Sábado, 04 Julio 2020 11:16

Cocaína colombiana: ¿Dónde estamos?

https://pacifista.tv/notas/las-cifras-de-la-coca-y-la-cocaina-en-colombia-se-volvieron-a-disparar/

La producción mundial de cocaína en 2018 alcanzó 1.720 toneladas, nivel óptimo para satisfacer un mercado diversificado geográficamente y en franco crecimiento. Colombia en ese nuevo escenario suministra el 70% de la demanda y tiene la particularidad de ser una fuente especializada en el suministro de ese psicoativo, teniendo en cuenta un escenario de gran auge del policonsumo.  Este contexto, ha llevado a la conformación de consorcios criminales que se encargan de atender la tendencia a la diversificación del consumo de drogas en los mercados internacionales. Observemos el gran momento en que se encuentra la producción mundial de cocaína:[1]

 

Gráfico No.1

Hectáreas sembradas de hoja de coca y producción de cocaína 1998 – 2018

A ese 70% de Colombia le sigue como aportante Perú con un suministro del 20% y Bolivia con el 10%. En general, la cocaína experimentó un fuerte crecimiento entre 2013 y 2017 con una estabilización en 2018 en la que estamos hoy. Pero es interesante apreciar cómo se eleva la capacidad de producción de cocaína en relación con las áreas de siembra de hoja de coca. Es decir, la tendencia que se observa con fuerza en el 2018, se consolida en el 2019. Veamos gráficamente este fenómeno:

 

Gráfico No. 2

Áreas de coca y producción de cocaína 2005-2018

La producción de cocaína se dobló entre 2014 y 2018. Fue una tendencia imparable basada en mejoras de variedades de coca, manejos agronómicos y optimización del uso de los precursores químicos incluyendo la garantía de suministros para la elaboración de psicoactivos. Los intentos por afectar la producción a partir de la mejora del control de elementos básicos para la producción de cocaína, como en el caso del permanganato de potasio usado en la fase de la Pasta Básica de Cocaína (PBC) y que tuvo un pico óptimo de incautaciones alcanzando las 585 toneladas cayendo luego a tan solo 70 toneladas, indica para UNODC, que Colombia lo está produciendo domésticamente con un mercado asegurado en el marco del crecimiento de la producción del psicoactivo.

Esta situación de auge de la cocaína colombiana se reflejó en el último informe del SIMCI sobre el monitoreo de la producción colombiana, al señalar que mientras se presentó una leve disminución del número de hectáreas de coca (de 169.000 detectadas en 2018 a 154.000 en 2019) el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5% en relación con el 2018.[2]

Otros indicadores en las tendencias del mercado internacional

Brasil pasa a ser el segundo país en latino américa en incautaciones después de Colombia, con un incremento del 65% frente a 2017, alcanzando 79 ton., mientras que el país andino mantuvo niveles de 413.4 toneladas (2018) y 433 ton. (2019).

Otro dato importante es la exportación de PBC principalmente desde Colombia, para ser procesada en otros países principalmente de tránsito. En el radar de UNODC aparecen bajo esa función países como Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador en Suramérica donde se han encontrado laboratorios de refinamiento de cocaína. Es claro que Suramérica se ha convertido también en un mercado importante de uso (tercera región a nivel mundial con el liderazgo de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina) además de ser lugar de tránsito principalmente hacia Europa Occidental.

Así mismo en Guatemala y Honduras también se da la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína. En total se han hallado en 15 países lo que mostraría nuevas dinámicas de arreglos, baja de costos por pérdidas en puntos de salida desde Colombia y aseguramiento del valor agregado que adquiere la sustancia en la medida en que avanza hacia los mercados internacionales.

Los sitios de mayor movimiento de cocaína también muestran una tendencia interesante. Sobresale Europa Occidental y Central como los mercados que han tenido un comportamiento significativo si tenemos en cuenta los niveles de incautaciones que está presentando hoy. Los decomisos en Europa Occidental y Central se triplicaron entre 2014 (62 ton.) y 2018 (177 ton.). Esta última cifra significa un 14% de todas las incautaciones en el mundo con presencia destacada de Bélgica, España, Holanda y Francia que tienen los principales puertos de ingreso.  El incremento de incautaciones dice bastante de los volúmenes que están transitando por ese continente y explica por qué Brasil es el principal país de reexportación hacia Europa.

En esa ruta se consolidan como puente estratégico de tránsito África Occidental y que se refleja en incrementos de incautaciones en países como Marruecos. Con cifras de 2018, además de Marruecos esta ruta ha implicado también a Argelia, Namibia, Mozambique, Suráfrica y Nigeria. Los decomisos muestran para ese continente un incremento de 1.2 ton en 2015, 3.3 ton., en 2017 y 5.6 ton., en 2018.  En esa ruta se utilizan principalmente containers que se movilizan luego por mar hacia los grandes puertos europeos liderados por Amberes, Rotterdam y Hamburgo.

En el caso de Estados Unidos (EU) la tendencia del mercado sigue estable con un leve incremento en los últimos cinco años sin que se evidencie un boom en la demanda a la manera como sucedió en los ochenta. Si bien EU ha doblado los niveles de incautación entre 2014 y 2018 de 91 a 172 toneladas, estos se han producido allende sus fronteras y abarcarían mercados que podrían incluir como objetivo a Canadá. En contraste los niveles de incautación en el interior reportados por Aduanas y el Servicio de Protección de Fronteras de EU (34 toneladas en 2017 a sólo 27 ton., en 2018) así como en los reportes de la DEA (Cocaine Removals) desarrollados en el interior cayeron de 114 ton., en 2017 a 93 ton., en 2018.

La disponibilidad de cocaína entre la población está siendo percibida hoy como levemente declinante a diferencia de años anteriores. Esto puede ser un indicador que muestra que la cocaína no es de lejos la primera sustancia que circula en los principales mercados de drogas y es probable que mantenga esa tendencia de una leve declinación. No obstante, Colombia sigue siendo el suministrador más importante con un 90% de las muestras testeadas en las incautaciones, seguido de Perú (6%) y con un origen desconocido el restante 4%.

La caída de las incautaciones de cocaína en el interior de las fronteras de EU es un excelente indicador de las nuevas tendencias de la demanda que se caracteriza por el poli consumo. Allí se explica la concentración de las preocupaciones en el impacto severo de los opioides y que ha llevado a que la labor de la inteligencia se centre en ese tipo de suministros. El auge del policonsumo es una característica del mercado de drogas hoy a nivel mundial.  En otras palabras, el mercado mundial de sustancias psicoactivas ha sufrido una significativa transformación en donde se ofrece una multiplicidad de drogas desde aquellas con un origen natural, sintéticas para usos ilegales o la desviación de medicamentos principalmente opioides. Todas representan un mercado fabuloso.

