Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Publicado enEdición Nº200
Martes, 04 Marzo 2014 06:08

Dos represas brasileñas en la mira

Dos represas brasileñas en la mira

Representantes de los gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff se reunirán el viernes en esta ciudad para evaluar el impacto de las represas Jirau y Santo Antônio, del lado brasileño, las cuales serían causantes del agravamiento de las inundaciones en la Amazonia boliviana, que en los últimos meses –época de lluvias– causaron más de 60 muertes, principalmente en los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.


"Hay una Comisión Técnica para verificar, para evaluar, para levantar datos (que constaten) si efectivamente estas construcciones pueden afectar la subida de las aguas. El canciller brasileño (Luiz Alberto Figueiredo) está visitando Bolivia el próximo 7 de marzo. Vamos a tener una reunión bilateral, donde vamos a tocar todos los temas con el canciller de Brasil", dijo en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.


Varias Organizaciones de la Sociedad Civil brasileñas y bolivianas habían advertido ya en 2007, antes de la construcción de las represas, sobre sus posibles efectos negativos en las poblaciones de este sector de la Amazonia. Esos perjuicios son similares a los que se viven en estos días. Informes de entidades como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), de Bolivia, o de especialistas como Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia en Manaos, Brasil, entre otros, llegaron al gobierno de Morales, que envió una carta a su homólogo brasileño para indagar en la veracidad de lo que se avecinaba. Todo quedó allí, Jirau y Santo Antônio fueron construidas, comenzaron a funcionar y hoy afectan con inundaciones a poblaciones del estado de Rondônia y Beni.


El 18 de febrero, el presidente Morales sobrevoló algunas de las miles de hectáreas afectadas por la inundación. En Beni, departamento ganadero, fallecieron más de 200 mil vacas porque no tienen qué comer ni dónde pararse. Y se perdieron miles de hectáreas de cultivos, entre otros daños que soportan en esta región, donde 300.000 mil personas están afectadas. Al bajar del avión, el jefe de Estado dijo que había instruido nuevos estudios para analizar el rol de las represas brasileñas Jirau, que está a 80 kilómetros de la frontera, y Santo Antônio, a 120 kilómetros.

 


Bolivia tiene la intención de construir su megarrepresa (que generaría 980 megavatios) en la población beniana de Cachuela Esperanza, que ahora también está inundada. Si con las dos represas en cuestión hay este panorama, peor sería si Bolivia concretara su proyecto. El gobierno de Morales no quiere desprenderse de este plan, que permitiría al país exportar electricidad.


"Recientemente hubo una reunión con las autoridades bolivianas y las brasileñas para ver cuáles pueden ser los efectos que generan la construcción de las represas en el lado brasileño. Va a haber una reunión técnica posteriormente para analizar. Tenemos que fundamentar con datos técnicos qué niveles, cómo ha sido. Hay varios temas que tenemos que trabajar", adelantó Choquehuanca.


En 2007, cuando se conocieron los estudios independientes sobre los efectos de las represas, uno que cargaba contra los ambientalistas era Alexander Guzmán, alcalde de Guayaramerín, en la frontera con Brasil, por oponerse al progreso. Ahora reconoció que la pesca en los ríos de esa zona bajó hasta en un 50 por ciento por efecto de las represas. Peces como la yatorana, el surubí y el pacú "ya no se encuentran como antes, debido a que son especies migratorias que recorren los ríos, pero al tener las barreras de las represas no logran cumplir su ciclo vital", comentó.


"Bolivia está aún en posición de exigir una auditoría ambiental a nivel internacional, para la evaluación del impacto actual y de los riesgos y consecuencias futuras de la alteración de la hidrología del río Madeira. También se debería analizar la posibilidad de exigir una indemnización", indicó el investigador de Lidema Octavio Ribera.


Fearnside, citado por un documento del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), explicó que "cuando el agua de un río entra en la laguna que se forma a consecuencia de la represa, la velocidad del agua disminuye bruscamente. Con eso, los sedimentos más pesados, como la arena, caen para el fondo del lago al comienzo del mismo, formando una pila de sedimentos que continúa creciendo y avanzando río arriba. Esta pila funciona como una especie de segunda presa, elevando el nivel del agua en el trecho de río encima del lago propiamente dicho. Ya que el reservorio de Jirau está planeado para extenderse hasta la frontera con Bolivia es lógico que esa elevación del nivel afectará al lado boliviano, tanto en el río Madera como en el río Abuná".

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Informe mundial de la energía 2012: Lo bueno, lo malo y lo verdaderamente horribl

Raras veces la publicación de un informe basado en datos sobre la energía tiende a provocar titulares en primera página por todo el mundo. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió el 12 de noviembre cuando la prestigiosa Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en París, dio a conocer la edición de este año de su World Energy Outlook [“Perspectiva sobre la energía mundial”]. En el proceso, todo el mundo perdió de vista la verdadera información, una información que debería haber hecho sonar las alarmas por todo el planeta.

Al afirmar que los avances en la tecnología de la perforación estaban consiguiendo aumentar la producción energética norteamericana, la World Energy Outlook predecía que EEUU superaría a Arabia Saudí y a Rusia convirtiéndose en el principal productor de petróleo del planeta en 2020. “Norteamérica va a la vanguardia de una transformación radical en la producción de gas y petróleo que afectará a todas las regiones del mundo”, declaró la Directora Ejecutiva de la AIE, María van der Hoeven, en un comunicado ampliamente citado.
En EEUU, la predicción de una inminente supremacía en la lotería de la producción petrolífera fue recibida en general con un júbilo desvergonzado. “Este es un cambio notable”, dijo John Larson de IHS, una firma corporativa de investigación. “Es algo verdaderamente transformador. Cambiará esencialmente las perspectivas energéticas de este país”. No solo hará que disminuya la dependencia de la importación de petróleo, indicó, sino que también va a generar cifras inmensas de nuevos puestos de trabajo. “Esto va de puestos de trabajo. De puestos de trabajo para obreros. De buenos puestos de trabajo”.


Los editores del Wall Street Journal mostraron un éxtasis parecido. En un editorial con el llamativo título de “América Saudí”, elogiaban a las empresas estadounidenses de la energía por llevar a cabo una revolución tecnológica basada en gran medida en la utilización de la fractura hidráulica (“fracking”) para extraer gas y petróleo de la roca de esquisto. Eso era, afirmaban, lo que había hecho posible un nuevo boom mega-energético. “Esta es una auténtica revolución energética”, señalaba el Journal, “incluso aunque estemos lejos de ser el país de los sueños de la energía renovable de tantos subsidios y mandatos gubernamentales”.


Michel A. Levi, del Council on Foreign Relations, aunque mostró estar de acuerdo en que el esperado incremento en la producción estadounidense es en general una “buena noticia”, advirtió que los precios del gas no iban a caer de forma significativa, ya que el petróleo es una materia prima global y esos precios los fijan en gran medida las fuerzas del mercado internacional. “Puede que ahora EEUU esté un poco más protegido pero eso no te proporciona la independencia energética que algunas personas aseguran”, dijo al New York Times.
Algunos observadores se centraron en si el aumento de la producción y la creación de empleo podría posiblemente superar el daño que la explotación de recursos energéticos extremos, como el que el petróleo obtenido mediante fractura hidráulica o arenas bituminosas crea con toda seguridad en el medio ambiente. Daniel J. Weiss, del Center for American Progress, por ejemplo, advirtió de una creciente amenaza para los suministros de agua en EEUU a causa de la escasa regulación a que se somete a las operaciones de fracking. “Además, las compañías petrolíferas quieren abrir zonas de la costa norte de Alaska en el Océano Ártico, donde no están preparadas para hacer frente a una explosión grave del petróleo o un derrame como el que tuvimos en el Golfo de México”.


Ese enfoque ofreció ciertamente un oportuno recordatorio de lo importante que sigue siendo el petróleo para la economía estadounidense (y para su cultura política), pero sirvió para desviar la atención de otros aspectos de la World Energy Outlook que eran, en algunos casos, totalmente terroríficos. Su retrato acerca del futuro de nuestra energía global habría desalentado el entusiasmo por doquier, al centrarse, como hace, en el incierto futuro de los suministros energéticos, en la excesiva confianza en los combustibles fósiles, en la insuficiente inversión en las renovables y en el cada vez más errático, caluroso y peligroso clima. Aquí recojo algunos de los aspectos más preocupantes del informe:


Reducción de los suministros mundiales de petróleo


Dado el barullo que se ha creado acerca del incremento de la producción energética en EEUU, Vds. podrían pensar que el informe de la AIE estaba cargado de buenas noticias acerca del futuro de los suministros mundiales de petróleo. No hay suerte tal. En realidad, una lectura concienzuda haría estremecerse a cualquiera que estuviera levemente familiarizado con las dinámicas mundiales del petróleo, porque sus reservas globales van disminuyendo en picado y están envueltas en la incertidumbre.


