Martes, 23 Mayo 2017 07:09

El rastro genético de los peces

El rastro genético de los peces

Con el análisis de ADN, ya no es necesario tampoco encontrar fósiles en un yacimiento para saber quiénes vivieron allí



Cualquier animal deja un rastro biológico de su paso, sea en forma de pelos, escamas, secreciones... pero hasta ahora no se había podido llegar al el nivel de detalle genético para identificar cada especie por su rastro. En el caso de los peces, se acaba de demostrar que sería posible detectar su abundancia y distribución, tan importantes para la pesca sostenible, analizando simplemente el agua por la que pasan.


El método que han desarrollado los científicos de la Universidad Rockefeller en Nueva York se centra en aislar ADN desnudo en las muestras tomadas, de un litro de agua cada una. “Hicimos una serie de pruebas espaciadas en el tiempo tomando muestras del agua superficial en un mismo punto en los dos ríos (Hudson y East) una vez a la semana durante seis meses y conseguimos demostrar una nueva forma de seguir las migraciones de los peces”, explica Marck Stoeckle. El trabajo desarrolla otros realizados en Europa en los últimos años que demostraron la existencia de trozos de ADN de animales acuáticos flotando en el agua, y es, según sus autores, el más largo de series en el tiempo para peces marinos e indica el camino a seguir.


Una de las especies presentes en todas las muestras fue un arenque. Su posible abundancia explicaría la presencia reciente en la bahía de Nueva York de ballenas y también el célebre avistamiento de delfines en el río East en 2013, señalan los investigadores. Estos encontraron además ADN de especies foráneas, que supuestamente llegó al agua tras ser consumidos los pescados de los que procede por los habitantes de Nueva York. El método serviría así, además y entre otras cosas, para saber si se están vendiendo como alimento especies en peligro de extinción.


Los datos del ADN casan con los obtenidos por la vía tradicional - la captura sistemática con red de peces para conocer sus migraciones estacionales- que es mucho más cara y complicada. El estudio se publica en la revista Plos One. En total se encontró material genético de 42 especies de peces, incluidas casi todas las ya conocidas como abundantes o muy comunes y algunas de las menos comunes. Ciertas muestras de ADN no pudieron ser identificadas porque la base de datos de que disponen los científicos como referencia no casaba con ellas.


Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, porque la abundancia de una especie no se puede medir directamente con este método por ahora y hacen falta muchos más estudios comparativos con los métodos tradicionales, como las capturas directas y el sonar, para poder derivar del ADN en el agua el número de ejemplares presentes recientemente. Eso serviría para establecer las cuotas de pesca sobre una base más firme. Además, el ADN permitiría conocer el efecto de nuevas instalaciones de acuicultura sobre las poblaciones existentes de peces.


El análisis de ADN se utiliza también cada vez más en paleontología y, en un avance que se considera histórico, se ha comunicado recientemente que es posible conocer qué homínidos habitaron un yacimiento sin necesidad de encontrar fósiles de ellos. Hasta ahora cualquier yacimiento sin huesos fósiles humanos, aunque mostrara restos evidentes de haber sido habitado, era considerado de menor categoría que uno con ellos y no es probable que esto cambie en poco tiempo, porque los fósiles dan información más directa e interpretable, pero para avanzar en el conocimiento de la evolución humana el avance es grande.


Se han analizado, con técnicas automatizadas, 85 muestras de sedimentos de entre 550.000 y 14.000 años de antigüedad de ocho cuevas euroasiáticas, donde vivían neandertales o sus parientes, como las del Sidrón (Asturias) y Denisova (Siberia). Se buscaba ADN mitocondrial, porque es más abundante y en él pequeñas variaciones indican la especie de homínido. Se encontró en cuatro de las cuevas, incluidas El Sidrón y una en la que no se habían hallado huesos fósiles. La del Sidrón es además la única de las ocho en la que no se han identificado restos genéticos de animales, como el mamut lanudo.


Todo esto se puede hacer porque anteriormente se obtuvieron, de huesos fósiles, los genomas completos o parciales de las especies con los que comparar el ADN antiguo ahora recuperado de los sedimentos. “La técnica podría permitir aumentar el tamaño muestral de los genomas mitocondriales neandertales y denisovanos, que hasta ahora estaban limitados por el número de restos conservados. Y probablemente será posible incluso recuperar partes sustanciales de genomas nucleares”, concreta el investigador Carles Lalueza-Fox, que ha participado en el estudio, publicado en la revista Science.


En el yacimiento de Denisova (Siberia), donde ya se había documentado la presencia de neandertales y denisovanos, los investigadores han podido averiguar qué nivel del terreno se corresponde con cada homínido, y se ha podido constatar que ambos se alternaron en la cueva, informa el CSIC. “Los denisovanos, además, aparecen en el estrato más basal, es decir, en el más antiguo del yacimiento. Su ADN en este sedimento, sin estar asociado a ningún resto esquelético, es la muestra más antigua de su existencia ahora mismo”, precisa el investigador Antonio Rosas, también

Miércoles, 17 Mayo 2017 06:40

Medioambiente e igualdad social

Medioambiente e igualdad social

¿Puede la naturaleza hablar? ¿Puede la naturaleza contarnos los males que le afectan? Descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza; lo que sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un conjunto de conmociones que la están perturbando. El calentamiento global es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos informa. Cambios abruptos del clima, sequias en regiones anteriormente húmedas; deshielo de glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerza nunca antes vista, desbordes crecientes de ríos., etc., son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza informa de lo que le está sucediendo.


No obstante, la manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la humanidad no es homogénea ni equitativa; mucho menos lo es la responsabilidad que cada ser humano tiene en su origen.


Clase y raza medioambiental


En la última década, se puede constatar que las catástrofes naturales más importantes están presentes por todo el globo terráqueo, sin diferenciar continentes o países; en ese sentido, existe una especie de democratización geográfica del cambio climático. Sin embargo, los daños y efectos que esos desastres provocan en las sociedades, claramente están diferenciados por país, clase social e identificación racial. De manera consecutiva, hemos tenido en el periodo 2014-2016, los años más calurosos desde 1880, lo que explica la disminución en el ritmo de lluvias en muchas partes del planeta. Aun así, los medios materiales disponibles para soportar y remontar estas carencias y, por tanto, los efectos sociales resultantes de los trastornos ambientales, son abismalmente diferentes según el país y la condición social de las personas afectadas. Por ejemplo, ante la escasez de agua en California, la gente se vio obligada a pagar hasta un 100% más por el líquido elemento, aunque esto no afectó su régimen de vida. En cambio, en el caso de la Amazonía y las zonas de altura del continente latinoamericano se tuvo una dramática reducción del acceso a los recursos hídricos para las familias indígenas, provocando malas cosechas, restricción en el consumo humano de agua y ‒especialmente en la Amazonía‒ parálisis de gran parte de la capacidad productiva extractiva con la que las familias garantizaban su sustento anual.