Finalmente, Asia mantiene en los dos últimos años promedios de 3.5 toneladas en incautaciones y en Oceanía han crecido significativamente pasando en los últimos años de 756 kg a 2.1 tons. La cocaína colombiana es la principal fuente de suministro también para este mercado como lo es en Asia y Europa Occidental y Central. Observémoslo gráficamente:

 

 

Los precios en Australia son significativos oscilando entre 165,000 y los 230,000 dólares australianos por kilo equivalentes a cerca de US $110,000 – US $154,000 dólares para los años de 2017 y 2018. Los test para medición del uso obtenidos a partir del análisis de aguas residuales indican incrementos importantes de la demanda en Australia, pasando de 3.1 ton., (2016) a 4.1 tons., en 2017 y 4.6 tons,. en 2018. [4]

¿Qué conclusiones se pueden obtener de la anterior evidencia estadística?

  1. Colombia se consolida como el primer país suministrador de cocaína en el mundo manteniendo un aprovisionamiento constante en EU, incrementando la exportación a Europa Occidental y Central, abasteciendo a Brasil tanto para consumo interno como para reexportar a Europa vía África, en parte para Asia y Oceanía. Estos nuevos mercados representan un ingreso importante para los exportadores colombianos dado el auge de precios. Supone también nuevos arreglos empresariales con estructuras locales que se encargan de reexportar o distribuir local y regionalmente.
  2. De este modo se observa con claridad que la fortaleza de las organizaciones colombianas radica en su invisibilidad y la especialidad en el manejo transnacional de este psicoactivo. Perfil que contrasta con el crimen organizado mexicano el cual se distingue hoy en día por un manejo de múltiples sustancias que atienden un mercado principalmente en EU, cada vez más determinado por el poli consumo. Los mexicanos deben estar creando un emporio financiero y consolidando un poder significativo empresarial ilegal por la capacidad de reexportación de las sustancias más demandadas hoy en EU como son los opioides de origen natural, los opioides sintéticos, las metanfetaminas y sobre todo el Fentanilo, sustancia letal de diferentes sectores sociales principalmente blancos empobrecidos que demandan un sustituto al consumo de heroína. El México criminal que gira alrededor de los mercados de drogas ilegales afianza sus relaciones con China principal suministrador tanto de sustancias como de materia prima para producir drogas sintéticas, pero también con India. Este contexto es interesante porque refuta con evidencia las especulaciones de algunos observadores – sobre todo colombianos – que repiten la necia idea de una supuesta fortaleza del crimen organizado mexicano al “sustituir” a las organizaciones colombianas alrededor de la cocaína. La realidad como se puede observar es otra.
  3. También se puede observar la fuerte evidencia en el sentido de que el problema de drogas de hoy de EU es justamente ese poli consumo letal, escenario que es manipulado por distintos informes de la DEA y de diferentes instancias sobre drogas de EU que buscan mantener la narrativa donde se adjudica a Colombia una falsa responsabilidad por lo que ocurre hoy en el interior de la demanda de psicoactivos en ese país. Para reforzar este argumento, visualicemos el gravísimo problema de salud pública ahondado por un modelo de manejo que evidencia el quiebre de las políticas preventivas y de tratamiento en el interior de EU. Usando las cifras del National Vital Statistics System, observemos el dramático incremento de las muertes por sobre dosis de los opioides:[5]

 

Gráfico No. 4

Muertes (100 mil hab.) por sobredosis por uso de opioides tanto sintéticos comode origen natural en EU 1999-2018

 

Los opioides sintéticos distintos a la metadona han creado un serio problema de salud que de acuerdo con la gráfica repunta como una tendencia que se incrementa en los últimos dos años. El Fentanilo es el principal causante de esa tendencia y si nos atenemos a la condición étnica se observa una mayor mortalidad por consumo de Fentanilo en primer lugar en blancos, seguido del grupo de negros y finalmente, personas de origen hispano.[6]

  1. Retomando el punto anterior, la manipulación simbólica frente a Colombia crea una narrativa de “corresponsabilidad” y que justifica – entre otras – la presencia de tropas de EU en suelo colombiano para “combatir el narcotráfico”. Ese discurso y sus consecuentes decisiones, es facilitado por una élite compuesta en alto grado por nuevas generaciones de beneficiarios del narcotráfico y de la criminalidad abarcando el lavado de activos, principalmente a través de la concentración de la propiedad de la tierra en zonas rurales, negocios inmobiliarios en zonas urbanas y la financiación de campañas electorales. La permisividad basada en una vigencia inusitada de la agenda bilateral que ha narcotizado nuevamente la política exterior colombiana, está teniendo costos muy altos amén de una apuesta errática y fracasada frente a la situación política de Venezuela, comodín de las pretensiones electorales del presidente Trump buscando la captura del voto de la Florida.[7]Para ello la narrativa del combate a las drogas es útil.
  2. Mientras las organizaciones narcotraficantes colombianas exhiben una clara fortaleza en su capacidad de conquista de nuevos y promisorios mercados internacionales y afianza un poder transnacional, la élite colombiana se dedica a combatir los cultivos de uso ilícito como la “bala de plata” para acabar con el narcotráfico. El costo en derechos humanos es altísimo: 5 personas han muerto en el 2020 por el uso de armas convencionales de guerra en labores de erradicación forzosa manual atendiendo las presiones de Washington. La deslegitimación del Estado y sus estructuras de seguridad avanza al ser percibidas como fuerzas de ocupación en territorios abandonados a su suerte. Escenario que complementa la desprotección de las comunidades cultivadoras que de una u otra manera se relacionan con la economía de la coca y la marihuana y que contabilizan 94 muertos en diferentes circunstancias y distintos responsables, desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.[8]

Por Ricardo Vargas M.

29 junio, 2020 

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[1] Para toda esta ilustración hemos usado las cifras de United Nations Office on Drugs and Crime UNODC World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply y Vol.4 Cross Cutting Issues Trend, Viena junio de 2020.

[2] UNODC Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019 Colombia, junio 2020.

[3] Corresponde a análisis de laboratorio para ubicar el origen a partir de muestras sobre el total de cocaína incautada en las fronteras de Australia.

[4] UNODC Drug Monitoring Platform cit por World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply. Información para los principals mercados de Oceanía en Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, July 2019) y New Zealand Customs Service, drug seizure database. Available at www.customs.govt.nz/.

[5] National Vital Statistics Report, Vol 68 No.3, march 21 2019

[6] DEA “Fentanyl Flow to the United States”, January 2020.

