Hace seis meses alguien dijo en Bogotá, delante de Stiglitz, para defender los TLC: “Hay que hacer la apertura agropecuaria para volver productivo al campo”. El Premio Nobel respondió: “Los tratados de libre comercio no se negocian, los imponen”.

Rudolf Hommes, presente en esa ocasión y poniendo sordina a tan autorizado concepto, repite, con motivo del TLC con la Unión Europea, el caballito de batalla aperturista contra los agricultores nacionales. Y no sólo eso; se olvida que en 1990, cuando abrió la Caja de Pandora de la apertura, las importaciones agropecuarias eran de 1,1 millón de toneladas, y veinte años después superan los 10 millones. El libre comercio ha consistido en remplazar el trabajo colombiano por el extranjero.

El TLC europeo tiene cláusulas tanto o más dañinas que el estadounidense, pero el debate recayó en las relacionadas con la cadena láctea. No es para menos: cuando se suman los volúmenes de leche extranjera, fruto de más de 5 TLC, que ingresarán sin aranceles en 2011, pulverizada, como queso o como lactosuero, equivaldrán casi a 300 millones de litros y, si se agregan los contingentes adicionales por tasa de cambio y menores tarifas, alcanzarían a 500. Esa cantidad, que es la que las vacas colombianas producen en un mes, vendrá de Europa, USA, Uruguay, Argentina, y quién sabe de dónde más, se incrementará con el tiempo.

Esos países subsidian los lácteos. Jack Thurston, en farmsubsidy.org, concluye que al año “El coste total del régimen de subsidios lácteos en la UE es de mil millones de euros. Los productores de leche reciben algunas subvenciones directamente, pero gran parte del dinero va a procesadores y exportadores” (que capturan el 28% de todas las ayudas agrícolas europeas). Una vaca suiza cuesta 2.800 euros en subsidios anuales. Una firma francesa de quesos, Herbignac Cheese, recibe 9,2 millones de euros; la Nestlé cerca de 50. Entregan 1,07 euros por kilo de mantequilla exportada.

El gobierno juega sucio en el debate sobre este TLC. El ministro Plata burla los debates en el Congreso, pero dice falsedades en entrevistas y artículos de prensa y sabe que los lecheros colombianos no resistirán tan desleal competencia. Esto lo conocen Hommes y también Santos y Mockus, que respaldan el Tratado. Uribe intenta engañar con paliativos de última hora y con un documento Conpes para suprimir la leche en cantina. La UE, como cuando canjeaba espejos por oro, promete ayudar al sector con 17 millones de euros, 1,7% de sus subsidios lácteos. ¡Cuánta generosidad!

Este balance reitera la justeza de la protesta ganadera del 19 de mayo y comprueba tanto las tesis de Stiglitz como las falacias neoliberales.

Bogotá, mayo 18 de 2010
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Lunes, 27 Julio 2009 06:20

Colombia, todo...todo por el TLC

Con la declaración oficial de que el país ya está en recesión, el presidente colombiano, Álvaro Uribe busca por todos los medios concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque para lograrlo tenga que empeñar la soberanía nacional al entregarle a Washington varias bases militares en el territorio.
A finales de junio, Colombia entró en recesión, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), después de 10 años de crecimiento continuado aunque esos resultados no se hayan revertido en mejoras sociales y económicas para su población.

Antes de concluir 2008, el gobierno aseguraba que el país estaba blindado contra la crisis económica internacional, pero ahora ha reconocido que en el último trimestre del pasado año la economía decreció 1 % y en el primer trimestre de 2009 lo hizo en 0,6 %. El Presidente, sus ministros y empresarios colombianos han construido prácticamente un nuevo camino hacia Washington con las idas y venidas realizadas en los dos últimos años para tratar de convencer a congresistas y senadores estadounidenses opuestos al TLC (por los asesinatos de sindicalistas y las violaciones constantes de los derechos humanos en el país andino).

Semanas antes de dejar la Casa Blanca, el ex mandatario George W. Bush dijo en una reunión con Uribe que el TLC era “necesario” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 30 de junio último, Uribe regresó a EE.UU. y le expuso a Barack Obama, (quien se había opuesto anteriormente al Tratado) las bondades de este.


