Miércoles, 29 Noviembre 2017 19:00

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

¡No Cerrejón!, no puede desviar el arroyo Bruno

La Corte Constitucional, una vez más, le dice NO al desvío del arroyo Bruno por parte de la multinacional carbonífera, Cerrejón Limited. El 29 de noviembre la Corte suspendió el desvío hasta que no se realice la consulta previa con las comunidades indígenas de La Guajira que se ven afectadas por esta acción.

 

Las razones por las que Cerrejón quiere desviar el arroyo 700 metros al norte -con lo cual quedaría más cerca de la carretera principal, comprometiendo el bienestar de las comunidades y resguardos de los municipios de Barrancas, Albania, Fonseca y Hatonuevo– son las 35 millones de toneladas del mejor carbón de La Guajira existentes en su cause, que de acuerdo a los comunicados de la multinacional, ayudarían a mantener la producción hasta el 2034.

En contra de tal posibilidad, que llevaría aún más al extremo las pésimas condiciones de vida que ahora llevan los pueblos que allí habitan, los resguardos wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, presentaron una tutela exigiendo que el arroyo conserve su cauce y no sea desviado para la extracción del mineral, argumentando que tal acción no solo afectaría gravemente los ecosistemas, sino también su bienestar; al arrebatarles el agua, derecho fundamental.

Aceptando su demanda, la Corte ordenó frenar todo tipo de actividad hasta que se programe una consulta previa con las comunidades. Lo que parece una decisión positiva, pero tiene sus bemoles, pues el pueblo wayúu perdió la credibilidad ante tal recurso jurídico por el historial de consultas previas que tienen y la falta de respeto que han recibido por parte del Estado, quien las irrespeta una y otra vez. El pasado 20 de noviembre, en el Congreso de la República, las comunidades que denunciaronsus difíciles condiciones de vida como consecuencia directa de la presencia de Cerrejón, también denunciaron que desde el 2005 no son consultados frente a las acciones de la empresa.

A la fecha, Cerrejón cuenta con todos los permisos requeridos para el desvío del arroyo, expedidos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Ambiente, situación que despierta la zozobra en las comunidades que desde siempre han escuchado que estas son las instituciones encargados de velar por sus derechos dentro de los resguardos, antes de autorizar cualquier tipo de exploración y explotación.

Estas decisiones por parte de las instituciones autorizadas y responsables, no son más que paños de agua tibia para las comunidades que desde hace 36 años sufren la miseria que genera el modelo extractivo en Colombia. La pregunta por el ¿qué hacer?, permanece más latente que nunca.

 

Lea también:

“Nos quitaron tanto que ya no podemos soñar en paz”: https://www.desdeabajo.info/ediciones/32956-nos-quitaron-tanto-que-ya-no-podemos-sonar-en-paz.html 

Al pueblo wayúu se le agota el tiempo: https://www.desdeabajo.info/colombia/32972-al-pueblo-wayuu-se-le-agota-el-tiempo.html 

Los wayúu hacen un llamado de alerta ante el Congreso de la República: https://www.desdeabajo.info/colombia/32928-los-wayuu-hacen-un-llamado-de-alerta-ante-el-congreso-de-la-republica.html

Agua potable para resguardo wayuu: https://www.desdeabajo.info/colombia/32754-agua-potable-para-resguardo-wayuu.html

"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua":https://www.desdeabajo.info/colombia/31916-los-indigenas-wayuu-de-colombia-estan-en-riesgo-inminente-de-desaparecer-por-el-hambre-y-la-falta-de-agua.html

 

Y vea

 

Tumaco y la Wajira dos caras de la misma violencia oficial: https://www.youtube.com/watch?v=9zDZcgeU1qU&t=1328s

 

Publicado enColombia
NASA / JPL-CALTECH / MSSS

Científicos de la Nasa descubren evidencia de sedimentos en gran mar de hace millones de años

La actividad volcánica combinada con el líquido estancado propició condiciones que habrían sido similares a las que existieron en el orbe, señala experto del centro espacial en Houston

 

Científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) encontraron evidencias de antiguos depósitos hidrotermales de fondo marino en Marte, lo cual podría ofrecer datos sobre el origen de la vida en la Tierra.

Los resultados se dieron luego de que los especialistas analizaran un reciente informe internacional que explora las observaciones del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) de depósitos masivos en una cuenca en el sur del llamado planeta rojo.

Según la Nasa, los datos son evidencias de que los sedimentos marcianos se crearon por agua caliente de una parte volcánica activa de la corteza del planeta que emergió en el fondo de un gran mar hace miles de millones de años.

Si nunca encontramos evidencias de que ha habido vida en Marte, este sitio puede informarnos sobre el ambiente donde la vida pudo haber comenzado en la Tierra, destacó Paul Niles, miembro del Centro Espacial Johnson de la Nasa en Houston.

Explicó que la actividad volcánica combinada con el agua estancada proporcionó condiciones que eran de forma probable similares a las que existieron en la Tierra aproximadamente al mismo tiempo, cuando la vida temprana estaba evolucionando aquí.

Señaló que según los científicos, los depósitos marcianos atribuidos a la actividad hidrotermal del fondo marino tienen una edad aproximada de tres mil 700 millones de años.

La agencia espacial estadunidense indicó que las condiciones hidrotermales submarinas en la Tierra cercanas a ese mismo tiempo son un parámetro relevante para determinar el lugar y la fecha en que comenzó la vida en nuestro planeta.

A pesar de que el planeta todavía cuenta con dichas condiciones, donde las formas de vida prosperan en la energía química extraída de rocas, sin luz solar, debido a la corteza activa del planeta azul, se tiene poca evidencia geológica directa del momento que comenzó la vida, aclaró.

Sin embargo, apuntó, la posibilidad de actividad hidrotermal submarina dentro de lunas heladas como Europa en Júpiter y Encelado en Saturno, mantienen el interés de buscar vida en los satélites de los planteas.

Refiró que las observaciones realizadas a Marte con el MRO ofrecieron datos para identificar minerales en depósitos masivos dentro de la cuenca Eridania del planeta rojo.

Este sitio nos da una historia convincente de un mar profundo, de larga duración y un ambiente hidrotermal de aguas profundas. Es evocador de los ambientes hidrotermales de alta mar en la Tierra, detalló Niles.