[7] Sobre el tema véase Daniel García Peña “Trump, Bolton o Duque: ¿Cuál es peor?”, El Espectador, Junio 30 de 2020.

[8] Sobre el particular véase, P. Arenas y R. Vargas M. “Erradicaciones forzosas de cultivos de uso ilícito y derechos humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, Junio de 2020.

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Sábado, 20 Junio 2020 06:31

¿Comida digital? No, gracias

¿Comida digital? No, gracias

Los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales, que además de hacer ganancias astronómicas han exacerbado desigualdades e injusticias –paradójicamente, bajo una imagen idílica de que "estamos todos conectados". Ahora la agenda de estas empresas avanzó vertiginosamente, también en el mayor mercado del planeta: agricultura y alimentación. Desde el grupo ETC describimos el avance de la digitalización del sistema agroalimentario en el reporte Tecnofusiones comestibles (https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Las más grandes empresas de ambos sectores están en movimiento, tanto en el Norte como en el Sur. Microsoft ha diseñado programas especiales para digitalizar todo el trabajo en campo; varias empresas digitales tienen contratos con empresas de maquinaria, como John Deere y CNH, para la recolección, a través de sus tractores, de datos de suelo, siembra y clima en sus nubes electrónicas. Las mayores empresas globales de comercio de materias primas agrícolas, Cargill, ADM, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus y Glencore, sostienen una colaboración para el desarrollo de plataformas de tecnologías digitales (especialmente blockchain e inteligencia artificial) para automatizar el comercio global de granos.

Walmart compró el año pasado la inmensa cadena de ventas electrónicas Flipkart, en India, mientras la cadena de supermercados Carrefour hizo un acuerdo con Google para impulsar ventas de comestibles en línea. A su vez, la cadena francesa de supermercados Monoprix suscribió un acuerdo de ventas en línea con Amazon. Alibaba y Tencent, de China, se están disputando el control del enorme mercado de ventas de alimentos de China.

Mientras millones de migrantes, trabajadores informales y temporales rurales y urbanos, con la pandemia, quedaron sin sus fuentes mínimas de ingresos y fueron empujados al hambre junto con sus familias, las empresas digitales y de agronegocios reportaron en abril 2020 abultadas ganancias. Amazon, por ejemplo, reportó 24 mil millones de dólares. Nestlé, la mayor empresa global de alimentos y bebidas, productora de refrescos azucarados y otros alimentos ultraprocesados, productora serial de diabetes y obesidad, registró 8 mil millones de dólares. Una cifra, señaló Grain, mayor que todo el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

No obstante, las mayores empresas de agronegocios, como Tyson Foods, segunda productora global de carnes, se quejan de que la crisis los afecta y alegan que "el sistema alimentario está roto" y, por ello, necesitan apoyos y exenciones de impuestos por los estados. El sistema alimentario agroindustrial es una verdadera fábrica de pandemias y han sido además una alta fuente de contagios de sus trabajadores durante la crisis de Covid-19. Pero no se refieren a ello, sino a situaciones como las que vimos en Estados Unidos, donde grandes productores de lácteos y huevos han tirado a la basura su producción y otros han sacrificado miles de pollos o puercos, porque no era económicamente viable mantenerlos si no pueden venderlos en el momento preciso en que llegan al peso y tamaño que calcularon.

Como explica Michael Pollan, se trata de sistemas alimentarios paralelos dentro de la producción industrial en ese país. Por un lado, empresas que proveen a supermercados. Por otro, las que proveen insumos altamente especializados (por ejemplo, huevos licuidificados) a instituciones públicas, como escuelas, que cerraron durante la pandemia. En lugar de mantener los animales o ver cómo hacerlos llegar a quienes pasan necesidades, las empresas decidieron tirarlos a la basura, alegando que no era económico hacer otra cosa (https://tinyurl.com/y6wmdzar).

En ese contexto, las compañías –tanto las digitales como las de agroalimentación– tomaron nuevo impulso para afirmar que la digitalización de toda la cadena agroindustrial es la clave para superar la crisis. Esa agenda ya la tenían desde antes, pero ahora el discurso se basa en el Covid-19 argumentando que gracias a ellas las personas han podido hacer sus compras online, que los robots no se enferman (ni hacen huelga o piden mejores condiciones), que el dinero electrónico no necesita contacto personal. Reclaman su "esencialidad" por ser proveedores de alimentos y convergen con las empresas de plataformas digitales en que los estados garanticen acceso Internet en todas partes, que se hagan cargo de la infraestructura, que instalen redes 5G, para permitir mucho mayor volumen de datos, sin interrupciones (para que los sistemas de entregas con drones o vehículos no tripulados no se interrumpan), que se den pasos determinantes para el Internet de las cosas en agroalimentación.

Muchas evidencias y testimonios señalan que los sistemas alimentarios que realmente funcionaron y funcionan, que han llevado de forma segura la mayor cantidad y calidad de alimentos durante la crisis a los que los necesitamos y generan trabajo y salud, son los sistemas campesinos y las redes locales campo-ciudad. Que además previenen futuras pandemias. Esos son los sistemas que es vital apoyar, no este nuevo ataque a la agricultura y la alimentación.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

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La necesidad de la recuperación verde en América Latina y el Caribe

El mundo se enfrenta a una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el pasado siglo en un contexto económico, social y ambiental ya adverso. Si bien la historia registra antes el paso de grandes pandemias, ninguna irrumpió en un mundo tan poblado ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo.

Hace cinco años el papa Francisco lanzó la encíclica Laudato si’, donde aborda la degradación ambiental y el cambio climático. En ella, llama a la acción rápida y unificada para cambiar la dirección de la relación humana con su entorno que, si continúa así, acabará con la humanidad misma.

Tras la emergencia sanitaria, nos enfrentaremos a la depresión económica más grave en 120 años. La urgencia de reducir sus impactos ya se está aduciendo para abandonar avances regulatorios y consideraciones ambientales y climáticas que, si no se integran al centro de la recuperación económica, empujarán a la región hacia efectos más dramáticos y a mayor plazo que los del Covid-19.

La reanimación económica requerirá recursos y endeudamientos que restarán capacidad de gasto público. La potencia de nuestros países para responder a las crisis climáticas recurrentes y cada vez más intensas se verá gravemente disminuida: sequías, inundaciones, huracanes, pérdidas en la producción agrícola, pérdidas de energía y exposición a un aumento de las pandemias, entre otras. Preocupa especialmente la región del Caribe, que ya estaba previamente asediada por golpes tanto climáticos como económicos, incluyendo un fuerte endeudamiento y una alta exposición a desastres naturales. Por ello, es tan importante tomar medidas de reactivación económica sostenibles y “a prueba del clima”, no las usuales.

