos, Europa y Argentina, ahogando así cualquier impulso para salir adelante, más aún, cuando por los altos costes mencionados, la producción nacional disminuyó considerablemente en estos últimos años.

 

En ese contexto valdría recordar que los principales gremios paperos norteamericanos, reconocen la ventaja que tienen gracias al TLC con Colombia, por la oportunidad de negocio que se les abre gracias a dos factores: la reducción de las tarifas de exportación hacia el país y el impulso que implica la protección (vía subsidios de la Farm Bill) que les confiere su gobierno. La United States Potato Board expone que el éxito de los últimos años tiene mucho que ver con la creciente demanda de papa en América Latina y Asia, lo cual le permite a los productores del norte, invadir mercados en consecuencia de las 65 millones de toneladas que son exportadas al mundo mediante el envío de papa congelada y fresca.4

 

En complemento a lo anterior, el suscrito y aprobado TLC con la Unión Europea abriría aún más al país a grandes exportadores del viejo continente como por ejemplo Holanda, que por ejemplo logró exportar casi un millón trescientas mil toneladas papa pre-cocida en el 2008 al mundo.5 Así pues el panorama a corto y mediano plazo, muestra que el empeoramiento de la crisis social y económica para los sectores paperos se profundizará por las certeras amenazas exterminadoras del sector en el mapa económico nacional.

 

Si no se comprende que la naturaleza del problema radica en el modelo económico y comercial que impera en el país, las soluciones seguirán girando en ciclos deplorables de continuismo. A pesar que algunos tecnócratas defienden que los TLCs disminuirán los precios de venta de consumo para beneficiar así a las capas más pobres de la sociedad, es una suerte de artimaña que endulza el oído a unos cuantos incautos, pues desconoce una regla fundamental en economía basada en que hay consumo siempre y cuando haya primero ingreso. Resulta infame entonces hablar de un paraíso consumista en Colombia gracias a la importación, cuando miles de colombianos, como por ejemplo las familias productoras de papa, quedan a la merced del desempleo que se da por consecuencia del aperturismo desmedido que beneficia a unos minúsculos sectores del país.

 

Todo en la vida resulta un fenómeno dialéctico, con alta probabilidad es plausible ver que el próximo paro papero pudiera abrir de nuevo una suerte de ventana de oportunidad, para impulsar a todo al sector agropecuario en una decidida resistencia civil contra la infame manera en que se maneja nuestra economía.

 

* Twitter: @hhurtatis. Politólogo profesional en Ciencia Política y Gobierno. Analista de Políticas Públicas.
1 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Precio-de-la-carga-de-papa-aumentó-de-$17-000-a-$31-800,-gracias-a-programa-de-compras-directas-que-adelanta--Minagricultur.aspx
2 http://www.portafolio.co/negocios/paperos-piden-subsidios-al-gobierno
3 http://tinyurl.com/crp7kbp
4 http://tinyurl.com/cjkyfk8
5 http://www.radioipiales.com/2013/08/de-holanda-y-estados-unidos-se-importa-papa-a-colombia/

Publicado enEdición Nº200
Jueves, 28 Abril 2011 23:02

No hay 1º de Mayo en Washington

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, entró por fin el 28 de abril a la Casa Blanca para reunirse con el mandatario norteamericano, Barack Obama. Juntos apararentemente anunciarán que el Ejecutivo de EEUU está enviando al Congreso el proyecto de Tratado de Libre Comercio (TLC/TPC). El expresidente Bush nunca lo había enviado porque un Congreso controlado por el Partido Demócrata lo rechazaría. Cuando Obama llegó a la Presidencia no envió el tratado con Panamá por las mismas razones. Ahora que el Congreso está en manos del Partido Republicano, el presidente demócrata le envía el proyecto con la seguridad de que será aprobado.
 
La fiesta organizada por Martinelli en Washington es única por parte de un presidente panameño. Para organizar fiestas la comitiva tiene fama bien merecida. El numeroso grupo - que viajó en varios aviones – incluye la mayor parte de su Consejo de Gabinete, una buena parte de la bancada oficial en la Asamblea y numerosas delegaciones empresariales. El Tratado le cede a EEUU derechos para introducir todas sus líneas de exportación sin pagar impuestos y, además, incluye cláusulas que someten a la supervisión de Washington el “centro financiero”. (Esta “última” conquista norteamericana beneficiará los bancos de dudosa reputación del sur de Florida). Panamá sólo se beneficiará, según se anunció, con el incremento en un 20 por ciento de su cuota de exportación de azúcar.
 
El Partido Demócrata norteamericano se oponía al Tratado por el creciente abuso de los gobiernos panameños frente a los derechos de los trabajadores organizados de Panamá. El presidente Obama puso todas las justas demandas laborales a un lado y se alió con la actual mayoría republicana para enviar el proyecto al Congreso.
 
Obama puede decir que por lo menos no le faltó el respeto al 1º de Mayo, día que los obreros del mundo conmemoran con motivo de la masacre protagonizada en 1886 por la policía de Chicago contra una multitud congregada en protesta por las violaciones de los derechos del pueblo. Después de la masacre los “notables” de la ciudad colgaron a los dirigentes sindicales acusados de supuestos “terroristas”. Cree que no le falta el respeto por que en EEUU – lugar donde se dieron los trágicos hechos – han borrado la fecha de su historia oficial.
 
El mundo del trabajo se detiene el próximo domingo 1º de mayo de 2011 para reflexionar sobre el futuro de la humanidad sin perder de vista las batallas del pasado y el sacrificio de sus mártires. En Panamá hace apenas meses dos obreros de las bananeras fueron cruelmente asesinados en Changuinola por fuerzas represivas del actual gobierno. Hace tres años, obreros de la construcción en la ciudad de Colón fueron baleados por la Policía del gobierno anterior al actual. La historia de las luchas obreras en Panamá siempre ha sido injusta y desigual.
 
Los trabajadores del Ferrocarril Interoceánico de mediados del siglo XIX, sin sindicatos y con organizaciones precarias, fueron perseguidos a sangre y fuego. Los obreros que construyeron el Canal de Panamá, a principios del siglo XX, organizaron sus sindicatos pero éstos no valieron para evitar la muerte y humillaciones del régimen de “apartheid” a manos de los administradores militares norteamericanos. A mediados del siglo XX los trabajadores de las nuevas industrias urbanas y rurales lucharon por alcanzar el respeto que se merecían pero igualmente eran perseguidos, encarcelados y muertos por una policía militarizada panameña.
 
La historia de la clase obrera panameña es de lucha y sacrificio. En la actualidad, la política oficial pretende crear una masa de trabajadores “precarios” sumidos en el empleo informal. Es el sistema que pretende desarticular y ahogar a los obreros y sus organizaciones. Los gobiernos de turno han convertido el empleo informal en la norma. El objetivo de los dirigentes gubernamentales es destruir los sindicatos para que los trabajadores queden a la merced de sus empleadores.
 
Según un comunicado del Partido Alternativa Popular (PAP), “en el caso particular de Panamá, la clase obrera observa como el gobierno incrementa el presupuesto nacional, producto de los ingresos de actividades especulativas. Sin embargo, el incremento de las riquezas sólo beneficia a los ricos y, al mismo tiempo, aumenta la pobreza entre los trabajadores. En la última década se han cerrado decenas de miles de plazas de trabajo y en su lugar aparecen los llamados empleos “informales”, mal pagados e indecentes”.
 
El PAP agrega que “la política especulativa de los propietarios panameños, que controlan todos los resortes del gobierno, han disparado los precios de los bienes de primera necesidad en un espiral cuyo fin no se conoce. El costo de la “canasta básica”, que debe satisfacer las necesidades de las familias de los trabajadores, se ha ubicado más allá del alcance de los panameños. El transporte público, el arroz, la carne, la vivienda, los medicamentos y los utensilios escolares suben de precio mientras que el salario de los trabajadores tiende a disminuir”.
 
La política de seguridad, tomada de los manuales de EEUU, equipara a los trabajadores y los narcotraficantes como si los obreros fueran enemigos y los identifican como elementos peligrosos para la seguridad del Estado. “La inversión de millones de dólares en la compra de nuevos armamentos, en el adiestramiento militar de los policías, en la construcción de bases aéreo navales en todo el país responde a una política de control de las organizaciones obreras, en alianza con y financiado por EEUU”.
 
La unidad de todos los trabajadores es la consigna que levanta el PAP. Hay que “construir los puentes organizativos entre todos los panameños oprimidos de la ciudad y del campo”. Además, hace especial referencia a la situación de la “juventud obrera que es víctima de la injusticia del sistema capitalista que le impide acceder a trabajos decentes. Esa misma juventud que no hace mucho tenía oportunidades de mejorar su condición social mediante la educación, hoy es reprimida, obligada a someterse al crimen organizado y enviada a centros de detención inhumanos donde se les viola todos los derechos humanos. Los jóvenes que deberían estar en las escuelas o en los centros de producción son enviados a la cárcel”.
 
