El lobby del agronegocio y la captura de la cumbre alimentaria de la ONU

La Vía Campesina y el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM) expresaron su preocupación sobre la captura por los lobbies del agronegocio de los preparativos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre próximo en Nueva York, y que ocupa un lugar central en la agenda de la ONU para 2021, pero también en la de los movimientos y organizaciones rurales y campesinas

Resulta difícil tratar un tema de esta índole sin indignarnos, sin emocionarnos. Desde hace tiempo se ha empleado la alegoría espacial centro-periferia para no recurrir al inoportuno díptico “países desarrollados – países subdesarrollados, Norte – Sur, o simplemente Tercer Mundo, esta abundancia de connotaciones geográficas muy ambiguas esconde un hábil confusionismo, que se limita a perpetuar en realidad a un mundo mal-desarrollado.

De este modo la ambigüedad cada vez mayor que caracteriza la noción de este mal-desarrollo no se debe al azar, ni a defectos semánticos, sino que es el resultado de un fenómeno histórico, de un proceso de producción capitalista y difusión de ideas que se prolongan en los tiempos de injusticias. La arrogancia, el avasallamiento del eurocentrismo con su paternalismo patético nos demuestran que aun, ¡no han comprendido nada!

Recientemente Perla Álvarez Brítez, representante de La Vía Campesina, se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la ocasión de la presentación del informe del nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

En su trabajo, el Fakhri ofrece una visión general de los temas y prioridades que pretende abordar durante su mandato, destacando la cuestión de la gobernanza mundial de los sistemas alimentarios, refiriéndose en particular, y con preocupación, a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios “Es clave que los poderos públicos protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes, promoviendo también la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis”, dijo Brítez. Añadió que enla situación internacional actual, los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a desmantelar los espacios multilaterales, a favor de la denominada gobernanza multipartes (“multistakeholderism”).

De hecho, esta última tiene como objetivo favorecer la entrada e influencia del sector privado en los espacios de decisión que deberían relevar de lo público y de la búsqueda del interés general de los pueblos; un hecho particularmente grave en periodo de crisis sanitaria global como la actual.
Se ha denunciando cómo los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos de esta Cumbre. El objetivo de esta estrategia es claro: asegurarse que los debates se focalicen únicamente en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios, ignorando soluciones propuestas por sistemas campesinos, como la agroecología.

Frente a esta situación, es evidente que “los Estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger este espacio de la ONU de la captura corporativa y garantizar que los titulares de derechos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén al centro de la Cumbre”, afirmó Perla Álvarez.

La representante de Vía Campsina resaltó la importancia de continuar promoviendo la implementación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos, como “hoja de ruta común” y baluarte en favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado.

Como dijo Fakhri, el Relator Especial, al final del debate en la ONU, “La Declaración es uno de los caminos más relevantes para que los países cumplan con el derecho a la alimentación y transformen sus sistemas alimentarios al mismo tiempo».

«La Declaración proporciona una perspectiva sistémica y creo que, si los países la implementan legalmente, si incorporan esta Declaración de la ONU en su legislación nacional, capacitaría a los gobiernos transformar sus sistemas alimentarios y cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió


El hambre durante la pandemia

En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció su visión de las preocupaciones temáticas y las cuestiones prioritarias para todo su mandato.

Fahri asumió su cargo el 1 de mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, y presentó a la Asamblea General su informe, en el que trataba del derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales en julio de 2020.

En ese momento, la situación ya era alarmante. La gente estaba perdiendo el empleo a un ritmo sin precedentes. En abril de 2020, en el momento en que más escuelas estaban cerradas, 369 millones de niños no comían las tres veces al día: hoy más de 246 millones de niños siguen en esa situación. Aunque los gobiernos intentaban hacer frente al problema, millones de personas seguían privadas de recursos esenciales. El virus era desconocido, pero como era de esperar, resultaba más dañino para las personas marginadas y vulnerables.

En ese informe combinó las perspectivas de los derechos humanos y de la política comercial para ofrecer un mapa institucional y principios nuevos que puedan guiar a los Estados, las entidades de la ONU y a la sociedad civil y ayudarles a orientar el régimen comercial mundial hacia la realización del derecho a la alimentación.

Expuso sus conclusiones en el Acto Especial de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del 13 al 15 de octubre de 2020 y presentó sus recomendaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un simposio de alto nivel celebrado el 2 de diciembre de 2020.

El Relator Especial decidió centrarse en cuatro esferas temáticas: la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y la crisis de hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza global; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Además, debido al carácter agudo de la pandemia, ha incluido algunas recomendaciones sobre el modo de hacer efectivo el derecho de las personas a la alimentación a pesar de la Covid-19 y la crisis de hambre inminente.

Las voces en el desierto de la indiferencia

Las terribles condiciones de la pandemia condujeron a que el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hicieran llamamientos en los que se afirmaba que las personas y sus derechos eran fundamentales para que todas las respuestas de salud pública resultaran eficaces. Si bien todos los derechos humanos son esenciales y están interconectados, el derecho a la alimentación contribuye especialmente a todas las soluciones a corto y largo plazo.

El mundo ya se estaba quedando atrás en el logro de la plena efectividad del derecho a la alimentación incluso antes de la pandemia actual. A juzgar por las estadísticas, el número de personas hambrientas y subalimentadas en el mundo ha ido en aumento desde 2015.

Al tiempo que la crisis climática sigue causando estragos, está disminuyendo la biodiversidad en la alimentación y la agricultura a medida que la dieta mundial se homogeneiza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos, entre otras cosas por una marcada tendencia a consumir cada vez más alimentos muy elaborados.

Además, la Covid-19 es solo el virus más reciente -y, lamentablemente no el último- que ha afectado a la humanidad como resultado de la continua disrupción de los ecosistemas y hábitats animales que hemos provocado, lo cual ha aumentado el riesgo de transmisión zoonótica de enfermedades. Paralelamente, el mundo no se ha recuperado de la volatilidad de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2010.

El virus sigue asolando a la humanidad; a pesar de las primeras vacunas, y pasará algún tiempo antes de que la situación sanitaria mundial se estabilice y al menos un decenio -según los expertos- antes de que el mundo se recupere económicamente.

Entretanto, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales aún no se han unido para hacer frente a la crisis de hambre inminente. Peor aún, a pesar de las advertencias, no hay ninguna actuación coordinada internacionalmente para responder a la crisis de hambre causada por la pandemia. Solo los lobistas se movilizan por sus mercados y la rentabilidad.

Algunos datos: según informe de la FAO:

-Durante 2020 la FAO, señalo que hay 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.
-Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales.

-Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles.

-La carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. Se han realizado algunos progresos en relación con el retraso del crecimiento infantil, la insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclusiva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En relación con el sobrepeso infantil no se han logrado mejoras.

Nota
1. Fakhri es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte clases sobre derechos humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También dirige el Proyecto Resiliencia Alimentaria del Centro del Derecho Medioambiental y los Recursos Naturales. Fakhri es titular de un Doctorado de la Universidad de Toronto, una Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, una Licenciatura en Derecho de la Queen’s University y una Licenciatura en Ciencias Ecológicas de la Western University.

Por Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado ante ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

25/03/2021

Publicado enEconomía
Mueren decenas de agricultores en las protestas de India

LEYES AGRÍCOLAS EN INDIA

Según cifras oficiales al menos 25 manifestantes han muerto en las tres semanas de protestas, mientras que el primer ministro, Narendra Modi, ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones para romper

 

Al menos 25 personas murieron, varias de ellas debido al frío punzante, durante las tres semanas de protesta de los agricultores y agricultoras en las fronteras de la capital india, dijo la policía, mientras el primer ministro Narendra Modi ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones con el granjeros protestando.