Asimismo, el paso del huracán Katrina por la ciudad de Nueva Orleans en 2005, dejó más de dos mil muertos, miles de desaparecidos y un millón de personas desplazadas. Pero los efectos del huracán no fueron los mismos para todas las clases e identidades étnicas. Según el sociólogo P. Sharkey [1] , el 68% de las personas fallecidas y el 84% de las desaparecidas eran de origen afroamericano. Ello, porque en las zonas propensas a ser inundadas, donde el valor de la tierra es menor, viven las personas de menos recursos; mientras que los que habitan en las zonas altas son los ricos y blancos.


En este y en todos los casos, la vulnerabilidad y el sufrimiento se concentran en los más pobres (indígenas y negros), es decir, en las clases e identidades socialmente subalternas. De ahí que se pueda hablar de un enclasamiento y racialización de los efectos del cambio climático.


Entonces, los medios disponibles para una resiliencia ecológica ante los cambios medioambientales dependen de la condición socioeconómica del país y de los ingresos monetarios de las personas afectadas. Y, dado que estos recursos están concentrados en los países con las economías dominantes a escala planetaria y en las clases privilegiadas, resulta que ellas son las primeras y únicas capaces de soportar y disminuir en su vida esos impactos, comprando casas en zonas con condiciones ambientales sanas, accediendo a tecnologías preventivas, disponiendo de un mayor gasto para el acceso a bienes de consumo imprescindibles, etc. En cambio, los países más pobres y las clases sociales más vulnerables, tienden a ocupar espacios con condiciones ambientales frágiles o degradadas, carecen de medios para acceder a tecnologías preventivas y son incapaces de soportar variaciones sustanciales en los precios de los bienes imprescindibles para sostener sus condiciones de vida. Por tanto, la democratización geográfica de los efectos del calentamiento global se traduce, instantáneamente, en una concentración nacional, clasista y racial del sufrimiento y el drama causados por los efectos climáticos.


Este enclasamiento racializado del impacto medioambiental se vuelve paradójico e incluso moralmente injusto cuando se comparan los datos de las poblaciones afectadas y de las poblaciones causantes o de mayor incidencia en su generación.
La nueva etapa geológica del antropoceno ‒un concepto propuesto por el Premio Nobel de Química, P. Crutzen‒, caracterizada por el impacto del ser humano en el ecosistema mundial, se viene desplegando desde la Revolución Industrial a inicios del siglo XVIII. Y, desde entonces, primero Europa, luego Estados Unidos, y en general las economías capitalistas desarrolladas y colonizadoras del norte, son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero que están causando las catástrofes climáticas. Sin embargo, los que sufren los efectos devastadores de este fenómeno son los países colonizados, subordinados y más pobres, como los de África y América Latina, cuya incidencia en la emisión de CO2 es muchísimo menor.


Según datos del Banco Mundial [2] , Kenia contribuye con el 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero las sequías provocadas por el impacto del calentamiento global llevan a la hambruna a más del 10% de su población. En cambio, en EEUU, que contribuye con el 14,5%, la sequía solo provoca una mayor erogación de los gastos en el costo del agua, dejando intactas las condiciones básicas de vida de su ciudadanía. En promedio, un alemán emite 9,2 toneladas de CO2 al año; en tanto que un habitante de Kenia, 0,3 toneladas. No obstante, quien lleva en sus espaldas el peso del impacto ambiental es el ciudadano keniano y no el alemán. Datos similares se puede obtener comparando el grado de participación de los países del norte en la emisión de gases de efecto invernadero, como Holanda (10 TM por persona/año), Japón (7 TM), Reino Unido (7,1 TM), España 5 TM), Francia 8% TM), pero con alta resilencia ecológica; frente a países del sur con baja participación en la emisión de gases de efecto invernadero, como Bolivia (1,8 TM), Paraguay (0,7 TM), India (1,5 TM), Zambia (0,2 TM), etc., pero atravesados de dramas sociales producidos por el cambio climático. Existe, entonces, una oligarquización territorial de la producción de los gases de efecto invernadero, una democratización planetaria de los efectos del calentamiento global, y una desigualdad clasista y racial de los sufrimientos y efectos de las conmociones medioambientales.


Medioambientalismos coloniales
Si la naturaleza comunica los impactos de la acción humana en su metabolismo de una forma jerarquizada, también existen ciertos conceptos referidos al medioambiente, parcializados de una manera todavía más escandalosa; o, peor aún, que legitiman y encubren estas focalizaciones regionales, clasistas y raciales.


Como señala McGurty [3] para el caso norteamericano en la década de los 70 del siglo XX, lo que hizo posible que el debate público sobre las demandas sociales de las minorías étnicas urbanas, e incluso del movimiento obrero sindicalizado, fuera soslayado, llevando a que la “temática social” perdiera fuerza de presión frente al gobierno, fue un tipo de discurso medioambientalista. Un nuevo lenguaje acerca del medio ambiente, cargado de una asepsia respecto a las demandas sociales, que ciertamente puso sobre la mesa una temática más “universal”, pero con responsabilidades “adelgazadas” y diluidas en el planeta; a la vez que distantes política y económicamente respecto a las problemáticas de las identidades sociales (obreros, población negra). Aspecto que no deja de ser celebrado por las grandes corporaciones y el gobierno que ven encogerse así sus deudas sociales con la población.


Por otra parte, el sociólogo francés Keucheyan [4] subraya cómo en ciertos países como Estados Unidos, el “color de la ecología no es verde sino blanco”; no solo por la mayoritaria condición social de los activistas ‒por lo general, blancos, de clase media y alta‒, sino también por la negativa de sus grandes fundaciones a involucrarse en temáticas medioambientales urbanas que afectan directamente a los pobres y las minorías raciales.


Al parecer, la naturaleza que vale la pena salvar o proteger no es “toda” la naturaleza ‒de la que las sociedades son una parte fundamental‒, sino solamente aquella naturaleza “salvaje” que se encuentra esterilizada de pobres, negros, campesinos, obreros, latinos e indios, con sus molestosas problemáticas sociales y laborales.