El investigador señaló que similar a los ambientes donde la vida podría ser encontrada en otros mundos, la vida que no necesita una agradable atmósfera o superficie templada, sino sólo rocas, el calor y el agua.

De acuerdo con la Nasa, los científicos estiman que el antiguo mar Eridania tenía cerca de 210 mil kilómetros cúbicos de agua, es decir, casi nueve veces más que el volumen combinado de todos los grandes lagos de América del Norte.

Precisó que la mezcla de minerales identificados que incluyen la serpentina, talco y carbonato, así como, la forma y textura de las capas gruesas del lecho rocoso, condujeron a la identificación de posibles depósitos hidrotermales en el fondo marino.

Agregó que el área también presenta flujos de lava que datan la desaparición posterior del mar, lo que sería una evidencia de que es una zona de corteza de Marte con susceptibilidad volcánica que pudo producir efectos cuando el mar estaba presente.

 

 

Emiliano Terán Mantovani: “Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio...”

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.


Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.


Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.


Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez. Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.


Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.


Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo, a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.


Esto supone además, una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.


Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.


Una tendencia de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental, yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.


Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.


Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis. Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones.

Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar. Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.


Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y por supuesto la arista social.


Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.


Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.


Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente...


Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.


Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.


El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.


Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?


Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.
Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.


Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.


Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela. Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.


Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.


Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.


E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.


Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial. Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.


Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente. Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.


Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.
Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.


Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.


Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.


Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yupka fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.


Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.


Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.


Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Publicado enMedio Ambiente
Derecho al agua. El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

El Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa.

 

Nuevamente se aprueba en Colombia un decreto contrario de la organización popular y de la soberanía de los pueblos en sus territorios: el Decreto 1898 de 2016, que amenaza la concepción del agua como bien común y derecho humano fundamental; con el cual pretenden destruir las formas que han logrado construir históricamente las comunidades como mecanismo para garantizar el acceso al recurso, tanto en poblaciones urbanas como rurales.

 

Mediante un discurso empresarial y mercantil, este decreto busca que las más de 15 mil asociaciones comunitarias sin ánimo de lucro existentes en el país, estructuras construidas desde lo que se denomina gestión comunitaria del agua queden en manos de privados. El Decreto reglamenta la ancestral relación agua-comunidad-territorio al punto que desconoce la historia, las prácticas culturales, las formas de economía solidaria desplegadas en distintas veredas, corregimientos y barrios del país.

 

Privatización del agua en Colombia

 

La política nacional de transformación empresarial iniciada con la apertura económica en la década del noventa —cuyo sustento es la Ley 142 de 1994 que entrega al sector privado la prestación del servicio—, transforma las empresas públicas en comerciales e industriales y con el derecho comercial privado coloniza las instituciones públicas y de economía solidaria. El Decreto 1898 es la continuidad de esta política privatizadora que guarda directa relación con las políticas de los últimos gobiernos.

 

Si observamos los Planes Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2014-2018, veremos que siguen los lineamientos diseñados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de los años 2005, 2007 y 2014, plasmados en los documentos Conpes, concretando sin matiz alguno el mandato legal orientado al manejo empresarial del agua y el saneamiento básico a través de formas organizativas societarias con ámbito de operación regional.

 

Tales lineamientos imponen la transformación y participación en esquemas empresariales de los entes municipales y las comunidades organizadas u organizaciones autorizadas. Se olvida por completo la mirada social y el enfoque de derechos y pasan por encima de la institucionalidad de gestión pública municipal y de las organizaciones comunitarias que realizan una gestión colectiva del agua.

 

El Conpes 38101 de 2014, por ejemplo, desconoce los aportes de la gestión comunitaria del agua, la denigra y la califica negativamente. En su lógica privatizadora este documento difama lo público y lo comunitario; mediante argumentos “técnicos” y “objetivos” convierte las virtudes en defectos, y considera como ineficientes las capacidades comunitarias de gestión del agua.

 

Craso error, desde nuestra mirada, las capacidades organizativas y de gestión de las comunidades organizadas son la mejor respuesta adaptativa a las consecuencias negativas del cambio climático, y por eso conservar estas organizaciones y fortalecerlas es estratégico para el país.

 

En contra de ello, el Decreto 1898 de 2016 no parte de un enfoque diferencial de derechos2, ni de la comprensión de las construcciones culturales propias de cada comunidad y territorio. No vincula las particularidades de los pueblos y territorios indígenas, comunidades negras y campesinos. No reconoce las formas tradicionales de autoabastecimiento y la manera como históricamente las comunidades organizadas han garantizado el acceso al agua bajo formas asociativas dentro de la economía solidaria, tales como comités de agua, asociaciones, juntas de usuarios, cooperativas y corporaciones sin ánimo de lucro y de la economía social y solidaria.

 

¿Quiénes pueden prestar el servicio?

 

Con el nuevo Decreto, para ser reconocido como prestador del servicio debe plasmarse un compromiso que incluya un plan de gestión, un plan de aseguramiento, un plan de obras e inversiones que contenga las fuentes de financiación y un plan de cumplimiento a través de un sistema de plazos. En otras palabras, para lograr prestar el servicio de agua debe cumplirse con las características de una empresa con alta capacidad financiera, conocimientos técnicos, jurídicos y contar con la “experiencia” que certifique que podrá realizar el trabajo de una manera adecuada.

 

Si es una organización comunitaria la que desea seguir prestando el servicio, el Decreto acude al concepto de progresividad para medir avances en la transformación de la organización comunitaria a los estándares de la gestión empresarial de los servicios, desconociendo la singularidad de la organización y un enfoque de derechos como el contenido en el proyecto de ley propia3.

 

De esta manera, el Decreto delimita la posibilidad de prestación del servicio al sector empresarial, el único que cuenta con la capacidad financiera para adoptar una infraestructura homogenizada; e impide, asimismo, que las comunidades organizadas puedan seguir garantizando el autoabastecimiento, suministro y acceso al agua como lo venían desarrollando desde los diferentes enfoques y tradiciones para vivir y cultivar los territorios.


Negando los acumulados

 

Ante esto, los interrogantes se multiplican: ¿Qué pasa con los más de 12.000 prestadores de servicio que se encuentran ubicados en las zonas rurales? ¿Tienen la capacidad para cumplir con esta normativa impuesta? ¿Podrán presentar los diferentes planes? ¿Tienen capacidad financiera y técnica para desarrollar las obligaciones que el decreto impone? ¿Doce mil gestores comunitarios del agua podrán presentar los diferentes proyectos para unificar la forma en que se preste el servicio? ¿Necesitan en realidad unificarlo? ¿Esta unificación garantizará el acceso a la población rural?