El líder campesino Darshan Pal le dijo a Al Jazeera que “el número de muertos podría llegar a 35”. Dijo que murieron en la lucha contra las “leyes negras [agrícolas]” que erosionarán sus ingresos y ayudarán a las grandes corporaciones.

Al menos cinco agricultores murieron en accidentes cuando se dirigían a unirse a las protestas, dijo Ashutosh Mishra, portavoz del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh.

Los agricultores, muchos de ellos en sus sesenta años o más, han estado desafiando el duro invierno del norte de la India para acampar al aire libre con sus tractores y remolques estacionados parachoques contra parachoques.

Las olas de frío que azotan el norte de la India con temperaturas que caen en picado a tres o cuatro grados por la noche han empeorado la situación, dijo Mishra.

Modi ’Humildemente dispuesto a hablar’

Decenas de miles de agricultores, en su mayoría de Punjab y Haryana, han estado estacionados en varias carreteras en las fronteras de Nueva Delhi desde fines de noviembre para exigir la revocación de las nuevas leyes destinadas a flexibilizar las normas que rigen sobre precios, almacenamiento y comercialización de cultivos.

Los agricultores advierten que las empresas privadas se beneficiarán y dictarán las condiciones para actividad agropecuaria. Y temen que el gobierno deje de comprarles granos como el trigo y el arroz a un precio mínimo garantizado.

Modi defendió el viernes las leyes e invitó a los agricultores que protestaban a más conversaciones, a pesar de que varias negociaciones no lograron romper el enfrentamiento.

Después de una serie de reuniones previas con los ministros de Modi, los manifestantes han dicho solo la anulación oficial de las tres leyes podrá cambiar su posición.

El viernes, en declaraciones a los agricultores del mayor estado productor de trigo del país, Madhya Pradesh, Modi dijo que "no debería haber motivo de preocupación" y repitió la posición del gobierno de que los agricultores tendrían asegurado un precio.

"Las modernas instalaciones disponibles para los agricultores de las principales naciones también deberían estar disponibles para los de la India, no se puede retrasar más", dijo.

"Aún así, si alguien tiene alguna aprensión, y en interés de los agricultores del país y para abordar sus preocupaciones, estamos muy humildemente dispuestos a hablar sobre todos los temas".

Rakesh Tikait, un líder campesino, dijo después del discurso de Modi que el primer ministro estaba tratando de privatizar la agricultura para beneficiar a las empresas y no a ellas.

Un gran conflicto obrero

El Gobierno de Modi ha venido desarrollando un fuerte perfil nacionalista, xenófobo y racista hacia musulmanes, paquistaníes y, también aprovechando la confrontación con China, para intentar soldar una unidad nacional reaccionaria para avanzar el un ataque sobre los trabajadores. Modi aprovechó la pandemia para avanzar en los planes de liberalización del campo y con leyes laborales de corte neoliberal. El coronavirus a su vez ha golpeado fuertemente en India ubicándolo como segundo a nivel mundial en cantidad de casos y fallecidos.

Las explosivas manifestaciones muestran la dificultad que enfrenta el gobierno indio para aprobar reformas económicas en un sector donde hay enormes intereses capitalistas. También es un ejemplo de una tendencia emergente en la que el gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha metido en problemas después de aprobar leyes importantes unilateralmente

La protesta de agricultores y agricultoras contra las nuevas leyes agrícolas se ha convertido en un conflicto obrero de gran magnitud contra el gobierno de Narendra Modi, dándole continuidad a la huelga más grande del mundo que paralizó la producción de 250 millones de trabajadores.

el estancamiento.

La Izquierda Diario // Agencias

Con información de Al Jazeera.

Publicado enInternacional
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Resistencias antiextractivistas: en el corazón de la práctica de la ecoteología

En Latinoamérica la apuesta es por la ecoteología a través de la cual representantes de la Iglesia ejercen su misión liberadora del hombre y la tierra. Uno de los propósitos es cambiar de paradigma, ubicar al hombre como parte de la naturaleza, integrado a ella, en una nueva relación ya no de dominación sino de codependencia.


En Suramérica y Centroamérica diferentes comunidades eclesiásticas acompañan comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en sus resistencias pacíficas contra empresas, nacionales y multinacionales, y sus proyectos extractivistas.


“La ecoteología constituye una nueva cosmovisión con inspiración ética y religiosa que cuestiona el modelo de civilización tecnocientífica imperante y propone un paradigma que salvaguarde armónicamente los derechos de la naturaleza y los humanos, pues la actual crisis se da por la civilización hegemónica. El mesianismo prometido por la ciencia y la tecnología resultó ser selectivo y discriminatorio”, explica Richard Acostai.


En su libro, Acosta plantea el reto de la teología: responder a la realidad social y sus nuevas formas de opresión que avasallan a los pueblos. Añade que si el discurso teológico pretende ser pertinente se requiere la coherencia entre la fe y la praxis, una práctica que responda a esos nuevos contextos sociales y sus desafíos.


“Si la teología ha de ser impertinente, ha de serlo al ejemplo de Jesús, el Cristo, quien importunó el statu quo y las estructuras alienantes y opresoras de su contexto”, dice enfático Acostaii.


En el corazón de esa praxis está el acompañamiento de la Iglesia a los procesos de resistencia pacífica liderados por comunidades indígenas, campesinas, y afros que habitan en las entrañas de Nuestra América.


Además asumir una posición de liderazgo que confronta los nuevos modelos de desarrollo que promueven el extractivismo como fuente de “progreso” a costa del sacrificio y el rompimiento del tejido social, del equilibrio de los ecosistemas.


Un desequilibrio que ha enfermado a la tierra, Uma Kiwe, para los Nasa de Colombia. “El suelo el lugar donde nos encontramos hoy, donde desarrollamos nuestras actividades, es un ser vivo. Es la piel de la madre tierra, Uma Kiwe, y allí dentro de esta capa existen seres espirituales que denominamos tapanos, espíritus que toman formas diferentes con las hojas de los árboles, con las ramas que se van descomponiendo y que generan equilibrio con todo el territorio”, señala Luz Mery Pachacué, indígena Nasa quien vive en el departamento del Caquetá.


Según la cultura Nasa el suelo, la piel de la tierra, se desarmoniza y enferma cuando hay quemas, se aplican químicos, se destina a monocultivos como la palma; además, cuando hay minería y deforestación.


Es en este momento de crisis planetaria le corresponde a la teología cristiana saldar una deuda pendiente. En palabras de Acosta:


“Le corresponde a la reflexión teológica, incluso, redimir la cosmovisión cristiana heredada e impuesta por ella desde la Modernidad que distorsionó la designación divina del hombre como “dominador” “sometedor” atribuida en el Génesis, y la entendió como sinónimo de depredacióniii”.


Esta “deuda” fue debatida en el año 1967 en el artículo de la Revista Science The historical roots of our ecological crisis”, las causas históricas de nuestra crisis ecológicas del estadounidense Lynn White Jr.


En ese artículo, White planteó que, especialmente en su forma occidental, no hay religión más antropocéntrica que la Cristiana y que incluso en el mito de la creación se observaba que todas criaturas físicas no tienen otra finalidad que servirle al hombre, que fueron hechas para su beneficioiv.


No obstante Alirio Cáceres, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá y animador ecológico de la Iglesia del Continente y Bogotá, opina que hay que se cautelosos en este punto.


“No se puede ser tajante al decir que el cristianismo es antropocéntrico y depredador. Génesis 1, 28 habla de un Dios permisivo que le da el mandato, el dominio y ese dominio se entendió como servirse de todos los servicios de la naturaleza en función del ser humano, que es lo que se conoce como antropocentrismo.


