​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Resistencias antiextractivistas: en el corazón de la práctica de la ecoteología

En Latinoamérica la apuesta es por la ecoteología a través de la cual representantes de la Iglesia ejercen su misión liberadora del hombre y la tierra. Uno de los propósitos es cambiar de paradigma, ubicar al hombre como parte de la naturaleza, integrado a ella, en una nueva relación ya no de dominación sino de codependencia.


En Suramérica y Centroamérica diferentes comunidades eclesiásticas acompañan comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en sus resistencias pacíficas contra empresas, nacionales y multinacionales, y sus proyectos extractivistas.


“La ecoteología constituye una nueva cosmovisión con inspiración ética y religiosa que cuestiona el modelo de civilización tecnocientífica imperante y propone un paradigma que salvaguarde armónicamente los derechos de la naturaleza y los humanos, pues la actual crisis se da por la civilización hegemónica. El mesianismo prometido por la ciencia y la tecnología resultó ser selectivo y discriminatorio”, explica Richard Acostai.


En su libro, Acosta plantea el reto de la teología: responder a la realidad social y sus nuevas formas de opresión que avasallan a los pueblos. Añade que si el discurso teológico pretende ser pertinente se requiere la coherencia entre la fe y la praxis, una práctica que responda a esos nuevos contextos sociales y sus desafíos.


“Si la teología ha de ser impertinente, ha de serlo al ejemplo de Jesús, el Cristo, quien importunó el statu quo y las estructuras alienantes y opresoras de su contexto”, dice enfático Acostaii.


En el corazón de esa praxis está el acompañamiento de la Iglesia a los procesos de resistencia pacífica liderados por comunidades indígenas, campesinas, y afros que habitan en las entrañas de Nuestra América.


Además asumir una posición de liderazgo que confronta los nuevos modelos de desarrollo que promueven el extractivismo como fuente de “progreso” a costa del sacrificio y el rompimiento del tejido social, del equilibrio de los ecosistemas.


Un desequilibrio que ha enfermado a la tierra, Uma Kiwe, para los Nasa de Colombia. “El suelo el lugar donde nos encontramos hoy, donde desarrollamos nuestras actividades, es un ser vivo. Es la piel de la madre tierra, Uma Kiwe, y allí dentro de esta capa existen seres espirituales que denominamos tapanos, espíritus que toman formas diferentes con las hojas de los árboles, con las ramas que se van descomponiendo y que generan equilibrio con todo el territorio”, señala Luz Mery Pachacué, indígena Nasa quien vive en el departamento del Caquetá.


Según la cultura Nasa el suelo, la piel de la tierra, se desarmoniza y enferma cuando hay quemas, se aplican químicos, se destina a monocultivos como la palma; además, cuando hay minería y deforestación.


Es en este momento de crisis planetaria le corresponde a la teología cristiana saldar una deuda pendiente. En palabras de Acosta:


“Le corresponde a la reflexión teológica, incluso, redimir la cosmovisión cristiana heredada e impuesta por ella desde la Modernidad que distorsionó la designación divina del hombre como “dominador” “sometedor” atribuida en el Génesis, y la entendió como sinónimo de depredacióniii”.


Esta “deuda” fue debatida en el año 1967 en el artículo de la Revista Science The historical roots of our ecological crisis”, las causas históricas de nuestra crisis ecológicas del estadounidense Lynn White Jr.


En ese artículo, White planteó que, especialmente en su forma occidental, no hay religión más antropocéntrica que la Cristiana y que incluso en el mito de la creación se observaba que todas criaturas físicas no tienen otra finalidad que servirle al hombre, que fueron hechas para su beneficioiv.


No obstante Alirio Cáceres, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá y animador ecológico de la Iglesia del Continente y Bogotá, opina que hay que se cautelosos en este punto.


“No se puede ser tajante al decir que el cristianismo es antropocéntrico y depredador. Génesis 1, 28 habla de un Dios permisivo que le da el mandato, el dominio y ese dominio se entendió como servirse de todos los servicios de la naturaleza en función del ser humano, que es lo que se conoce como antropocentrismo.


“Pero penetrando en la mentalidad bíblica, los estudiosos, los hermeneutas llegaron a la conclusión de que ese verbo ha sido mal traducido mal interpretado, porque en realidad el dominar es servir, es cuidar”, agrega Cáceres.


También en su artículo White reconoció el papel “radical” de San Francisco de Asís para superar esa perspectiva de aparente superioridad del hombre sobre la naturaleza.
“La clave para entender a Francisco es su creeencia en la virtud de la humildad –no solo para el individuo sino para el ser humano como una especie. Francisco trató de deponer al hombre de su monarquía sobre la creación e instaló una democracia para todas las criaturas de Dios”, dijo Withe.


En América Latina, la ecoteología como evolución o nueva perspectiva de la teología de la liberación incluye a la Tierra -Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe, con las diferentes denominaciones que pueda adquirir, es otro sujeto a liberar; además, del pobre.


La tierra es también oprimida. Se escucha su insistente clamor, su grito que interpela a teólogos y ciudadanos, en general, para protegerla.


La ecología tiene en Leonardo Boff uno de sus grandes exponentes quien en sus escritos como en Grito a la tierra, grito a los pobres, la considera una pobre más.
“Boff habla de una cuarta ecología que es integral y que la opción por los pobres implica ese grito de la tierra porque la ecología se entiende como la ciencia de los pobres, ciencia de la casa común, el planeta”, indica Alirio Cáceres.


La Encíclica Laudato Sí, centrada en el cuidado de la casa común, plantea un teocentrismo –insiste Alirio Cáceres- el centro es Dios, de él venimos los seres existentes, la fauna, el bosque, las flores.


“Laudato Sí fue el cántico que Francisco de Asís entonó al Dios creador, el proyecto humano es que podamos devolver a Dios todo lo donado, por su misericordia”, enfatiza Cáceres.


¿Antropocentrismo o biocentrismo?


Pensar un territorio común, una forma nueva de entender Dios al ser humano, al cosmos es un reto para la teología del Siglo XXI.


“La presencia de lo ecológico en la teología ha llevado a cuestionar el antropocentrismo que entiende al humano como dueño y señor (lógica imperialisa), pues así el humano puede transformarse en biocida y geocida; también ha logrado dar el paso a la comprensión de una concepción cosmocéntrica de la existencia que pretende armonizar los derechos humanos con los derechos de los demás seres”v, explica Acosta.


En el centro de la crisis actual adquiere mayor importancia la discusión sobre el lugar del hombre en el planeta, su responsabilidad en la crisis ecológica actual y el rol que debería cumplir.


“El antropocentrismo ha mostrado sus límites y hasta se ha vuelto contra el ser humano mismo. Por lo demás el enfoque antropocéntrico se ha descubierto cómo parte de la racionalidad patriarcal colonizadora que nos está llevando a la destrucción de la madre tierra. Sin una formación ya no solo de los derechos humanos sino más radicalmente de los derechos de la tierra y de la naturaleza no es posible vivir en paz con nosotros mismos, con el Creador”, añade Marco Arana exsacerdote peruano.


También J. L Ruiz de la Peña en su libro Teología della Creazione hizo una pregunta similar: ¿Cosmocentrismo o antropocentrismo? ¿la realidad es antropocéntrica?


Ruiz es claro al afirmar que si bien el hombre creado es tratado casi como un Dios y que ese principio antrópico establece una línea de relación con la doctrina de la creación, el cual le atribuye a la fe cristiana su renuencia a que el hombre abandone su posición central en el mundo, cristocentrista, antropocentrista.


No obstante este autor sugiere que la ilusión de creerse en una posición central como individuo y como especie ha sido revalorada debido a la grandeza del cosmos, la vía láctea y, en ella, la pequeñez del hombre.


“La teología de la liberación y el discurso ecológico tienen algo en común: parten de dos heridas sangrantes. La primera, la herida de la pobreza y de la miseria, rompe el tejido social de los millones y millones de pobres en el mundo entero. La segunda la agresión sistemática a la tierra, desestructura el equilibrio del planeta amenazado por la depredación hecha a partir del modelo de desarrollo planteado por las sociedades contemporáneas y mundializadas”, asegura Juan José Tamayo en su librovi.


Ambos, nos dice Boff, tienen como objetivo la liberación, de los pobres hecha por ellos mismos sin un salvador si no como sujetos políticos y la segunda, la Tierra, Gaia, Uma Kiwe, Pacha Mama, estableciendo una relación entre el ser humano y ella en la que no es el ser dominante y procurando un modelo de desarrollo que haga la vida sostenible para todas las especies sin primacía de ninguna.


En esta apuesta están inscritas las propuestas de teólogos, sacerdotes y no sacerdotes, que abogan por un modelo de desarrollo distinto y que promueva el respeto de la tierra.


“Un modelo de desarrollo que no esté sustentado en el extractivismo ni en el neo extractivismo “progresista” en el cual Latinoamérica es fundamental como reserva para generar riqueza con base en la explotación de la naturaleza”, afirma Jhon Caraballovii.


Tan importante es el rol que cumple América Latina que se ha pretendido internacionalizar la Amazonia para favorecer los intereses de trasnacionales que ven en ella un gran botín.


En medio de esta disputa por los recursos de América Latina, han surgido propuestas que promuevan esa nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, una relación horizontal y no de dominio sobre los ecosistemas y el resto de las criaturas.


Una perspectiva que hay que decirlo, no es nueva, pues esta ha sido fundamental para los pueblos originarios y, por ello, sostienen una relación de respeto por las demás criaturas y por los ciclos de la tierra que conocen y comprenden a la perfección.


En Latinoamérica han surgido diversas iniciativas que responden a la interpelación que hace el modelo económico y de desarrollo en esta fase neoliberal del capitalismo y que promueven modelos diferentes, que tienen como centro la cuestión ecológica.