Otra fuente cercana a los trabajadores panameños, el Frente Panamá Soberana (FPS), dice que “las noticias que emanan del gobierno del presidente Martinelli señalan que la situación se pondrá peor en los próximos tres años de gobierno, con el incremento sin control del precio de la canasta básica”. Apunta a la preocupante política del “gobierno que sólo invierte en actividades especulativas que no generan empleo ni desarrollo. En cambio, a los especuladores mas “ricos del país les hace realidad una “Estrategia de Inversiones” que les repartirá 13 mil millones de dólares entre 2011 y 2014”.
 
El Frente Panamá Soberana (FPS) hace un llamado a la clase trabajadora para promover la unidad entre los obreros y todos los panameños. “Los triunfos del futuro, según el FPS, dependerán de la unidad y del trabajo de todos”.
 
Panamá, 28 de abril de 2011.
 - Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
Publicado enInternacional
Ecuador tiene la “voluntad política” de retomar las negociaciones para un acuerdo global con la UE, pero “jamás” firmará un Tratado de Libre Comercio (TLC) como el que Bruselas se apresta a suscribir con Colombia y Perú, indicó hoy en Madrid el canciller Ricardo Patiño.

El presidente  Rafael Correa “tomó la decisión” de volver a la mesa de negociaciones y una delegación europea viajará los próximos 8 y 9 de junio al país para “analizar todas las posibilidades” , señaló Patiño al margen de una reunión de cancilleres de la UE y América Latina en Madrid.

“Ahí veremos si hay una perspectiva” de una “negociación futura”, dijo el canciller, la víspera de la cumbre eurolatinoamericana en la capital española.

Pero Ecuador “jamás” firmará un TLC como los negociados entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Perú, concluidos el pasado marzo y que serán firmados el miércoles por sus dirigentes, puntualizó.

Ecuador, al igual que Bolivia, salió el pasado julio de las negociaciones que Europa abrió con los cuatro países de la Comunidad Andina (CAN) con vistas a un Acuerdo de Asociación bloque a bloque, al estimar que éstas estaban derivando en un texto puramente comercial.

Correa anunció su intención de volver a negociar, tras el compromiso que la UE y América Latina alcanzaron el pasado diciembre en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los aranceles que el bloque impone a la importación de bananos y que afectaban especialmente a los productores ecuatorianos.

“Nosotros queremos un acuerdo para el desarrollo” del país. “La inversión y el comercio son sólo una parte”, insistió Patiño.

Por otro lado, el canciller anunció que el país solicitará en la cumbre de Madrid a la UE que ratifique una convención que protege a los trabajadores inmigrantes, aprobada por la ONU en diciembre de 1990.

Para Patiño, las dos décadas que han transcurrido desde entonces equivalen a “veinte años de silencio e incoherencia”.
Publicado enInternacional
Lunes, 17 Mayo 2010 08:36

Gracias a los zapatistas

Los pueblos indígenas de México se hicieron visibles el Año Nuevo de 1994, y obligaron a escuchar al país entero gracias al legendario “ya basta” de los zapatistas cuando le dieron una vuelta de tuerca a la historia, se alzaron en armas y dijeron aquí estamos. Nunca antes los pueblos indígenas del país, sus demandas y manifestaciones civilizatorias tomaron el centro del debate nacional. La sociedad nacional supo que había mucho que aprender de los pueblos indios. Los de ascendencia maya y todos los demás.

Gracias a los zapatistas, en la izquierda desmoronada tras el colapso del muro de Berlín renació algo más que una esperanza. México y otros países dieron a luz una generación de activistas y pensadores sociales expuestos a nuevas ideas de liberación y democracia, y nuevas formas de expresar las viejas buenas ideas.

Los indígenas se volvieron extrovertidos, dejaron de pedir, determinados a exigir y resistir. El epicentro de su onda expansiva fue la recuperación de las tierras acaparadas por finqueros y ganaderos que despreciaban a los pueblos, y a sus peones, acasillados o no. Ya bullía un despertar histórico de los pueblos mayas en Chiapas cuando, gracias a los zapatistas, miles de familias indígenas ocuparon la tierra para ocuparse de ella. Se habla de 700 mil hectáreas. Buena parte benefició a los que no eran zapatistas; mas, gracias a su movimiento, los pueblos rebeldes, en particular en la selva Lacandona, al fin tuvieron donde crecerse y vivir bien, con dignidad. México descubrió que la dignidad es un atributo profundo de nuestros pueblos. Por una vez, el vergonzante racismo mexicano chocó de frente con el espejo.

Los zapatistas han dicho, desde el principio, las cosas por su nombre. “Nos enseñaron a hablar con la realidad”, admitió alguna vez Carlos Monsiváis. Momentos culminantes, como la comandanta Esther hablando al Congreso y al país, imprimieron en la conciencia nacional la legitimidad indeleble de las exigencias indígenas y la transformación revolucionaria de sus mujeres.

Gracias a los zapatistas, el concepto latinoamericano de guerrilla –y su larga cauda de dolor– dio paso a algo nuevo, y a la vez tan viejo como la civilización: un ejército campesino. Éste, comprometido con la vida, sus pueblos y la liberación nacional desde una insospechada lucidez. Mientras, la sociedad civil se percataba de su propia existencia.

Han demostrado que las paradojas son una forma inquietante de decir la verdad: para todos todo, nada para nosotros/mandar obedeciendo/buen gobierno/un mundo donde quepan muchos mundos/un ejército destinado a dejar de ser ejército. La suya ha sido una sólida paz armada, también inédita y casi milagrosa, pues ocurre sitiada y combatida con “baja intensidad” por la masiva fuerza de ocupación militar del gobierno federal.

Gracias a los zapatistas, por ejemplo, ahora que el país arde en llamas, y sobre todo en miedo (esa “percepción”), Chiapas es una de las entidades más pacíficas. Dicho de otro modo, la desesperada “guerra” gubernamental contra el crimen organizado, beligerante y bien armado, no se libra en Chiapas, porque allí sí hay gobierno en las comunidades. Donde están los municipios autónomos y sus “áreas de influencia” hay muchas cosas, pero no crimen organizado.

Gracias a los zapatistas, en esos territorios sí hay leyes, y se cumplen, aunque los tres poderes de la Unión y los partidos políticos traicionen su palabra siempre que les es necesario. La construcción de la autonomía de los pueblos generó cambios significativos en educación, salud, participación política, organización colectiva. Esfuerzo que no sería posible sin la constancia de las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Gracias a los zapatistas, escritores, pensadores, dirigentes, artistas, fortalecieron la base intelectual de sus posiciones políticas y éticas en América y Europa. La crítica, y de ahí las resistencias contra la nueva etapa del capitalismo y el imperialismo, el neoliberalismo en la era de la globalización, encontró en los zapatistas el impulso definitivo, cuyo pensamiento para la acción se ha desarrollado y elaborado en los escritos del subcomandante Marcos y en las entrevistas más reflexivas de las decenas, quizá cientos, que después de 1994 le hicieron investigadores, periodistas y escritores del mundo.
Las grandes movilizaciones contra el comercio mundial hace una década supieron aprovechar no sólo el mensaje, también la experiencia, en lo que hoy se llaman redes sociales. Los actos y encuentros zapatistas inspiran actos, encuentros, organizaciones y luchas alrededor del mundo. Vamos, gracias a los zapatistas, bandas súper potentes del rock mundial encontraron nuevas cosas gruesas que cantar.

La palabra recuperó su condición de verdad, que la práctica política le había arrebatado en México. Y así como su voz es un arma, un escudo, una fuente, los zapatistas también han enseñado el significado del silencio.

Por Hermann Bellinghausen
Publicado enInternacional

¿Qué lecciones nos han dejado dos décadas de una realidad mundial unipolar?

Noam Chomsky disertó ayer por la tarde largamente sobre esta pregunta y dejó en oídos del auditorio ideas sorprendentes, en una conferencia magistral en la Sala Nezahualcóyotl, transmitida en vivo por TV Unam y 12 televisoras públicas y universitarias que se enlazaron para enviar la señal a Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Durango y Nuevo León, además de por La Jornada on line.

Ideas sorprendentes como la de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, descrito como una mercancía con una mercadotecnia tan exitosa, que el año pasado mereció el primer lugar en campañas promocionales por parte de la industria de la publicidad. Más famoso que las computadoras Apple. Tan vendible como una pasta de dientes o un fármaco.

O la idea de que la invasión estadunidense a Panamá, en 1989, hoy apenas una nota a pie de página para muchos, fue en realidad la señal de que Wa-shington iniciaba, a través de la ficción de la guerra contra las drogas, una nueva etapa de dominación, cuando apenas habían pasado algunas semanas de la caída del Muro de Berlín.

O bien, un dato puntual, asombroso: la “preocupación” manifestada en 1990, en un taller de desarrollo de estrategias para América Latina en el Pentágono, de que una eventual “apertura democrática” en México osara desafiar a Estados Unidos. La solución propuesta fue imponer a nuestro país un tratado que lo atara de manos con las reformas neoliberales. La propuesta se materializó en el Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigor en 1994.