Tomemos eso de que la producción de petróleo estadounidense va a superar a las de Arabia Saudí y Rusia. Suena estupendo, ¿no es verdad? Ahora, los inconvenientes: en anteriores ediciones del informe de la AIE y de la International Energy Outlook, su equivalente al Departamento de Energía estadounidense (DoE), apoyaba sus afirmaciones acerca de un futuro de crecimiento en los suministros de petróleo, en la asunción de que esos dos países iban a superar, y de lejos, la producción de EEUU. Y ahora, sin embargo, EEUU se va a colocar por delante de ellos en 2020 solo porque, según asegura ahora la AIE, su producción va a caer y no a aumentar como anteriormente se asumía. Esta es una de las sorpresas ocultas en el informe que ha pasado desapercibida. Según las proyecciones del DoE para 2011, se esperaba que la producción saudí aumentara a 13,9 millones de barriles al día en 2025, y la producción rusa a 12,2 millones de barriles, proporcionando conjuntamente gran parte de los suministros añadidos de petróleo del mundo; EEUU, en este cálculo, alcanzaría la marca de 11,7 millones de barriles. La última revisión de estas cifras de la AIE sugiere que la producción estadounidense aumentará, en efecto y como se esperaba, a unos 11 millones de barriles al día en 2025, pero que la producción saudí caerá inesperadamente a unos 10,6 millones de barriles y la rusa a 9,7 millones de barriles. Por tanto, EEUU se convertirá esencialmente en el número uno por defecto. Entonces, en el mejor de los casos, el suministro global de petróleo no crecerá de forma apreciable, a pesar de las proyecciones de la AIE de un alza importante en la demanda internacional.


Pero esperen, sugiere la AIE, todavía hay una última carta por jugar ahí: Iraq. Sí, Iraq. En la creencia de que los iraquíes de alguna manera superarán sus diferencias sectarias, conseguirán un alto nivel de estabilidad interna, establecerán un marco legal para la producción de petróleo y asegurarán las necesarias inversiones y apoyo técnico, la AIE predice que su producción saltará de los 3,4 millones de barriles al día de este año a 8 millones de barriles en 2035, añadiendo un extra de 4,6 millones de barriles al suministro global. En realidad, afirma la AIE, este aumento representaría la mitad del incremento total de la producción mundial en los próximos 25 años. Ciertamente, cosas más extrañas han sucedido pero, por razones obvias, sigue siendo un escenario inverosímil.


Añadan a todo esto –la caída en la producción de Rusia y Arabia Saudí, los continuos enfrentamientos en Iraq, los resultados inciertos por todas partes- y se encontrarán con que en las décadas de 2020 y 2030 no habrá petróleo suficiente para poder satisfacer la esperada demanda mundial. Desde la perspectiva del calentamiento global, puede que sean buenas noticias pero, a nivel económico, si no se incrementa masivamente la inversión en fuentes energéticas alternativas, las perspectivas son sombrías. No sabrán lo que son malos tiempos hasta que no tengan bastante energía para poner en marcha la maquinaria de la civilización. Como sugería la AIE: “Mucho está confiándose en el éxito de Iraq… Si no se produce ese crecimiento en los suministros iraquíes, los mercados del petróleo van a tener que pasar por tiempos difíciles”.


Continuar dependiendo de los combustibles fósiles


Respecto al discurso de la necesidad de aumentar la dependencia en los recursos renovables de la energía, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural- continuarán proporcionando la mayor parte de los suministros adicionales de energía necesarios para satisfacer la desorbitada demanda mundial. “Teniendo en cuenta todos los nuevos desarrollos y políticas”, la AIE informaba: “El mundo sigue fracasando a la hora de que el sistema energético mundial se base en una senda más sostenible”. De hecho, los recientes desarrollos parecen favorecer aún más la dependencia en los combustibles fósiles.


Por ejemplo, en EEUU, la incrementada extracción de gas y petróleo de las formaciones de esquisto ha silenciado en gran medida los llamamientos al gobierno para que investigue en las tecnologías de las renovables. En su editorial sobre el informe de la AIE, el Wall Street Journal ridiculizaba esas inversiones. Se habían convertido en innecesarias, según sugerían los escritores del Journal, debido al boom del gas y petróleo, al estilo Arabia Saudí, que está por venir. “Los historiadores se maravillarán un día de que se haya invertido tanto capital financiero y político en una revolución [fallida] por la energía verde en el mismo momento en que estaba a punto de nacer una revolución de los combustibles fósiles”, declaraba. Hay un aspecto de la tal “revolución” energética que merece especial atención. La disponibilidad creciente de gas natural barato, gracias a la fractura hidráulica, ha reducido ya el uso del carbón como combustible para las centrales eléctricas en EEUU. Esto podría considerarse como un plus medioambiental obvio, ya que el gas produce menos dióxido de carbono que el carbón, alterando menos así el clima. Lamentablemente, la producción de carbón y su uso no han disminuido: los productores estadounidenses han aumentado simplemente sus exportaciones de carbón a Asia y Europa. De hecho, se espera que las exportaciones estadounidenses de carbón alcancen los 133 millones de toneladas en 2012, superando el record de exportación alcanzado en 1981.
A pesar de sus nocivos efectos sobre el medio ambiente, el carbón sigue siendo popular en los países que tratan de incrementar su producción eléctrica y promover el desarrollo económico. Sorprendentemente, según la AIE, proveyó casi la mitad del aumento en el consumo de la energía global durante la pasada década, creciendo más deprisa que las renovables. Y la Agencia predice que seguirá incrementándose el uso del carbón en las décadas que tenemos por delante. El mayor consumidor de carbón del mundo, China, quemará mucho más que antes hasta llegar a 2020, cuando se espera que la demanda se estabilice finalmente. India seguirá utilizándolo sin tregua, con ese país superando a EEUU y constituyéndose en el segundo consumidor mundial hacia 2025.


En muchas regiones, señala el informe de la AIE, son las políticas de sus gobiernos quienes favorecen el continuado dominio de los combustibles fósiles. En el mundo en desarrollo, los países subvencionan normalmente el consumo de energía, vendiendo el combustible para el transporte, para cocinar y calefacción a tasas por debajo del precio del mercado. De esta forma, confían en amortiguar el creciente coste de las materias primas para sus poblaciones, protegiendo así a sus regímenes del descontento popular. Recortar esas subvenciones puede resultar peligroso, como ha ocurrido en Jordania, donde una reciente decisión del gobierno de aumentar los precios del combustible provocó extendidos disturbios y llamamientos a abolir la monarquía. En 2011, esos subsidios subieron globalmente hasta alcanzar la cifra de 523.000 millones de dólares, según la AIE, incrementándose en un 30% desde 2012 y seis veces superior a las subvenciones destinadas a la energía renovable.


Sin esperanzas de evitar el catastrófico cambio climático


De entre todos los descubrimientos expuestos en la edición de 2012 de la World Energy Outlook, el que merece la mayor atención internacional es el que menos la consigue. Incluso aunque los gobiernos adoptaran firmes medidas para poner coto a las emisiones de gases invernadero, concluía en informe, el aumento continuo en el consumo de combustibles fósiles provocará a “largo plazo un aumento de la temperatura media global de 3,6 grados Celsius”.


Esto debería bastar para detener a cualquiera. La mayor parte de los científicos creen que el planeta podría asumir un aumento de 2ºC sin inimaginables consecuencias catastróficas: aumentos en el nivel del mar que borraran del mapa muchas ciudades costeras, sequías persistentes que destruyeran las tierras agrícolas de las que dependen para sobrevivir millones de personas, colapso de ecosistemas vitales y mucho más. Un aumento de 3,6ºC sugiere esencialmente el fin de la civilización humana que hoy conocemos.


