De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

Apuestas gubernamentales

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

La lucha por el agua

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

Reflexión final

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Representantes de los gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff se reunirán el viernes en esta ciudad para evaluar el impacto de las represas Jirau y Santo Antônio, del lado brasileño, las cuales serían causantes del agravamiento de las inundaciones en la Amazonia boliviana, que en los últimos meses –época de lluvias– causaron más de 60 muertes, principalmente en los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

"Hay una Comisión Técnica para verificar, para evaluar, para levantar datos (que constaten) si efectivamente estas construcciones pueden afectar la subida de las aguas. El canciller brasileño (Luiz Alberto Figueiredo) está visitando Bolivia el próximo 7 de marzo. Vamos a tener una reunión bilateral, donde vamos a tocar todos los temas con el canciller de Brasil", dijo en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.

Varias Organizaciones de la Sociedad Civil brasileñas y bolivianas habían advertido ya en 2007, antes de la construcción de las represas, sobre sus posibles efectos negativos en las poblaciones de este sector de la Amazonia. Esos perjuicios son similares a los que se viven en estos días. Informes de entidades como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), de Bolivia, o de especialistas como Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia en Manaos, Brasil, entre otros, llegaron al gobierno de Morales, que envió una carta a su homólogo brasileño para indagar en la veracidad de lo que se avecinaba. Todo quedó allí, Jirau y Santo Antônio fueron construidas, comenzaron a funcionar y hoy afectan con inundaciones a poblaciones del estado de Rondônia y Beni.

El 18 de febrero, el presidente Morales sobrevoló algunas de las miles de hectáreas afectadas por la inundación. En Beni, departamento ganadero, fallecieron más de 200 mil vacas porque no tienen qué comer ni dónde pararse. Y se perdieron miles de hectáreas de cultivos, entre otros daños que soportan en esta región, donde 300.000 mil personas están afectadas. Al bajar del avión, el jefe de Estado dijo que había instruido nuevos estudios para analizar el rol de las represas brasileñas Jirau, que está a 80 kilómetros de la frontera, y Santo Antônio, a 120 kilómetros.

Bolivia tiene la intención de construir su megarrepresa (que generaría 980 megavatios) en la población beniana de Cachuela Esperanza, que ahora también está inundada. Si con las dos represas en cuestión hay este panorama, peor sería si Bolivia concretara su proyecto. El gobierno de Morales no quiere desprenderse de este plan, que permitiría al país exportar electricidad.

"Recientemente hubo una reunión con las autoridades bolivianas y las brasileñas para ver cuáles pueden ser los efectos que generan la construcción de las represas en el lado brasileño. Va a haber una reunión técnica posteriormente para analizar. Tenemos que fundamentar con datos técnicos qué niveles, cómo ha sido. Hay varios temas que tenemos que trabajar", adelantó Choquehuanca.

En 2007, cuando se conocieron los estudios independientes sobre los efectos de las represas, uno que cargaba contra los ambientalistas era Alexander Guzmán, alcalde de Guayaramerín, en la frontera con Brasil, por oponerse al progreso. Ahora reconoció que la pesca en los ríos de esa zona bajó hasta en un 50 por ciento por efecto de las represas. Peces como la yatorana, el surubí y el pacú "ya no se encuentran como antes, debido a que son especies migratorias que recorren los ríos, pero al tener las barreras de las represas no logran cumplir su ciclo vital", comentó.

"Bolivia está aún en posición de exigir una auditoría ambiental a nivel internacional, para la evaluación del impacto actual y de los riesgos y consecuencias futuras de la alteración de la hidrología del río Madeira. También se debería analizar la posibilidad de exigir una indemnización", indicó el investigador de Lidema Octavio Ribera.

Fearnside, citado por un documento del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), explicó que "cuando el agua de un río entra en la laguna que se forma a consecuencia de la represa, la velocidad del agua disminuye bruscamente. Con eso, los sedimentos más pesados, como la arena, caen para el fondo del lago al comienzo del mismo, formando una pila de sedimentos que continúa creciendo y avanzando río arriba. Esta pila funciona como una especie de segunda presa, elevando el nivel del agua en el trecho de río encima del lago propiamente dicho. Ya que el reservorio de Jirau está planeado para extenderse hasta la frontera con Bolivia es lógico que esa elevación del nivel afectará al lado boliviano, tanto en el río Madera como en el río Abuná".

