Dinero y comunidad: fantasía entre teoría e historia

En agosto de 1938, Cordell Hull, secretario de Estado en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, estaba indignado con los mexicanos. El gobierno de Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías petroleras el 18 de marzo de ese año y se había comprometido a pagar la correspondiente indemnización conforme a las leyes mexicanas. Las compañías, sin embargo, se negaban a llegar a un acuerdo y a negociar la valuación y el monto a pagar y pedían la devolución de sus antiguas propiedades.

 

Uno de los puntos del complicado litigio consistía en que, mientras el gobierno mexicano consideraba que el petróleo del subsuelo era propiedad de la nación y no de las compañías, simples concesionarias de su explotación, éstas incluían a los yacimientos entre sus propiedades. El otro era el valor de las instalaciones mismas. Finalmente, las compañías –y en eso las más intransigentes eran las británicas– negaban el derecho mexicano de expropiar.

 

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, reconocía el derecho del gobierno de México a expropiar dentro de los límites de su soberanía territorial y se separaba, en esto, de la postura de las compañías petroleras. Pero exigía pago inmediato de una justa indemnización. Los mexicanos no se negaban a pagar, pero reclamaban, primero, que las compañías permitieran una evaluación imparcial de sus bienes y, segundo, que se pagara en los plazos en que México estuviera en condiciones de hacerlo.

 

Esta polémica se entrecruzaba con la discusión casi idéntica sobre el pago de la indemnización por la expropiación de tierras mexicanas propiedad de ciudadanos de Estados Unidos en cumplimiento del programa de reforma agraria del gobierno del general Cárdenas. Y sobre estas expropiaciones agrarias se había entablado el litigio entre ambos gobiernos.

 

2

 

¿Por qué estaba especialmente enfurecido Cordell Hull en aquel verano de 1938? Es que el 21 de julio había hecho saber a los mexicanos, en una nota diplomática, que no se valía postergar el pago de las expropiaciones agrarias argumentando la urgencia de los programas sociales del gobierno, pues eso violaba “las normas universalmente reconocidas de derecho y equidad”. Escribía el secretario de Estado:

 

No podemos admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de ciudadanos estadunidenses violando la norma de indemnización conforme al derecho internacional. Tampoco podemos admitir que cualquier gobierno unilateralmente y mediante su legislación interna pueda, como sucede con el presente caso, anular este principio universalmente aceptado del derecho internacional, basado como está en la razón, la equidad y la justicia1.

 

Y se había molestado al extremo porque el gobierno mexicano, a esa comunicación, había respondido el 3 de agosto de 1938 en estos términos:

 

Mi gobierno sostiene, por el contrario, que no hay en derecho internacional ninguna regla universalmente aceptada en la teoría, ni realizada en la práctica, que obligue al pago de una compensación inmediata, ni siquiera diferida, por expropiaciones de carácter general o impersonal, como las que México ha realizado para procurar la redistribución de la tierra.


Las expropiaciones efectuadas en el proceso de nuestra reforma agraria tienen, en efecto, ese doble carácter que debe ser tomado muy en cuenta para entender la posición de México y justipreciar la aparente falta de cumplimiento de sus obligaciones.


Sin pretender refutar el punto de vista del gobierno norteamericano, deseo llamar de manera muy especial, su atención hacia el hecho de que la reforma agraria no es solamente uno de los aspectos de un programa de mejoramiento social intentado por un gobierno o un grupo político para experimentar nuevas doctrinas, sino que constituye el cumplimiento de la más trascendental de las demandas del pueblo mexicano que sacrificó para lograrla, en la lucha revolucionaria, la vida misma de sus hijos. La estabilidad política, social y económica, y la paz de México, dependen de que la tierra sea puesta nuevamente en manos de los campesinos que la trabajan; por lo tanto, su distribución, que venía a implicar la transformación del país, es decir, el futuro de la nación, no podía detenerse ante la imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las propiedades pertenecientes a un reducido número de extranjeros que solamente persiguen un fin lucrativo.


Por una parte, se aprecian las reivindicaciones de justicia y mejoramiento de todo un pueblo y, por otra, los intereses puramente pecuniarios de algunos individuos. La posición de México en desigual dilema no podía ser otra que la asumida y no se afirma esto como un atenuante de su proceder, sino como una verdadera justificación del mismo. […]


Sin embargo, México admite, en obediencia a sus propias leyes, que sí está obligado a indemnizar en forma adecuada, pero la doctrina que sustenta al respecto, que está apoyada en las más autorizadas opiniones de tratadistas de derecho internacional, es que el momento y la forma de hacer dicho pago deben ser determinados por sus propias leyes2.

 

El gobierno mexicano estaba contraponiendo a los reclamos del gobierno de Estados Unidos no una situación de hecho ni una interpretación diferente de una misma norma de derecho, sino una doctrina jurídica diferente.

 

Era un conflicto entre dos derechos: uno, el de una comunidad originada en lazos anteriores al dinero; el otro, el de una comunidad donde el dinero como equivalente universal es medida de razón, equidad y justicia –en otras palabras, una comunidad natural regida por la costumbre y una comunidad mercantil regida por el dinero.

 

3

 

No es imaginable que esta distinción se presentara clara en las mentes de los protagonistas. Cordell Hull postulaba su idea de la justicia y el derecho como universal. Quien opusiera otra no planteaba para él un conflicto de derechos. Simplemente se colocaba fuera de la ley. Era un proscripto. El 22 de agosto, en una nota tajante, respondió al gobierno mexicano:

 

La aceptación universal de esta norma del derecho internacional que, en realidad, es simplemente una declaración de justicia común y trato justo, no admite, en opinión de este gobierno, ninguna divergencia de opinión. […]


La toma de propiedad sin indemnización no es expropiación. Es confiscación. No es menos confiscación porque pueda haber una declaración de intenciones de pagar en algún momento futuro3.


La respuesta del secretario de Estado tenía tonos sinceros de indignación moral. Sin embargo, para beneficio de la comprensión de los mexicanos y para fundamentación de su propia posición, Cordell Hull exponía en su documento una explicación histórica, a su criterio obvia, de los orígenes del derecho universal:
Dije que el gobierno de Estados Unidos no puede admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de los ciudadanos estadunidenses ignorando la norma de indemnización universalmente reconocida por el derecho internacional o admitir que la norma de compensación pueda ser anulada por cualquier país bajo su legislación interna.


Mi gobierno tenía presente que la doctrina de justa indemnización por propiedades tomadas tuvo origen mucho antes que el derecho internacional. Fuera de toda la duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de la otra. La sociedad civilizada determinó que la justicia común exigía que se le pagara por eso. Una nación después de otra decidieron que era justo y razonable, equitativo y correcto, acompañar la toma de propiedad con el pago de justa compensación. A su debido tiempo, las naciones del mundo aceptaron esto como una sólida norma básica de juego limpio y trato justo. Hoy, está incorporado a las constituciones de la mayor parte de los países del mundo y de cada república del continente americano y ha sido aplicado como doctrina internacional en el derecho internacional universalmente reconocido. Es nada más que el reconocimiento entre las naciones de las reglas de trato justo y correcto, como funcionan habitualmente entre los individuos y que son esenciales para el intercambio amistoso4.


Todo esto, decía Cordell Hull, era “evidente por sí mismo” y la posición mexicana había sido recibida por su gobierno, “siento necesario decir con toda claridad, no sólo como sorpresa, sino con un profundo sentimiento de pena”:

 

La adopción por las naciones del mundo de una teoría como esa resultaría en la inmediata ruptura de la confianza y la credibilidad entre las naciones y en un de-terioro progresivo de las relaciones económicas y comerciales internacionales tal que pondrían en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna. El progreso humano sería fatalmente hecho retroceder5.

 

4

 

La respuesta del gobierno mexicano fue igualmente severa. Vino el 1 de septiembre en el informe del presidente Cárdenas al Congreso de la Unión:

 

La reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y […] frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado. Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los de-rechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.


En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del poder público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior, y sin embargo su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir6.

 

Dos concepciones del derecho se contraponían y cada una de las partes daba a al propio valor universal.

 

No ignoro la dificultad en dar el salto desde la teoría a la historia. Pero hay veces, cuando los conflictos tocan el fondo rocoso de los principios, que la historia tiene alas y el salto puede, si no eliminar sus riesgos, al menos aminorarlos.

 

5

 

Casi un siglo antes, en sus notas de lectura de 1844 conocidas hoy como los Cuadernos de París, Karl Marx se ocupaba del diferendo que oponía a Cárdenas y Hull. La explicación histórica del estadunidense sobre los orígenes del derecho a ser indemnizado: “fuera de toda duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”, presuponía que el primer atributo de la persona era precisamente la propiedad. Marx, tanto tiempo antes, se detenía en este presupuesto:

 

La economía política concibe a la comunidad de los hombres –es decir, a su esencia humana en acción, a su complementación en la vida genérica, en la verdadera vida humana– bajo la forma del intercambio y el comercio. La sociedad, dice Destutt de Tracy, es una serie de intercambios recíprocos. La sociedad, dice Adam Smith, es una sociedad de actividades comerciales. Cada uno de sus miembros es un comerciante.


Puede verse la manera como la economía política fija la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original, adecuada a la determinación humana.


La economía política, siguiendo el movimiento real, parte de la relación del hombre con el hombre como relación de propietario privado con propietario privado. Si se presupone al hombre como propietario privado, es decir, como poseedor exclusivo que afirma su personalidad, se diferencia de los otros hombres y está en referencia a ellos en virtud de esa posesión exclusiva –la propiedad privada es su existencia personal, distintiva, y por lo tanto esencial–, resulta entonces que la pérdida de la propiedad privada o la renuncia a ella es una enajenación del hombre en tanto que propiedad privada7.

 

La indignación moral con que Cordell Hull recibía doctrinas jurídicas mexicanas era real y sincera. Esas doctrinas estaban atentando contra la esencia humana misma tal como ésta había quedado definida allá en la noche de los tiempos, la primera vez que “una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”. Legitimaban, entonces, una “enajenación del hombre” y, en efecto, su difusión “pondría en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna”.

 

Nada más que el gobierno mexicano estaba hablando de otra civilización o de otros fundamentos de la vida civilizada. Presuponía a la comunidad de los mexicanos y mexicanas como preexistente a la propiedad y al intercambio mediado por el dinero, ese dinero que se le exigía pagar como justa e inmediata reparación por las expropiaciones agrarias. No era éste, por supuesto, el lenguaje de la vida cotidiana en la sociedad mexicana, también regida por la propiedad y mediada por los intercambios y el dinero. Pero lo era cuando su gobierno era llevado a afirmarse en los fundamentos mismos de la comunidad nacional, que era lo que sucedía en los días culminantes del conflicto petrolero:


Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato. […] Esta teoría que parece al gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por Estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del Estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla sin indemnización correspondiente8.