La salida de la crisis de 2008 en la región vio programas muy tradicionales, como estímulos a industrias altas en emisiones. Doce años después, nos encontramos frente a la sexta extinción masiva, que evidencia la interacción entre la crisis sanitaria y la del medio ambiente.

La reorientación del desarrollo con otros sectores y políticas coherentes tiene ahora importantes expresiones, como el Pacto Verde de la Unión Europea, la Civilización Ecológica China, el Nuevo Pacto Verde de Corea del Sur y las propuestas demócratas de Estados Unidos con su Green New Deal.

La recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde. Estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de sectores tradicionales de infraestructura. El liderazgo político es clave para abordar simultáneamente la crisis sanitaria, la económica y la climática, con coraje y audacia, y el momento es ahora.

Es imperativo otorgar certidumbre a la inversión para la economía sostenible con contextos coherentes, legislativos, regulatorios y de política pública. Las áreas de mayor oportunidad para alcanzar la Agenda 2030 y la recuperación verde son, al menos, las de energías renovables y eficiencia energética, transporte público y de última milla electrificado, soluciones basadas en la naturaleza, restauración de ecosistemas, ampliación de la infraestructura sanitaria básica y producción de materiales bajos en carbono para la construcción.

Este crecimiento selectivo debe expresar un acuerdo social recogido en política económica y regulatoria en favor de esos sectores, en ascenso, y de desincentivo a los sectores en ocaso. Es necesario que los flujos financieros apoyen la lucha contra el cambio climático y las asociaciones con el sector privado.

La Agenda 2030, con su llamado a la universalidad y simultaneidad, al igual que el Acuerdo de París, orientan el desarrollo en el sentido correcto y para una recuperación verde. Si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrá reforzada de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la casa común que, como dice la encíclica, se nos ha confiado.

 

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Leo Heileman, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente

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Sábado, 23 Mayo 2020 06:37

La verdad sobre los transgénicos

La verdad sobre los transgénicos

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Martes, 19 Mayo 2020 06:44

Oda al glifosato

Oda al glifosato

Esta oda será cada vez más cantada en el mundo, a pesar de que la mayoría de los lectores jamás en su vida haya oído la palabra glifosato. No será, como veremos, un canto agradable. El glifosato es un agente industrial de muerte que está cada vez más cerca de la vida de todo ser humano, especialmente en estos tiempos de pandemia. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. El glifosato es un invento químico, que se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup.

Desde entonces y hasta 2014 el planeta había sido fumigado por más de 8 mil 600 millones de kilogramos de este plaguicida. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Por tanto, está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros propios cuerpos. Su principal uso es en los cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón que hoy existen en millones de hectáreas.

A pesar de ser utilizado durante casi medio siglo, el glifosato fue considerado un plaguicida no peligroso. Esta situación se vio favorecida por una exitosa campaña de propaganda por parte de las compañías productoras y por la ausencia de estudios científicos que lo desmintieran.

Hoy esto ha cambiado radicalmente. En la última década las voces de alarma de las organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos impulsaron numerosas investigaciones críticas. Hoy, la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020) ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello, el glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España, Argentina y Nueva Zelanda.

Una síntesis de los impactos de este exterminador de las malezas que compiten con los cultivos transgénicos es la siguiente. El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una extensiva revisión de la literatura científica, decidió clasificar al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes. Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org) reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra infecciones como el Covid-19.

¿Y en México? En el país la lucha contra el glifosato apenas se inicia. El contubernio de los gobiernos neoliberales con las grandes compañías no sólo biotecnológicas permitió el uso y sobreuso de plaguicidas, de tal suerte que hoy aún están permitidos 140, de los cuales 111 están catalogados como altamente peligrosos en el resto del mundo (ver el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por Fernando Bejarano, 2017). De gran impacto fue el descubrir que hay ¡glifosato en las tortillas! (y otros productos elaborados con maíz importado), según un estudio de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana de 2017, confirmado un año después por el Health Research Institute en los productos de Maseca. También se ha probado que hay glifosato en los cuerpos de los habitantes de muchas comunidades rurales, incluyendo niños y adolescentes. Ello llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias para hacer un diagnóstico de la contaminación por plaguicidas; revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas, y prohibir en forma progresiva los plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El primer paso se ha dado. Las autoridades ambientales bloquearon la importación de 67 mil toneladas de glifosato de 15 compañías. Lo anterior ha provocado ya reacciones diversas. Al igual que el petróleo, las carnes, el excusado, los autos, la Coca-Cola y los celulares, el glifosato es ya un icono de esta tragedia planetaria llamada modernidad, la misma que hoy vive un escenario catastrófico. Cantemos sobre el glifosato denunciando sus impactos sobre la salud humana y la salud del planeta. Es necesario y urgente.

Por Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

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Política agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF «El crecimiento de la soja, impacto y soluciones» y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Por Carmen Molina Cañadas | 02/05/2020 

Fuente: https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2020/05/01/politica-agroalimentaria-para-un-mundo-saqueado/

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Sábado, 25 Abril 2020 06:35

Gestando la próxima pandemia

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global

Esta pandemia ha causado la caída de muchos velos que ocultaban mecanismos perversos del sistema capitalista globalizado.

Uno de los velos que se ha hecho pedazos, dejando al descubierto una fétida realidad, es el rol del sistema alimentario agroindustrial, principal factor de producción de epidemias en décadas recientes.

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global. Un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multirresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo.

El biólogo Rob Wallace, autor del libro Big farms make big flu, documenta este proceso analizando los brotes de nuevos virus de origen animal, las gripes aviar y porcina, ébola, zika, VIH y otros. Gran parte se originó en criaderos, otros en animales silvestres, como el nuevo coronavirus que proviene de murciélagos. Estudios recientes indican que no llegó directamente a los humanos, sino hubo intermediarios. El secuenciamiento genómico señala pangolines, pequeños mamíferos asiáticos. Podrían haber sido otros, por ejemplo, los megacriaderos de cerdos que existen en Hubei, provincia de la que Wuhan es capital. Grain compiló datos al respecto (https://tinyurl.com/ybdvmegz).

Al tiempo que se detecta el Covid-19, los grandes criaderos de cerdos en China son devastados por otro virus que afecta y mata a millones de cerdos: la peste porcina africana, que afortunadamente no ha mutado aún en virus infeccioso para humanos, pero crece por China y Europa ( https://tinyurl.com/y9f98atd ).

La relación entre ganadería industrial y epidemias-pandemias va más allá de los grandes criaderos. Como explico en otro artículo (Desinformémonos, https://tinyurl.com/ydenks9z), hay causas concomitantes: la cría masiva de animales confluye con la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad, que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres.

Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para servicio de los anteriores, como minería, carreteras y corredores comerciales, como por ejemplo el Corredor Transístmico.

El sistema alimentario agroindustrial juega el papel principal: según la FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa 70 por ciento de la deforestación, y en Brasil hasta 80 por ciento.

De toda la tierra agrícola del planeta, 78 por ciento (!) se usa para la industria pecuaria a gran escala: sea para pasturas o siembra de forrajes. Más de 60 por ciento de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento (Grupo ETC, https://tinyurl.com/y7lszo4n).

En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4-5 grandes trasnacionales dominan más de 50 por ciento del mercado global. (Ver Tecno-fusiones comestibles, mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria, Grupo ETC, 2020 https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Por ejemplo, solamente tres empresas (Tyson, EW Group y Hendrix) controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras tres la mitad de toda la genética porcina. Y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la trasmisión y mutación de virus.

Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas (granos y oleaginosas), controlado casi en totalidad por seis empresas: Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Co, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soya y maíz transgénico.

Las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna son actualmente JBS, Tyson Foods, Cargill, WH Group-Smithfield y NH Foods. WH Group, de China, es la mayor empresa porcícola del globo y domina en América del Norte, dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina.

Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas pasó de proveer forrajes a ser además criadora, siendo la tercer compañía mundial de cárnicos (aves, cerdos, vacas).

Pese a los desastres que está causando la pandemia de Covid-19, esas empresas siguen sus actividades, gestando la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa.

Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial (ETC Group, https://tinyurl.com/yxv3dz8s).

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
“El negocio agroalimentario pondría en riesgo millones de vidas”. Entrevista a Rob Wallace

El coronavirus tiene al mundo en estado de shock. Pero, en lugar de combatir las causas estructurales de la pandemia, el Gobierno se centra en medidas de emergencia. Conversamos con Rob Wallace (biólogo evolutivo) sobre los riesgos de la COVID-19, la responsabilidad del negocio agroalimentario y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades infecciosas. La entrevista la realizó Yaak Pabst.

¿Cuán peligroso es el nuevo coronavirus?

Depende del momento en que se encuentre el brote local de COVID-19: en la fase inicial, en el pico o en fase tardía. También depende de lo buena que sea la respuesta sanitaria de tu región y su demografía, depende de tu edad, de si estás en riesgo inmunológico o de tu salud, en general. Por plantear una posibilidad que hace imposible el diagnóstico: ¿tu inmunogenética, la genética subyacente a tu respuesta inmunitaria, se alinea con el virus?

Así, pues, ¿todo este barullo con el virus es una simple táctica para asustar?

Ciertamente, no. Al principio del brote en Wuhan, la COVID-19 estaba en una tasa de letalidad de entre el 2 y el 4%. Fuera de Wuhan, la tasa parece caer al 1%, o a menos, pero también parece alcanzar el máximo en otros sitios, aquí y allí, incluyendo a lugares como Italia y Estados Unidos. Su alcance no parece muy grande en comparación con, por ejemplo, el del síndrome respiratorio agudo grave (10%), la gripe de 1918 (5-20%), la “gripe aviar” H5N1 (60%) o, en algunos lugares, el Ébola (90%). Pero, ciertamente, supera al de la gripe estacional (0,1%). Sin embargo, el peligro no es sólo una cuestión de letalidad. Tenemos que luchar contra la denominada penetrancia o tasa de ataque comunitario: en cuánta de la población mundial ha penetrado el brote.

¿Podrías ser más concreto?

La red global de viajes está en un nivel récord de conectividad. Sin vacunas o antivíricos específicos para los coronavirus ni, en este momento, ninguna inmunidad colectiva contra el virus, incluso una cepa de sólo el 1% de mortalidad puede suponer un peligro considerable. Con un período de incubación de más de dos semanas y pruebas cada vez mayores de que se da algún tipo de transmisión antes de contraer la enfermedad —antes de saber que estamos infectados—, probablemente pocos lugares estarían libres de infección. Si la COVID-19 registra, digamos, una letalidad del 1% en el proceso de infección de cuatro mil millones de personas, eso serían cuarenta millones de muertos. Una proporción pequeña de un número grande puede seguir siendo un número grande.

Ésas son cifras estremecedoras para un patógeno supuestamente menos virulento...

Sin duda, y estamos solamente en el comienzo del brote. Es importante comprender que muchas infecciones nuevas pueden cambiar en el transcurso de la epidemia. Se puede atenuar la infecciosidad, la virulencia o ambas. Pero, por otra parte, otros brotes aumentan en virulencia. La primera ola de pandemia gripal de la primavera de 1918 fue una infección relativamente leve. Fueron la segunda y la tercera olas, de invierno de ese año y de 1919, las que mataron a millones de personas.

Pero los escépticos con la pandemia argumentan que el coronavirus ha infectado y matado a menos pacientes que la típica gripe estacional. ¿Qué piensas de eso?

Sería el primero en celebrar que este brote se quedara en nada. Pero esos esfuerzos por negar el posible peligro de la COVID-19 citando otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, es un recurso retórico para presentar la preocupación por el coronavirus como fuera de lugar.

Así que la comparación con la gripe estacional cojea...

Tiene poco sentido comparar dos patógenos en fases distintas de sus curvas epidémicas. Sí, la gripe estacional infecta a muchos millones de personas a escala mundial y mata, según cálculos de la OMS, a más de 650.000 personas al año. Sin embargo, la COVID-19 no ha hecho más que empezar su trayecto epidemiológico. Y, a diferencia de la gripe, no tenemos vacuna ni inmunidad colectiva para ralentizar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Aun cuando la comparación es confundente, ambas enfermedades corresponden a virus, incluso a un grupo específico: los virus ARN. Ambas pueden causar enfermedad. Ambas afectan a la boca y la garganta y, a veces, también a los pulmones. Ambas son muy contagiosas.

Ésas son similitudes superficiales, que soslayan una parte decisiva en la comparación de ambos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos muy poco de la COVID-19. Está llena de interrogantes. De hecho, muchas cosas de la COVID-19 son incognoscibles hasta que el brote se desarrolla plenamente. Al mismo tiempo, es importante comprender que no se trata de COVID-19 versus gripe. Se trata de COVID-19 y gripe. La aparición de múltiples infecciones susceptibles de convertirse en pandémicas y atacar conjuntamente a poblaciones debería ser la preocupación central.

Has estado investigando las epidemias y sus causas durante varios años. En tu libro Big Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen grandes gripes) intentas establecer esas relaciones entre agricultura industrial, agricultura ecológica y epidemiología viral. ¿Cuáles son tus descubrimientos?

