Analizan sensibilidad del carbono del suelo al cambio climático

El calentamiento global de 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales conduciría a la liberación de alrededor de 230 mil millones de toneladas de carbono del suelo del mundo, sugiere una nueva investigación.

Los suelos globales contienen de dos a tres veces más carbono que la atmósfera y las temperaturas más altas aceleran la descomposición, lo que reduce la cantidad de tiempo que el carbono pasa en ese sitio (conocido como "renovación del carbono del suelo").

El nuevo estudio internacional, dirigido por la Universidad de Exeter y publicado en Nature Communications, revela la sensibilidad de la rotación de carbono del suelo al calentamiento global y, posteriormente, reduce a la mitad la incertidumbre sobre esto en las proyecciones futuras.

Las aproximadamente 230 mil millones de toneladas de carbono liberadas con un calentamiento de 2 grados Celsius son más de cuatro veces las emisiones totales de China y más del doble de las de Estados Unidos en los pasados 100 años.

"El estudio descarta las proyecciones más extremas, pero sugiere pérdidas sustanciales de carbono en el suelo debido al cambio climático con un calentamiento de sólo 2 grados Celsius y esto ni siquiera incluye pérdidas de ese elemento del permafrost más profundo", señaló en un comunicado la coautora del estudio Sarah Chadburn, de la Universidad de Exeter.

Este efecto es lo que se denomina "retroalimentación positiva", cuando el cambio climático provoca efectos colaterales que contribuyen a acelerar el proceso.

Los expertos utilizaron una nueva combinación de datos de observación y modelos del sistema terrestre, que simulan el clima y el ciclo del carbono y, luego, hacen predicciones sobre el cambio climático.

"Investigamos cómo el carbono del suelo está relacionado con la temperatura en diferentes lugares de la Tierra para determinar su sensibilidad al calentamiento global", explicó la autora principal Rebecca Varney, de la Universidad de Exeter.

Los modelos más avanzados sugieren una incertidumbre de alrededor de 120 mil millones de toneladas de carbono a 2 grados Celsius de calentamiento global medio. El nuevo estudio reduce esta incertidumbre a alrededor de 50 mil millones de toneladas de carbono.

El coautor del estudio, Peter Cox, del Instituto de Sistemas Globales de Exeter, indicó: "Hemos reducido la incertidumbre en esta respuesta, que es vital para estimar un presupuesto global de carbono preciso y cumplir con éxito los objetivos del Acuerdo de París".

Sábado, 24 Octubre 2020 06:02

No al pan transgénico

No al pan transgénico

Argentina aprobó el 9 de octubre de 2020 la liberación comercial de trigo transgénico para su siembra y consumo. Es un evento de trigo que sus promotores presentan como tolerante a la sequía (una condición no demostrada) y evitan nombrar que también es tolerante al herbicida glufosinato de amonio, aún más tóxico que el conocido glifosato que la OMS declaró cancerígeno.

Es la primera vez en el mundo que se aprueba la liberación comercial de trigo transgénico, uno de los tres cereales básicos para la alimentación en todo el globo. A la luz de que Argentina es un gran productor y exportador de trigo y de que las trasnacionales actuando desde Argentina han sido como aplanadoras en el continente para imponer legal o ilegalmente cultivos transgénicos, esta resolución tiene implicaciones para todos y todas, no sólo en ese país, y requiere de nuestra urgente y masiva oposición (https://tinyurl.com/no-pan-ogm).

La siembra y consumo de este trigo significa una fase nueva y brutal de entrada en la alimentación humana, ya que hasta ahora la gran mayoría de los cultivos transgénicos se ha dedicado a forraje y usos industriales. Lamentablemente nos llegan de todos modos como componentes de muchos alimentos industriales procesados en forma de derivados de soja, jarabe de maíz de alta fructosa, aceite de canola, tortillas elaboradas con maíz importado, etcétera. Pero el trigo transgénico se dirige directamente a la alimentación humana mediante el consumo diario de panes, pastas, galletas y harinas. Ningún nivel de consumo de transgénicos ni de agrotóxicos es aceptable, en este caso significa, además, invadir una gran cantidad de productos de alimentación humana de alto consumo diario, con un porcentaje mucho más elevado de transgénicos y de residuos de un agrotóxico que se considera genotóxico, neurotóxico y teratogénico (que puede producir deformaciones en fetos), Lajmanovich et al (https://tinyurl.com/y59avlfd).

Monsanto intentó la siembra comercial de trigo transgénico en 2004, pero ante la fuerte reacción negativa de productores canadienses y estadunidenses, que consideraron que dañaría sus mercados, tuvo que retirarse. Trató de llevar la siembra a Sudáfrica, que gracias a la oposición de organizaciones sociales, también lo rechazó. No obstante, las empresas lograron seguir con siembras experimentales en Norteamérica, por lo que entre 2013 y 2019 se encontraron varios sitios de contaminación transgénica de trigo convencional en Canadá y Estados Unidos, lo cual motivó que países como Japón prohibieran temporalmente las importaciones. Esos eventos desmienten la falsa afirmación de la industria de que como el trigo se autofertiliza, no habría contaminación transgénica en campo. Se estima que la contaminación podría ser de uno a 14 por ciento. Pese a ello, México autorizó entre 2011 y 2018 al CIMMYT a plantar áreas experimentales de trigo transgénico en sus campos en Tlaltizapán, Morelos.

El evento de trigo ahora aprobado en Argentina, llamado HB4 (trigo IND-ØØ412-7) estaba en siembra experimental en ese país y en Uruguay. Fue parcialmente desarrollado por investigadores universitarios, que lo patentaron, pero inmediatamente lo licenciaron a la compañía privada argentina Bioceres, en la que Monsanto (ahora Bayer) tiene acciones y que tiene vínculos con Syngenta/ChemChina y con Dow (ahora Corteva).

Esta polémica decisión fue tomada en primera instancia por la Conabia, organismo que delibera en Argentina sobre los transgénicos, cuya integración se mantenía en secreto, hasta que se reveló que tiene una composición mayoritaria de empresas y multinacionales del negocio agrobiotecnológico. Como lo señaló el periodista Darío Aranda, son juez y parte, por lo que las decisiones siempre favorecen al agronegocio de transgénicos y agrotóxicos (https://tinyurl.com/conabia-aranda).

No obstante, debido a la resistencia de los sectores exportadores argentinos, el Ministerio de Agricultura condicionó la resolución a la aceptación de este trigo transgénico en Brasil, su principal importador. En ambos países existe oposición de sectores industriales que distribuyen y procesan trigo al trigo transgénico, porque saben que se contaminarán los granos y procesados, amenazando mercados de exportación/importación, junto al rechazo de los consumidores (https://tinyurl.com/y26g7puz y https://tinyurl.com/yy97ehf9).

Las muchas incertidumbres sobre la ingeniería genética de trigo y el fuerte aumento de la exposición a glufosinato en países cuya población está muy castigada por los graves impactos del uso masivo de agrotóxicos, que acompañan la siembra de transgénicos, motivó que expertos científicos de Argentina, Brasil y Uruguay expusieran los riesgos de este nuevo evento, según sus investigaciones, en una conferencia de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL, 21/10/20 https://tinyurl.com/uccsnal-trigo-ogm).

Organizaciones campesinas, redes, movimientos sociales, académicos y colectivos socioambientales de la región iniciaron una campaña contra la liberación de trigo transgénico, que expone de forma clara y resumida 20 razones por las que debemos parar esta resolución. Es importante para todo el continente apoyar la demanda, que se puede firmar en https://tinyurl.com/no-pan-ogm

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Una mosca de la familia de las Syrphidae. David F. Sabadell

El 40 % de los polinizadores están en peligro de extinción por las actividades humanas. Ecologistas en Acción y la Asociación Española de Entomología presentan la campaña Sin insectos no hay vida.

 

Campañas y programas, muy necesarios, para salvar al lince, al lobo, al oso, al buitre. Durante décadas se ha prestado mucha más atención a la fauna vertebrada. Iniciativas para salvar a aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles han recibido más financiación y mayor reconocimiento en estudios e investigaciones. Sin embargo, los insectos tienen una tasa de extinción ocho veces más rápida que la de mamíferos, aves y reptiles.