Así, la reseña de Chomsky de las dos últimas dos décadas llegó al momento actual, al proceso de remilitarización de América Latina con siete nuevas bases en Colombia y la reactivación de la Cuarta Flota de su armada.

Todo, para aterrizar en la visión de un continente, el nuestro, que pese a todo “comienza a liberarse por sí solo de este yugo”, con gobiernos que desafían las directrices de Washington, pero sobre todo con movimientos populares de masas de gran significación.

Congruente con esta importancia que Chomsky da a los procesos sociales y a su constante llamado a visibilizar a sus protagonistas, al concluir su conferencia magistral y una entrevista con TV Unam, el académico todavía tuvo fuerzas para encontrarse brevemente con Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, esposa del preso político Ignacio del Valle, la cual agradeció al conferencista que fuera firmante de la segunda campaña por la libertad de 11 presos, le regaló su paliacate rojo y, por supuesto, también su machete.

Enseguida se reproducen las palabras de Noam Chomsky en la sala Nezahualcóyotl:

Al pensar en cuestiones internacionales, es útil tener presentes varios principios de generalidad e importancia considerables. El primero es la máxima de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que quieren, y los débiles sufren como es menester”. Esto tiene un importante corolario: todo Estado poderoso descansa en especialistas en apologética, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa. En el Occidente contemporáneo a estos especialistas se les llama “intelectuales” y, con excepciones marginales, cumplen su tarea asignada con habilidad y sentimientos de superioridad moral, pese a lo disparatado de sus alegatos. Su práctica se remonta a los orígenes de la historia de la que tenemos registro.

Los “principales arquitectos”

Un segundo punto, que no hay que olvidar, lo expresó Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, la potencia más grande de su tiempo, pero sus observaciones son generalizables. Smith observaba que los “principales arquitectos” de políticas públicas en Inglaterra eran los “comerciantes y los fabricantes”, quienes se aseguraban de que sus intereses fueran bien servidos por tales políticas, por “gravoso” que fuera el efecto en otros –incluido el pueblo de Inglaterra– y pese a la severidad que tuvieran para quienes sufren “la salvaje injusticia de los europeos” en otras partes.

Smith fue una de esas raras figuras que se apartaron de la práctica normal de retratar a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia del mundo, dedicada sin egoísmo al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo revelador, en estos términos exactos, es un ensayo clásico de John Stuart Mill, uno de los más decentes e inteligentes intelectuales occidentales, en el que explicaba por qué Inglaterra tenía que culminar su conquista de la India en aras de los más puros fines humanitarios. Lo escribió justo en el momento de mayores atrocidades de Inglaterra en la India, cuando el verdadero fin de una mayor conquista era permitir a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y establecer la más extraordinaria empresa de narcotráfico en la historia mundial, y así obligar a China, con lanchas cañoneras y venenos, a aceptar las mercancías de fabricación británicas, que China no quería.

La plegaria de Mill es la norma cultural. La máxima de Smith es la norma histórica.

Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los “comerciantes y los fabricantes”, sino las instituciones financieras y las corporaciones trasnacionales.

Una refinada versión actual de la máxima de Smith es “la teoría de la inversión en política”, desarrollada por el economista político Thomas Ferguson, la cual considera que las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en esencia comprando las elecciones.

Como muestra Ferguson, esta teoría es un mecanismo muy bueno para predecir políticas públicas durante un periodo largo.

Entonces, para lo ocurrido en 2008 debimos haber anticipado que los intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el gobierno de Obama. Fueron sus principales provedoras de fondos y se inclinaron mucho más por Obama que por McCain. Y así resultó ser. El semanario de negocios Business Week se ufana ahora de que la industria de las aseguradoras ganó la batalla por la atención a la salud, y de que las instituciones financieras que crearon la crisis actual emergen incólumes y aun fortalecidas, tras un enorme rescate público –lo que acomoda el escenario para la siguiente crisis–, apuntan los editores. Y añaden que otras corporaciones aprendieron valiosas lecciones de estos triunfos y ahora organizan grandes campañas para frenar la aprobación de cualquier medida relacionada con energía y conservación (por suave que sea), con pleno conocimiento de que frenar esas medidas negará a sus nietos cualquier posibilidad de supervivencia decente. Por supuesto, no es que sean malas personas, ni son ignorantes. Ocurre que las decisiones son imperativos institucionales. Quienes deciden no seguir las reglas son excluidos, a veces en formas muy notables.

Las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares (extravaganzas), conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. Entonces, los arquitectos de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las elecciones.

Estados Unidos no es una “democracia guiada” como Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes. En sociedades libres, como Estados Unidos, son las concentraciones de capital las que aprueban candidatos y, entre quienes pasan por el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña.

Los operadores políticos están siempre muy conscientes de que con frecuencia el público disiente profundamente, en algunos puntos, de los arquitectos de las políticas públicas. Entonces, las campañas electorales evitan ahondar en cualquier punto y favorecen las consignas, las florituras de oratoria, las personalidades y el chismorreo. Cada año la industria de la publicidad otorga un premio a la mejor campaña promocional del año. En 2008 el premio se lo llevó la campaña de Obama, derrotando incluso a las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos. Se ufanaban abiertamente de que éste era su éxito más grande desde que comenzaron a promocionar candidatos cual si fueran pasta de dientes o fármacos que asocian con estilos de vida, técnicas que cobraron fuerza durante el periodo neoliberal, primero que nada con Reagan.

En los cursos de economía, uno aprende que los mercados se basan en consumidores informados que eligen racionalmente sus opciones. Pero quien mire un anuncio de televisión sabe que las empresas destinan enormes recursos a crear consumidores uniformados que eligen irracionalmente sus opciones. Los mismos dispositivos utilizados para derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia, creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los dos partidos, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo partido empresarial.

Tanto en el mundo de los negocios como en el político, los arquitectos de las políticas públicas son constantemente hostiles con los mercados y con la democracia, excepto cuando buscan ventajas temporales. Por supuesto, la retórica puede decir otra cosa, pero los hechos son bastante claros.

La máxima de Adam Smith tiene algunas excepciones, que son muy instructivas. Un ejemplo contemporáneo importante son las políticas de Washington hacia Cuba desde que ésta obtuvo su independencia, hace 50 años. Estados Unidos es una sociedad que goza de una libertad poco común, así que contamos con buen acceso a los registros internos que revelan el pensamiento y los planes de los arquitectos de las políticas públicas. A los pocos meses de la independencia de Cuba, el gobierno de Eisenhower formuló planes secretos para derrocar al régimen e inició programas de guerra económica y de terrorismo, cuya escala fue aumentada bruscamente por Kennedy, y que continúan en varias formas hasta nuestros días. Desde el inicio, la intención explícita fue castigar lo suficiente al pueblo cubano para que derrocara al régimen “criminal”. Su crimen era haber “logrado desafiar” políticas estadunidenses que databan de la década de 1820, cuando la doctrina Monroe declaró la intención estadunidense de dominar el hemisferio occidental sin tolerar interferencia alguna de fuera ni de dentro.

Aunque las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la máxima de Tucídides, entran en conflicto con el principio de Adam Smith, y como tales nos brindan una mirada especial sobre cómo se configuran las políticas. Durante décadas, el pueblo estadunidense ha favorecido la normalización de relaciones con Cuba. Desatender la voluntad de la población es normal, pero en este caso es más interesante que sectores poderosos del mundo de los negocios favorezcan también la normalización: las agroempresas, las corporaciones farmacéuticas y de energía, y otros que comúnmente fijan los marcos de trabajo básicos para la construcción de políticas. En este caso sus intereses son atropellados por un principio de los asuntos internacionales que no recibe el reconocimiento apropiado en los tratados académicos en la materia: podríamos llamarlo “el principio de la Mafia”. El Padrino no tolera que nadie lo “desafíe y se salga con la suya”, ni siquiera el pequeño tendero que no puede pagarle protección. Es muy peligroso. Debe, por tanto, erradicarse brutalmente, de tal modo que otros entiendan que desobedecer no es opción. Que alguien “logre desafiar” al Amo puede volverse un “virus” que “disemine el contagio”, por tomar prestado el término usado por Kissinger cuando se preparaba a derrocar el gobierno de Allende.

Ésa ha sido una doctrina principal en la política exterior estadunidense durante el periodo de su dominio global y, por supuesto, tiene muchos precedentes. Otro ejemplo, que no tengo tiempo de revisar aquí, es la política estadunidense hacia Irán a partir de 1979.

Tomó su tiempo cumplir los objetivos plasmados en la doctrina Monroe, y algunos de éstos siguen topándose con muchos impedimentos. El fin último perdura y es incuestionable. Adquirió mucho mayor significación cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia global dominante y desplazó a su rival británico. La justificación se ha analizado con lucidez.