Además fomentan la solidaridad entre los pueblos, las diferentes organizaciones y se comprometen con luchas y resistencias en los territorios para frenar los daños contra la tierra.


Encontramos entonces la Red Eclesial Panamazónica (Repam), el Observatorio de conflictos mineros (Ocmal), Organización Medioambiental Peruana (Grufides), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Católico Mundial por el Clima, Franciscans International, Missionários Combonianos, la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz y Rede Justiça nos trilhos, entre otras.


Otra iniciativa importante es La Red Iglesias y Minería, espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores creada para responder a los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales causados por la minería según lo explican en su página web.


Acompañamiento a resistencias pacíficas


Algunos exponentes de este trabajo que han acogido los presupuestos de la teología de la liberación y de la ecoteología en Latinoamérica los encontramos en Colombia, Brasil, Perú, Honduras, y otros países de Centro y Sur América.


En Colombia, en el departamento del Chocó Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de la diócesis de Quibdó, afirma que la Diócesis apoya a los Consejos Comunitarios Mayores y locales, lo mismo que a los Resguardos indígenas y sus autoridades en la defensa de su territorio y en la explotación legítima y responsable de los recursos naturales.


“La diócesis de Quibdó apoya la minería tradicional y a pequeña escala, pero rechaza la minería irresponsable realizada con dragas y retroexcavadoras, pues causan enormes estragos ambientales por la destrucción de la selva y los ríos y quebradas. Además de esta minería utiliza el mercurio, químico contaminante”.


“La diócesis rechaza igualmente la concesión de títulos mineros a empresarios nacionales y a las multinacionales, sin tener en cuenta procesos de consulta previa y desconociendo la riqueza biodiversa del territorio”, añade Barreto.


Monseñor también agrega que una de las opciones pastorales de la Diócesis es la defensa del medio ambiente. Por ello, han denunciado actividades madereras de explotación irracional, los cultivos declarados de uso ilícito y la minería irresponsable.


De igual manera, han ofrecido oportunidades de formación a las comunidades, promovido campañas para mejorar las prácticas ecológicas en las comunidades parroquiales y apoyado y promovido acciones jurídicas ctan importantes como las de los ríos Quito y Atrato, este último reconocido como sujeto de derechos por la Sentencia T-622 de 2016 y presentado una petición formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) solicitando la protección de la selva húmeda tropical de las Costa Pacífica).


“Estas acciones se hacen desde la perspectiva de la fe cristiana católica, la cual ha bebido de los aportes de la teología de la liberación, pero no tiene en ella su única y principal fuente, pues la reflexión teológica del magisterio de la Iglesia es abundante, se funda en la revelación bíblica y ha tenido un gran despliegue en la enseñanza de los obispos de América Latina.


“Un aporte fundamental y sintético lo ha hecho últimamente el papa Francisco en la encíclica Laudato Sí, la cual constituye en una carta de navegación actualizada que conjuga teología y ciencia”, enfatiza Juan Carlos Barreto.


De igual manera en Perú, el ex sacerdote Marco Antonio Arana, inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en Cajamarca y en otras poblaciones tales como Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


Marco Arana inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en los Andes del Norte del Perú, en Cajamarca donde ha apoyado procesos como las consultas populares en Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


“En mi opción espiritual llegué a estas luchas desde la teología de la liberación que en mi trayectoria pastoral desembocó en la ecoteología liberadora. Si bien puede darse una perspectiva de Teología de la liberación (TL) que sea neoextractivista, desde mi experiencia considero que no se puede afirmar la TL sin que esta sea la vez profundamente eco-teológica.


“La afirmación conservadora o racional científica de una perspectiva ecológica no bastan, para ser transformadoras necesitan afirmar su dimensión eco-política liberadora. Se necesita no sólo liberar al ser humano de las cadenas de la opresión social, sino a la madre tierra entera de la opresión y la injusticia ecológica que la depreda y amenaza con la destrucción de nuestra propia especie”, explica Arana.


En Perú, la principal estrategia de resistencia pacífica utilizada, según Arana, han sido los procesos de consulta ciudadana previa y la movilización pacífica que ha trascendido el espacio local como la gran Marcha Nacional del Agua, en el año 2012, que recorrió más de mil kilómetros.


Desde julio del año pasado, Arana asumió su labor como congresista de la República por la región de Cajamarca. Fue elegido de la lista de representantes del Frente Amplio, como parte del Movimiento Tierra y Libertad. “Mi labor actual es parlamentaria, no se restringe a una comunidad en específico, aunque sigue priorizando el apoyo a las comunidades de Cajamarca. Como miembro de las comisiones agraria y de energía y minas me aseguro que sean las propias comunidades afectadas las que puedan expresar su voz y no sea ignorada”, agrega.


Mientras tanto en Brasil el sacerdote italiano Darío Bossi quien vive en Açailândia, Maranhão, ha apoyado la resistencia de las comunidades que habitan a lo largo del corredor de Carajás, en los estados brasileños de Pará y Maranhão, ante los grandes proyectos de minería y siderurgia.


En esa región está la mayor mina de hierro del mundo (Mina de Carajás), administrada por Vale S.A., empresa estatal privatizada en 1997 y una de las tres mayores compañías mineras al mundo.


En el corredor de Carajás viven comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, de periferias urbanas, de pescadores y la mayoría han denunciado violaciones de derechos por causa de las operaciones mineras.


Alrededor de la mina, a lo largo del ferrocarril de 900 Km para la exportación del mineral, donde hay polos de siderurgia con mucha contaminación y ningún control ambiental, alrededor del puerto, cuya expansión amenaza la vida de las comunidades tradicionales.


“Los mayores impactos son deforestación, polución de aire y agua, accidentes de trabajo y por causa de las operaciones del tren, los ríos que se secan por las operaciones de la mina y de la infraestructura de transporte del minero, grietas en las paredes de las casas por las vibraciones del tren cuando pasa, contaminación sonora, etc”, explica el padre Darío.


¿Qué papel cumplen el padre y la Iglesia en este proceso?


Principalmente, reforzar las conexiones de red y resistencias entre comunidades impactadas por los mismos daños y perjudicadas por los mismos actores (las empresas y también el Estado, que es cómplice de ese modelo neoextractivista).


“Trabajamos con asesoría jurídica, educación popular, denuncia multiescalar de las violaciones (nivel local, estatal, nacional e internacional), incidencia política, comunicación para la transformación, propuestas de alternativas para el cuidado del territorio, la participación política y la autodeterminación de las comunidades”, añade Darío.


¿Cómo aplican la teología de la liberación y la ecoteología en las causas ambientalistas?


El padre Dário hace parte de la Red con Iglesias y Minería y con la Red Eclesial Panamazónica, lo que refuerza nuestras acciones locales gracias a esas alianzas eclesiales y espirituales.


“La mística que sustenta la lucha de las comunidades y de los movimientos sociales se encuentra con la espiritualidad cristiana y las visiones holísticas de las espiritualidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. No hay resistencia sin esas motivaciones profundas y el amor al territorio como fuente, raíz, principio de nuestra vida y casa, que nos ampara y recibe al fin de nuestro caminar”, añade el padre Darío.


Para él como para otros sacerdotes, teólogos y laicos, la Encíclica Laudato Sí, del Papa Francisco, renueva sus fuerzas y fortalece la lucha social y ambiental en diálogo con los valores cristianos.


Por su parte en Guatemala, el padre César Espinoza, cmf., de la Congregación Religiosa de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como Misioneros Claretianos lucha por las mismas causas.


Ingresó a su comunidad desde los 17 años y su primer destino como misionero fue en la Costa Abajo, Colón (Panamá) donde sirvió durante cuatro años hasta el año 2007.
A causa de su trabajo al lado de la comunidad y contra la Empresa Minera Petaquilla el obispo Audilio Aguilar atendiendo a los reclamos de la empresa y del presidente de la República, que tenía inversiones en la misma- explica el padre- pidió a la Congregación entregar la Misión, después de 80 años de acompañamiento a las comunidades campesinas de la región.


Pero eso no impidió que perserverara. En el año 2008 fue destinado a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar del municipio de Arizona, en el Departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Atlántida tiene una belleza natural incomparable, con 12 áreas protegidas como parques nacionales, que representan el 40 % de su territorio.


En el año 2009 Honduras el Golpe de Estado favoreció la flexibilización de las leyes en favor de empresas multinacionales, entre ellas las que se dedican a la actividad minera.
Además a las compañías con proyectos hidroeléctricos según lo señaló también el informe publicado por el Movimiento Mundial por los Derechos Humanos (FIDH) que este 31 de mayo advirtió sobre el otorgamiento de licencias ambientales para hidroeléctricas en áreas protegidasviii.


En Honduras el padre César se comprometió con esa causa a pesar de las amenazas de muerte en su contra, en el año 2013, por su acompañamiento a la defensa legítima por parte de las comunidades en el territorio en el cual no querían minería a cielo abierto.


La comunidad claretiana publicó entonces sendos comunicados rechazando sus amenazas y responsabilizando en su momento a un empresario por lo que ocurriera con el padre César.


Entre tanto, él sostenido por el valor que lo caracteriza, el mismo que caracterizó a Berta Cáceres su amiga y compañera de lucha, siguió adelante porque su compromiso era mayor.


“Entiendo eco-teología a la mirada del universo, y a todo lo que éste contiene, desde una mirada de fe. Mi comprensión de ésta tiene influencia de la tradición cristiana a la que pertenezco (...) En esta mirada aprender a contemplar la belleza, la bondad y la genialidad de cada especie y de cada realidad, visible e invisible, y las múltiples relaciones y codependencias unas de otras.


“Ciertamente ha influido también la teología de la liberación que tuve la oportunidad de profundizar en mis cuatro años en El Salvador. Y la pastoral liberadora que conocí en mi primer experiencia de Misión en Panamá. La lectura de los evangelios, y de la Biblia en general, desde la clave de compromiso por la justicia, la paz y la libertad han sido fundamentales para orientar mi ministerio”, puntualiza el padre César.


