Martes, 04 Diciembre 2018 06:12

China y Argentina desafían a EEUU en el G20

China y Argentina desafían a EEUU en el G20

"¿Por qué Xi Jinping fue recibido con más honores que los demás líderes?", se pregunta el diario La Nación, en referencia a la llegada del presidente chino a la cumbre del G20 en Buenos Aires. El periódico constata que fue recibido "en una ceremonia especial, distinta de la que fueron objeto el resto de los jefes de Estado y de gobierno".
Además el presidente Mauricio Macri desmintió a Donald Trump, cuya vocera había asegurado que ambos compartirían que la actividad de China en la región es "depredadora". Por el contrario, Macri aseguró que "la Argentina no ve la presencia de China como una amenaza sino como una oportunidad".


Las razones de ambos hechos hay que buscarlas en la "Asociación Estratégica Integral" entre China y Argentina, rubricada en 2008, que coloca al país asiático como un aliado clave de Buenos Aires. En poco más de dos años Xi y Macri se reunieron cinco veces en las cuales decidieron profundizar la alianza "inyectando una gran fuerza motriz para la cooperación binacional en distintos ámbitos".


Luego de la cumbre del G20 se registró la reunión bilateral entre Xi y Macri, el domingo 2 de diciembre en la residencia de Olivos, donde firmaron 35 acuerdos, muchos de los cuales apuntan a proyectos de largo plazo de más de cinco años. Entre ellos uno para el intercambio de monedas por 9.000 millones de dólares, financiamiento de obras 1.200 millones de dólares y 5.000 millones en inversiones para ferrocarriles, energía térmica, solar, eólica y obras viales.


El hecho de que un gobierno conservador como el de Macri haya continuado y profundizado una alianza iniciada por un gobierno de signo opuesto, como el de Cristina Fernández, revela que estamos ante una alianza de Estado entre ambos países. Este es el primer dato a retener, ya que el tipo de relacionamiento establecido entre ambos comenzó en el terreno comercial, pero se va extendiendo a otras áreas, como las inversiones y las finanzas, y está comenzando a expresarse en el terreno político y geopolítico, como lo manifiesta el discurso de Macri.


La segunda cuestión es que China es el segundo destino de las exportaciones argentinas, luego de Brasil y por delante de Estados Unidos. El comercio creció de forma constante y firme, en particular en el área agroindustrial. China es el primer comprador de carne argentina en el mundo y sus importaciones de soja se expanden a raíz de la guerra comercial con Estados Unidos.


La tercera es que las relaciones entre China y Argentina van mucho más allá del comercio. El embajador argentino en China, Diego Guelar, destacó poco antes del G20 que "la relación con China es muy importante para Argentina, ya que es su máximo inversor y, si se excluye al Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal acreedor".

 

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Cinco puntos en la disfuncional cumbre del G-20 en Buenos Aires, según Breitbart

Las cumbres del desfalleciente Occidente se han vuelto disfuncionales, como sucedió con el G-7 en Canadá (http://bit.ly/2LCoQlO) y luego con el APEC (http://bit.ly/2zxSqp2) donde ni siquiera pudo acordar un comunicado conjunto, lo cual refleja la fractura y el "(des) Orden Global en la Era Post-EstadosUnidos" (http://bit.ly/2zzcffD).

El G-20 de Buenos Aires tampoco será la excepción y va que vuela al fracaso: creado con un enfoque economicista/reduccionista después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 no sirve para nada ni ha tenido concreciones saludables.

La única gracia del G-20, como las demás cumbres aludidas, es haberse convertido en un "punto de contacto" para trascendentales reuniones tangenciales al margen de sus deliberaciones.

Este G-20 de Buenos Aires pudo haber sido el catalizador del nuevo orden tripolar global entre EU/Rusia/China o cual hubiera marcado el hito histórico del siglo 21 cuando se habían programado sendas reuniones de Trump con el zar Vladimir Putin y con el mandarín Xi a quien invitó a cenar (http://bit.ly/2PacRxh).