“Pero penetrando en la mentalidad bíblica, los estudiosos, los hermeneutas llegaron a la conclusión de que ese verbo ha sido mal traducido mal interpretado, porque en realidad el dominar es servir, es cuidar”, agrega Cáceres.


También en su artículo White reconoció el papel “radical” de San Francisco de Asís para superar esa perspectiva de aparente superioridad del hombre sobre la naturaleza.
“La clave para entender a Francisco es su creeencia en la virtud de la humildad –no solo para el individuo sino para el ser humano como una especie. Francisco trató de deponer al hombre de su monarquía sobre la creación e instaló una democracia para todas las criaturas de Dios”, dijo Withe.


En América Latina, la ecoteología como evolución o nueva perspectiva de la teología de la liberación incluye a la Tierra -Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe, con las diferentes denominaciones que pueda adquirir, es otro sujeto a liberar; además, del pobre.


La tierra es también oprimida. Se escucha su insistente clamor, su grito que interpela a teólogos y ciudadanos, en general, para protegerla.


La ecología tiene en Leonardo Boff uno de sus grandes exponentes quien en sus escritos como en Grito a la tierra, grito a los pobres, la considera una pobre más.
“Boff habla de una cuarta ecología que es integral y que la opción por los pobres implica ese grito de la tierra porque la ecología se entiende como la ciencia de los pobres, ciencia de la casa común, el planeta”, indica Alirio Cáceres.


La Encíclica Laudato Sí, centrada en el cuidado de la casa común, plantea un teocentrismo –insiste Alirio Cáceres- el centro es Dios, de él venimos los seres existentes, la fauna, el bosque, las flores.


“Laudato Sí fue el cántico que Francisco de Asís entonó al Dios creador, el proyecto humano es que podamos devolver a Dios todo lo donado, por su misericordia”, enfatiza Cáceres.


¿Antropocentrismo o biocentrismo?


Pensar un territorio común, una forma nueva de entender Dios al ser humano, al cosmos es un reto para la teología del Siglo XXI.


“La presencia de lo ecológico en la teología ha llevado a cuestionar el antropocentrismo que entiende al humano como dueño y señor (lógica imperialisa), pues así el humano puede transformarse en biocida y geocida; también ha logrado dar el paso a la comprensión de una concepción cosmocéntrica de la existencia que pretende armonizar los derechos humanos con los derechos de los demás seres”v, explica Acosta.


En el centro de la crisis actual adquiere mayor importancia la discusión sobre el lugar del hombre en el planeta, su responsabilidad en la crisis ecológica actual y el rol que debería cumplir.


“El antropocentrismo ha mostrado sus límites y hasta se ha vuelto contra el ser humano mismo. Por lo demás el enfoque antropocéntrico se ha descubierto cómo parte de la racionalidad patriarcal colonizadora que nos está llevando a la destrucción de la madre tierra. Sin una formación ya no solo de los derechos humanos sino más radicalmente de los derechos de la tierra y de la naturaleza no es posible vivir en paz con nosotros mismos, con el Creador”, añade Marco Arana exsacerdote peruano.


También J. L Ruiz de la Peña en su libro Teología della Creazione hizo una pregunta similar: ¿Cosmocentrismo o antropocentrismo? ¿la realidad es antropocéntrica?


Ruiz es claro al afirmar que si bien el hombre creado es tratado casi como un Dios y que ese principio antrópico establece una línea de relación con la doctrina de la creación, el cual le atribuye a la fe cristiana su renuencia a que el hombre abandone su posición central en el mundo, cristocentrista, antropocentrista.


No obstante este autor sugiere que la ilusión de creerse en una posición central como individuo y como especie ha sido revalorada debido a la grandeza del cosmos, la vía láctea y, en ella, la pequeñez del hombre.


“La teología de la liberación y el discurso ecológico tienen algo en común: parten de dos heridas sangrantes. La primera, la herida de la pobreza y de la miseria, rompe el tejido social de los millones y millones de pobres en el mundo entero. La segunda la agresión sistemática a la tierra, desestructura el equilibrio del planeta amenazado por la depredación hecha a partir del modelo de desarrollo planteado por las sociedades contemporáneas y mundializadas”, asegura Juan José Tamayo en su librovi.


Ambos, nos dice Boff, tienen como objetivo la liberación, de los pobres hecha por ellos mismos sin un salvador si no como sujetos políticos y la segunda, la Tierra, Gaia, Uma Kiwe, Pacha Mama, estableciendo una relación entre el ser humano y ella en la que no es el ser dominante y procurando un modelo de desarrollo que haga la vida sostenible para todas las especies sin primacía de ninguna.


En esta apuesta están inscritas las propuestas de teólogos, sacerdotes y no sacerdotes, que abogan por un modelo de desarrollo distinto y que promueva el respeto de la tierra.


“Un modelo de desarrollo que no esté sustentado en el extractivismo ni en el neo extractivismo “progresista” en el cual Latinoamérica es fundamental como reserva para generar riqueza con base en la explotación de la naturaleza”, afirma Jhon Caraballovii.


Tan importante es el rol que cumple América Latina que se ha pretendido internacionalizar la Amazonia para favorecer los intereses de trasnacionales que ven en ella un gran botín.


En medio de esta disputa por los recursos de América Latina, han surgido propuestas que promuevan esa nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, una relación horizontal y no de dominio sobre los ecosistemas y el resto de las criaturas.


Una perspectiva que hay que decirlo, no es nueva, pues esta ha sido fundamental para los pueblos originarios y, por ello, sostienen una relación de respeto por las demás criaturas y por los ciclos de la tierra que conocen y comprenden a la perfección.


En Latinoamérica han surgido diversas iniciativas que responden a la interpelación que hace el modelo económico y de desarrollo en esta fase neoliberal del capitalismo y que promueven modelos diferentes, que tienen como centro la cuestión ecológica.


Además fomentan la solidaridad entre los pueblos, las diferentes organizaciones y se comprometen con luchas y resistencias en los territorios para frenar los daños contra la tierra.


Encontramos entonces la Red Eclesial Panamazónica (Repam), el Observatorio de conflictos mineros (Ocmal), Organización Medioambiental Peruana (Grufides), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Movimiento Católico Mundial por el Clima, Franciscans International, Missionários Combonianos, la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz y Rede Justiça nos trilhos, entre otras.


Otra iniciativa importante es La Red Iglesias y Minería, espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores creada para responder a los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales causados por la minería según lo explican en su página web.


Acompañamiento a resistencias pacíficas


Algunos exponentes de este trabajo que han acogido los presupuestos de la teología de la liberación y de la ecoteología en Latinoamérica los encontramos en Colombia, Brasil, Perú, Honduras, y otros países de Centro y Sur América.


En Colombia, en el departamento del Chocó Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de la diócesis de Quibdó, afirma que la Diócesis apoya a los Consejos Comunitarios Mayores y locales, lo mismo que a los Resguardos indígenas y sus autoridades en la defensa de su territorio y en la explotación legítima y responsable de los recursos naturales.


“La diócesis de Quibdó apoya la minería tradicional y a pequeña escala, pero rechaza la minería irresponsable realizada con dragas y retroexcavadoras, pues causan enormes estragos ambientales por la destrucción de la selva y los ríos y quebradas. Además de esta minería utiliza el mercurio, químico contaminante”.


“La diócesis rechaza igualmente la concesión de títulos mineros a empresarios nacionales y a las multinacionales, sin tener en cuenta procesos de consulta previa y desconociendo la riqueza biodiversa del territorio”, añade Barreto.