 

La respuesta es clara, y es negativa. El Decreto denomina la actividad realizada por los gestores comunitarios del agua como “soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico”, desconociendo su permanencia en el tiempo y sus características esenciales, pues las miran sólo desde los aspectos técnicos, reduciéndolas a infraestructuras y aplicándoles los parámetros de higienización del agua y los criterios de eficacia y eficiencia mercantiles.

 

Las soluciones alternativas se describen con las siguientes características: el acceso al agua para consumo humano y doméstico mediante abasto, punto de suministro o directamente de la fuente, el almacenamiento en tanque o dispositivo móvil, el tratamiento a través de técnicas o dispositivos colectivos o individuales de tratamiento de agua.

 

Estas son formas características de la ruralidad. Las reconocen hasta que aparezca un operador especializado. Recordemos que el Conpes 3810 diagnostica una cierta “atomización de recursos” del Sistema General de Participaciones –SGP– que a larga quieren sólo destinar a los llamados esquemas regionales. La manera como se caracterizan las soluciones alternativas es un camino hacia convertirlas en simples administradoras de una infraestructura.

 

Desconocimiento

 

Estas son un “mientras tanto”, pues estarán vigentes en el territorio hasta que un operador privado conformado como organización con ánimo de lucro, como empresa rentable, se posesione y capture la infraestructura, que es un patrimonio comunitario, producto del esfuerzo mancomunado de vecinas y vecinos, en ocasiones de aportes de las organizaciones gremiales –como la Federación de Cafeteros– y de aportes públicos municipales y departamentales.

 

Insistimos en que es esta una manera de desconocer que las comunidades organizadas de hecho y de derecho han asegurado el acceso al agua desde tiempos inmemoriales, y que han construido sus infraestructuras mediante la minga, el convite, la mano cambiada, el aporte económico y las cuotas familiares.

 

¿Propiedad de quién?

 

En el artículo 2.3.7.1.3.6 N.3, el Decreto dice que una vez realizada “la intervención requerida para construir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de suministro o abastos de agua, o las soluciones individuales de saneamiento básico”, las comunidades pasan a administrar infraestructura que de inmediato se convierte en propiedad pública. Clara estrategia de despojo a las comunidades de sus sistemas de acueducto y falta total de reconocimiento a las organizaciones que son sus propietarias.

 

Las comunidades organizadas administrarían esa infraestructura hasta que el municipio lo desee, porque éste cuenta con la facultad de hacer parte de una empresa regional utilizando esta infraestructura o, en caso de ser desertificado, la Gobernación podría hacerlo y las comunidades administradoras pasarían a ser simples usuarias, lo que implica que dependerían de las decisiones que tomen las empresas prestadoras de los servicios públicos y de la imposición de las tarifas, lo cual elimina las formas de economía solidaria que han permitido a los gestores comunitarios la garantía efectiva del derecho humano al agua.

 

El Decreto crea una nueva forma de nombrar los acueductos comunitarios, los nombra como soluciones alternativas. Esto es crucial porque los minimiza y no reconoce que la gestión comunitaria del agua es una compleja relación entre los territorios del agua, las fuentes, los nacimientos, los manantiales, la comunidad de todos los seres vivos que hacen hábitat con el agua y la comunidad humana que construye infraestructuras útiles para acceder a ella y unas formas de organización social comunitaria para su gestión colectiva.

 

Los acueductos comunitarios están organizados bajo una estructura asamblearia, es decir, todos los asociados beneficiarios de su servicio hacen parte de la estructura organizativa, y son quienes toman las decisiones más importantes en espacios de plenarios de asamblea. La gestión del acueducto comunitario se convierte no solo en un espacio para resolver una necesidad vital de todas las personas, sino también un lugar de articulación e integración de la comunidad, pues todos hacen parte del acueducto y toman decisiones alrededor del mismo.


Podríamos decir, en síntesis, que el Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa. Una movilización propositiva que impida el despojo y la entrega al mercado de los patrimonios culturales, sociales y ambientales representados en las comunidades organizadas, sus conocimientos y experiencia, sus infraestructuras y bienes.

 

La ley propia es la alternativa

 

La ley propia que así amorosamente la denominan las gentes del agua, las comunidades organizadas de acueductos comunitarios que convergen en la red nacional, propone unas definiciones basadas en la identidad política y cultural de las comunidades organizadas, en sus características de economía social y solidaria, en su inserción en la gestión ambiental comunitaria.

 

La ley propia se basa en el derecho a la autogestión, y relaciona el derecho individual y colectivo al acceso y suministro de agua y al autoabastecimiento como medio de su garantía. La ley propia no considera a los acueductos comunitarios como prestadores de un servicio sino como garantes del derecho humano fundamental al agua, que está imbricado en el derecho al autoabastecimiento y a la gestión colectiva y solidaria del agua como recurso de uso común.

 

La gestión comunitaria del agua desmercantiliza el agua, la concibe como un bien común y no como un bien económico comercializable. Contra esta concepción es que atenta el Decreto de marras.

 

1 Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (Conpes 3810 de 2014). Agosto 28 de 2014
2 El Enfoque Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de derechos (Presidencia de la República, s. f.).
3 La ley propia es un proyecto de ley creado en el marco de la defensa de la gestión comunitaria del agua por la Red nacional de Acueductos Comunitarios que recoge el qué hacer de las comunidades.

Bibliografía

Colombia, Presidencia de la República. Departamento para la Prosperidad Social (s. f.). Grupo de Enfoque Diferencial. Recuperado de http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferencial.pdf
Mondragón P., Lina y Márquez V., Javier (2014). “Gestión comunitaria del agua: Apropiación de la gestión y la prestación del servicio público”. Recuperado de: http://www.ecofondo.org.co/articulo.php?id=128  (Consultado el 22 de marzo de 2017)
Salazar Restrepo, Bibiana (2011). “Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico –PDA”. Cartilla N.º 1, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp.4, 24
Salazar Restrepo, Bibiana (2017). “Las organizaciones comunitarias, sujetas y garantes del derecho humano al agua”. Agua bien Común número 4, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp. 18,22Derecho al agua
El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

Publicado enEdición Nº237
Uso corporativo del agua en América Latina. Nos están cerrando el grifo

La organización Amigos del Agua presentó el pasado mes de mayo el informe sobre el estado de este precioso líquido en nuestro continente. Son evidentes las prácticas de despojo y robo auspiciadas por los gobiernos para beneficiar a poderosos sectores económicos, en detrimento de comunidades, llevando al límite a los ecosistemas. Colombia debe proseguir la lucha contra el sector minero energético y por el reconocimiento de los acueductos comunitarios.