Todo ello refleja, pues, la construcción de una idea sesgada de naturaleza de clase, asociada a una pureza original contrapuesta a la ciudad, que simboliza la degradación. Así, para estos medioambientalistas, las ciudades son sucias, caóticas, oscuras, problemáticas y llena de pobres, obreros, latinos y negros, mientras que la naturaleza a proteger es prístina y apacible, el santuario imprescindible donde las clases pudientes, que disponen de tiempo y dinero para ello, pueden experimentar su autenticidad y superioridad.


En los países subalternos, las construcciones discursivas dominantes sobre la naturaleza y el medioambiente comparten ese carácter elitista y disociado de la problemática social, aunque incorporan otros tres componentes de clase y de relaciones de poder.


En primer lugar se encuentra el estado de auto-culpabilización ambiental. Eso quiere decir que la responsabilidad frente al calentamiento global la distribuyen de manera homogénea en el mundo. Por tanto, talar un árbol para sembrar alimentos tiene tanta incidencia en el cambio climático como instalar una usina atómica para generar electricidad. Y como en la mayoría de los países subalternos existe una apremiante necesidad de utilizar los recursos naturales para aumentar la producción alimenticia u obtener divisas a fin de acceder a tecnologías y superar las precarias condiciones de vida heredadas tras siglos de colonialidad, entonces, para estas corrientes ambientalistas, los mayores responsables del calentamiento global son estos países pobres que depredan la naturaleza. No importa que su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero sea del 0,1% o que el impacto de los millones de coches y miles de fábricas de los países del norte afecte 50 o 100 veces más al cambio climático. Surge así una especie de naturalización de la acción anti-ecológica de la economía de los países ricos, de sus consumos y de su forma de vida cotidiana, que en realidad son las causantes históricas de las actuales catástrofes naturales. Dicha esquizofrenia ambiental llega a tales extremos, que se dice que la reciente sequía en la Amazonía es responsabilidad de unos cientos de campesinos e indígenas que habilitan sus parcelas familiares para cultivar productos alimenticios y no, por ejemplo, del incesante consumo de combustibles fósiles que en un 95% proviene de una veintena de países del norte, altamente industrializados.


La financiarización de la plusvalía medioambiental


Un segundo componente de esta construcción discursiva de clase es una especie de “financiarización medioambiental”. En los países capitalistas desarrollados ha surgido una economía de seguros, expansiva y altamente lucrativa, que protege a empresas, multinacionales, gobiernos y personas de posibles catástrofes ambientales. Así, el desastre ambiental ha devenido en un lucrativo y ascendente negocio de aseguradoras y reaseguradoras que protegen las inversiones de grandes empresas, no solo de crisis políticas, sino de cataclismos naturales mediante un mercado de “bonos catástrofe” [5] , volviendo al capital “resilente” al calentamiento global. Paralelamente a ello, en los países subalternos emerge un amplio mercado de empresas de transferencia de lo que hemos venido a denominar plusvalía medioambiental.
A través de algunas fundaciones y ONG, las grandes multinacionales del norte financian, en los países pobres, políticas de protección de bosques. Todo, a cambio de los Certificados de Emisión Reducida (CER) [6] que se cotizan en los mercados de carbono. De esta manera, por una tonelada de CO2 que se deja de emitir en un bosque de la Amazonía gracias a unos miles de dólares entregados a una ONG que impide su uso agrícola, una industria norteamericana o alemana de armas, autos o acero, que utiliza como fuente energética al carbón y emite gases de efecto invernadero, puede mantener inalterable su actividad productiva sin necesidad de cambiar de matriz energética o de reducir su emisión de gases ni mucho menos parar la producción de sus mercancías medioambientalmente depredadoras. En otras palabras, a cambio de 100.000 dólares invertidos en un alejado bosque del sur, la empresa puede ganar y ahorrar cientos de millones de dólares, manteniendo la lógica de consumo destructiva inalterada.


Así, hoy el capitalismo depreda la naturaleza y eleva las tasas de ganancia empresarial. Convierte la contaminación en un derecho negociable en la bolsa de valores. Hace de las catástrofes ambientales provocadas por la producción capitalista, una contingencia sujeta a un mercado de seguros. Y finalmente transforma la defensa de la ecología en los países del sur, en un redituable mercado de bonos de carbono concentrado por las grandes empresas y países contaminantes. En definitiva, el capitalismo esta subsumiendo de manera formal y real la naturaleza, tanto en su capacidad creativa, como el mismísimo proceso de su propia destrucción.

Por último, el colonialismo ambiental recoge de su alter ego del norte el divorcio entre naturaleza y sociedad, con una variante. Mientras que el ambientalismo dominante del norte propugna una contemplación de la naturaleza purificada de seres humanos ‒su política de exterminio de indígenas le permite ese exceso‒, el ambientalismo colonizado, por la fuerza de los hechos, se ve obligado a incorporar en este tipo de naturaleza idealizada, a los indígenas que inevitablemente habitan en los bosques. Pero no a cualquier indígena porque, para ellos, el que cultiva la tierra para vender en los mercados, el que reclama un colegio, hospital, carretera o los mismos derechos que cualquier citadino, no es un verdadero sino un falso indígena, un indígena a “medias”, en proceso de campesinización, de mestización; por tanto, un indígena “impuro”. Para el ambientalismo colonial, el indígena “verdadero” es un ser carente de necesidades sociales, casi camuflado con la naturaleza; ese indígena fósil de la postal de los turistas que vienen en busca de una supuesta “autenticidad”, olvidando que ella no es más que un producto de siglos de colonización y despojo de los pueblos del bosque.


En síntesis, no hay nada más intensamente político que la naturaleza, la gestión y los discursos que se tejen alrededor de ella. Lo lamentable es que en ese campo de fuerzas, las políticas dominantes sean, hasta ahora, simplemente las políticas de las clases dominantes. Por eso, aun son largos el camino y la lucha que permitan el surgimiento de una política medioambiental que, a tiempo de fusionar temáticas sociales y ecológicas, proyecte una mirada protectora de la naturaleza desde la perspectiva de las clases subalternas, en lo que alguna vez Marx denominó una acción metabólica mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza [7] .