 

Era, entonces, casi sin metáfora, un conflicto de civilizaciones y un conflicto de concepciones sobre el sustrato de la comunidad y sus relaciones con sus individuos. Sería injusto decir que sus protagonistas no tenían ninguna conciencia de ello, dado que el término “civilización” aparece en lugar central en la argumentación de cada uno.

 

6

 

Estas concepciones no provenían de influencias comunistas, como sospechaba y decía Cordell Hull9, sino de las antiguas fuentes del derecho hispánico y de las comunidades indígenas, ambas confluyentes en una idea de comunidad anterior a los individuos, idea perviviente en la herencia cultural y relacional mexicana y todavía no disuelta entonces por el dinamismo de los intercambios mercantiles y dinerarios10.

 

La reflexión sobre esa idea histórica de comunidad, que atraviesa la obra de Marx hasta las cartas a Vera Zasulich, aparece en los Cuadernos de París:

 

El intercambio, tanto de la actividad humana en el propio proceso de producción como de los productos humanos entre sí, equivale a la actividad genérica y al goce genérico, cuyo modo de existencia real, consciente y verdadero es la actividad social y el goce social. Por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza. Por tanto, no es en virtud de la reflexión que aparece esta comunidad verdadera, sino en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo; es decir, es producida de manera inmediata en la realización de la existencia humana. La realidad de esta comunidad no depende de la voluntad humana; pero mientras el hombre no se reconozca como hombre y, por tanto, organice al mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de enajenación. Debido a que su sujeto, el hombre, es un ser enajenado de sí mismo11.

 

Aquella idea de comunidad no está mediada por el dinero, este “mediador ajeno”, como dice Marx en sus apuntes, cuando “el hombre mismo debería ser el mediador para los hombres”. Pero esa idea no existe ya en la realidad aparente. ¿Por qué aparece, entonces, una sombra o un reflejo de ella cuando en 1938 el poder que asume la representación de la comunidad de los mexicanos entra en conflicto, sobre el propio territorio donde ésta existe y se define, con el poder que asume la representación de la comunidad de los estadunidenses?

 

Porque el conflicto, a mi entender, toca las fibras más profundas de definición de la identidad comunitaria nacional en cada una de ellas. Y entonces, borrosa pero inconfundiblemente, toma la forma de dos de-finiciones nacionales diferentes, aquello que es un conflicto entre dos ideas de comunidad que atraviesa a todas las sociedades en tránsitos seculares desde sus formas naturales (comunitarias o precapitalistas, si se quiere) a sus formas capitalistas.

 

7

 

Si en la indignación de Cordell Hull se escuchan resonancias de la misma indignación que en los señores de la Inglaterra de los siglos xvii y xviii, en las razones morales de los mexicanos aparecen, bajo la forma de sentimiento nacional, las motivaciones de la economía moral que, como bien nos lo explicó Edward P. Thompson, inspiraban las rebeldías plebeyas contra aquellos señores en esos siglos12.

 

Se enfrentan dos indignaciones morales paralelas y verdaderas; en el fondo, dos visiones sobre la esencia humana, la comunidad y la propiedad privada. Sólo llevando el análisis a este terreno puede verse la profundidad del choque, entre una comunidad donde aún la economía moral dominaba las conciencias y otra donde se explayaba en toda su fuerza la economía de mercado del siglo xx.

 

No es forzar la analogía afirmar que el aprecio de aquellas motivaciones de los plebeyos anima la indignación moral que aparece aquí y allá en los Cuadernos de París y en la obra entera de Marx:

 

Mi trabajo sería expresión vital libre, por tanto goce de la vida. Bajo las condiciones de la propiedad privada es enajenamiento de la vida, pues yo trabajo para vivir, para conseguir un medio de vida. Mi trabajo no es vida13. […] Al negar […] toda importancia a la vida misma, la abstracción propia de la economía política alcanza el colmo de la infamia14.


Y unas páginas más allá:

 

Considérese la abyección que implica la valoración de un hombre en dinero, tal como tiene lugar en la relación crediticia. [...] El crédito es el juicio en términos económicos sobre la moralidad del hombre. [...] La individualidad humana, la moral humana se ha vuelto, por un lado, un artículo de comercio y, por otro, el material en que existe el dinero. La materia, el cuerpo del espíritu del dinero no es ya el dinero, o sus representantes en papel, sino mi propia existencia personal, mi carne y mi sangre, mi virtud y mi valía sociales15.

 

Tan real y hondo era el conflicto entre dos derechos y dos visiones del mundo que en esos acontecimientos se jugaba, que más allá de la conciencia de sus protagonistas aparecía, como debe ser, en las formas de su lenguaje.

 

8

 

A riesgo de aumentar los peligros de este vuelo entre historia y teoría, quiero agregar que en los Cuadernos de París encontré el hilo para salir del laberinto de un extraño diálogo que había hallado en las discusiones de aquellos días entre los dos gobiernos.

 

En diciembre de 1936, mucho antes de la expropiación petrolera y apenas iniciada la reforma agraria en el Valle del Yaqui, donde estaban siendo afectadas o iban a serlo propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, el embajador de este país, Josephus Daniels, rooseveltiano y viejo populista agrario del estado sureño de North Carolina, tuvo una entrevista con el presidente mexicano. Entre otras cuestiones, le planteó la de las expropiaciones agrarias. Daniels tenía especial simpatía por los planes y la política de Cárdenas y éste lo sabía. Iba sin embargo en la entrevista a plantear las preocupaciones de su gobierno.

 

Después de reiterar que la ley agraria sería aplicada en el Yaqui, no afectando sin embargo a las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos hasta 150 hectáreas según disponía la misma ley, el general Cárdenas hizo al embajador un pedido poco común, singularmente ajeno a los usos, costumbres y lenguajes de la diplomacia. Así lo registra el cronista de la reunión, Pierre Boal, consejero de la embajada:

 

El presidente Cárdenas dijo entonces que quería pedir un favor personal al embajador [subrayado en el original]. Dijo que su pueblo había vivido durante años en una situación de abrumadoras miseria y pobreza. La ambición de la gran masa de trabajadores agrarios pobres había sido poseer la tierra en la cual trabajaban, y él y su gobierno habían tratado fielmente de llevar adelante ese propósito. ¿No sería posible para el embajador lograr el apoyo del presidente Roosevelt y del gobierno de Estados Unidos para convencer a los propietarios estadunidenses en México de que cooperaran con el gobierno mexicano de modo que ese fin pudiera alcanzarse?16.

 

La crónica no dice qué cara puso el embajador –posiblemente, cara diplomática–, pero sí que respondió que transmitiría ese pedido en persona a Roosevelt y a Hull.

 

 

9

 

¿Pero por qué a mí, más de medio siglo después, me parecían tan extraños, y a la vez tan familiares, el pedido y sobre todo el tono del general? ¿Por qué me conmovía la anécdota, por qué veía una recóndita dignidad en donde otros tal vez hayan querido ver deferencia o dependencia?17.

 

Era el lenguaje lejano de la comunidad contra el lenguaje del dinero, el lenguaje humano contra el lenguaje de la propiedad. Era una voz que, en el distante mundo de la diplomacia y del poder, estaba dando al otro argumentos indiferentes a la lógica del “mediador ajeno” pero vivos todavía en la imaginación y en la razón de su comunidad nacional.


Es lo que encontré, con el riesgo que antes digo, en los Cuadernos de París:

 

El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en su relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo: el primero lo usaría como una petición, como un ruego, sabría por tanto que se degrada y se sentiría avergonzado, humillado; el otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento, y lo rechazaría como a un desvarío. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana, que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras el lenguaje enajenado de los valores cosificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y su autorreconocimiento18.

 

Dije al comienzo que esto era una fantasía de historiador dando saltos vedados sobre dominios entre los cuales es peligroso omitir las mediaciones. Fantasía, si bien entiendo, es la forma musical en que suele disolverse la construcción clásica de la sonata. Si esta metáfora me está permitida, quiero cerrar con una última variación sobre el mismo tema.

 

La liquidación del artículo 27 Constitucional, producto de la soberbia del poder y del dinero unida con la ignorancia sobre los sentimientos de esta nación, atentó contra los últimos pero reales vestigios de las razones, los modos y las promesas de una comunidad mexicana que se reconoce, finalmente, en la tierra. Fue, en términos escuetos, sintéticos y precisos, un asalto del dinero contra esa comunidad y contra su historia, su arraigo y su esencia.

 

En ese espacio entre comunidad y dinero, que no ha cesado hasta hoy de alimentar desde el fondo los conflictos de la mayoría de los habitantes de este mundo, se gestó, se jugó y encontró sus ideas y su razón de ser el levantamiento de los indígenas de Chiapas. Si tuvo resonancias y simpatías en todo el territorio nacional y aún más allá es porque ese nervio profundo sigue vivo y fue tocado. El futuro dirá por cuál camino nos iremos.

 

10

 

Hemos entrado en una nueva época del capital. Los regímenes de economía estatal, aquellos donde un estrato social burocrático, dueño del poder y del Estado, dominaba y regulaba la economía estatizada –Rusia, China, Vietnam, Europa del Este–, han dado origen desde los últimos años del siglo xx a poderosas economías y naciones donde una nueva clase poseedora, afirmada en las finanzas –tierra, industria, bancos– es dueña del Estado, la política, los medios de producción, el conocimiento científico y la investigación, la tecnología, la educación y, sobre todo, es dueña de las fuerzas armadas, concentrada síntesis del poder.

 

Este orden fue engendrado en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en la carrera militar, científica y tecnológica entre las potencias en guerra por la energía atómica y la bomba nuclear, como en la paralela carrera por la automatización y la digitalización. De las entrañas de la guerra mundial nació en las potencias ambos bandos –Estados Unidos, Gran Bretaña19, Rusia, Alemania– la revolución tecnológica que desembocó en la digitalización de nuestros días, germen de inmensas posibilidades de conocimiento y de disfrute y, al mismo tiempo, instrumento refinado de dominación, de control y de refinada destrucción de los recursos naturales y las solidaridades y comunidades de la especie humana.

