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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

Publicado enColombia
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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

 

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Publicado enEdición Nº275
Martes, 19 Enero 2021 06:20

Arce y la economía boliviana

Arce y la economía boliviana

Si algo tienen en común los gobiernos neoliberales en la región es que la eficiencia ha demostrado ser un ingrediente más de su propaganda y uno menos de su gestión.

Bolivia no ha sido la excepción. Apenas 11 meses de gestión económica de Áñez bastaron para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer las familias. La caída del PIB de Bolivia en 2020 superará 8 por ciento, un registro que si bien no destaca en contraste con sus vecinos, sobresale porque es el único país que en plena pandemia, en lugar de estimular la economía, ¡tomó medidas de ajuste! Un estudio realizado por el CEPR ( Economic Policy Responses to a Pandemic: Developing the Covid-19 Economic Stimulus Index) muestra que Bolivia está entre los países de América Latina que menos impulso fiscal dedicaron para enfrentar la crisis generada por la pandemia: menos de 0.5 por ciento del PIB (frente a 2 por ciento promedio ­global). En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo, Bolivia generó más de un millón de nuevos pobres durante la ­(indi)gestión de Áñez.

La victoria electoral del MAS en octubre sentó las bases para que, a partir de noviembre, con el nuevo gobierno, comenzara a suministrarse el antídoto. En sólo dos meses, Luis Arce se puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas, que se podrían agrupar en tres ejes: 1) humanitarias (para los más necesitados); 2) ordenar la casa, y 3) volver a crecer.

Humanitarias. Lanzamiento del Bono contra el hambre, equivalente a 140 dólares entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a los más necesitados para enfrentar la urgencia social.

Nuevo régimen de reintegro del IVA, que devuelve 5 por ciento del precio neto a quienes tengan salarios inferiores a mil 250 dólares, medida que mejora el ingreso de las clases medias y bajas.

Aumento de 3.4 por ciento en los ingresos de los jubilados para 2020.

Disminución del precio de los alimentos gracias al restablecimiento del certificado de abasto interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo de 15 por ciento de harina solvente a precio justo al mercado interno.

Ordenadoras. Final de la fiesta de 11 meses de contrabando: intensificación de la supervisión aduanera, crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados.

Abrogación de decretos de Áñez perjudiciales para los intereses del público, como: a) decreto que autorizaba el uso de semillas transgénicas; b) decreto que difería el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), la rebaja de la base imponible del impuesto a las transacciones; c) decreto que permitía la libre exportación agropecuaria, de pollo y carne, y eliminaba el requisito del certificado de abasto interno; d) decreto que extendía la explotación del registro mercantil sin respetar debidos procesos; e) decreto que habilitaba la importación de vehículos usados, que daña el ambiente, la balanza comercial, envejece el parque automotor y deteriora los ingresos fiscales.

Desactivó juicios de arbitraje internacional por incumplimiento de pagos con la firma Dopprlmayr, la firma austriaca proveedora de Mi Teleférico por deudas no canceladas en el gobierno de facto.

Emisión de un bono navideño para incentivar a pequeños ahorristas.

Extensión del alícuota adicional de 25 por ciento de la alícuota al impuesto a las utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera 6 por ciento, que hasta ahora sólo afectaba a los bancos y otras empresas financieras.

Sanción del impuesto a las grandes fortunas, que logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar el país adelante.

Volver a crecer. Se ordenó la capitalización de 100 por ciento de los beneficios de 2020 de la banca y otras entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, aumentar la solidez de los bancos y expandir el crédito (ya que no podrá ser distribuido como ­dividendos).

Reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas.

Creación y reglamentación de dos fideicomisos para la reactivar la industria nacional y el combate al contrabando que atenta contra la producción nacional, especialmente de textiles, que resurgió durante el gobierno de Áñez.

Créditos de fomento agrario a 3 por ciento anual de interés.

Reactivación de la construcción del tren metropolitano cochabambino (más de 17 millones de dólares de inversión).

Reactivación de la planta procesadora de banano de Unabeni.

Más de 5 millones de dólares invertidos en BOA, empresa que estaba en proceso de desguace para venderla a precio de saldo (abandono de rutas rentables, retraso pagos tributarios y del mantenimiento de las aeronaves).

Un total de 130 millones de dólares destinados a créditos para reactivar la industria nacional, a 5 por ciento de interés y hasta 10 años de plazo, con el principal propósito de sustituir importaciones de bienes finales e intermedios.

Reactivación de plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de urea paralizados por problemas técnicos, sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo.