Por Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

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[1] P. Sharkey, “Survival and death un New Orleans: an empirical look at the human impact of Katrina”, en Journal of Black Studies, 2007; 37; 482. En: http://www.patricksharkey.net/images/pdf/Sharkey_JBS_2007.pdf.
[2] Databank-Banco Mundial 2013.
[3] E. McGurty, Transforming Environmentalism, Rutgers University Press, New Brunswick, 2007.
[4] R. Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Clave Intelectual, España, 2016.
[5] Banco Mundial, “ Seguro contra riesgo de desastres naturales: Nueva plataforma de emisión de bonos de catástrofes”, en http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/10/28/insuring-against-natural-disaster-risk-new-catastrophe-bond-issuance-platform.
[6] BID/ BALCOLDEX, “Guía en Cambio Climático y Mercados de Carbono”, en https://www.bancoldex.com/documentos/3810_Guia_en_cambio_clim%C3%A1tico_y_mercados_de_carbono.pdf
[7] Marx, El Capital, Tomo III; Ed. Siglo XXI, pág. 1044, México, 1980.

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"El santo grial del agua": Detectan un nuevo estado del líquido más abundante de la Tierra

 

Durante más de 20 años, los investigadores habían buscado un método que demuestre que el agua puede mantenerse en dos estados líquidos diferentes.

 

El agua es uno de los líquidos más sorprendentes de la naturaleza. La ciencia hoy en día conoce que en estado gaseoso el agua se mantiene en forma de vapor y en estado sólido su estructura molecular puede adoptar 21 formas diferentes dependiendo de la temperatura y la presión a su alrededor. Sin embargo, su estado más conocido, el líquido, aún guarda cierto grado de misterio.

Desde los años 1990, los investigadores sospechaban que el agua líquida podía mantenerse en un estado molecular diferente a una densidad superior o inferior a su nivel normal de un gramo por centímetro cúbico, aunque no existía un método que pudiera demostrarlo en la práctica.

 

Dos estados líquidos bajo el punto de congelamiento

 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nebraska, EE.UU., ha llegado a la conclusión de que este extraño subestado líquido del agua se logra encerrando moléculas de agua en un nanotubo de carbono de un tamaño de 1,25 nanómetros —unas 15.000 veces más delgado que un cabello humano— y sometiéndolas a una temperatura constante de – 43 °C.

Las simulaciones por computadora han demostrado que en esta situación el agua se comporta de una manera inesperada. Aún bajo el punto de congelamiento, adquiere un estado líquido de baja densidad y luego se congela nuevamente para formar un nanotubo hexagonal de hielo. "No esperábamos eso", confiesa el profesor Xiao Cheng Zeng, miembro del equipo de investigación.

Los científicos esperan que el avance en la tecnología de fabricación de nanotubos de carbón les permita demostrar en la práctica este extraño comportamiento y abra un amplio abanico de opciones en la investigación del estado de baja o alta densidad líquida del agua. "Observar que existen dos estados líquidos ha sido como el santo grial del agua", considera Zheng.

 

 

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Una joven salvadoreña protestó el pasado miércoles contra la minería en la Asamblea Legislativa en San Salvador.

 


IPS

El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.

Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).

Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.

En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.

“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.

Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-salvador-el-primer-pais-del-mundo-en-prohibir-la-mineria-metalica/

 

 

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Miércoles, 29 Marzo 2017 06:47

La militarización global del agua

© Foto: Pixabay

 

La delegación de Iztapalapa tiene casi dos millones de personas y es una de las más pobres de la ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes. Diariamente camiones cisterna realizan cerca de mil viajes para abastecer a las 69 colonias de esa delegación que sufren escasez crónica. Según una serie de reportajes publicados por The New York Times, la ciudad se está hundiendo como consecuencia de la escasez ya que las perforaciones han debilitado los lechos de arcilla.

Pero las preocupaciones del redactor diario neoyorkino no van por el lado de la población que sufre escasez de agua, sino por los problemas de orden público que se pueden generar. Cita un estudio que predice que un "10% de los mexicanos de entre 15 y 65 años podrían intentar emigrar al norte, como resultado de altas temperaturas, inundaciones y sequías, que desplazarían a millones de personas y aumentarían aún más las tensiones políticas sobre migración". El periódico agrega que en zonas donde disminuyen las lluvias, "el riesgo de que los conflictos menores crezcan para convertirse en guerras a gran escala se duplica aproximadamente al año siguiente".

La doctrina de "Dominación de Espectro Completo" del Pentágono, coloca en un mismo nivel la competencia global por el petróleo que por el agua, según el analista Pepe Escobar, lo que desafía el sentido común que destaca al petróleo en un lugar excluyente desde el punto de vista de su importancia geopolítica.

Los habitantes de Iztapalapa deben gastar casi el 10% de sus ingresos en el consumo de agua, lo que desestabiliza sus frágiles economías, ante un Estado que no acierta a encarar los problemas de la mayoría pobre de la población.

El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, autor del libro "Las guerras globales del agua", asegura que el Estado de Israel sostiene un "apartheid acuífero" contra la población palestina de Cisjordania. Cita al editor de The Palestine Chronicle, Ramzi Baroud, quien dice que el control israelí del agua implica un "castigo colectivo" que busca evitar que desarrollen su economía que "depende entre 14 a 20% de la agricultura, por lo que negarle el agua destruye sus cosechas". Israel parece ubicarse a la vanguardia entre los Estados que utilizan el agua como arma de guerra, aunque no es el único.

Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, Naciones Unidas alerta que 1.200 millones de personas sufren escasez de agua y que el déficit hídrico en 2030 será del 40%. Pero el uso del agua es profundamente desigual. El Foro de Davos estima que en las tres próximas décadas la demanda de agua por la industria crecerá un 400%. Las multinacionales de la minería, el agrobusiness y la generación de energía desarrollan una carrera por las fuentes de agua, para arrebatársela a las comunidades campesinas.

La lucha por apropiarse del agua, ya sea a través de las privatizaciones o por la sobre-utilización del recurso como sucede con el fracking, viene provocando agudos conflictos en América Latina: desde la "guerra del agua" en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000, hasta el reciente referendo en Cajamarca (Colombia), donde la mayoría de la población se pronunció el domingo 26 contra el megaproyecto de la multinacional Anglo Gold Ashanti de La Colosa. El principal argumento de campesinos y ambientalistas fue la defensa del agua para la agricultura.

Estados como California y ciudades como México y São Paulo, son laboratorios clave a la hora de observar cómo se posicionan los diferentes actores estatales y empresariales ante la escasez de agua. Así como en la capital mexicana predomina la desidia, en la brasileña las fuerzas armadas decidieron militarizar la distribución y las infraestructuras del agua.