 

En Capital y tecnología20, allá por la segunda mitad del siglo xix, Carlos Marx citaba un aforismo de Andrew Ure21, teórico y defensor del sistema fabril en expansión en Gran Bretaña: “Cuando el capital enrola la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende siempre a ser dócil.” Cada revolución tecnológica en la era del capital: el vapor, la energía eléctrica, la automatización ha confirmado, época tras época, este aforismo.

 

La digitalización, que ha florecido y expandido sin cesar sus territorios en nuestras vidas desde las últimas décadas del siglo xx hasta el presente, es la cuarta revolución tecnológica en la era del capital. Ha sido vehículo e instrumento de la mundialización de la dominación del capital sobre toda la superficie del planeta y toda civilización humana bajo su forma abstracta, las finanzas; es decir, no amarrada a una forma material específica, llámese tierra, industria, comunicaciones o tecnología, pero dueña o dominante de todas ellas como propiedad material.

 

No estamos ante una nueva política –el neoliberalismo o como se le quiera llamar– ni se trata de un “modelo” económico, según una terminología obsoleta que ni en sus lejanos días de auge tuvo validez explicativa sobre la realidad. Estamos ante una nueva época de la civilización humana a la cual es posible denominar la unificación financiera y tecnológica del mundo22.

 

11

 

Los historiadores cuentan historias, no adivinan el porvenir. Su tarea es conocer y dar a conocer, no predecir futuros o diseñar proyectos. Pero en tanto mujeres y hombres cuyo oficio se ocupa de los seres humanos en el tiempo, no pueden evitar pensar en el futuro. Es cuanto Edward P. Thompson, hoy más nuestro que nunca, nos quiso decir en Costumbres en común cuando escribió sobre posibles futuros alternativos23:

 

Nunca regresaremos a la naturaleza humana precapitalista; sin embargo, un recuerdo de sus necesidades, esperanzas y códigos alternativos puede renovar nuestra idea de la amplitud de las posibilidades de nuestra naturaleza. Podría incluso prepararnos para un tiempo en el cual se descompongan tanto las necesidades y expectativas capitalistas como las comunistas estatistas y sea posible rehacer la naturaleza humana bajo nuevas formas. Esto es tal vez silbar en medio de un ciclón. Es invocar el redescubrimiento, en nuevas formas, de un tipo nuevo de “conciencia de costumbres”, en la cual otra vez generaciones sucesivas establezcan entre sí una relación de aprendizaje, en la cual las satisfacciones materiales se mantengan estables (aun estando más igualitariamente distribuidas) y sólo se amplíen las satisfacciones culturales, y en la cual las esperanzas y expectativas se vayan igualando en un estado estable de las costumbres.

 

“Silbar en medio de un ciclón”: tal vez este ciclón es aquella tempestad que sopla desde el Paraíso, de la cual nos decía Walter Benjamin, violenta e irresistible, lanzando hacia el futuro al ángel de la historia, esa tormenta cuyo nombre es Progreso. Pero silbar en la tormenta ¿no es acaso lo que Benjamin se proponía en sus tesis Sobre el concepto de historia, su legado desde Port Bou para todos nosotros?24.

 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro […] Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

 

A este cambio de época lo hemos llamado “el tiempo del despojo”. Pero el despojo no es sólo de nuestros bienes terrenales, sino también de la entera naturaleza y de nuestra misma condición humana, que es naturaleza y a ella pertenece. ¿Entonces?

 

Como en aquel entonces también nos dijo Walter Benjamin:

 

Para Marx las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las cosas sean diferentes. Tal vez las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, jala el freno de emergencia.

 


 

* Historiador. Profesor emérito de la Unam. Fuente: La Jornada Semanal, 6 de mayo 2018.
** Una versión inicial de los temas de este escrito fue presentada en el seminario “Karl Marx 1844-1994. A 150 años de los Manuscritos de París”, Facultad de Economía, Unam, 30 de junio de 1994. Un desarrollo extenso de las ideas aquí expuestas, en Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Era, México, 2010, 384 pp. Un antecedente inmediato, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo – Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp. Una inspiración, en Bolívar Echeverría, Ziranda (inédito).
1. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1938, Vol. v, pp. 674-678; Boletín de Información, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, México, 22 de julio de 1938.
2. El Universal, 4 de agosto de 1938; Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 679 -684.
3. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 685-696.
4. Ibíd.
5. Ibíd.
6. Lázaro Cárdenas, Palabras y documentos públicos, México, Siglo xxi Editores, 1978, Vol. 2, ps. 122-147. Es seguro que ambos interlocutores ignoraban que un antecedente lejano de esta divergencia había aparecido en 1842 en la “Rheinische Zeitung” en un escrito de Karl Marx, “En defensa de los ladrones de leña”. Una edición reciente en Karl Marx/Daniel Bensaid, Contra el expolio de nuestras vidas, errata naturae, Madrid, 2015, pp. 11-54. Completa esta edición Daniel Bensaid, “Karl Marx, los ladrones de leña y los derechos de los des-poseídos”, pp. 57-158.
7. Karl Marx, Cuadernos de París [notas de lectura de 1844], México, Ediciones Era, 1974, pp. 138-139.
8. Lázaro Cárdenas, op. cit.
9. El 10 de septiembre, en una conversación con el embajador mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, el secretario de Estado le dijo que “un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indica que el gobierno mexicano se está aproximando al marxismo o a las bases del comunismo, ya sea conciente o inconcientemente”. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 705-707.
10. Sobre esta confluencia en la formación de la conciencia nacional mexicana, ver Jacques Lafaye, Mesías, cruzadas, utopías, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, en especial el capítulo v, “La utopía mexicana – Ensayo de intrahistoria”.
11. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., pp. 136-137.
12. E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii”, pp. 62-134. E. P. Thompson, Customs in Common – Studies in Traditional Popular Culture, The New Press, New York, 1993.
13. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., p. 156.
14. Ibíd., p. 117.
15. Ibíd., pp. 133-134.
16. Adolfo GilIy, El cardenismo - Una utopía mexicana, México, Ediciones Era, 2001, p. 234.
17 Por ejemplo José Vasconcelos, prólogo a Victoriano Anguiano, Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional, México, Editorial Eréndira, 1951, p. 12.
18 Karl Marx, Cuadernos de París, cit., pp. 153-154.
19 Para Estados Unidos, ver David e. Noble, America By Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, New York, Knopf, 2013, 384 pp., y Forces ofProduction – A Social History of Industrial Automation, 2013, 409 pp. Para Gran Bretaña, ver entre otros Teresa Guerrero, “Alan Turing, el hombre que venció a los nazis con la ciencia”, El Mundo, Madrid, 27/6/2012.
20 Karl Marx, Capital y tecnología (Manuscritos inéditos, 1861-1863), México, Terra Nova, 1980, p.66.
21 Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures, London, 1835.
22 “La unificación financiera del mundo”, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp., pp. 7-18. Tomamos la expresión de un ensayo famoso de Emmanuel Le Roy Ladurie, Un concept: l’unification microbienne du monde (xix-xvii siècles), 1973, Socieéé Générale Suisse d’Histoire, 70 pp.)
23 Edward P. Thompson, Customs in Common, The New Press, Nueva York, 1993, p. 14. En este apartado retomo, como conclusión, ideas expuestas en Adolfo Gilly, Historia a contrapelo –Una constelación, México, Era, 2006, 147 pp., iii. “Economía moral y modernidad”, pp. 59-77.
24 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, en Écrits français, Gallimard, París, 1991, pp. 339-56.

 

Los campesinos: la espina dorsal de la revolución

En las famosas “tesis de abril”, con las que Lenin, en plena revolución, buscaba corregir la política bolchevique, además de la tesis fundamental, referente a la consigna de “todo el poder a los soviets”, hay otra, menos conocida hoy en día, de crucial importancia1. Se trata de la declaración anticipada y explícita de la que debía ser un objetivo inmediato y fundamental de la revolución: la confiscación de todas las tierras de los terratenientes. Importante era esta declaración pues el gobierno provisional, cuyo Ministro de Agricultura era nadie menos que el intelectual y dirigente del Partido socialista revolucionario, V. Tchernov, continuaba difiriendo las decisiones en esta materia a la futura Asamblea Constituyente. Lenin era consciente, naturalmente, del carácter fundamental de la cuestión agraria. Nada más por el simple hecho de que el campesinado era más o menos el 85% de la población rusa, repartido en las diferentes regiones del enorme Imperio. Pero también porque, en la lógica de los socialdemócratas, la solución de la cuestión agraria era la esencia de cualquier revolución democrático-burguesa y pese al admitido carácter proletario de la rusa, de todas maneras seguía siendo una tarea pendiente.

 

La razón más importante, sin embargo, era que la revolución o mejor la sublevación campesina, ya estaba en marcha. Y seguiría su camino hasta octubre y después. Con la particularidad de que no iba en pos de una reforma (jurídica) sino que ésta se iba adelantando por la vía de los hechos. Al principio declararon su voluntad de permanecer en calma hasta la Asamblea Constituyente, pese a que los terratenientes habían dejado enormes extensiones de tierra sin sembrar agravando la situación de escasez de alimentos. Sin embargo, su paciencia tenía un límite. Se presentaba otra amenaza más inmediata. Los terratenientes, previendo que la futura reforma excluiría las propiedades privadas por debajo de cierta extensión, se dedicaron a parcelar de manera ficticia sus haciendas creando propietarios de “papel”. Los campesinos exigían inútilmente que se pusiera fin a estas compraventas ficticias y la especulación que de allí se derivaba. Se comienzan entonces a ocupar, sin indemnización, las tierras de la iglesia y de los conventos, pero también las de la nobleza y los terratenientes. La confrontación adquiere rasgos cada vez más violentos. Se detienen muchos de los terratenientes y se saquean las mansiones señoriales; en no pocas ocasiones las incendian.

 

La inacabada caracterización del campesinado

 

Cautivados como solemos estar por las imágenes de las insurrecciones urbanas de febrero y octubre, a veces dejamos de lado esta porción de la historia. “La intrepidez revolucionaria del proletariado ruso no tenía su raíz exclusivamente en su seno –escribía Totski–. Ya su misma situación de minoría dentro del país indica que no hubiera podido dar a su movimiento tales proporciones, ni mucho menos ponerse al frente del Estado, si no hubiera encontrado un poderoso punto de apoyo en lo hondo del pueblo. Este punto de apoyo se lo daba la cuestión agraria”2.