Poniendo todo esto en contexto, la actividad humana ha calentado ya el planeta alrededor de 0,8ºC, lo suficiente como para producir graves sequías por todo el mundo, desencadenar o intensificar graves tormentas como el Huracán Sandy y reducir drásticamente la capa de hielo del Ártico. “Teniendo en cuenta esos impactos”, escribe el conocido autor medioambiental y activista Bill McKibben, “muchos científicos han llegado a pensar que dos grados es un objetivo demasiado indulgente”. Entre quienes cita McKibben está Kerry Emanuel, del MIT [Instituto Técnico de Massachussets], toda una autoridad en huracanes. “Cualquier cifra por encima de un grado supone un gran riesgo”, escribe Emanuel, “y las probabilidades son cada vez menos favorables si sube la temperatura”. Thomas Lovejoy, que fue en otro tiempo asesor en biodiversidad del Banco Mundial, lo expone de esta forma: “Si estamos viendo lo que estamos viendo hoy con un aumento de 0,8ºC, dos grados más es sencillamente demasiado”.


En este punto, es incluso difícil imaginar cómo sería un planeta con 3,6ºC más, aunque algunos sabios y profetas del cambio climático –como el ex Vicepresidente Al Gore en “Una Verdad Incómoda”- lo han intentado. Con toda probabilidad, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se fundirían completamente, elevando los niveles del mar varias docenas de pies e inundando completamente ciudades costeras como Nueva York y Shanghai. Grandes partes de África, Asia Central, el Oriente Medio y el Suroeste americano se volverían inhabitables a causa de la ausencia de agua y de la desertificación, produciéndose incendios de una magnitud tal que hoy resultan inimaginables y que acabarían con los resecos bosques de las latitudes templadas.


En un informe que se encabeza con la “buena noticia” de la inminente supremacía estadounidense en la producción de petróleo, para sugerir después calmadamente que el mundo se dirige de cabeza hacia la marca de 3,6ºC, es como colocar una bomba termonuclear en un regalo de Navidad ostentosamente envuelto. En realidad, la “buena noticia” es en verdad la mala noticia: la capacidad de la industria energética para incrementar la producción de petróleo, carbón y gas natural en Norteamérica está alimentando un incremento global en la demanda de esos productos, garantizando niveles aún mayores de emisiones de carbono. Mientras estas tendencias persistan –y el informe de la AIE no proporciona pruebas de que vayan a invertirse en los próximos años-, estamos inmersos en una carrera para ver quién consigue ser el primero en alcanzar el Apocalipsis.


Michael T. Klare es profesor de estudios por la paz y la seguridad mundial en el Hampshire College y colaborador habitual de TomDispatch.com. Es autor de “The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources” (Metropolitan Books).
Fuente:
http://www.tomdispatch.com/post/175621/tomgram%3A_michael_klare%2C_a_thermonuclear_energy_bomb_in_christmas_wrappings/#more

 

por Michael T. Klare

Publicado por lalineadefuego el diciembre 5, 2012 · Dejar un comentario 

TomDispatch. <www.tomdispatch.com>

Traducido por Sinfo Fernández

Publicado enInternacional
Lunes, 19 Noviembre 2012 06:49

Continentes en venta

Continentes en venta

Uno de los aspectos menos conocidos de la conflictiva geopolítica del año que termina ha sido la carrera hacia la adquisición y el control de tierras fértiles en el planeta -una buena parte del continente africano y amplias extensiones en América Latina- por parte de potencias ricas o emergentes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón, China e India, mostrando la que va a ser una clave decisiva en las relaciones internacionales del siglo XXI.

 

La pasada semana el Parlamento argentino votó una ley que pone coto a la venta en porciones del país, uno de los líderes mundiales en producción de alimentos y que ya ha enajenado un 10% de su territorio, para restringir esta venta hasta un máximo del 15% de la Argentina.

 

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2011 se dispararon los precios de los alimentos y la fiebre por la adquisición multinacional de tierras cultivables y de zonas ricas en agua.

 

Los países más pudientes están comprando inmensos territorios en toda el África subsahariana, a fin de crear explotaciones agrícolas destinadas a la alimentación o a la producción de agrocarburantes. El director saliente de la FAO, Jacques Diouf, pone el dedo en la llaga: "Estados y empresas occidentales están interviniendo millones de hectáreas de tierras agrícolas de países en desarrollo para asegurar su aprovisionamiento alimentario a largo plazo".

 

La multiplicación de estas transacciones (que alcanzan un territorio equivalente a la totalidad de Europa Occidental) podría entrañar, según Diouf, "un forma de neocolonialismo: Estados pobres produciendo alimentos para los países ricos a expensas de su propia población hambrienta".

 

En una gran parte del Africa subsahariana: Mozambique, Sudán del Sur, Tanzania, Etiopía, Uganda, Zambia, Liberia, Madagascar, Uganda, Congo... se está produciendo un auge de compra de tierras por parte de países y compañías extranjeras que, según el Banco Mundial, en la mayoría de los casos implica el desplazamiento de las comunidades locales y de sus cultivos tradicionales para la fabricación de biodiesel, aceite de palma o para la producción intensiva de alimentos básicos como cereales o arroz, que luego son enviados a los países inversores. Según esta entidad, se exportan miles de toneladas de alimentos desde países que, paradójicamente, viven de la asistencia humanitaria internacional para combatir el hambre y la desnutrición.

 

Como formalmente las tierras son de propiedad estatal, son casi siempre los propios gobiernos, poco transparentes o directamente corruptos, quienes hacen las operaciones al margen de la población. Por ejemplo, en Etiopía, el quinto país más hambriento del mundo, que está afectado por la hambruna que sacude el cuerno de África, y donde unos 13 millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria para comer, el Gobierno acaba de ceder más de 40.000 kilómetros cuadrados de tierras, que han ido a parar sobre todo a inversores indios.

 

Nyikaw Ochalla, director de la Organización para la Supervivencia Anywaa, denuncia: "Se deja a las comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo que ocurre es que un día esta gente ve una larga fila de tractores que está despejando las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qué está ocurriendo, nadie sabe nada, porque la negociación la han llevado a cabo sólo una o dos personas en su propio beneficio".

 

Según el diario británico The Guardian, "la escalada de los precios alimentarios a escala mundial ha desencadenado una segunda invasión de África". A mediados del mes pasado, la empresa surcoreana Daewoo Logistics obtuvo del Gobierno de Madagascar la concesión de un millón de hectáreas durante un plazo de 99 años para cultivar 5 millones de toneladas anuales de maíz, y otras 120.000 hectáreas para producir aceite de palma; en total, más de la mitad de las tierras cultivables de la isla, destinadas a las reservas alimentarias de Corea del Sur.

 

Sudán del Sur se dispone a ceder a los inversores extranjeros unas 900.000 hectáreas de tierra y otro tanto va a producirse en Tanzania.

 

La República Democrática del Congo, que se desangró hasta hace poco en guerras de exterminio, tiene la mitad de sus tierras cultivables en manos de inversores extranjeros, que las utilizan para cultivar agrocombustibles, productos de exportación, o para especular con los alimentos y sus precios en las bolsas internacionales.

 

Según un informe que acaba de difundir la FAO sobre "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo", el alza mundial de precios en los alimentos como el arroz, trigo, maiz y semillas oleaginosas seguirá aumentando hasta cerca de un 50% de aquí a 2020, debido a la especulación en los mercados, que se han dirigido en estampida desde los mercados de valores a los mercados de materias primas. Y ésa, junto a las previsiones para el futuro de los gigantes asiáticos y de los países árabes más ricos, es la causa de las operaciones de compras invasivas de territorios que se están produciendo en África y que se anuncian en América Latina.

 

La FAO también presentó hace unos días en Santiago de Chile un informe en el que denuncia "intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras en América Latina y el Caribe". El funcionario de este organismo Fernando Soto Baquero advertía: "Los gobiernos de la región deben encontrar las formas para asegurar que estos procesos no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria".

 

Las agencias internacionales dan cuenta de que compañías de India están recorriendo América Latina en busca de oportunidades para adquirir tierras que les aseguren el suministro de materias primas. Ya han adquirido 13.000 hectáreas en Brasil y 600.000 en Argentina. Por su parte, China, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, y operadores al servicio de fondos especulativos están realizando operaciones de compra de territorio latinoamericano con un alcance todavía no cuantificado por los organismos internacionales.