El Arce-presidente no ha dejado de ser Arce-economista. El conjunto de acciones tomadas en este corto periodo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible. Por ahora, va en el camino correcto.

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla*

*Celag

Publicado enInternacional
Domingo, 18 Octubre 2020 05:33

La hora de los militares

La hora de los militares

Desde Rio de Janeiro. Siguiendo el ejemplo de Donald Trump, su guía e ídolo, el brasileño Jair Bolsonaro (foto) miente como quien respira.

Hay que reconocer, sin embargo, que de las tantas promesas disparadas durante la campaña electoral de 2018 dos – y solamente dos – Bolsonaro viene cumpliendo con rigor olímpico.

La primera surgió cuando le preguntaron qué país pretendía construir si fuese electo. “Primero vamos a destruir todo, luego veremos”, prometió. No hay como negar que lo viene haciendo de manera ejemplar, y abarcando todos, absolutamente todos, los campos.

Con menos de dos años su gobierno ataca con formidable ferocidad lo que fue construido a lo largo de décadas. La salud pública, el medioambiente, el patrimonio nacional, la educación, la ciencia, la tecnología y las investigaciones, las artes y la cultura, la economía, los programas sociales, la política externa y la imagen del país en el mundo, empleos, en fin, si más no hizo es porque le faltó tiempo y porque había muchísimo para destruir.

La segunda promesa que Bolsonaro cumple atentamente fue lanzada cuando anunció que tendría como candidato a la vicepresidencia al muy reaccionario general reformado Hamilton Mourão. En aquella ocasión, aseguró que se encargaría de esparcir militares por todo su gobierno.

Bueno: todos los ministros – cuatro – que tienen despacho en el palacio presidencial son militares. De sus 23 ministros, la mitad salió de las casernas, con destaque para un general en activo, Eduardo Pazuello, al frente del ministerio de Salud. Lo primero que hizo fue reemplazar a médicos e investigadores por uniformados. Y hace poco admitió que, cuando llegó al despacho que ocupa, no tenía idea de cómo era el SUS, el Sistema Universal de Salud que ya fue referencia en el mundo y ahora sobrevive a duras penas.

Hay policías militares y militares retirados ocupando puestos clave en instituciones y departamentos creados para protección del medioambiente. Hay uniformados en un sinfín de consejos administrativos de estatales y sociedades mixtas. Ya se perdió la cuenta del número de oriundos de casernas que ocupan puestos de diferentes niveles en el gobierno, pero se sabe que superan a los ocho mil. Siquiera en la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 hubo tantos.

Ahora mismo Bolsonaro nombró a tres uniformados para completar los cinco puestos de dirección de la agencia nacional de protección de datos, que trata de todos los habitantes del país. Hay un bien fundado temor de que en lugar de proteger los datos de los brasileños su función sea la de vigilar a cada uno de nosotros.

Augusto Heleno, el ultra-reaccionario general reformado que ocupa el puesto de ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, admitió, por esos días, que la delegación oficial brasileña que participó de la conferencia cumbre sobre clima realizada el pasado diciembre en Madrid tuvo entre sus integrantes a cinco “agentes de información y seguridad”, o sea, espías. Recibieron carnets que les permitía acompañar todas las reuniones, inclusive las más cerradas. Su misión: observar no solo miembros de Organizaciones no Gubernamentales, pero integrantes de la misma misión oficial que actuasen “contra la imagen del país”. Siquiera en la dictadura militar eso había ocurrido: la tarea les tocaba a funcionaros de las embajadas, conocidos por todos.

Bolsonaro eligió milimétricamente a los militares que esparció por su gobierno. Todos y cada uno de ellos representan lo que de más duro y reaccionario hubo en la pasada dictadura. Los más importantes son admiradores confesos del símbolo principal del horror, el fallecido Carlos Brilhante Ustra, uno de los más sádicos y sangrientos torturadores de los tiempos abyectos. El vicepresidente Mourão, por ejemplo, sigue elogiándolo a todo momento.

Debe de haber, entre los uniformados en actividad, algunos – o a lo mejor muchos – de índole efectivamente democrática. Bolsonaro se esmeró a la hora de evitar a todos y de cada uno de ellos.

Frente a semejante escenario, ¿para qué un golpe militar? Al fin y al cabo, el gobierno ya está militarizado…

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Militares brasileños fracasan en su prueba de fuego

Tras la dictadura, los militares brasileños quedaron aislados en la transición a la democracia. En ese momento, la dictadura fue repudiada por lo que todas las acciones militares fueron rechazadas, consideradas negativas. Era como si Brasil se reencontrara con la democracia, abandonada por los militares con el golpe de 1964 y la dictadura castrense de 21 años.