Por ejemplo, cuando Washington se preparaba para derrocar al gobierno de Allende, el Consejo de Seguridad Nacional puntualizó que si Estados Unidos no lograba controlar América Latina, no podría esperar “consolidar un orden en ninguna parte del mundo”, es decir, imponer con eficacia su dominio sobre el planeta. La “credibilidad” de la Casa Blanca se vería socavada, como lo expresó Henry Kissinger. Otros también podrían intentar “salirse con la suya en el desafío” si el “virus” chileno no era destruido antes de que “diseminara el contagio”. Por tanto, la democracia parlamentaria en Chile tuvo que irse, y así ocurrió el primer 11 de septiembre, en 1973, que está borrado de la historia en Occidente, aunque en términos de consecuencias para Chile y más allá sobrepase, por mucho, los terribles crímenes del 11 de septiembre de 2001.

Aunque las máximas de Tucídides y Smith, y el principio de la Mafia, no dan cuenta de todas las decisiones de política exterior, cubren una gama bastante amplia, como también lo hace el corolario referente al papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero se encaminan a él.

Con el contexto proporcionado hasta el momento, miremos el “momento unipolar”, que es el tópico de gran cantidad de discusiones académicas y populares desde que se colapsó la Unión Soviética, hace 20 años, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global en vez de ser sólo la primera superpotencia, como antes. Aprendemos mucho acerca de la naturaleza de la guerra fría, y del desarrollo de los acontecimientos desde entonces, mirando cómo reacciona Washington a la desaparición de su enemigo global, esa “conspiración monolítica y despiadada” para apoderarse del mundo, como la describía Kennedy.

Unas semanas después de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos invadió Panamá. El propósito era secuestrar a un delincuente menor, que fue llevado a Florida y sentenciado por crímenes que había cometido, en gran medida, mientras cobraba en la CIA. De valioso amigo se convirtió en demonio malvado por intentar adoptar una actitud desafiante y salirse con la suya, al andarse con pies de plomo en el apoyo a las guerras terroristas de Reagan en Nicaragua.

La invasión mató a varios miles de personas pobres en Panamá, según fuentes panameñas, y reinstauró el dominio de los banqueros y narcotraficantes ligados a Estados Unidos. Fue apenas algo más que una nota de pie de página en la historia, pero en algunos aspectos rompió la tendencia. Uno de ellos fue que se hizo necesario contar con un nuevo pretexto, y éste llegó rápido: la amenaza de narcotraficantes de origen latino que buscan destruir a Estados Unidos. Richard Nixon ya había declarado la “guerra contra las drogas”, pero ésta asumió un nuevo y significativo papel durante el momento unipolar.

“Sofisticación tecnológica” en el tercer mundo

La necesidad de un nuevo pretexto guió también la reacción oficial en Washington ante el colapso de la superpotencia enemiga. El gobierno de Bush padre trazó el nuevo rumbo a los pocos meses: en resumidas cuentas, todo se mantendrá bastante igual, pero tendremos nuevos pretextos. Todavía requerimos de un enorme sistema militar, pero ahora hay un nuevo justificante: la “sofisticación tecnológica” de las potencias del tercer mundo. Tenemos que mantener la “base industrial de defensa”, eufemismo para describir la industria de alta tecnología apoyada por el Estado. Debemos mantener fuerzas de intervención dirigidas a las regiones ricas en energéticos de Medio Oriente, donde no “haríamos responsable al Kremlin” de las amenazas significativas a nuestros intereses, a diferencia de las décadas de engaño cuando eso ocurría.

Todo lo anterior pasó muy en silencio, apenas si se notó. Pero para quienes confían en entender el mundo, es bastante ilustrativo.

Como pretexto para una intervención, fue útil invocar una “guerra a las drogas”, pero como pretexto es muy estrecho. Se necesitaba uno de más arrastre. Rápidamente las elites se volcaron a la tarea y cumplieron su misión. Declararon una “revolución normativa” que confería a Estados Unidos el derecho a una “intervención por razones humanitarias” escogida por definición, por la más noble de las razones.

Para expresarlo con sutileza, ni las víctimas tradicionales se inmutaron. Las conferencias de alto nivel en el Sur global condenaron con amargura “el así llamado ‘derecho’ a una intervención humanitaria”. Era necesario un refinamiento adicional, por lo que se diseñó el concepto de “responsabilidad de proteger”. Quienes prestan atención a la historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales ejercen su “responsabilidad de proteger” de modo muy selectivo, en adherencia estricta a las tres máximas descritas. Los hechos perturban de tan obvios, y requieren considerable agilidad de las clases intelectuales: otra reveladora historia que debo dejar de lado.

Conforme el momento unipolar se iluminó, otra cuestión que se puso al frente fue el destino de la OTAN. La justificación tradicional para la organización era la defensa contra las agresiones soviéticas. Al desaparecer la Unión Soviética se evaporó el pretexto. Las almas ingenuas, que tienen fe en las doctrinas del momento, habrían esperado que la OTAN desapareciera también; por el contrario, se expandió con rapidez. Los detalles revelan mucho acerca de la guerra fría y de lo que siguió. A nivel más general revelan cómo se forman y ejecutan las políticas de los estados.

A medida que se colapsó la Unión Soviética, Mijail Gorbachov hizo una pasmosa concesión: permitió que una Alemania unificada se uniera a una alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, pese a que Alemania por sí sola casi había destruido Rusia en dos ocasiones durante el siglo XX. Sin embargo, fue un quid pro quo, “un esto por aquello, una reciprocidad”. El gobierno de Bush prometió a Gorbachov que la OTAN no se extendería a Alemania oriental, y que desde luego no llegaría más al oriente. También le aseguró al mandatario soviético “que la organización se transformaría en un ente más político”. Gorbachov propuso también una zona libre de armas nucleares desde el Ártico al Mar Negro, un paso hacia una “zona de paz” que eliminara cualquier amenaza a Europa occidental u oriental. Tal propuesta se pasó por alto sin consideración alguna.

Poco después llegó Bill Clinton al cargo. Muy pronto se desvanecieron los compromisos de Washington. No es necesario abundar sobre la promesa de que la OTAN se convertiría en un ente más político. Clinton expandió la organización hacia el este, y Bush fue más allá. En apariencia Barack Obama intenta continuar la expansión.

Un día antes del primer viaje de Barack Obama a Rusia, su asistente especial en Seguridad Nacional y Asuntos Eurasiáticos informó a la prensa: “No vamos a dar seguridades a los rusos, ni a darles ni intercambiar nada con ellos respecto de la expansión de la OTAN o la defensa con misiles”.

Se refería a los programas de defensa con misiles estadunidenses en Europa oriental y a la posibilidad de convertir en miembros de la OTAN a dos vecinos de Rusia, Ucrania y Georgia. Ambos pasos eran vistos por los analistas occidentales como serias amenazas a la seguridad rusa, por lo que, de igual modo, podían inflamar las tensiones internacionales.

Ahora, la jurisdicción de la OTAN es todavía más amplia. El asesor de Seguridad Nacional de Obama, el comandante de Marina James Jones, hace llamados a que la organización se amplíe al sur y también al este, de modo que se refuerce el control estadunidense sobre las reservas energéticas de Medio Oriente. El general Jones también aboga por una “fuerza de respuesta de OTAN”, que confiera a la alianza militar encabezada por Estados Unidos “mucho mayor capacidad y flexibilidad para efectuar acciones con rapidez y en distancias muy largas”, objetivo que ahora Washington se empeña en lograr en Afganistán.

El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, informó a la conferencia de la organización que “las tropas de la alianza tienen que custodiar los ductos de crudo y gas que van directamente a Occidente” y, de modo más general, proteger las rutas marinas utilizadas por los buques cisternas y otras “cruciales infraestructuras” del sistema energético. Dicha decisión expresa de forma más explícita las políticas posteriores a la guerra fría: remodelar la OTAN para volverla una fuerza de intervención global encabezada por Estados Unidos, cuya preocupación especial sea el control de los energéticos. Supuestamente, la tarea incluye la protección de un ducto de 7 mil 600 millones de dólares que conduciría gas natural de Turkmenistán a Pakistán e India, pasando por la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están desplegadas las tropas canadienses. La meta es “bloquear la posibilidad de que un ducto alterno brinde a Pakistán e India gas procedente de Irán”, y “disminuir la dominación rusa de las exportaciones energéticas de Asia central”, según informó la prensa canadiense, bosquejando con realismo algunos de los contornos del nuevo “gran juego” en el que la fuerza de intervención internacional encabezada por Estados Unidos va a ser un jugador principal.

Desde los primeros días posteriores a la guerra fría, se entendía que Europa occidental podría optar por un curso independiente, tal vez con una visión gaullista de Europa, del Atlántico a los Urales. En este caso el problema no es un “virus” que pueda “diseminar el contagio”, sino una pandemia que podría desmantelar todo el sistema de control global. Se supone que, al menos en parte, la OTAN intenta contrarrestar esa seria amenaza. La expansión actual de la alianza, y los ambiciosos objetivos de la nueva organización, dan nuevo empuje a esos fines.