 

Sobre el factor especulativo en la venta o enajenación de amplios territorios en los continentes africano y americano, es muy interesante el trabajo de Carlos Enrique Bayo, que titulaba una reciente columna: Goldman Sachs se forra provocando hambrunas . Bayo describe cómo el mayor banco financiero del mundo se inventó el instrumento especulativo que ha disparado los precios mundiales de alimentos. En 1991, los banqueros neoyorquinos crearon un nuevo instrumento especulativo, el "Goldman Sachs Commodity Index", un índice de 18 productos básicos -del trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y el petróleo- para que los brokers pudieran jugar también en lo que hasta entonces era un mercado especializado.

 

La "financiarización" de los mercados de productos básicos

 

Así se llegó a lo que los expertos de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) han denominado "financiarización" de los mercados de los productos de primera necesidad y que ha conducido a que en la primera década de este siglo los precios medios del trigo o el arroz se triplicaran a causa de la especulación bursátil, y que durante el pasado año los precios de los cereales aumentaran en más de un 60%. Según el experto de este organismo de Naciones Unidas Joerg Mayer, "el mercado de los alimentos se ha convertido en un casino", mientras mil millones de personas se acuestan cada día con hambre en los países vulnerables que van siendo vaciados de sus posibilidades de sostenimiento por la adquisición extranjera de sus tierras más fértiles.

 

Las "cumbres" destinadas a la materia fracasan una tras otra. Ya casi no se habla de los famosos "objetivos del milenio". En la última del G-20 en Roma, el ministro de Agricultura del Gobierno conservador francés, Bruno Le Maire, trató de encender la alarma: "Si no tomamos medidas oportunas ahora, la hambruna se convertirá en el mayor escándalo de este siglo". Los mercados caminan en otra dirección.


Colombia, uno de los países más vulnerables del mundo

 

En Abril de 2009, el contralor de Colombia, Julio César Turbay llamaba la atención sobre el interés de inversionistas y algunas potencias extranjeras de comprar grandes extensiones de tierras y de títulos de explotación de recursos naturales: "Además de la soberanía, pondrían en peligro la soberanía alimentaria de Colombia", denunciaba el contralor.

 

La semana pasada, diversas organizaciones ambientalistas denunciaron ante el Ministerio de Medio Ambiente que grandes extensiones de tierras que forman parte de los ríos que nacen en el macizo colombiano han sido compradas apresuradamente por extranjeros: "Se están privatizando los nacimientos de los ríos más importantes de Colombia en beneficio de empresas extranjeras".

 

El dominio del agua es una cuestión estratégica, según el analista Dave Ramswamy, que trabaja para los compradores asiáticos, porque la agricultura es un negocio de agua. Latinoamérica tiene el 26% del agua dulce del mundo. Pero Asia tiene el 60% de la población y menos del 25% del agua del planeta.

 

Según el informe "Tierra y Poder" presentado por la prestigiosa organización británica OXFAM a fines de noviembre, "Colombia, tanto por la calidad de sus tierras como por su agua, es uno de los países más vulnerables del mundo" en cuanto a la pérdida de soberanía por la adquisición masiva de sus tierras, para la que no existe ninguna normativa limitadora, como la que acaba de aprobarse en Argentina.

 

Por ANTONIO ALBIÑANA BOGOTÁ 19/11/2012 07:12 Actualizado: 19/11/2012 07:58

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Indígenas ecuatorianos marchan contra la gran minería; exigen leyes en favor del agua
Quito, 21 de marzo. Al menos mil indígenas ecuatorianos llegaron este miércoles a esta capital después de una marcha de dos semanas en rechazo a la gran minería y para demandar leyes sobre el manejo del agua y la redistribución de tierras, en tanto que seguidores del presidente Rafael Correa se alistan para salir a las calles para brindar apoyo multitudinario al mandatario.
 
La caminata arribó al barrio Guamaní, en el sur de la capital de Ecuador, luego de un recorrido de unos 10 kilómetros desde el poblado de Uyumbicho. Otra marcha desde el norte andino se acercaba hoy al sector de Calderón.
 
Ambas manifestaciones, apoyadas por grupos opositores, confluirán este jueves en el parque El Arbolito, en el centro moderno quiteño, para una concentración en la tarde organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
 
Esas demostraciones se desarrollarán simultáneamente con marchas de los seguidores de Correa, quien los convocó para contrarrestar lo que denuncia como un "intento de desestabilización".
 
Esos simpatizantes se reúnen en la Plaza de la Independencia, frente al palacio de gobierno, y en El Arbolito, del cual saldrán antes de la llegada de su contraparte, según dispuso la alcaldía capitalina para evitar enfrentamientos.
 
La marcha que llegó a Guamaní partió el 8 de marzo de El Pangui, 700 kilómetros al sureste de Quito, tres días después de que el gobierno firmara con la empresa china Ecuacorriente el primer contrato para extraer cobre en esa localidad amazónica.
 
La Conaie, la principal agrupación aborigen, exige leyes sobre el manejo del agua y la redistribución de tierras, la derogatoria de la norma que ampara la megaminería y de una proyectada ronda petrolera.
 
Correa insistió en que la marcha busca desestabilizarlo antes de las elecciones de febrero de 2013, en las que no descarta la relección. Si bien se mostró abierto al diálogo, defendió los proyectos mineros y advirtió sobre los hechos violentos del partido izquierdista Movimiento Popular Democrático, que le da apoyo a la Conaie.
 
En la localidad de Otavalo, el presidente Correa participó en la celebración del equinoccio de marzo, o mushuk wata, el año nuevo indígena en lengua quechua, donde aseguró que éste es "el gobierno de los indígenas".

Afp y Pl
 
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Gregorio Santos: “La unidad de los pueblos por la vida y por el agua”
Cajamarca se ha convertido, en los últimos meses, en el centro del conflicto por la defensa de la soberanía de los recursos naturales y el medio ambiente en el Perú y, ciertamente, por la dimensión de los intereses que están en disputa, se ha convertido también en el centro del conflicto a nivel continental. El proyecto minero Conga, que ha sido declarado inviable por el gobierno regional de Cajamarca, amenaza con acabar con las reservas de agua dulce de la región y, según lo indican los estudios de impacto ambiental realizados por el propio Ministerio del Ambiente del gobierno peruano, produciría daños irreversibles al ecosistema de la región y contaminaría gravemente la cuenca hidrográfica del río Marañón, que como se sabe, es el principal afluente de la cuenca superior del Río Amazonas.
 
Por lo tanto, lejos de un impacto ambiental puntual, se trata de una grave amenaza a la cuenca amazónica y, por consiguiente, al ecosistema de la principal floresta húmeda del planeta.
 
Por otro lado, los intereses económicos de Conga no son menores, pues se trata de un proyecto en manos de la segunda mayor empresa de extracción de oro del mundo, en un país que ocupa el primer lugar en producción de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

Hace ya algún tiempo venimos estudiando las diferentes dimensiones de la disputa entre proyectos hegemónicos y contra-hegemónicos en la coyuntura mundial contemporánea y la complejidad que esto significa para la geopolítica latinoamericana. Nuestras investigaciones muestran que la disputa por los recursos naturales estratégicos ha adquirido una centralidad cada vez mayor en la dinámica de acumulación del capitalismo contemporáneo, creando prácticas cada vez más violentas de expropiación y de expulsión de las poblaciones locales, generalmente indígenas y campesinas, de los territorios productores de estos recursos. Estos conflictos se apoyan cada vez más en una política de militarización de los territorios y criminalización de los movimientos sociales en la región.
 
Para comprender mejor esta dinámica venimos realizando estudios empíricos que comprueben este enfoque. A continuación reproducimos la entrevista que realizamos recientemente al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que al colocarse en la conducción de la lucha por los intereses del pueblo de Cajamarca, se ha convertido en uno de los liderazgos políticos más expresivos por la defensa de la soberanía, la defensa del medio ambiente y la articulación de las luchas locales, regionales y continentales.
 
Formado a partir de su experiencia como dirigente de las Rondas Campesinas de Cajamarca, creadas en los años 80 para defender los intereses comunitarios de las poblaciones campesinas e indígenas de esta región, Santos demuestra, una visión estratégica de la disputa por los recursos naturales y un análisis serio y bien informado de la dinámica de la actividad minera en el Perú. Su visión de gobierno apuesta a un nuevo enfoque de desarrollo, rompiendo radicalmente con el tradicional modelo exportador de materias primas de bajo valor agregado y proponiendo una gestión económica soberana de los recursos naturales. Esta postura contrasta radicalmente con los calificativos de intransigente, violentista, y hasta la comparación con el dictador de Camboya, Pol Pol Pot, a que han sido imputadas a Gregorio Santos durante las últimas semanas.
 