En 2017, un estudio firmado por una docena de investigadores de varias universidades constataba que, en 25 años, las biomasa de insectos voladores de 63 reservas naturales de Alemania había disminuido un 75%. y publicaciones posteriores han analizado situaciones semejantes a nivel mundial, europeo e ibérico. “Mariposas, abejas, libélulas y escarabajos, entre otros, son los grupos con las especies más amenazadas”, señalan desde Ecologistas en Acción, una organización que junto a la Asociación Española de Entomología, ha presentado este miércoles la campaña Sin insectos no hay vida.

El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la población sobre la importancia de los insectos y reclamar a las administraciones medidas concretas para su conservación, “ante el alarmante descenso de las poblaciones de insectos a nivel mundial y en el Estado español, la gran importancia ecológica de los insectos y el escaso interés que han demostrado las administraciones e incluso algunas entidades científicas en estas especies”.

“Sin insectos no hay vida pretende sensibilizar a la sociedad y a las administraciones de la importancia ecológica de los insectos, de las graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas que tiene su progresiva desaparición y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para favorecer su conservación”, señalan ambas organizaciones.

Pesticidas y cultivos

El declive de los insectos es consecuencia de la pérdida de hábitat, especialmente de prados y pastizales, debido a los usos agrícolas, la utilización de plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas), la incidencia de patógenos y la crisis climática. Se estima que el 40% de las especies de insectos polinizadores se hallan en peligro de extinción como consecuencia de las actividades humanas.

“A la indudable e incalculable importancia ecosistémica de los insectos se une la importancia económica, social y cultural que tienen estas especies”, reclaman. La polinización es uno de los procesos ecosistémicos más importantes, y depende en gran parte de los insectos. Según las estimaciones realizadas por la Unión Europea, el 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria en Europa dependen de la polinización realizada por las diferentes especies de abejas.

La FAO estima además que la producción agrícola mundial que depende directamente de los polinizadores está entre 235.000 y 577.000 millones de dólares al año, y el volumen de la producción agrícola que depende de estos ha aumentado en un 300% en medio siglo. “Especialmente grave es el caso de las diferentes especies de abejas silvestres, ya que sus poblaciones están sufriendo una gran regresión por la acción antrópica, principalmente por la utilización de plaguicidas: herbicidas, fungicidas, insecticidas y, entre ellos, los neonicotinoides”, denuncian ambas organizaciones.

Actuar ya

Ante esta grave situación, la Asociación Española de Entomología y Ecologistas en Acción consideran esencial que las administraciones adopten medidas para frenar las principales amenazas que sufren los insectos. Especialmente piden evitar la destrucción de su hábitat, motivada a menudo por la actividad agraria; reducir sustancialmente la utilización de plaguicidas, impulsando programas de buenas prácticas agrícolas y de asesoramiento en cuanto al manejo integral de plagas y de la polinización; así como recuperar los ecosistemas degradados más utilizados por los insectos, restaurando los espacios silvestres y urbanos y aumentando la abundancia, la diversidad y la continuidad de sus recursos florales o de otra índole. También exigen incluir en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas a un importante número de insectos.

Asimismo, ambas organizaciones piden que “se fomente la investigación sobre los insectos en España, creando proyectos actualizados de seguimiento y evaluación para poder conocer su estado de conservación real, facilitando su adecuada protección y frenar su extinción”. También programas de educación y sensibilización de la sociedad sobre “la importancia y el respeto a la biodiversidad y sobre los beneficios que los insectos proporcionan al ser humano y al medio ambiente”.

21 oct 2020 13:50

Publicado enMedio Ambiente
¿Alimentación es salud? El derecho a una alimentación sostenible y saludable

Ante un sistema agroalimentario que nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata de hambre la Agroecología propone un enfoque alternativo para defender y garantizar el derecho a la alimentación de la sociedad en un momento de crisis y emergencia alimentaria.

 

En este día Mundial de la Alimentación es obligatorio subrayar que la crisis agravada por el covid-19 ha destapado muchas fragilidades, entre ellas las deficiencias de un sistema agroalimentario que no es capaz de producir alimentos saludables, sostenibles y accesibles para todo el mundo. Un sistema cuyas actividades de elaboración y procesado, envasado, transporte y distribución de alimentos generan entre el 21 y el 37% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, agravando la crisis climática en la que nos encontramos. Un sistema cuya actividad se ha vinculado con la aparición y transmisión de pandemias. Se estima que el 31% de los brotes de enfermedades emergentes están relacionadas con la invasión humana y la deforestación, asociada entre el 75% y el 80% a la expansión agrícola para obtener pastos o la producción de piensos, según el informe ‘Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, de la crisis climática a la covid-19’

Podemos afirmar con rotundidad que el sistema agroalimentario actual nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata de hambre. Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  la pandemia del covid-19 podría provocar a finales de 2020 un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo. Y para acercarnos un poco más a nuestra realidad, recordemos las ‘colas del hambre’ que van creciendo en nuestros barrios mientras paradójicamente, se desperdician un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo anualmente. Este año se nos habla mucho de salud y bienestar. Pero… ¿qué salud y bienestar con un sistema que no garantiza el acceso a una alimentación sostenible y adecuada al conjunto de la sociedad?

Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En 1997, la misma organización indicaba que entre los requisitos para que una población sea sana se encuentra la alimentación adecuada.  La producción, elaboración y distribución de alimentos para lograr una alimentación y nutrición adecuada de las poblaciones son cuestiones estratégicas para los distintos países. Sin embargo, existen diferentes enfoques políticos para alcanzar dichos objetivos.

Un primer enfoque es el del concepto de seguridad alimentaria, que según la FAO, “se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”

Un segundo enfoque es el de los Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a la Alimentación, recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

Además de formar parte de la Declaración Universal de los DD HH (Art.5), el Derecho a la alimentación aparece numerosas constituciones, leyes de seguridad alimentaria y nutricional; y leyes sectoriales. La Constitución española (art 10, apdo 2) indica que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades […] se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Además la firma del PIDESC por los distintos Estados obliga jurídicamente a adoptar medidas para lograr el derecho a una alimentación adecuada y lucha contra el hambre.

Por último, desde los movimientos campesinos y sociales, para subsanar las deficiencias en el concepto de la seguridad alimentaria, surge la Soberanía Alimentaria. Su definición más aceptada es la que se generó en Nyéléni (Malí) en 2007 en el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria  como “el derecho de las personas a alimentos adecuados desde el punto de vista saludable y cultural obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”. 

Desde el punto de vista práctico y de implementación estos tres enfoques se diferencian entre sí sustancialmente. La Seguridad Alimentaria es la definición de un objetivo y por lo tanto es un término que ha sido interpretado muy ampliamente, sin recomendar automáticamente un programa específico.  El Derecho a la Alimentación no descansa sobre un conjunto particular de políticas, sino que se concentra en las obligaciones de los Estados y en permitirles a las personas que se realicen las acciones jurídicas necesarias para que sus derechos sean reconocidos. Los Estados deben garantizar el Derecho a la Alimentación pero tienen un amplio margen de discreción sobre cómo implementarlo. La soberanía alimentaria se transforma en una batería de propuestas de políticas más precisa, cuestionando la inactividad política u otros fracasos en el seguimiento de políticas adecuadas .

Como propuesta para avanzar a un modelo más justo, y en estrecha relación con la soberanía alimentaria, la Agroecología propone un enfoque alternativo para los sistemas agroalimentarios. Según el ex relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, la agroecología contribuiría a este derecho en varios niveles: disponibilidad (aumenta la productividad sobre el terreno), asequibilidad (disminuye la pobreza rural), adecuación (contribuye a mejorar la nutrición), sostenibilidad (contribuye a la adaptación al cambio climático) y en la participación de los agricultores (difusión de buenas prácticas). 

Tanto la soberanía alimentaria como la agroecología plantean la necesidad de relocalizar la cadena agroalimentaria para, al hacerlo, generar un cambio en las estructuras de poder de la misma, frente una definición de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles aprobada por numerosas instituciones como aquellos “que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas […] sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones”. Esta visión institucional no incorpora la enorme desigualdad e inequidad del sistema, donde la distribución ejerce el poder y el control sobre las demás etapas. De esta forma surgen los Sistemas Alimentarios Alternativos, sistemas paralelos de producción, elaboración, distribución y consumo de alimentos, que  reequilibran las relaciones en un territorio y momento definido, especialmente en cuanto a los aspectos institucionales y políticos. 