Todo es posible con la volatilidad del estadunidense, quien puede cambiar de opinión en el último instante con el fin de sacar ventajas transaccionales a sus rivales, cuando ya canceló la anhelada cumbre con su homólogo ruso debido al recalentamiento del contencioso ucraniano, el cual Réseau Voltaire se debió a un sabotaje deliberado de EU e Israel para torpedear la reunión bilateral de Trump y Putin (http://bit.ly/2P8UkBf).

Una cumbre inesperada es la que entablarán el zar Vlady Putin y el premier nipón Shinzo Abe que puede llevar a la firma de un acuerdo de paz con consecuentes arreglos geopolíticos (http://bit.ly/2P8We4R).

El portal Breitbart, portavoz oficioso de Trump –quien al primer día ya había maltratado al anfitrión Macri y al presidente saliente Peña– avanza "cinco puntos a seguir en el G-20":

1. La cumbre de Trump y Putin: ya fue cancelada. El estadunidense deseaba hasta el último minuto reunirse con su homólogo ruso, pero fue desaconsejado por su primer círculo, lo cual no descarta que se puedan reunir, quizá de contrabando, en cualquier momento.

2. La cena del jefe de Estado de la Unión Americana con el mandarín Xi: China ha mostrado flexibilidad en ciertos rubros que han sido desechados por el estadunidense como "inaceptables". Sin embargo, NYT considera que a pesar de su "dura retórica" Trump “busca una tregua comercial con la nación asiática (https://nyti.ms/2zAYsW1)”, lo cual se empata con mi hipótesis de un "cese al fuego". La pésima noticia es que el sinófobo súper-halcón Peter Navarro fue reincorporado a la lista de seis funcionarios que acompañarán a Trump durante la cena, quien fungirá de espantapájaros. Es curioso que los multimedia chinos estén optimistas (https://reut.rs/2zzcRlr). Como que no suena lógico que inviten a cenar al mandarín Xi para humillarlo, de lo cual es capaz Trump.

3. Arabia Saudita y las secuelas del asesinato del periodista saudita Khashoggi: el presidente turco Erdogán ha reclamado la suavidad del tratamiento especial al príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman quien ha recibido cordiales saludos de Trump, la primera ministra británica Theresa May, el zar Vlady Putin y el primer indio Narendra Modi, mientras queda "volando" la tragedia bélica en Yemen.

4. Las sanciones de Irán: "significativa fuente de tensión entre EU y Europa que desea continuar haciendo negocios con Teherán y preservar vivo el arreglo nuclear de Obama", lo cual tendrá un impacto sobre el precio del petróleo que EU exige disminuir. ¿Vendió Trump el cadáver de Khashoggi, columnista de The Washington Post, por un barril de petróleo?

5. Brexit: Trump interpeló que el acuerdo entre la primera ministra británica May otorgó demasiadas concesiones a la Unión Europea, lo cual “pudiera interferir en el pacto comercial GB-EU (http://bit.ly/2zyked0)”.

El G-20 de Buenos Aires llega a una bifurcación: dependiendo del resultado de las gestiones EU-China, que apunta a un cese al fuego, dejará su impronta histórica; otro camino marcará la tragedia del comercio.

AlfredoJalife.com

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Martes, 20 Noviembre 2018 06:39

La JEP no es justicia, ni es transicional

La JEP no es justicia, ni es transicional

Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas. 

La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las élites dominantes.


Bases endebles del Acuerdo


Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y están en las vías institucionales creadas para su reinserción legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.


De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegítima, torciendo cada vez más lo que firmó dentro de un proceso, que para las élites es una victoria estratégica.