Hubo un proceso de desmilitarización del Estado, el sistema político retomó sus criterios liberales: separación de los tres poderes de la república, elecciones periódicas, pluralidad de partidos, prensa libre (que, en el liberalismo, significa prensa privada). Brasil incluso contó con una asamblea constituyente, para contar con una Constitución democrática y para erradicar las normas que la dictadura, a través de sus actos institucionales, había impuesto.

Sin embargo, los militares nunca han asumido una posición oficial sobre el golpe y la dictadura. El silencio fue como si continuaran creyendo que habrían salvado a Brasil de los riesgos del comunismo con el golpe de Estado de 1964. Que la dictadura habría puesto al país nuevamente en el camino del desarrollo económico, convirtiéndolo en una potencia, estrechamente aliada a Estados Unidos, en la guerra fría, contra el comunismo.

Las fuerzas armadas no han vuelto a comentar sobre su trayectoria. Se han retirado en silencio a los cuarteles. Siempre han participado en los gobiernos, en el marco de los ministerios reservados para ellos. Los gobiernos del PT les propiciaron condiciones para modernizar sus equipos.

La Comisión de la Verdad volvió a revisar el desempeño militar, revelando su papel durante la dictadura, incluida la tortura como método sistemático de interrogatorio, así como actualizando el número y los nombres de las víctimas, asesinadas, desaparecidas y torturadas por ellas. Los militares no tenían forma de contestar, incapaces de impugnar las graves acusaciones, que actualizaban el papel extremadamente negativo del golpe, la dictadura, la tortura, la responsabilidad de la fuerza armada.

Los resentidos militares han encontrado la posibilidad de venganza en el discurso de Bolsonaro. Fue alguien que públicamente reclama el papel de la fuerza armada en el golpe militar de 1964, la dictadura, la tortura. Quien los llamó a gobernar, con la ideología anticomunista de la guerra fría, que atribuye a los militares el papel de garantizar el orden, luchar contra la subversión y el comunismo.

Los militares han comenzado a ingresar al gobierno de buena gana, ocupando más y más cargos y de mayor importancia, y se han comprometido con todo lo que hace el gobierno. Con la corrupción, con la incapacidad de gobernar el país, con la falta de prestigio de Brasil en el mundo. Hasta que decidieron entrometerse en el Ministerio de Salud. Confiados en su supuesta capacidad para resolver problemas, se ponen en situación de riesgo total para su imagen.

Sin tener experiencia ni condiciones para enfrentar problemas de salud pública, han desplazado a todo el personal de salud pública en Brasil, con amplia experiencia y prestigio, para correr el riesgo de enfrentar una situación que mata a miles de brasileños todos los días, a uno a cada minuto.

El ejército falla abiertamente en el Ministerio de Salud, explicitando públicamente su incompetencia y su responsabilidad por las miles de muertes diarias en Brasil. Es evidente, con resultados escandalosos, la incapacidad de los militares para dirigir el Ministerio de Salud en medio de una pandemia. La imagen de competencia que los militares tenían la intención de promover desde la dictadura militar y que ahora querían actualizar, se deshace por completo.

Si continúan dirigiendo el Ministerio de Salud, pasarán a la historia por sus responsabilidades en el manejo criminal, responsables de decenas de miles de muertes. Si se van, se irán como fracasados, incompetentes.

En cualquier caso, los militares tendrán la imagen de estar asociados con la imagen del gobierno de Bolsonaro, el más corrupto, más incompetente y con la imagen de Brasil más degradada del mundo, más comprometida por la muerte de un brasileño a cada minuto. Fallan en su prueba de fuego.

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https://bogota.gov.co/

Desde su posesión como regente de la ciudad de Bogotá la alcaldesa Claudia López enfrenta y tema al fantasma de quien la antecedió, quien, como sucede en todas las administraciones locales del país, le heredó múltiples medidas y proyectos por concretar o finalizar de ejecutar. Una realidad que se prolonga por cerca de dos años.

El metro, en su cuestionado diseño, las troncales de Transmilenio y la prioridad del transporte con base en petróleo y sus derivados, dejando a un lado las energías limpias –base de otros modelos de transporte que la ciudad se merece–, el Sendero de las Mariposas, y otro cúmulo de medidas que gota a gota van sintiendo quienes habitan Bogotá.

El 2 de marzo fue el turno para el alza en el transporte masivo, una medida a todas luces antipopular y que afecta las economías de las familias más pobres, las mismas que están obligadas a usarlo. Esta medida, es claro, no la tomó quien dejó el Palacio Lievano el 31 de diciembre anterior para no cargarse más impopularidad, y no la tomó antes la actual inquilina de tal edicifio para no arrancar su gestión enfrentando a las mayorías de la ciudad.