Monseñor también agrega que una de las opciones pastorales de la Diócesis es la defensa del medio ambiente. Por ello, han denunciado actividades madereras de explotación irracional, los cultivos declarados de uso ilícito y la minería irresponsable.


De igual manera, han ofrecido oportunidades de formación a las comunidades, promovido campañas para mejorar las prácticas ecológicas en las comunidades parroquiales y apoyado y promovido acciones jurídicas ctan importantes como las de los ríos Quito y Atrato, este último reconocido como sujeto de derechos por la Sentencia T-622 de 2016 y presentado una petición formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) solicitando la protección de la selva húmeda tropical de las Costa Pacífica).


“Estas acciones se hacen desde la perspectiva de la fe cristiana católica, la cual ha bebido de los aportes de la teología de la liberación, pero no tiene en ella su única y principal fuente, pues la reflexión teológica del magisterio de la Iglesia es abundante, se funda en la revelación bíblica y ha tenido un gran despliegue en la enseñanza de los obispos de América Latina.


“Un aporte fundamental y sintético lo ha hecho últimamente el papa Francisco en la encíclica Laudato Sí, la cual constituye en una carta de navegación actualizada que conjuga teología y ciencia”, enfatiza Juan Carlos Barreto.


De igual manera en Perú, el ex sacerdote Marco Antonio Arana, inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en Cajamarca y en otras poblaciones tales como Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


Marco Arana inició su participación en la resistencia pacífica contra la mega minería depreadora en el año 1993 en los Andes del Norte del Perú, en Cajamarca donde ha apoyado procesos como las consultas populares en Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba en Piura o Del Valle del Tambo en Arequipa, en el sur del Perú.


“En mi opción espiritual llegué a estas luchas desde la teología de la liberación que en mi trayectoria pastoral desembocó en la ecoteología liberadora. Si bien puede darse una perspectiva de Teología de la liberación (TL) que sea neoextractivista, desde mi experiencia considero que no se puede afirmar la TL sin que esta sea la vez profundamente eco-teológica.


“La afirmación conservadora o racional científica de una perspectiva ecológica no bastan, para ser transformadoras necesitan afirmar su dimensión eco-política liberadora. Se necesita no sólo liberar al ser humano de las cadenas de la opresión social, sino a la madre tierra entera de la opresión y la injusticia ecológica que la depreda y amenaza con la destrucción de nuestra propia especie”, explica Arana.


En Perú, la principal estrategia de resistencia pacífica utilizada, según Arana, han sido los procesos de consulta ciudadana previa y la movilización pacífica que ha trascendido el espacio local como la gran Marcha Nacional del Agua, en el año 2012, que recorrió más de mil kilómetros.


Desde julio del año pasado, Arana asumió su labor como congresista de la República por la región de Cajamarca. Fue elegido de la lista de representantes del Frente Amplio, como parte del Movimiento Tierra y Libertad. “Mi labor actual es parlamentaria, no se restringe a una comunidad en específico, aunque sigue priorizando el apoyo a las comunidades de Cajamarca. Como miembro de las comisiones agraria y de energía y minas me aseguro que sean las propias comunidades afectadas las que puedan expresar su voz y no sea ignorada”, agrega.


Mientras tanto en Brasil el sacerdote italiano Darío Bossi quien vive en Açailândia, Maranhão, ha apoyado la resistencia de las comunidades que habitan a lo largo del corredor de Carajás, en los estados brasileños de Pará y Maranhão, ante los grandes proyectos de minería y siderurgia.


En esa región está la mayor mina de hierro del mundo (Mina de Carajás), administrada por Vale S.A., empresa estatal privatizada en 1997 y una de las tres mayores compañías mineras al mundo.


En el corredor de Carajás viven comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, de periferias urbanas, de pescadores y la mayoría han denunciado violaciones de derechos por causa de las operaciones mineras.


Alrededor de la mina, a lo largo del ferrocarril de 900 Km para la exportación del mineral, donde hay polos de siderurgia con mucha contaminación y ningún control ambiental, alrededor del puerto, cuya expansión amenaza la vida de las comunidades tradicionales.


“Los mayores impactos son deforestación, polución de aire y agua, accidentes de trabajo y por causa de las operaciones del tren, los ríos que se secan por las operaciones de la mina y de la infraestructura de transporte del minero, grietas en las paredes de las casas por las vibraciones del tren cuando pasa, contaminación sonora, etc”, explica el padre Darío.


¿Qué papel cumplen el padre y la Iglesia en este proceso?


Principalmente, reforzar las conexiones de red y resistencias entre comunidades impactadas por los mismos daños y perjudicadas por los mismos actores (las empresas y también el Estado, que es cómplice de ese modelo neoextractivista).


“Trabajamos con asesoría jurídica, educación popular, denuncia multiescalar de las violaciones (nivel local, estatal, nacional e internacional), incidencia política, comunicación para la transformación, propuestas de alternativas para el cuidado del territorio, la participación política y la autodeterminación de las comunidades”, añade Darío.


¿Cómo aplican la teología de la liberación y la ecoteología en las causas ambientalistas?


El padre Dário hace parte de la Red con Iglesias y Minería y con la Red Eclesial Panamazónica, lo que refuerza nuestras acciones locales gracias a esas alianzas eclesiales y espirituales.


“La mística que sustenta la lucha de las comunidades y de los movimientos sociales se encuentra con la espiritualidad cristiana y las visiones holísticas de las espiritualidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. No hay resistencia sin esas motivaciones profundas y el amor al territorio como fuente, raíz, principio de nuestra vida y casa, que nos ampara y recibe al fin de nuestro caminar”, añade el padre Darío.


Para él como para otros sacerdotes, teólogos y laicos, la Encíclica Laudato Sí, del Papa Francisco, renueva sus fuerzas y fortalece la lucha social y ambiental en diálogo con los valores cristianos.


Por su parte en Guatemala, el padre César Espinoza, cmf., de la Congregación Religiosa de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como Misioneros Claretianos lucha por las mismas causas.


Ingresó a su comunidad desde los 17 años y su primer destino como misionero fue en la Costa Abajo, Colón (Panamá) donde sirvió durante cuatro años hasta el año 2007.
A causa de su trabajo al lado de la comunidad y contra la Empresa Minera Petaquilla el obispo Audilio Aguilar atendiendo a los reclamos de la empresa y del presidente de la República, que tenía inversiones en la misma- explica el padre- pidió a la Congregación entregar la Misión, después de 80 años de acompañamiento a las comunidades campesinas de la región.


Pero eso no impidió que perserverara. En el año 2008 fue destinado a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar del municipio de Arizona, en el Departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Atlántida tiene una belleza natural incomparable, con 12 áreas protegidas como parques nacionales, que representan el 40 % de su territorio.


En el año 2009 Honduras el Golpe de Estado favoreció la flexibilización de las leyes en favor de empresas multinacionales, entre ellas las que se dedican a la actividad minera.
Además a las compañías con proyectos hidroeléctricos según lo señaló también el informe publicado por el Movimiento Mundial por los Derechos Humanos (FIDH) que este 31 de mayo advirtió sobre el otorgamiento de licencias ambientales para hidroeléctricas en áreas protegidasviii.


En Honduras el padre César se comprometió con esa causa a pesar de las amenazas de muerte en su contra, en el año 2013, por su acompañamiento a la defensa legítima por parte de las comunidades en el territorio en el cual no querían minería a cielo abierto.


La comunidad claretiana publicó entonces sendos comunicados rechazando sus amenazas y responsabilizando en su momento a un empresario por lo que ocurriera con el padre César.


Entre tanto, él sostenido por el valor que lo caracteriza, el mismo que caracterizó a Berta Cáceres su amiga y compañera de lucha, siguió adelante porque su compromiso era mayor.