Dário, César, Marco, Juan Carlos, Richard y Alirio son solo algunos de los muchos sacerdotes, diáconos, teólogos y laicos comprometidos con la práxis de la teología de la liberación y la ecoteologóa en las resistencias contra los proyectos extractivistas.


Sus voces, su trabajo y su obra impactan en los territorios allí donde han llegado para andar al lado de las comunidades que ejercen su derecho a la defensa de la naturaleza de la cual se sienten parte, ni inferior ni superior a ella solo parte de Gaia, Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe.

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Notas:


i Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 31.
ii Ibidem.
iii Ibidem. Página 26.
iv Tomado de http://science.sciencemag.org/content/155/3767/1203
v Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 29.
vi Tamayo, Juan José. Leonardo Boff, ecología, mística y liberación. Editorial Desclée de Brouwer. 1999. Página. 55.
vii Caraballo, Jhon Fredy. Responsables de la casa común. Reflexiones sobre la Encíclica Laudato Sí. Centro Editorial Uniminuto. 2015

Publicado enMedio Ambiente
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

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Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

 

El Gobierno ha ordenado a las empresas públicas y privadas poner a disposición del Estado a sus trabajadores durante 60 días

 

 

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

 

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

 

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

 

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país. También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.

 

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

 

Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

 

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

 

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

 

La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.

 

Los frijoles más costosos


En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.

 

La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

 

Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.

 

 

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Julio 2016 14:29

Colombia en el quinto infierno

Colombia en el quinto infierno

 

Como el ibuprofeno, las coyunturas le sirven al Gobierno para todo, en esta oportunidad para descargar su responsabilidad en terceros. Ahora resulta que la disparada en los precios de los alimentos es por culpa de un “choque” de oferta, “exceso” de demanda, factores climáticos o del paro de los camioneros, pero hay determinantes estructurales de tipo político-económico y de posición dominante en el mercado (monopólica) que lo desmienten.

 

 

“El hambre y el amor
constituyen el germen de toda
la historia humana” (Buda)

 

El precio de los alimentos está por las nubes. Cada día, como si fuera novedad, la queja por esta realidad es lugar común en todas las conversaciones populares. No es para menos, hace unos 28 años (una generación atrás) un huevo costaba 18 pesos, hoy cobran hasta 400 y más por el mismo.

 

Para salirle al paso a esta realidad, y echando mano de lo primero que encuentra –para no aceptar su culpabilidad– el Gobierno ahora dice que la responsabilidad por la disparada alcista es de los camioneros y su paro; hace unos meses decía que la culpa era del Fenómeno del Niño, y antes la descargaba en la devaluación del peso.

 

Nada más falso. El alza en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares (inflación) no es un fenómeno natural como la lluvia o la hierba que crece de forma espontánea en los campos y jardines; lo cierto es que las razones de esta realidad que afecta de manera dura la mesa de quienes menos ingresos tienen, es un fenómeno político-económico. “La mesa del pobre es escaza y el lecho de la miseria es fecundo”.

 

Hay que resaltar, además, que la inflación que de manera general dicen que creció 6 por ciento, 6,5 o más, engloba un sinnúmero de componentes, dentro del cual está la canasta básica familiar (CBF), la cual, si la detallamos por separado, constatamos que durante los últimos doce meses creció hasta un 14,3 por ciento. Es decir, la comida y otros bienes indispensables para sobrevivir de manera más o menos digna, es el factor que más afecta, hoy por hoy, el bolsillo de quienes menos tienen. Es decir, no estamos ante un fenómeno cualquiera, estamos ante una realidad que determina la calidad de vida de millones de personas, y hasta su misma muerte. El hambre sin satisfacer no cubre las necesidades fundamentales del organismo y precisamente ello produce graves accidentes en la salud.

 

Fenómeno que no es de ahora. Durante lo corrido del siglo XXI, el alza en los precios de los alimento tiende a ser más acelerado que el conjunto de los demás bienes que integran la canasta básica familiar (gráfico 1). De ahí que las explicaciones dadas por el Gobierno acusando del aumento de la inflación al cambio climático, al paro camionero, e incluso a la devaluación, sólo buscan ocultar una realidad: el alza abusiva y arbitraria de los precios por parte de los empresarios, clase política y de la burocracia estatal (impuestos y servicios administrados) debido al control monopólico que tienen sobre los bienes y servicios esenciales para la supervivencia humana y que les otorga el poder de exprimir a los consumidores y extraerles recursos monetarios adicionales a los que arrancan mediante la explotación laboral (gráfico 2).

 

 

El poder es para poder, y para abusar. El aumento en la inflación es un robo por parte de la tenaza Estado-capital al extraerle a los consumidores dinero de su bolsillo mediante las jugadas especulativas (aumento de impuestos sobre el consumo –IVA–, acaparamiento y arbitrariedad en la fijación del precio de los bienes básicos). En nuestro país los consumidores pagamos el 16 por ciento en impuestos sobre cualquier compra de alimentos que realicemos; no satisfechos con ello, el Gobierno y la clase política tienen anunciado que con la próxima reforma tributaria este impuesto se elevará al 19 por ciento.


Para sorpresa por su sinceridad temporal, según lo denunciado a principio del año 2016 por parte del propio ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los altos precios de los alimentos responden a la cadena de intermediarios entre el agricultor y el consumidor final, de ahí la diferencia entre las grandes centrales de abastos y los supermercados; además, agregó que la diferencia en los precios de los alimentos entre las centrales de abastos y las grandes superficies del comercio, en algunos casos, superan el 250 por ciento, por tanto, pidió la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para revisar el incremento en el precio de los alimentos y la competencia entre supermercados y centrales de abastos, pues aseguró que se trata de “un tema imperfecto en el país”. Reclamos y reconocimiento que ahí quedaron, como unas palabras más, pues lo precios continúan al alza. En lo corrido del año, los precios de los bienes básicos que venden en los grandes supermercados, y de los servicios domiciliares administrados por el Estado (agua, alcantarillado, basuras, luz, gas), han aumentado entre un 20 y cuarenta por ciento.

 

La actividad especulativa, a la vez que condena a los sectores más excluidos de la sociedad a padecer hambre, sometiéndolos a una vida indigna, da lugar a movimientos anormales de precios no asimilables a fenómenos económicos reales de la esfera de la producción, la circulación o el consumo. La especulación se ejercita sobre la base de variaciones provocadas artificialmente; las diferencias artificiales en los precios se determinan por medio de acaparamientos y difusión de noticias falsas. Estas acciones repercuten, generalmente, en un aumento de la indigencia, de la incertidumbre y del riesgo presentes en la vida económica, y, específicamente, en pérdidas para los pequeños empresarios, los asalariados y los sectores populares. Y todo el país pierde debido a que el hambre repercute en la caída de la productividad de la fuerza de trabajo y en bajo rendimiento escolar de los estudiantes. Albert Sarraut llamaba esta realidad como el “círculo infernal” del hambre: “el ser humano no come lo suficiente porque no produce bastante, pero no trabaja más porque no puede comer lo necesario”.

 

Adicionalmente, habría que señalar el efecto de las “extremas” en Colombia en su locura por la guerra que ha obligado a los agricultores a abandonar la producción de alimentos y a las poblaciones a desplazarse por el conflicto armado interno. Según el registro único de víctimas (Presidencia de la República) el botín despojado por las derechas, durante los últimos cincuenta años, es de más de 4.2 millones de hectáreas, lo que en adición deja a cerca de 6.5 millones de campesinos desplazados y sin tierra. Fenómeno que contribuye, en conjunto, a la menor producción de alimentos, al aumento de la inflación y a profundizar el flagelo del hambre.

 

En conjunto, el influjo de la inflación es desfavorable sobre toda la economía del país, pues ésta da origen, de manera simultánea, a un crecimiento rápido, incesante y sumamente desigual de los precios de las mercancías. Así surgen grandes diferencias de rentabilidad en las distintas ramas de actividad económica, lo cual estimula el desarrollo de una economía especulativa y provoca un descenso de las actividades productivas “reales”. La clase más afectada por la inflación es la trabajadora, cuyo salario real baja sensiblemente debido al aumento de los precios de los bienes y servicios que integran la canasta básica familiar.

 

 

  
 
El índice de la inflación

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el Dane, es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo. De manera más compleja se trata del indicador de la inflación más conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural sobre el comportamiento de los precios minoristas de un país. Técnicamente el IPC es un índice de canasta fija, correspondiente a un periodo base en el tiempo, construido sobre una variante de los índices tipo Laspeyres, que permite una actualización más rápida de la canasta para seguimiento de precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los hogares de un país.

 

Un número índice es un relativo porcentual por medio del cual se expresa una medición en un período dado como una relación en un período base designado. Las mediciones pueden relacionarse con cantidad, precio o valor. El índice de precios al consumidor es el más ampliamente conocido de los índices, en razón de su uso como indicador del costo de vida. En Colombia lo publica mensualmente el Dane; el año base es 2008. El IPC es indicativo de precios relativos comparados con el año base.

 

  

 

 

  
 
La variación del último año
por ciudades

 

Las ciudades que registraron variaciones por encima de la inflación promedio nacional (8,6%) fueron: Cúcuta (10,1%); Pasto (9,6%); Cali (9,5%); Florencia (9,1%); Riohacha (9,0%); Sincelejo (8,9%); Bogotá D.C. (8,7%); Manizales (8,7%); Villavicencio (8,6%) y Armenia (8,6%). Por debajo del promedio se situaron: Ibagué (8,6%); Popayán (8,6%); San Andrés (8,5%); Montería (8,3%); Tunja (8,3%); Bucaramanga (8,3%); Valledupar (8,2%); Neiva (8,2%); Medellín (8,2%); Santa Marta (8,1%); Cartagena (7,9%); Pereira (7,8%); Barranquilla (7,8%) y Quibdó (5,8%).