 

Este era además un asunto de tratamiento delicado desde el punto de vista social y político. Trotski añadía que a falta de burguesía el campesinado necesitaba la dirección del proletariado. Lo que nunca pudo entender fue la tragedia que iba a significar la sustitución de semejante dirección puramente conceptual por el férreo control de un partido; tragedia que tendría su primera manifestación durante la guerra civil que se extendería luego hasta 1922. En el fondo no dejaba de abrigarse cierta desconfianza. Lenin, en sus tesis, advertía sobre el peligro de que el campesinado pudiera colocarse al lado de la burguesía. La solución, conforme a la ortodoxia, consistía en impulsar, aprovechando su diferenciación interna, la independencia política y organizativa de los más cercanos al proletariado, esto es los jornaleros (braceros), y de los campesinos parcelarios más pobres. Es por eso que en su tesis, a la propuesta de dejar las decisiones de reforma agraria a los soviets, con lo cual de manera certera se prescindía del gobierno provisional, añadía que debían ser primordialmente los soviets diferenciados de campesinos pobres y de braceros.

 

La caracterización socialdemócrata tenía mucho de económica y estadística, pese a que no desconocían sus orígenes históricos. En términos generales: los campesinos pobres, sin tierra o con tan poca que no podían garantizar con ella su subsistencia; los medianos que disponen de una porción suficiente para obtener, con trabajo familiar, algún excedente comercializable, y los ricos o Kulaks que emplean mano de obra asalariada y llegan hasta arrendar alguna parte de sus tierras. Obviamente, dentro de esta complejidad, en la que son difusas las fronteras, se podían contabilizar entre los medianos y los kulaks, diferentes tipos de campesinos “acomodados”, y como categoría aparte los hacendados o burguesía agraria propiamente dicha. Todos ellos con diferentes tipos de relación y de contradicción con los señores de la tierra. Fue precisamente la coyuntura política revolucionaria la que condensó y articuló esas contradicciones; era el mundo rural heredado del pasado feudal, en su conjunto, el que se desplomaba frente a la posibilidad de un cambio radical.

 

Esta última consideración es fundamental para entender la realidad y el comportamiento histórico concreto del campesinado ruso. La clave de todo estaba, más bien, en la destrucción de la comunidad aldeana. El “Myr” que se puede traducir al castellano –y esto es bastante significativo– como “comuna” y a la vez como “mundo”3. Concepto que implica no solamente colectivo social, relación con la tierra y formas de propiedad sino un conjunto de “bienes comunes” que resultaban básicos para la producción y la reproducción de la vida material. Pues bien, todas las reformas que apuntaban a liquidar la servidumbre como las de 1861 y sobre todo las de Stolipin en 1906, no lograron cabalmente el desarrollo del capitalismo en la agricultura pero sí liquidaron los bienes comunes y fracturaron la vida en comunidad. Es por eso que si alguna diferenciación significativa del campesinado se había producido era la que existía entre los campesinos parcelarios que permanecían atados a la comunidad y aquellos “libres” que aspiraban a defenderse en el mercado. Y esto era fundamental desde el punto de vista no sólo social sino también político.

 

Las formas organizativas y de expresión política

 

A los socialdemócratas les costaba trabajo entender esta realidad. Lenin había dedicado buena parte de su esfuerzo intelectual desde su obra inicial “El desarrollo del capitalismo en Rusia” a demostrar, sobre la base de que el capitalismo ya había avanzado lo suficiente, que las tareas de los socialdemócratas debían apuntar no sólo a destruir el latifundio sino a eliminar todos los vestigios de la sociedad rural de origen medieval4. Y por ello subestimaba el peso social y político de la comuna, acusando a los socialrevolucionarios (populistas) y anarquistas, de simples nostálgicos, románticos y por lo tanto utopistas. Sin embargo eran éstos quienes contaban –y contarían hasta 1922– con la mayor simpatía y popularidad entre los campesinos. De hecho Lenin –a quien se le debe abonar su extraordinaria visión política– en la elaboración de la Ley de tierras que siguió a la revolución de Octubre, y contra la opinión de su partido, acogió la línea de los socialrevolucionarios y puso un mayor énfasis en el reparto que en la nacionalización (estatización).

 

Una vez más, en la realidad las cosas se daban de otra manera. Los soviets de campesinos nunca se desarrollaron de manera apreciable. En cambio, los comités agrarios, organismos creados por el gobierno provisional, es decir como instituciones de gobierno, poco a poco fueron tomando en sus manos las decisiones de reforma agraria, siguiendo la marcha de los acontecimientos y en contra del propio gobierno que inútilmente trataba de “conservar el orden” y de obligar a los campesinos a esperar el espejismo de la Asamblea. Hay que tener en cuenta que dichos comités estaban estructurados de manera territorial y jerárquica; había uno central pero debajo de éste los distritales, los cantonales y los locales y eran éstos últimos los verdaderamente efectivos. Tanto los terratenientes como los funcionarios territoriales se quejaban una y otra vez de que estos comités autorizaban “y estimulaban” de manera ilegal las expropiaciones de hecho. Y de que cohonestaban las múltiples manifestaciones de violencia. A su juicio seguían las conclusiones del Congreso campesino de toda Rusia que se había llevado a cabo en mayo el cual había dejado en la ambigüedad el deber de esperar las decisiones de la Asamblea Constituyente.

 

Quiere decir, en consecuencia, que el campesinado se estaba enfrentando, en la práctica, al gobierno y que los comités se habían convertido en organismos propios y habían dejado de ser instituciones de gobierno. El poder local contra el central; los de abajo contra los de arriba. Esto tiene que ver con las formas de expresión política. La contradicción palpable consistía en que ese gobierno era parcialmente socialrevolucionario comenzando por el Ministro de Agricultura, es decir del partido que en buena parte decía representar sus intereses. Poco a poco se comienza a entender que, en el fondo, lo que aspiraban a hacer sus dirigentes, aplazando todo hasta la Asamblea, era lograr en ese escenario un entendimiento con los partidos de la burguesía liberal, especialmente los Kadetes, para una reforma “ordenada”, respetando derechos adquiridos y con indemnizaciones, posiblemente del gusto de los kulaks. No obstante, pese a la heterogeneidad del campesinado las contradicciones internas no se colocaron entonces en un primer plano y la revolución agraria seguía el camino de los hechos. Lo que ocurrió, contrariamente a las previsiones de los socialdemócratas, no fue el paso a las huestes de la burguesía, y así los socialrevolucionarios se dividieron dando lugar a lo que se llamó el grupo, abrumadoramente mayoritario, de “izquierda”, y otro, más pequeño, de “maximalistas”, circunstancia que favoreció la alianza en la base con los bolcheviques cuya presencia se volvía más importante en el campo.

 

Como se sabe, siempre ha sido objeto de discusión e incomprensiones el asunto de la expresión política propia del campesinado y de sus formas de “conciencia”, siendo que por definición no constituyen una clase. El problema conceptual se resuelve, sin embargo, en la práctica, en las condiciones históricas concretas. Tiene que ver con aspectos de orden cultural donde juegan un papel específico elementos religiosos y étnicos y sobre todo con circunstancias de la coyuntura política como en este caso de Rusia. Cabe aquí un elemento adicional: los soldados, en realidad campesinos que regresaban de los frentes de la guerra a sus aldeas de origen y que habían pasado por experiencias, a pesar de todo, de vida colectiva y organización. Los destacamentos militares en cuanto agrupamientos organizados representaban una forma de expresión política -Recuérdese que también se habían formado soviets de soldados- Ellos, junto con los obreros licenciados por la parálisis de la producción y que venían de las ciudades, habían tenido además la oportunidad de escuchar toda la propaganda revolucionaria. La paz era una de las consignas más importantes de la revolución.

 

No obstante, el hecho más importante y significativo consiste en que si bien las decisiones eran formalizadas por los comités mencionados, en realidad se tomaban en asambleas comunales. La vieja forma del sjod. Y así lo reconoce Trotski, pese a sus prejuicios socialdemócratas: “Ante la gran transformación agraria, ante el reparto de tierras que se avecina, los campesinos quieren actuar como un bloque. Las barreras interiores pueden constituir un obstáculo. Es necesario que el Myr obre como un solo hombre”5. De ahí los conflictos que se daban en contra de los campesinos individualistas. Las decisiones se aplicaban partiendo de un globo de tierra común que luego se repartía. Era así como entendían los campesinos la consigna aparentemente absurda de “socialización de la tierra” que esgrimían los socialrevolucionarios y anarquistas.

 

La revuelta campesina tuvo varios momentos. Entre junio y julio está en auge, después de los acontecimientos relacionados con la guerra, el intento de golpe de Estado y la represión llevada a cabo por el gobierno provisional un momento de descenso, pero hacia septiembre ya ha retomado su impulso y gana en profundidad. El movimiento se extiende a todas las regiones, arrastra en las aldeas a todas las capas de la población; abandonadas todas las reticencias legales se hace más violento, utiliza armas elementales y el fuego, expulsa a los propietarios. Es entonces cuando el campesinado entiende que su destino y el de la revolución agraria están ligados a la consigna de todo el poder a los soviets. Y en esa medida empuja al proletariado para que asuma definitivamente el poder.

 


 

1 Ver “La hora de las rectificaciones” Desde Abajo. Nº. 234 Mayo 20 de 2017
2 L. Trotski. “Historia de la revolución rusa” Tomo I. Ed. Sarpe, Madrid, 1985.
3 Andrés Nin en la traducción de la mencionada obra de Trotski
4 V.I. Lenin “El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907” Ed Progreso, Moscú. Sin fecha.
5 L. Trotski, Ibídem.

Publicado enEdición Nº235
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
Miércoles, 01 Junio 2016 10:23

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Jueves 26 de mayo de 2016

Periódico desdeabajo Nº224, Mayo 20 - junio 20 de 2016

Hacia una minga nacional, agraria, campesina, étnica, popular y urbana
por Héctor-León Moncayo S.
Martes 17 de mayo de 2016

Hacia la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular

Tras las jornadas de lucha que durante el 2013 volcaron sobre las principales vías del país a miles de campesinos e indígenas, el movimiento agrario colombiano llama a la realización de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular por realizarse en la ciudad de Bogotá. Los retos y expectativas son muchos. Veamos.

 

Sucedió en el 2013: los paros agrario y cafetero, con su fortaleza, demostraron que los movimientos campesinos, indígena y afro están en plena recomposición. Sus luchas dejaron en claro la necesidad de articulación y fortalecimiento de las organizaciones de base, así como de unidad del conjunto de procesos, agendas y actores.