Es una realidad, esta de seguir administrando a nombre de Peñalosa y de no querer enfrentar a los grupos de poder que controlan Bogotá, que obliga a preguntar, ¿Es posible que Claudia López deje a un lado el temor que la domina y enfrente y cambie la herencia y modelo de ciudad que le dejó su antecesor? Como toda la sociedad lo reconoce, Peñalosa administró para el capital privado, y quien ahora rige los destinos de la ciudad ¿para cuál lado se inclina?

Y la respuesta es clara, sí puede. La alcaldesa no está con las manos amarradas –recibí esa herencia y tengo que cumplir con ella, ha expresado–, eso no es cierto, la Constitución Nacional dota a la comunidad en general y a los mandatarios municipales y de otro orden, de un conjunto de instrumentos que les permite acudir al constituyente y derogar, a la par de aprobar, medidas de diferente tenor.

En el caso de la actual regente bogotana, la pregunta es una: ¿pretende administrar con las mayorías, consultándoles, debtiendo con ellas, movilizándolas para que el ejercicio de alcaldesa no sea algo reducido a un saber tecnócrata, u opta por el saber de especialistas y el consejo de quienes han diseñado la ciudad, desde siempre, para su favor?


En estas circunstancias, ante lo heredado, y en particular ante el alza en el transporte masivo, ¿Pudo, si o no, realizar una consulta popular, un referendo local, para decidir sobre incrementar o no el alza del transmilenio? Consulta que podría ampliarse a otros tópicos relacionados con igual materia u otras afines.


Esto es algo posible. En Constitución Política de 1991, Capítulo 1 –de las formas de participación democrática– en el Artículo 105, dice: “Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el Estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio”.


Igual puede acogerse a este mecanismo para decidir el rumbo del proyecto del Sendero de las Mariposas, que uniría a Chía con Usme por medio de una red de caminos distribuidos a lo largo de cerca de 102 kilómetros por los Cerros Orientales, proyecto que, por ejemplo, no está armonizado con Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental.

Como bien lo anotó La Mesa de Cerros Orientales en un comunicado difundido por desdeabajo: “Exigimos que se reconozcan las propuestas de los pactos de vida, los ecobarrios, los caminos ancestrales, los viajes de barrio y demás alternativas que desde los cerros proponemos para que como ciudadanía bogotana nos reconectemos con la naturaleza. Exigimos, por último, a la alcaldesa Claudia Nayibe López, que cumpla el Compromiso Ambiental por Bogotá, sea consecuente con lo manifestado públicamente durante la campaña electoral y proteja la Estructura Ecológica Principal de la ciudad”.

Pero si Claudia López sigue empeñada en proseguir ejecutando al pie de la letra el modelo de ciudad que le dejó su antecesor, seguirá dejando un velo sobre las mentiras de Peñalosa, quien aseguró que el metro estaría antes de 2025, y ahora tienen que salir a notificarle a la ciudad que eso solo será realidad en el año 2028. Una realidad de incapacidad e improvisación que no es responsable con las angustias que cada día sobrellevan millones de capitalinos a la hora de trasladarse una parte de la ciudad a otra.


Mientras esto ocurre, Luxemburgo se estrena como primer país del mundo en donde el transporte público es gratuito en todo su territorio. ¿Llegaremos a tener un sistema de transporte gratuito en Bogotá –y en el resto de urbes colombianas–, como lo demanda toda sociedad donde la redistribución de riqueza y la concreción de vida digna y demás sea un imperativo? Una medida, por demás, acorde con la lucha contra el cambio climático, toda vez que desestimula el uso de carros particulares. En este campo, Claudia podría empezar implementando subsidios para personas de la tercera edad, personas con limitaciones para su movilidad –bien muscular, ocular y otras–, así como para estudiantes y menores de 13 años. Como es conocido, ya se opuso al subsidio para estudiantes. Administrando de espaldas a las necesidades de las mayorías.


La actual alcaldesa debería atreverse a cambiar el camino impuesto por los ricos de la ciudad, por medio de quien la antecedió, ¿o es que desea favorecer a los mismos de siempre?