 

  
 
 

 

 

 IPC e índice acumulado de los precios 1988-2016

 

Parece ficción pero así es. Durante el período 1988-2016, los precios globales de los bienes de consumo familiar en Colombia se han multiplicado en 21 veces y el de los alimentos, en particular, 22 veces más (en términos porcentuales 2.073 y 2.192 por ciento, respectivamente). Así, por ejemplo, el precio actual de un huevo es equivalente a 400 pesos, 28 años atrás le cobraban al consumidor por el mismo huevo 18 pesos.

 

Cuatro situaciones diferenciales ocurren durante este intervalo de tiempo: i) alta inflación (por encima de dos dígitos), en los años 1988-1998; ii) reducción de la inflación anual de 9,2 a 2,0 entre 1999 y 2009, iii) nueva escalada de los precios entre 2010 y 2016 hasta alcanzar el 8,6 por ciento de inflación en junio de 2016; iv) Los alimentos registran un alza en sus precios más acelerada que el resto de grupos de gasto: en 2015 aumentaron en 10,9 por ciento y en lo corrido de 2016 en 14,3 por ciento (gráfico 1) .

 


 

 

Al finalizar la década de 2000, en promedio el alza en los bienes de la canasta básica ha sido más alta para los grupos de ingresos bajos, causado por el incremento en los precios de la canasta de alimentos y en los bienes y servicios controlados por el Gobierno. Para los grupos de los excluidos o pobres, la situación es más desfavorable dado que dedican, proporcionalmente, un porcentaje mayor de sus ingresos a la compra de alimentos respecto a los grupos pudientes o ricos. Según los estudios de pobreza del Dane, a nivel nacional los grupos sociales de bajo nivel socio-económico destinan el 46 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. A mayores ingresos no aumenta proporcionalmente el consumo de alimentos (aunque puede variar la calidad de los mismos): el consumo alimenticio es inelástico por razones naturales evidentes: un ser humano no puede tener más de un estómago, como las vacas, y el más rico no requiere comer mucho más que el más pobre.

 

Como resultado del alza en el precio de los alimentos, y para poder sobrevivir así sea en precarias condiciones, los grupos sociales de bajos ingresos disminuyen la compra de bienes que contienen proteínas animales (leche, queso, carnes y huevos) por ser los más costosos. El problema es que, entre los principios nutritivos, son los más indispensables. El consumo se desplaza hacia las harinas, las grasas y los azucares, de menor precio; saciar la sensación de hambre no es lo mismo que nutrirse. Al mantenerse la subalimentación van apareciendo los síntomas gravísimos de la desnutrición. En los sujetos desnutridos gravemente, cualquier infección que aparezca precipita el fatal desenlace. En definitiva, es el “hambre específica” de proteínas animales la más significativa de las carencias que sufren las clases y los pueblos pobres. El hambre es el más viejo enemigo de la humanidad.

 

  
 
Variación de la Canasta Básica Familiar

 

Los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares, los desarrollos tecnológicos y las transformaciones culturales. La Canasta Básica Familiar –CBF– definida por el Dane para el año 2000 quedó compuesta por 405 artículos, los cuales se agregaron en 176 nuevos productos respecto a la CBF de finales del siglo XX. Como punto de referencia anterior (IPC-60) estaba compuesto por 195 productos. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios. La información básica para construir la canasta se obtiene a partir de una encuesta especializada que aplica con regularidad el Dane, denominada Encuesta de Ingresos y Gastos (EIG); la cual ha sido aplicada por este órgano del Estado en 1970, 1984-1985, 1994-1995, 2006 y 2007. La clasificación adoptada por el Dane comprende nueve grupos de gasto de los hogares: Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Cultura, Diversión y Esparcimiento, Transporte, Comunicaciones y Otros gastos.

  

 

 

La inflación junio 2015-2016

 

En los últimos doce meses dos grupos se ubican por encima del promedio nacional (8,6%): alimentos (14,3%) y otros gastos (8,8%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: salud (7,7%); vivienda (6,5%); educación (6,4%); transporte (5,9%); diversión (5,7%); vestuario (4,6%) y comunicaciones (3,6%).

 

En resumen, la presión para que la inflación anual haya llegado al mayor nivel en 16 años y medio va, pues, más allá de los alimentos. Entre los productos que más han encarecido el total de la CBF, por su encarecimiento del último año y, además, el peso que tienen en el gasto de las familias, junto a algunos alimentos hay otros relacionados con la vivienda y hasta la diversión (gráfico 2).

 

Es así como la variación de los gastos básicos que más aportaron: almuerzo (8,0%); arrendamiento imputado (4,2%); vehículos (12,7%); energía eléctrica (13,7%); res (18,7%); papa (65,7%); arrendamiento efectivo (4,2%); otras frutas frescas (35,6%); gas (19,7%) y bus (8,7%).

 

De acuerdo con uno de los codirectores del Banco de la República, Gustavo Cano, es difícil que se logre, al final de este año, una inflación inferior al 7 por ciento, y subraya el riesgo de que en el 2017 se completen tres años seguidos sin cumplir la meta fijada por la autoridad monetaria, a pesar de las continuas alzas en las tasas de interés que han fijado para “frenar” la demanda.

 

Inflación, realidad estructural y no circunstancial. Con su evolución se constata que Colombia es un país que sigue al píe de la letra la sentencia expresada por Carlos Marx en el siglo XIX: “El sistema capitalista no desarrolla la técnica ni los procesos de producción social si no es secando al mismo tiempo las dos fuentes de las que brota toda riqueza: la tierra y el ser humano”.

Publicado enEdición Nº226
Valle del Cocora-Quindio

 

 

En la memoria de los pueblos


Hacia el año 2013 se realizó el Primer Paro Agrario, en ese trayecto un grupo de campesinos, líderes sociales y comuneros del departamento del Quindío asistieron con su presencia en el sitio denominado a la altura de Calarcá. Este encuentro geográfico y político permitió una gran participación y un derrotero para ir construyendo escenarios de vida. Se inicia la constitución de la Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindío (Astracaquin), quien bajo una reflexión colectiva sobre el territorio, participación, educación y política han gestado un trabajo organizativo alrededor de temas que tiene que ver sustancialmente con las implementaciones de un modelo neoliberal y sus cauces guerreristas :


-La población indígena, campesina víctimas del conflicto y la guerra que se ha propiciado en el Quindío,
-El tema de la mega-minería en el Quindío, donde la AngloGold Ashanti está detrás de la concesión minera en el municipio de Salento, bajo 3.142 has, poniendo en riesgo la palma de cera, símbolo nacional de Colombia que hace parte del Valle de Cocora, donde hace parte de un segmento del Parque Nacional Natural Los Nevados. El municipio de Salento provee de agua a los municipios de Circasia en un 70%, también a Armenia, Calarcá, La Tebaida.
-La penetración y la explotación agroindustrial de la compañía multinacional Smurfitt Kappa Carton Colombia a los territorios, básicamente en la microcuenca “Las Pizarras” que abastece el acueducto de Pijao,
- El gran deterioro y desequilibrio urbanístico que se ha gestado en el departamento del Quindío,
-La implementación de la Zidres en contravía a lo acordado en la mesa de dialogo de la Habana sobre las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC)
- La implementación represiva del Código Nacional de Policía, bajo una ley de gran dispositivo represor que va en contravía de la vida de cada uno de los colombianos y de la protesta social como mecanismo de expresión democrática.

 


Resistencia y avances sobre el territorio


“El movimiento campesino al servicio de los campesinos y no de los terratenientes”
Líder popular Quindiano- Astracaquin

 

El día 9 de Julio en Armenia se llevó a cabo bajo la convocatoria de Astracaquin: Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindíoel: “Pre-encuentro de campesinos Víctimas e Indígenas en el Departamento del Quindío –en la ciudad de Armenia”– allí se permitió trabajar en reflexión colectiva diversos temas como territorio, educación y política:


Astracaquin, ha venido configurando temas sociales bajo un gran debate con la comunidad en los diversos territorios del Quindío. En este evento del 9 de julio Astracaquin, configuró de manera participativa bajo una gran propuesta colectiva con la población campesina de los municipios de Buenavista, Montenegro, Calarcá, Charalá, Palogordo, Quimbaya, Circasia , Finlandia y con presencia de población de algunos barrios de Armenia, como un grupo de indígenas de la etnia Embera Chami de desplazados. Así de manera gradual, organizada y reflexiva la comunidad realizó un pronunciamiento el día 9 de julio sobre los siguientes temas como continuación del trabajo:


1-Se solicita a la Mesa de diálogos de La Habana, se conceda una audiencia a una delegación de campesinos del departamento del Quindío encabezados por líderes de Génova y la Tebaida.
2- Apoyo a la consulta popular contra la Mega-minería en el departamento del Quindío.
3- Continuar la organización e impulsar la Cumbre social y popular del Quindío- 2016
4- Fortalecer el Cabildo Abierto sobre el tema del incumplimiento institucional a las víctimas de la población en el departamento del Quindío.


La Declaración de los puntos anteriores dados por Astracaquin, como organización colectiva, muestran el gran compromiso alrededor de los asuntos que están afectando a la población y bajo temas de gran sensibilidad territorial que afectan el departamento del Quindío. Ello permite que se avance de manera organizada y se abra un debate y se continué bajo una gran reflexión para hacer validar los derechos de los territorios y de una población que aún no sale de las graves injusticias sociales en que se encuentra sumergida por el gran trazo del modelo neoliberal y las tenazas ideológicas fascistas que de manera soterrada viajan por la cordillera Central.