 

El llamado a esta cumbre, por tanto, es el resultado de esta evidencia, traducida en clamor. En ella sus convocantes pretenden construir acuerdos para la movilización, avanzar hacia el pliego unitario y hacer un llamado a la unidad del conjunto del movimiento social y popular.

 

Aunque aún no definen con plena exactitud la agenda que abocarán, sí existe consenso sobre la necesidad de discutir sobre: economía propia, economía del despojo, territorio y territorialidad, minería, energía y campo, cultivos de coca, amapola y marihuana, paz con justicia social, ruralidad y sectores populares. La Cumbre cerrará el día 17 de marzo con una movilización.

 

Con respecto, a un posible nuevo paro agrario, Alejandro Mantilla –Congreso de los Pueblos– manifestó que: "En la cumbre hay un cierto consenso de avanzar hacia una nueva movilización, que posiblemente se genere, incluso, en el primer semestre de este año. Una movilización que será fuerte, que recogerá las expectativas de la gente. No obstante, hay un consenso de que una movilización hay que trabajarla y no decretarla. La cumbre llamará a la movilización, pero no por decreto de las organizaciones que están presentes allí, sino por la acción conjunta del movimiento social".

 

La importancia de esta cumbre radica en que sus apuestas se concreten y surjan como ejemplo de unidad, como semilla de recomposición de las luchas agrarias, sociales y populares, para lo cual es necesario que:

 

  1. Exista una verdadera vocación de unidad. Las distintas organizaciones convocantes de esta Cumbre deben comprender que el escenario actual es favorable para emprender la lucha agraria, debido al creciente apoyo popular, pero que solo llegará a buen término cuando cada organización deje de pensar que su proyecto es mejor que el otro, que sus acumulados son mayores y que por ende, debe subordinar a las demás. Un llamado que intenta llegar especialmente a los jóvenes –y en general a los nuevos activistas–, llamados hoy a transformar estas prácticas.
  2. La construcción de la Cumbre y de los posteriores escenarios de movilización propicien la generalización del descontento popular, permitiendo que la imaginación y la creatividad de miles de hombres y mujeres se potencie, y desborde con ellas las calles y las plazas, con una cuota de "espontaneidad", para construir un sujeto social diverso, ese sujeto social que vaya más allá de las organizaciones políticas y sociales, ese sujeto que discuta sobre la democracia, sobre la defensa de lo público, sobre la política agraria, y proponga un país diferente.
  3. Las reivindicaciones que se propongan en el pliego unitario deben cuestionar el modelo agropecuario del país, pero no sólo esto, alcanzar acuerdos concretos que permitan empezar a solucionar las problemáticas del campo. Las movilizaciones no deben ser una parte más del paisaje, deben convertirse en el camino para alcanzar verdaderas transformaciones sociales.

 

Recuadro

 

Para no olvidar

 

El Paro Nacional Agrario y Popular de 2013, ciertamente propició que múltiples sectores discutieran sobre la política agropecuaria, pero no logró materializar una acción más unificada del movimiento agrario. Las mesas de negociación regionales no lograron un proceso conjunto, con un pliego unitario, aunque la movilización fue masiva se evidenció la fragmentación característica del movimiento agrario y social en su conjunto; ante esto, Santos instaló el Gran Pacto Agrario.

 

Sin embargo, el 12 de septiembre de 2013 mientras Santos convocaba al lanzamiento del Pacto Agrario, organizaciones como la MIA (Mesa de Interlocución y Acuerdo), el CNA (Coordinación Nacional Agrario) y la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia) convocaban al lanzamiento de la Cumbre Agraria, ante la evidencia de que el Pacto Agrario no era un cambio en la política agropecuaria nacional, sino más bien, su perpetuación con la más descarada figura de Alianzas Productivas, y que con ello, el gobierno no iba a cumplir los pocos acuerdos a los que se llegaron en las mesas de negociación. Además, su interés era dividir al movimiento agrario, porque como lo dice Pablo Tatay, miembro del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca): "El gobierno está intentando vincular gente al Pacto, de hecho está poniendo de requisito entrar al Pacto para discutir".

 

En octubre, a través de la Minga Indígena, Social y Popular, el movimiento indígena se movilizó por sus demandas, organizando 18 sitios de concentración en el país, con más de 40.000 manifestantes, que negociaron con el gobierno sobre los acuerdos incumplidos en materia de tierras, la conformación de resguardos indígenas, y el reconocimiento y cumplimiento de la autonomía territorial presente en el convenio 169 de la OIT y aprobado por la ley 21 de 1991.

 

Igualmente, en diciembre se desarrolló la pre cumbre agraria y nuevos actores del campo integraron esta iniciativa, como la MUA (Mesa de Unidad Agraria), el PCN (Proceso de Comunidades Negras) y Asocampo (Proceso campesino de la Comosoc (Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia), que esencialmente discutieron la proyección de la cumbre que se desarrollará en marzo del 2014, y convocó a la organización de cumbres regionales, en desarrollo por todo el país.

 

A su vez, en las últimas reuniones sostenidas para el desarrollo de la cumbre, Dignidad Agropecuaria propició acercamientos. Al parecer esta cumbre agraria, campesina, étnica y popular sí reunirá al conjunto de procesos agrarios con asiento en el país.

 

Violación de los DD.HH.

 

El paro del 2013 dejó un saldo de 338 heridos, 15 muertos y cientos de detenidos. El 22 de octubre, la Minga Indígena, Social y Popular reportaba 138 heridos: 12 de gravedad y 3 por impacto de bala1.

 

Pero la represión no cesa. Fredy Molano, integrante de Marcha Patriótica denunció que: "El 3 de febrero desapareció un líder campesino miembro de Aheramigua (Asociación de hermandades agroecológicas y mineras de Guamocó) y de la Marcha Patriótica, que estuvo participando en el paro agrario". Esta situación de inseguridad y violencia, "dificulta la construcción de esta cumbre agraria". Igual sucede en otros lugares del país, donde la presencia militar, los hostigamientos en contra de los líderes y las amenazas no cesan. Pese a ello, la preparación de la cumbre continúa, y muy seguramente lo que allí se defina –protestas, paros o jornadas similares– tomará cuerpo en el día y la hora señala.

 

1 http://cms.onic.org.co/2013/10/minga-indigena-social-y-popular-lanza-campana-humanitaria-en-favor-de-pueblos-afectados/onic.org.co/2013/10/minga-indigena-social-y-popular-lanza-campana-humanitaria-en-favor-de-pueblos-afectados/

Publicado enEdición N°199


"Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladura,
y hoy nacerás de nuevo duramente,
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.
Hoy nacerás del pueblo como entonces.
Hoy saldrás del carbón y del rocío"

América Insurrecta
Pablo Neruda

 

El pasado 19 de agosto el amanecer boyacense fue poco común. La neblina de cada día fue disuelta por el calor desprendido de los cuerpos de cientos de hombres y mujeres que dejaron sus herramientas de trabajo a un lado, encerraron sus animales y salieron a las principales carreteras de la región para impedir el flujo normal de automotores. Sus mentes, ojos, bocas, brazos y corazones iban cargados y transmitían coraje y dignidad.

 

Su avance no era espontáneo. La inconformidad con los precios a que venden sus productos, y el de los insumos y abonos necesarios para fertilizar la tierra, además de los incumplimientos oficiales con acuerdos firmados en otras protestas, los llevó a discutir y diseñar entre ellos un qué hacer. Es así como, organizados por veredas y municipios, se dieron cita al convite (trabajo comunitario) en defensa de su derecho al trabajo y a su cultura. Para que su protesta fuera efectiva, con palos, ramas y cuanto objeto encontraron se dispusieron a obstaculizar el flujo de los vehículos.

 

Los motivos que potenciaron tal determinación y nivel de energía eran repetitivos, estructurales y coyunturales, descargando sus efectos sobre la familia campesina y la producción agropecuaria de la región:

 

Hoy recorren estos campos elevados niveles de pobreza, desigualdad y desnutrición; brilla por su ausencia una institucionalidad democrática y una política agraria integral que garantice asistencia técnica, protección económica, comercialización justa, regulación de precios, inversión social, incentivos productivos y reconocimiento social y político al sujeto campesino.

 

Mientras tanto los hombres y mujeres que cultivan estas tierras son abandonados y lanzados a las "garras invisibles" del mercado, se importan millones de toneladas de alimentos y se firman tratados de libre comercio a diestra y siniestra. Tan preocupante es la situación que algunos campesinos prefieren perder su cosecha antes que venderla, ya que los costos de producción son más altos que los precios de venta del producto (producir una carga de 100 kilos de papa cuesta entre 70 - 75 mil pesos y esta se vende a 30 mil pesos, por mencionar solo un ejemplo).

 

Y como si fuera poco esta linda tierra es víctima del oportunismo y clientelismo de los políticos tradicionales de turno que no han hecho más que reproducir con nuevos matices la lógica histórica del bipartidismo para satisfacer los intereses de grupos minoritarios en la región y someter a la población al mal endémico del ultraje y el engaño, negando el desarrollo, realización y enriquecimiento colectivo de la condición humana y sus posibilidades de bienestar social.

 

Ante esta realidad, la protesta quedó como último –pero efectivo recurso– para que quienes llenan con sus productos la mesa de sus connacionales se hicieran sentir. Es así como los primeros días del paro fueron bloqueadas las vías consideradas arterias del departamento, las mismas que conducen desde la capital del departamento –Tunja– a Bogotá, Sogamoso, Chiquinquirá y de Sogamoso a Yopal. En estos lugares se libraron verdaderas batallas campales entre la llamada fuerza pública y el Esmad contra grupos de campesinos, dejando un saldo numeroso y nada alentador de al menos 648 detenidos, 300 heridos y atropellados en sus derechos básicos.

 

Pero ésta, la presencia clásica del Estado nada pudo, a pesar de su superioridad bélica y su disposición mental a golpear, herir y apresar. Por ello, con el transcurrir de los días y ante la soberbia y violencia del poder el paro agrario se fue agudizando y radicalizando, adquiriendo fuerza y tomando rostro, sumando más manifestantes, despertando la solidaridad de jóvenes, estudiantes, profesores, trabajadores, desempleados y amas de casa, y elevando el tono de la protesta en extensión y profundidad, hasta llegar a bloquear e incomunicar al departamento en su totalidad.