São Paulo tiene 22 millones de habitantes y es una de las mayores concentraciones urbanas del mundo. Ante la escasez de agua, el Comando Militar del Sudeste decidió organizar debates y planificar operaciones militares para prevenir el caos social ante un posible corte del servicio. En mayo de 2015, un comando de entre 70 y 100 militares armados con ametralladoras ocupó las dependencias de la compañía SABESP (Saneamento Básico de São Paulo) previendo "una eventual necesidad de ocupación en caso de crisis", según el comunicado del Ejército.

Toda el área del complejo de la empresa "es considerada estratégica y la acción forma parte de las actividades militares preventivas para la preservación del orden público y protección de las personas y del patrimonio". El Comando Militar organizó debates destinados a un público de oficiales, soldados y "profesores universitarios simpatizantes de los militares", para trazar un panorama técnico, político y social sobre la crisis hídrica que vivía la región en ese momento.

El director de SABESP, Paulo Massato, fue muy claro al considerar las consecuencias sociales de un colapso hídrico: "Será el terror. No habrá alimentación ni energía eléctrica. Será un escenario de fin del mundo. Son millones de personas y estallará el caos social. No será sólo un problema de desabastecimiento de agua. Será mucho más serio que eso".

Durante la sequía de 2015, cuando los reservorios de agua de São Paulo estaban apenas al 5% de su capacidad, la policía militar escoltaba los camiones cisterna en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en la periferia, porque en los barrios populares los atacaban para saquear el agua.

En plena crisis la empresa estatal de agua difundió una lista de 537 clientes privilegiados que pagan menos cuanto más agua consumen (industrias, shoppings, redes como McDonalds), que en su conjunto consumen el 3% del agua de la ciudad y tienen descuentos del 75% en el precio. Ellos consumen "el equivalente al agua utilizada por 115 mil familias y fueron los mayores responsables por el aumento del 5,4% del consumo anual de agua", asegura la empresa.

Los pueblos parecen estar siendo víctimas de dos pinzas: las empresas multinacionales que se están apropiando de las fuentes de agua, por un lado, y las fuerzas armadas que trabajan codo a codo con esas grandes empresas para asegurar que no les falte el recurso hídrico. Un panorama tan poco alentador como insensato.

 

 

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Los acueductos comunitarios exigen reconocimiento

El asunto nos resulta rutinario, en la casa o en el sitio de trabajo: cuando necesitamos agua abrimos el grifo y fluye el “manantial”, para saciar nuestra sed o para llenar el recipiente para cocinar o limpiar cualquier parte de la casa. Parece un acto de magia, pero no lo es. Mientras así sucede estamos tranquilos. Gastamos, pagamos la cuenta, fin del asunto.

Pero en esto no hay nada de magia. Tras el vital líquido hay todo un proceso natural, además de un inmenso esfuerzo humano, en algunas ocasiones fruto de una labor colectiva de comunidades organizadas para procurársela.

La visión del agua como un servicio público que una empresa nos provee, puede apartarnos de tener una relación más profunda con este elemento esencial de la vida, y también puede distanciarnos del reconocimiento de que el agua es un bien común y un derecho humano fundamental.

Alrededor de esto existen múltiples experiencias. En varias zonas rurales y urbano-populares, el suministro de agua no está en manos de una empresa estatal o mixta, sino que es la misma comunidad quien la autogestiona en su territorio, a través de organizaciones conocidas como acueductos comunitarios. En Colombia, según datos recientes de la Superintendencia de Servicios Públicos, se estima que existen cerca de 15.000 organizaciones de este tipo, conformadas por vecinos y vecinas, que trabajan para garantizar el suministro y acceso al agua a sus familias. Los diferencia el sentido de trabajar en comunidad y lo que esto conlleva: la cooperación mutua, la solidaridad, la necesaria construcción colectiva. También se caracterizan por contar con escaso apoyo institucional, y porque ven al agua como un bien común, no como una mercancía.

Una labor noble, pero sin duda compleja. Por eso, los acueductos comunitarios se han organizado en asociaciones y redes, para discutir la gestión comunitaria del agua y defenderla. ¿De qué? De la política nacional que busca privatizarla, tanto en el suministro como saneamiento; de la minería, que afecta a las fuentes hídricas que abastecen a las comunidades; de las exigencias normativas, que imponen requisitos administrativos y tecnológicos que no se ajustan a las realidades y necesidades de estas organizaciones comunitarias. A eso hay que sumarle las problemáticas específicas de cada territorio y los conflictos por la propiedad de la tierra donde se encuentran las microcuencas o la infraestructura de un acueducto.

Con muchos temas en la agenda, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia (1) realizó en Medellín, en las universidades de Antioquia y Nacional, durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016, la sexta edición del Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, durante el cual más de 300 personas deliberaron sobre las problemáticas, resistencias y alternativas para la gestión comunitaria del agua. Además, trabajaron en avanzar en su siguiente objetivo: presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley para el reconocimiento del derecho a la autogestión comunitaria del agua.

 

Un trabajo en red: unidos como las aguas

 

Así como el arroyo llega a la quebrada, la quebrada se conecta con el río y éste entrega sus aguas a uno más caudaloso o desemboca en el mar, los acueductos comunitarios de Colombia han tejido una red para defender sus intereses, formarse sobre distintos temas y trabajar de forma articulada a través de asociaciones municipales, departamentales, regionales y una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Allí, además de encontrarse entre organizaciones comunitarias asociadas, cuentan con el respaldo de diferentes organizaciones sociales y ambientalistas de todo el país que comparten sus principios.

“Lo que propició que nosotros nos encontráramos tanto a nivel regional, como nacional, fue el referendo por el agua”, dice Maya Astrid Pinzón, gestora de proyectos de Retaco (Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca). La propuesta de un referendo por el agua, tomó forma en 2006 con la campaña “El agua un bien público”. “Esta movilización creativa logró llegar al corazón de la ciudadanía desde una sin igual articulación de organizaciones sociales, pueblos indígenas, ambientalistas y acueductos comunitarios”, expresa Javier Márquez, coordinador del Programa de Cultura y Política Ambientalistas de la Corporación Penca de Sábila, en su artículo “¡A la codicia, resistencia, a la privatización, autogestión!” (2).