En nuestro país existe un creciente número de personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable y sostenible. A menudo pertenecen a segmentos de población con elevadas tasas de obesidad y sobrepeso y que sufren consecuencias graves en términos de bienestar, calidad de vida y salud. Existe una relación entre unidades familiares de bajos ingresos y una alimentación con escasas frutas y verduras y con un exceso de grasas y azúcares, y un patrón alimentario orientado hacia alimentos más calóricos y saciantes que en el resto de la población.

Los medios de comunicación son los actores principales encargados de la transmisión de la información nutricional dirigida a las personas consumidoras. Existe evidencia del potencial de los medios para contribuir a modificar los hábitos alimentarios y, de forma habitual, la información que representan responde a los intereses de la gran industria y distribución agroalimentaria.

Se hace urgente y necesario avanzar hacia sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados que aseguren el acceso a una comida sana al conjunto de la población y que además potencien el empleo local. La campaña #alimentacionessalud, pretende señalar la relación entre salud y nuestra alimentación y defender este derecho porque estamos convencidos/as de que comer bien es un derecho y empujaremos para hacer posible lo acordado internacionalmente hace ya más de 70 años.

orge Molero Cortés 

Red de Ciudades por la Agroecología

Paula Pof

@Paula_Pof

Fundación Entretantos

16 oct 2020 10:03

Publicado enSociedad
Sábado, 10 Octubre 2020 06:15

Premio Nobel a la guerra genética

Premio Nobel a la guerra genética

No deja de tener cierta ironía que el premio Nobel de química de 2020 –nombrado así por Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y una de las mayores fábricas de armas del globo– se haya otorgado a las investigadoras que encontraron una forma de ingeniería genética –CRISPR-Cas9–, cuyas aplicaciones podrían causar un efecto tan explosivo en la naturaleza y la gente, que hasta se le ha llamado bomba genética (https://tinyurl.com/y2rsr5on).

CRISPR en sí no es una invención, es una forma natural de las bacterias para reconocer virus. Las galardonadas J. Doudna y E. Charpentier publicaron en 2012 la forma de replicar esa construcción sintéticamente y agregarle un sistema asociado (Cas9), que permite reconocer un sitio específico en los organismos donde se introduce y allí cortar las hebras del ADN. De esa forma se pueden silenciar genes o introducir nuevo material genético, o sea, transgénicos.

Parecía ser una forma más rápida y aparentemente más exacta que otras de ingeniería genética anteriores, que no tienen control del sitio donde se inserta material genético foráneo. Pero en poco tiempo se demostró que CRISPR tampoco es exacta. Aunque puede llegar a un sitio determinado en el genoma –lo cual da una falsa imagen de precisión– también altera otros sitios del mismo, con el potencial de producir una multitud de "efectos fuera de blanco", borrar o reacomodar largas secuencias fuera del sitio objetivo, provocando cambios que pueden causar daños y enfermedades graves.

En 2018, un estudio del Karolinska Institutet (que otorga el premio Nobel de Medicina) mostró que la manipulación de células humanas con CRISPR puede causar cáncer (E. González, https://tinyurl.com/yyj4umsx). Otros estudios científicos han mostrado una serie de impactos dañinos del uso de CRISPR en animales, vegetales y células humanas, al punto de que Georges Church, pionero de biotecnología de la Universidad de Harvard, en 2019 llamó a CRISPR "un hacha desafilada", cuyo uso es "vandalismo genómico" (https://tinyurl.com/vanda-geno).

No obstante, desde su puesta en circulación en 2012 –y pese a la agria disputa de patentes que surgió poco después con otro equipo estadunidense que reivindica también haber sido el inventor–, la tecnología se ha licenciado y aplicado a gran cantidad de experimentos con células humanas, en humanos (experimento ilegal en China con mujeres embarazadas, al menos una de las cuales dio a luz gemelas), animales y plantas. Doudna y Charpentier han ganado millones con la tecnología y han creado o están vinculadas a diversas empresas.

En 2016, un informe de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos clasificó CRISPR y la edición genética como "armas de destrucción masiva" (https://tinyurl.com/crispr-armas). El gobierno asignó 65 millones de dólares a la agencia de investigaciones de la defensa de Estados Unidos (DARPA) para el proyecto Safe Genes, con el propósito de desarrollar bioarmas supuestamente para defenderse de las bioarmas que otros podrían crear con CRISPR (https://tinyurl.com/yc5s7oed).

En realidad es para desarrollar las bioarmas de las que supuestamente se tendrían que defender. En ese contexto financian proyectos de investigación en varios países para el desarrollo de "impulsores genéticos", una aplicación de CRISPR para cambiar las leyes de la herencia y lograr que los genes manipulados sean autorreplicantes y dominantes en una especie, por ejemplo, para que sólo nazcan machos, lo cual extinguiría la especie. La Fundación Bill y Melinda Gates financia el desarrollo de la misma tecnología, aunque no lo llama bioarmas, sino proyectos de salud. La ONU intentó establecer una moratoria a esta peligrosa aplicación, pero el dinero de Gates lo saboteó (https://tinyurl.com/y3jzz8oe).

La propia Jennifer Doudna ha manifestado que CRISPR tiene usos tremendamente peligrosos, incluso refiere que tiene una pesadilla en la que Hitler le pide la fórmula de CRISPR (https://tinyurl.com/y62hfmcu). Tanto los proyectos financiados por DARPA y la Fundación Gates, como los experimentos con humanos, transgreden fronteras éticas, ecológicas y políticas de enorme trascendencia, cuyo desarrollo no se debe permitir.

Aún más inmediata es la presión de las trasnacionales para liberar comercialmente la llamada edición genética (son transgénicos) en plantas y animales para la industria agropecuaria. La industria de transgénicos ha hecho una engañosa campaña para hacer creer que los productos de tecnologías como CRISPR no necesitan pasar por evaluaciones de bioseguridad o al menos deberían ser más laxas que las existentes. Lo han logrado en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica, países lacayos de los agronegocios transgénicos y de Estados Unidos, en varios casos aprovechando las restricciones por la pandemia. La Unión Europea, gracias a las protestas y demanda de Vía Campesina y otros, se opuso a estos cambios.

CRISPR y todas las formas de edición genética introducen nuevos riesgos al ambiente y la salud, por lo que las normativas de bioseguridad, al contrario de lo que sostiene la industria, son altamente insuficientes. Estas nuevas formas de manipulación de nuestro ambiente y alimentos no se deben permitir.

Por Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC

El uso de plaguicidas y de otros productos como los purines deja residuos en los alimentos. - EHRECKE / PIXABAY

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria detecta la presencia de residuos químicos y biológicos procedentes de la producción industrial y dañinos para el ser humano en cientos de lotes de alimentos de origen animal y vegetal que iban a ser introducidos en la cadena alimentaria.

La progresiva industrialización del campo, con la aplicación de métodos de producción intensiva tanto en las explotaciones de vegetales como en las de animales, con una constante extensión de las macrogranjas en detrimento de la pequeña ganadería familiar y con procesos de uberización en la agricultura, está comenzando a dejar en las neveras y en los platos una huella con componentes idénticos a los que presentan los episodios de contaminación de agua, tierra y aire por nitratos, plaguicidas y metales pesados que con frecuencia se dan en el monte y en los acuíferos y ríos como consecuencia de esos procesos productivos.

El reciente Informe Anual de Control de la Cadena Alimentaria de 2019 que elabora la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) con datos de las comunidades autónomas constata una retahíla de incumplimientos de las condiciones sanitarias de los alimentos que en buena parte tienen su origen, tanto en el ámbito vegetal como en el animal, en la aplicación de desacertados procesos productivos y en el empleo excesivo en ellos de productos químicos, biológicos y de otros tipos que generan residuos.