Las FARC fundó los acuerdos de paz en siete principios:


1) Convalidó la legitimidad estatal, cuestionada por décadas dada su violencia institucional e impunidad.
2) Consintió la legalidad de ese Estado, sin que éste se hubiera reformado en materias claves.
3) Concedió que ese Estado tendría en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementación de lo pactado.
4) Admitió la no reciprocidad y la no sincronía de los acuerdos de ambas partes.
5) Declinó en la búsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto éticos como sociales o comunitarios, así como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparación más completa posible, y sobre todo en la depuración institucional y las garantías reales de no repetición.

6) Sobrestimó un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsión de sanciones para la parte que incumpla; y

7) aceptó correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lógica de producción normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.


Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente políticos y que constituían una especie de Tratado inviolable, que se ratificó era sostenible por doce años, o sea por al menos tres períodos presidenciales desde agosto de 2018.


Tijeretazos y añadidos


Además del recorte grave que se derivó del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que ganó el No con escasos votos, rechazándose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder público, y en esa etapa, además del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisión a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.


La JEP, además de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilación o desnaturalización del delito político, la evaporación de la cadena de mando oficial, sufrió nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esta vía, establecieron más impunidad para los llamados “terceros” -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que según su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; así como las inequitativas reglas como se fijó en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).


Dándose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se probó ya durante la administración Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortalecía.


Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrático (CD), dio más pasos y comenzó a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todavía más a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdicción, sólo en la medida que les sirva. Aprovecharla como “tabla de salvación”, tanto jurídicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecución penal internacional-, como también políticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.


Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todavía más favorable al que ya tienen con la obtención de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusión, además de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, sólo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trató de eslabones de crímenes de Estado, de crímenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.


“Mala foto y un peor acuerdo”


Con el argumento de que se abría un panorama de diálogo entre bancadas políticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -diálogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vélez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no sólo salvando lo que ya admitían, en primer lugar la responsabilidad estructural del Régimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.


Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llamó una “mala foto y un peor acuerdo”, expresando que “No existe bondad intrínseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas políticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho más que repetir que se reserva el derecho a continuar en la búsqueda de modificaciones” [1].


La periodista se refiere a cómo Uribe emprendió una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposición política -que se supone crítica del proyecto político y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situación de agentes estatales y paraestatales, con garantías y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como quedó la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuarían jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policías; que se requerían unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente “prouniformados”) que además estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.


Este pacto político del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores políticos de distinto color, para la investigación y eventual juzgamiento de militares o policías, proyecta un paso más en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentúan o se formulan en su favor dispensas como serían jueces ad-hoc (específicos para algo) y la contrastación de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los “servidores” acusados terminen aceptando “lo que no hicieron”. Y se enuncia de nuevo cómo se usará con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretación del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuñado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Gallón llama “embeleco” y califica de “esotérico” [2].


Sin joya y sin corona


Estamos frente a una “justicia transicional” que lejos de ser “justicia” y de ser “transicional”, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, está siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todavía más un lavadero de responsabilidades. Se confirma así que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un ápice de garantías de no repetición, pues el país no hace tránsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las élites, para que continúen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.


Se caiga o no por razones jurídicas esa reforma, el espectáculo político queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropósito de las élites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.


De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad más elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores políticos que, pueden caer en pactos políticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raquítica.


Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: “Hay que repasar lo que se aprobó… cuando la minoría uribista se había trocado, ya, en mayoría mágica por hechos ocurridos fuera del salón que aún se desconocen, y cuando los congresistas que todavía piensan en los derechos de las víctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota”.[3]


Se decía hace dos años, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Política, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda aún más poco.
Notas:


[1] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/mala-foto-peor-acuerdo-columna-de-laura-gil-290462
[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431
[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208

 

Por Ana María Fonseca
Revista Insurrección

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

Publicado enEdición Nº251
Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

Publicado enColombia
Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

Publicado enEdición Nº250
El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

Publicado enColombia
“He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”

Miles de excombatientes heridos están perdiendo la fe en el pacto al tener dificultades para acceder al debilitado sistema de sanidad pública de Colombia

 

 Pablo Jiraldo recibió un disparo en el maxilar en su cuarto día en el frente. Sucedió hace 10 años, cuando luchaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la guerra que vivió el país durante décadas. El hombre, de 43 años, afirma que la bala la disparó un soldado del Gobierno.