Del agua existente en nuestro planeta, la dulce sólo representa el 2,5 por ciento. Y dos tercios de ella se encuentran en los glaciales. Su disponibilidad en el mundo, en relación con la población, presenta distintas realidades para cada continente (ver gráfica). Claramente es distinta la situación de Asia a la de Sur América. Pero en general un cuarto de la población vive en zonas con estrés hídrico, es decir uso restringido de agua por calidad. Esta distribución contribuye al reporte anual de 150.000 muertes asociadas con enfermedades hídricas, de las cuales el 85 por ciento afecta a menores de cinco años. Para agravar aún más la situación, es evidente que la calidad del precioso líquido está afectada por la contaminación industrial, como lo reconoce la misma ONU.

 

En América Latina, la escasez de agua es inducida tanto por su mal manejo como por contaminación. Inducida por el capital corporativo que la privatiza, actores poderosos toman control de las aguas mientras poblaciones enteras no reciben ningún beneficio. Este modelo privatizador se configura a través, entre otros esquemas, de las llamadas asociaciones público privadas facilitadas para su configuaración por los préstamos de instituciones financieras internacionales. Asociaciones para adelantar explotación minera o grandes obras de infraestructuras, especialmente hidroeléctricas, cuya construcción terminan por afectar amplios espacios naturales. Los impactos derivados de las actividades extractivas e industriales también son de gran envergadura.

 

El informe “Estado del Agua en América Latina y el Caribe” realizado por la organización Amigos de la Tierra, con presencia en variedad de países y regiones del mundo, presenta en esta ocasión la situación que sobre el particular afecta a América del Sur, tomando como referencia a Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay; y en Centroamérica a Honduras, Guatemala y El Salvador.


Situación nacional

 

El informe nacional presentado por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat Agua Viva, ratifica que se acapara el agua de comunidades locales generando una distribución injusta, que afecta de manera notable a las poblaciones más empobrecidas.

 

Sin duda, Colombia vive en un gran ecosistema hídrico afluente del Amazonas y el Orinoco, bañado por grandes ríos como el Magdalena y Cauca que lo atraviesan junto con muchos otros que fertilizan la vida. También por el gran número de páramos, lagos y arroyos que hacen parte de nuestros paisajes. Pero para el conjunto de la población asentada en su extenso territorio, la posibilidad de acceso no es homogénea. Por zonificación hídrica, la demanda de regiones entre Cauca-Magdalena concentra cerca de la mitad (44.5%), en comparación con la Amazonía cuya población es del 2.3 por ciento y que cuenta con un 37% de disponibilidad.

 

Estos ecosistemas han enfrentado intempestivos y bruscos cambios, entre fuertes inviernos desbordantes hasta tiempos extremadamente secos. Según el Ideam un año seco podría reducir la disponibilidad del agua en un 42 por ciento. Los desequilibrios del consumo se acentúan más, por ejemplo la concentración del corredor Cauca-Magdalena se debe a la densidad poblacional de Bogotá y municipios cercanos, a las grandes actividades agroindustriales de caña de azúcar en el Cauca y a las inmensas extensiones de palma de aceite en la región media del Magdalena.

 

Al establecer la distribución por actividad económica, resalta que la agricultura es la que demanda mayor cantidad de agua, con segundo renglón para la generación de energía que supera a la unión entre los dos siguientes sectores (pecuario y doméstico). Por último está el sector de hidrocarburos y minero, con su capacidad de contaminación por vertimientos de químicos. Por ejemplo, la extracción actual de oro implica verter al agua cada año 205 toneladas de mercurio. Se puede acusar por este daño, de manera exclusiva, a la minería ilegal y olvidar la dramática situación que se vive en la Guajira donde, tras décadas de explotación de el Cerrejón, lo único que queda es muerte y miseria.

 

Hay que resaltar que esta es la mayor explotación mundial de carbón a cielo abierto, que cubre 69.000 hectáreas en la cuenca del Rio Ranchería, fuente hídrica de gran importancia para la región. La multinacional allí instalada se apropia de 17.000 metros cúbicos diarios de agua utilizados para apaciguar el polvo de carbón en el aire, 25 litros de agua por segundo desperdiciados ante la sed de los 4.151 niños muertos entre 2008-2013. Las comunidades denuncian que entre ocho a diez quebradas han desaparecido por el impacto de la explotación carbonífera.


El agua que tenemos en el país se destina para lucrar negocios. El conjunto de la oferta total de agua superficial para consumo humano solamente representa el 22.6 por ciento. Sólo el sector ganadero puede demandar en un año cerca del 6 por ciento del volumen de agua. La agricultura industrial, además de demandar más agua tiene un factor adicional: la huella hídrica azul, es decir el agua de ríos y lagos que no retornará a sus fuentes. Huella que está concentrada en tres monocultivos: plátano, caña de azúcar y palma de aceite, que en conjunto representan el 70 por ciento del sector.

 

Para el caso de las hidroeléctricas –segundo reglón de demanda hídrica–, que concentran en pocas concesiones grandes cantidades de agua (ver gráficos), afectan negativamente los territorios y su pobladores por causar inundaciones en tierras fértiles, generar desplazamiento forzado de familias campesinas y ribereñas, pérdida en la capacidad de pesca y especies reofílicas (animales con comportamiento migratorio que responden a estímulos medio-ambientales, como los regímenes de lluvias) y aumentar la inseguridad alimentaria. Incluso la construcción de represas ya cambia el ciclo de agua, afectando su calidad.

 

Este modelo de ocupar e intervenir el territorio no respeta ninguna fuente hídrica, entre ellas los 36 sistemas de páramos que ofrecen el 70 por ciento del agua dulce con que cuenta Colombia. Actualmente en todos ellos existen procesos de solicitud de títulos mineros, los que suman un total de 444. Es más, los títulos mineros activos en 2015 representaron el 4.5 por ciento del territorio nacional según datos propios de la Agencia Nacional Minera.