Artículos recomendados:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38957-bogota-sendero-de-las-mariposas-comunicado-contra-las-declaraciones-de-la-administracion-distrital-gobierno-nacional-y-car.html

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38976-bogota-alza-en-transmilenio-ahonda-ganancias-de-20-familias.html

 

 

 

 

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Miércoles, 19 Junio 2019 06:12

Teoría monetaria: la moderna controversia

Teoría monetaria: la moderna controversia
En los últimos años ha surgido una importante polémica sobre lo que se conoce como la teoría monetaria moderna (TMM). Se trata de una visión macroeconómica sobre la creación monetaria por parte del Estado y su funcionamiento en una economía desarrollada. La TMM estuvo relegada hasta hace poco a seminarios académicos en pocas universidades estadunidenses, pero desde que la recogieron Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en un tema de gran popularidad en el debate político.

Uno de los más importantes méritos de la TMM es que rompe de golpe con el dogma central de la macroeconomía clásica sobre el financiamiento del Estado. Ese dogma dice que cuando el gobierno quiere financiar un programa debe hacer una de dos cosas: incrementar los impuestos o endeudarse. La TMM dice que existe una tercera opción: el Estado puede crear dinero y utilizarlo para financiar cualquier proyecto que desee, incluyendo erigir nuevos hospitales y universidades. Por supuesto, todo esto suena muy atractivo para una política de izquierda que quiere romper con los dogmas neoliberales.

Para los autores que han desarrollado la TMM, el único límite para el financiamiento por la vía de la creación monetaria es el de la inflación. Pero si uno considera la experiencia de Estados Unidos, la eurozona y Japón, se observa que este problema no se manifiesta como piensa la teoría monetaria ortodoxa. Japón entró en una recesión deflacionaria a principios de los años 1990 y el gobierno aplicó una política de flexibilización monetaria consistente en inyectar liquidez en el mercado financiero con una tasa de interés cercana a cero para reanimar la economía. Desde entonces la economía se mantuvo con un crecimiento mediocre y la inflación nunca se materializó.

Después de la crisis financiera, Estados Unidos aplicó tres programas de flexibilización cuantitativa que resultaron en una inyección de 4.4 billones (castellanos) de dólares al sistema financiero. Y a pesar de los gritos estridentes de los economistas ortodoxos sobre la hiperinflación, que según ellos iba a desatarse, hoy la Reserva Federal sigue sin poder alcanzar su meta de inflación. Y Powell, el jefe de la Fed, ya ha anunciado que no sólo no continuará el programa de alzas en la tasa de interés líder (la famosa normalización), sino probablemente se va a reducir en las semanas próximas.

En Europa ha sucedido algo similar, y Mario Draghi señaló apenas ayer que el Banco Central Europeo lanzará una nueva ola de estímulos para la economía. Su anuncio incluyó una referencia a la posibilidad de retomar la política de flexibilización monetaria si las tensiones recesivas siguen manifestándose en la eurozona.

Estos ejemplos parecen confirmar uno de los principales enunciados de la teoría monetaria moderna: un Estado que tiene control sobre su moneda puede financiar sus proyectos de desarrollo económico con sólo imprimir dinero. El nivel de endeudamiento no es importante, porque dicho país nunca caerá en insolvencia. Pero hay que aclarar varios problemas. Hay diferencias entre la forma en que se ha puesto en práctica la flexibilización cuantitativa y lo que los políticos como Bernie Sanders proponen hacer con esta nueva creación monetaria. Hasta ahora el dinero creado por la flexibilización cuantitativa no entró directamente en los canales de la economía real, sino que se quedó en los circuitos del sistema financiero. La inyección de dinero de alto poder en la economía real es un asunto más delicado y requiere mayor atención.

El tema de la inflación es otro punto clave en el debate sobre la TMM. En general, la ortodoxia ha mantenido que las presiones inflacionarias siempre vienen por el lado de la demanda. Pero la historia económica de Estados Unidos y Japón en los últimos cinco decenios demuestra que las presiones inflacionarias han provenido del lado de la oferta, por aumentos en costos, choques externos (bloqueo petrolero) o por poder oligopólico en industrias clave. Pero si el miedo a la inflación por el lado de la expansión monetaria es infundado, los autores que proponen la TMM (Stephanie Kelton y Randall Wray), si son cuidadosos y señalan que en la medida en que los recursos reales de una economía se utilizan al máximo, la inflación puede convertirse en un problema serio.

La TMM es un instrumento político importante para el discurso de la izquierda en Estados Unidos y Europa. Pero es probable que el privilegio de aplicar la teoría monetaria moderna estaría reservado a un pequeño club de países cuya moneda es al mismo tiempo medio de pagos internacionales y reserva de valor para otros bancos centrales. Para otras naciones que no están en esa categoría, como México y el resto de América Latina, habría que explorar hasta qué punto las enseñanzas de la TMM podrían ser de utilidad. De todos modos, es claro que la TMM muestra una vez más que los dogmas neoliberales sobre política macroeconómica son sólo eso, mitos creados por una teoría económica obsoleta y lógicamente desacreditada.