Mónica Bruckmann: ¿Cuáles son los intereses más concretos que están en juego en relación al proyecto minero Conga?
Gregorio Santos: Históricamente Cajamarca siempre marcó un hito en la vida latinoamericana. Lo marcó en 1532 cuando los europeos arribaron al Perú y empezó la gran desestructuración del Tahuantinsuyo. Posteriormente, con la captura de Atahualpa por los españoles y el recojo del oro y la plata que habían pedido como rescate, para luego terminar ahorcando al propio Atahualpa.
 
Luego, marcó el “reflotamiento” de la economía nacional con la intensificación de la minería en el Perú, después del golpe de Estado de Fujimori, cuando en 1993 la minera Yanacocha inicia sus operaciones, y con ella se da inicio al Proyecto Minero más grande de Sudamérica, con participación accionaria de la empresa estadounidense Newmont, del Banco Mundial y de la familia Benavides de la Quintana.
 
Otro momento especial se vivió cuando los intereses de Yanacocha se expandían hacia Cajamarca ciudad y el pueblo reaccionó y frenó la explotación de Quilish, que en ese momento significaba la explotación de 6 millones de onzas de oro.
 
Yanacocha ha continuado sus operaciones y mientras eso ocurre, ha hecho que las seis mineras más grandes del mundo se ubiquen en Cajamarca. Estamos hablando de Newmont, de Rio Tinto, de La Granja, que según se dice tendría una producción de 4 mil millones de toneladas de roca mineralizada de cobre, y hablamos también del Proyecto Galeno, de inversión china, del proyecto Michiquillay, de la empresa Anglo American. El gran interés es aprovechar la coyuntura de los precios elevados de los minerales y ganar tiempo para promover grandes cambios en la estructura legal y constitucional del país, que es lo que están exigiendo las transnacionales. Al movimiento social peruano se le estaría acortando el tiempo en la lucha por la defensa de la soberanía de los recursos naturales.
 
No olvidemos que Ollanta Humala gana las elecciones presidenciales porque propone un cambio constitucional: acabar con los privilegios tributarios y revisar los contratos con las grandes transnacionales y muchas de ellas, que tienen privilegios tributarios como la empresa Newmont, son las que en este momento resisten y neutralizan las luchas populares. Estas transnacionales, al parecer, dominan la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) este gremio peruano que ha cerrado filas y ha puesto como tema emblemático el caso del proyecto Conga.
 
Entonces, son intereses económico de la Newmont, intereses políticos y jurídicos que buscan no ceder en el actual marco regulatorio peruano, porque si se cede en CONGA tendría que realizarse cambios constitucionales y tendría que producirse modificaciones en toda la base legal y tributaria del país. A nuestro modo de ver, hay grandes intereses de las empresas transnacionales en mantener el control de los recursos naturales en el Perú.
 
MB: ¿Qué beneficios tendría Yanacocha a través del proyecto minero Conga?
GS: Bueno para el Proyecto Conga ya no habría convenio de estabilidad tributaria. Pero el gran beneficiado de Conga es que toda la maquinaria que tendría Yanacocha operando se trasladaría directamente a Conga, a través de un camino que lo une por un cordón umbilical de pocos kilómetros.
 
Yanacocha tiene la enorme ventaja de que su proyecto minero es barato y muy rentable, porque toda la infraestructura de los casi 20 años de explotación minera en Cajamarca pasaría inmediatamente a tener nuevo valor con el proyecto Conga. El problema es que Yanacocha, con los privilegios tributarios que tiene, ha encontrado el agua gratis, ha encontrado los recursos naturales gratis y esto le significa enormes ventajas en relación a otros lugares del mundo donde tienen operaciones.
 
MB: Según la evaluación del gobierno regional de Cajamarca ¿Cual sería el impacto ambiental el proyecto Conga si se aprueba en las condiciones que se plantea actualmente?
GS: Es un proyecto altamente depredador. Choca profundamente con el momento que vivimos en el mundo, con el discurso del presidente Ollanta Humala en las plazas de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, cuando él nos dijo: “¿qué cosan quieren ustedes, el oro o el agua?” y el pueblo dijo: “el agua”. Y nos dijo: “¿quieren vender la laguna?”, la gente dijo “no”. Entonces, respondió, “yo me comprometo a defender los recursos hídricos de Cajamarca”.
 
El impacto más grande del proyecto Conga es la desaparición de todos los humedales de todas las cabeceras de cuenca, de las principales cuencas de tres provincias de Cajamarca: Celendín, Cutervo y Bambamarca. El informe de impacto ambiental del MINAM (Ministerio del Ambiente) dice que la operación en Conga produciría daños irreversibles y que el estudio de impacto ambiental del proyecto adolece de un enfoque de cuenca.
 
Otro de los grandes impactos es el desequilibrio del paisaje, porque se trata de desparecer más de 100 mil hectáreas que terminarían sumándose al enorme desierto andino que ya se ha ampliado dramáticamente en los últimos 20 años. Yanacocha todavía no ha podido demostrar que su cierre de minas conduce, como ellos señalan, a recuperar y a dejar el territorio tal como lo encontraron…
 
Esto sin contar todo el resto de consecuencias, que tiene que ver con el impacto social, por ejemplo. El estudio del impacto ambiental no tiene como información de base la salud de la gente antes de iniciar la operación del proyecto minero. El otro tema grave es la subvaloración de los recursos naturales. El mismo MINAM señala que se han subvalorado los recursos, tanto el agua como el propio uso del suelo para afirmar carreteras. Estos son problemas que ya ha vivido Cajamarca con la influencia de Yanacocha. La gente no sabe si la enfermedad que tiene es por el impacto de la minería o es que siempre tuvo ese tipo de enfermedades, cada vez más desconocidas.
 
MB: El gran argumento que está siendo colocado por la gran prensa en el Perú a favor del Proyecto Conga es el volumen de la inversión que éste traería al país. ¿De que estamos hablando realmente?
GS: Las grandes transnacionales, los grupos de poder económico del mundo y las grandes potencias como Estados Unidos hicieron cambiar de opinión al Presidente de la Republica Ollanta Humala. Cuando él regresó de APEC y el conflicto social en Cajamarca había estallado, ante la palabra de Cajamarca de “Conga no va”, él dijo “Conga si va”. En este momento dijo que la inversión que había para ese proyecto era muy útil y necesaria para el país, y cometió graves errores al señalar que con eso financiaría programes sociales como “beca 18” y “pensión 65”. En el Perú los programas sociales no son más que el vergonzoso asistencialismo que el neoliberalismo ha venido sosteniendo ha venido aplicando.
 
Se habla de 4,800 millones de dólares de inversión. Es decir, 4,800 millones de dólares que sería lo que recibiría el Estado peruano en inversiones, y que a lo largo de los próximos 20 años podría haber alrededor de 15 mil millones de dólares en ingresos para el Perú. Sin embargo cuando se analiza la cifra de los 4,800 millones de dólares, vemos que éstos se gastarían en la instalación de la empresa minera. Aproximadamente 1,800 millones de dólares estarían destinados a la infraestructura de la empresa, a un molino que sería el transportador de piedra y el resto lo tendría la Odebrecht, que sería la empresa que instalaría todos los campamentos y realizaría el movimiento de suelos.
 
De tal manera que la inversión se usaría en comprar todo ese tipo de infraestructura, no se sentiría, como no se sintió todos estos años, en el desarrollo de Cajamarca. Porque el Perú, como economía primario-exportadora no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para fortalecer si gestión de los recursos naturales. Es decir, van a entregar todo eso a las empresas.
 
Para nosotros, esos 4,800 millones de dólares serían importantes si los cambiáramos por inversión en energía limpia. Por ejemplo, en el río Marañón, se podrían construir 20 hidroeléctricas. Pero solo se construyeron dos. Para fines de remplazar este tipo de inversión, se necesitaría más o menos 4,900 millones de dólares para los proyectos hidroeléctricos de Cumba 4 y Chadin 2. Estas son dos grandes centrales que podrían, inclusive, remplazar toda energía térmica que tenemos en el Perú.
 