“Entiendo eco-teología a la mirada del universo, y a todo lo que éste contiene, desde una mirada de fe. Mi comprensión de ésta tiene influencia de la tradición cristiana a la que pertenezco (...) En esta mirada aprender a contemplar la belleza, la bondad y la genialidad de cada especie y de cada realidad, visible e invisible, y las múltiples relaciones y codependencias unas de otras.


“Ciertamente ha influido también la teología de la liberación que tuve la oportunidad de profundizar en mis cuatro años en El Salvador. Y la pastoral liberadora que conocí en mi primer experiencia de Misión en Panamá. La lectura de los evangelios, y de la Biblia en general, desde la clave de compromiso por la justicia, la paz y la libertad han sido fundamentales para orientar mi ministerio”, puntualiza el padre César.


Dário, César, Marco, Juan Carlos, Richard y Alirio son solo algunos de los muchos sacerdotes, diáconos, teólogos y laicos comprometidos con la práxis de la teología de la liberación y la ecoteologóa en las resistencias contra los proyectos extractivistas.


Sus voces, su trabajo y su obra impactan en los territorios allí donde han llegado para andar al lado de las comunidades que ejercen su derecho a la defensa de la naturaleza de la cual se sienten parte, ni inferior ni superior a ella solo parte de Gaia, Madre Tierra, Pacha Mama, Uma Kiwe.

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Notas:


i Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 31.
ii Ibidem.
iii Ibidem. Página 26.
iv Tomado de http://science.sciencemag.org/content/155/3767/1203
v Acosta, Richard. Libro Dios, hombre creación, hacia una ecoteología bíblica. San Pablo editorial. 2015. Página 29.
vi Tamayo, Juan José. Leonardo Boff, ecología, mística y liberación. Editorial Desclée de Brouwer. 1999. Página. 55.
vii Caraballo, Jhon Fredy. Responsables de la casa común. Reflexiones sobre la Encíclica Laudato Sí. Centro Editorial Uniminuto. 2015

Publicado enMedio Ambiente
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

Publicado enColombia
Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

 

El Gobierno ha ordenado a las empresas públicas y privadas poner a disposición del Estado a sus trabajadores durante 60 días

 

 

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

 

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

 

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

 

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país. También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.

 

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

 

Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

 

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

 

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

 

La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.

 

Los frijoles más costosos


En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.

 

La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

 

Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 14:29

Colombia en el quinto infierno

Colombia en el quinto infierno

 

Como el ibuprofeno, las coyunturas le sirven al Gobierno para todo, en esta oportunidad para descargar su responsabilidad en terceros. Ahora resulta que la disparada en los precios de los alimentos es por culpa de un “choque” de oferta, “exceso” de demanda, factores climáticos o del paro de los camioneros, pero hay determinantes estructurales de tipo político-económico y de posición dominante en el mercado (monopólica) que lo desmienten.

 

 

“El hambre y el amor
constituyen el germen de toda
la historia humana” (Buda)

 

El precio de los alimentos está por las nubes. Cada día, como si fuera novedad, la queja por esta realidad es lugar común en todas las conversaciones populares. No es para menos, hace unos 28 años (una generación atrás) un huevo costaba 18 pesos, hoy cobran hasta 400 y más por el mismo.

 

Para salirle al paso a esta realidad, y echando mano de lo primero que encuentra –para no aceptar su culpabilidad– el Gobierno ahora dice que la responsabilidad por la disparada alcista es de los camioneros y su paro; hace unos meses decía que la culpa era del Fenómeno del Niño, y antes la descargaba en la devaluación del peso.

 

Nada más falso. El alza en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares (inflación) no es un fenómeno natural como la lluvia o la hierba que crece de forma espontánea en los campos y jardines; lo cierto es que las razones de esta realidad que afecta de manera dura la mesa de quienes menos ingresos tienen, es un fenómeno político-económico. “La mesa del pobre es escaza y el lecho de la miseria es fecundo”.

 

Hay que resaltar, además, que la inflación que de manera general dicen que creció 6 por ciento, 6,5 o más, engloba un sinnúmero de componentes, dentro del cual está la canasta básica familiar (CBF), la cual, si la detallamos por separado, constatamos que durante los últimos doce meses creció hasta un 14,3 por ciento. Es decir, la comida y otros bienes indispensables para sobrevivir de manera más o menos digna, es el factor que más afecta, hoy por hoy, el bolsillo de quienes menos tienen. Es decir, no estamos ante un fenómeno cualquiera, estamos ante una realidad que determina la calidad de vida de millones de personas, y hasta su misma muerte. El hambre sin satisfacer no cubre las necesidades fundamentales del organismo y precisamente ello produce graves accidentes en la salud.

 

Fenómeno que no es de ahora. Durante lo corrido del siglo XXI, el alza en los precios de los alimento tiende a ser más acelerado que el conjunto de los demás bienes que integran la canasta básica familiar (gráfico 1). De ahí que las explicaciones dadas por el Gobierno acusando del aumento de la inflación al cambio climático, al paro camionero, e incluso a la devaluación, sólo buscan ocultar una realidad: el alza abusiva y arbitraria de los precios por parte de los empresarios, clase política y de la burocracia estatal (impuestos y servicios administrados) debido al control monopólico que tienen sobre los bienes y servicios esenciales para la supervivencia humana y que les otorga el poder de exprimir a los consumidores y extraerles recursos monetarios adicionales a los que arrancan mediante la explotación laboral (gráfico 2).

 

 

El poder es para poder, y para abusar. El aumento en la inflación es un robo por parte de la tenaza Estado-capital al extraerle a los consumidores dinero de su bolsillo mediante las jugadas especulativas (aumento de impuestos sobre el consumo –IVA–, acaparamiento y arbitrariedad en la fijación del precio de los bienes básicos). En nuestro país los consumidores pagamos el 16 por ciento en impuestos sobre cualquier compra de alimentos que realicemos; no satisfechos con ello, el Gobierno y la clase política tienen anunciado que con la próxima reforma tributaria este impuesto se elevará al 19 por ciento.


Para sorpresa por su sinceridad temporal, según lo denunciado a principio del año 2016 por parte del propio ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los altos precios de los alimentos responden a la cadena de intermediarios entre el agricultor y el consumidor final, de ahí la diferencia entre las grandes centrales de abastos y los supermercados; además, agregó que la diferencia en los precios de los alimentos entre las centrales de abastos y las grandes superficies del comercio, en algunos casos, superan el 250 por ciento, por tanto, pidió la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para revisar el incremento en el precio de los alimentos y la competencia entre supermercados y centrales de abastos, pues aseguró que se trata de “un tema imperfecto en el país”. Reclamos y reconocimiento que ahí quedaron, como unas palabras más, pues lo precios continúan al alza. En lo corrido del año, los precios de los bienes básicos que venden en los grandes supermercados, y de los servicios domiciliares administrados por el Estado (agua, alcantarillado, basuras, luz, gas), han aumentado entre un 20 y cuarenta por ciento.

 

La actividad especulativa, a la vez que condena a los sectores más excluidos de la sociedad a padecer hambre, sometiéndolos a una vida indigna, da lugar a movimientos anormales de precios no asimilables a fenómenos económicos reales de la esfera de la producción, la circulación o el consumo. La especulación se ejercita sobre la base de variaciones provocadas artificialmente; las diferencias artificiales en los precios se determinan por medio de acaparamientos y difusión de noticias falsas. Estas acciones repercuten, generalmente, en un aumento de la indigencia, de la incertidumbre y del riesgo presentes en la vida económica, y, específicamente, en pérdidas para los pequeños empresarios, los asalariados y los sectores populares. Y todo el país pierde debido a que el hambre repercute en la caída de la productividad de la fuerza de trabajo y en bajo rendimiento escolar de los estudiantes. Albert Sarraut llamaba esta realidad como el “círculo infernal” del hambre: “el ser humano no come lo suficiente porque no produce bastante, pero no trabaja más porque no puede comer lo necesario”.