Twitter: @anadaloficial

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Jueves, 24 Enero 2019 06:29

El shutdown ya se siente

El shutdown ya se siente

Después de un mes del cierre del gobierno norteamericano, los impactos aumentaron. La basura en los parques nacionales se acumuló y varios servicios estatales se vieron amenazados.


Después de un mes, el cierre del gobierno de los Estados Unidos, shutdown en inglés, es por lejos el estancamiento de financiamiento más largo en la historia moderna de Estados Unidos y hay poca evidencia que sugiera que Donald Trump y los demócratas del Congreso se unirán para resolver la crisis en el corto plazo. En los últimos 31 días, los políticos de Washington se han peleado mientras los impactos del cierre han aumentado.

Al principio, se notó que la basura se estaba acumulando en los parques nacionales de Estados Unidos. Luego vinieron las amenazas a los servicios gubernamentales, tales como cupones de alimentos, subsidios de vivienda y otros. Ahora, cientos de miles de empleados federales luchan para llegar a fin de mes sin sus pagos regulares.

Hemos examinado el impacto del cierre por los números y cómo ha impactado a lo largo de Estados Unidos en general.

Alrededor de 800.000 empleados federales han sido suspendidos o se les ha dicho que trabajen a pesar de que no se les paga. Eso significa que cientos de miles de personas que viven mes a mes se han visto obligadas a encontrar formas de pagar sus hipotecas, poner alimentos en la mesa e incluso pagar por la gasolina para llegar con sus medios a los trabajos por los que no se les paga.

No se ha cerrado todo el gobierno de Estados Unidos, pero nueve departamentos y agencias federales están sintiendo la presión. Los que se han cerrado desde que se agotaron los fondos el 22 de diciembre incluyen la Administración Federal de Aviación, la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Bolsa y Valores. En agencias y departamentos cerrados, solo a los empleados considerados esenciales se les ha dicho que vengan a trabajar sin paga hasta que finalice el cierre.

Los departamentos que no han sido afectados incluyen el Departamento de Defensa, que el Congreso y Trump ya habían financiado hasta el final del año fiscal 2019. Otras agencias, como la Reserva Federal de Estados Unidos Y el Servicio Postal de Estados Unidos, han podido administrarse porque dependen de fondos que vienen del Congreso por separado.
El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, estimó que cada semana de cierre redujo la producción económica de los Estados Unidos en aproximadamente un 0,13 por ciento. Eso incluye la pérdida de trabajo de los contratistas del gobierno, así como la pérdida de gastos e inversiones de los empleados federales que no tienen dinero para gastar sin un pago por su salario

Otros han estimado un riesgo sustancial por el cierre, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la economía de Estados Unidos podría ver un recorte en el crecimiento económico del 1 por ciento.

Las regulaciones, inspecciones y aprobaciones gubernamentales se están quedando atrás. Desde que el cierre entró en vigor en diciembre, se han recortado algunos servicios proporcionados por el gobierno. Eso incluye las inspecciones de alimentos en Estados Unidos, salvo en algunos casos en los que implicaba un alto riesgo, así como la aprobación del gobierno para cosas como la expansión de las flotas de las aerolíneas.

Además, algunos barcos de pesca en Alaska fueron atracados debido al cierre, la Comisión de Bolsa y Valores no puede aprobar las ofertas públicas iniciales para las compañías, y las inspecciones y revisiones de seguridad de nuevos medicamentos pueden quedarse sin fondos.

Estados Unidos sufrió 13 cierres desde 1981, y muchos de ellos duraron poco tiempo. El poseedor del record anterior corrió 21 días desde diciembre de 1995 hasta enero de 1996. Estos cierres son relevantes aquí porque, antes de 1981, las agencias gubernamentales continuaban operando normalmente y los gastos se cubrian retroactivamente una vez que se reabría el gobierno.

Trump ha exigido 5700 millones de dólares para financiar el muro fronterizo del que hizo una promesa central de campaña en 2016, citando un sistema de inmigración de Estados Unidos que ha permitido que las drogas y los delincuentes ingresen fácilmente al país. Sin embargo, el cierre del gobierno está imponiendo una mayor carga en el sistema que antes, y un estimado de la Universidad de Syracuse indica que 42,000 audiencias judiciales de inmigración fueron rechazadas o canceladas.

El impacto del cierre se ha sentido mucho más allá de aquellos en la fuerza laboral federal. Desde que comenzó el cierre, las aerolíneas han informado de una merma en los clientes, mientras que las principales empresas también se han visto afectadas. Otras industrias, menos obvias, también se han visto afectadas: los cerveceros, por ejemplo, no han podido obtener la aprobación del gobierno para las etiquetas de sus productos nuevos o de temporada.