“Fui a buscar mi arma, pero me disparó”, recuerda. “Fui valiente. Perdí la mitad de la cara”. Sobrevivió gracias al eficiente sistema sanitario clandestino de las FARC, pero Jiraldo ha quedado desfigurado y necesita atención médica frecuente. Es uno de los muchos excombatientes que tienen problemas de salud y lesiones sufridas durante los años de combate y la vida como fugitivos, según afirman médicos y trabajadores humanitarios.


Laura Villa, una excomandante de la guerrilla que lideraba el sistema de sanidad del grupo, calcula que más del 10% de sus cerca de 7.000 excombatientes viven con problemas de salud crónicos como consecuencia del conflicto.


Durante años, las FARC facilitaron tratamiento a sus combatientes heridos en el campo de batalla. Pero cuando se ratificó el Acuerdo de paz entre el grupo armado y el Gobierno, en noviembre de 2016, el servicio pasó a ser responsabilidad del sistema público de sanidad de Colombia. Ya de por sí limitado, este ha tenido hasta ahora dificultades para incorporar los casos de las FARC, pese a las promesas hechas bajo los acuerdos de paz, señala Villa, quien está ahora encargada de supervisar la reintegración y de coordinar los programas rurales de sanidad liderados por ONG.


La escasez de servicios sanitarios contribuye a la falta de confianza en un acuerdo que ya se mueve sobre arenas movedizas, a consecuencia de la falta de progreso en la aplicación de las reformas y de las alegaciones de corrupción en la asignación de los fondos para estos cambios.


Según las condiciones del Acuerdo de paz, las FARC debían dejar las armas y desmovilizarse, mientras que el Gobierno tenía que aplicar una serie de reformas y propuestas de medidas centradas en las causas fundamentales del conflicto, el cual, muchos reconocen, deriva de la desigualdad rural. Además de las propuestas de reforma agraria, los programas de sustitución de los cultivos de coca y la mejora de las infraestructuras y los servicios, a los combatientes de las FARC también se les prometió acceso al sistema de sanidad del país.


Los acuerdos también prevén que “excepcionalmente, para enfermedades graves de alto coste y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención durante 36 meses”.


La atención sanitaria era una “parte muy importante del paquete”, según Ivan Briscoe, director de programas para América Latina del International Crisis Group. “La idea de que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de estas personas para que puedan integrarse en la sociedad colombiana es fundamental”, añade Briscoe.


El problema de la atención sanitaria “plantea la cuestión fundamental que es transversal a todo el proceso de implementación del proceso de paz: ¿cuánto se ha sobrevendido el Estado colombiano?”
Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes (aproximadamente 1.200 miembros de las FARC aún están activos) o aumentar su vulnerabilidad al reclutamiento por grupos criminales u otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización guerrillera marxista.


Las elecciones que tuvieron lugar el 17 de junio y llevaron a la presidencia a Iván Duque, un político de derechas que critica el histórico Acuerdo de paz del país, han incrementado esta sensación de intranquilidad. La legislación relacionada con el Acuerdo no podrá anularse en 12 años, pero Duque ha prometido efectuar algunas modificaciones al mismo.


No está claro si alguno de estos cambios afectará negativamente al acceso limitado de las FARC a la atención sanitaria. Si fuera así, traería más problemas a combatientes como Jiraldo que tienen problemas para recibir tratamiento médico.


“Me alegré cuando se firmó el proceso de paz; pensé que todo mejoraría. Pero me equivoqué. He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”, se lamenta Jiraldo, y añade que su comandante alega que su lesión es ahora responsabilidad del Gobierno.