Para estar más en línea con las disposiciones que exige el TLC, y a la par embullar a congresistas norteamericanos indecisos, el gobierno de la nación andina ha impulsado un amplio programa de privatizaciones en todos los sectores de la producción, la minería y los servicios.


El Estado sacó a la venta las empresas de electrificación de Cundinamarca, Boyacán (Ebsa), Pereira, Santander, Norte de Santander y Meta. En el ruedo también se halla Termocan-delaria, por la que se interesa el grupo chileno Solari. En cuanto al sector financiero, el Estado cederá la propiedad de 12,4 % que controla en el Banco Popular. Antes de que se acabe de aprobar el TLC, ya la estadounidense General Electric adquirió un paquete de acciones del Banco Colpatria, construirá una planta para la fabricación de químicos de purificación de aguas y compró una empresa dedicada a esa actividad industrial. Mientras, Munich Re fortaleció sus acciones en Inversura, holding de salud, riesgos profesionales y seguros.


La transnacional Glencore ha invertido, junto a Ecopretrol, en la ampliación de la refinería de Cartagena para elevar el procesamiento de crudo de 75 000 a 150 000 barriles diarios.


En la industria hotelera las cadenas transnacionales Hyatt, Milton, NH, Fronpeca, Marrito y Honesta invierten más de cuatro millones de millones de pesos colombianos, mientras compañías estadounidenses y europeas lo hacen en el sector de la aviación para ampliar las frecuencias de destinos a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El Instituto de Fomento Industrial (IFI) vendió la pequeña parte que controlaba en la Comercializadora Internacional Promotora Bananera y 9,3 % que tenía en Devinorte, donde han tomado posesión las transnacionales Cargill, Masisa (madera) y Mapfre Seguros.


Todas estas acciones han deteriorado aún más el nivel de vida de los colombianos, país donde la mitad de la población se encuentra en la pobreza y no tiene posibilidad de acceder a los servicios de salud, educación y seguro social.


Organizaciones sindicales y No Gubernamentales indicaron que tres de cada cuatro personas en el campo y dos de cada cuatro en las ciudades son pobres, en un número que alcanza a 20 290 000 habitantes.


Cuando se analiza que esto ocurre en una nación cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido como promedio más de 5 % en el último lustro, se comprende que las ganancias van a las pequeñas clases pudientes nacionales o salen del país mediante las transnacionales.


El ingreso de 10 % de la población más rica colombiana es 49 veces mayor que el de 10 % de los más pobres. A esto se suman los desplazamientos obligados de personas -realizados por el ejército en las zonas de conflicto armado- y quienes no tienen otro destino que irse hacia las ciudades para tratar de sobrevivir.


Ahora la crisis con su recesión acompañante se ha sentido con mayor fuerza en la industria, comercio, el transporte y los servicios según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.


Las medidas de privatización que afectan a la seguridad social están provocando grandes manifestaciones de sindicalistas y pensionados.


Las Centrales Obreras y en particular la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) se han lanzado a las calles en rechazo a la privatización del Instituto de Seguro Social y la liquidación de las subsidiarias Cajanal y Capre-com.


Jesús Ernesto Mendoza, presidente de la CPC, gremio que agrupa a 140 asociaciones con 1 350 000 pensionados, denunció que el Estado los ha puesto a merced de la voracidad del capital financiero, a la par que condenó las continuas detenciones de sus dirigentes como el caso de Sergio Díaz Forero, capturado por organismos de seguridad en la ciudad de Fusaga-sugá.


Con sus ansias de concluir el TLC y acabar de convencer a los cada vez menos reticentes congresistas norteamericanos, el gobierno de Uribe concretó un tratado con Washington para que ese país utilice tres bases aéreas y dos navales, en la Bahía de Málaga (Pacífico) y Cartagena (Caribe).


Aunque las conversaciones han sido secretas, se conoció que el senado del país norteño destinará 46 millones de dólares para la de Palanquero, puerto Saldar, en el río Magdalena, que ya cuenta con una pista de aterrizaje de 3 500 metros, dos enormes hangares y es la base principal de los aviones de combate colombianos. Entre las medidas se establece que ningún militar estadounidense podrá ser juzgado por delitos cometidos en suelo colombiano.