 

 

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Rostros y repertorios de la resistencia agraria

La Minga de la resistencia indígena, campesina y popular que involucra millones de colombianos presenta múltiples rostros y acude al repertorio de recursos de los movimientos sociales y populares para exigir del Estado y el gobierno de turno respuestas a los pliegos y demandas de las masas agrarias, étnicas y populares que hacen formidables demostraciones de rechazo a la modorra gubernamental frente a los compromisos adquiridos al termino de las movilizaciones ocurridas en el año 2013.

Hagamos un recorrido por lo que ocurre en diversos puntos del territorio colombianos con el desarrollo de la Minga de la resistencia agraria.

Hay bloqueos de vías, manifestaciones, concentraciones y plantones. Son los repertorios de la protesta social.

El movimiento social en curso es una sumatoria de movimientos sociales clásicos como los agrarios y de nuevos movimientos sociales como los ambientalistas, indígenas, derechos humanos, la paz y contra la megamineria.

Cauca.

La vía que de Cali lleva a Popayán se encuentra bloqueada en varios puntos por indígenas.

Tras un día de bloqueos y enfrentamientos entre indígenas y el Esmad, este miércoles 1 de junio/2016, permanece cerrado el paso en la vía Panamericana debido a que varios camiones fueron atravesados en la vía durante las protestas de indígenas.

El bloqueo persiste en el kilómetro 53, sector Caldono, lo que ha generado que centenares de vehículos estén represados sobre la vía en un trancón que se extiende hasta Santander de Quilichao.

La situación empeoró porque los indígenas han derramado Acpm sobre la vía.

Los indígenas destruyeron algunos sistemas eléctricos de los tractocamiones que los dejaron sin poder utilizarlos en la mitad de la vía, además que pararon varios vehículos que transportaban cerveza y tiraron los envases vacíos a la carretera.

Los cabildos del norte del Cauca protestan contra lo que ellos llaman “el incumplimiento” por parte del Gobierno y el Ministro de Agricultura de varios compromisos adquiridos.

De acuerdo con el Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, al menos 12 mil personas están desde el lunes pasado en La María, Piendamó, haciendo parte de la movilización general.

A pesar de la presencia paramilitar en todo el departamento y de las últimas amenazas que hemos recibido varios líderes indígenas, nosotros saldremos a manifestarnos y a presionar hasta que el Gobierno se reúna con las comunidades”, indicó Luceida Juricué, consejera de la Acín.

Son alrededor de 60 mil personas, entre indígenas y campesinos, que se están concentrando en cuatro puntos de este corredor vial porque manifiestan que el Gobierno Nacional no les está cumpliendo a estos grupos poblacionales luego de pactos registrados en pasadas movilizaciones del 2013.

Para el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, José Ildo Pete, la movilización estaba ya pactada desde finales del año anterior, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos en temas de tierras, derechos humanos, autonomía indígena, minería, entre otros.

El líder nativo agregó, además, que son varias las razones para que estas comunidades se declaren en asamblea permanente, entre ellas las pocas acciones del Estado frente al tema de la minería ilegal, no solo en sus territorios, también es la persecución y asesinato de sus líderes y el incumplimiento del Gobierno a temas ya pactados como la compra de tierras para estas comunidades.

Esta misma posición es la esbozada por los líderes campesinos de Piendamó, El Tambo, Timbío y el Macizo Colombiano, como el caso de Daniel Ulcué, representante de los labriegos cocaleros asentados al occidente del Cauca.

“Son varias localidades tambeñas que marchamos, como son Huisitó, Playa Rica, entre otras, ya que no encontramos una solución real al problema de los cultivos ilícitos y solo conocemos la violenta represión del Estado a la hora que se busca solucionar un problema que no solo es del campesinado”.


Por ejemplo, dice, “[...] de donde yo vengo la única fuente laboral y de ingresos para las familias es el cultivo de coca porque no hay más. Uno siembra plátano y termina es arruinado.

Además, habitamos una zona olvidada donde no hay carreteras, ni escuelas, ni puestos de salud. Para vivir en esas condiciones hay que echar mano del único cultivo que es restable, el cual ya mencioné, explica Daniel Ulcué.

Los puntos de concentración sobre los costados de la Panamericana son a la altura de la vereda El Uvo, Timbío; La María, Piendamó, Mondomo, Santander de Quilichao y Villa Rica, en este último punto hay reuniones de comunidades afrodescendientes.

 

Los Sikuani del Meta.

 

Unos 1.562 habitantes de las poblaciones indígenas sikuani se unieron al paro agrario nacional en Puerto Gaitán, al oriente del Meta.

El consejero mayor de la Asociación de Autoridades Indígenas Únuma, Antonio Rubio Yespes, que representa diez resguardos indígenas que agrupan a unos 27 mil habitantes de la etnia sikuani, aseguró que se unieron al paro nacional para reclamar los derechos especiales que el Estado suscribió hace dos años y que no han cumplido.

 

Los Zenú de Córdoba y Sucre.

 

Mientras que en Sampués (Sucre), el cacique de la etnia Zenú, Ferney Hernández Santos, denunció atropellos por parte del Esmad, a quienes señalan de arrojarles gas pimienta en la concentración en el cabildo menor de Tierra Grata en el municipio de Chinú (Córdoba).

Hay diez indígenas heridos tras protestas agrarias en Chinú

La caminata, que se inició en Chinú con dirección al departamento de Sucre.

Enfrentamientos entre un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, con indígenas de la etnia Zenú en Chinú, en una sorpresiva jornada de protesta pacífica en el marco del paro agrario dejan varios manifestantes
lesionados por el Esmad.

Pese a que la Asociación de Usuarios Campesinos, Anuc, capítulo Córdoba, había anunciado que no había manifestaciones preparadas, los indígenas salieron desde el mediodía a reclamar por sus derechos ante el Gobierno
Nacional.

Los aborígenes de los resguardos Zenú de Córdoba y Sucre exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos del Pacto Nacional Agrario. El inconformismo de los indígenas durante la protesta se deriva de la utilización de gases lacrimógenos por parte del Esmad para aplastar la protesta.

 

Oriente de Colombia.

 

Mientras tanto, en el oriente del país, cerca de 15 mil campesinos procedentes del Magdalena Medio y Norte de Santander se concentraron en varias vías. Al sitio conocido como La Lizama, kilómetro 35 de la vía Barrancabermeja Bucaramanga, llegaron 12 mil labriegos que viajaron desde el sur de Bolívar, Santander y el Catatumbo.

José Vidal, uno de los líderes de la protesta en la zona, indicó que a lo largo de la manifestación, las autoridades han montado retenes en los que, según él, los obligan a descender de los buses para caminar hasta el sitio de reunión.

Organizaciones sociales de Barrancabermeja anunciaron que desde el puerto petrolero apoyarán la manifestación. Y en la vía a Bogotá, en un sitio ubicado entre Socorro y Oiba, cerca de 10 mil campesinos del sur de Santander y occidente de Boyacá se instalaron en los extremos de la carretera.

 

Antioquia.

 

En Antioquia, unas 8.000 personas, entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, se unieron a la concentración en cuatro regiones: Bajo Cauca, Urabá, oriente y suroeste.

En el coliseo de Valdivia se congregaron mineros y pescadores artesanales de la región que se sumaron al paro nacional agrario. Más de 5.000 mineros y pescadores artesanales se concentraron en el casco urbano de Valdivia en el marco del paro agrario convocado por las organizaciones campesinas.

La retención por la guardia Indígena de 5 soldados que dijeron estar evadidos en la vía Quibdó-Medellín, en Chocó, y un bloqueo en la vía a la Costa, en Tarazá, norte del departamento, reportaron las organizaciones que
encabezan la protesta.

Mientras tanto a la comunidad Las Palmas de Apartadó llegaron 6.000 indígenas de Urabá.

Su protesta es por lo que ellos consideran una afectación del proyecto Hidroituango para sus actividades económicas tradicionales.

Los manifestantes, pertenecientes a asociaciones comunitarias de mineros y pescadores artesanales de Valdivia, Caucasia, Briceño, Toledo, Sabanalarga, Peque e Ituango, comenzaron a llegar desde el lunes al casco urbano de la localidad y permanecen en el coliseo polideportivo desde donde reclaman atención de los gobiernos nacional y departamental.

El motivo principal de la protesta es la vulnerabilidad que nos está causando el proyecto Hidroituango”, señaló Eimberto Vargas, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia.

Anoche seguían llegando campesinos e indígenas a distintas concentraciones en Antioquia.

 

En Guajira los wayuu se unen al paro nacional.

 

Uno de los puntos donde se mantiene una concentración es la vía que comunica a La Guajira con Cesar, donde hay represamientos de vehículos por la manifestación a la altura de los Resguardo Indígena de San Francisco, en el corregimiento de Papayal, en Barrancas.

Alrededor de 500 indígenas wayuu se tomaron la vía que une a La Guajira con el Cesar.

Desde la madrugada de este martes unos 3.500 indígenas wayuu se tomaron la vía que une a La Guajira con el Cesar, a la altura del corregimiento de Papayal.

Según los indígenas de esta región, la protesta se hace para continuar con la defensa de su territorio, por la crisis del agua en este departamento, la desnutrición infantil y la explotación minera, que según afirman, busca acabar con los cuerpos de agua existentes, específicamente el arroyo Bruno que será desviado en el marco de un proyecto de Cerrejón.

Armando Valbuena Gouriyu, miembro de la comisión política de la Onic, afirmó en Riohacha que también es por los incumplimientos del Gobierno Nacional que prometió en el 2013 la creación de 400 resguardos indígenas y la inversión en compra de tierras.

También ha incumplido en las políticas públicas que están en el Plan nacional de desarrollo, por ejemplo de la educación, donde no hay inversión en el sistema indígena educativo propio e igualmente con el sistema de salud.

El dirigente dijo que en el 2013 la Minga tuvo una duración de nueve días y nueve noches, en los que se paralizaron 23 departamentos y que este año también será de manera indefinida.