Y los consumidores comienzan a tomar nota, ya que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó en enero a su nivel más bajo desde que Trump asumió la presidencia.

Después de varias reuniones entre Trump y líderes del Congreso, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el presidente se ofreció el sábado para cerrar un acuerdo que incluiría los 5700 millones de dólares que pidió construir el muro, así como un alivio temporal para los llamados Soñadores a través de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que Trump tomó medidas para abolirla después de convertirse en presidente. Pero los demócratas no parecen estar interesados en alcanzar ese tipo de acuerdo, y se han mantenido en gran medida unidos en su oposición a otorgar fondos al muro fronterizo del presidente.

En particular, algunos republicanos han comenzado a indicar que están menos interesados en el muro del presidente que en poner en marcha al gobierno, y al menos tres en el Senado dicen que quieren votar sobre la financiación con o sin disposiciones del muro. Ese grupo ha incluido al senador por Colorado Cory Gardner, a la senadora por Maine Susan Collins, ya la senadora por Alaska Lisa Murkowski.

Pero Trump dijo que está dispuesto a mantener el cierre durante meses o incluso años. Veremos qué tan serio es él sobre eso.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.

Traducción: Celita Doyhambehere.

 

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Martes, 11 Septiembre 2018 07:40

Moreno, un neoliberal más

El presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet junto a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Telemetro.com

Después de todo, no eras más que otro ladrillo en la pared…”

Pink Floyd, Another Brick in the Wall

 

El Ecuador -y en gran medida el propio mundo empobrecido- vive atrapado en el ciclo maldito de la acumulación capitalista periférica y dependiente. Similar a tiempos pasados, repetimos el camino: empezamos con el “boom” de alguna exportación -primaria- que financia a un Estado “desarrollista” (que, a veces, se autotitula “revolucionario”), para terminar en el “eterno retorno neoliberal”.


Quizá el proceso tras el movimiento de estas etapas es el siguiente: en el “boom”, el Estado intenta modernizar al capitalismo y crea “bienestar”, exacerbando al máximo las contradicciones del capital (pues salarios y ganancias no pueden crecer simultáneamente para siempre sin cambios estructurales permanentes). Luego viene la crisis, donde el Estado ya no es tan útil al capital y emergen -con creciente fuerza- las demandas de libre mercado y flexibilización (laboral, financiera, y hasta ambiental) en la desesperación de recuperar los ritmos de acumulación. Tanto esa mayor explotación, pero sobre todo algún nuevo “boom” exportador de materias primas, llevan a un punto en donde -si la tensión social no revienta- se reanima la acumulación y otra vez emerge el Estado modernizador (luego de que los sectores populares hayan pagado los costos de la crisis).


Así, mientras muchos pelean hasta el cansancio por “más Estado” o “más mercado”, pocos dicen que Estado y mercado solo son piezas funcionales del capitalismo, una gran máquina cíclica e inestable, como podemos argumentar incluso teóricamente. Es más, hay evidencia para pensar que el Ecuador está atrapado en los perversos muros de dicha dinámica cíclica, por cierto complejizada por las múltiples patologías de la abundancia…


¿Cómo derrumbar esos muros, sobre todo en tiempos de crisis? Las únicas opciones parecen ser el fortalecimiento del tejido social y una fuerte organización popular “desde abajo” y por “la izquierda”, siempre con la Pacha Mama. Sin embargo, esas opciones fueron duramente debilitadas durante la dominación burguesa correísta, especialmente con su represión y criminalización a la protesta social. Ese debilitamiento fue útil para que, cuando afloró el inicio del fin del “boom” desde 2014, el propio gobierno de Rafael Correa retorna al neoliberalismo;regreso que el gobierno de Lenín Moreno lo está consolidando.
Así, más allá de las “viscerales” diferencias entre Correa y Moreno, quien fuera su candidato presidencial en 2017 (año en que ambos pasaron del querer al odio en cuestión de meses), correístas y “morenistas” están unidos por los lazos del espíritu neoliberal.


Entendido este contexto, se devela que las acciones del gobierno de Moreno -reiteremos, continuando el proceso iniciado por el correísmo-, están acorde a la renovada “larga y triste noche neoliberal” que vive el país y gran parte de la región. Todo buscando rescatar al capital de su crisis, cargando el peso a los -debilitados- sectores populares.


Los hechos que ratifican la condición neoliberal del “morenismo” son indiscutibles:


• Conformación de un gabinete en donde hasta los ministros son representantes directos de múltiples grupos económicos, llegando a entregar el manejo económico directamente a quien era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.