En pocos días Tunja, Ventaquemada, Paipa, Duitama, Sogamoso, Chiquinquira, Sotaquira, Cucaita y el Valle de Tenza, entre otros municipios y regiones, vivieron convulsiones e inesperadas manifestaciones de protesta, y diferentes acciones de solidaridad, desde actos simbólicos como cacerolazos nocturnos y leche derramada y regalada, pasando por marchas, bloqueos, plantones, consignas y pancartas, hasta enfrentamientos con la fuerza pública que condujeron a las autoridades locales a declarar toques de queda y decretar militarizaciones municipales como un acto claro de consternación e impotencia.

 

Y con el alba y el anochecer de cada día, la fuerza social se multiplicaba. El poder dominante sintió que Bogotá iba a quedar sitiada. Por ello, tras 18 días de paro la respuesta del gobierno nacional (luego del garrote, la represión y la mentira) fue el despliegue de un paquete de medidas de control para contener la situación y desviar la atención pública nacional sobre el tema del paro: con mesa de concertación y diálogo a bordo, con un denominado pacto nacional agrario desde arriba (donde una vez más el ausente será el protagonista principal de estas luchas), con crisis ministerial, maniobras electorales y nombramientos desesperadamente planificados como el del ministro de agricultura Rubén Darío Lizarralde, el cual confirma la máxima del poder: "cambiar algo para que todo siga igual".

 

La ventana abierta

 

Tras esta pequeña radiografía, y con el levantamiento de los bloqueos en la mayoría de regiones bloqueadas, es importante reflexionar sobre las lecciones dejadas hasta ahora por el Paro Nacional Agrario:

 

  1. Expresar y reconocer, como una píldora para la memoria y un antídoto contra el olvido: la crisis que desencadenó el levantamiento campesino tiene nombres y apellidos propios; los Gaviria, los Samper, los Pastrana, los Uribe y los Santos, entre otros, o sea: los de siempre. ...Aquellos quienes pertrechados desde el poder impusieron un estilo de vida, un régimen político y un modelo económico profundamente desigual, excluyente y violento en nuestro país. ...Aquellos quienes desde los medios de comunicación contaminan la opinión pública, manipulan la información, desdibujan la realidad e imponen extrañas "verdades". ....Aquellos quienes declaman desde las universidades y los centros de investigación el recetario neoliberal y reducen la vida nacional a formulas económicas y dogmas tecnocráticos. .... Los mismos que en alianza con las multinacionales e instituciones multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) diseñan, definen y aplican la política del despojo y la violencia del autoritarismo neoliberal.
  2. La capital del país, gran urbe en constante crecimiento, pese a su copamiento y control oficial militar, con su tejido urbano cada vez más individualista, padece de dependencia alimentaria. La ciudad, por esta y otras razones, se debe a la región y las poblaciones que la rodean.
  3. La aparente pasividad de la gente del campo, los mismos que se alzaron en la época de Los comuneros y de la Campaña Libertadora, tiene un límite, el cual cruza entre los intereses particulares y las fracturas del poder dominante. Lograr que estas coincidan se convierte en un factor fundamental para propiciar que la democracia deje de ser un rito y se traduzca en un ejercicio cotidiano de vida y justicia.
  4. Ante la protesta social, organizada y prolongada, los grandes medios de comunicación ven resquebrajadas sus maquinarias de tergiversación de la realidad. Su propaganda, con los mensajes y consignas oficiales, tiene un límite, el cual se desgasta –ante las evidencias– con el paso de los días. Factor aún más posible de develar con la entrada en escena masiva de las nuevas tecnologías de la comunicación, ahora en manos de miles. Este factor es actuante y potente.
  5. El levantamiento social, como memoria, ejemplo y acción, marca la conciencia social y proyecta un posible camino por seguir, lo cual aporta para romper con la fuerza de la costumbre (esa fuerza peligrosa que anestesia la sociedad y naturaliza el hambre, el olvido y la exclusión).
  6. La movilización campesina, enseñó, además, que comer es político, así como trabajar y vivir dignamente también lo son. Que para poder comer, trabajar y vivir dignamente es necesario luchar, desbordando de indignada creatividad los cauces de esta nación, pintando sus suelos de vida, felicidad y esperanza popular.

 

Es por todo esto, que tal vez hoy –más que nunca– tendremos que hacer nuestras las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos cuando en uno de sus escritos nos expresa que "Esperar sin esperanza es la peor maldición que puede caer sobre un pueblo. Y la esperanza no se inventa: se construye con inconformismo, rebeldía competente y alternativas reales a la situación presente". Agregaríamos a esto que para continuar tejiendo la esperanza popular hoy en Colombia tendremos que "nacer de nuevo duramente" dando un paso hacia adelante en la búsqueda de la tan anhelada unidad de los de abajo. He aquí el gran desafío de nuestro tiempo.

Publicado enEdición Nº 195
Viernes, 30 Agosto 2013 17:43

Los vándalos

Los vándalos

8.500 militares en las calles bogotanas, dos muertos, más de 140 heridos, 37 policías lesionados, confrontaciones armadas en 3 barrios y 300.000 personas marchando. ¡Vandalismo!, gritan algunos. Pero, ¿qué ocurrió en la capital del país el 29 de agosto para qué todo esto fuera posible?


Las marchas

 

Entre las siete y las diez de la mañana diecisiete marchas se desplegaron en todo la ciudad, todas hacia la Plaza de Bolívar. Marchas desplegadas, unas, desde las lejanas periferias de las localidades de Kennedy y Usme y, otras, desde las universidades privadas, que al encontrarse sobre la carrera 7 del centro de la ciudad la atestaron. El variopinto de la movilización no se expresaba solo por quienes la componían (gente de ruana, sombreros, tambores, vistosas vestimentas juveniles, etcétera), sino, y sobre todo, por la particular adhesión al llamado a la solidaridad con el paro agrario. Ha sido tan fuerte la berriondera boyacense y nariñense con el conflicto que conmociona al país, que el resto de reivindicaciones y pliegos fueron opacados ante la fortaleza del paro agrario.


El general Martínez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá -MEBOG-, había dispuesto junto a él 5.000 de sus hombres, que hacían las veces de antidisturbios. Novedad y decisión tomada ya que en la capital de la república solo se encontraba un pequeño escuadrón de 250 unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), además de un cuerpo especializado de la policía de no más de cien "armaduras verdes", fuerza especial dentro del propio Esmad, o más especializados que los llamados "hombres de negro".


La bronca


El centro de la ciudad fue la cuna de las iras. La chispa se prendió a piedra sobre los 6 pisos de la fachada del edificio Manuel Murillo Toro. La policía disparando gases intentaba dispersar una multitud compacta que ante el ahogo lacrimógeno solo se juntaba, esta vez no para huir sino para extender su furia sobre quienes siempre abusan de su uniforme, humillando, golpeando, 'levantando' desprevenidos hacia los calabozos –fueron tantas las piedras lanzadas como los videos que registran al Esmad golpeando a los campesinos en tierras boyacenses–.


La confrontación se caldeaba. Dos tanquetas intentaron flanquear por la calle 12 a los manifestantes, pero, inevitablemente, tuvieron que retroceder. La Plaza de Bolívar se abrió tras el avance de los manifestantes en medio de dos piquetes de la policía que, impávidos, no pudieron reaccionar. Piedra en mano, enfrentados contra la policía, la gente se encontraba paralizada por algunos ciudadanos que servían de escudo a los antidisturbios, quienes no dejaban de lanzar gases. Más de 500 personas disputándose contra 50 policías: 25 personas fueron heridas. ¿Cuántos policías golpeados?, menos de 5 ¿Con qué proporcionalidad se usa la violencia?


Un territorio en disputa, pero con grandes desventajas para los manifestantes. Hay que recordar que para dispersar a los concurrentes a la plaza que lleva por nombre el del Libertador, no se requiere sino un pequeño grupo del Esmad, situado sobre el Palacio de Justicia, lo cual les da el dominio del terreno. Hay que recordar, que solo son cuatro estrechas calles las que permiten ingresar o salir de la Plaza, la cual queda convertida, en todo momento, en una ratonera, protegida, además, por innumerables cámaras a través de las cuales se registran los sucesos y se dirigen las tropas. Claro, en esta ocasión también estuvo en Palacio, de cuerpo presente, el general Martínez, quizá para demostrar que en la policía hay mandos operativos que pueden ganarse la confianza de la tropa, ejercicio necesario de implementar ante la moral tan baja de sus unidades, un cuerpo repudiado por la mayoría del país.


Los golpes e insultos iban y venían. Los manifestantes avanzaban y la policía lograba lo que se había propuesto: que las marchas entraran a la Plaza de Bolívar para poder usar a su favor la minoría numérica que en esta ocasión ostentaba –solo golpea cuando seas fuerte, decía Che Guevara y en este día Martínez lo aplicó.


Tras la primera ola de dispersión los gritos de la Confederación General de Trabajadores, en la tarima, callaron: las personas huyeron temerosas entre las angostas calles, encontrándose con un cerco de la policía. Los jóvenes indignados –barristas, estudiantes e incluso algunos "habitantes de la calle"– decidieron resistir los gases, soportándolos durante algunos minutos ante la mirada impávida de la estatua de Bolívar.


Pero había que salir de la Plaza, y la mayoría de ellos hallaron un conducto que los llevó hacia la avenida Jiménez, cruzando por la carrera décima, tocando los albores de la mariposa de San Victorino. Curiosa dirección geográfica la que tomaron los indignados: atravesar al centro para ir al lugar donde pertenecen, el espacio de la marginalidad, del comercio informal, de las ollas de vicio y de los mecánicos, allá donde se refugia el pueblo. Mientras algunos otros subían por las laderas de la Candelaria hacia la biblioteca Luis Ángel Arango, el Parque de los Periodistas, el Chorro de Quevedo y la universidad de los Andes. Para éstos la protesta ya había acabado, eso sí con algo de pánico, pero al fin y al cabo ya era una jornada del pasado.


El fuego


Tres llantas y dos bolsas de basura pasadas por fuego prendieron el incendio allí donde se aglomeraron algunas centenas de hombres y mujeres, que juntaban sus malos olores y sus malos humores con las palabras poco castizas que alimentaban sus figuras, ante ellos una realidad: la carrera décima estaba colapsada. Algunos policías se acercaron al barullo, bueno, intentaron acercarse, entre las caras tapadas surgió el escombro en forma de tormenta, que mojó a los uniformados, después a los motorizados. Entre marcadoras de paintball y lanzagranadas de gases trataron de abrirse espacio, abriendo un campo de heridos, sin embargo, la gente no huyó, al fin y al cabo ¿qué tenían que perder?