 

Adicionalmente, habría que señalar el efecto de las “extremas” en Colombia en su locura por la guerra que ha obligado a los agricultores a abandonar la producción de alimentos y a las poblaciones a desplazarse por el conflicto armado interno. Según el registro único de víctimas (Presidencia de la República) el botín despojado por las derechas, durante los últimos cincuenta años, es de más de 4.2 millones de hectáreas, lo que en adición deja a cerca de 6.5 millones de campesinos desplazados y sin tierra. Fenómeno que contribuye, en conjunto, a la menor producción de alimentos, al aumento de la inflación y a profundizar el flagelo del hambre.

 

En conjunto, el influjo de la inflación es desfavorable sobre toda la economía del país, pues ésta da origen, de manera simultánea, a un crecimiento rápido, incesante y sumamente desigual de los precios de las mercancías. Así surgen grandes diferencias de rentabilidad en las distintas ramas de actividad económica, lo cual estimula el desarrollo de una economía especulativa y provoca un descenso de las actividades productivas “reales”. La clase más afectada por la inflación es la trabajadora, cuyo salario real baja sensiblemente debido al aumento de los precios de los bienes y servicios que integran la canasta básica familiar.

 

 

  
 
El índice de la inflación

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el Dane, es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo. De manera más compleja se trata del indicador de la inflación más conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural sobre el comportamiento de los precios minoristas de un país. Técnicamente el IPC es un índice de canasta fija, correspondiente a un periodo base en el tiempo, construido sobre una variante de los índices tipo Laspeyres, que permite una actualización más rápida de la canasta para seguimiento de precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los hogares de un país.

 

Un número índice es un relativo porcentual por medio del cual se expresa una medición en un período dado como una relación en un período base designado. Las mediciones pueden relacionarse con cantidad, precio o valor. El índice de precios al consumidor es el más ampliamente conocido de los índices, en razón de su uso como indicador del costo de vida. En Colombia lo publica mensualmente el Dane; el año base es 2008. El IPC es indicativo de precios relativos comparados con el año base.

 

  

 

 

  
 
La variación del último año
por ciudades

 

Las ciudades que registraron variaciones por encima de la inflación promedio nacional (8,6%) fueron: Cúcuta (10,1%); Pasto (9,6%); Cali (9,5%); Florencia (9,1%); Riohacha (9,0%); Sincelejo (8,9%); Bogotá D.C. (8,7%); Manizales (8,7%); Villavicencio (8,6%) y Armenia (8,6%). Por debajo del promedio se situaron: Ibagué (8,6%); Popayán (8,6%); San Andrés (8,5%); Montería (8,3%); Tunja (8,3%); Bucaramanga (8,3%); Valledupar (8,2%); Neiva (8,2%); Medellín (8,2%); Santa Marta (8,1%); Cartagena (7,9%); Pereira (7,8%); Barranquilla (7,8%) y Quibdó (5,8%).

 

  
 
 

 

 

 IPC e índice acumulado de los precios 1988-2016

 

Parece ficción pero así es. Durante el período 1988-2016, los precios globales de los bienes de consumo familiar en Colombia se han multiplicado en 21 veces y el de los alimentos, en particular, 22 veces más (en términos porcentuales 2.073 y 2.192 por ciento, respectivamente). Así, por ejemplo, el precio actual de un huevo es equivalente a 400 pesos, 28 años atrás le cobraban al consumidor por el mismo huevo 18 pesos.

 

Cuatro situaciones diferenciales ocurren durante este intervalo de tiempo: i) alta inflación (por encima de dos dígitos), en los años 1988-1998; ii) reducción de la inflación anual de 9,2 a 2,0 entre 1999 y 2009, iii) nueva escalada de los precios entre 2010 y 2016 hasta alcanzar el 8,6 por ciento de inflación en junio de 2016; iv) Los alimentos registran un alza en sus precios más acelerada que el resto de grupos de gasto: en 2015 aumentaron en 10,9 por ciento y en lo corrido de 2016 en 14,3 por ciento (gráfico 1) .

 


 

 

Al finalizar la década de 2000, en promedio el alza en los bienes de la canasta básica ha sido más alta para los grupos de ingresos bajos, causado por el incremento en los precios de la canasta de alimentos y en los bienes y servicios controlados por el Gobierno. Para los grupos de los excluidos o pobres, la situación es más desfavorable dado que dedican, proporcionalmente, un porcentaje mayor de sus ingresos a la compra de alimentos respecto a los grupos pudientes o ricos. Según los estudios de pobreza del Dane, a nivel nacional los grupos sociales de bajo nivel socio-económico destinan el 46 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. A mayores ingresos no aumenta proporcionalmente el consumo de alimentos (aunque puede variar la calidad de los mismos): el consumo alimenticio es inelástico por razones naturales evidentes: un ser humano no puede tener más de un estómago, como las vacas, y el más rico no requiere comer mucho más que el más pobre.

 

Como resultado del alza en el precio de los alimentos, y para poder sobrevivir así sea en precarias condiciones, los grupos sociales de bajos ingresos disminuyen la compra de bienes que contienen proteínas animales (leche, queso, carnes y huevos) por ser los más costosos. El problema es que, entre los principios nutritivos, son los más indispensables. El consumo se desplaza hacia las harinas, las grasas y los azucares, de menor precio; saciar la sensación de hambre no es lo mismo que nutrirse. Al mantenerse la subalimentación van apareciendo los síntomas gravísimos de la desnutrición. En los sujetos desnutridos gravemente, cualquier infección que aparezca precipita el fatal desenlace. En definitiva, es el “hambre específica” de proteínas animales la más significativa de las carencias que sufren las clases y los pueblos pobres. El hambre es el más viejo enemigo de la humanidad.

 

  
 
Variación de la Canasta Básica Familiar

 

Los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares, los desarrollos tecnológicos y las transformaciones culturales. La Canasta Básica Familiar –CBF– definida por el Dane para el año 2000 quedó compuesta por 405 artículos, los cuales se agregaron en 176 nuevos productos respecto a la CBF de finales del siglo XX. Como punto de referencia anterior (IPC-60) estaba compuesto por 195 productos. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios. La información básica para construir la canasta se obtiene a partir de una encuesta especializada que aplica con regularidad el Dane, denominada Encuesta de Ingresos y Gastos (EIG); la cual ha sido aplicada por este órgano del Estado en 1970, 1984-1985, 1994-1995, 2006 y 2007. La clasificación adoptada por el Dane comprende nueve grupos de gasto de los hogares: Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Cultura, Diversión y Esparcimiento, Transporte, Comunicaciones y Otros gastos.

  

 

 

La inflación junio 2015-2016

 

En los últimos doce meses dos grupos se ubican por encima del promedio nacional (8,6%): alimentos (14,3%) y otros gastos (8,8%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: salud (7,7%); vivienda (6,5%); educación (6,4%); transporte (5,9%); diversión (5,7%); vestuario (4,6%) y comunicaciones (3,6%).

 

En resumen, la presión para que la inflación anual haya llegado al mayor nivel en 16 años y medio va, pues, más allá de los alimentos. Entre los productos que más han encarecido el total de la CBF, por su encarecimiento del último año y, además, el peso que tienen en el gasto de las familias, junto a algunos alimentos hay otros relacionados con la vivienda y hasta la diversión (gráfico 2).