El capítulo dedicado a los contaminantes abióticos incluye resultados inquietantes, como el hecho de que el 1% de los alimentos en los que se testó la presencia de nitratos, plomo o cadmio diera positivo o que el mercurio apareciera en el 6,5% tras acumular cinco años entre el 5% y el 7%. También resultó frecuente la detección de HAP (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), considerados uno de los principales disruptores endocrinos y cuya frecuencia se situó por encima del 1% de las pruebas.

Hay consenso científico en que la presencia de metales pesados en los alimentos tiene su origen en la contaminación ambiental, y de hecho su presencia es frecuente en los animales que se crían de manera extensiva, que los ingieren al comer plantas que los contienen. Y también comienza a haber claros indicios de que la aparición de nitratos puede deberse a su elevada y creciente presencia en el agua, a la que llegan por el exceso de purines que genera la ganadería industrial y desde la que pasan a animales y plantas.

"En España tenemos una contaminación por nitratos brutal, fundamentalmente por los purines y por los plaguicidas", explica Javier Guzmán, director de la oenegé Justicia Alimentaria, que plantea que "es posible que haya una absorción directa" de esos nitratos por las plantas y animales.

Residuos en más del 1% de los alimentos testados

El programa de Aesan sobre los contaminantes abióticos (desprovistos de vida) incluyó el año pasado 4.944 pruebas, 4.872 de ellas programadas y otras 72 ante la sospecha de la presencia de ese tipo de residuos en los alimentos, en las que se detectaron 66 positivos, un 1,3% del total.

Las combinaciones de alimentos y residuos más frecuentes fueron las de estaño en bebidas no alcohólicas, con un 11,1% de los positivos; de mercurio en pescado, con un 7%; de cadmio en comidas preparadas, con un 5,9%, y de nitratos en los cereales, con un 4%.

Los incumplimientos afectaron al 2,4% de las muestras de pescado y el 1,6% de los alimentos prefabricados, aunque, además de en las bebidas no alcohólicas, también los hubo en las carnes, los vegetales y los cereales.

¿Y qué ocurrió con esas partidas? La memoria destaca que "tras la detección de incumplimientos en el marco de este programa se han generado cuatro alertas a través del SCIRI (Sistema Combinado de intercambio Rápido de Información), nueve propuestas de apertura de expediente sancionador y once retiradas [de productos] del mercado". Los lotes vinculados a las muestras que dan positivo quedan intervenidos de manera automática.

 “Pueden tener efectos adversos para la salud pública”

Paralelamente, el programa de plaguicidas llama la atención sobre la presencia de residuos de este tipo de biocidas químicos en un 8,3% de las muestras de pescado analizadas, en un 4,8% de las realizadas en productos de grasa como mantequillas o mantecas, en un 1,2% de los cereales estudiados, en un 1% del resto de vegetales y en un 0,4% de las carnes.

"El empleo de plaguicidas puede implicar un riesgo para los consumidores, debido a que tanto las propias sustancias, como sus metabolitos y productos de degradación o reacción pueden dejar residuos en los alimentos que pueden tener efectos adversos para la salud pública", señala el informe, que explica cómo esas trazas pueden aparecer "en vegetales y también en productos de origen animal, así como en alimentos infantiles, ya sea por aplicación directa de los mismos, por contaminación ambiental o a través de los piensos".

La frecuencia de detección de residuos de plaguicidas en alimentos se ha duplicado en los tres últimos años en relación con los dos anteriores, aunque con una "ligera disminución" en 2019, anota el documento de Aesan. Su utilización masiva es desde hace décadas uno de los rasgos característicos de la agricultura que vive de espaldas a la ecología.

"Somos los campeones de Europa en el uso de plaguicidas, se utilizan cada año más", apunta Guzmán, que llama la atención sobre el elevado empleo también de antibióticos en la producción ganadera, algo que entraña el riesgo de que las bacterias para cuyo tratamiento teóricamente se utilizan acaben desarrollando resistencias a esos antibióticos, lo que las convertiría en inocuas en caso de zoonosis, que son las enfermedades animales que se transmiten de forma natural a las personas.

Exceso de antibióticos, riesgo de zoonosis y aditivos cancerígenos

Sobre ambos asuntos contiene información la memoria de Aesan. En el caso de los antibióticos, remite al Ministerio de Agricultura, cuyos técnicos detectaron episodios de presencia excesiva en las carnes de pollos, cerdos y terneros, entre otras especies, y también en productos como los huevos, aunque en todos los casos con niveles inferiores.

En el apartado de las zoonosis, la memoria cifra en 75,422 "el número de animales afectados por decomisos totales y/o parciales" como consecuencia del cribado para detectar a los "susceptibles de presentar agentes zoonóticos" de la triquinosis, la tuberculosis o la tenia ("la lombriz solitaria" en lenguaje coloquial), lo que supone un 0,1% de animales afectados sobre el total de investigados, que se acercó a los 65 millones. Más del 90% de los positivos fueron por la tenia.

Por último, Guzmán llama la atención sobre la excesiva utilización del nitrito, un derivado del nitrato de efectos cancerígenos, en la preparación de las carnes procesadas. "Van hasta arriba, y se trata de un producto sustituible", explica, que se utiliza para dar a las carnes un color rosado que las haga visualmente más apetitosas y que enmascare el oscurecimiento que provoca su oxidación natural por contacto con el aire, aunque la industria argumenta que su finalidad es combatir el botulismo y las contaminaciones de tipo bacteriano.

"Está muy relacionado con el cáncer, pero apenas está regulado. Es un agujero negro enorme", indica, mientras defiende la necesidad de reducir su uso, algo que si ha ocurrido en países como Dinamarca. "No es algo necesario para tratar la carne y hace décadas que se conoce su relación con el cáncer", añade.

 07/10/2020 22:11

Por EDUARDO BAYONA

@e_bayona

Publicado enEconomía
Europa exporta venenos prohibidos en sus propios países

Los pesticidas europeos invaden los cinco continentes. Para las multinacionales agroquímicas con sede en el Viejo Mundo no importa si sus productos no son autorizados para la venta en la misma Europa. Todo vale y la deontología, para ellas, no existe en el diccionario de la rentabilidad.

 

En 2018, grandes empresas de los países de la Unión Europea (UE) exportaron más de 81.000 toneladas de pesticidas prohibidos a la venta en el propio mercado continental por contener sustancias que afectan seriamente la salud humana o el medio ambiente.

Los principales exportadores fueron empresas del Reino Unido con 32.187 toneladas; de Italia 9.499; de Alemania 8.078; de los Países Bajos 8.010. En igual período, desde Francia se vendió fuera de la UE, 7.663 toneladas; desde España 5.182 y desde Bélgica 4.907. El destino: unos 85 países – las tres cuartas partes catalogados como “en desarrollo” o emergentes. Entre los cuales, en América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, por citar solo algunos.

Entre los principales destinatarios de esos químicos prohibidos en suelo europeo se encuentran países que, paradójicamente, nutren, a la postre, a la Unión Europea con productos agrícolas. La UE permite así a sus empresas químicas y agroquímicas exportar desde su territorio sustancias que luego se encontrarán residualmente en las comidas consumidas por su población. Perversa práctica boomerang de mercado.

Dichas empresas aprovechan así de actividades económicas en naciones donde las reglamentaciones y controles son menos severos y los riesgos más elevados que en la misma UE, concluye la investigación elaborada por la ONG suiza Public Eye (el Ojo Público) en colaboración con Unearthed, célula de investigación de Greenpeace de Gran Bretaña. El estudio, cuyos resultados iniciales fueron develados a inicios del 2020, vuelve a ocupar hoy el espacio mediático a través de detalles y complementos difundidos a fines de septiembre.

Una pesquisa inteligente

Para evitar las respuestas edulcoradas de las multinacionales agroquímicas, durante varios meses, los investigadores de las dos ONG solicitaron informaciones, directamente, a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), encargada de regular las sustancias químicas y biocidas en el mercado continental.  Esta instancia procesa expedientes de ese tipo de productos y observa si respetan las normas. Se dedica también, en colaboración con los gobiernos nacionales, al análisis de las sustancias más peligrosas y en ciertos casos, pone el foco en aquellas que obligan a una mayor gestión de riesgos para proteger las personas o el medio ambiente. Colabora, además, con un centenar de organizaciones “acreditadas” ligadas a la producción, al medio ambiente, académicas, sindicales (https://echa.europa.eu/es/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations), entre las cuales, Greenpeace.