La carrera décima con Jiménez y la ira de los indignados se multiplicó. Ahora nuevas hogueras se abrían en la 19 con Caracas y algunos bloqueos de los expulsados de la Plaza de Bolívar en la 32 y calle sexta con Caracas. En la 19 mecánicos y trabajadores de las llantas entre risa y risa quemaban su cauchos, mientras jugaban a lanzarse naranjas entre ellos. En la sexta, "habitantes de la calle", colinos del Bronx, y manifestantes provenientes de la Plaza de Bolívar, se hicieron muchedumbre en el parque Tercer Milenio, delante de la aterrorizada figura del edificio de la MEBOG. Mientras tanto, en la calle 39 algunos estudiantes alegres y exaltados se sentaban delante de los trasmilenios, paralizándolos, unos pocos flacos enfrente de buses de 40 toneladas, ¿peleaban algunas decenas de personas? No, los que se disputaban la calle eran cientos, mientras miles los apoyaban. Miles que no se sabían ninguna consigna, ni nada de eso, miles que nunca han estado organizados en formas políticas, miles de los de siempre abajo, ellos gritaban putasos, reían ante la incapacidad de los de verde, iracundos se ponían cuando golpeaban a la gente, miles que recordaban que en ellos también hay sangre papera y campesina. Entenderá el país, qué hay más ¿iras o "terroristas"? Qué hay más, ¿indignación o policías?


Mientras todo esto sucedía, hacia las 11 p.m., Gustavo Petro afirmaba vía twitter la "Policía Metropolitana actuó bajo la conducción de la Alcaldía Mayor y coordinó estrechamente con nosotros. Muchas Gracias". Tratando de engañarse, pues los jefes del festín fueron Martínez y Palomino, respaldados por la angustia de Santos. El burgomaestre no se hubiera atrevido a reclamar su principio de mando sobre la fuerza pública si hubiese presenciado la brutalidad de su acción impulsada por su desespero. Aquí tenemos que decirlo: las autoridades civiles han sido remplazadas –incluso en las grandes ciudades– por militares y policías, lo que constituye la nueva modalidad del Estado de Sitio, es decir, no declararlo, ejercerlo, y conjurarlo a través del poder ejecutivo central.

 

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Un paro marcado por la intimidación y la represión

Con satisfacción aludió el presidente Juan Manuel Santos a los resultados parciales del paro agrario, de los transportadores y de la salud, desatado el 19 de agosto en Colombia. Con "tranquilidad" aseguró que "El paro no ha sido de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos que la Fuerza Pública ha venido desbloqueando". Según el gobierno, se esperaban144 bloqueos de vías, apenas se concretaron 14". Sus mismos reportes confirman la detención de 22 manifestantes y un herido con arma de fuego.


Pero lo que no relaciona este informe, es que por todo el país, producto de un cálculo preciso, se desplegaron miles de unidades de las Fuerzas Armadas, incluida la Policía, tanto uniformados como de civiles, con la clara misión de hostigar, intimidar, reseñar, detener, perseguir, obstruir, amedrentar, señalar.
Los reportes llegados desde distintos puntos del país, así lo confirman. Tanto en el norte, como en el sur, el oriente y el occidente del país.


En unos municipios han regado la bola de pago por quien delate a los organizadores del paro, con el claro propósito de intimidar a los líderes de una protesta abierta y legal, que por obvias razones todos los habitantes de los territorios en cuestión deben conocer (1), en otros detuvieron el transporte de manifestantes que viajaban hacia puntos de encuentro, bajándolos de los buses, tomando sus datos, hostigando (2). En otras partes han provocado y perseguido a quienes protestan, concentrados en puntos específicos de la vía o marchando sobre ella. En unos más han obstruido (3) el avance de los manifestantes, que se desplazaban bien a pie o bien en vehículos. En no pocos lugares han pasado por las casas de campesinos desestimulando (4) la protesta con alusiones "salen bajo su responsabilidad".


En fin, la acción psicológica, propagandística, represiva, da cuenta de un Estado que no cesa de alardear de su legalidad, del derecho a la protesta "siempre que sea pacífica", pero que de manera subterránea o abierta impide que la misma se despliegue con toda su vitalidad.

 

El pueblo Pasto de Nariño apoya Paro Nacional Agrario

 


El secreto y la constante

 

Los reportes de distintas fuentes indican que la mayor inconformidad se encuentra entre campesinos dedicados al sembrado de papa, cacao y la producción de leche. En todos y cada uno de estos casos se quejan de los efectos del Tratado de Libre Comercio, la competencia desleal con los productores de otros países (subsidiados), confirmando que están quebrados.


Esta realidad de miseria del campo colombiano, con efectos más nefastos en ciertas regiones del país, explica que las concentraciones más notorias de manifestantes hayan sido las de Boyacá y Nariño, en la primera cerrando una vía que conecta con la capital del país, y en la segunda obstruyendo una que lleva a la frontera con Ecuador. Sin embargo entre una y otra hay una gran diferencia: en la primera la protesta no sumaba 1.000 personas, en la segunda se encontraban sobre la vía 10.000, ocupando unos 15 kilómetros de carretera entre los sectores de San Juan y El Boquerón, vía hacia Ipiales.
Precisamente este detalle marcó la diferencia en el tratamiento que el gobienro le dio a una y a otra concentración: contra la primera arremetió con gran fuerza, contra la segunda decidió "esperar a conversar con los indígenas y campesinos". Sin duda, la fuerza de los habitantes del sur del país es el secreto para que los sectores oficiales, siempre dados a la dilación, pretendan "conversar".


Por su parte, lo cacaoteros, acompañados de campesinos que se dedican al sembrado de frutas, se concentraron en Cimitarra, departamento de Santander, logrando movilizar no menos de 1.500 personas, un hecho importante si se recuerda el peso que sobre este territorio logró el paramilitarismo.
Los mismos cacaotreros informan que por lo menos unas 4.000 personas harán presencia en la Lizama, sobre la vía Barrancabermeja–Bucaramanga. En este sitio se espera el arribo de campesinos provenientes del sur de Bolívar, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barrancabermeja.
Por su parte los transportadores confirmaron la inmovilización de 250.000 camiones por todo el país, enfatizando que no están bloqueando las autopistas, e insistiendo que si el gobierno no los escucha entonces tendrán que proceder sobre las vías.


Los reportes del sector de la salud aún no indican con toda precisión donde ha tomado fuerza el paro.


Radiografía


Los informes que entregaron distintos reporteros, confirmados en ocasiones por el mismo gobierno, indican que el paro logró en su primer día expresiones efectivas en los departamentos de Boyacá, Arauca (entre la capital y Tame), Putumayo, Nariño, Santander (Puerto Wilches y Cimitarra), Valle del Cauca (zona de La María, donde los indígenas bloquearon en horas nocturnas), Cauca, Risaralda (Irra y Remolinos, vía a Mistrató), reduciéndose sus efectos en otras regiones del país, entre otros motivos, por la presión de la fuerza pública y sus agentes encubiertos.


Con seguridad, si bien el paro puede que no logre en todo el país el efecto esperado, si alcanzará mayores niveles de presencia y radicalidad. El secreto de su éxito, fracaso o alcance parcial descansa en el real nivel de coordinación que se haya construído entre los distintos actores del mismo, y si en la marcha superan sus intereses particulares, obligando al Gobierno a la instalación de una Mesa Única de Negociación.

 

Protestas de última hora


El comité organizador aseguró que en el segundo día de paro se realizaron manifestaciones de apoyo en las principales ciudades del país.


Informó, de igual manera, que hasta las seis de la tarde del día 20 de agosto se han presentado 14 bloqueos, siendo la más afectada la vía Tunja Bogotá; al sur del país se presentaron enfrentamientos en la carretera Panamericana en el Cairo, Mondomo y Piendamó en el departamento del Cauca, y en El Pilón, departamento de Nariño.

Igualmente se registraron disturbios y taponamiento de vías en diferentes municipios de Antioquia, como Medellín y Segovia, después que la policía intentó dispersar las marchas de apoyo al paro.

 

Notas


1. Este es un paro social, agrario y laboral, lunes 19 de agosto de 2013.

2. Según defensores de derechos humanos, desde el viernes anterior, el capitán César Augusto González, comandante de carretera del Huila, inmovilizó 10 chivas y amenazó a sus conductores. El coronel Francisco Pelaéz, comandante de la policía del Huila, hizo señalamientos por radio y prensa en contra de Lorena Sanchéz, como la responsable del paro.

3. Guayabal: La policía empadronó a 3 chivas con 500 campesinos, en Balsillas,
por su parte, en el departamento de Nariño, municipio de Llorente, la policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados.
Guaviare: Detuvieron 4 buses y empadronaron a sus ocupantes, por parte de
la policía nacional saliendo de San José del Guaviare.

4. Montería. En la mañana del 19 de agosto llegaron dos "paisanos" a la terminal de transporte de la ciudad, identificándose como agentes de la Sijin, amedrantaron e intimidaron a los conductores de transporte público que se disponían a trasladarse hasta el municipio de Tierralta Córdoba a recoger y transportar a los campesinos y campesinas dispuestos a hacer presencia en el paro agrario nacional. Los supuestos agentes de la Sijin, dijeron a los conductores que "si iban a recoger a esos perros a Tierralta, se atendrían a las consecuencias".


Villavicencio. El 18 de agosto de 2013, siendo las 10:00 pm y durante toda la madrugada, en la salida que va de Villavicencio al municipio de Acacias en la intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados los buses en el que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero.

Cerca de 10 buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como "Gladiador", junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía Nacional, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. El Ejército estuvo consignando los números de los buses, nombres de conductores y de varias personas en libretas por varios de sus militares.

 

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Publicado enColombia
Colombia. "Por negligencia el paro será agrario y sin precedentes": Suárez

El experto en temas económicos, Aurelio Suárez aseguró en Confidencial Colombia que en materia de marchas y reclamos campesinos, no se puede hablar de chantajes o presiones por cuanto los labriegos tan solo exigen que les den lo que literalmente se les ha quitado.

 

Suarez anotó que es visible que el ejecutivo está respondiendo a la defensiva frente a los reclamos justos que hacen campesinos y productores del sector agrícola. En su opinión, el Gobierno les incumplió a los caficultores así como durante años el estado ha incumplido con las políticas públicas. "Nada de lo que se pide en El Catatumbo es ajeno a lo consignado en los diálogos de la Habana. La propuesta de esa región está en el marco de la ley 160 de 1994. Muy por el contrario El Catatumbo debería ser una zona experimental para todo lo concertado en Cuba".