 

¿Política pública para quién?

 

El Estado colombiano privilegia el uso corporativo de agua; su ineptitud ha llevado a que en 65 cabeceras municipales sufran desabastecimiento, no por poca disponibilidad sino por falta de infraestructura para la captación y conducción de aguas. Del número de concesiones de agua, el 59 por ciento pertenecen a usuarios con volúmenes menores a 100.000 metros cúbicos –que representa tan sólo el 13 por ciento del volumen asignado. Una distancia abismal con los que más consumen, el 1.1 por ciento de grandes usuarios se lleva el 62 por ciento del volumen del agua del país.

 

Un modelo que diseña políticas públicas para la privatización, dispuestos a desconocer la gestión ancestral y comunal: 12.000 acueductos comunitarios que suministran agua potable a cerca del 40 por ciento de las poblaciones rurales. Dichos territorios denuncian que les quieren imponer modelos que afectan sus derechos frente al manejo del agua. Es posible pensar que muchos acueductos tengan mayores problemas en un futuro ante los numerosos y costosos requerimientos que las CAR les impongan so pena de cancelarlos. El panorama muestra que el espíritu que animó el referendo por el derecho al agua, negado por el Congreso, debe prevalecer para así mantener y ahondar la lucha por el derecho a este líquido vital.

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Un caso de explotación minera que burla la cordura. La mina que amenaza el nombre de Agua Bonita

Agua Bonita, nombre de una vereda del municipio de Silvania, con uno de los pocos bosques de niebla que aún sobreviven en el planeta, el que flanquea el páramo de Sumapaz –el más grande del mundo– puede pasar a ser cosa del pasado por las acciones irracionales del capital.

 

Y así puede ser porque, contra toda lógica natural, ambiental, industrial, económica y humana, le aprobaron licencia de explotación de arenas y arcillas en los cerros ubicados en esta vereda a una empresa de nombre Cemin. Explotación que ahora cubre 1,6 hectáreas y que ya permite ver sus huellas desde muchos lugares del municipio. ¿Cómo será cuando cubran todas las hectáreas autorizadas para ello?

 

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla– a través de la Resolución 0041 de 2014 concesionó licencia para explotar treinta y nueve hectáreas por 30 años prorrogables por igual cantidad de años. Según sus cálculos, cada año extraerían 250.000 m3 (toneladas) de material, que para hacernos a una imagen del volumen que representa equivalen a 41.000 volquetas de 6 m3, 114 por día.

 

La herida que rompe este ecosistema, ya afecta el agua, la flora y la fauna que por allí trasncurren y de la cual dependen el ecosistema maestro del páramo, y la vida de nuestro planeta madre. De proseguir la explotación, –nos dejaría sin montaña –dice con tristeza don Guillermo Solorzano, campesino de 75 años.

 

Temores

 

Para doña Judith Cerón, vecina de la mina, ya es común pasar las noches en vela. Las lluvias torrenciales, que en épocas mejores le alegraban por las bondades que traían para sus pastos y cultivos, ahora la atormentan. Ya ocurrieron dos derrumbes que la condujeron al pánico, que aumenta con las noticias sobre el colapso de minas en distintos lugares del país, cobrando la vida de decenas de personas.


La mina de Agua Bonita está ubicada en una franja de bosque de niebla, cabecera de la micro cuenca del río Chocho, y hace parte de un sistema hídrico fundamental para el abastecimiento de agua de más de 2.000 personas de Silvania. Por eso el Plan de Ordenamiento Territorial de este municipio (Acuerdo 022 de 2000), establece que la zona donde está ubicada la mina es de protección por recarga hídrica y tiene prohibido cualquier tipo de explotación minera.

 

No en vano ese lugar fue declarado como zona de interés prioritario, según el Instituto Alexander Von Humbolt, dada su alta diversidad en flora y fauna y la presencia de varias especies endémicas.

 

–Está contra toda lógica instalar una explotación minera en la cabecera de una cuenca con la abundancia hidrológica de Agua Bonita, sobre todo en un contexto de cambio climático y calentamiento global como el actual, cuando las zonas de bosque son fundamentales para nuestra adaptación al panorama que ya vivimos –afirma la ingeniera forestal Lina Echavarría, habitante de la región.

 

Voz reafirmada con énfasis por otra pobladora de esta parte del municipio. –Escogí ésta montaña por la abundancia de agua, pensando en el futuro de mi hijo, pero veo con gran preocupación que nuestra mayor riqueza está en riesgo, sin que la comunidad ni las autoridades se manifiesten –afirma Sandra Reyes, reconocida actriz de televisión quien también tiene su finca en la zona.

 

–Frente a esta situación es fundamental que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal convoquen a asamblea para definir la posición de la comunidad ante la mina, y no decidan unos pocos el futuro de todos –dice Edwin Muñoz, de la vereda Victoria Baja, Las Lajas. Hasta el momento la empresa Cemin S.A solo se ha reunido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero el grueso de la comunidad desconoce los acuerdos.


Cemin también deberá solucionar una larga lista de obligaciones de la licencia ambiental que Agregados Agua Bonita no cumplió, como el Plan de Manejo Ambiental, el programa de manejo y salvamento de flora y fauna entre otras, a pesar de que ha explotado la cantera durante 3 años. –Hemos revisado con minucia los expedientes y comprobamos con preocupación la existencia de muchas irregularidades en el otorgamiento de la licencia, frente a los incumplimientos del Plan de Manejo y la actitud permisiva de las autoridades de control que podrían desencadenar en acciones legales contra la Anla, el municipio y contra la empresa –dice Paola Tinoco, abogada y vecina de la mina.

 

En la montaña donde se encuentra la mina, están solicitando otras 4.500 hectáreas para explotación de materiales de construcción y arenas de sílice. Y como si fuera poco, la zona también hace parte del bloque COR 4, de extracción de petróleo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Realidad que no pasa desapercibida para uno de sus pobladores: –Es prioritario generar una alternativa a la explotación minera y de hidrocarburos, la cual viene en aumento en el territorio, pese a que esta es una región con vocación agroforestal y eco-turística –agrega Edwin Muñoz.