A pesar de los esfuerzos y de la movilización nacional, el referendo del agua no fue aprobado en el Congreso de la República. Desde entonces, las asociaciones locales y las redes regionales que se unieron en la campaña del referendo, han continuado trabajando como una Red Nacional de Acueductos Comunitarios, que no abandona la lucha por una ley de iniciativa popular. El antecedente del referendo les permitió tener un acuerdo político sobre su apuesta programática, y les ayudó a edificar la confianza entre organizaciones y sectores, que ahora confluyen en asambleas territoriales y nacionales como el pasado VI Encuentro Nacional.

 

Aguas para la paz

 

El VI Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios tuvo como eslogan: “Aguas para la paz: por el derecho a la gestión comunitaria del agua”, porque ante un próximo escenario de posacuerdos hay que reconocer que las asociaciones comunitarias también son actores de la convivencia en los territorios. “Los acueductos comunitarios son un ejemplo de que a través del manejo de un bien común la gente tiene que hacer pactos, llegar a acuerdos, tranzar conflictos, resolverlos adecuadamente, porque tienen que convivir alrededor del agua, y porque ninguna familia se puede quedar sin agua”, dice Javier Márquez.

Los acuerdos de paz proponen un desarrollo rural integral. Y, ¿qué es desarrollo rural integral sin agua? Márquez plantea que la gestión comunitaria del vital líquido ha garantizado que haya agua para el consumo humano y para la agricultura, para lo pecuario, y para otras actividades de la economía familiar campesina. El proyecto de una “Ley propia” para defender la gestión comunitaria del agua, quiere precisamente reafirmar que es intrínseco a la persona tener derecho a un mínimo vital de agua, y que los acueductos comunitarios necesitan reconocimiento y acompañamiento en esa labor para seguir garantizando ese derecho.

“La constitución y las distintas normas nacionales no reconocen y no visibilizan lo que hacen los acueductos comunitarios, a pesar de que se hacen cargo del 50% de la gestión del agua en el país”, afirma Maya Pinzón. Hasta ahora a los acueductos comunitarios les aplican las mismas normas de control y los parámetros que a las empresas prestadoras de servicios públicos, según lo consignado en la ley 142 de 1994. “La propuesta de Ley propia surge después de analizar el impacto que tiene en la cotidianidad una ley que nos compara con las empresas y que tiene exigencias de todo orden”, comenta Bibiana Salazar, abogada de la Comisión Jurídica de la Red Nacional, quien estuvo a cargo de la compilación y redacción del proyecto de ley.

Según Salazar, desde la asesoría jurídica y política, no es posible evitar los efectos de una ley, si no es a través de un instrumento jurídico, porque ésta tiene una fuerza de obligatoriedad que los acueductos comunitarios no pueden evadir. Así que lo que la Ley propia plantea es una alternativa para hablar de una gestión comunitaria del agua y no de servicios públicos, de una garantía de derechos, antes que de una prestación de servicios y de costos por el vital líquido. Entonces, aunque no pueden sustraerse del modelo neoliberal, las asociaciones abogan por una mirada diferente a la mercantilista. Ellos defienden la posibilidad de mantener su relación con la naturaleza de ecología política.

El trabajo de construcción de la Ley propia va desarrollándose en los encuentros nacionales y regionales, las dos audiencias públicas llevadas a cabo en el Congreso, los foros, asambleas y talleres jurídicos. “En un encuentro se analizó la política de aguas y su relación con el marco legal, en otro momento se decidió empezar a recoger los insumos para un proyecto de ley (en el encuentro de Villavicencio en 2015), y en este último, se socializó y se debatió en grupos de trabajo sobre la pertinencia, la necesidad de sustracciones o modificaciones al proyecto de ley”, comenta Salazar.

Para Claudia Cadavid, asociada del Acueducto Comunitario de San Andrés (Girardota), el VI Encuentro fue un espacio para seguir fortaleciendo la confianza en ese trabajo en red, ella dice: “es muy bueno saber que hay un grupo de personas de distintas partes del país que está proponiendo cómo defendernos, cómo decirle al Estado, al Congreso, que nosotros existimos y que cada vez somos más personas que defendemos la gestión comunitaria del agua”.


Después del VI Encuentro la discusión sobre la Ley propia continúa. Las personas que participaron ya empezaron a realizar talleres y asambleas para socializar el proyecto de la Ley propia en sus territorios, y los representantes de distintas organizaciones y asociaciones que hacen parte del taller jurídico de la Red han estudiado lo construido hasta el momento, revisando la pertinencia de cada artículo y vislumbrando cuál será la manera más acertada de presentar el proyecto de ley ante el poder legislativo y la opinión pública. “Es una ley de iniciativa popular que, independientemente de cómo la presentemos, tiene el valor de ser una propuesta de la comunidad”, concluye Claudia Cadavid.


Los acueductos comunitarios llevaran su Ley propia a todos sus territorios y asambleas, como mensajeros y mensajeras del este líquido vital. Con sus propuestas y demandas, le dirán al país que son un caudal que no pueden detener, porque sin su gestión comunitaria no podrá haber paz en los territorios. Y por último nos repetirán, eso que de tanto oír parece que ha perdido sentido, que el agua es fuente de vida. Por ello, el acceso y suministro de agua es un derecho humano fundamental, y defenderlo es su compromiso.

 

* Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
1 Para conocer más sobre la Red Nacional de Acueductos Comunitarios visite el sitio web: http://redacueductoscomunitarios.co
2 Revista Agua Nº3, 2016.

 



Quiénes integran la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia:

 

  • Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca –Retaco–
  • Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca –Fecoser–
  • Red de Acueductos Comunitarios Región Caribe
  • Proceso de Articulación Acueductos Comunitarios de Pasto, Nariño
  • Comité de impulso de acueductos articulados del Meta
  • Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia –Adaca–
  • Enda América Latina
  • Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila
  • Corporación La Ceiba
  • Instituto Mayor Campesino –Imca–
  • Corporación de Desarrollo Solidario –CDS–
  • Censat Agua Viva
  • Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC–
  • Areco –Asamblea Regional Centro Oriente de Ecofondo–
  • Ecofondo Nacional
Publicado enEdición Nº232
Comienza la construcción del último tramo del oleoducto en Dakota del Norte

Activistas llegan a la zona afectada; indígenas convocan a movilizaciones por todo el país
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El gobierno de Donald Trump autorizó el inicio del último tramo de un oleoducto frenado por un masivo movimiento indígena a finales de la presidencia anterior, con lo que agregó una nueva violación a un acuerdo más en esa larga historia de Estados Unidos contra los pueblos originarios.