Según los manifestantes, este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016.

En el sur del departamento se congregaron los integrantes de las organizaciones Aciwasug, el resguardo de Mayabangloma, el de Painwashi, la Organización Yanama y Fuerza de Mujeres Wayuu, entre otras.

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Inicio de las Cumbres de Paz trae expectativas y deja interrogantes

Luego de la mediática toma al Ministerio de Agricultura y de la presión ejercida con ello por parte de la Cumbre Agraria al gobierno nacional, a través de unas jornadas que prometieron preparar para 2016 un Paro Nacional que supere la protesta agraria de 2013, las distintas organizaciones sociales de la Cumbre discuten desde el pasado 29 de enero sobre la organización de la jornada de protesta.

Durante los días 29 y 30 del primer mes del año,y en la ahora progresista Ibagué, delegaciones de las distintas organizaciones sociales de Cumbre Agraria acudieron a la cita desde el Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Unas 200 personas se encontraron en las discusiones programadas en cinco mesas: i) las garantías para la participación política, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario; ii) la participación y los derechos políticos; iii) los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición; iv) los derechos sociales, territoriales, económicos y culturales y; v) los conflictos territoriales. Pues bien, fueron esos los temas de las mesas, pero, ¿qué más viene preparando la Cumbre?

Es patente que este no será un año de guerra y que el calendario electoral no va ser fuerte. En un tiempo así, los movimientos sociales protagonizarán la irrupción en el escenario de la negociación política de la paz. Pareciera que la Cumbre quiere desembocar su plataforma en una Mesa Social para la Paz, que se enuncia desde hace unos meses por sectores de la izquierda social como una plataforma política que reclame para los movimientos sociales la participación sobre las cuestiones y temas que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente tienen parte en el conflicto.

El encuentro de las delegaciones estuvo marcado por un sentimiento unitario. Y aunque muchas de las discusiones en las mesas no tienen oído ni activan la escucha, al menos, y como indicador del cambio de acento para la unidad de la izquierda social, esta vez el tono tanto de las vocerías políticas de las organizaciones de la Cumbre, como la mayoría de las voces de sus delegados, no fue persuasivo y la discusión resultó mucho más concreta para la definición táctica de este año.

Esta primera Cumbre de Paz, de una serie de 17, trazó para el mediano plazo una estrategia constituyente que permita refrendar jurídicamente una nueva situación política para quienes contradecimos a los gobiernos, al Estado, a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Una Asamblea Nacional Constituyente o Proceso Constituyente es, entonces, el mecanismo de disputa con el Estado para darle vía de acción a ese nuevo pacto esperado entre clases y sectores de la sociedad colombiana.

Pero todo ejercicio constituyente implica uno destituyente, y un paro por fuerte que sea desde el campo, requiere de la participación activa de las urbes; al menos de las tres o cinco principales del país. El tino destituyente requiere de un impulso ciudadano que aún está por conformarse como bloque de acción social capaz de emplazar al gobierno y al régimen político, y si bien las acciones desencadenadas desde el pasado 24 de enero tienen como atributo fuerte un carácter antipolítico, aún falta que madure más la protesta ciudadana y se encamine en proyectos comunes de ciudad y de país.

Se requiere, pues, de un proyecto común de país que se junte por la defensa de los bienes comunes, por el trabajo decente, el respeto a la ciudadanía y la participación activa en la vida pública; por la democracia real, por otra democracia que será posible con el esfuerzo de las mayorías hoy excluidas. Democracia territorial, directa, económica, asamblearia, rotativa y profunda; enraizada en la esperanza de ese esfuerzo común. Pero también por la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población, la justa, digna y equitativa distribución del agua y la energía; por el acceso no mercantil a la salud, a la educación, al transporte y a la cultura. En general, por un país para los de abajo, sin aristócratas de ningún color ni caudillos del ímpetu. Se requiere una sensibilidad también común, dispuesta a la escucha activa sin miedo y con franqueza, para que las contradicciones establezcan espacios comunes de disputa como atributo fundamental del diálogo político entre la sociedad y el Estado, y para que los conflictos no sean agónicos ni fijados con la ley del mas rico.

Los conflictos territoriales con el Estado y entre comunidades que se agrupan en la plataforma agraria, campesina, étnica y popular, son el punto sobre el que mayor debate recae, justamente en el momento en que el presidente Santos sanciona la ley ZIDRE en el municipio de Orocué, al suroriente del Casanare. La ley permite el desarrollo de políticas públicas destinadas a fortalecer la agroindustria y, con ello, el gobierno marca una frontera territorial entre, por un lado, un modelo de desarrollo y producción de la riqueza social destinado a promover condiciones para la proletarización del campo y, por el otro, múltiples -pero pequeños- modelos de producción, territorialidad y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas hacia la flora, la fauna, el agua y el territorio, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana. El proyecto ZIDRE plantea también esa frontera como contención a posibles ampliaciones de figuras de protección territorial campesina, étnica y ambiental sobre áreas geográficas del país como la Altillanura, La Guajira, el Urabá Chocoano y La Mojana.

Desde ya, un derrotero de preguntas podría plantearse para las organizaciones y personas que hacen parte de la Cumbre ¿Cuáles serán los mecanismos de diálogo, acuerdo y articulación de los conflictos entre comunidades de la Cumbre para llegar unidos, pero sin imposturas, a la disputa política contra el gobierno? En las tácticas frentistas, que hoy el movimiento socialista colombiano vuelve a retomar, se busca a través de la dirección unitaria de los movimientos, agregar sujetos, actores y factores para el cambio ¿Un momento de cambio profundo de las estructuras rígidas de la política en Colombia, no requiere más bien una lógica de multiplicar y potenciar las luchas, las rebeldías, los inconformismos y las iniciativas? ¿No requiere, pues, de una dirección colectiva más amplia que la que permite la política ya tradicional de la combinación de factores fuertes para dirección? ¿no requiere de mejores tácticas que la del golpe de mano a veces enmascarada de oportunismo de todo matiz? ¿no requiere de una política franca, abierta y desde abajo, más que de una combinación acertada de tintos y acuerdos?

¿Avanzamos hacia las localidades? ¿O avanzamos mejor hacia luchas nacionales? ¿Cómo articulamos ambas maneras de disputar el poder público como ciudadanía? La pregunta es confusa y no debe llamar a engaños. Es preciso instalar un principio, un fundamento y un criterio común: halar para y desde abajo, enraizar la protesta, territorializar la organización; movernos hacia el lugar y momento en que seamos horizontales, en el que los ilustrados no son pedantes, en el que los analfabetas no son ignorantes, en el que los liderazgos no van por lo alto, en el que las decisiones son de todas y para todos. Y particularmente en el ahora inmediato ¿Como pasar de la indignación y de la manifestación, a lucha organizada desde abajo? ¿Cuál plan asumir?

Aquí la declaración completa de Ibagué, tomada de www.comosoc.org

 

DECLARACION POLITICA DE LA 1ª CUMBRE REGIONAL POR LA PAZ

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

 

Durante los días 29 y 30 de Enero en la ciudad de Ibagué nos reunimos 300 delegados y delegadas de las organizaciones de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Quindío, en la 1ª Cumbre de Paz de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.


Nos encontramos Campesinos, indígenas, afrodecendientes y poblaciones urbanas con nuestras banderas, símbolos, historias, tradiciones y saberes con las esperanza de construir desde la pluralidad y desde la Unidad una propuesta de Agenda política para la paz sostenible y con justicia social. Nos encontramos porque nos unen los sueños, las luchas, las resistencias como pueblos.


Destacamos en este espacio el compromiso del Alcalde de Ibagué, quien reiteró su aporte con la paz de la mano del Movimiento Social y Popular en la instalación de esta cumbre.


• Conforme a lo anterior la 1ª Cumbre por la Paz Regional de la zona centro del país, declaramos que:
• Continuamos fortaleciendo la movilización permanente en pro de desarrollar un Gran Paro Nacional que nos permita avanzar en la materialización de pliego unitario nacional de la cumbre.
• Respaldamos la salida política al conflicto social y armado, saludamos el avance de los cuatro puntos de la agenda de la Habana y la reciente decisión de naciones unidas y de la CELAC para realizar la verificación de Cese al fuego bilateral y el Monitoreo a la dejación de armas. Al tiempo exigimos al gobierno no seguir postergando el inicio de la negociación pública con el Ejército de Liberación Nacional para que construyamos un proceso de paz integral. Proponemos ente contexto de negociaciones que el mecanismo de refrendación debe ser consensuado con la sociedad para la legitimidad de dicho proceso.
• Reiteramos nuestro compromiso de impulsar un dialogo nacional participativo y decisorio frente al proceso de paz que desencadene en un gran proceso constituyente popular y democrático para la paz con justicia social.
• Reafirmamos las diversas propuestas de participación de la sociedad, como las constituyentes por la paz, la mesa social para la paz, la comisión étnica para la paz, los territorios de paz y otras propuestas para que de manera articulada fortalezcamos el proceso de construcción y participación desde los movimientos sociales y políticos.
• Reafirmamos que el proceso de Paz no es posible si continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización a los líderes y lideresas sociales, y la privación de la libertad de los prisioneros políticos como los casos de los compañeros Feliciano Valencia, Uber Ballesteros, Miguel Beltrán y los miles que este momento se encuentran las cárceles el País.
• Reconocemos la necesidad de avanzar los lazos de unidad entre el campo y la ciudad como condición indispensable para la construcción conjunta de paz y hacemos un llamado a los sectores urbanos que trabajan iniciativas de Paz a que se sumen a esta propuesta.
• Rechazamos la reciente aprobación de la Ley de Zidres, por estar en contravía de los acuerdos parciales de paz y de los derechos del sector agrario.
• Continuamos trabajando en la defensa de lo público y por eso rechazamos la venta de Isagen y en la región la quiebra de la universidad del Tolima y del Hospital Federico Lleras Acosta. De igual manera denunciamos las políticas neoliberales como la reforma tributaria y el indigno aumento del salario Mínimo.
• Nos comprometemos a impulsar las conclusiones vertebrales de esta cumbre y continuar el trabajo en las regiones para consolidar las propuestas territoriales de paz, articulándonos organizativamente y impulsando una pedagogía popular para la paz.
• Llamamos a todos los sectores a cumplir y desarrollar juiciosamente las apuestas políticas, amplias, unitarias y movilzadoras de esta cumbre para la construcción de una paz democrática, estable y duradera que sea capaz de conquistar el país del tamaño de nuestros sueños.