Raras veces la publicación de un informe basado en datos sobre la energía tiende a provocar titulares en primera página por todo el mundo. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió el 12 de noviembre cuando la prestigiosa Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en París, dio a conocer la edición de este año de su World Energy Outlook [“Perspectiva sobre la energía mundial”]. En el proceso, todo el mundo perdió de vista la verdadera información, una información que debería haber hecho sonar las alarmas por todo el planeta.

Al afirmar que los avances en la tecnología de la perforación estaban consiguiendo aumentar la producción energética norteamericana, la World Energy Outlook predecía que EEUU superaría a Arabia Saudí y a Rusia convirtiéndose en el principal productor de petróleo del planeta en 2020. “Norteamérica va a la vanguardia de una transformación radical en la producción de gas y petróleo que afectará a todas las regiones del mundo”, declaró la Directora Ejecutiva de la AIE, María van der Hoeven, en un comunicado ampliamente citado.
En EEUU, la predicción de una inminente supremacía en la lotería de la producción petrolífera fue recibida en general con un júbilo desvergonzado. “Este es un cambio notable”, dijo John Larson de IHS, una firma corporativa de investigación. “Es algo verdaderamente transformador. Cambiará esencialmente las perspectivas energéticas de este país”. No solo hará que disminuya la dependencia de la importación de petróleo, indicó, sino que también va a generar cifras inmensas de nuevos puestos de trabajo. “Esto va de puestos de trabajo. De puestos de trabajo para obreros. De buenos puestos de trabajo”.

Los editores del Wall Street Journal mostraron un éxtasis parecido. En un editorial con el llamativo título de “América Saudí”, elogiaban a las empresas estadounidenses de la energía por llevar a cabo una revolución tecnológica basada en gran medida en la utilización de la fractura hidráulica (“fracking”) para extraer gas y petróleo de la roca de esquisto. Eso era, afirmaban, lo que había hecho posible un nuevo boom mega-energético. “Esta es una auténtica revolución energética”, señalaba el Journal, “incluso aunque estemos lejos de ser el país de los sueños de la energía renovable de tantos subsidios y mandatos gubernamentales”.

Michel A. Levi, del Council on Foreign Relations, aunque mostró estar de acuerdo en que el esperado incremento en la producción estadounidense es en general una “buena noticia”, advirtió que los precios del gas no iban a caer de forma significativa, ya que el petróleo es una materia prima global y esos precios los fijan en gran medida las fuerzas del mercado internacional. “Puede que ahora EEUU esté un poco más protegido pero eso no te proporciona la independencia energética que algunas personas aseguran”, dijo al New York Times.
Algunos observadores se centraron en si el aumento de la producción y la creación de empleo podría posiblemente superar el daño que la explotación de recursos energéticos extremos, como el que el petróleo obtenido mediante fractura hidráulica o arenas bituminosas crea con toda seguridad en el medio ambiente. Daniel J. Weiss, del Center for American Progress, por ejemplo, advirtió de una creciente amenaza para los suministros de agua en EEUU a causa de la escasa regulación a que se somete a las operaciones de fracking. “Además, las compañías petrolíferas quieren abrir zonas de la costa norte de Alaska en el Océano Ártico, donde no están preparadas para hacer frente a una explosión grave del petróleo o un derrame como el que tuvimos en el Golfo de México”.