Los acontecimientos continúan atravesando el momento unipolar, adhiriéndose bien a los principios que rigen los asuntos internacionales. Más en específico, las políticas se conforman muy cerca de las doctrinas del orden mundial formuladas por los planificadores estadunidenses de alto nivel durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, reconocieron que, fuera cual fuese el resultado de la guerra, Estados Unidos se convertiría en una potencia global y desplazaría a Gran Bretaña. En concordancia, desarrollaron planes para que Estados Unidos ejerciera control sobre una porción sustancial del planeta. Esta “gran área”, como le llaman, habría de comprender por lo menos el hemisferio occidental, el antiguo imperio británico, el Lejano Oriente y los recursos energéticos de Asia occidental. En esta gran área, Estados Unidos habría de mantener un “poder incuestionable”, una “supremacía militar y económica”, y actuaría para garantizar “los límites de cualquier ejercicio de soberanía” por parte de estados que pudieran interferir con sus designios globales. Al principio los planificadores pensaron que Alemania predominaría en Europa, pero conforme Rusia comenzó a demoler la Wermacht (las fuerzas armadas nazis), la visión se hizo más y más expansiva, y se buscó que la gran área incorporara la mayor extensión de Eurasia que fuera posible, por lo menos Europa occidental, el corazón económico de Eurasia.

Se desarrollaron planes detallados y racionales para la organización global, y a cada región se le asignó lo que se le llamó su “función”. Al Sur en general se le asignó un papel de servicio: proporcionar recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y más tarde otros servicios, tales como recibir la exportación de desperdicios y contaminación. En ese entonces, Estados Unidos no estaba tan interesado en África, así que la pasó a Europa para que “explotara” su reconstrucción a partir de la destrucción de la guerra. Uno podría imaginar relaciones diferentes entre África y Europa a la luz de la historia, pero no se tuvieron en cuenta. En contraste, se reconoció que las reservas de petróleo de Medio Oriente eran una “estupenda fuente de poder estratégico” y uno de los “premios materiales más grandes en la historia del mundo”: la más “importante de las áreas estratégicas del mundo”, para ponerlo en palabras de Eisenhower. Y los planificadores se daban cuenta de que el control del crudo de Medio Oriente proporcionaría a Estados Unidos el “control sustancial del mundo”.

Quienes consideran significativas las continuidades de la historia tal vez recuerden que los planificadores de Truman hacían eco de las doctrinas de los demócratas jacksonianos al momento de la anexión de Texas y de la conquista de medio México, un siglo antes. Tales predecesores anticiparon que las conquistas proporcionarían a Estados Unidos un virtual monopolio del algodón, el combustible de la primera revolución industrial: “Ese monopolio, ahora asegurado, pone a todas las naciones a nuestros pies”, declaró el presidente Tyler. En esa forma, Estados Unidos podría esquivar el “disuasivo británico”, el mayor problema de esa época, y ganar influencia internacional sin precedente.

Concepciones semejantes guiaron a Washington en su política petrolera. De acuerdo con ella –explicaba el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower–, Estados Unidos debe respaldar regímenes rudos y brutales y bloquear la democracia y el desarrollo, aunque eso provoque una “campaña de odio contra nosotros”, como observó el presidente Eisenhower 50 años antes de que George W. Bush preguntara en tono plañidero “por qué nos odian” y concluyera que debía ser porque odiaban nuestra libertad.

Con respecto a América Latina, los planificadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial concluyeron que la primera amenaza a los intereses estadunidenses la representan los “regímenes radicales y nacionalistas que apelan a las masas de población” y buscan satisfacer la “demanda popular de mejoramiento inmediato de los bajos estándares de vida de las masas” y el desarrollo a favor de las necesidades internas del país. Estas tendencias entran en conflicto con las demanda de “un clima económico y político que propicie la inversión privada”, con la adecuada repatriación de las ganancias y la “protección de nuestras materias primas”. Gran parte de la historia subsiguiente fluye de estas concepciones que nadie cuestiona.

TLC, “cura recomendada”

En el caso especial de México, el taller de desarrollo de estrategias para América Latina, celebrado en el Pentágono en 1990, halló que las relaciones Estados Unidos-México eran “extraordinariamente positivas”, y que no las perturbaba ni el robo de elecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado o obreros y campesinos, ni otros detalles menores. Los participantes en el taller sí vieron una nube en el horizonte: la amenaza de “una ‘apertura a la democracia’ en México”, la cual, temían, podría “poner en el cargo a un gobierno más interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y nacionalistas”. La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México que “encerrara al vecino en su interior” y proponerle las reformas neoliberales de la década de 1980, que “ataran de manos a los actuales y futuros gobiernos” mexicanos en materia de políticas económicas.

En resumen, el TLCAN, impuesto puntualmente por el Poder Ejecutivo en oposición a la voluntad popular.

Y al momento en que el TLCAN entraba en vigor, en 1994, el presidente Clinton instituía también la Operación Guardián, que militarizó la frontera mexicana. Él la explicó así: “no entregaremos nuestras fronteras a quienes desean explotar nuestra historia de compasión y justicia”. No mencionó nada acerca de la compasión y la justicia que inspiraron la imposición de tales fronteras, ni explicó cómo el gran sacerdote de la globalización neoliberal entendía la observación de Adam Smith de que “la libre circulación de mano de obra” es la piedra fundacional del libre comercio.

La elección del tiempo para implantar la Operación Guardián no fue para nada accidental. Los analistas racionales anticiparon que abrir México a una avalancha de exportaciones agroindustriales altamente subsidiadas tarde o temprano socavaría la agricultura mexicana, y que las empresas mexicanas no aguantarían la competencia con las enormes corporaciones apoyadas por el Estado que, conforme al tratado, deberían operar libremente en México. Una consecuencia probable sería la huída de muchas personas a Estados Unidos junto con quienes huyen de los países de Centroamérica, arrasados por el terrorismo reaganita. La militarización de la frontera fue un remedio natural.

Las actitudes populares hacia quienes huyen de sus países –conocidos como “extranjeros ilegales”– son complejas. Prestan servicios valiosos en su calidad de mano de obra superbarata y fácilmente explotable. En Estados Unidos las agroempresas, la construcción y otras industrias descansan sustancialmente en ellos, y ellos contribuyen a la riqueza de las comunidades en que residen. Por otra parte, despiertan tradicionales sentimientos antimigrantes, persistente y extraño rasgo en esta sociedad de migrantes que arrastra una historia de vergonzoso trato hacia ellos. Hace pocas semanas, los hermanos Kennedy fueron vitoreados como héroes estadunidenses. Pero a fines del siglo XIX los letreros de “ni perros ni irlandeses” no los habrían dejado entrar a los restaurantes de Boston. Hoy los emprendedores asiáticos son una fulgurante innovación en el sector de alta tecnología. Hace un siglo, acciones racistas de exclusión impedían el acceso de asiáticos, porque se les consideraba amenazas a la pureza de la sociedad estadunidense.

Sean cuales fueren la historia y las realidades económicas, los inmigrantes han sido siempre percibidos por los pobres y los trabajadores como una amenaza a sus empleos, sus modos de vida y su subsistencia. Es importante tener en cuenta que la gente que hoy protesta con furia ha recibido agravios reales. Es víctima de los programas de manejo financiero de la economía y de globalización neoliberal, diseñados para transferir la producción hacia fuera y poner a los trabajadores a competir unos con otros a escala mundial, bajando los salarios y las prestaciones, mientras se protege de las fuerzas del mercado a los profesionales con estudios. Los efectos han sido severos desde los años de Reagan, y con frecuencia se manifiestan de modos feos y extremos, como muestran las primeras planas de los diarios en los días que corren. Los dos partidos políticos compiten por ver cuál de ellos puede proclamar en forma más ferviente su dedicación a la sádica doctrina de que se debe negar la atención a la salud a los “extranjeros ilegales”. Su postura es consistente con el principio, establecido por la Suprema Corte, de que, de acuerdo con la ley, esas criaturas no son “personas”, y por tanto no son sujetos de los derechos concedidos a las personas. En este mismo momento la Suprema Corte considera la cuestión de si las corporaciones deben poder comprar elecciones abiertamente en lugar de hacerlo de modos más indirectos: asunto constitucional complejo, porque las cortes han determinado que, a diferencia de los inmigrantes indocumentados, las corporaciones son personas reales, de acuerdo con la ley, y así, de hecho, tienen derechos que rebasan los de las personas de carne y hueso, incluidos los derechos consagrados por los tan mal nombrados “acuerdos de libre comercio”. Estas reveladoras coincidencias no me provocan comentario alguno. La ley es en verdad un asunto solemne y majestuoso.

El espectro de la planificación es estrecho, pero permite alguna variación. El gobierno de Bush II fue tan lejos, que llegó al extremo del militarismo agresivo y ejerció un arrogante desprecio, inclusive hacia sus aliados. Fue condenado duramente por estas prácticas, aun dentro de las corrientes principales de opinión. El segundo periodo de Bush fue más moderado. Algunas de sus figuras más extremistas fueron expulsadas: Rumsfeld, Wolfowitz, Douglas Feith y otros. A Cheney no lo pudieron quitar porque él era la administración. Las políticas comenzaron a retornar más hacia la norma. Al llegar Obama al cargo, Condoleeza Rice predecía que seguiría las políticas del segundo periodo de Bush, y eso es en gran medida lo que ha ocurrido, más allá del estilo retórico diferente, que parece haber encantado a buena parte del mundo… tal vez por el descanso que significa que Bush se haya ido.