Jiraldo, que también sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT), se ha sometido a 18 operaciones financiadas por las FARC desde que recibió el disparo, todas ellas antes de la firma del Acuerdo de paz. Pero muchas fueron chapuzas ―cuenta que un cirujano le estiró el párpado para tapar el espacio que antes ocupaba su globo ocular en vez de utilizar un injerto de piel— y sigue necesitando atención médica frecuente.


No ha podido conseguir tratamiento efectivo en el sistema de sanidad pública de Colombia desde la firma del acuerdo de paz y afirma que ha sido rechazado por cinco cirujanos diferentes del Estado. Solo logró recibir atención médica adecuada tras conocer a Claudia Luzar, que trabaja con la Comisión de Conciliación Nacional, un grupo de paz y reconciliación financiado parcialmente por el Gobierno alemán. Con su ayuda y la ayuda económica ha podido conseguir tratamiento privado.


“Durante cuatro años, padeció una infección por una superbacteria, el staphylococcus aureus resistente a la medicina (SARM), para la cual le estoy dando tratamiento actualmente”, explica el doctor Peter Jasinski desde su clínica privada en Bogotá. Luzar presentó a Jiraldo al médico, polaco de nacimiento, tras conocer su drama. En un intento de liberar a Jiraldo de la complicada infección, Jasinski ha estado administrándole diariamente inyecciones de una solución salina en su herida —que atraviesa su maxilar superior y la cara— antes de administrarle antibióticos.


Jiraldo tiene arcadas y respira con dificultad durante todas las intervenciones, pero estas son necesarias para prepararlo para una posible operación que se espera que acabe con el ciclo de reinfección. Aún no se sabe quién realizará la operación, ni quién la pagará.


“Pablo no tiene ninguna confianza”, afirma Luzar. “Se suponía que el proceso de paz iba a generar confianza, pero ha tenido el efecto contrario”.


El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC. “Cuando estaban en las FARC, no era necesario pedir cita”, explica la excomandante Villa. “Para cualquier cosa que necesitasen, en cualquier campamento, había un profesional preparado para ayudar”. Y añade: “Así que cuando lo dejaron y pasaron a pertenecer al sistema colombiano de atención sanitaria… la transición fue muy dura”.


Pero el problema es simplemente que los excombatientes están experimentando ahora los mismos problemas con la atención sanitaria pública que el resto de la población, remacha Villa. Los analistas se hacen eco de esta opinión. “La atención sanitaria pública en la sociedad colombiana no es buena tal como está”, señala Briscoe, del International Crisis Group. “El hecho es que, en las zonas rurales, los servicios sanitarios públicos son deficientes. Eso no ha cambiado”.


La situación de la atención médica también presenta una paradoja, afirma Kristian Herbolzheimer, de Conciliation Resources. “Si el Gobierno atendiera a los excombatientes y no al resto de la población, ello generaría agravio”, explica. “Parecería que los que tomaron las armas son recompensados, y los que no lo hicieron, no”.
Para Jiraldo, su mala salud no es el único factor que refuerza su desconfianza hacia el proceso de paz. También le preocupa el sueldo escaso que percibe mensualmente ―que se acabará con el nuevo Gobierno― y su percepción de que no tiene posibilidades de futuro.


“No creo que el proceso de paz sea real”, admite Jiraldo. “Mucha gente está volviendo para seguir luchando”, añade. “Si yo tuviera salud, volvería ahora mismo. Continuar con la guerra no es la solución, pero no hay otra vía”.


La excomandante Villa admite que un retorno del conflicto es una posibilidad, dado que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones bajo los acuerdos. Pero mantiene la esperanza.


“Una de las principales características de la gente revolucionaria es que son muy optimistas”, afirma. “Las décadas de conflicto nos han hecho fuertes y ahora somos guerreros en busca de una paz a largo plazo”.


Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

Bogotá 5 AGO 2018 - 17:07 COT

Publicado enColombia
En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

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