Ese enfoque ofreció ciertamente un oportuno recordatorio de lo importante que sigue siendo el petróleo para la economía estadounidense (y para su cultura política), pero sirvió para desviar la atención de otros aspectos de la World Energy Outlook que eran, en algunos casos, totalmente terroríficos. Su retrato acerca del futuro de nuestra energía global habría desalentado el entusiasmo por doquier, al centrarse, como hace, en el incierto futuro de los suministros energéticos, en la excesiva confianza en los combustibles fósiles, en la insuficiente inversión en las renovables y en el cada vez más errático, caluroso y peligroso clima. Aquí recojo algunos de los aspectos más preocupantes del informe:

Reducción de los suministros mundiales de petróleo

Dado el barullo que se ha creado acerca del incremento de la producción energética en EEUU, Vds. podrían pensar que el informe de la AIE estaba cargado de buenas noticias acerca del futuro de los suministros mundiales de petróleo. No hay suerte tal. En realidad, una lectura concienzuda haría estremecerse a cualquiera que estuviera levemente familiarizado con las dinámicas mundiales del petróleo, porque sus reservas globales van disminuyendo en picado y están envueltas en la incertidumbre.

Tomemos eso de que la producción de petróleo estadounidense va a superar a las de Arabia Saudí y Rusia. Suena estupendo, ¿no es verdad? Ahora, los inconvenientes: en anteriores ediciones del informe de la AIE y de la International Energy Outlook, su equivalente al Departamento de Energía estadounidense (DoE), apoyaba sus afirmaciones acerca de un futuro de crecimiento en los suministros de petróleo, en la asunción de que esos dos países iban a superar, y de lejos, la producción de EEUU. Y ahora, sin embargo, EEUU se va a colocar por delante de ellos en 2020 solo porque, según asegura ahora la AIE, su producción va a caer y no a aumentar como anteriormente se asumía. Esta es una de las sorpresas ocultas en el informe que ha pasado desapercibida. Según las proyecciones del DoE para 2011, se esperaba que la producción saudí aumentara a 13,9 millones de barriles al día en 2025, y la producción rusa a 12,2 millones de barriles, proporcionando conjuntamente gran parte de los suministros añadidos de petróleo del mundo; EEUU, en este cálculo, alcanzaría la marca de 11,7 millones de barriles. La última revisión de estas cifras de la AIE sugiere que la producción estadounidense aumentará, en efecto y como se esperaba, a unos 11 millones de barriles al día en 2025, pero que la producción saudí caerá inesperadamente a unos 10,6 millones de barriles y la rusa a 9,7 millones de barriles. Por tanto, EEUU se convertirá esencialmente en el número uno por defecto. Entonces, en el mejor de los casos, el suministro global de petróleo no crecerá de forma apreciable, a pesar de las proyecciones de la AIE de un alza importante en la demanda internacional.

Pero esperen, sugiere la AIE, todavía hay una última carta por jugar ahí: Iraq. Sí, Iraq. En la creencia de que los iraquíes de alguna manera superarán sus diferencias sectarias, conseguirán un alto nivel de estabilidad interna, establecerán un marco legal para la producción de petróleo y asegurarán las necesarias inversiones y apoyo técnico, la AIE predice que su producción saltará de los 3,4 millones de barriles al día de este año a 8 millones de barriles en 2035, añadiendo un extra de 4,6 millones de barriles al suministro global. En realidad, afirma la AIE, este aumento representaría la mitad del incremento total de la producción mundial en los próximos 25 años. Ciertamente, cosas más extrañas han sucedido pero, por razones obvias, sigue siendo un escenario inverosímil.

Añadan a todo esto –la caída en la producción de Rusia y Arabia Saudí, los continuos enfrentamientos en Iraq, los resultados inciertos por todas partes- y se encontrarán con que en las décadas de 2020 y 2030 no habrá petróleo suficiente para poder satisfacer la esperada demanda mundial. Desde la perspectiva del calentamiento global, puede que sean buenas noticias pero, a nivel económico, si no se incrementa masivamente la inversión en fuentes energéticas alternativas, las perspectivas son sombrías. No sabrán lo que son malos tiempos hasta que no tengan bastante energía para poner en marcha la maquinaria de la civilización. Como sugería la AIE: “Mucho está confiándose en el éxito de Iraq… Si no se produce ese crecimiento en los suministros iraquíes, los mercados del petróleo van a tener que pasar por tiempos difíciles”.