En el punto más candente de la crisis de los misiles cubanos, un asesor de alto rango del gobierno de Kennedy expresó muy bien algo que hoy es una diferencia básica entre George Bush y Barack Obama. Los planificadores de Kennedy tomaban decisiones que literalmente amenazaban a Gran Bretaña con la aniquilación, pero sin informar a los británicos.

En ese punto, el asesor definió la “relación especial” con el Reino Unido. “Gran Bretaña –dijo– es nuestro teniente”; el término más de moda hoy sería “socio”. Gran Bretaña, por supuesto, prefiere el término en boga. Bush y sus cohortes se dirigían al mundo tratando a todos como “nuestros tenientes”. Así, al anunciar la invasión de Irak, informaron a Naciones Unidas que podía obedecer las órdenes estadunidenses, o volverse “irrelevante”. Es natural que una desvergonzada arrogancia así levante hostilidades.

Obama adopta un curso de acción diferente. Con afabilidad saluda a los líderes y pueblos del mundo como “socios” y únicamente en privado continúa tratándolos como “tenientes”, como “subordinados”. Los líderes extranjeros prefieren con mucho esta postura, y el público en ocasiones queda hipnotizado por ella. Pero es sabio atender a los hechos, y no a la retórica o a las conductas agradables. Porque es común que los hechos cuenten una historia diferente. En este caso también.

Tecnología de la destrucción

El actual sistema mundial permanece unipolar en una sola dimensión: el ámbito de la fuerza. Estados Unidos gasta casi lo mismo que el resto del mundo junto en fuerza militar, y está mucho más avanzado en la tecnología de la destrucción. Está solo también en la posesión de cientos de bases militares por todo el mundo, y en la ocupación de dos países situados en cruciales regiones productoras de energéticos. En estas regiones está estableciendo, además, enormes megaembajadas; cada una de ellas es en realidad es una ciudad dentro de otra: clara indicación de futuras intenciones. En Bagdad se calcula que los costos de la megaembajada asciendan de mil 500 millones de dólares este año a mil 800 millones en los años venideros. Se desconocen los costos de sus contrapartes en Pakistán y Afganistán, como también se desconoce el destino de las enormes bases militares que Estados Unidos instaló en Irak.

El sistema global de bases se comienza a extender ahora por América Latina. Estados Unidos ha sido expulsado de sus bases en Sudamérica; el caso más reciente es el de la base de Manta, en Ecuador, pero recientemente logró arreglos para utilizar siete nuevas bases militares en Colombia, y se supone que intenta mantener la base de Palmerola, en Honduras, que jugó un papel central en las guerras terroristas de Reagan. La Cuarta Flota estadunidense, desbandada en los años 50 del siglo XX, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión colombiana a Ecuador. Su responsabilidad cubre el Caribe, Centro y Sudamérica, y las aguas circundantes. La Marina incluye, entre sus “variadas operaciones”, acciones “contra el tráfico ilícito, maniobras simuladas de cooperación en seguridad, interacciones ejército-ejército y entrenamiento bilateral y multilateral”. Es entendible que la reactivación de la flota provoque protestas y preocupación de gobiernos como el de Brasil, el de Venezuela y otros.

La preocupación de los sudamericanos se ha incrementado por un documento de abril de 2009, producido por el comando de movilidad aérea estadunidense (US Air Mobility Command), que propone que la base de Palanquero, en Colombia, pueda convertirse en el “sitio de seguridad cooperativa” desde el cual “puedan ejecutarse operaciones de movilidad”. El informe anota que, desde Palanquero, “casi medio continente puede ser cubierto con un C-17 (un aerotransporte militar) sin recargar combustible”. Esto podría formar parte de “una estrategia global en ruta”, que “ayude a lograr una estrategia regional de combate y con la movilidad de los trayectos hacia África”. Por ahora, “la estrategia para situar la base en Palanquero debe ser suficiente para fijar el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano”, concluye el documento, pero prosigue explorando opciones para extender el sistema a África con bases adicionales, todo como parte de un sistema global de vigilancia, control e intervención.

Estos planes forman parte de una política más general de militarización de América Latina. El entrenamiento de oficiales latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años, mucho más allá de los niveles de la guerra fría.

La policía es entrenada en tácticas de infantería ligera. Su misión es combatir “pandillas de jóvenes” y “populismo radical”, término este último que debe de entenderse muy bien en América Latina.

El pretexto es la “guerra contra las drogas”, pero es difícil tomar eso muy en serio, aun si aceptáramos la extraordinaria suposición de que Estados Unidos tiene derecho a encabezar una “guerra” en tierras extranjeras. Las razones son bien conocidas, y fueron expresadas una vez más a fines de febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria. Su informe concluye que la guerra al narcotráfico ha sido un fracaso total y demanda un drástico cambio de política, que se aleje de las medidas de fuerza en los ámbitos interno y externo e intente medidas menos costosas y más efectivas.

Los estudios llevados a cabo por el gobierno estadunidense, y otras investigaciones, han mostrado que la forma más efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores es suficiente para mostrarnos que los objetivos de la “guerra contra las drogas” no son los que se anuncian. Para determinar los objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las consecuencias previsibles constituyen prueba de la intención. Y las consecuencias no son oscuras: subyace en los programas una contrainsurgencia en el extranjero y una forma de “limpieza social” en lo interno, enviando enormes números de personas “superfluas”, casi todas hombres negros, a las penitenciarías, fenómeno que condujo ya a la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por mucho, desde que se iniciaron los programas, hace 30 años.

Aunque el mundo es unipolar en la dimensión militar, no siempre ha sido así en la dimensión económica. A principios de la década de 1970, el mundo se había vuelto económicamente “tripolar”, con centros comparables en Norteamérica, Europa y el noreste asiático. Ahora la economía global se ha vuelto aún más diversa, en particular tras el rápido crecimiento de las economías asiáticas que desafiaron las reglas del neoliberal “Consenso de Washington”.

También América Latina comienza a liberarse por sí sola de este yugo. Los esfuerzos estadunidenses por militarizarla son una respuesta a estos procesos, particularmente en Sudamérica, la cual por vez primera desde las conquistas europeas comienza a enfrentar los problemas fundamentales que han plagado el continente. He ahí el inicio de movimientos encaminados a la integración de países que tradicionalmente se orientaban hacia Occidente, no uno hacia el otro, y también un impulso por diversificar las relaciones económicas y otras relaciones internacionales. Están también, por último, algunos esfuerzos serios por dar respuesta a la patología latinoamericana de que son los estrechos sectores acaudalados los que gobiernan en medio de un mar de miseria, quedando los ricos libres de responsabilidades, excepto la de enriquecerse a sí mismos. Esto último es muy diferente de Asia oriental, como se puede medir observando la fuga de capitales. En Asia oriental tales fugas se han controlado con mucha fuerza. En Corea del Sur, por ejemplo, durante su periodo de rápido crecimiento, la exportación de capitales podía acarrear la pena de muerte.

Estos procesos en América Latina, en ocasiones encabezados por impresionantes movimientos populares de masas, son de gran significación. No es sorpresivo que provoquen amargas reacciones entre las elites tradicionales, respaldadas por la superpotencia hemisférica. Las barreras son formidables, pero, si logran remontarse, los resultados van a cambiar en forma significativa el curso de la historia latinoamericana, y sus impactos más allá de ella no serán pequeños.

Blanche Petrich

Traducción: Ramón Vera Herrera

 

Publicado enInternacional
Junio 24 de 2009

Presidente Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20500
  
De mi mayor consideración
 
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitirle algunas observaciones sobre los derechos humanos en Colombia antes de su encuentro el 29 de julio con el Presidente de Colombia Álvaro Uribe.
 
Nuestra organización ha seguido de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia durante décadas. Tenemos graves preocupaciones por el record y el compromiso del gobierno de Uribe con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Lamentablemente, durante años, el gobierno de Bush en Estados Unidos prestó un apoyo prácticamente incondicional al gobierno colombiano e ignoró muchas políticas y acciones dañinas del gobierno de Uribe.
 
Es probable que el Presidente Uribe aspire a que continúen las políticas de Bush, mediante una rápida ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia y el continuo flujo de altos montos de asistencia militar desde Estados Unidos. Le solicitamos que se mantenga firme en la postura que S.E. adoptó durante la campaña presidencial y que deje en claro que -independientemente del vínculo estrecho que mantengan Estados Unidos y Colombia- el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados. También lo instamos a que deje claro que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar, y que el futuro de dicha asistencia depende del respeto que muestren el gobierno colombiano y, en especial, los militares por los derechos de la población civil.
 
Esperamos que también aproveche esta oportunidad para expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar de conformidad con principios básicos democráticos y de derechos humanos, incluido el respeto por la separación de poderes y el papel de la sociedad civil. A continuación, incluimos algunos antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y describimos algunos de los problemas más graves de derechos humanos que esperamos que discuta con el Presidente Uribe.