A través de la ECHA lograron recolectar “miles de notificaciones de exportaciones”, es decir, los formularios que, según la legislación europea, las empresas deben completar cuando se trata de productos que contienen sustancias químicas prohibidas para la comercialización en la Unión Europea. “Si a veces dichas notificaciones pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados, esa documentación constituye la fuente de información más completa” señala el estudio. Resultado: las dos ONG lograron elaborar una cartografía hasta ahora inédita de las exportaciones pesticidas prohibidas que salen de los diferentes países de la UE. (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/202009_EU-export-pesticides_worldmap_FR.pdf)

Identifican un total de 41 productos de esa categoría. De los cuales se reconocen oficialmente algunos de los efectos más graves: toxicidad aguda; malformación genética; problemas reproductivos o del sistema hormonal; cáncer; contaminación de fuentes de agua potable; impactos perversos para los ecosistemas.

Como parte de la investigación, Public Eye y Greenpeace contactaron también a unas 30 empresas, de las cuales quince – incluida Syngenta- respondieron formalmente. Las mismas coinciden en cuatro argumentos retóricos repetidos: que sus productos son seguros; que están comprometidas con la reducción de riesgos; que respetan las leyes de los países donde operan – y que éstos deciden libremente sobre los pesticidas más adecuados para los agricultores locales. Y, en particular, que es normal que numerosos pesticidas vendidos al extranjero no sean registrados en la UE dado que el clima y el tipo de agricultura son diferentes a los europeos.

Círculo macabro: semillas de laboratorio y pesticidas

Producido por la transnacional química suiza Syngenta en su fábrica inglesa de Huddersfield, el Paraquat está prohibido desde 1989 en Suiza y desde el 2007 en la Unión Europea.

En 2018, funcionarios británicos la autorizaron a exportar nada menos que 28.000 toneladas de un producto que incorpora dicho veneno vendido en muchos mercados bajo el nombre de Gramoxone. La mitad, destinada a Estados Unidos, donde la multinacional agroquímica es acusada ante los tribunales por campesinos que padecen del Mal de Parkinson. La otra mitad, en dirección, principalmente de los principales consumidores mundiales como Brasil, México, India, Colombia, Indonesia, Ecuador y África del Sur. Aunque su comercialización se expande en buena parte del planeta, incluido muchos países latinoamericanos.

Primer productor de pesticidas del mundo y tercer fabricante de semillas, Syngenta constituye, junto con Monsanto, el símbolo de la agricultura industrial. En 2018, la organización suiza Multiwatch publicó la versión francesa de su Libro Negro de los Pesticidas. Esa asociación que se dedica a denunciar las políticas ilegales de las transnacionales, describe en su publicación que las tres cuartas partes de la actividad de Syngenta está consagrada a productos fitosanitarios y un cuarto a organismos genéticamente modificados (OGM).  “Asistimos a la apropiación de la naturaleza por parte de las multinacionales con el fin de constituir monopolios en el mercado de semillas y pesticidas”. Y denuncia el mecanismo diabólico que lleva a los campesinos, fundamentalmente en el Sur, a tener que comprar las semillas, “con el gran riesgo de aumentar sus deudas y de disminuir la biodiversidad”. Y de estar obligados a usar pesticidas, de las mismas multinacionales, responsables de la degradación de la salud de ellos y de las poblaciones expuestas a esos productos. Los ejemplos, no faltan: de Pakistán a Hawai, de la India al continente africano y en toda América Latina. Multiwatch dedicó este libro al militante social brasilero Keno, dirigente del MST (Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra) asesinado en el 2007 en Santa Tereza do Oeste, Estado de Paraná, por miembros de una sociedad privada de seguridad contratada por Syngenta, quien ocho años después fue condenada por tal hecho.

En esa publicación los militantes helvéticos retoman cifras que provienen de la misma ONU. El organismo internacional calculaba ya en el 2017 alrededor de 200 mil decesos anuales resultantes del uso de pesticidas. Y subrayan la gran capacidad de las multinacionales de cambiar de ropaje cuando el descrédito amenaza sus intereses. De la misma manera que la estadounidense Monsanto desapareció en 2017 al ser absorbida por el gigante alemán Bayer, la Syngenta suiza fue formalmente vendida en el 2016 a la Chemchina, aunque su sede principal sigue estando en Basilea, capital suiza de la industria química.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre del 2019 indicaba, por otra parte, que cada 40 segundos se produce el suicidio en una persona en algún lugar del planeta. El envenenamiento con pesticidas es uno de los tres métodos más usados. Y concluye que “la intervención con mayor potencial inmediato para reducir el número de suicidios es la restricción del acceso a los plaguicidas que se utilizan para la intoxicación voluntaria”.

Concesión a las multinacionales

En julio del año en curso Baskut Tuncak, por entonces todavía Relator Especial de las Naciones Unidas sobre productos tóxicos, pidió a los países ricos que pongan fin a la “deplorable” práctica de exportar productos químicos y plaguicidas tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para controlar los riesgos».

Su declaración fue sostenida por otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Tendayi Achiume, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar un mecanismo cuestionable “que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables… Estos vacíos legales son una concesión política a la industria”, que permite a los fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero… Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado con esta explotación, concluyó.

Veneno para muchos -especialmente campesinos de países periféricos-, rentabilidad extrema para las grandes multinacionales agroquímicas. Cara y cruz de una realidad planetaria que sin embargo no se queda solo en la sanción sanitaria y ambiental del Sur. Va y viene, como un enorme boomerang interoceánico, y llega también, inexorablemente, al plato diario del consumidor europeo.

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Una cosechadora cosecha trigo en un campo de la granja Triticum en la región de Omsk, Rusia. REUTERS

Un reciente informe internacional pone de manifiesto cómo la creciente pérdida de biodiversidad podría afectar a la seguridad alimentaria. Tanto es así, que el 30% de las plantas que sirven de alimento están dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN). ¿Las causas? el auge de los monocultivos, el calentamiento global y el desarrollo urbanístico y comercial.

 

La pérdida de biodiversidad cada vez es más grave. Tanto es así, que la acción del ser humano en la Tierra ya ha provocado que el 40% de las especies vegetales y hongos estén en riesgo de extinción, según el macroestudio El estado mundial de las plantas 2020 elaborado más de doscientos investigadores de 47 países diferentes y publicado por la New Phytologist Fundation. La amenaza que se cierne sobre la vegetación global podría tener consecuencias para la seguridad alimentaria, ya que el 30% de las especies comestibles están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La cifra –dos de cada cinco plantas está en peligro de desaparecer– pone en alerta a los científicos que han participado en la publicación. Y es que, la vegetación es el mayor sustento de vida en la Tierra. No sólo a nivel alimentario, sino por lo que suponen para la salud de los ecosistemas, en tanto que la biodiversidad genética sirve de barrera para la aparición de enfermedades. Algo que adquiere importancia si se tiene en cuenta el contexto de pandemia en el que se ha publicado la investigación. De hecho, la publicación alerta de la relación directa entre las cada vez más elevadas tasas de deforestación y la aparición de nuevos patógenos.

En cualquier caso, las consecuencias de está incipiente pérdida de biodiversidad ponen en riesgo el futuro de la alimentación global, ya que la desaparición de especies vegetales tiene repercusiones directas en la forma en la que los seres humanos se alimentan. Según el informe, la escasez de especies vegetales destinadas al consumo humano es cada vez más acuciante, en tanto que sólo 15 plantas proporcionan el 90% del total de las calorías mundiales, con una gran dependencia de los monocultivos de arroz, maíz y trigo.

La situación, alertan los expertos, es aún más preocupante si se tiene en cuenta que las estimaciones demográficas hablan de un crecimiento poblacional importante de cara al año 2050, fecha en la que se podrían alcanzar los 10.000 millones de habitantes en en el planeta. Es decir, más personas y menos alimentos. Si bien es cierto que el informe resalta que en la actualidad hay un total de 7.039 especies vegetales que podrían ser orientadas al consumo humano, tan sólo 417 podrían ser adaptas a cultivos. Además, el 30% de las plantas comestibles están dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN), que las sitúa en riesgo de extinción.