"Sembramos esperanza y cosechamos país"

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Trabajadores del café: los más precarios e informales de la agroindustria colombiana

Históricamente la caficultura ha sido una de las fuentes de empleo más importantes en Colombia, responsable del 63% del empleo rural. Pero también es una de las mayores fuentes de empleo informal, entendido por esté el que tiene ingresos precarios, inestabilidad laboral, desprotección en seguridad social básica e imposibilidad de ejercer el derecho de la asociación sindical y negociación colectiva.

De ahí la importancia de analizar el rol de los trabajadores de la agroindustria cafetera, sus condiciones laborales y su entorno de vida, que es lo que se hizo en un estudio adelantado este año por la Escuela Nacional Sindical con apoyo de la ONG SOMO, de Holanda, en 4 grandes regiones cafeteras del país, del cual hacemos una amplia reseña en este informe.

A diferencia de los otros cultivos agrícolas de gran escala, en el del café siempre han primado los minifundios y las fincas de tamaño mediano, sin negar la importancia del rol de las grandes haciendas cafeteras. Según el Departamento Nacional de Planeación, en 2012 el 96% de los productores de café explotaba menos de 5 hectáreas y participaba con el 71,4% del área y el 69% de la producción. Esto no se da en otros sectores de la agroindustria.

También difiere por su expansión geográfica. Mientras que la agroindustria de las flores de exportación se concentra en Cundinamarca y Antioquia, el 96% del banano se concentra en Antioquia y Magdalena, y la palma de aceite en Meta, Cesar, Magdalena y Santander, en 2012 el 84.6% de las 974 mil hectáreas cultivadas en café estaban repartidas en 10 departamentos .

En ese mismo año la caficultura generó 717 mil empleos directos, y de ella vivían 560 mil familias. Las flores contribuyeron con 130 mil empleos directos e indirectos en 2014 , la palma de aceite con 141 empleos directos e indirectos en 2012, y el banano generó 100 mil de estos empleos en Antioquia y Magdalena.

Pero la gran diferencia entre la agroindustria cafetera y las otras grandes industrias agrícolas, es el régimen laboral, que en la caficultura es más precario y de alta informalidad. Esto porque son trabajadores olvidados dentro de la cadena de producción. El Estado y la institucionalidad cafetera se han centrado en el apoyo a la organización de productores bajo diferentes figuras: cooperativas, asociaciones, comités locales, etc., pero no hay experiencias relacionadas con la organización de los trabajadores ni la defensa de sus derechos.

La Federación Nacional de Cafeteros, fundada hace 88 años, siempre ha trabajado para promocionar la industria cafetera, nunca ha intentado implementar una política que favorezca a los miles de trabajadores asalariados, quienes no tienen ni propiedad para cultivar el grano, ni capital no humano para invertir en el sector. Nunca han tenido una organización de tipo sindical ni negociación colectiva, y en muy pocos han podido garantizar un sueldo igual o mejor que el mínimo legal.

 

El cafetero, un trabajo precario e informal

 

La caficultura demanda mano de obra constantemente porque el laboreo es todo el año: siembra, desyerbe, poda, recolección, despulpado, fermentado, lavado, secado, almacenamiento y venta. Y es el proceso de recolección el más importante para un caficultor, aunque sea estacional, no superan las 5 semanas.

Hay 3 clases de recolectores. Están los propietarios de fincas cafeteras pequeñas, que no superan las 2 hectáreas, donde el trabajo lo realiza principalmente la misma familia. Otros son los pequeños propietarios de tierra, cafeteros o no, que en épocas de cosecha ingresan como recolectores para poder subsanar los gastos familiares, vendiendo su mano de obra a vecinos o propietarios de fincas más grandes. Y están los recolectores "andariegos", que conforman una población flotante que deambula de región en región según los tiempos de la cosecha. Es muy heterogénea, tanto en términos económicos como culturales y sociales; y es altamente vulnerable, empobrecida y subvalorada.

Una modalidad de pago en la caficultura es por jornal, o día laborado, y varía entre $15.000 y $30.000, dependiendo de las regiones y de si incluye o no la alimentación. Son jornadas de trabajo entre 8 y 10 horas. Es una modalidad muy utilizada para épocas de inicio o fin de cosechas y para sostenimiento y renovación de cafetales.

Para la tarea de recolección de café en época de cosecha la modalidad más usada es el pago al "destajo", llamado también "kileo". Consiste en estipular un precio por kilo de café recolectado en cereza, que suele variar entre $400 y $550, dependiendo de las regiones, épocas de las cosechas y la disponibilidad de mano de obra en la zona. La remuneración del trabajador se hace sobre este cálculo y normalmente la recibe cada fin de semana. Para un recolector que quiera trabajar a mayor velocidad y sacar mejores salarios, este tipo de contratación le resulta mejor.

Para el caso de las fumigaciones, el destajo funciona por la cantidad de galones vaciados o el número de hectáreas fumigadas. Para el mantenimiento o renovación de cafetales, aunque no es lo común, aplica el destajo por hectáreas trabajadas o palos de café sembrados, podados o deschuponados.

Como las cosechas se dan en tiempos diferentes según la altura y condiciones climáticas, siempre habrá regiones necesitadas de recolectores, que hoy escasean porque ya pocos quieren laborar en el campo. De esto da cuenta una reciente noticia que da cuenta de un déficit de 20.000 trabajadores para recolectar café en Andes, un municipio cafetero del suroeste de Antioquia. Ver enlace: http://www.las2orillas.co/buscan-20-000-trabajadores-para-la-recoleccion-de-la-cosecha-de-cafe/

Son recurrentes las quejas del gremio por la carencia de recolectores en tiempo de cosecha, que se explica por los programas de renovación de cafetales que aumentaron la productividad y la cantidad de café para recolectar. Pero también por la migración de trabajadores rurales a las ciudades o a otros sectores económicos, por la inconformidad y bajos salarios, y por la falta de renovación generacional en los trabajadores del café.

En efecto, es cada vez mayor la migración de trabajadores permanentes del café hacia otros sectores. Por ejemplo, las vías 4G han disparado en los territorios una gran demanda de mano obra que no requiere mucha experiencia laboral ni educativa, por lo que los trabajadores del café ven en ésta opción una oportunidad para cambiar de ocupación y mejorar sus ingresos. Además de poder contar con un empleo que provee afiliación al sistema de seguridad social, algo que nunca lograrían trabajando como recolectores. También hay migración hacia las regiones mineras , o a hacia otros productos agrícolas (cacao, curuba, granadilla, etc.), que ofrecen sueldos igual o mejores que los del café y con menos esfuerzo.

Carentes de relaciones laborales formales que los amparen, los recolectores andariegos venden su mano de obra al mejor postor mediante contratos verbales e informales, que en la mayoría de casos no se pactan con los dueños de las fincas sino con otros trabajadores que hacen las veces de patrones de corte, jefes de cuartillas o agregados. Contratan su trabajo por día, al jornal; o al destajo, por kilos o arrobas. Pero por lo general sus remuneraciones no superan el salario mínimo legal, y raras veces cuentan con los requerimientos laborales aplicables por ley.

Sin tierra para trabajar, sin hogar para vivir, sin familia establecida, sin dependencia de un jefe o trabajo estable, los recolectores andariegos valoran la libertad y viven el día a día, pero desprotegidos en su seguridad social. El hacinamiento y las deficientes condiciones de higiene en los "cambuches" donde se alojan, la mala alimentación que les dan en algunas fincas, la soledad y la desprotección en caso de enfermedad, sumado a lo lejos que están de sus seres queridos, son algunas de las cosas ingratas de su oficio.

Así las cosas, la decisión de seguir o no en una finca está mediada por el buen trato de sus superiores, las condiciones del campamento, la alimentación, el ambiente de trabajo y relación con los compañeros, las condiciones del terreno, la densidad de la siembra y tiempo de vida de los cafetales, las variedades de café y la cantidad de café existente en el corte.

Por el lado de los dueños y administradores de las fincas, la decisión de continuar con sus trabajadores la condiciona la calidad de la labor de éstos, su productividad y la disponibilidad de mano de obra en la región.

Por otra parte, es un sector altamente masculinizado. La presencia de mujeres es minoritaria, y las pocas que hay no son migrantes. En las fincas grandes su actividad principal es la preparación de alimentos en los campamentos, y en las fincas pequeñas, de producción familiar, se encargan de apoyar el beneficio del café, la recolección y la administración de las fincas. Hacen un trabajo familiar que no suele ser remunerado. En el estudio adelantado por la ENS se estableció que en el 31% de las fincas no hay mujeres trabajadoras, y en el 46.5% la contratación de mujeres es inferior al 10% del total.

Otro cuello de botella en la caficultura es la edad de los trabajadores. Según un estudio del PNUD realizado en el eje cafetero en 2014, la edad promedio de los trabajadores del café está en 55 años. No hay mucho joven laborando y quienes tienen más de 55 años ya no los enganchan, entre otras cosas porque no los cubre el seguro de accidentes laborales, que es una especie de seguro usado para evadir la afiliación a riesgos profesionales. Así que después de toda una vida dedicada al café, y muchas veces sin familia, estos trabajadores mayores caen en la pobreza, porque la gran mayoría nunca ha cotizado al sistema de pensiones. O sea que están totalmente desprotegidos.