Situación general de los derechos humanos en Colombia 

Durante décadas, Colombia ha estado inmersa en un cruento conflicto armado interno que involucra a las guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), escuadrones de la muerte paramilitares (denominados anteriormente Autodefensas Unidas de Colombia o AUC) y las fuerzas armadas colombianas. Las guerrillas y los paramilitares integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras elaborada por Estados Unidos. Los paramilitares han participado activamente durante años en el narcotráfico, y se cree que también las guerrillas se benefician cada vez más con esta actividad. Todos los grupos armados cometen abusos contra los civiles. Como resultado, más de 3 millones de colombianos (sobre una población de alrededor de 40 millones) han sido obligados a abandonar sus hogares. A nivel mundial, Colombia se ubica inmediatamente después de Sudán en cuanto al número de desplazados internos. 
 
Miles de personas han sido víctimas de asesinatos, "desapariciones" forzadas, secuestros, violaciones sexuales y torturas.

Habitualmente, el gobierno de Bush justificaba su apoyo prácticamente incondicional a su par colombiano apelando a la reducción de algunos indicadores fundamentales de violencia registrada en los últimos años. El índice de secuestros, homicidios y masacres es, de hecho, significativamente menor respecto de los niveles altísimos alcanzados alrededor de 2002, lo cual representa un hecho positivo.

En cierta medida, el cambio es una consecuencia de que las fuerzas armadas colombianas expulsaron a las FARC de las principales ciudades y carreteras en las cuales secuestraban a civiles y cometían otros abusos visibles.
 
Pero las cifras también han cambiado como resultado de que, luego de una sangrienta campaña de expansión signada por frecuentes masacres de civiles, las mafias paramilitares (que han colaborado históricamente con altos funcionarios y unidades de las fuerzas militares colombianas) consolidaron su control sobre extensos sectores del país. Una vez que tomaron el control, los paramilitares lo mantuvieron principalmente mediante amenazas y asesinatos selectivos. También se infiltraron con fuerza en el sistema político, manipulando las elecciones y comprando o amenazando a los candidatos para conseguir un alto grado de incidencia en los gobiernos locales y regionales y en el gobierno nacional. Actualmente, más de 70 miembros del Congreso colombiano están siendo investigados penalmente o han sido condenados por su supuesta colaboración con los paramilitares. Casi todos estos congresistas pertenecen a la coalición del Presidente Uribe en el Congreso, y el gobierno de Uribe ha tomado medidas en reiteradas oportunidades que podrían frustrar las investigaciones y desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema que las han impulsado.
 
Mientras tanto, ciertos otros indicadores de abusos se han mantenido constantes o han mostrado una tendencia ascendente. La cantidad de presuntas ejecuciones de civiles por parte del Ejército creció vertiginosamente en los últimos años. Las FARC han continuado utilizando niños soldados y cometiendo asesinatos en zonas más remotas, y también han intensificado el uso de minas antipersonales. Luego de disminuir durante algunos años, el número de asesinatos de sindicalistas se ha incrementado el año pasado. Las cifras de desplazamiento interno actualmente se aproximan a los niveles máximos de 2002, con 380.000 nuevos desplazados durante 2008, según estadísticas confiables elaboradas por CODHES (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), la principal ONG de Colombia que monitorea los desplazamientos.


Vigilancia ilegítima y agresiones contra críticos y la Corte Suprema 

En febrero de 2009, Semana, una de las principales revistas de noticias colombianas, informó que el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS), que depende directamente del Presidente Uribe, durante años ha estado llevando a cabo un gran número de interceptaciones ilegales  de teléfonos y mensajes de correo electrónico, y la vigilancia de los opositores al gobierno de Uribe. El Presidente Uribe niega haber ordenado este tipo de vigilancia ilícita y ha insinuado que estas prácticas estuvieron dirigidas a integrantes de su gobierno y de la oposición por igual. No obstante, los resultados iniciales de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que las interceptaciones se enfocaron casi en su totalidad en figuras políticas de la oposición, como el ex Presidente César Gaviria y el candidato presidencial Rafael Pardo, magistrados de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, periodistas independientes, sindicatos y ONG de derechos humanos.
 
Estos actos ilícitos forman parte de un patrón mucho más amplio de agresiones verbales y actos de intimidación contra quienes lo critican por parte del Presidente Uribe y de algunos altos funcionarios del gobierno. El Presidente Uribe ha formulado acusaciones infundadas contra sus opositores en varias oportunidades, y a menudo ha vinculado el trabajo legítimo llevado a cabo en el ámbito de los derechos humanos, el periodismo o los sindicatos con las FARC, desacreditando y poniendo en peligro a quienes ataca.
 
Por ejemplo, en febrero de 2009, Uribe se refirió a la existencia de un "bloque intelectual de las FARC" que habla de derechos humanos "para atemorizar a [los] soldados y policías [de Colombia]" y que viaja a Europa y Estados Unidos para expresar su oposición al TLC. Uribe realizó este comentario público justo una semana antes de que varios colombianos distinguidos, entre ellos un ex juez, viajaran a Estados Unidos para declarar ante el Congreso de dicho país acerca de la violencia contra sindicalistas, un tema clave para el debate sobre el TLC en Estados Unidos.
 
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional emitieron informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en octubre de 2008. Luego de la publicación de los informes, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo". También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser "defensor" y "cómplice" de la guerrilla de las FARC.
 
En los últimos años, Uribe se ha referido a los sindicalistas como "delincuentes disfrazados de sindicalistas". También ha arremetido contra la Corte Suprema de su país, que ha dirigido las paradigmáticas investigaciones sobre la infiltración paramilitar en el gobierno colombiano (las investigaciones de la "parapolítica"), acusando a algunos de sus miembros de representar al "terrorismo". Ha calificado a los políticos de la oposición como "terroristas vestidos de civil". Y ha acusado al magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, a cargo de la coordinación de las investigaciones de la "parapolítica", de intentar incriminarlo por asesinato ofreciendo beneficios ilícitos o indebidos a un paramilitar encarcelado a cambio de que testifique en contra de Uribe (una investigación de la Fiscalía General de la Nación comprobó posteriormente que, en realidad, era Velásquez quien había sido víctima de un montaje por el paramilitar y otros involucrados). Luego de que Velásquez fuera desligado de estas acusaciones el año pasado, la revista Semana reveló que varios de los principales asesores de Uribe se reunieron en el Palacio Presidencial con otro líder paramilitar para analizar presuntas pruebas contra Velásquez (las cuales también resultaron ser falsas).
 
En un país como Colombia, donde los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas y los jueces a menudo han sido asesinados por su trabajo, este tipo de acusaciones por parte del presidente pueden poner en riesgo a las personas contra quienes están dirigidas. En un sentido más amplio, estas declaraciones generan un clima de intimidación que puede inhibir el debate público y la crítica a las políticas del gobierno. Además, plantean serios interrogantes acerca del respeto del gobierno de Uribe por el pluralismo democrático.
Lo instamos a que transmita al Presidente Uribe la profunda preocupación de Estados Unidos frente a la vigilancia ilegítima por parte del servicio de inteligencia, así como por sus repetidas agresiones verbales contra sus opositores y contra quienes investigan la influencia paramilitar en el estado.

 

Asesinato de civiles por el Ejército

 
En los últimos años, se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Según ha sido documentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por numerosas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, miembros del Ejército, ante la presión por demostrar resultados, se llevan a civiles de su vivienda o lugar de trabajo, los asesinan y luego los visten para simular que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos para así incrementar el número de bajas reportadas.
 
Estas supuestas ejecuciones se han producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército. La Fiscalía General de la Nación aparentemente estaría investigando más de 1.000 casos de este tipo, que afectaron a más de 1.700 víctimas durante los últimos años.
 
Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente que existiera este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban estos asesinatos de ayudar a la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Luego de un escándalo mediático desatado en septiembre de 2008 en relación con la ejecución de varios jóvenes oriundos de Soacha, un barrio de bajos recursos de Bogotá, Uribe apartó de las fuerzas militares a 27 de sus integrantes, incluidos tres generales. Desde entonces, se han producido más destituciones. Sin embargo, el Presidente Uribe continúa afirmando que se trata de unos pocos casos aislados, y ha hecho hincapié en que hay sólo "22 casos probados" y en que existen centenares de "falsas acusaciones".
 
Mario Montoya, comandante del Ejército, quien había sido acusado de cometer abusos y mantener vínculos con los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 después del escándalo de Soacha. Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana. El remplazo de Montoya, el supuesto protegido General Oscar González Peña, comandó la 4.° Brigada del Ejército en la época en que se registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales en el país.
 
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales visitó Colombia en junio. Entre sus primeras conclusiones, señaló que "la cantidad de casos, su alcance geográfico y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estos asesinatos fueron perpetrados de manera relativamente sistemática por una cantidad significativa de militares". Afirmó que el sistema de justicia militar colombiano agrava el problema al obstaculizar que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria. Su informe final abordará esta y otras cuestiones, como el posible ofrecimiento de incentivos a los militares que participan en los asesinatos.
 