La investigación señala directamente al modelo de producción agrícola industrializado como origen principal de esta pérdida de diversidad de alimentos vegetales. Desde los años sesenta del siglo XX, con la denominada Green Revolution (Revolución Verde), los campos se tornaron hacia un modelo intensivo que, dominado por los monocultivos, los nuevos planes de riego y el uso de fertilizantes, pretendía sacar un mayor rendimiento a la tierra. Esto sirvió para satisfacer el incremento de la demanda y combatir el hambre mundial, pero a su vez supuso una disminución de la variedad genética de los alimentos. De hecho, los propios agricultores locales se vieron conducidos, poco a poco y a través de subvenciones, hacia este modelo, de tal forma que muchos de los productos tradicionales han terminado desapareciendo o reduciendo su variedad.

Si bien es cierto que Revolución Verde consiguió disminuir los porcentajes de personas afectadas por hambrunas, el proceso ha terminado afectando directamente a la nutrición dietética de las poblaciones más pobres, que son quienes menos variedad de alimentos pueden consumir. Y es que, las cosechas tradicionales de autoconsumo que se fueron abandonando por la llegada de los monocultivos "eran fuentes importantes de micronutrientes como el hierro la provitamina A y el zinc", explican los científicos en el informe. 

"La extinción se pospone pero no se evita"

El informe señala directamente al desarrollo de los sistemas agrícolas modernos como una de las principales amenazas. No en vano, existen otras causas, todas ellas relacionadas con el modo en el que el ser humano interacciona con las ecosistemas, como son la introducción de especies invasoras, el urbanismo y el desarrollo comercial o el propio cambio climático. Todo ello genera grandes alteraciones en la naturaleza y reduce la diversidad de especies animales y vegetales.

La publicación –que llega unos días después de que la ONU reclamase a los Gobiernos que pusieran fin a la guerra contra la naturaleza– pone de manifiesto las consecuencias que podría tener para la humanidad que un número tan elevado de plantas pueda desaparecer. Esto dinamita las posibilidades de alimentar a la población en un futuro plagado de incertidumbres, pero también socaba la capacidad que tienen los propios científicos para descubrir nuevas especies, ya que muchas de las plantas y hongos que están amenazados, ni siquiera son conocidos o estudiados por el ser humano. Se trata, según los propios biólogos, de "un cofre del tesoro" que podría proporcionar a la humanidad alimentos, medicinas o biocombustibles

Asimismo, se detalla que la forma en la que se destruyen los ecosistemas, dejando pequeñas parcelas vírgenes, no genera la desaparición inmediata de las especies, pero si las condena: "Imagínese un desastre repentino que destruye el 90% de un bosque. Si bien algunas plantas se extinguirán localmente de inmediato, la mayoría de las especies todavía se encontrarán en el 10% de bosque que queda. Sin embargo, el área reducida significa que algunas de ellas, especialmente las plantas más raras, estarán permanentemente expuestas a niveles de población peligrosamente bajos. De esta forma, la extinción se pospone pero no se evita", explicó John Halley, profesor de ecología en la Universidad de Ioánina (Grecia) que forma parte de la investigación.

Por último, la investigación también recoge los impactos que está teniendo la pérdida de biodiversidad en el ámbito médico, ya que la desaparición de especies afecta a cientos de plantas aprovechadas para usos medicinales. El descenso de variedad de plantas atañe a la investigación farmacológica, pero también a miles de comunidades locales que no tienen acceso a medicinas industriales y dependen de la medicina tradicional. Los datos recogidos por los investigadores hablan de que el 20% de las plantas medicinales están amenazadas y el 2% en riesgo de extinción.

madrid

01/10/2020 23:37 Actualizado: 02/10/2020 09:31

Por alejandro tena

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:42

La geopolítica transgénica en Suramérica

La geopolítica transgénica en Suramérica

Un despliegue de discursos protransgénicos y contra regulaciones ambientales internacionales coinciden con la pandemia en la región. Desde el segundo trimestre operadores neoliberales pretenden expandir en Suramérica el campo, infinito y letal, de organismos genéticamente modificados (OGM) en agricultura. Que en solo 25 años, entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ya se cultivan en 94 millones de hectáreas en ecosistemas atlánticos, el Gran Chaco y la Amazonía. Para las que se utilizan más de 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos por año. Todo el subcontinente regado y alimentado con herbicidas de unos cuantos laboratorios, altamente dañinos para la salud humana y de toda forma de vida, como consta en sentencias judiciales emblemáticas y cientos de estudios [1].

En mayo, el golpista Gobierno transitorio de Bolivia autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), formado recién en 2019 e integrado por ningún especialista en genética, establecer procesos abreviados de evaluación del uso de cuatro semillas modificadas (maíz, caña de azúcar, algodón y trigo). En la gestión de Evo Morales se introdujo al país la soya transgénica para fabricación de biocombustible, que el Estado iría a comprar. Ahora la clase empresarial quiere diversificarse hacia los transgénicos para alimentación humana y ampliar la producción soyera para vender biodiésel, sobrevalorado, a la administración de Jeanine Áñez. Es la trama lumpen capitalista de ocasión. El sistema y su condición natural detrás de estas plantaciones y la ganadería industrial que causan la deforestación anual de 350 mil hectáreas de bosques en Bolivia, de acuerdo a estimaciones de la fundación Friedich Ebert Stiftung.

El territorio boliviano es parte de un megapoderoso corredor internacional de soya transgénica que triplica en tamaño a Alemania. Suramérica es un laboratorio para los patrones del planeta: después de Estados Unidos, Brasil y Argentina son los dos países con más sembríos de OGM.

A la vez, el Ministerio de Agricultura del Perú presentó, a un año del fin de la moratoria de una década al ingreso de transgénicos para cultivos o crianza ganadera, el proyecto de Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA). La propuesta, sobre el papel, consiste en“recoger las opiniones de entidades públicas y privadas”, a fin de eventuales desarrollos y pruebas de OGM en el ámbito agrícola.

Recordemos que la moratoria fue la respuesta a los intereses de multinacionales y la banda de terratenientes y turbas políticas peruanas que, a la batuta de Alan García, forcejearon el ingreso de transgénicos al Perú en 2011. Porque no había -ni habrá- estudios reales que respalden la inocuidad de los agrotóxicos. Los mismos capataces piden más cultivos transgénicos en el vecino del Altiplano, que ya cuenta 1 millón 700 mil hectáreas de estos y el 62% de tierras productivas concentrado en el 16% de propietarios [2].

En el caso peruano, ¿de dónde llegarán los “aportes” a sistematizar por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)? ¿Serán públicas las fuentes y sus intereses? ¿Opinión de qué puede emitir el Comité Sin Expertos de Bolivia? El ADN del capitalismo en la ciencia manda sobre las oficinas técnicas estatales a cargo de los marcos legales y de acción de la biotecnología. En Suramérica, al servicio de los mayores poderes mundiales: más del 80% de poroto de soya de Argentina y Brasil es vendido a China, por citar un ejemplo.

“Caso testigo es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) de Argentina, creada en 1991. Su integración fue secreta durante 26 años, hasta 2017, cuando la nómina fue filtrada por la prensa. De 34 integrantes, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad de la Conabia, es autor de papers científicos firmados por las mismas empresas a las que debería controlar: Bayer-Monsanto, Syngenta, Basf y Dow Agroscience. El organismo responsable de liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 61 transgénicos. Las empresas beneficiadas fueron las misma que dominan la Conabia y publicitan que los transgénicos son seguros”, indica el estudio Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur (Acción por la Biodiversidad, 2020), realizado por especialistas en ciencia de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

El cuento sin bandera de la soberanía

El ocultamiento de información y su sustento con estudios científicos a sueldo, financiados por los mismos creadores de semillas transgénicas y químicos para su tratamiento, son las reglas de juego de un modelo neocolonial del agro.

“Hasta el momento de su aprobación comercial, no se habían realizado estudios -aparte de los entregados por la propia Monsanto- para evaluar la toxicidad ni los efectos secundarios de los transgénicos. Los expedientes de aprobación son confidenciales en todos los países: ni organizaciones de la sociedad civil, ni especialistas en ciencia independientes, ni funcionarios pueden acceder”, resalta el informe.