Este convenio abre las puertas a las operaciones y control militar estadounidense en la región, después de perder la base de Manta en Ecuador, la cual debió abandonar por la actitud del gobierno de Rafael Correa de no prorrogar el contrato de arrendamiento que vence en el próximo noviembre.


El senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y candidato a sustituir al presidente Uribe, declaró que con este paso, “Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaviones, contra los países vecinos”.


Ciertamente que el gobierno colombiano ha realizado enormes sacrificios para concluir el Tratado de Libre Comercio. Si los congresistas estadounidenses no lo acaban de aprobar, pasarán a la historia como unos malagradecidos.

Hedelberto López Blanch
Rebelión
 

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“Retornamos a nuestras regiones pero no nos vamos”. Así lo enfatizó Aída Quinqué, Consejera Mayor de Tierradentro y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). La frase fue pronunciado el domingo 23 de noviembre, en horas de la tarde, al momento de socializar los resultados de la reunión sostenida el sábado 22 con los representantes gubernamentales, en la cual el NO oficial fue la constante. El informe no pudo dibujar de manera más meridiana la voluntad política y el carácter del actual gobierno, obstinado en desconocer los derechos indígenas y los acuerdos firmados con representantes estatales en los últimos 17 años.

No a desistir del TLC. No a revisar las leyes rurales, de aguas y minera. No a la aprobación de la Convención de los pueblos indígenas firmada por la mayoría de países  miembros de Naciones Unidas. Así trascurrieron las 11 horas de debate en el recinto del Congreso de la República. No pudo obviarse, en el debate, desde luego, lo sucedido en el Resguardo La María, Piendamó, entre el 14 y 15 de octubre, días durante los cuales fue asesinado por tiro de fusil un comunero y heridos, por explosiones y tiros recalzados, no menos de otros 150 indígenas. La nota sobresaliente de esta parte del debate provino del coordinador de la Guardia Indígenas, que ante la crítica del Ministro de Defensa por el castigo –según el tortura- proferido contra un soldado infiltrado en La Minga, respondió: “Si, nos equivocamos en ese castigo pues al que se debiera de latigar es a usted”. 

Para negarse a cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, que ahora ganan más y más simpatía nacional, el gobierno se valío de estratagemas jurídicas que realzan la seguridad democrática, la recuperación de la confianza inversionista y, que dejan en último lugar la inversión social, lo que impide a todas luces la sola posibilidad de diálogo sobre aspectos de beneficio común, así como dar cumplimiento a los acuerdos firmados de vieja data con diversidad de comunidades indígenas.

Razón más que suficiente para que La Minga continúe, no sólo como mecanismo para concretar los cinco puntos que le dieron origen y la dinamizan, sino además, y esto como factor fundamental, como estrategia y metodología para integrar los movimientos sociales colombianos, dotándolos de un referente de poder. La decisión de instalar el Congreso de los Pueblos, el próximo 12 de octubre, así lo confirma.

El regreso

Este lunes 24 partirán para sus regiones los más de 10.000 indígenas que con espíritu aguerrido emprendieron este largo viaje desde hace más de 20 días, caminando la palabra por distintas regiones del país y enseñándole a los citadinos que los indígenas no son como los pintan, indicándoles con total vitalidad que contra la injusticia y el mal gobierno el camino no puede ser el conformismo, sino la unidad y las resistencia civil de todo el pueblo colombiano.

Ayer domingo 23 partieron para sus regiones las comitivas del Tolima y Risaralda. Los viajantes desbordaban felicidad, las bocinas de la chivas sonaban a rabiar, mientras un ritual de manos en alto agradecían y proyectaban seguridad de triunfo para las luchas sociales. Una Minga que sintetiza, en su etapa inicial, el trasegar de la palabra. Y su desarrollo – proyección cuando los indígenas y sectores sociales del país entero comiencen a darle forma a una perspectiva de legislación de los pueblos.

Queda pendiente la evaluación colectiva de este ejercicio de resistencia. Por lo pronto algunos detalles, como los resumidos por Feliciano Valencia, Representante Cric, y vocero de La Minga, “muchos no conocían Bogotá. Para ellos esto es un sueño hecho realidad. Tomamos la decisión desde un comienzo de estar en la Universidad Nacional porque es el centro de pensamiento del país. Pero, quién lo iba a pensar, nosotros con esta Minga ya hemos estado en varias universidades: pasamos por la del Valle, luego por la del Quindio, Cundinamarca y ahora La Nacional. Y ha sido muy bonito, porque nosotros hemos aprendido de los estudiantes y ellos han aprendido de nosotros, esto es un intercambio de culturas. La Minga es una Universidad”.