Las ejecuciones, que fueron calificadas por el Relator Especial como "el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes con fines de lucro", representan una de las prácticas abusivas más graves por parte de agentes del estado que hayamos documentado en América Latina durante los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones, la falta de reconocimiento por parte del Presidente Uribe de la gravedad y el alcance del problema, y el hecho que no haya adoptado medidas suficientes para prevenirlo, deberían sembrar dudas acerca del fin que se da a la asistencia militar estadounidense y de la efectividad de la asistencia continua. Lo instamos a que trasmita esta preocupación al Presidente Uribe y a que le exija que adopte medidas inmediatas y significativas para poner fin a esta práctica.
 

Violencia contra sindicalistas e impunidad

 
Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización colombiana dedicada a los derechos de los sindicalistas, más de 2.700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. Luego de alcanzar niveles máximos en la década de 1990, el índice de asesinatos se redujo durante varios años, pero ha vuelto a ascender, pasando de 39 asesinatos en 2007 a 49 en 2008, según las cifras de la ENS (las estadísticas del gobierno colombiano son en general más bajas, ya que, entre otras razones, excluyen a los miembros de los sindicatos de maestros).  Los asesinatos continuaron durante este año: la ENS había registrado 20 asesinatos de sindicalistas hasta mediados de junio de 2009.
 
La impunidad por los asesinatos es la norma. En marzo de 2009, el Fiscal General de la Nación informó que desde 2000 se habían dictado 184 condenas en casos de violencia contra organizaciones sindicales. Esta cifra refleja un importante incremento en la cantidad de condenas a partir de 2007, cuando se hizo evidente que la impunidad de estos casos constituía un obstáculo para la ratificación del TLC, y la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especializado de fiscales con el propósito de reabrir muchos de estos casos que no habían sido investigados. No obstante, el 96 por ciento de los asesinatos todavía no han sido resueltos. Aún manteniendo el promedio actual de condenas, los fiscales demorarían 37 años en ponerse al día con los casos pendientes. 
 
Como explicó Human Rights Watch en detalle en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos este año, existen motivos justificados para dudar de la seriedad del compromiso de reducir la impunidad en el largo plazo[1]. Por ejemplo, los fiscales especializados sólo están investigando un pequeño grupo del total de casos, y carecen de un plan claro para revisar los casos restantes. Además, muchas de las condenas obtenidas involucran a paramilitares que están participando en el denominado proceso de la Ley de Justicia y Paz. Conforme a este proceso, y a cambio de que se reduzcan drásticamente las penas a entre cinco y ocho años de prisión por todos sus crímenes, los paramilitares supuestamente desmovilizados asumen su responsabilidad por diversos delitos, incluido el asesinato de sindicalistas. Pero, generalmente, no explican las circunstancias en las cuales se cometieron los crímenes. Como resultado de esto, las condenas no ayudan mucho a esclarecer la verdad sobre los asesinatos ni a impulsar la justicia.  Asimismo, es muy probable que una vez que termine el proceso de Justicia y Paz la cantidad de condenas nuevas se reduzca nuevamente.
 
Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse a las fuerzas militares, las guerrillas o el delito común, la mayor parte son cometidos por paramilitares, quienes han estigmatizado tradicionalmente a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla.  Como se explicó previamente, las mafias paramilitares continúan activas y aún representan una amenaza para los sindicalistas, quienes actualmente no pueden ejercer plenamente sus derechos sin temor a ser amenazados o asesinados.
 
Le pedimos que explique claramente al Presidente Uribe que el progreso del TLC depende de que Colombia muestre un cambio significativo, concreto y sostenido en este patrón de violencia e impunidad.


Nuevos grupos paramilitares

 
El gobierno de Uribe afirma que los grupos paramilitares se han desmovilizado. Sin embargo, como ha sido documentado en varias publicaciones de Human Rights Watch, el proceso de desmovilización implementado por el gobierno de Uribe tuvo graves defectos. Luego de concluido, importantes sectores de los grupos paramilitares se mantuvieron activos y surgieron numerosos grupos nuevos, a menudo bajo el mando de jefes paramilitares de rango medio. Los grupos que existen actualmente aplican métodos similares a los de los antiguos grupos paramilitares, y recurren a amenazas, asesinatos selectivos y al desplazamiento forzado de civiles.
 
La intensificación de las actividades y los conflictos entre estos grupos explica el incremento de varios indicadores de violencia durante los últimos años, incluido el aumento importante de los desplazamientos forzados en el país. Por ejemplo, luego de mermar durante varios años, la violencia ha escalado abruptamente en la ciudad de Medellín, donde el número de asesinatos pasó de 771 en 2007 a 1044 en 2008; este incremento del 35 por ciento refleja, en gran medida, las actividades de nuevos grupos. El ex jefe de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, y hermano del Ministro del Interior de Uribe, está siendo investigado penalmente por supuestos vínculos con estos grupos.
 
El poder de estos nuevos grupos puede relacionarse directamente con el fracaso del proceso de desmovilización, que nunca abordó la cuestión central de cómo identificar y juzgar a los cómplices de los grupos paramilitares, es decir, las personas que los financian y sus colaboradores en las fuerzas militares y el sistema político. Por el contrario, cuando algunas instituciones de Colombia -entre ellas, principalmente, la Corte Suprema de Justicia- han intentado investigar los vínculos entre políticos y paramilitares, el Presidente Uribe profirió ataques públicos contra ellas.
 
Lo instamos a que explique claramente al Presidente Uribe que Estados Unidos considera a estos nuevos grupos paramilitares como una grave amenaza para la seguridad, los derechos humanos y la democracia en Colombia, la cual debe ser enfrentada con la misma firmeza que las FARC. También le pedimos que subraye el papel fundamental que tienen las instituciones de justicia en la desarticulación de estas mafias, y la importancia de que sean respetadas.
 
Le agradecemos enormemente su consideración de estas graves cuestiones. Esperamos poder colaborar con S.E. en la definición de una política estadounidense efectiva y consecuente con principios democráticos y de derechos humanos frente a Colombia.

Atentamente,
Kenneth Roth                                               
Director Ejecutivo                                         
 
[1] Declaraciones de María McFarland Sánchez-Moreno, Audiencia sobre Examining Workers' Rights and Violence against Labor Union Leaders in Colombia, [Análisis de los derechos de los trabajadores y la violencia contra dirigentes sindicales en Colombia] Cámara de Representantes de Estados Unidos, Comisión sobre Educación y Trabajo, 12 de febrero de 2009.
Publicado enInternacional
Cerca de tres millones de peruanos no tendrán acceso a medicamentos ni atención sanitaria si se acepta el Tratado de Libre Comercio propuesto por la Unión Europea a Perú, Ecuador y Colombia, según denunciaron hoy expertos de diversas ONG.

Especialistas de estas organizaciones presentaron un informe sobre el impacto de las disposiciones planteadas por la UE sobre la propiedad intelectual y acceso a los medicamentos en la segunda ronda de negociaciones para este tratado, que se celebra esta semana en Lima.

"La propuesta europea causaría un daño gravísimo a la población peruana, especialmente a los más pobres, por el encarecimiento de los medicamentos que se produciría", advirtió Germán Holguín, coordinador de la Alianza CAN-UE para el acceso a los medicamentos, una asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Según Holguín, que preside la ONG MisiónSalud, entre las disposiciones europeas más preocupantes está la pretensión de extender en cinco años la vigencia de las patentes de los medicamentos (de los 20 años actuales a 25).

También en otros cinco el plazo de protección con exclusividad de los datos de prueba (relacionados con la seguridad y eficacia de los fármacos antes de comercializarse).

El experto aseguró que estas ampliaciones duplican las acordadas en el TLC entre Perú-EE.UU. y sólo buscan mantener durante más tiempo la exclusividad de estos fármacos entre uno o dos proveedores, reducir la competencia y así encarecer los precios.

"Este tratado es un instrumento de sufrimiento y de pérdida de vidas humanas", advirtió Holguín.

El informe presentado hoy indica que las extensiones requeridas por la UE supondrían un incremento del precio de los medicamentos en Perú del 26 por ciento, por las patentes, y del 14 por ciento, por la extensión de la protección de los datos de prueba.

Esta subida de los precios provocaría también un mayor gasto en fármacos para el Estado peruano hasta alcanzar los 386 millones de dólares anuales en el 2025, según cifras del estudio citado.

El coordinador para América Latina y El Caribe de Acción Internacional para la Salud (AIS), Roberto López, destacó que el modelo actual en materia de propiedad intelectual no responde a las necesidades de los países en desarrollo.

Para López, "las pretensiones de la UE son abusivas y atentan contra el derecho de las personas a la vida y la salud".

En el mismo sentido se pronunció el ex-negociador de la mesa de Propiedad Intelectual de Colombia, Luis Guillermo Restrepo, quien resaltó que "este tema pasa de ser un tema comercial a una cuestión ética sobre derechos humanos".

El coordinador de la AIS sugirió, al respecto, adoptar los modelos alternativos presentados por la Organización Mundial de la Salud.

Por, EFE


Publicado enInternacional
Página 1 de 3