El verdadero peligro de cada nuevo brote es la incapacidad o —mejor dicho— la negación oportunista a comprender cada nueva COVID-19 como un incidente no aislado. El incremento de la aparición de virus está estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la producción de ganado. Actualmente, pocos Estados y pocos científicos están preparados para ello. Todo lo contrario. Cuando surgen nuevos brotes, los Gobiernos, medios de comunicación e incluso la mayor parte del establishment médico están tan centrados en cada emergencia individual que soslayan las causas estructurales que están convirtiendo, uno tras otro, a múltiples patógenos marginales en una repentina celebridad mundial.

¿De quién es la culpa?

He dicho que de la agricultura industrial, pero hay que ampliar el foco. El capital encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan esas enormes extensiones de tierra se están simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas locales. En suma, habría que considerar como principales focos de enfermedades a los centros de capital, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong.

¿Para qué enfermedades es ése el caso?

En este momento, no hay patógenos independientes del capital. Incluso los más remotos están afectados por éste, aunque sea distalmente. El Ébola, el Zika, los coronavirus, la fiebre amarilla otra vez, una miríada de gripes aviares y la peste porcina africana están entre los muchos patógenos que hacen su camino desde los interiores más remotos hasta los nudos periurbanos, capitales regionales y, últimamente, las redes globales de viajes. Desde los murciélagos de fruta en el Congo hasta matar en pocas semanas a la gente que toma el sol en Miami.

¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en este proceso?

En este momento, el planeta Tierra es el planeta Granja, tanto en biomasa como en tierra utilizada. El negocio agroalimentario está intentando monopolizar el mercado alimentario. La práctica totalidad del proyecto neoliberal se centra en apoyar los esfuerzos de empresas sitas en los países más industrializados por robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado de ello, muchos de esos nuevos patógenos, que antes las ecologías de bosques largamente evolucionados mantenían bajo control, ahora brotan libremente y amenazan al mundo entero.

¿Qué efectos tienen en esto los métodos de producción del negocio agroalimentario?

La agricultura guiada por el capital que sustituye a las ecologías naturales ofrece los medios precisos para que los patógenos pueden evolucionar hasta convertirse en los fenotipos más virulentos e infecciosos. No podrías diseñar un sistema mejor para engendrar enfermedades mortales.

¿Por qué?

El aumento del monocultivo genético de los animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmunitario que pueda haber para frenar la transmisión. Tamaños y densidades de población mayores facilitan mayores tasas de transmisión. Esas condiciones de masificación debilitan la respuesta inmunitaria. Alta producción, un componente de cualquier producción industrial, proporciona constantemente suministro renovado de material propenso, el combustible para la evolución del virus. En otras palabras, el negocio agroalimentario está tan centrado en los beneficios que la selección de un virus capaz de matar a mil millones de personas se trata como un riesgo que vale la pena correr.

¡¿Qué?!

Esas empresas sólo pueden externalizar sobre cualquier otro los costes de sus operaciones epidemiológicamente temerarias. Desde los propios animales hasta los consumidores, los agricultores, las ecologías locales y los Gobiernos de todos los ámbitos. Los daños son tan grandes que, si tuviéramos que devolver esos costes a los balances de las empresas, el negocio agroalimentario, tal y como lo conocemos, se acabaría para siempre. Ninguna empresa podría soportar los costes de los daños que provoca.

En muchos medios de comunicación se dice que el punto de arranque del coronavirus está en un “mercado alimentario exótico” en Wuhan. ¿Es eso cierto?

Sí y no. Hay pruebas espaciales a favor de esa idea. El rastreo de infecciones relacionadas nos lleva al mercado mayorista de mariscos de Wuhan, donde se vendían animales salvajes. El muestreo ecológico parece ubicar en el extremo occidental el lugar donde se capturaba a los animales salvajes. Pero ¿cuán atrás y con cuánta amplitud deberíamos investigar? ¿Cuándo comenzó exactamente la situación de emergencia, en realidad? El poner el foco en el mercado soslaya los orígenes de la agricultura silvestre fuera de las zonas interiores y su creciente capitalización. En conjunto, y en China, los alimentos silvestres se están convirtiendo en un sector económico más formalizado. Pero su relación con la agricultura industrial va más allá del hecho de compartir la fuente de ingresos. A medida que la producción industrial —porcina, aviar y similares— se expande hacia los bosques primigenios, ejerce presión sobre los operadores de alimentos silvestres para adentrarse más en el bosque en busca de poblaciones de recursos, lo que incrementa el punto de contacto con, y la propagación de, nuevos patógenos, incluyendo a la COVID-19.

La COVID-19 no es el primer virus desarrollado en China que el Gobierno intenta ocultar.

Así es, pero eso no es ninguna excepción china. Los EE UU y Europa también han servido de zonas de impacto para nuevas gripes, recientemente las H5N2 y HRNx, y sus multinacionales y proxies neocoloniales provocaron la aparición del Ébola en África occidental y del Zika en Brasil. Los funcionarios de la salud pública estadounidenses encubrieron al negocio agroalimentario durante los brotes de H1N1 (2009) y H5N2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ahora “emergencia sanitaria internacional”. ¿Es correcto ese paso?

Sí. El peligro de un patógeno así es que las autoridades sanitarias no sean capaces de comprender la distribución del riesgo estadístico. No tenemos ni idea de cómo puede responder el patógeno. En cuestión de semanas pasamos de un brote en un mercado a infecciones expandidas por todo el mundo. El patógeno podría agotarse. Eso sería genial. Pero no sabemos si eso pasará. Una preparación mejor aumentaría la probabilidad de reducir la velocidad de fuga del patógeno.

La declaración de la OMS también es parte de lo que llamo teatro pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto ante la inacción. Me viene a la memoria la Liga de Naciones. Las organizaciones de Naciones Unidas siempre andan preocupadas por su relevancia, poder y financiación. Pero ese accionismo también puede converger con la preparación y prevención actuales que el mundo necesita para interrumpir las cadenas de transmisión de la COVID-19.

La reestructuración neoliberal del sistema de asistencia sanitaria ha empeorado tanto la investigación como la asistencia general a los pacientes, por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué diferencias podría marcar un sistema sanitario mejor financiado para combatir el virus?