Continuar dependiendo de los combustibles fósiles

Respecto al discurso de la necesidad de aumentar la dependencia en los recursos renovables de la energía, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural- continuarán proporcionando la mayor parte de los suministros adicionales de energía necesarios para satisfacer la desorbitada demanda mundial. “Teniendo en cuenta todos los nuevos desarrollos y políticas”, la AIE informaba: “El mundo sigue fracasando a la hora de que el sistema energético mundial se base en una senda más sostenible”. De hecho, los recientes desarrollos parecen favorecer aún más la dependencia en los combustibles fósiles.

Por ejemplo, en EEUU, la incrementada extracción de gas y petróleo de las formaciones de esquisto ha silenciado en gran medida los llamamientos al gobierno para que investigue en las tecnologías de las renovables. En su editorial sobre el informe de la AIE, el Wall Street Journal ridiculizaba esas inversiones. Se habían convertido en innecesarias, según sugerían los escritores del Journal, debido al boom del gas y petróleo, al estilo Arabia Saudí, que está por venir. “Los historiadores se maravillarán un día de que se haya invertido tanto capital financiero y político en una revolución [fallida] por la energía verde en el mismo momento en que estaba a punto de nacer una revolución de los combustibles fósiles”, declaraba. Hay un aspecto de la tal “revolución” energética que merece especial atención. La disponibilidad creciente de gas natural barato, gracias a la fractura hidráulica, ha reducido ya el uso del carbón como combustible para las centrales eléctricas en EEUU. Esto podría considerarse como un plus medioambiental obvio, ya que el gas produce menos dióxido de carbono que el carbón, alterando menos así el clima. Lamentablemente, la producción de carbón y su uso no han disminuido: los productores estadounidenses han aumentado simplemente sus exportaciones de carbón a Asia y Europa. De hecho, se espera que las exportaciones estadounidenses de carbón alcancen los 133 millones de toneladas en 2012, superando el record de exportación alcanzado en 1981.
A pesar de sus nocivos efectos sobre el medio ambiente, el carbón sigue siendo popular en los países que tratan de incrementar su producción eléctrica y promover el desarrollo económico. Sorprendentemente, según la AIE, proveyó casi la mitad del aumento en el consumo de la energía global durante la pasada década, creciendo más deprisa que las renovables. Y la Agencia predice que seguirá incrementándose el uso del carbón en las décadas que tenemos por delante. El mayor consumidor de carbón del mundo, China, quemará mucho más que antes hasta llegar a 2020, cuando se espera que la demanda se estabilice finalmente. India seguirá utilizándolo sin tregua, con ese país superando a EEUU y constituyéndose en el segundo consumidor mundial hacia 2025.

En muchas regiones, señala el informe de la AIE, son las políticas de sus gobiernos quienes favorecen el continuado dominio de los combustibles fósiles. En el mundo en desarrollo, los países subvencionan normalmente el consumo de energía, vendiendo el combustible para el transporte, para cocinar y calefacción a tasas por debajo del precio del mercado. De esta forma, confían en amortiguar el creciente coste de las materias primas para sus poblaciones, protegiendo así a sus regímenes del descontento popular. Recortar esas subvenciones puede resultar peligroso, como ha ocurrido en Jordania, donde una reciente decisión del gobierno de aumentar los precios del combustible provocó extendidos disturbios y llamamientos a abolir la monarquía. En 2011, esos subsidios subieron globalmente hasta alcanzar la cifra de 523.000 millones de dólares, según la AIE, incrementándose en un 30% desde 2012 y seis veces superior a las subvenciones destinadas a la energía renovable.

Sin esperanzas de evitar el catastrófico cambio climático

De entre todos los descubrimientos expuestos en la edición de 2012 de la World Energy Outlook, el que merece la mayor atención internacional es el que menos la consigue. Incluso aunque los gobiernos adoptaran firmes medidas para poner coto a las emisiones de gases invernadero, concluía en informe, el aumento continuo en el consumo de combustibles fósiles provocará a “largo plazo un aumento de la temperatura media global de 3,6 grados Celsius”.