 

Es así como la variación de los gastos básicos que más aportaron: almuerzo (8,0%); arrendamiento imputado (4,2%); vehículos (12,7%); energía eléctrica (13,7%); res (18,7%); papa (65,7%); arrendamiento efectivo (4,2%); otras frutas frescas (35,6%); gas (19,7%) y bus (8,7%).

 

De acuerdo con uno de los codirectores del Banco de la República, Gustavo Cano, es difícil que se logre, al final de este año, una inflación inferior al 7 por ciento, y subraya el riesgo de que en el 2017 se completen tres años seguidos sin cumplir la meta fijada por la autoridad monetaria, a pesar de las continuas alzas en las tasas de interés que han fijado para “frenar” la demanda.

 

Inflación, realidad estructural y no circunstancial. Con su evolución se constata que Colombia es un país que sigue al píe de la letra la sentencia expresada por Carlos Marx en el siglo XIX: “El sistema capitalista no desarrolla la técnica ni los procesos de producción social si no es secando al mismo tiempo las dos fuentes de las que brota toda riqueza: la tierra y el ser humano”.

Publicado enEdición Nº226
Valle del Cocora-Quindio

 

 

En la memoria de los pueblos


Hacia el año 2013 se realizó el Primer Paro Agrario, en ese trayecto un grupo de campesinos, líderes sociales y comuneros del departamento del Quindío asistieron con su presencia en el sitio denominado a la altura de Calarcá. Este encuentro geográfico y político permitió una gran participación y un derrotero para ir construyendo escenarios de vida. Se inicia la constitución de la Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindío (Astracaquin), quien bajo una reflexión colectiva sobre el territorio, participación, educación y política han gestado un trabajo organizativo alrededor de temas que tiene que ver sustancialmente con las implementaciones de un modelo neoliberal y sus cauces guerreristas :


-La población indígena, campesina víctimas del conflicto y la guerra que se ha propiciado en el Quindío,
-El tema de la mega-minería en el Quindío, donde la AngloGold Ashanti está detrás de la concesión minera en el municipio de Salento, bajo 3.142 has, poniendo en riesgo la palma de cera, símbolo nacional de Colombia que hace parte del Valle de Cocora, donde hace parte de un segmento del Parque Nacional Natural Los Nevados. El municipio de Salento provee de agua a los municipios de Circasia en un 70%, también a Armenia, Calarcá, La Tebaida.
-La penetración y la explotación agroindustrial de la compañía multinacional Smurfitt Kappa Carton Colombia a los territorios, básicamente en la microcuenca “Las Pizarras” que abastece el acueducto de Pijao,
- El gran deterioro y desequilibrio urbanístico que se ha gestado en el departamento del Quindío,
-La implementación de la Zidres en contravía a lo acordado en la mesa de dialogo de la Habana sobre las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC)
- La implementación represiva del Código Nacional de Policía, bajo una ley de gran dispositivo represor que va en contravía de la vida de cada uno de los colombianos y de la protesta social como mecanismo de expresión democrática.

 


Resistencia y avances sobre el territorio


“El movimiento campesino al servicio de los campesinos y no de los terratenientes”
Líder popular Quindiano- Astracaquin

 

El día 9 de Julio en Armenia se llevó a cabo bajo la convocatoria de Astracaquin: Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindíoel: “Pre-encuentro de campesinos Víctimas e Indígenas en el Departamento del Quindío –en la ciudad de Armenia”– allí se permitió trabajar en reflexión colectiva diversos temas como territorio, educación y política:


Astracaquin, ha venido configurando temas sociales bajo un gran debate con la comunidad en los diversos territorios del Quindío. En este evento del 9 de julio Astracaquin, configuró de manera participativa bajo una gran propuesta colectiva con la población campesina de los municipios de Buenavista, Montenegro, Calarcá, Charalá, Palogordo, Quimbaya, Circasia , Finlandia y con presencia de población de algunos barrios de Armenia, como un grupo de indígenas de la etnia Embera Chami de desplazados. Así de manera gradual, organizada y reflexiva la comunidad realizó un pronunciamiento el día 9 de julio sobre los siguientes temas como continuación del trabajo:


1-Se solicita a la Mesa de diálogos de La Habana, se conceda una audiencia a una delegación de campesinos del departamento del Quindío encabezados por líderes de Génova y la Tebaida.
2- Apoyo a la consulta popular contra la Mega-minería en el departamento del Quindío.
3- Continuar la organización e impulsar la Cumbre social y popular del Quindío- 2016
4- Fortalecer el Cabildo Abierto sobre el tema del incumplimiento institucional a las víctimas de la población en el departamento del Quindío.


La Declaración de los puntos anteriores dados por Astracaquin, como organización colectiva, muestran el gran compromiso alrededor de los asuntos que están afectando a la población y bajo temas de gran sensibilidad territorial que afectan el departamento del Quindío. Ello permite que se avance de manera organizada y se abra un debate y se continué bajo una gran reflexión para hacer validar los derechos de los territorios y de una población que aún no sale de las graves injusticias sociales en que se encuentra sumergida por el gran trazo del modelo neoliberal y las tenazas ideológicas fascistas que de manera soterrada viajan por la cordillera Central.

 

 

Publicado enColombia
Rostros y repertorios de la resistencia agraria

La Minga de la resistencia indígena, campesina y popular que involucra millones de colombianos presenta múltiples rostros y acude al repertorio de recursos de los movimientos sociales y populares para exigir del Estado y el gobierno de turno respuestas a los pliegos y demandas de las masas agrarias, étnicas y populares que hacen formidables demostraciones de rechazo a la modorra gubernamental frente a los compromisos adquiridos al termino de las movilizaciones ocurridas en el año 2013.

Hagamos un recorrido por lo que ocurre en diversos puntos del territorio colombianos con el desarrollo de la Minga de la resistencia agraria.

Hay bloqueos de vías, manifestaciones, concentraciones y plantones. Son los repertorios de la protesta social.

El movimiento social en curso es una sumatoria de movimientos sociales clásicos como los agrarios y de nuevos movimientos sociales como los ambientalistas, indígenas, derechos humanos, la paz y contra la megamineria.

Cauca.

La vía que de Cali lleva a Popayán se encuentra bloqueada en varios puntos por indígenas.

Tras un día de bloqueos y enfrentamientos entre indígenas y el Esmad, este miércoles 1 de junio/2016, permanece cerrado el paso en la vía Panamericana debido a que varios camiones fueron atravesados en la vía durante las protestas de indígenas.

El bloqueo persiste en el kilómetro 53, sector Caldono, lo que ha generado que centenares de vehículos estén represados sobre la vía en un trancón que se extiende hasta Santander de Quilichao.

La situación empeoró porque los indígenas han derramado Acpm sobre la vía.

Los indígenas destruyeron algunos sistemas eléctricos de los tractocamiones que los dejaron sin poder utilizarlos en la mitad de la vía, además que pararon varios vehículos que transportaban cerveza y tiraron los envases vacíos a la carretera.

Los cabildos del norte del Cauca protestan contra lo que ellos llaman “el incumplimiento” por parte del Gobierno y el Ministro de Agricultura de varios compromisos adquiridos.

De acuerdo con el Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, al menos 12 mil personas están desde el lunes pasado en La María, Piendamó, haciendo parte de la movilización general.

A pesar de la presencia paramilitar en todo el departamento y de las últimas amenazas que hemos recibido varios líderes indígenas, nosotros saldremos a manifestarnos y a presionar hasta que el Gobierno se reúna con las comunidades”, indicó Luceida Juricué, consejera de la Acín.

Son alrededor de 60 mil personas, entre indígenas y campesinos, que se están concentrando en cuatro puntos de este corredor vial porque manifiestan que el Gobierno Nacional no les está cumpliendo a estos grupos poblacionales luego de pactos registrados en pasadas movilizaciones del 2013.