Representantes del pueblo siux de Standing Rock expresaron: "esta lucha no ha acabado". Sus abogados presentaron este jueves una demanda para tratar de suspender la reanudación de obras cerca de su reservación en Dakota del Norte, mientras activistas acuden para sumarse de nuevo a los que permanecen en campamentos en esa zona. A la vez, los siux convocaron acciones de protesta por todo el país, que empezaron este jueves, y una marcha nacional en Washington el 10 de marzo por la defensa de los derechos indígenas y la defensa del agua de todos (standwithstandingrock.net).

Pero las operaciones de construcción del oleoducto Dakota Access, que incluyen la perforación en la zona disputada y debajo de un río que con un derrame podría contaminar el agua potable de los indígenas y otros pueblos, arrancó este jueves, según voceros de las empresas que tienen el objetivo de concluir este último tramo del oleoducto en los próximos meses.

Una de las primeras medidas ejecutivas de Trump fue girar instrucciones para apresurar la aprobación de Dakota Access y con ello revertir la decisión del gobierno de Barack Obama en diciembre, de frenar el proyecto mientras se evaluaba el impacto ambiental y se negociaba con los líderes indígenas en esa zona. Trump fue inversionista en la empresa encargada del proyecto, Energy Transfer Partners, y también fue beneficiado por donaciones a su campaña por el ejecutivo en jefe de la empresa.

La decisión es un revés a un movimiento sin precedente que se volvió símbolo nacional e internacional de resistencia contra la violacion de derechos indígenas y la lucha por el medio ambiente, en particular contra los hidrocarburos.

Peor aún, la decisión se anunció el martes, mientras llegaba a Washington el presidente de la tribu siux de Standing Rock, la cual encabeza el masivo movimiento de oposición al proyecto, para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump. David Archambault II canceló su reunión y comentó al Washington Post: "me siento ofendido, fue una falta de respeto".

Emitió una declaración en la que solicitó a los aliados que ejerzan su derechos de libre expresión "para recordarle al presidente Trump qué estamos defendiendo", y recordó que estaba en Washington para tratar de ayudar a los funcionarios “a entender por qué hay un movimiento... y todos los males que se han hecho contra mi nación por esta nación”.

Integrantes del pueblo siux de Standing Rock reiteraron a medios que "esta lucha continúa". LaDonna Brave Bull Allard, fundadora de uno de los campamentos, comentó a The Guardian: "ya no se trata sólo de Standing Rock, se trata del mundo. Más allá de lo que ocurra aquí, aun cuando están perforando mientras hablamos, todos tenemos que defender el agua". Otros coreaban en Lakota: "el agua es vida".

Este proyecto de construcción provocó un movimiento de resistencia indígena sin precedente en las últimas décadas, al cual se sumaron representantes de más de 200 naciones indígenas en el transcurso de los meses, y a partir del verano pasado contó con nuevos aliados: ambientalistas, religiosos, estudiantes, integrantes de Black Lives Matter, artistas, solidarios de otras partes del mundo y cientos de veteranos militares, algunos de los cuales llegaron en diciembre para ofrecer protección después de que se cansaron de ver noticias sobre la constante represión a los activistas por guardias y autoridades locales.

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Los Sioux (también) se ponen en pie de guerra contra Donald Trump La decisión de Donald Trump de resucitar el proyecto para la constru

La tribu Sioux de Standing Rock y sus defensores han hecho la promesa de resistir la orden ejecutiva de Donald Trump que autoriza la construcción de un oleoducto en Dakota y piensan impulsar medidas legales, llamar a la desobediencia civil e instalar un campamento de resistencia para proteger el agua del río.


"El presidente Trump tiene la obligación legal de respetar los derechos que nos reconocen los tratados y garantizar que todo el proceso para la construcción del o leoducto sea justo y razonable", explica el jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, Dave Archambault, que afirma que la decisión de Trump [de resucitar un proyecto que Obama impidió] tiene motivaciones políticas.


"Si crea un segundo Flint [una ciudad con el agua contaminada por plomo] no conseguirá que Estados Unidos recupere su grandeza, como prometió", señala.


La orden ejecutiva ha vuelto a poner sobre la mesa un proyecto de 3.800 millones de dólares q ue se daba por muerto y que contempla cruzar el río Missouri y llegar hasta la reserva Sioux de Standing Rock. La tribu cree que el oleoducto podría contaminar el agua potable y destruir lugares sagrados.


El pasado 5 de diciembre, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos denegó un permiso al oleoducto para ocupar un tramo del río. Esta decisión supuso una gran victoria para miles de nativos americanos y ecologistas que habían levantado campamentos en la orilla del río para resistir el avance del oleoducto.


Todo hacía prever que la denegación del permiso y el inicio de un estudio sobre el impacto medioambiental del proyecto iban a demorar las obras del oleoducto durante años.


Las organizaciones para la protección del agua de Washington se empezaron a movilizar en Facebook el martes con el objetivo de manifestarse ante la Casa Blanca esa misma tarde. "Para frenar este proyecto tendremos que movilizarnos en nuestra comunidad, llamar a las puertas de las personas influyentes y desplazarnos hasta donde estén los oleoductos", indicó el grupo.


"Es un insulto a los nativos americanos"


Jan Hasselman, el abogado de la tribu, ha explicado que Trump ha "esquivado de forma ilegal y arbitraria" las conclusiones que llevaron a la administración Obama a no autorizar este proyecto. "Es un insulto a los sioux de Standing Rock y a todos aquellos que defienden su causa en los territorios indígenas y representa la vuelta a un patrón histórico de vulneración de los derechos de las comunidades indígenas", ha añadido.


Dallas Goldtooth, un activista de la Red Ambiental Indígena y miembro de las tribus Mdewakanton Dakota y Dine, indica que él ya había previsto que Trump se posicionaría a favor de los oleoductos, pero que no esperaba que aprobara una orden ejecutiva nada más llegar a la Casa Blanca.


"Es un ataque a nuestras tierras ancestrales", afirma: "Estas órdenes ejecutivas demuestran que Trump está más que dispuesto a incumplir la ley federal que proteg e el medioambiente, nuestras comunidades y los derechos de las comunidades indígenas si con ello puede obtener petróleo y gas".


Ron Caballo de Trueno, miembro de la tribu Hunkpapa-Lakota Oyate, sopesó la posibilidad de iniciar una larga batalla legal para frenar la construcción del oleoducto. Sin embargo, el exjefe de la tribu de Standing Rock tiene reservas ya que cree que la empresa podría seguir adelante con el apoyo de Trump.