Este lunes 24 se llevará a cabo una rueda de prensa, la entrega oficial de la Univesidad a sus autoridades y estudiantes y un mitín frente a la embajada de los Estados Unidos, con el cual los comuneros dejarán en claro su posición frente a la posiblidad de un TLC con ese país, al igual que con respecto a otros países, como Canadá y los mismos europeos, los cuales no hacen más que concretar beneficios para las multinacionales en Colombia. Acto que pretende ir al fondo “ir a la causa de la enfermedad. Tenemos que curar esa causa para no seguir enfermos y por eso tenemos que llegar a esos países, pues son ellos los que han generado este conflicto social, con su cultura de individualismo y consumo”, agregó Feliciano Valencia.

Por: Julián Carreño

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La fecha establecida fue el 12 de octubre. Memoria de dolor y resistencia. Tal como lo habían acordado, en ese mismo día y en la hora prevista, sus pasos pisaron fuerte, recorriendo el país por todos sus costados. Por todas sus regiones se sentían y se veían cuerpos maltratados por la exclusión y la pobreza.

Cuerpos cargados de decisión y dignidad. Minga indígena. Por el norte, hasta Riohacha, llegaron los Wayuú. Los embera se concentraron en Quibdó. Los Barí avanzaron por Norte de Santander. Emberas-Katíos hicieron presencia en Sincelejo. Emberas-Chamí taponaron carreteras por Risaralda y Caldas. Nasas y Yanaconas coparon carreteras en el Cauca. Los U’wa hicieron sentir su caminar en Boyacá. Cada uno hizo lo que su fuerza le permitía, pero también lo que le aconsejaba su reconstitución como pueblo activo y en resistencia, menguados por el paramilitarismo y la ofensiva capitalista tras inmensos proyectos productivos.

Movilización para demandar justicia. Uno a uno los gritos se escuchaban y las demandas se precisaban. Lo hacían como nunca antes había sucedido: en unidad y coordinación entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Por su experiencia y la cantidad de su población, el mayor ritmo lo impuso la movilización indígena, campesina y popular en el Cauca. Allí se hizo nítido que la Minga se iniciaba y mantenía, entre otros, por: liberación de la Madre Tierra, contra el TLC, por el desmonte de las leyes que despojan a las comundiades rurales, por la restitución del buen nombre.

Emboscada para violentar


La Minga retoma calles y autopistas, luego de cuatro años. En 2004, el pueblo Nasa había llevado a cabo el Congreso Itinerante, que no alcanzó a instalar un Congreso de los Pueblos en Cali. Pero el mensaje había sido sembrado. Luego desataron la campaña por la “liberación de la Madre Tierra”, fruto de la cual dos indígenas resultaron asesinados y otros cientos heridos, reabriendo ante el país el debate sobre tierra y territorio.

Una clara vocación de ser gobierno y ser poder. No esperar más dilaciones en los acuerdos de tierras irrespetados por el Gobierno. No morir esperando lo que no habrá de llegar. Luchar. Y así ha sido. Una y otra vez las haciendas La Emperatriz y El Japio, además de muchas otras, han sido epicentro de acciones de copamiento por parte de sus propietarios históricos. Una y otra vez han sido desalojadas por la acción violenta del Esmad y de unidades del Ejército.

La lucha ha sido intensa, pero se requieren otras acciones y otros métodos para concretar esas aspiraciones. Por ello, ahora, con la Minga indígena, con sentido cada vez más popular, el debate se hace de cara a todo el país. El gobierno nacional teme a esta posibilidad, y por ello su decisión de emboscar y destruir.

No diáloga. Ataca. Esa fue la decisión tomada para el 14 de octubre, día definido por los Nasa para emprender la parte correspondiente de la Minga en el Cauca. Ese día, sin medir palabra, centenares de fuerzas combinadas del Esmad de la Policía y el Ejército, atacaron con la decisión de desvertebrar la protesta. Retomaban la enseñanza del ataque ejecutado en 2006 en igual territorio, cuando destruyeron, junto con toda la infraestructura allí levantada, la protesta indígena.