La necesidad de esta inversión no se quiere ver, se quiere destruir el ecosistema. Lo que se ve claramente es que con esas centrales hidroeléctricas podríamos empezar a generar una nueva matriz energética, la matriz de la hidro-energética y también dar paso al cambio del modelo económico, de primario-exportador y a un modelo con valor agregado, de industrialización. De tal manera que el dinero que se va a invertir, es una propuesta de marketing de las transnacionales. Ni si quiera el gobierno de Ollanta Humala usaría esos recursos, por que todavía el estudio de impacto ambiental está incompleto. Solo en el Perú se pueden aprobar estudios incompletos, por que el estudio de impacto ambiental dice que Yanacocha tendría que presentar un estudio hidrogeológico en 2013 para determinar el impacto de sus operaciones...
 
MB: ¿Después de que el proyecto estuviera en marcha?
GS: Después de que estuviera en marcha. En ningún lugar del mundo se ha visto que los estudios de impacto ambiental autorizan el inicio de la obra y la información que les falta se completa años después. Porque el más grande problema que tiene el proyecto Conga es el enorme impacto al agua subterránea. El Perú no tiene información sobre esto en las zonas de cuenca, aun cuando más del 60% de las concesiones mineras dadas en el Perú, se ubican en cabeceras de cuenca.
 
La gran contradicción es que si declaramos de necesidad publica el uso de agua y si declaramos intangibles las cabeceras de cuencas, el 60% de concesiones mineras en el Perú serían irrealizables, no se podrían ejecutar. Por eso es que aquí se abandona la legislación por el agua, no se la declara recurso estratégico para la nación y se da a las empresas mineras todas las facilidades para avanzar en sus proyectos…
 
Se habla sólo de inversiones, pero nunca se ha hablado hasta ahora del altísimo costo humano y ambiental. Por ejemplo, de los 6 mil pasivos ambientales nadie habla. Nadie dice cuánto le costaría a Cajamarca mitigar los pasivos ambientales que dejará Yanacocha en los próximos años.
 
MB: Pero Cajamarca ya tiene casi 20 años de minería intensiva ¿Cuál es el balance de todo este tiempo de explotación minera?
GS: Cajamarca, con Yanacocha, tiene 18 años de extracción de minerales a tajo abierto, con enormes lagunas de oxidación. El impacto más grande es el cambio radical del clima y el agua, fundamentalmente. Porque Yanacocha ha tenido que construir dos plantas de tratamiento de agua, que abastecen de agua a Cajamarca, donde los ríos que antes nacían de fuentes naturales ahora nacen de 4 tubos. La empresa prestadora de servicio de agua potable esta quebrada, por que tiene que convertir el agua de tipo 3 en agua para el consumo humano, con lo cual se tiene que gastar millones de soles. ¿Y por qué? Porque la legislación peruana es tan permisible, que ha tolerado que estas empresas hagan lo que les da la gana.
 
El otro gran problema que tenemos con la empresa Newmont es que nosotros en Cajamarca somos el campamento de Yanacocha. Somos, en este momento, el campamento de seis mineras, de las cuales cuatro ya están operando plenamente, y dos de ellas están proceso de iniciar sus operaciones. Estas empresas nunca han construido un campamento, no han construido sus carreteras ni sus áreas de instalación. Esto ha hecho colapsar el sistema de salud pública, ha hecho colapsar la educación pública y ha hecho colapsar el crecimiento y expansión urbana de la cuidad.
 
El enorme impacto ambiental, el impacto social y el impacto poblacional, no están medidos, no están cuantificados ni valorizados. La gente está enferma y ha crecido la violencia social en una ciudad que hace 20 años no estaba preparada para la actividad minera en las condiciones en que ésta se dio. Los foráneos han terminado imponiendo su cultura de consumismo extremo, frente a lo que fue la economía agraria, campesina, comunal y solidaria.
 
Las consecuencias de la actividad minera en Cajamarca son enormes. Ojalá que algún día se estudien estos temas y, seguramente, terminaremos demostrando que las enfermedades del siglo XXI son las enfermedades causadas por la enorme evaporación de las grandes reservas de agua, o de las grandes pozas que quedarán con agua cianurada y que terminarán evaporándose y generando lluvias ácidas en todo ese espacio territorial donde se ubica Yanacocha. No tenemos hasta ahora un fondo de compensación ambiental, Cajamarca no tiene saneamiento básico culminado, la propia ciudad tiene problemas de agua y desagüe, de saneamiento y plantas de tratamiento de agua. Estos problemas recién han comenzado a explosionar y seguramente esto contribuye al enorme conflicto que CONGA también ha originado, porque Cajamarca no está dispuesta a permitir la expansión minera de un proyecto como Conga, en manos de la misma empresa que ha tratado tan mal a toda la población.
 
MB: La empresa estadounidense Newmont tiene participación de 51% de la acciones de Yanacocha. Para Estados Unidos, garantizar el abastecimiento de recursos naturales estratégicos para lo que ellos llaman el “bienestar de la nación” es una cuestión de seguridad nacional. Así lo establecen en su Estrategia de Defensa de 2006 y de 2010, y en su Plan de Desarrollo Científico para el período 2007-2017, elaborado por el Servicio Geológico del Ministerio del Interior, al igual que todos los documentos oficiales que orientan su política externa. Al declararse un problema de “seguridad nacional” el acceso a recursos naturales estratégicos, que además están, fundamentalmente, fuera de su territorio continental y de ultramar, Estados Unidos pone en tensión su fuerza y estrategia militar para garantizar el dominio de estos recursos en el mundo. ¿Se puede percibir presencia militar de Estados Unidos en la región de Cajamarca?
GS: Mira, la región Cajamarca ha tenido bastante presencia de norteamericanos. Estuvieron en el 2005, cuando estalló el conflicto en Majas, en la frontera peruano- ecuatoriana, lanzando una ofensiva por toda la cuenca del Marañón, la cuenca del Chinchipe, entre Perú y Ecuador y en la frontera entre Perú y Colombia, bajo el pretexto de buscar nuevos asentamientos del narcotráfico. La DEA (Drug Enforcement Administration) se hizo presente y luego comenzaron las declaraciones de que quienes nos oponíamos a la minería estábamos ligados a las FARC de Colombia o estábamos ligados al narcotráfico internacional. Yo fui enjuiciado en Piura y en Lima por estas acusaciones y por “tener financiamiento del terrorismo internacional”. Es toda una estrategia coordinada.
 
Luego, vimos el traslado permanente del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) a Cajamarca, para fines de construir, según ellos decían, un centro de operaciones especiales para ayuda humanitaria. Este centro de operaciones especiales para ayuda humanitaria consiste en tener un área importante, donde se construirían instalaciones para manejar información meteorológica, satelital y también para detectar, en tiempo real, según la propuesta de Estados Unidos, fenómenos naturales que puedan afectar a la población cajamarquina.
 
Existe una relación muy grande entre el cumplimiento del plazo para que las tropas norteamericanas se retiren de Manta, Ecuador, y la propuesta, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de que esta base militar pase a la comunidad campesina de Yanta, en Ayabaca, Cajamarca. La región de Ayabaca, San Ignacio, Huancabamba, Condorcanqui, forma parte del enorme corredor del oro, del cobre y la plata y, además, es una región que posee una gran biodiversidad, en la frontera peruano ecuatoriano.
 
Sin embargo, la correlación de fuerzas políticas en Ecuador cambió, y la idea de instalarse en Yanta, en Ayabaca, desapareció. Entonces se intensificó la presencia de tropas norteamericanas y del Comando Sur de Estados Unidos en Cajamarca, Lambayeque y Piura. La explicación que nos dan es que esto sería un centro de operaciones especiales para defensa civil, para ayuda humanitaria, para hacer frente a cualquier desastre. Pero entendiendo el enorme interés norteamericano entorno al Marañón, al Amazonas y a lo que tenemos en la frontera con Ecuador, podemos entender el movimiento de militares norteamericanos entre Bagua, Utcubamba, Moyobamba, Piura y Cajamarca, que se ha hecho bastante permanente desde 2005. Hoy, más que nunca, se hace evidente el afán de construir este centro de operaciones especiales en Cajamarca.
 