 

Por ahora, luego de varios derrumbes en la mina, que inclusive obligaron al cierre durante varios días de la vía Sibaté-Fusagasugá, y de los referendos contra la minería llevados a cabo en municipios vecinos, en Silvania crece la expectativa ante una posible movilización ciudadana que detenga tanto esta mina, como las otras amenazas que rondan estas montañas bendecidas por el agua.

 

Del despegue de esta movilización y de su éxito depende que en algunos años a la vereda Agua Bonita no haya que cambiarle el nombre.

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En El Salvador, las mujeres para cuidar el agua detienen la minería

En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.


La ley culmina más de diez años de lucha por parte de organizaciones de base y líderes comunitarios que se opusieron sobre todo a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora la australiana-canadiense OceanaGold. La oposición al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida, dejando un saldo trágico de muertos y heridos.


A pesar que la activa participación de las mujeres en los procesos de resistencia es casi siempre invisibilizada, las mujeres que están tras la lucha anti-minera en El Salvador no solo han sabido mantenerse en pie de lucha, sino que además han adquirido el papel de protagonistas.


El Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo M4 conversó con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).


1. ¿Qué fue lo que hizo que las poblaciones se resistieran tan fuertemente y por tanto tiempo contra el proyecto El Dorado?


Uno de los principales motivos fue la defensa del recurso agua, dado que la mayoría de la población tenía muy claro que el municipio se quedaría sin el vital líquido. Por otra parte, se dieron algunos sucesos, como la muerte de ganado en las zonas donde hicieron las exploraciones y también se secaron algunos pozos.


2. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?


Fueron varias etapas. Primero, recoger toda la información posible respecto al proyecto minero para conocer de primera mano los impactos que este tendría en la zona y el país. Posteriormente se procedió al trabajo de campo con el propósito de informar a las comunidades sobre los efectos negativos de la minería metálica. Se hicieron foros informativos con especialistas (Dr. Robert Moran y Dina Larios) en el tema de minería y también con personas que ya tenían experiencia en los daños que causa la minería, como es el caso de Honduras (Dr. Almendares). Se diseñó material escrito, audiovisual y radial en un lenguaje popular para que fuese fácil su asimilación por parte de toda la población. También se crearon alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel nacional.

3. ¿Cómo reaccionó la empresa?


La empresa no se quedo cruzada de brazos. También empezó toda una campaña de promoción en las comunidades, queriendo hacerles creer que el cianuro no era mortal, pero la mayoría de la gente no les creyó. Por otra parte, también utilizaron la estrategia que utilizan a nivel mundial: comprando a las autoridades, gobiernos locales y lideres comunales, haciendo obras sociales, etc. En algunas ocasiones se hacían presente en los foros que hacíamos con el fin de cuestionar a los ponentes, pero ellos no contaban con que éstos eran personas científicas expertas en el tema.

4. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en esta lucha? ¿Cómo es eso diferente de la participación de los hombres?


En primer lugar, la participación en los diferentes espacios informativos, en su mayoría, eran mujeres. A medida que la población se iba informando y tomando conciencia de la magnitud del problema, las mujeres fueron liderando el proceso de la lucha (alrededor de 10 mujeres lideresas). Ellas formaron parte de una estrategia para hacer denuncias y movilizaciones.


5. ¿Porqué crees que las mujeres adquieren un rol tan protagónico en estas luchas?


En primer lugar porque somos la mayoría en cuanto al porcentaje poblacional. Por otro lado, somos las que sufrimos los embates de los desastres y cualquier conflicto, así como también las afectaciones económicas, de salud, entre otras. Una mujer sabe lo necesaria que es el agua y la alimentación en un hogar, ya sea que sean madres solteras o no. No estoy diciendo que el hombre no lo sepa, sino que es ella la proveedora directa de los bienes de sobrevivencia, es la cuidadora de la familia, la casa, los huertos y la criadora de los animales domésticos.


La mujer es mas sensible ante los problemas que aquejan a la humanidad y es una excelente cuidadora y administradora de todos los bienes (por ejemplo de la madre naturaleza, la diosa del mar, etc.) Una mujer es muy decidida en sus convicciones y no es tan fácil comprar su voluntad cuando sabe que la vida está en juego.

6. Para que las mujeres tuvieran una participación activa en la resistencia, ¿tuvieron que también luchar dentro de sus mismas comunidades u hogares?
Las mujeres se ganaron su propio espacio. Si en algún momento se vio opacada su participación por parte de algún elemento masculino, fueron casos especiales. De igual modo, creo que su lucha mayor fue dentro de sus hogares, dado que tenían que dejar a su familia para poder unirse a la lucha.


7. ¿Crees que la lucha ya está ganada o hay que estar vigilantes?


Una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador no es garante de nada, dado que es una ley secundaria y en cualquier momento puede ser vetada o modificada. Mientras el Salvador siga adherido a los tratados de libre comercio, seguiremos expuestos a cualquier amenaza – no solo de la industria minera. Por otra parte, las legislaturas cambian cada 3 años, nadie nos asegura que la próxima legislatura modifique las cosas. Al menos por el momento podemos estar un poco [email protected] respecto a ese tema, aunque el futuro de los salvadoreños sigue siendo incierto. Mas ahora con la Ley de Asocios Publico Privados, con el fin de aumentar la inversión privada, especialmente inversiones extranjeras directas, partiendo de que el presidente hizo publica su posición de darle cumplimiento.


8. ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres y comunidades que se encuentran luchando contra empresas mineras que intentan apropiarse de sus territorios?


Que somos las mayoría. Somos ese enjambre de abejas, de hormigas y que tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia si nos mantenemos unidos/as. Insisto, las mujeres somos mayoría. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad defender la vida y el territorio. Creo que la humanidad debe tener muy en claro que el enemigo es el mismo en todo el mundo y se llama CAPITALISMO. Debemos retomar nuestro papel en el cuido de la creación o evolución, dependiendo de la perspectiva ideológica de cada individuo. Es un reto entre la conservación o destrucción del ser humano. Sabemos que las riquezas son privadas, pero las consecuencias que éstas causan afectan a todos/as. Los costos los pagan el pueblo; nos venden lo que nos roban y, a través de la historia, los muertos son los mismos de siempre. El oro no se come, no es un bien indispensable para la humanidad. El agua es un recurso finito. Pero sobre todo, las mujeres tenemos una gran capacidad de amar y amar con el corazón, así que a fortalecer el amor al prójimo, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la naturaleza y a la creación o evolución. La clave de la victoria está en el AMOR.