 

El activista precisó que la situación de los campesinos del Catatumbo es tan apremiante que ni siquiera cuentan con los elementos básicos para dignificar sus vidas. Amén de lo anterior, están prácticamente encerrados, sin vías, en una zona complicada en donde el olvido del Gobierno sirvió de caldo de cultivo para la gestación de grupos armados ilegales, incluido el narcotráfico.

 

"Allí se violan los derechos fundamentales, pero en principio es el ejecutivo quien se encargó por décadas de guardar en el cuarto de San Alejo los beneficios mínimos a los que tiene derecho la población. Que no vengan ahora a decir que la guerrilla se infiltró pues el hambre, las amenazas, los asesinatos y la ignominia vienen de vieja data y con eso cualquiera se indispone. Ahora se escudan diciendo que se trata de una protesta guerrillera", comentó Suárez.

 

En su opinión la deuda con los campesinos y con las etnias es tan monumental que se hace necesario promover reformas reales y serias que le den viabilidad a los que producen alimentos. "En esa zona se regaló el petróleo, se concesionó el carbón, se invirtió todo en minería y se les entregó la tierra a los feudales para que sembraran su palma de aceite".

 

Suárez expresó su malestar por el desprecio que tiene el Gobierno por la producción agrícola y por el trabajo.

 

El experto sostuvo que el Gobierno incumplió con los acuerdos de marzo cuando se comprometió con productores de papa, de panela, de arroz y con el sector cafetero. "Los pactos sellados con los campesinos deben cumplirse porque constitucionalmente si no se hace, implica un desacato por parte del ejecutivo".

 

La situación es tan precaria, anotó, que el 70 por ciento de los agricultores no ganan un salario mínimo mensual. Agregó que los estudios de hace cinco años sobre ingreso rural demuestran que la realidad del campo es paupérrima y sin esperanza. A tal punto llega el escenario que en las zonas petroleras, mineras y del monocultivo de palma, los niveles de miseria y de pobreza llegan fácilmente al 85 por ciento.

 

Tristemente, declaró el analista, el Gobierno de turno tiene como particularidad que defiende el capital extranjero, aspecto que incluye tratados comerciales y reformas tributarias con exenciones y prebendas. Esa, asegura, es la base de la política económica. "Están convencidos que con inversión extranjera se salva la papeleta, pero la realidad es al contrario porque hay déficit y marchitamiento del sector real de la economía".

 

Ojo con el modelo económico

 

El analista económico, Aurelio Suárez hizo fuertes críticas al Consenso de Washington al indicar que este se encuentra, no en su primera sino en su segunda fase. En esta parte del modelo económico, aclaró, se agudiza el lío de la economía interna por el libre comercio, el libre flujo de capital y las privatizaciones. "Hoy ya estamos en la privatización de los territorios en donde hay un proceso de extranjerización de tierras en el país. Actualmente, de manera ilegal hay casos que pasan las barreras de la legalidad y es la concesión de 50.000 hectáreas en la altillanura colombiana".

 

Aurelio Suárez se mostró de acuerdo con el argumento de algún conocedor de las comunicaciones en el sentido que el problema del Gobierno no es que diga sus verdades sino que trata de embellecer sus mentiras, lo que no es para nada sano.

 

Café de Colombia está pasando a la historia

 

Según el crítico, Aurelio Suárez, el excelso y suave café colombiano está casi que reposando en los anales de la historia. De su prestigio se puede decir que queda un cuncho. Ese frase nacionalista quedó en las apoteósicas carreras de "Lucho" Herrera en el Tour de Francia o en la Vuelta a España. La magna marca, construida con sudor campesino, con situaciones terribles de monte y con lomo de mula está siendo opacada por las importaciones de café del Perú y otros países productores.

 

Sobre el acuerdo cafetero firmado por el Vicepresidente, Angelino Garzón el cual constaba de cuatro puntos no se honró toda vez que la entrega de subsidios de 145.000 pesos y 165.000 pesos no se cumplió a cabalidad porque de los 550.000 caficultores colombianos, tan solo 290.000 recibieron el auxilio, es decir que 240.000 cafeteros fueron excluidos por no tener cédula cafetera.

 

Tampoco se cumplió con los alivios crediticos porque nada pasó con tasas preferenciales y reprogramación de deuda. El señor Suárez dijo que prácticamente están obligando a la gente a refinanciar las acreencias que resulta más dispendioso porque implica el pago de intereses sobre intereses. Agregó que en otros puntos en donde se quedó mal fue en insumos e importaciones por cuanto la mesa para precisar esos líos jamás fue convocada.

 

"Los insumos básicos de la caficultura nacional, comparados con los valores de Brasil son 30 por ciento más caros. El DAP es más elevado que el de la franja internacional en 47 por ciento. Aquí se hace urgente tocar al oligopolio que maneja los agroquímicos y los insumos. Ese punto será un componente básico del paro nacional cafetero y agrario porque se volvió insoportable", apuntó Suárez.

 

Mercado interno enfrenta más importaciones

 

Suárez indicó que cada vez se hace más difícil producir con rentabilidad, situación que se agrava con las importaciones. Actualmente, reveló, son importadas 360.000 toneladas de azúcar que golpean directamente a 200.000 paneleros. Para completar se habla de importaciones de papa y como si fuera poco de un millón de sacos de café. "Me asalta una inquietud, si se recuperó la producción cafetera, porque seguimos importando café, cual es el interés de seguir internando grano. Lo grave es que con la Alianza del Pacífico vendrá café de México y de Perú sin control, exponiendo al país a riesgos sanitarios".

 

El experto en temas agropecuarios y consultor dijo que con todos los incumplimientos vendrá una movilización agropecuaria en los últimos días de agosto porque hay además de todo graves inconvenientes con los productores de maíz y algodón que han perdido toda la plata por las variedades de semilla de Monsanto. "Para el caso del maíz, no hay como comercializar el alimento porque primero importan más de 2.5 millones de toneladas del cereal y luego compran la cosecha doméstica a precios de risa. La verdad, seguimos con problemas estructurales".

 

Explicó que con la devaluación del peso vino una caída de los precios internacionales y un estudio hecho en junio pasado muestra que el precio internacional y el precio interno al productor cayó en siete por ciento. En su criterio, si el Gobierno no tiene recursos para ayudar, podría aportar con el control del precio de los insumos. "La ANDI ha reconocido que de las puertas de las bodegas mayoristas a la finca, el precio de los fertilizantes crece en 30 por ciento, lo que muestra poderes intocables que el ejecutivo no se atreve a meter en cintura".

 

El dirigente sentenció que si el Gobierno no ataca el problema de los insumos, se vendrá una parálisis agropecuaria sin precedentes en el país.

 

"La realidad es que no hay condiciones de diálogo por las importaciones y el incremento en los costos. Para el caso del café se pueden tener subproductos como pasillas y otros, pero el precio a colocar es incierto cuando hay 100 contenedores de café peruano listos para legalizar", denunció.

 

Sobre el billón de pesos para el café, Suárez comentó que la cifra es mínima si se tiene en cuenta que el lavado de activos vale en promedio 20 billones de pesos, otra cifra importante es la deducción a las grandes empresas mineras que deja el aporte como muy pequeño y otro dato que resulta atractivo, según el experto, es que Ecopetrol le traslado al Gobierno Nacional en los últimos dos años más de 15 billones de pesos. "El problema de la agricultura es de vacíos en la gestión pública y de olvidos imperdonables. La sola infraestructura deja mucho que desear y ratifica que los últimos gobiernos pensaron en todo, menos en el país y casi nada en el campesino".

 

S.O.S en leche

 

Aurelio Suárez sostiene que un sector que está en alto riesgo es el de la leche porque los acuerdos comerciales, incluido Europa contempla que en el primer año de vigencia de los convenios ingresará el 25 por ciento de derivados lácteos equivalente y a los tres años llegará nada más y nada menos que el 33 por ciento.

 

"Ya hay empresarios de Nueva Zelanda que tienen una granja demostrativa cerca de Manizales. Se trata de Fonterra que es la principal multinacional de derivados lácteos del mundo, pero el Gobierno está feliz con el modelo del capital extranjero mientras el productor nacional trata de defender a como dé lugar su cuchara", concluyó.

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Paz, hacia un "consenso suficiente" en el tema agrario.

La Mesa de conversaciones para la paz de La Habana ha emitido un comunicado conjunto para dar a conocer avances en los diálogos realizados sobre el primer punto de la agenda temática que esta referido al desarrollo agrario.

 

En el Acuerdo general para la superación del conflicto firmado desde agosto del 2012 quedó establecido que la Mesa elaborará informes periódicos del proceso con el fin de garantizar la transparencia del mismo. Se trata del mecanismo institucional para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa.

 

El Informe No 9 emitido al término de la tercera ronda de conversaciones señala que en lo atinente al punto agrario y en el marco de la discusión se abordó el análisis exhaustivo del punto del acceso a la tierra, apareciendo aproximaciones entre las delegaciones en lo que tiene que ver con erradicar la pobreza rural y lograr una transformación de la realidad del campo a través de programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, que sean sostenibles, que regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y que aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural.

 

Para algunos este hecho podrá ser no trascendente. Sin embargo no es así.

 

Este comunicado compartido por el gobierno del Presidente Santos y las Far/EP está mostrando que la paz avanza con buen paso y buscando lo que se denomina "consenso suficiente" en La Mesa y, de manera general, en la sociedad y el Estado porque la facción más recalcitrante, que actúa con una oposición obtusa a cualquier posibilidad de superar el conflicto armado es colocada en un lugar marginal dentro del mecanismo general del poder político.

 

El "consenso suficiente" que se construya entre las partes es más que una simple negociación política, que no se menciona en el texto del Acuerdo general porque lo establecido es que las partes conversan e inteligentemente van decantando aquello que constituye un denominador común en la paz.

 

Será necesario esperar otras semanas para que un informe general de la Mesa ponga en conocimiento de toda la sociedad y la comunidad internacional el primer acuerdo sobre la Agenda temática, que bien puede tener el formato del Acuerdo que selló la fase de exploración realizada en Venezuela y Cuba.

 

Obviamente su aplicación y materialización deberá esperar a que se agoten los 5 temas adicionales porque lo dispuesto es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".

 

No es fácil llegar a la paz pero las partes están haciendo la tarea con responsabilidad y necesitan el acompañamiento de toda la nación con manifestaciones y movilizaciones de la sociedad civil como la programada para el próximo 9 de abril, fecha histórica para Colombia.

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