MB: ¿El Comando Sur de Estados Unidos, o alguna otra instancia militar de este país, ha buscado realizar reuniones oficiales con el gobierno de Cajamarca?
GS: Hemos tenido una reunión para ver el tema de dónde se va ubicar este centro de operaciones especiales, fundamentalmente el contacto con el alcalde de Cajamarca a quien le correspondería entregar el terreno y el Comando Sur de Estado Unidos pondría los recursos para construir las instalaciones. Tendría un helipuerto y equipos satelitales. Es lo único que ha ocurrido, no ha habido mayor reuniones.
 
Durante estos años de gobierno que nosotros dirigimos, los conflictos sociales han sido permanentes, y nosotros hemos tomado una posición de defensa de los recursos naturales y de la recuperación de la soberanía sobre los mismos. Cuando hemos planteado la modificación de la Constitución Política del Estado, y el retorno a la constitución del 1979, estamos planteando la recuperación de la soberanía de las fronteras. Porque en la constitución 1979, ningún extranjero puede tener propiedades a menos de 50 km. de la frontera. En cambio, con la constitución del 1993, los extranjeros si pueden tener propiedades en esta franja fronteriza, previa promulgación de un Decreto Supremo que declare de necesidad publica esta propiedad, y los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han regalado estos dos Decretos a las empresas mineras, declarando que la propiedad territorial ligada al proyecto minero Majaz, o Río Blanco, es una necesidad publica para el Perú. Lo mismo ha ocurrido en la región de Condorcanqui y San Ignacio.
 
MB: Amparado en la legislación peruana vigente, el Gobierno Regional de Cajamarca a promulgado la ordenanza 036, que declara inviable el Proyecto Conga. La Fiscalía de la Nación está pidiendo la revocatoria de esta ordenanza e inclusive una revisión la Constitución vigente en relación a la autonomía de las regiones. Al mismo tiempo, se ha hecho pública, a través de la prensa local, la posibilidad de un proceso penal por “usurpación de funciones” en contra suyo ¿Qué estrategia de defensa está planteando el gobierno regional de Cajamarca?
GS: La legislación peruana, la Constitución de 1993, que fue hecha a la medida del neoliberalismo de Fujimori, logró incluir los gobiernos regionales en la estructura de Estado, estableciendo funciones que deberían ir transfiriéndose a los gobiernos regionales. Sin embrago, sobre el tema ambiental y el tema de los recursos hídricos, la legislación es bastante amplia y allí somos el único gobierno regional que hemos debido legislar sobre el agua y la protección de las cuencas hidrográficas de la región. En un primer momento el gobierno de Ollanta Humala no apoyó para avanzar en la creación de instrumentos como la zonificación ecológica y económica, que nos da un criterio técnico de cómo debe ser usado y gestionado el territorio. Pero luego hemos venido chocando con la propiedad de las empresas mineras que han sido adquiridas mucho antes y que fueron beneficiadas por el gobierno anterior de Alan García, a través un Decreto Supremo 020, si mal no recuerdo. Este es un reglamento que tiene menor jerarquía pero que señala que si los gobiernos quieren ordenar el territorio, hay que pedir permiso a las empresas. Esto constituye una vulnerabilidad, una violación a las normas de los gobiernos regionales.
 
Las banderas que el gobierno de Cajamarca está encabezando significan la recuperación, ampliación y conquista de competencias regionales. Entonces, esta Ordenanza Regional 036 está orientada a este objetivo, y declara de necesidad pública de las cabeceras de cuencas de la región. Pero se basa en una Ordenanza Municipal que ya fue promulgada por gobierno provincial de Celendín, que ya protegía todas las cuencas del proyecto Conga e impedía la actividad minera por considerarla ajena y destructora y, por lo tanto, priorizando la agricultura.
 
Todo esto resume la Ordenanza 036, lo que ha originado que Yanacocha, al no encontrar un colegio profesional, o un ciudadano honorable en el país, que se quiera comprar el pleito de denunciarnos ante el Tribunal Constitucional, ha conseguido que sea el Fiscal de la Nación quien nos denuncie y quien presente una acción de inconstitucionalidad de la Ordenanza 036 ante el Tribunal Constitucional. En el Perú el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que tiene que ver con la constitucionalidad de las normas.
 
La estrategia, en este momento, es que los colegios de abogados del Perú, los colegios profesionales, las organizaciones civiles y los gobiernos regionales, ayuden y aporten para la defensa de la Ordenanza 036, que está centrada en la recuperación de la competencias de los gobiernos regionales para legislar en el territorio de las regiones ante el inminente peligro de impacto sobre los cuerpos de agua, o peligro inminente de destrucción de fuentes de agua, de los ecosistemas frágiles. Todo esto está reconocido, además, por los acuerdos internacionales sobre el agua, sobre los ecosistemas y sobre temas ambientales, como el Convenio de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica, o el Tratado de Kioto.
 
Esto es una dura batalla, por que en esta guerra por recuperar los recursos naturales, es probable que ellos no sólo se queden en declarar inconstitucional la norma, sino van a querer denunciarnos penalmente y con esa denuncia penal por “usurpación de funciones”, pretenden que el Jurado Nacional de Elecciones declare la vacancia del cargo. Este el costo que tenemos que pagar, pero que también significaría un enorme problema para el neoliberalismo y para los representantes del gobierno, porque terminaría generando una reacción social enorme, que probablemente termine, si tiene la fuerza suficiente, en una Asamblea Constituyente y en una nueva Constitución.
 
La población votó por cambios estructurales y profundos y el presidente Ollanta Humala no puede seguir guardando silencio o diciendo que se olvidó del “Programa de la Gran Trasformación” y que ahora no es viable. Yo sé que la población le podrá perdonar esta actitud por unos cuantos días más, pero a la larga, la gente va a cobrar su voto exigiendo coherencia con el programa de cambios por el que votaron.
 
Nosotros, como Gobierno Regional de Cajamarca, estamos buscando una correlación de fuerzas favorable, convocando a los gobiernos regionales, a los colectivos de profesionales y a los colectivos sociales a través de movilizaciones nacionales, como por ejemplo, la Marcha en Defensa de la Ordenanza Regional 036, que resume la defensa del agua y que algunos están llamando la “Marcha por el agua”. En el fondo, está marcha que se inició en Cajamarca, el 1º de febrero, es la marcha en defensa de la Ordenanza 036 que protege el agua y las cabeceras de cuenca, pero también es la marcha de la dignidad de los pueblos por recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos.
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MB: ¿Esta marcha sería el inicio de una estrategia política y de movilización nacional más amplia?
GS: Esta marcha es una convocatoria a todos los sectores patrióticos, democráticos y progresistas. Estamos convocando también desde el Gobierno Regional, los frentes de defensa, las Rondas Campesinas y otros colectivos. La idea es llamar la atención y contribuir a que este tema de los recursos estratégicos como el agua, y los recursos hídricos, sean parte del debate nacional.
 
Esta movilización marca el inicio de la toma de conciencia del pueblo peruano, para que despierte. Sobre los recursos hídricos hay todo un andamiaje legal que entrega la soberanía de los mismos a las grandes trasnacionales y que, por lo tanto, nos plantea la necesidad de recuperarla. En Conga, en Cajamarca, no se juegan meramente la defensa de las lagunas sino, diríamos, que es la gota que rebasa el vaso de una enorme exigencia nacional en defensa de los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos. Esta marcha es el primer paso de una campaña nacional sobre debates técnicos, debates científicos, debates políticos, debates jurídicos, que vayan contribuyendo la acumulación de fuerzas y vertebrando la gran unidad de fuerzas progresistas para una nueva Constitución y también para la regionalización del país, una regionalización patriótica, al mismo tiempo descentralistas e integradora de las economías regionales. Esto va más allá de una cuestión solamente ecológica y ambiental. Es también una cuestión política y estratégica para la defensa de los recursos naturales.
 
MB: ¿Cuál es la propuesta del Gobierno Regional en relación al uso de los minerales estratégicos que el territorio de Cajamarca posee?
GS: En primer lugar, que se apliquen los principios de racionalidad, de equidad y de justicia en el gobierno y en la visión de un país. Que prevalezca la visión de Estado unitario, que los recursos naturales son de todos los peruanos y que, por lo tanto, Cajamarca, que tiene cuatro proyectos mineros en operación, no puede ser irracionalmente aniquilada para satisfacer la voracidad del gran capital o de las trasnacionales, especialmente norteamericanas.
 