Existe la terrible pero reveladora historia del empleado de una empresa de productos sanitarios que, tras regresar de China con síntomas similares a la gripe, hizo lo correcto, por su familia y su comunidad, y solicitó a un hospital local que le hiciera la prueba de COVID-19. Le preocupaba que la mínima reforma sanitaria de Obama no cubriera el coste de las pruebas. Y tenía razón. De repente se encontró con una deuda de 3.270 dólares. Una reivindicación estadounidense podría ser la promulgación de una orden de emergencia que estipule que, durante el brote de una pandemia, todas las facturas médicas relacionadas con las pruebas de infección y el tratamiento tras un positivo las pague la Administración federal. Queremos animar a la gente a que busque ayuda, en lugar de esconderse —e infectar a otros— porque no puede permitirse pagar el tratamiento. La solución evidente es un servicio nacional de salud —plenamente dotado y equipado para lidiar con este tipo de emergencias de ámbito comunitario— para que no surja nunca el ridículo problema de que se desincentive la cooperación comunitaria.

Tan pronto como se descubre el virus en un país, los Gobiernos reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, tales como la cuarentena obligatoria de regiones y ciudades enteras. ¿Están justificadas esas drásticas medidas?

Utilizar un brote para probar lo último en control autocrático tras el brote es capitalismo del desastre descarrilado. Desde el punto de vista de la salud pública, preferiría equivocarme por exceso de confianza y compasión, que son variables epidemiológicas importantes. Sin ellas, las Administraciones pierden el apoyo de la población. El sentido de la solidaridad y el respeto común son decisivos para obtener la cooperación que necesitamos para sobrevivir juntos a esas amenazas. Las cuarentenas autoimpuestas con el correspondiente apoyo de controles por parte de brigadas vecinales entrenadas, camiones de suministro alimentario puerta a puerta, permisos de trabajo y seguro de desempleo pueden producir ese tipo de cooperación, todos estamos unidos en esto.

Como quizá sepas, en Alemania, con Alianza por Alemania (AfD) tenemos de facto un partido nazi en el parlamento, con 94 escaños. La ultraderecha nazi y otros grupos, junto a políticos de AfD, utilizan la crisis del coronavirus para su agitación. Difunden informes falsos sobre el virus y exigen más medidas autoritarias al Gobierno: restricción de vuelos y suspensión de entradas de migrantes, cierre de fronteras y cuarentenas forzadas...

La prohibición de viajar y el cierre de fronteras son exigencias con las que la extrema derecha quiere racializar lo que ahora son enfermedades globales. Esto, por supuesto, es un sinsentido. En este momento, como el virus está a punto de propagarse por todas partes, lo razonable es trabajar en el desarrollo del tipo de resistencia de la salud pública en que no importe quién muestre una infección y tengamos los medios para tratarle y cuidarle. Por supuesto, detengamos en primer lugar el robo de tierra al pueblo en el extranjero que provoca los éxodos y podremos evitar la aparición de patógenos.

¿Cuáles serían los cambios sostenibles?

Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía agrícola y un sector público robusto pueden contener los trinquetes ecológicos y las infecciones desbocadas. Introducir diversidad en el ganado y los cultivos —y la resilvestración estratégica— tanto a escala de explotaciones como regional. Permitir a los animales destinados a la alimentación que se reproduzcan in situ, para que transmitan las inmunidades que están probadas. Conectar la producción justa con la circulación justa. Ayudar a la producción agroecológica subvencionando los programas de apoyo a precios y compra por parte de los consumidores. Defender estos experimentos tanto de las obligaciones que impone la economía neoliberal a individuos y comunidades por igual y de la amenaza de la represión dirigida por el capital.

¿Qué llamamiento deberían hacer los socialistas ante la dinámica de incremento de brotes de enfermedades?

El negocio agroalimentario como modo de reproducción social debe acabar para siempre, aunque sólo sea por razones de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a la totalidad de la humanidad, en este caso contribuyendo a desatar una nueva pandemia letal. Deberíamos exigir la socialización de los sistemas alimentarios, de tal manera que, en primer lugar, patógenos tan peligrosos como éste no aparezcan. Eso requerirá, en primer lugar, la reintegración de la producción alimentaria en las necesidades de las comunidades rurales y prácticas agroecológicas que protejan al medio ambiente y a los agricultores, ya que cultivan nuestros alimentos. En términos generales, debemos reparar la grieta metabólica que separa a nuestras ecologías de nuestras economías. En resumidas cuentas, tenemos un planeta que ganar.

Por Rob Wallace 

Biólogo evolutivo. Es autor de 'Big Farms Make Big Flu' (Las grandes granjas producen grandes gripes)

28/03/2020

Fuente:

Marx21, 11 de marzo de 2020, https://www.marx21.de/coronavirus-agribusiness-would-risk-millions-of-deaths/

Traducción:

Daniel Escribano

Publicado enSociedad
  Foto: Paula Cruz

 «El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado».

Los gigantes agroalimentarios se multiplican en América Latina dejando a su paso destrucción y desolación en el continente para la población en general, mermando la vida rural y campesina, el medio ambiente y la salud de grandes poblaciones. Así sucede desde Chile o Argentina hasta México, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador y Centroamérica. El que no es “líder” es “potencia” agroindustrial.

Estos impulsos oficiales se recrudecen con la firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos o multilaterales como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica) que impactan todas las esferas de la vida pública de los países imponiendo procesos y disposiciones legales en muchos sectores, incluido el agropecuario.

En el acuerdo entre la UE y México se dispone la cooperación en el sector agropecuario donde “Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial y rural” y “Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de la OMC”. En el T-MEC acuerdan “la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola” lo que se traduce en producción de mercancías agropecuarias ajenas por completo a alimentar a la población.

La serie de adecuaciones legales se apegan a las normas internacionales de la producción agropecuaria, pero son normas que homogenizan la producción industrial de alimentos en cualquier parte del mundo: desregularizan la propiedad social de la tierra y la acaparan por compra, renta, invasión, desalojo, contaminación; rodeándola de agroindustria o quitándole el agua. Establecen normativas de privatización de las semillas según los estándares de UPOV y reservorios para marginar y folclorizar la agricultura campesina. Todos mecanismos de control de productos y procesos bajo pretexto de la inocuidad y la estandarización.

En Jalisco, México, los campesinos enfrentarán las consecuencias de la recién aprobada “Ley Agroalimentaria del estado de Jalisco”. Ésta plantea “Asegurar al estado de Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad”; “prevención fitozoosanitaria y el fomento de la inocuidad agroalimentaria”; “implementar los instrumentos, mecanismos y regulaciones necesarias para contar con un sistema promotor y clasificador de las calidades de los productos del sector agroalimentario”; “ejecutar en cualquier tiempo y lugar, las diligencias necesarias para la práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella deriven”.