Precisamente, el libre acceso de toda persona a información, participación y justicia en materia ambiental son los objetivos centrales del  Acuerdo de Escazú, firmado por el Perú en 2018 y a la espera de su ratificación en el Congreso desde hace un año. Once de los 22 países de América Latina y el Caribe que lo suscribieron deben ratificar -faltan dos- el tratado internacional para que entre en vigencia. En julio, también por azares, el sicariato político-económico de Lima lo puso en su mira.

A la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) del Perú le preocupa “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional, la Amazonía, un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país, afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones”. Declaración de parte patronal contraria a la posición de la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y en coro con la Cancillería y cinco cárteles políticos de centro y derecha en el Parlamento.

Como el gran capital no tiene patria, el peruano Grupo Romero, pilar de la Confiep alarmado por la soberanía en una orilla del lago Titicaca, posee una millonaria presencia en el mercado boliviano de transgénicos desde que en 2003 compró el 74% de acciones de Industrias de Aceite FINO. Y como tampoco tiene ley, es el primer terranetiente de la Amazonia peruana, monopolizando con 25 mil has. los cultivos de palma aceitera que arrasan bosques primarios.

El comunicado de estos oligarcas es literatura de caucheros. La sangría de la Amazonía y sus pueblos es la consecuencia de sus inversiones. Otro relato protransgénico, para las nuevas crónicas de las indias, es la negación de la concentración y acaparamiento de tierras por parte de las grandes inversiones extranjeras. Cuando la mayoría de territorios de América Latina ya está en manos de pocas multinacionales y transnacionales regionales, como la propietaria del Banco de Crédito del Perú. En Santa Cruz (Bolivia) el 2% de productores tiene el 70% de tierras. En Argentina el 1% de productores posee el 36% de tierras y al 55% de productores le queda el 2% de tierras. En Paraguay, el 3% de productores concentra el 85% de tierras y al 91% de productores le sobran el 6% de tierras.

Desligar la biotecnología del modelo latifundista privado de monocultivos y la amenaza a la biodiversidad es un acto reflejo de colonialismo cultural, de derecha o izquierda. El lobby científico corporativo tiene sus encomenderos en filas liberales, de centro, progresistas. En Argentina colocó de ministro de Relaciones Exteriores a Felipe Solá, quien fuera secretario de Agricultura cuando, en 1996, el país se convirtió en el primero de la región en permitir el ingreso de cultivos transgénicos a punta de informes de Monsanto ni siquiera traducidos. El estanciero firmó en pandemia millonarios contratos de producción industrial porcina.

Y están los que dudan de los efectos de agroquímicos o incluso lo niegan. Un cabildo donde brillan académicos, políticos, empresarios, periodistas; hombres blancos de ciudad. Supremacismo, aunque sea de izquierda, extrapolando una idea de la activista y escritora gitana española Pastora Filigrana. No les importa si en Argentina dos tercios de personas con cáncer viven en regiones agrícolas transgénicas bañadas en glifosato, como Entre Ríos, donde el 40% de muertes es por tumores malignos [3]. Que el Ministerio de Salud de ese país advirtió desde 2012 que en poblaciones expuestas a agroquímicos hay 30% más casos de cáncer. Son catedráticos, líderes de opinión, hasta gobiernan. Demócratas o librepensadores panzudos, limeños, santacrucinos o bonaerenses, que recurren al hambre mundial [4] y eructan un abecé de beneficios de la ciencia genética para la humanidad por todo argumento.

No da para más la inteligencia criolla colonizada, la de la gran prensa de la región concentrada y sus referentes; la de su dirigencia financiera y política. Son productos descartables de un orden mundial de factura neoliberal. Piezas del ecocida esquema de transgénicos y agrotóxicos impuesto, en masa y en inglés [5], a Suramérica sin aguardar evidencias de campo [6]. Un modelo potencialmente enriquecedor en nuevos virus y probadamente efectivo en profundizar la desigualdad. Una comunidad científica independiente, autónoma y del lado de los pueblos, aliada a la sociedad civil y canales de información libre, tiene el deber de contribuir a la reparación de la Tierra, las mujeres campesinas que alimentan al planeta, los despojos, las contaminaciones. De garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Los empresarios financistas de la Ciencia y funcionaros públicos, mientras no cambie de raíz la configuración de los Estados capitalistas modernos –o su existencia-, no lo harán. No nos quedará otro cuarto de siglo.

 

Por Javier Bedia Prado

18 agosto 2020 

Referencias

[1] En 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de Salud, calificó al glifosato de potencialmente cancerígeno para humanos. En Bolivia este año el Comité Nacional de Defensa de la Democracia presentó al Ministerio de Salud más de 1.100 estudios de evidencias científicas del impacto de glifosato en salud. Se le liga al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El químico ya llegó a la Antártida. En el fondo del río Paraná se encuentra por toneladas.

[2] Atlas del Agronegocio Trasnsgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos (Acción por la Biodiversidad, 2020). Las estadísticas usadas en este artículo provienen del informe, de libre acceso: www.biodiversidadla.org

[3] Agro tóxico. Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial (Patricio Eleisegui, Editorial Sudestada, 2019, Argentina).

[4] Falacia que derriba el megadesperdicio planetario de alimentos, no faltan, falla a conveniencia su acceso y distribución. Gran parte de soya transgénica es para engordar ganado, un lujo en cualquier canasta básica. Expropiaciones y pobreza aumentan en regiones de cultivos trans.

[5] La primera semilla transgénica, de soya, usada en Argentina se aprobó en base a un documento presentado por Monsanto sin siquiera traducirlo de su idioma original. El Perú, Ecuador y Venezuela son los países que impiden, hasta el momento, los cultivos transgénicos en Suramérica.

[6] “Los sectores que defienden la modificación genética de organismos asumen como cierto que los OGM tienen los mismos comportamientos a los observados en el laboratorio cuando son liberados en la naturaleza. Es decir que son equivalentes a los no modificados, asumiendo que la técnica experimental empleada es precisa, segura y predecible y que es equivalente al mejoramiento clásico de la agricultura. Esto es un grueso error y muestra un desconocimiento por parte del campo biotecnológico de las teorías y conocimientos de la biología moderna” (Andrés Carrasco, científico argentino que fue director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires).

Publicado originalmente en Plaza Tomada

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El no tan saludable cultivo de los superalimentos

 

Considerados como pilares de las actuales dietas saludables de Occidente, superalimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco atesoran historias tan turbias como denunciables en sus países de origen. Conocemos las diferentes miradas desde Tailandia a México, con escala en los salares de Bolivia.

 

A menudo lo vemos en Instagram. Bowls colmados de yogur, cacahuetes y frutas tropicales bajo hashtags como #foodporn que viralizan una determinada tendencia o alimento. De Nueva York a Hong Kong; de Helsinki a Tel Aviv. En la era de lo masivo, la demanda de un producto puede dispararse en cuestión de horas, especialmente cuando prima el espíritu de vida sana que encuentra respuesta en ciertos alimentos antaño desconocidos en un mundo desglobalizado. Y hoy, los más cotizados son los llamados superalimentos.

Producto de marketing o no, el Santo Grial de la comida sana se compone de ciertos alimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco convertidos ya en referentes del estilo de vida occidental dadas sus muchas propiedades. Sin embargo, esta voraz demanda también suscita daños colaterales (y directos) en diferentes rincones del mundo.

Lugares donde cultivos antaño reservados a las pequeñas familias hoy se expanden hasta el horizonte al mando de grandes multinacionales y todas las consecuencias que ello supone.

Cuando los cocoteros son demasiado altos

Todas las mañanas, Kulap despierta en la trastienda de una vieja fábrica del sudeste asiático. Antes del amanecer, ya viaja en el remolque de una furgoneta para ser conducido a un campo de palmeras donde desempeñar una misión que nunca eligió: recolectar los cocos de las copas de los árboles que no alcanzan los humanos. Kulap es un mono, uno de los muchos utilizados como esclavos agrícolas en la provincia de Chumphon, al sur de Tailandia.