De ahí que nosotros planteamos que los cuatro proyectos mineros son los suficientes para los próximos 30 años, si se revisa la legislación, si hay una reforma tributaria para poder apalancar el desarrollo sostenible de la región y generar las bases de un modelo de
 
desarrollo transformador, productivo e inclusivo. Un proyecto que pase a utilizar y reforestar 5 millones de hectáreas, que ponga énfasis en la energía eólica, en la energía alternativa y energía con el recurso agua de la cuenca del Marañón, y que ahí centremos las grandes inversiones. Pero que no sea más la expansión irracional de la minería, y esto va acompañado de la necesidad de elaborar una nueva constitución o de que pasemos a retomar el sistema constitucional que recupere la soberanía sobre los recursos naturales de Cajamarca y del Perú.
 
 
Es decir, la soberanía sobre el gas natural, el petróleo y los minerales, especialmente los más importantes, como el cobre. No se puede ceder fácilmente, como ocurre en este momento, con una normatividad que privilegia la gran capital.
 
Tenemos un modelo de desarrollo que consistiría en invertir 300 millones de soles en agricultura. La recuperación de soberanía de los recursos hídricos es imprescindible porque las mineras pueden obtener el uso de agua de por vida, mientras que los campesinos no pueden hacerlo para riego de sus cultivos. Las empresas mineras ganaron, por puesta en mano, en solicitar el uso del agua. Por eso la lucha por el agua en Cajamarca, y en el Perú, va ser el tema de los conflictos y la gran confrontación que algunos podrán ver como anti inversión, anti-minero, o anti-extractivista. Pero en el fondo, es la confrontación de un modelo económico neoliberal, primario-exportador extractivista, irracional y, de otro lado, un modelo de desarrollo privilegie la racionalidad que debe existir en un Estado con visión estratégica, que pueda ser capaz de generar las bases de un desarrollo más sostenible y de una economía más solidaria.
 
MB: La comunidad latinoamericana, los ambientalistas, los movimientos sociales en la región, los gobiernos progresistas, están profundamente preocupados con los desdoblamientos que va tener este conflicto en relación al proyecto Conga en Cajamarca. ¿Le gustaría finalizar esta entrevista dirigiéndose a ellos?
GS: Considero que es estratégico para la el futuro de América Latina que nos escuchen a los cajamarquinos, que pensamos como latinoamericanos, como peruanos provenientes de esa gran cultura del Tahuantinsuyo. Necesitamos que se entienda que esta lucha es parte de la lucha latinoamericana y, diríamos, que es parte de la lucha por la soberanía de los recursos naturales a favor de la región y a favor de los que habitamos en las cuencas del Amazonas, del Marañón o en las gran Cordillera de los Andes. Es necesario que los presidentes progresistas y de izquierda en América Latina consideren poner en la agenda política regional el tema de la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos de las naciones. Considero urgente y necesario y que se opine, y mejor aún si se puede ayudar, desde los colectivos de intelectuales, de científicos de todas las universidades de Latinoamérica y del mundo. Que visiten las diversas regiones del Perú, Cerro de Pasco, Moquegua, Las Bambas, Puno, Cuzco, Cajamarca o la Amazonia misma, y puedan ser testigos del enorme potencial de la biodiversidad que tenemos, y que podría convertirnos en un potencia farmacéutica en el contexto de otro modelo de desarrollo.
 
Creo que esa consigna de que “otro mundo es posible” sigue teniendo vigencia y en ese sentido, desde Cajamarca, este pedido para que el temas de la soberanía de los recursos naturales se ponga en agenda, que no los abandonemos por la presión de la prensa, de las fuerzas mediáticas que tenemos en el Perú y que lo único que hacen es ocultar la información, o no publicarla, para impedir que se conozca todo lo que el pueblo peruano viene reclamando en este momento. Compartimos esa idea, un abrazo de latinoamericano desde la segunda capital del Tahuantinsuyo, desde Cajamarca, donde ajusticiaron a Atahualpa tan solo por cumplir su palabra de pagar el rescate que le exigían los españoles y llenar los cuartos de oro y plata, ¡un abrazo!…
 
- Mónica Bruckmann es Socióloga, doctora en ciencia política, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN.
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El martes se discutirá la problemática de El Quimbo
Luego de un paro que empezó el día 3 de enero y sobre el cual la administración Santos se había mantenido indiferente, la lucha persistente logró acordar la primera reunión con el Gobierno para el próximo martes 17 de enero a las 11 de la mañana en el Ministerio del Medio Ambiente. A esa reunión están citados los representantes de la protesta, algunos senadores, la Contraloría, la Procuraduría y los Ministerios del Medio Ambiente, Interior, Agricultura, Trabajo y Minas. Miller Dussán, unos de los representantes de la protesta, comento: “Están listas las comisiones que viajarán a dialogar en Bogotá, pero este primer diálogo no significa que el paro se detenga”. Además, denunció que la empresa Endesa Engesa está poniendo a los trabajadores en peligro al obligarlos a que busquen otras entradas por el río y se suban por barrancos y piedras para burlar el bloqueo que los manifestantes tienen sobre la entrada a la Represa El Quimbo.

Lucha por el territorio


Recordemos que esta protesta se ha denominado “Paro Regional por la Defensa del Territorio” y se fundamenta en tres puntos principales: primero, que se realice una audiencia pública ambiental que demuestre la inviabilidad del megaproyecto; segundo, que la transnacional Endesa Engesa construya el puente de El Paso del Colegio, que por efecto de las obras se averió desde agosto; y tercero, que se arreglen las vías. Estas vías son afectadas por El Quimbo, las fallas geológicas, el invierno, el abandono y la petrolera Emerald Energy, empresa que obtuvo nuevas licencias para extraer hidrocarburos en el Páramo de Miraflores.

Este paro involucra principalmente a la región centro y occidente del Huila. Su epicentro ha sido el Puente Paso del Colegio, sobre el río Magdalena, en el municipio de Garzón y a la entrada de El Quimbo. Se ha desarrollado con bloqueos complementarios en diferentes puntos y momentos. El tipo de problemática ha hecho que los promotores del paro sean diferentes actores territoriales, como Asoquimbo, el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios Afectados, Ríos Vivos, el Consejo Regional del Huila (CRIHU), las Comunidades de Puerto Seco, la Asociación de Aserradores, la Asociación de Pescadores de El Hobo, la Junta de Acción Comunal Matambo, los Municipios del Macizo Colombiano adscritos a Asomac, la Comunidad de La Plata, la Asociación intersectorial de Gigante, Garzón Páramo de Miraflores, la Asociación de Cafeteros, la Asociación de Tabacaleros de Garzón (Asotagar), el Gremio de Transportadores de La Plata, el Comité Cívico por la Defensa del Occidente del Huila, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, entre otros.

La inundación se comerá un valle con su gente


Si logran imponer el megaproyecto, será un éxito para la locomotora minero-energética de Santos y para las multinacionales que se lleven las ganancias, mientras que para el pueblo del Huila significará la inundación: desaparecerá un valle con toda su riqueza geográfica, de flora y fauna, arqueológica, agrícola, ganadera, pesquera, de infraestructura, social, cultural y poblacional; desaparecerá un pueblo con su territorio. Será inevitable la destrucción de la estructura económica y social, y el desplazamiento de la población configurará un nuevo mapa del territorio que habrá de caracterizarse por la marginación, como les sucedió a los municipios vecinos cuando se impuso el plan de Betania. Este megaproyecto está ubicado sobre el río Magdalena y al sur de la Represa de Betania, tendrá 55 kilómetros de extensión y un área de embalse de 8.250 hectáreas que afectará directamente a los siguientes municipios: Gigante, 43,91 por ciento; Garzón, 16,76; Altamira, 0,21; Agrado, 37,83; Paicol, 0,04; y Tesalia, 1,25.

Además del gran daño que implica este megaproyecto, la tramitación de su licencia fue propiciada por el ex presidente Álvaro Uribe, violando la legislación de una manera muy descarada. La Defensoría del Pueblo tiene reparos sobre la licencia ambiental, la Contraloría está iniciando investigaciones preliminares y cursa una demanda ante el Consejo de Estado, además de otras iniciativas. Miller Dussán ha dicho que la gente no cree mucho en la palabra del Gobierno y que, si éste no cumple, podrán venir nuevos momentos de la protesta, como marchas hacia y Bogotá.
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