Pero la historia no es lineal. Con una cantidad muy superior de participantes en la nueva protesta, los indígenas resistieron el ataque, impidiendo el desalojo. El cálculo oficial fracasó y la Minga se cualificó, además de multiplicarse en miembros. Los 10 mil iniciales ahora eran muchos más.

Con el paso de los días, se hizo claro que era un movimiento indestructible. Sus pasos se dirigieron hacia Cali, donde ya eran 40 mil, entre nativos, estudiantes, trabajadores en paro en el sector del azúcar, educadores, etcétera.

La voz ganaba tono: “No venimos a pedir. Exigimos”, así, con seguridad, lo expresaban los voceros de la movilización. Y el Gobierno tuvo que ceder. Entre dilaciones y espectáculo, como está acostumbrado, quiso reducir el debate demandado por los indígenas, para que “restituyan nuestro buen nombre, aclaren quién es el violento y terrorista, no pongan en marcha el TLC con los Estados Unidos…”. Sin embargo, las maniobras operativizadas por el Ejecutivo chocaron con la resistencia.

“Uribe tiene que venir a territorio indígena para discutir lo que estamos demandando”. Y lo que no había sucedido hasta entonces, se hizo realidad. El 2 de noviembre llegó el Presidente a La María, para discutir por fuera de un consejo comunitario, ese espacio que él manipula y controla a su antojo. Y ante las denuncias de los pobladores históricos del Cauca, se deshizo en disculpas y respuestas llenas de vaguedades, que evidenciaron los dos países realmente existentes en esta parte del hemisferio: el oligarca, terrateniente y especulador, aliado de los capitales internacionales, sometido al poder del Norte, y el popular, desposeído de tierra, sin trabajo bien remunerado, perseguido por protestar, inculpado de terrorismo cada que reclama dignidad.

Sin acuerdo alguno, la Minga tenía que proseguir. Y el 9 de noviembre, hombres y mujeres provenientes del Cauca y el Valle del Cauca, se reencontraron en la Universidad del Valle. El 10 ya estaban en Palmira, visitaron de manera solidaria a los huelguistas del ingenio Manuelita, intercambiaron con ellos realidades y se brindaron voces de respaldo. El 11 hicieron presencia en Armenia. El 12 brindaron su voz de apoyo a los desplazados por el Volcán Machín, y se impusieron al Esmad y los carabineros que intentaron evitar su ingreso en Ibagué. El 13 recordaron en Chicoral que el problema de tierra en Colombia fue profundizado allí por el acuerdo terrateniente y oligarca de 1972.

Y mientras así se avanza, más delegaciones se suman a esta Minga indígena, cada vez más popular. Las voces solidarias se acrecientan y el cuerpo de la demanda se ensancha. Con cada nueva población visitada; con cada intercambio sostenido con viviendistas, pobladores, campesinos, estudiantes, la agenda se hace más amplia pero también más explicita: requerimos una conjunción de movimientos sociales, una coordinación expedita de luchas pero también un referente de poder que nos permita enrutar todos los esfuerzos hacia un solo propósito: reconstruir el país para todos, con sentido real de justicia, soberanía y dignidad.

Cuando la Minga pise Bogotá, este río humano deberá deliberar y poner un reto muy alto para las direcciones de todos los movimientos sociales, pero también para la de los partidos: conformar un Parlamento de los Pueblos que nos permita deliberar, en perspectiva de una nueva Colombia, con autonomía, y tomar decisiones estratégicas que impliquen un accionar común, como un solo cuerpo, decididos a ser gobierno y ser poder.

Entrevista con la Consejera Mayor Aida Quinqué

Julián Carreño: Ustedes tuvieron reuniones previas a la Minga, evaluaron la fuerte represión y la violencia que sufren desde el Estado. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de hacer esta nueva fase de la Minga y marchar masivamente hacia Bogotá?

Aida Quinqué: La movilización de los pueblos indígenas es permanente en el Cauca. Hemos estado en el proceso de liberar a la Madre Tierra, exigiendo puntuales acciones jurídicas y políticas, entre ellas la Minga. ¿Por qué queremos ir con la Minga a Bogotá? Porque vale la pena llegar hasta los colombianos. Muchos no entienden aún el problema de la tierra y, fuera de no entenderlo, tienen una mala imagen del indígena y las comunidades rurales, como la venden la institucionalidad y el gobierno: ladrones, delincuentes, terroristas, salvajes… nunca se sabe en verdad quiénes somos.