Esto debería bastar para detener a cualquiera. La mayor parte de los científicos creen que el planeta podría asumir un aumento de 2ºC sin inimaginables consecuencias catastróficas: aumentos en el nivel del mar que borraran del mapa muchas ciudades costeras, sequías persistentes que destruyeran las tierras agrícolas de las que dependen para sobrevivir millones de personas, colapso de ecosistemas vitales y mucho más. Un aumento de 3,6ºC sugiere esencialmente el fin de la civilización humana que hoy conocemos.

Poniendo todo esto en contexto, la actividad humana ha calentado ya el planeta alrededor de 0,8ºC, lo suficiente como para producir graves sequías por todo el mundo, desencadenar o intensificar graves tormentas como el Huracán Sandy y reducir drásticamente la capa de hielo del Ártico. “Teniendo en cuenta esos impactos”, escribe el conocido autor medioambiental y activista Bill McKibben, “muchos científicos han llegado a pensar que dos grados es un objetivo demasiado indulgente”. Entre quienes cita McKibben está Kerry Emanuel, del MIT [Instituto Técnico de Massachussets], toda una autoridad en huracanes. “Cualquier cifra por encima de un grado supone un gran riesgo”, escribe Emanuel, “y las probabilidades son cada vez menos favorables si sube la temperatura”. Thomas Lovejoy, que fue en otro tiempo asesor en biodiversidad del Banco Mundial, lo expone de esta forma: “Si estamos viendo lo que estamos viendo hoy con un aumento de 0,8ºC, dos grados más es sencillamente demasiado”.

En este punto, es incluso difícil imaginar cómo sería un planeta con 3,6ºC más, aunque algunos sabios y profetas del cambio climático –como el ex Vicepresidente Al Gore en “Una Verdad Incómoda”- lo han intentado. Con toda probabilidad, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se fundirían completamente, elevando los niveles del mar varias docenas de pies e inundando completamente ciudades costeras como Nueva York y Shanghai. Grandes partes de África, Asia Central, el Oriente Medio y el Suroeste americano se volverían inhabitables a causa de la ausencia de agua y de la desertificación, produciéndose incendios de una magnitud tal que hoy resultan inimaginables y que acabarían con los resecos bosques de las latitudes templadas.

En un informe que se encabeza con la “buena noticia” de la inminente supremacía estadounidense en la producción de petróleo, para sugerir después calmadamente que el mundo se dirige de cabeza hacia la marca de 3,6ºC, es como colocar una bomba termonuclear en un regalo de Navidad ostentosamente envuelto. En realidad, la “buena noticia” es en verdad la mala noticia: la capacidad de la industria energética para incrementar la producción de petróleo, carbón y gas natural en Norteamérica está alimentando un incremento global en la demanda de esos productos, garantizando niveles aún mayores de emisiones de carbono. Mientras estas tendencias persistan –y el informe de la AIE no proporciona pruebas de que vayan a invertirse en los próximos años-, estamos inmersos en una carrera para ver quién consigue ser el primero en alcanzar el Apocalipsis.

Michael T. Klare es profesor de estudios por la paz y la seguridad mundial en el Hampshire College y colaborador habitual de TomDispatch.com. Es autor de “The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources” (Metropolitan Books).
Fuente:
http://www.tomdispatch.com/post/175621/tomgram%3A_michael_klare%2C_a_thermonuclear_energy_bomb_in_christmas_wrappings/#more

por Michael T. Klare

Publicado por lalineadefuego el diciembre 5, 2012 · Dejar un comentario 

TomDispatch. <www.tomdispatch.com>

Traducido por Sinfo Fernández

Uno de los aspectos menos conocidos de la conflictiva geopolítica del año que termina ha sido la carrera hacia la adquisición y el control de tierras fértiles en el planeta -una buena parte del continente africano y amplias extensiones en América Latina- por parte de potencias ricas o emergentes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón, China e India, mostrando la que va a ser una clave decisiva en las relaciones internacionales del siglo XXI.