Texto publicado originalmente en M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero

Publicado enInternacional
La cuna de la civilización está a punto de convertirse en un verdadero infierno

Oriente Medio y el norte de África, camino de convertirse en un lugar desértico por culpa de la escasez de agua dulce y el incremento de temperaturas

 


El cambio climático castigará con doble falta al Magreb y Oriente Medio. La cuna de la civilización está en camino de convertirse en un lugar desértico, inhabitable por las altas temperaturas y la escasez de agua dulce.


Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) los niveles de agua dulce han descendido en dos tercios en las últimas cuatro décadas, y actualmente los 500 millones de habitantes de la región tienen 10 veces menos disponibilidad del vital líquido que los residentes de otras zonas del planeta. Y el futuro puede ser peor: se espera que los recursos hídricos disminuyan un 50% en los próximos 30 años.
Situación dramática

Habrá menos agua, pero además las temperaturas subirán. Un estudio del Instituto Max Planck de Química de Mainz (Alemania) y el Instituto Chipre de Nicosia reveló en mayo de 2016 que la región será inhabitable por el calor, que si actualmente es duro de sobrellevar, en el futuro será insoportable. En los próximos 80 años, entre junio y septiembre las temperaturas diurnas rondarán los 46 grados, y de noche no bajarán de 30 grados. Si en todo el mundo el cambio climático llevaría a un aumento de dos grados, en el norte de África y Oriente Medio el ascenso sería del doble.


Para el fin de siglo, afirma el equipo liderado por Johannes Lelieveld, los días de calor extremo se multiplicarán por cinco y las olas de calor serán diez veces más frecuentes. “Si entre 1986 y 2005 los picos de calor se producían en un período de 16 días, para el 2050 llegará a 80 días al año. Aunque las emisiones de gases contaminantes se redujeran para el 2040, se contabilizarán 118 días de calor extremo al año”, dice Lelieveld. O sea, uno de cada tres días al año será insoportable para la vida cotidiana.
Crece la desertificación

El aumento de temperaturas, la escasez de agua y una mala gestión de los recursos naturales incrementa la desertificación. Conviene diferenciar este término de la desertización. Esta última se refiere a la creación natural de los desiertos, como ha sucedido en el Sahara (alguna vez un fértil bosque) y Gobi. La desertización es “un proceso de degradación del suelo fértil en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas a causa de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”, definió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación en 1977.


O sea: la mano del hombre convierte zonas fértiles y productivas en páramos inhabitables.


La región cuenta con tres grandes ríos que han visto crecer a las primeras civilizaciones: Egipto y su largo Nilo y el Tigris y Éufrates en la antigua Mesopotamia. El uso intensivo por medio de canalizaciones y represas, así como la extracción sin pausa de los acuíferos amenaza con agotar los recursos hídricos. Según la FAO, en Oriente Medio y el Magreb la agricultura absorbe el 85% del agua dulce disponible, y más del 60% de ella proviene de zonas fuera de las fronteras nacionales.
La guerra del agua

La conclusión es obvia: conflictos políticos. Por ejemplo, el gobierno de Turquía considera que tiene la soberanía absoluta en los 526 kilómetros iniciales del río Éufrates y los 523 del Tigris que corren por su territorio, y ha sembrado de represas ambos cursos para disponer de energía eléctrica y canalizar las aguas para los regadíos. “Ni Siria ni Irak pueden reclamar los ríos de Turquía más de lo que Ankara pudiera reclamar su petróleo. Tenemos derecho a hacer lo que nos plazca”, dijo el expresidente turco Suleyman Demirel.


Irak acusa a Turquía, y a la caótica Siria, de perjudicar sus cultivos y poblaciones con las limitaciones al caudal del Éufrates, zonas que ya habían sufrido abandonos por la guerra de diez años contra Irán. Según la Asociación Europea del Agua, Irak ha visto que la proporción de agua de los dos ríos se ha reducido un tercio en los últimos 25 años, y podría quedar seco en el 2040. A este ritmo, el país sería un reflejo de la arenosa Península Arábiga, dice R. Barducci, del Instituto de Investigación de Medios de Información en Medio Oriente (MEMRI).


Más contaminación y menos bosques

 

La contaminación también perjudica la habitabilidad de las ciudades, que como El Cairo –con 9,5 millones de habitantes- no cesan de crecer. En una región donde el petróleo es abundante y barato, es imposible emprender campañas para cambiar de combustible y apostar por las energías renovables.


La deforestación y las altas temperaturas también amenaza a las áreas boscosas de la región, como el Líbano, donde el 39% de su superficie está poblada del cedro que porta su bandera. La reducción de su superficie para promover la agricultura, los incendios forestales (naturales algunos, provocados otros) y los conflictos políticos perjudican al ecosistema y aceleran el proceso de desertificación.


Las grandes extensiones de palmerales que tenía Irak, como en la gobernación de Basora, han quedado devastadas por la guerra con Irán, al punto que científicos de la segunda ciudad de este país han visitado la Estación Phoenix de Elche para recibir asesoramiento sobre repoblamiento de esta especie, que actúa como una barrera natural contra el avance del desierto.


Éxodo climático


Las temperaturas extremas, la falta de agua, la desertificación y pérdida de agricultura lleva a consecuencias política graves: cuadros de desnutrición (según la FAO, 30 millones de adultos en la región no pueden comer lo suficiente), tensiones políticas entre los gobiernos por el control de los recursos naturales, y en paralelo, un auge de los extremismos.


“La región de Oriente Medio, ya es una de las regiones más peligrosas del mundo y podría llegar a ser aún más volátil si millones de personas no pueden encontrar agua para beber, mucho menos cultivar alimentos” dice el doctor Nimrod Raphaeli, analista senior del MEMRI.


El polvorín en que se puede convertir la región derivará en un éxodo climático, millones de personas que abandonarán sus aldeas y las ciudades en búsqueda no sólo de mejores oportunidades de trabajo o paz, sino de lugares donde se pueda vivir y respirar con normalidad.