El otro agravante es la ausencia absoluta de sindicatos que defiendan a los trabajadores del café. Libertad sindical y negociación colectiva son términos desconocidos en el sector. Casi todos los sistemas de certificación tienen capítulos sobre exigencias socio-laborales, que plantean que la libertad de asociación sindical y negociación colectiva son requerimientos para la certificación de productores de café. No obstante en Colombia tales requerimientos no tienen aplicabilidad.

Varias dificultades confluyen en esta situación: la falta de unidad de los trabajadores debido a su constante movilidad, la falta de un liderazgo claro que movilice el tema, el desinterés de los gremios cafeteros y la institucionalidad para apoyar la organización de los trabajadores, el riesgo que implica reclamar o exigir mejores condiciones en territorios rurales por fenómenos de violencia, la falta de información sobres los derechos y formas de exigirlos, y la falta de educación de los trabajadores.

 

Dificultades de la formalización laboral

 

En la industria cafetera los costos laborales participan con el 60% de todos los costos , un porcentaje que está muy por encima de casi todas las otras actividades económicas en Colombia.

Para formalizar el trabajo se requiere que el empleador afilie sus trabajadores al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), además de pagarle las prestaciones sociales (cesantías, prima de servicio) y proveerle vacaciones. En total, la formalización laboral implica que el costo de un trabajador de salario mínimo aumenta en un 30% , un porcentaje alto considerando la debilidad económica de los pequeños caficultores.

En el tema pensiones es altamente preocupante. El 94% de los encuestados para el estudio que adelantó la ENS no cotiza a pensión, y el 80% no lo ha hecho nunca en su vida. Incluso el 85% de los trabajadores con más de 53 años no tiene ni una semana cotizada, y los que están entre los 18 y 27 años tampoco lo hacen. Son cifras dramáticas, mucho más si se tiene en cuenta el envejecimiento de la mano de obra en este sector. Cabe agregar que tanto los trabajadores como los pequeños productores y sus familias carecen de dicha protección.

Para esta generalizada desprotección pensional existen varias explicaciones y puntos de vista. Del lado de los productores, la principal dificultad se relaciona con la incapacidad que dicen tener para ofrecer condiciones de formalidad y estabilidad laboral a sus trabajadores. También por el carácter estacional de las cosechas, el perfil migrante y temporal de la mano de obra, y la variación constante del precio del café, que impide tener una proyección de los márgenes de ganancia frente a los costos de producción, de los cuales la mano de obra copa el 60% del total de costos.

Del lado de los trabajadores está la imposibilidad de llegar a la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) con la cotización mínima en tiempo, debido precisamente a la generalizada informalidad laboral en el sector. Pero también hay asuntos de orden cultural que también desmotivan la cotización a pensiones, como la falta de una conciencia del ahorro, limitada además por los bajos ingresos; y la falsa creencia en que la asistencia social (régimen subsidiado de salud y otras ayudas sociales a la pobreza) sustituye la seguridad social.

Desde el 2010 el Presidente de la República y la Federación Nacional de Cafeteros suscribieron el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015, por el cual se acordó formalizar el empleo de 300 mil empresarios cafeteros, quienes entrarían al sistema de seguridad social. Pero lo hecho hasta ahora es insignificante frente a la dimensión del problema. Además con la total ausencia del Ministerio de Trabajo y la inspección de las relaciones laborales en la caficultura, es casi imposible pensar en la formalización.

 

Los sistemas de certificación no inciden

 

En los últimos tiempos han ganado fuerza y presencia en el mercado internacional los llamados cafés especiales y los sistemas de certificación de calidad, que marcan una nueva época y tienen implicaciones en materia laboral.

La mayoría de los sistemas de certificación incluyen exigencias en el manejo del medioambiente, pero también transparencia administrativa, requisitos que están relacionados con las condiciones laborales en las fincas cafeteras certificadas.

Por ejemplo, el sistema UTZ Kapeh exige que se adopten buenas prácticas de salud y seguridad del trabajador, de acuerdo con los convenios de OIT sobre trabajo forzoso e infantil, discriminación, igualdad, libertad de asociación y jornada de trabajo. Starbucks hace exigencias muy similares en temas socio-laborales y resalta la necesidad de garantizar la libertad de asociación y negociación.

Son exigencias que suenan bonito y son buena mezcla de estándares mínimos y derechos fundamentales. No obstante, teniendo en cuenta que la industria cafetera colombiana se estructura sobre condiciones informales, por fuera de la regulación estatal y el Código Sustantivo del Trabajo, hay pocas posibilidades de que se garantice la implementación de esos estándares mínimos laborales.

La discrepancia entre las exigencias de los sistemas internacionales de certificación y la realidad vivida por miles de trabajadores cafeteros del país, es un asunto que requiere mucha más intervención, trabajo y compromiso, tanto por los mismos sistemas de certificación como por la FNC, y sobre todo por el Estado colombiano.

 

Perfil de 3 recolectores

 

"Uno no es de aquí o de allá, uno es del café, de donde esté rojo y maduro el grano", dice Alejandro Pujimuy, oriundo de Putumayo. Su estatura, el color de su piel y los rasgos de su rostro delatan su sangre indígena. Tiene 19 años y es recolector andariego desde los 16, pues esa es una práctica común en su familia y en esa zona del país, donde aprendió oficios agrícolas en la pequeña parcela de sus padres.

Alejandro trabaja hace 3 meses en Andes, suroeste de Antioquia, en una finca cafetera mediana que emplea informalmente a 18 trabajadores, la mayoría andariegos como él. Llegó allí por recomendación de unos paisanos después de trasegar por Huila y Caldas. En su mochila lleva lo necesario para su vida trashumante: ropa, botas, el machete, artículos de aseo, un radio para escuchar música en el cafetal y un celular para comunicarse con los suyos. De sus costumbres indígenas y tradiciones musicales poco conserva. Ahora disfruta del reggaetón, la música electrónica y Facebook para comunicarse con sus amistades.

Prefirió radicarse en Andes por el buen trato de los capataces de las fincas y por el mejor pago del kilo recolectado. En una semana recolecta 480 kilos, y por ellos recibe $192.000, suma que le permite cubrir la cuota de alimentación en la finca, ahorrar para los pasajes de su próximo viaje (al Tolima), y enviar algo de dinero a sus padres.

Otra vida andariega es la de Antonio Usma, de 48 años y recolector desde los 10 años, oficio que aprendió en su pueblo natal, donde es tradición que luego de la jornada escolar los niños vayan a los cafetales a coger granos en compañía de sus padres. De 15 años se fue de la casa a buscar suerte, y como recolector ha trabajado en el norte del Valle, en Tolima y Caldas, lo cual ha tenido efecto en la constitución de su familia: tiene 3 hijos con mujeres diferentes y en la medida de lo posible responde por ellos como padre.

De todas las labores del café, Antonio la recolección pagada por kilo o arroba es la que le resulta más atractiva. Aunque implica no tener sueldo fijo ni contrato estable, es para él la más rentable dado que sus ingresos dependen de su esfuerzo y el tiempo que le dedique a la labor. Por las labores de mantenimiento y renovación de cafetales las remuneran con salarios que casi nunca superan el mínimo, y sin prestaciones sociales; o por un jornal al día que casi nunca supera los $20.000 en el sur del país y $25.000 en Antioquia, descontando la comida.

Antonio prefiere trabajar en fincas pequeñas, pues en las grandes, que en cosecha reclutan más de 150 o 200 trabajadores, la convivencia se hace complicada por la diversidad de culturas y genios de la gente. Y entre todas las regiones prefiere el suroeste de Antioquia, porque los "cuarteles" allí son más adecuados, hay más control y aseo. En cambio en Tolima, por ejemplo, hay partes a las que llega y no hay ni siquiera agua, tiene que bañarse en las quebradas.

Antonio nunca ha cotizado a pensión, pues todo lo que gana, dice, se le va en el gasto diario. Entre tanto el tiempo pasa, su cuerpo se desgasta, y en unos años le resultará difícil acceder a un trabajo, pues a los finqueros no les gusta contratar a personas de edad avanzada para no asumir riesgo de accidentes o enfermedades. "Uno ve mucha gente que ha malgastado la vida en este oficio y llega a la vejez sin un peso, que terminan como indigentes porque lamentablemente el trabajo del recolector no es muy apreciado, y no hay una entidad que apoye para que tengamos una pensión", dice Antonio.

Y está el caso de Jorge Meneses, de 28 años, de La Unión, Nariño. Sus padres lo introdujeron en la recolección de café desde niño. De 13 años arrancó para el norte del Tolima, donde por $12 mil diarios trabajaba de 7 am. a 5 pm. en labores de cosecha, deshierbe, fumigación y mantenimiento de cafetales.

Cansado por las agotantes jornadas y aburrido con el pago, volvió a su casa en Nariño, para descubrir que ese lugar ya no le pertenecía, que prefería recorrer el país como cosechero. A los 16 años viajó a Ciudad Bolívar, Antioquia, donde vagó de finca en finca, mal pagado y con malas condiciones de alojamiento, por lo que decidió trasladarse al departamento de Caldas, y de ahí al Huila, donde trabajó en varios municipios. Desde entonces es interminable lista de municipios donde ha cogido café.

"Este es un trabajo duro, toca cargar grandes pesos y aguantar lluvia y sol de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y rendir bien en el trabajo para sacar 120 kilos al día en cosechas normales, y 250 kilos en cosechas buenas, A veces uno está contento y a veces aburrido, hasta desesperado, porque lo que uno gana ni alcanza para ayudar a la familia", dice Jorge, para quien lo más duro de este oficio es la inestabilidad, la falta de garantías y de prestaciones sociales.

Publicado 28 de septiembre de 2015.

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