La pasada semana el Parlamento argentino votó una ley que pone coto a la venta en porciones del país, uno de los líderes mundiales en producción de alimentos y que ya ha enajenado un 10% de su territorio, para restringir esta venta hasta un máximo del 15% de la Argentina.

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2011 se dispararon los precios de los alimentos y la fiebre por la adquisición multinacional de tierras cultivables y de zonas ricas en agua.

Los países más pudientes están comprando inmensos territorios en toda el África subsahariana, a fin de crear explotaciones agrícolas destinadas a la alimentación o a la producción de agrocarburantes. El director saliente de la FAO, Jacques Diouf, pone el dedo en la llaga: "Estados y empresas occidentales están interviniendo millones de hectáreas de tierras agrícolas de países en desarrollo para asegurar su aprovisionamiento alimentario a largo plazo".

La multiplicación de estas transacciones (que alcanzan un territorio equivalente a la totalidad de Europa Occidental) podría entrañar, según Diouf, "un forma de neocolonialismo: Estados pobres produciendo alimentos para los países ricos a expensas de su propia población hambrienta".

En una gran parte del Africa subsahariana: Mozambique, Sudán del Sur, Tanzania, Etiopía, Uganda, Zambia, Liberia, Madagascar, Uganda, Congo... se está produciendo un auge de compra de tierras por parte de países y compañías extranjeras que, según el Banco Mundial, en la mayoría de los casos implica el desplazamiento de las comunidades locales y de sus cultivos tradicionales para la fabricación de biodiesel, aceite de palma o para la producción intensiva de alimentos básicos como cereales o arroz, que luego son enviados a los países inversores. Según esta entidad, se exportan miles de toneladas de alimentos desde países que, paradójicamente, viven de la asistencia humanitaria internacional para combatir el hambre y la desnutrición.

Como formalmente las tierras son de propiedad estatal, son casi siempre los propios gobiernos, poco transparentes o directamente corruptos, quienes hacen las operaciones al margen de la población. Por ejemplo, en Etiopía, el quinto país más hambriento del mundo, que está afectado por la hambruna que sacude el cuerno de África, y donde unos 13 millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria para comer, el Gobierno acaba de ceder más de 40.000 kilómetros cuadrados de tierras, que han ido a parar sobre todo a inversores indios.

Nyikaw Ochalla, director de la Organización para la Supervivencia Anywaa, denuncia: "Se deja a las comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo que ocurre es que un día esta gente ve una larga fila de tractores que está despejando las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qué está ocurriendo, nadie sabe nada, porque la negociación la han llevado a cabo sólo una o dos personas en su propio beneficio".

Según el diario británico The Guardian, "la escalada de los precios alimentarios a escala mundial ha desencadenado una segunda invasión de África". A mediados del mes pasado, la empresa surcoreana Daewoo Logistics obtuvo del Gobierno de Madagascar la concesión de un millón de hectáreas durante un plazo de 99 años para cultivar 5 millones de toneladas anuales de maíz, y otras 120.000 hectáreas para producir aceite de palma; en total, más de la mitad de las tierras cultivables de la isla, destinadas a las reservas alimentarias de Corea del Sur.

Sudán del Sur se dispone a ceder a los inversores extranjeros unas 900.000 hectáreas de tierra y otro tanto va a producirse en Tanzania.

La República Democrática del Congo, que se desangró hasta hace poco en guerras de exterminio, tiene la mitad de sus tierras cultivables en manos de inversores extranjeros, que las utilizan para cultivar agrocombustibles, productos de exportación, o para especular con los alimentos y sus precios en las bolsas internacionales.

Según un informe que acaba de difundir la FAO sobre "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo", el alza mundial de precios en los alimentos como el arroz, trigo, maiz y semillas oleaginosas seguirá aumentando hasta cerca de un 50% de aquí a 2020, debido a la especulación en los mercados, que se han dirigido en estampida desde los mercados de valores a los mercados de materias primas. Y ésa, junto a las previsiones para el futuro de los gigantes asiáticos y de los países árabes más ricos, es la causa de las operaciones de compras invasivas de territorios que se están produciendo en África y que se anuncian en América Latina.