En septiembre de 2011 Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, pregonaba a los medios de comunicación que “Argentina es ya un líder mundial agroalimentario capaz de producir alimentos para 400 millones de personas”. Argentina cuenta con unos cuarenta millones de habitantes y vive desde entonces una profunda crisis económica y alimentaria. Ella se refería a la producción y exportación de soja, biodiesel, maíz, aceite de girasol, trigo, ajo, jugos de manzana y de limón, entre otros productos de producción industrial que afectan el empleo y benefician a unas cuantas industrias del agronegocio.

La pérdida de variedad y calidad de la alimentación rápidamente se pierde en las regiones donde invade el sistema agroindustrial. En Jalisco, su “innovadora” disposición legal se orienta al control de plagas siendo que por sus monocultivos es la propia agroindustria la generadora de resistencia y propagación de plagas. Dicha ley establece instancias en las que están plenamente presentes las empresas y el sector público, sin considerar de ninguna manera al sector campesino y ciudadano. Abre la puerta a contratos y convenios con instancias educativas y de capacitación de las mismas empresas que producen y comercializan agroquímicos y semillas patentadas con el pretexto de promover “buenas prácticas en el manejo de agroinsumos” ligadas al control de sus plagas, pero muy ajenas a la producción real de alimentos sanos y libres de contaminantes químicos agrotóxicos.

Tal ley de sanidad no considera la emergencia ambiental, alimentaria y de salud que ya provocó el “Gigante Agroalimentario” en la región. El gobernador, secretarios y políticos en turno continúan embebidos con los falsos números de las exportaciones, sin considerar que esos ingresos son insuficientes para enfrentar la emergencia multifactorial. Entretanto los niños en las poblaciones cercanas a regiones agroindustriales son intoxicados por múltiples venenos con alarmantes síntomas. Capacitadores corporativos les enseñan a usar, como cosa de gracia, los trajes “de astronauta” para el buen uso de agrotóxicos violando toda su esfera de derechos a la salud, a un ambiente sano y el respeto a toda su emocionalidad.

Simultáneamente se pretende aprobar la “Ley Federal de Variedades Vegetales”, algo que la Red en Defensa del Maíz califica de “grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria” ya que pretende “asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras”.

“La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie”.

Con estas y otras leyes se corre el peligro de dejar en la “ilegalidad” todas las prácticas agrícolas tradicionales y agroecológicas que producen alimentos sanos, nutritivos y diversos en todas las regiones.

Dicen los miembros de la Red Agroecológica de Loja, Ecuador, en su cartilla “Nuevas leyes de sanidad e inocuidad, ¿Promover o devastar el sistema alimentario local?” elaborada para analizar comunitariamente la ley orgánica de sanidad agropecuaria aprobada en junio de 2017 tras la firma del TLC entre Ecuador y la Unión Europea. “Esta andanada de acuerdos y leyes hechos para cumplir los intereses de las empresas transnacionales pretenden promover una sola forma de producir alimentos sin pensar en la población y manteniendo el sistema productivo agroindustrial que genera altísimos niveles de calentamiento global, contaminación y graves efectos en la salud”, que en esta región afecta la ancestral producción artesanal de lácteos y ganado.

En cualquier país estas políticas provocan las mismas emergencias de salud, contaminación y ataque a la vida campesina y rural.

“Con esta ley se pretende imponer requisitos que se deben cumplir para sacar a vender semillas y productos alimenticios en el mercado. A esto se suma la prohibición de usar insumos no registrados y no autorizados. Se ponen trabas para el desposte de animales y el transporte a los mercados locales para la venta”. Imponen “participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (Art. 22 y 25), a pretexto de prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades”.

“Avanza un modelo de agricultura industrial, de monocultivos y monocrianzas de animales, basada en semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas, alimentos balanceados, antibióticos y vacunas”.

Pero subsiste la agricultura campesina diversa, en pequeñas propiedades con un bajo uso de insumos comerciales, practicando una agricultura diversificada, con tendencia a una agricultura ecológica e integral con insumos producidos y mejorados en la propia finca.

En los pueblos y comunidades hay principios básicos, como la agricultura, que guían las decisiones, y son siempre la posibilidad de construir una forma de vida y convivencia que se va corrigiendo en la práctica o el camino, con la asamblea y la experiencia.

Históricamente se ha insistido en que los campesinos modifiquen sus cultivos en función de los intereses de las grandes industrias. Así vastas regiones se convirtieron en productoras de monocultivos.

Se ha buscado desenraizarles imponiendo las condiciones para usar su mano de obra en el agronegocio y otras industrias. Muchas políticas proponen sacar a los habitantes del campo, y ya no incluirlos en los sectores productivos agrícola o industrial sino mandarlos directamente al sector servicios —definitivamente desconectados de las actividades relacionadas con sus tierras y territorios, prisioneros en el ámbito de la especulación del ecoturismo, el folklor, los servicios ambientales; proveedores de insumos para las industrias (minera, petrolera, construcción) según los planes de manejo y programas oficiales-empresariales, ajenos a las actividades y decisiones comunitarias. Y que sólo quede en el campo la producción automatizada.

En Jalisco, en las asambleas y talleres regionales contra la agroindustria y las afectaciones ambientales y a favor de la agroecología se dice: “sólo queremos vivir bien y que se reconozca lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro trabajo”. “Desde hace cientos de años llegaron los hombres de empresa con el fin de progresar ellos mismos a costa del trabajo y la riqueza de los pueblos campesinos e indígenas. Y no han cesado de imponer su dominio. Pero los pueblos se han levantado siempre y han buscado sembrar la tierra como lo hicieron sus padres y de esa forma han trasmitido su sabiduría y han logrado resistir”.

El movimiento Basta es Basta en Argentina (que surgió ante el hecho de que 700 mil niños y adolescentes de escuelas rurales corren riesgo por las fumigaciones con agroquímicos sin control en los campos aledaños a los centros educativos, frente a una agroindustria que fumiga escuelas y comunidades rurales), denuncia: “en dos años obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición para los productores ahogados por un modelo agotado apeló contra los derechos humanos y ambientales […] en vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio”.

En diciembre de 2019 el movimiento denunció: “ante un probable decreto por parte del gobernador Bordet que disminuye las distancias de fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros las terrestres y a 200 metros las aéreas contrariando el fallo del Supremo Tribunal de Justicia que ordena alejar las pulverizaciones a mil metros y 3 mil metros respectivamente de cada escuela rural de Entre Ríos, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos: ¡Basta es Basta! advertimos: señor gobernador, los intereses de niños, niñas y adolescentes son considerados superiores por tratados internacionales supraconstitucionales”.

El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado.

Pero la Vía Campesina, organizaciones, ejidos, comunidades y municipios de toda América Latina comienzan a declararse agroecológicos. 

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