Para el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, José Ildo Pete, la movilización estaba ya pactada desde finales del año anterior, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos en temas de tierras, derechos humanos, autonomía indígena, minería, entre otros.

El líder nativo agregó, además, que son varias las razones para que estas comunidades se declaren en asamblea permanente, entre ellas las pocas acciones del Estado frente al tema de la minería ilegal, no solo en sus territorios, también es la persecución y asesinato de sus líderes y el incumplimiento del Gobierno a temas ya pactados como la compra de tierras para estas comunidades.

Esta misma posición es la esbozada por los líderes campesinos de Piendamó, El Tambo, Timbío y el Macizo Colombiano, como el caso de Daniel Ulcué, representante de los labriegos cocaleros asentados al occidente del Cauca.

“Son varias localidades tambeñas que marchamos, como son Huisitó, Playa Rica, entre otras, ya que no encontramos una solución real al problema de los cultivos ilícitos y solo conocemos la violenta represión del Estado a la hora que se busca solucionar un problema que no solo es del campesinado”.


Por ejemplo, dice, “[...] de donde yo vengo la única fuente laboral y de ingresos para las familias es el cultivo de coca porque no hay más. Uno siembra plátano y termina es arruinado.

Además, habitamos una zona olvidada donde no hay carreteras, ni escuelas, ni puestos de salud. Para vivir en esas condiciones hay que echar mano del único cultivo que es restable, el cual ya mencioné, explica Daniel Ulcué.

Los puntos de concentración sobre los costados de la Panamericana son a la altura de la vereda El Uvo, Timbío; La María, Piendamó, Mondomo, Santander de Quilichao y Villa Rica, en este último punto hay reuniones de comunidades afrodescendientes.

 

Los Sikuani del Meta.

 

Unos 1.562 habitantes de las poblaciones indígenas sikuani se unieron al paro agrario nacional en Puerto Gaitán, al oriente del Meta.

El consejero mayor de la Asociación de Autoridades Indígenas Únuma, Antonio Rubio Yespes, que representa diez resguardos indígenas que agrupan a unos 27 mil habitantes de la etnia sikuani, aseguró que se unieron al paro nacional para reclamar los derechos especiales que el Estado suscribió hace dos años y que no han cumplido.

 

Los Zenú de Córdoba y Sucre.

 

Mientras que en Sampués (Sucre), el cacique de la etnia Zenú, Ferney Hernández Santos, denunció atropellos por parte del Esmad, a quienes señalan de arrojarles gas pimienta en la concentración en el cabildo menor de Tierra Grata en el municipio de Chinú (Córdoba).

Hay diez indígenas heridos tras protestas agrarias en Chinú

La caminata, que se inició en Chinú con dirección al departamento de Sucre.

Enfrentamientos entre un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, con indígenas de la etnia Zenú en Chinú, en una sorpresiva jornada de protesta pacífica en el marco del paro agrario dejan varios manifestantes
lesionados por el Esmad.

Pese a que la Asociación de Usuarios Campesinos, Anuc, capítulo Córdoba, había anunciado que no había manifestaciones preparadas, los indígenas salieron desde el mediodía a reclamar por sus derechos ante el Gobierno
Nacional.

Los aborígenes de los resguardos Zenú de Córdoba y Sucre exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos del Pacto Nacional Agrario. El inconformismo de los indígenas durante la protesta se deriva de la utilización de gases lacrimógenos por parte del Esmad para aplastar la protesta.

 

Oriente de Colombia.

 

Mientras tanto, en el oriente del país, cerca de 15 mil campesinos procedentes del Magdalena Medio y Norte de Santander se concentraron en varias vías. Al sitio conocido como La Lizama, kilómetro 35 de la vía Barrancabermeja Bucaramanga, llegaron 12 mil labriegos que viajaron desde el sur de Bolívar, Santander y el Catatumbo.

José Vidal, uno de los líderes de la protesta en la zona, indicó que a lo largo de la manifestación, las autoridades han montado retenes en los que, según él, los obligan a descender de los buses para caminar hasta el sitio de reunión.

Organizaciones sociales de Barrancabermeja anunciaron que desde el puerto petrolero apoyarán la manifestación. Y en la vía a Bogotá, en un sitio ubicado entre Socorro y Oiba, cerca de 10 mil campesinos del sur de Santander y occidente de Boyacá se instalaron en los extremos de la carretera.

 

Antioquia.

 

En Antioquia, unas 8.000 personas, entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, se unieron a la concentración en cuatro regiones: Bajo Cauca, Urabá, oriente y suroeste.

En el coliseo de Valdivia se congregaron mineros y pescadores artesanales de la región que se sumaron al paro nacional agrario. Más de 5.000 mineros y pescadores artesanales se concentraron en el casco urbano de Valdivia en el marco del paro agrario convocado por las organizaciones campesinas.

La retención por la guardia Indígena de 5 soldados que dijeron estar evadidos en la vía Quibdó-Medellín, en Chocó, y un bloqueo en la vía a la Costa, en Tarazá, norte del departamento, reportaron las organizaciones que
encabezan la protesta.

Mientras tanto a la comunidad Las Palmas de Apartadó llegaron 6.000 indígenas de Urabá.

Su protesta es por lo que ellos consideran una afectación del proyecto Hidroituango para sus actividades económicas tradicionales.

Los manifestantes, pertenecientes a asociaciones comunitarias de mineros y pescadores artesanales de Valdivia, Caucasia, Briceño, Toledo, Sabanalarga, Peque e Ituango, comenzaron a llegar desde el lunes al casco urbano de la localidad y permanecen en el coliseo polideportivo desde donde reclaman atención de los gobiernos nacional y departamental.

El motivo principal de la protesta es la vulnerabilidad que nos está causando el proyecto Hidroituango”, señaló Eimberto Vargas, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia.

Anoche seguían llegando campesinos e indígenas a distintas concentraciones en Antioquia.

 

En Guajira los wayuu se unen al paro nacional.

 

Uno de los puntos donde se mantiene una concentración es la vía que comunica a La Guajira con Cesar, donde hay represamientos de vehículos por la manifestación a la altura de los Resguardo Indígena de San Francisco, en el corregimiento de Papayal, en Barrancas.

Alrededor de 500 indígenas wayuu se tomaron la vía que une a La Guajira con el Cesar.

Desde la madrugada de este martes unos 3.500 indígenas wayuu se tomaron la vía que une a La Guajira con el Cesar, a la altura del corregimiento de Papayal.

Según los indígenas de esta región, la protesta se hace para continuar con la defensa de su territorio, por la crisis del agua en este departamento, la desnutrición infantil y la explotación minera, que según afirman, busca acabar con los cuerpos de agua existentes, específicamente el arroyo Bruno que será desviado en el marco de un proyecto de Cerrejón.

Armando Valbuena Gouriyu, miembro de la comisión política de la Onic, afirmó en Riohacha que también es por los incumplimientos del Gobierno Nacional que prometió en el 2013 la creación de 400 resguardos indígenas y la inversión en compra de tierras.

También ha incumplido en las políticas públicas que están en el Plan nacional de desarrollo, por ejemplo de la educación, donde no hay inversión en el sistema indígena educativo propio e igualmente con el sistema de salud.

El dirigente dijo que en el 2013 la Minga tuvo una duración de nueve días y nueve noches, en los que se paralizaron 23 departamentos y que este año también será de manera indefinida.

Según los manifestantes, este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016.

En el sur del departamento se congregaron los integrantes de las organizaciones Aciwasug, el resguardo de Mayabangloma, el de Painwashi, la Organización Yanama y Fuerza de Mujeres Wayuu, entre otras.

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