El uso de monos amaestrados para la recolección de cocos supone una antigua tradición cuyos vestigios aún laten en las zonas rurales del país asiático. Así al menos lo demuestra un documental grabado con cámara oculta y difundido por PETA, la organización de derechos de los animales más poderosa del planeta. La grabación, alentada por un previo encuentro entre activistas de la organización y diferentes granjas de cocos en julio de 2019, muestra la realidad de muchos de estos animales: algunos lucen encadenados en jaulas a merced de las lluvias tropicales, mientras otros son golpeados por terratenientes impasibles que les susurran órdenes al oído.

“Según nuestros informes, muchos monos son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando tan solo son bebés”, cuenta a El Salto Elisa Allen, Directora de PETA. “Monos como Kulap son equipados con rígidos collares de metal y permanecen atados durante largos períodos bajo la lluvia, en granjas o enormes vertederos. Además, son obligados a realizar duras tareas desde altas alturas y, si se rebelan, pueden llegar incluso a extraerles los dientes caninos”, continúa. Una realidad que doblega al medio sin tener en cuenta los efectos: “Cuando a los monos se les niega la libertad de movimiento o relacionarse con otros semejantes van perdiendo la cabeza poco a poco hasta enloquecer. De hecho, un mono en su hábitat natural puede llegar a vivir hasta 25 años. Bajo estas condiciones, apenas supera los 15 años de vida.”

La presencia del documental de PETA no solo ha suscitado la ira del gobierno de Tailandia, el cual ha tildado de “fraude” el material, sino que más de 15.000 tiendas en Reino Unido ya han retirado de sus estantes diferentes marcas de leche de coco. Concebido como uno de los principales superalimentos al ser rico en fibra y minerales, la leche de coco supone más de 400 millones de dólares para la industria de Tailandia, el principal exportador de esta bebida utilizada en típicos zumos y platos de foodies e influencers. A miles de personas abiertas al consumo de productos llegados, de forma masiva, desde cualquier lugar del mundo.

El impacto del documental de PETA ha llevado también a numerosos establecimientos a rechazar ciertas marcas y apostar por otras como Theppadungporn, productora de marcas como Chaokoh o Mae Ploy que sí emplean equipos humanos para recolectar cocos de las copas de los árboles.

“Tanto en otras zonas de Tailandia como en regiones de países como Brasil o Colombia, los cocos se cosechan utilizando métodos humanos como elevadores hidráulicos, sistemas de cuerdas y escaleras. Incluso hay personas que escalan los árboles o plantan cocoteros de menor tamaño”, continúa Elisa. “Los estudios demuestran que estos métodos son superiores al uso de monos, ya que estos no pueden distinguir entre los cocos maduros e inmaduros, ya que los maduros suelen romperse en cuanto caen al suelo”.

Quinoa: el superalimento vulnerable

Si aterrizas en Medellín y preguntas a un taxista dónde probar el mejor café de Colombia, posiblemente te conteste “en Nueva York”. Algo que también sucede con otros productos como el açai de Brasil, los plátanos de Honduras o, especialmente, la quinoa real que se cultiva entre los altiplanos y salares de Bolivia.

Antaño tildado como “plato de indios”, la conocida como “quinua” por la población quechua es hoy un famoso grano integral oriundo del territorio inca cuya importancia es evidente: cuenta con el doble de proteína que el arroz y aporta calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo y vitaminas B y C.

Un diminuto superalimento que desde principios del siglo XXI se ha convertido en un obligado en los platos de medio Occidente, especialmente tras su introducción por parte de los mejores chefs y su posterior auge en las dietas fit.

El cambio climático supone el principal problema para el cultivo de la quinoa, un superalimento típico del altiplano boliviano donde las lluvias ya no son tan previsibles, las altas temperaturas ahogan cosechas enteras y las plagas agujerean esta planta milenaria.

Cultivada en el departamento de Potosí, no lejos del turístico Salar de Uyuni, la quinoa se nutre de un suelo acariciado por llamas y flamencos cuyas condiciones son idóneas para su cultivo: temperaturas entre – 4º y 38 º y un margen de humedad entre el 40% y 70%. Características propias de un microcosmos a 4.000 mil metros de altura rico en suelos salinos y volcánicos rebosantes de nutrientes. Un margen vulnerable dilatado estos últimos años por el nuevo enemigo de los cultivos: el cambio climático.

Aunque décadas atrás los agricultores eran capaces de anteponerse a los caprichos del clima, hoy el altiplano potosí sucumbe a inclemencias impredecibles, en las que un mismo mes las heladas pueden enlazar con lluvias y el aumento de polillas o mariposas devorar plantaciones enteras en apenas unos días.

“Actualmente el altiplano boliviano vive afectado por fuertes corrientes de viento y cambios extremos de temperatura que congelan la planta de la quinoa obstruyendo el ciclo”, cuenta Maxi Noel López, productor de quinoa en Potosí. “También tenemos problemas con el agua, ya que algunas zonas no cuentan con la cantidad de lluvia suficiente y esto implica que los suelos con bajas humedades pierdan porcentaje de producción de la quinoa. También el aumento de las temperaturas combinadas con lluvia producen granizo y las plagas agujerean las plantaciones. Todos estos problemas siempre han existido, pero ahora se han incrementado con el cambio climático.”

Aguacate: la naturaleza es secundaria

El pasado 13 de enero, el activista mexicano Homero Gómez González desapareció sin dejar rastro. Dos semanas después, su cadáver fue hallado en un pozo agrícola en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán, México. Homero era un fiel protector de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el mayor reducto de este insecto de todo el mundo ubicado en esta zona. El activista llegó a denunciar en múltiples ocasiones el daño que el cultivo masivo estaba provocando en este ecosistema, algo que quizás no gustó a las muchas personas interesadas en las 125.000 toneladas de aguacates exportadas a Estados Unidos para la Superbowl de 2020.

El ya conocido como “oro verde” es uno de los superalimentos más codiciados del mundo. Estrella de las principales recetas veganas e ingrediente esencial del guacamole que hace años se coló en la liga del fast food, el aguacate es un alimento tan versátil como adorado gracias a sus ingestas cantidades de “grasa buena”, además de propiedades como fibra o potasio.

México abastece un 75% de las exportaciones de aguacate de Estados Unidos, concretamente desde el mismo estado de las mariposas monarca: Michoacán, donde el auge de las exportaciones en los años 90 introdujo los conocidos como “testículos de los dioses” por los antiguos aztecas en la carrera occidental de la exportación. Hoy, zonas como Uruapan, el principal epicentro del aguacate de Michoacán, adolece de un sobrecultivo que ha absorbido parte de sus lagos y bosques.

 “El impacto del cultivo masivo en Michoacán es negativo y brutal sobre los ecosistemas. Por poner un ejemplo, en los últimos años se han pasado de 3 millones de hectáreas de bosques a 1.182.000; se ha perdido un 68% de nuestros bosques y la principal causa es el monocultivo del aguacate”, cuenta a El Salto Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una de las víctimas que ve su tierra mutar sin que nadie haga nada: “La situación es compleja porque ninguna autoridad federal, estatal o municipal quiere enfrentarse a este problema. Dejan al pueblo y las comunidades locales abandonadas. Además, se suspenden las asambleas generales, impidiendo a los agricultores el cambio de uso de suelo o el cultivo por cuenta propia”.

Además de la erosión medioambiental, durante los últimos años otro frente se suma al interés por los cultivos de Michoacán: los cárteles como principal nexo entre el reparto de esta tierra fértil y los intereses de las grandes empacadoras. En verano de 2019, 9 cuerpos mutilados aparecieron colgados en un puente de la ciudad de Uruapan bajo el cartel “¡Gente bonita, siga con su rutina!”. El asesinato fue atribuido por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual domina ciertas zonas de Michoacán. Un primer atisbo de que las matanzas ya no son resultado exclusivo de las guerras por la droga, sino por un dominio del control de la tierra donde crecen los nuevos “diamantes” verdes del planeta tan codiciados por las naciones avanzadas.

"El gran beneficiario de la siembra masiva de aguacate son las grandes multinacionales que acaparan el fruto y que imponen los mercados, precios y las políticas agroindustriales en Michoacán”, asegura Pavel. “El oro verde, el dinero. Eso es lo único que parece importar.”

Por Alberto Piernas

@AlbertoPiernas

16 ago 2020 06:30

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