La FAO también presentó hace unos días en Santiago de Chile un informe en el que denuncia "intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras en América Latina y el Caribe". El funcionario de este organismo Fernando Soto Baquero advertía: "Los gobiernos de la región deben encontrar las formas para asegurar que estos procesos no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria".

Las agencias internacionales dan cuenta de que compañías de India están recorriendo América Latina en busca de oportunidades para adquirir tierras que les aseguren el suministro de materias primas. Ya han adquirido 13.000 hectáreas en Brasil y 600.000 en Argentina. Por su parte, China, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, y operadores al servicio de fondos especulativos están realizando operaciones de compra de territorio latinoamericano con un alcance todavía no cuantificado por los organismos internacionales.

Sobre el factor especulativo en la venta o enajenación de amplios territorios en los continentes africano y americano, es muy interesante el trabajo de Carlos Enrique Bayo, que titulaba una reciente columna: Goldman Sachs se forra provocando hambrunas . Bayo describe cómo el mayor banco financiero del mundo se inventó el instrumento especulativo que ha disparado los precios mundiales de alimentos. En 1991, los banqueros neoyorquinos crearon un nuevo instrumento especulativo, el "Goldman Sachs Commodity Index", un índice de 18 productos básicos -del trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y el petróleo- para que los brokers pudieran jugar también en lo que hasta entonces era un mercado especializado.

La "financiarización" de los mercados de productos básicos

Así se llegó a lo que los expertos de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) han denominado "financiarización" de los mercados de los productos de primera necesidad y que ha conducido a que en la primera década de este siglo los precios medios del trigo o el arroz se triplicaran a causa de la especulación bursátil, y que durante el pasado año los precios de los cereales aumentaran en más de un 60%. Según el experto de este organismo de Naciones Unidas Joerg Mayer, "el mercado de los alimentos se ha convertido en un casino", mientras mil millones de personas se acuestan cada día con hambre en los países vulnerables que van siendo vaciados de sus posibilidades de sostenimiento por la adquisición extranjera de sus tierras más fértiles.

Las "cumbres" destinadas a la materia fracasan una tras otra. Ya casi no se habla de los famosos "objetivos del milenio". En la última del G-20 en Roma, el ministro de Agricultura del Gobierno conservador francés, Bruno Le Maire, trató de encender la alarma: "Si no tomamos medidas oportunas ahora, la hambruna se convertirá en el mayor escándalo de este siglo". Los mercados caminan en otra dirección.

Colombia, uno de los países más vulnerables del mundo

En Abril de 2009, el contralor de Colombia, Julio César Turbay llamaba la atención sobre el interés de inversionistas y algunas potencias extranjeras de comprar grandes extensiones de tierras y de títulos de explotación de recursos naturales: "Además de la soberanía, pondrían en peligro la soberanía alimentaria de Colombia", denunciaba el contralor.

La semana pasada, diversas organizaciones ambientalistas denunciaron ante el Ministerio de Medio Ambiente que grandes extensiones de tierras que forman parte de los ríos que nacen en el macizo colombiano han sido compradas apresuradamente por extranjeros: "Se están privatizando los nacimientos de los ríos más importantes de Colombia en beneficio de empresas extranjeras".

El dominio del agua es una cuestión estratégica, según el analista Dave Ramswamy, que trabaja para los compradores asiáticos, porque la agricultura es un negocio de agua. Latinoamérica tiene el 26% del agua dulce del mundo. Pero Asia tiene el 60% de la población y menos del 25% del agua del planeta.

Según el informe "Tierra y Poder" presentado por la prestigiosa organización británica OXFAM a fines de noviembre, "Colombia, tanto por la calidad de sus tierras como por su agua, es uno de los países más vulnerables del mundo" en cuanto a la pérdida de soberanía por la adquisición masiva de sus tierras, para la que no existe ninguna normativa limitadora, como la que acaba de aprobarse en Argentina.

Por ANTONIO ALBIÑANA BOGOTÁ 19/11/2012 07:12 Actualizado: 19/11/2012 07:58

Lucha por el territorio

La inundación se comerá un valle con su gente