 

Juan Pedro Chuet-Missé
24/06/2017 00:05 | Actualizado a 24/06/2017 00:28

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
500 presas amenazan con ahogar el Amazonas


El impacto sobre los ríos amazónicos será 'irreversible' si se construyen todas las represas planeadas


A lo largo del Amazonas hay 140 presas hidráulicas operativas o en construcción y planean construir otras 428. Aunque al final solo se levante una porción de ellas, los científicos creen que su impacto sobre los ríos amazónicos será "desastroso". Un estudio global sobre las consecuencias de tanta represa señala que alterarán el discurrir del río, reteniendo la mayor parte de los sedimentos y nutrientes fluviales que no vivificarán la planicie amazónica, ahogando la vida que depende del río y el océano donde acaba.
En el Amazonas todo es a lo grande. Su tramo principal tiene unos 2.000 kilómetros hasta la desembocadura en el Atlántico, en un estuario con más de 300 kilómetros de ancho. Pero aún hay otros 5.000 kilómetros hasta llegar al extremo contrario, a su cabecera en los andes peruanos, por donde discurren sus afluentes principales. Algunos, como el Madeira, el Negro o el Japurá, están entre los 10 ríos más grandes del planeta. La cuenca del Amazonas ocupa una extensión de 6,1 millones de Km2, 12 veces la de España. Y el agua que discurre por los ríos amazónicos equivale al 20% del agua dulce líquida de la Tierra.


A pesar de tanta enormidad, no hay río que sobreviva a 568 presas. Esa es la principal conclusión de un amplio estudio en el que han participado desde ecólogos hasta ingenieros, pasando por economistas y geólogos de una decena de universidades estadounidenses, alemanas, británicas y brasileñas. Aunque cada presa lleva aparejado su estudio de impacto ambiental, nunca se había estudiado el impacto regional de todas las represas habidas y por haber en la cuenca amazónica. La investigación, publicada en Nature, analiza el coste que tendrán sobre la vida del río, desde las inundaciones estacionales que dan vida a la Amazonia, hasta los sedimentos que dejará de arrastrar hasta la desembocadura.


Los ríos no son solo agua. También transportan grandes cantidades de sedimentos que arrancan de un lado y depositan en el otro. Estos sedimentos son el sustrato mineral de la vida en una amplísima región de más de un millón de Km2, entre humedales y llanuras aluviales. En su último tramo, el Amazonas transporta entre 800 y 1.200 millones de toneladas de limos, arenas y arcillas y al menos la mitad acaban en el océano al año. Con cada presa que se interponga entre el río y el mar, un porcentaje de esos sedimentos quedará atrapados en el hormigón.


"Acuérdense del antiguo Egipto, que dependía de los limos del río que fertilizaban las tierras de la llanura de inundación", dice el investigador de la Universidad de Texas en Austin (EE UU) y principal autor del estudio, Edgardo Latrubesse. "El Nilo es hoy en día un río totalmente regulado artificialmente por megarepresas. Es un caso típico que ejemplifica los tremendos impactos producidos por infraestructuras construidas varias décadas atrás, lo que produjo grandes impactos sociales, ambientales y económicos", añade este experto en geomorfología de los ríos. No es la primera vez que se relaciona la situación del Egipto moderno con la alteración del curso de su gran río.


En el caso que Latrubesse mejor conoce, el amazónico, el impacto combinado de las presas podría provocar que más del 60% de los sedimentos que arrastra el río se queden ahora atascados. "En el Yangtze [donde se levantó la presa de las Tres Gargantas] la retención hoy en día ya es de más de 75% y en otros ríos como el alto Rio Paraná en Brasil, la retención es más del 100%. Valores de más de 70-90% son típicos en el mundo. Esperamos algo similar en el Amazonas si todo fuera construido", sostiene.


Tal interferencia en la dinámica del río tendrá unas "consecuencias desastrosas", en palabras de Latrubesse. Los sedimentos no solo transportan nutrientes a la llanura aluvial, sino que son parte integrante del río: "Se erosionan barrancas, islas y pedazos de la llanura aluvial mientras se generan nuevas áreas por sedimentación", recuerda este investigador. Esta dinámica ayuda a mantener en los trópicos una gran diversidad de ambientes y, para los biólogos, "este proceso de regeneración es un mecanismo muy importante que contribuye a la creación de biodiversidad", concluye.


El problema no será menor en la desembocadura. La columna de agua y sedimentos que acaba en el Atlántico se extiende por más de 1,3 millones de km2 del océano, la mitad de lo que ocupa el Mediterráneo. Además de ser la base de una extensa línea coralina en la costa americana y los manglares de las Guayanas y el norte de Brasil, esta enorme aportación amazónica interviene en el clima regional condicionando la generación y movimiento de las tormentas tropicales del Caribe. La falta de sedimentos en la zona costera también favorecerá la erosión marina y la intrusión salina en los acuíferos.


Los autores del estudio han creado un índice de vulnerabilidad de los ríos al impacto de las presas. Sobre un máximo de 100, algunos ríos de la franja andina, como el Marañón, podrían alcanzar un índice 72. En su cabecera hay construidas o planificadas 104 presas de más de 1 megavatio (MW) de capacidad generadora. Más abajo, el río más vulnerable es el Madeira, uno de los 10 más caudalosos del mundo que por sí solo aporta la mitad de los sedimentos que el Amazonas lleva al mar. Con un índice de vulnerabilidad superior a 80, en el Madeira viven unas 1.000 especies de peces, el triple que en todos los ríos de Europa.


Pero el caso más llamativo quizá sea el del Tapajós, el principal afluente de la margen derecha del Amazonas. En su tronco principal no hay ninguna presa. Sin embargo, es y será uno de los más afectados por la construcción de decenas de represas en sus afluentes creando un sistema interconectado de presas y pantanos artificiales a lo largo de 1.000 Km, casi la distancia que hay entre Madrid y París. Para Latrubesse, "seria imposible construir este tipo de obras de tremendo impacto ambiental en países desarrollados".


La justificación para todo esto era la necesidad de generar la energía sobre la que Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia pudieran basar su desarrollo. Sin embargo, las presas hidroeléctricas no parecen la solución. El investigador de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, Atif Ansar, recuerda: "Nuestras investigaciones previas han mostrado que, debido al sistemático problema de los sobrecostes y el alargamiento de los plazos, el coste real de las grandes presas es demasiado alto como para recuperarlo". Pero estos trabajos eran económicos, no incluían el impacto ambiental. Ahora, dice, "las grandes presas no solo son inviables económicamente, sino también ambientalmente perjudiciales".

Publicado enMedio Ambiente