Hacemos el ejercicio de llegar precisamente a esos pueblos en los que ve ese miedo al indígena, aclarándoles que somos iguales a todos: con expectativas y derechos que se deben exigir en el marco indígena, campesino, afrocolombiano, urbano y social.

Ese es el caminar de la palabra. Con la política de Estado, nos asesinan; nos matan con las leyes, con la política de ‘seguridad democrática’, con el desplazamiento forzado y con el tema de las víctimas. Entonces, la Minga es eso. Encontrarnos con los otros; que cuenten su historia, su experiencia, y que podamos compartir y de ahí empezar a generar una política incluyente, que nazca desde la propia gente.

JC: En 2004 se realizó un Parlamento de los Pueblos Indígenas y se ha avanzado en lo del gobierno autónomo. Al respecto, ¿cuáles son los objetivos concretos de esta Minga?

AQ: Hemos hecho el Parlamento Indígena y Popular porque nosotros también somos gobierno y como tal podemos legislar. Consideramos que en el marco de la legislación indígena defendemos nuestra autonomía y nuestra autoridad. Por eso hablamos de desobediencia civil. No nos sometemos a normas que nos reprimen y violan los derechos. La idea es que, al hablar de lo popular, todos los colombianos se opongan a las políticas de agresión, muerte, negación, como la contrarreforma agraria. Esas son parte de las propuestas construidas, propuestas, desde nuestro Parlamento.

Por ello, así como los terratenientes y los grandes politiqueros llegaron a Chicoral en 1972 y dijeron: ¡No más reforma agraria, ni para los indígenas ni para nadie!, venimos a decir que sí debe haber reforma agraria popular. Y que no son unos pocos los que deciden; es el pueblo mismo el que decide.

Otro objetivo es seguir el debate, cara a cara, pero ya no sólo como hicimos en La María sino que asimismo debe ser mucho más amplio, y en el que muchos expresen su sentir y le digan al Presidente lo que pasa en Colombia.

JC: En términos de la experiencia, ¿cómo ve el desarrollo de la Minga, qué respuesta encuentran?

AQ: Variadas reacciones. Mucha gente nos espera con buenas expectativas y esperanzas en esta Minga; pero también gente con odio, dolor, mucha gente que aún considera que los indios somos un problema para el país. En términos generales, digo que vamos bien, ganando puntos en cuanto a la desobediencia y la resistencia civiles.

JC: Para el país es claro que los indígenas son una fuerza de resistencia. Aquí hay por lo menos  5.000 personas. ¿Cree usted que más gente seguirá sumándose?

AQ: Se van a sumar más. Vienen compañeros del Cauca y otras regiones. Guardamos la esperanza de que en Bogotá no seamos sólo indígenas. Habrá estudiantes, sindicatos, y eso nos anima mucho porque eso es la Minga, la cual ya no debe ser sólo indígena; debe ser eminentemente social. Creo que vamos a ser muchos los colombianos que, a partir de la Minga, construiremos y mostraremos una cara diferente del país.

JC: En la discusión de Chicoral el 13 de noviembre se planteó retomar los diferentes mandatos, el Mandato Rural Campesino, el Mandato que surgió con el Parlamento Indígena, para un pacto social conducente a una reforma agraria popular. ¿Es viable?

AQ: Es posible. Nuestros mayores nos enseñan que la persistencia es legítima. No es lo que digan la ley o el Estado. La ley y el Estado sí, siempre y cuando defiendan los derechos de todos. El pueblo tiene que levantarse. No es posible que sigamos sometidos a un sistema de esclavitud y de muerte. Creo que los colombianos deben despertar su corazón, y esto implica despertar para denunciar un sistema que nos aniquila. Hay mucho miedo, pero esto hace parte del proceso; también debe darse el de la resistencia.

JC: ¿Cómo ve el ánimo de los delegados de los distintos resguardos indígenas?
AQ: La gente está animada. Veo a los jóvenes y los mayores con mucha, mucha fortaleza.


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