• Concesión de millonarios beneficios a los grandes grupos económicos, como la remisión de deudas tributarias y patronales concedida a mediados de 2018 (similar a lo hecho por el correísmo en 2015)
• Continuidad del proceso privatizador –arrancado con Correa– usando eufemismos como las “alianzas público privadas” y la “monetización de activos”del Estado.


• Ampliación de la flexibilización laboral (reestablecida por Correa 3), incluso con el potencial despido masivo de funcionarios públicos en vez revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada y minimizar los efectos sobre el desempleo.


• Limitación a las propias instituciones públicas cuando han incomodado al gobierno (p.ej. los datos de deterioro laboral que incomodaron al ministro del Trabajo y le costaron su puesto al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).


• Eliminación “de golpe” del subsidio a la gasolina súper, de forma irresponsable (sin publicar estimación alguna del “efecto sustitución” entre gasolinas súper y extra ni ningún otro análisis técnico), dejando de lado cualquier propuesta integral de manejo de subsidios energéticos.


• Preparación de un agresivo ajuste fiscal que, en vez de apelar al incremento de impuestos a los grandes grupos económicos u otra medida redistributiva, contrae aún más la inversión pública. Así, se abre la puerta a un ajuste procíclico recesivo, agravado por la rigidez impuesta por la dolarización, la cual limita las posibilidades de aplicar políticas monetarias contra-cíclicas. Peor aún, semejante circunstancia se complica por el contexto de una economía regional y mundial en desaceleración, en donde emergen nubarrones de una crisis internacional de deuda y de divisas.


• Un punto a destacar es el suministro del ajuste a cuentagotas; es decir, el gobierno no se atreve a aplicar un paquetazo tradicional, sino que usa un gradualismo de telenovela, buscando que cada “capítulo” guste especialmente a los organismos multilaterales para que estos concedan nueva deuda externa (luego de todo un primer año de gobierno en donde la deuda -cual respirador artificial– creció a un ritmo de casi mil millones de dólares mensuales).


• Sumisión de la política monetaria a la banca privada del país, tanto al entregar completamente el dinero electrónico (para que la banca gane como siempre), así como con el total -y dogmático- impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado o de cualquier otra institución pública (herramienta que, si bien el correísmo la usó irresponsablemente, no debía eliminarse, menos en época de crisis y con las limitaciones que la dolarización impone a las políticas contra-cíclicas).


• Consolidación del tratado comercial con la Unión Europea, firma del tratado comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), ingreso a la Alianza del Pacífico y enorme interés en alcanzar un tratado comercial con Estados Unidos (sin llamar a esos acuerdos como lo que realmente son: tratados de libre comercio -TLC- con aderezos menores). En definitiva la puerta estaba abierta de par en par para que el “morenismo” alcance este tipo de acuerdos, en especial gracias a que el “correísmo” firmó el TLC con la Unión Europea (sin siquiera generar una transformación productiva previa que mejore las capacidades locales para competir).


• Relativo abandono de la sumisión al imperialismo chino (promovida por Correa), para retornar a la sumisión al imperialismo norteamericano (afín a Moreno), incluso con el posible regreso de la influencia militar de EEUU en el país y el debilitamiento de los procesos de integración regional.


• Apertura y entreguismo frontal al capital extranjero especialmente con la “reinstalación” de los Tratados Bilaterales de Inversión, que casi siempre terminan perjudicando la posición legal del Estado frente al capital transnacional y que están prohibidos constitucionalmente, como claramente se establece en el artículo 422.


• Ampliación de la explotación del ITT junto con la continuidad del entreguismo megaminero iniciado por el correísmo (cayendo de nuevo en la represión social).


Si en su momento afirmamos que Correa fue un neo-neoliberal, por usar al gran Estado creado en el “boom” como herramienta para modernizar el Estado y disciplinar la sociedad, todo los hechos antes señalados -y muchos que están por venir- demuestran algo evidente: Moreno es un neoliberal, un neoliberal “sensibilizado” que no busca paquetazos globales, sino ajustes gradualistas, incluso presionando al “diálogo” para legitimar sus medidas económicas. Sin embargo, es justo esa legitimación del neoliberalismo “morenista” lo que se debe evitar. Por eso, ojalá que la historia -y los sectores populares- reconozcan que Moreno, al igual que su antecesor, después de todo no es más que otro ladrillo en el gran muro del capital…

 

Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro*

*Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-Candidato a la Presidencia de la República.
*Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado en economía en FLACSO-Ecuador.

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Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
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