"Conseguiríamos ganar tiempo pero nada más", ha indicado: "Esto nos llevaría al mismo punto en el que estábamos cuando empezamos a movilizarnos unos meses atr ás".


A principios de diciembre, los campamentos de protesta de Standing Rock albergaban a decenas de miles de personas, pero muchas de ellas se fueron cuando las autoridades denegaron el permiso. Tras conocer esta medida y ante la inminente llegada del frío, la tribu recomendó a todos aquellos que los estaban apoyando que regresaran a sus casas y el 21 de enero, con el voto unánime del consejo de la tribu, volvió a pronunciarse en el mismo sentido.


Sin embargo, y a pesar de las bajas temperaturas en Dakota del Norte, entre 300 y 500 activistas han permanecido en el campamento y esto ha provocado varios enfrentamientos con las fuerzas policiales. La contundente reacción de una policía militarizada ha generado preocupación.


Linda Black Elk, de la tribu Catawba Nation y que colabora con el Consejo de Médicos y Sanadores de Standing Rock, ha señalado que los activistas se han esforzado por mantener el campamento limpio y que han seguido las instrucciones del consejo de la tribu. Sin embargo, los acontecimientos del martes marcan un nuevo escenario.


"Tenemos que proteger el agua"


" Ahora no podemos retroceder. Tenemos que proteger el agua de las generaciones futuras", afirma: "No tengo miedo por lo que me pueda pasar pero me aterra lo que pueda pasar en el futuro". Muchos activistas que se fueron a sus casas en diciembre esperan regresar a los campamentos pronto.


Xhopakelxhit, miembro de las tribus Nuu Chah Nulth, Coast Salish y Cree, que el año pasado fue una presencia constante en Standing Rock, ya ha avanzado que regresará tan pronto como sea posible.


"Si quieres apoyar a la tribu de Standing Rock, ahora es el momento", indica Xhopakelxhit, que forma parte del campamento de "guardianes rojos", que ha organizado varias acciones directas contra el oleoducto. "Los activistas que han perma necido en el campamento están pidiendo ayuda y necesitan urgentemente que muchas otras personas se solidaricen con ellos", señala.


Otros han prometido que expresarán su solidaridad con protestas a lo largo y ancho del país. "Necesitamos un movimiento masivo de desobediencia civil y que los ciudadanos expresen su solidaridad con Standing Rock", explica Kandi Mossett, miembro de las tribus Mandan, Hidatsa y Arikara, y que vive en Dakota del Norte. "La administración Trump está provocando una revolución que nos hará más fuertes que nunca".


Cheryl Angel, de la tribu Sicangu Lakota, fue una de las primeras activistas en llegar al campamento de la piedra sagrada. Hace un llamamiento para que se lleven a cabo acciones de protestas a diario.


En el caso de Búfalo Saltarín, miembro de la tribu Standing Rick Sioux y cuyo nombre en inglés es Troy Fairbanks, la decisión de Trump tuvo lugar en un día muy triste para él. Descendiente de Toro Sentado (la sexta generación) estaba preparando el funeral de su hija cuando the Guardian lo llamó.


"No bebemos petróleo, es muy triste", dijo. El anciano no pierde la esperanza de que sus oraciones serán escuchadas. "Nunca se ha hecho justicia con las comunidades indígenas –afirma–. Pero ahora todo el mundo es testigo de lo que está pasando".

 

• theguardian

Julia Carrie Wong y Sam Levin
29/01/2017 - 21:14h
Traducido por Emma Reverter

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Lunes, 16 Enero 2017 06:24

El Salto del Tequendama

El Salto del Tequendama

Veo con ilusión el titular del diario Público llamado “Los lugares abandonados más bellos del mundo”. Ese interés está dado en parte porque reconozco el edificio que aparece en la foto que lo acompaña, pese a que debe estar tomada hace ya un tiempo. Es el antiguo hotel “El Refugio del Salto” en el lugar conocido como el Salto del Tequendama.


Pero mi gozo se queda en el pozo al desplegar la noticia y ver que la referencia a tan espectacular lugar, que ocupa el cuarto puesto entre los diez sitios descuidados que el autor del artículo menciona, se resuelve con un simple párrafo que dice


“Sin duda, uno de los más espectaculares edificios abandonados del mundo. El Hotel del Salto se ubica en Colombia, junto a las Cataratas de Tequendama. Su altura es tal que muchos han elegido este lugar para lanzarse al vacío y acabar con su vida.”


Creo que el sitio ameritaba algo más que tres líneas en las que se da un nombre equivocado al hotel, se tilda de cataratas a lo que todo el mundo en Colombia conoce como el Salto y se destaca que es elegido para suicidarse por su elevada situación geográfica.


El Salto del Tequendama es una caída de agua de ciento cincuenta y siete metros, según lo medido en su día por Humboldt con un barómetro, que la coloca como la segunda catarata más alta de la Tierra, después del salto del Ángel en Venezuela.


Está situada a algo más de treinta kilómetros de la capital colombiana y es uno de los obstáculos que se encuentra el río Bogotá en sus trescientos ochenta kilómetros de recorrido, desde su nacimiento a más de dos mil setecientos metros de altitud hasta llegar al caudaloso río Magdalena en donde desemboca después de atravesar cañones como el que se forma en el municipio de Soacha al que pertenece el salto.


El edificio que está en la foto del diario español fue en su día el hotel “El Refugio del Salto” y hoy forma parte de un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia y una fundación ecologista para convertirlo en museo y contribuir con ello a recuperar la zona. Para lo que también se está trabajando en la rehabilitación del río Bogotá que sufre altos niveles de contaminación.


A ese espacio natural le dediqué una entrada en mi antiguo blog, hoy eliminado, en enero de 2015 después de realizar un recorrido por aquellos parajes durante una salida de campo. Lo titulé “Viaje al principio de todo” y decía lo siguiente:
Por lo general, nos empeñamos en viajar al fin del mundo cuando no sé sabe bien qué es y dónde está.


Nuestro recorrido empezó con una vuelta al pasado reciente, el vehículo que nos transportaba marcaba las ocho de la mañana del día 24 de agosto de 2001. ¿Una premonición? No lo creo, pero sí un aviso de que nos dirigíamos hacia atrás en el tiempo.


Llegamos al lugar previsto hacia las cuatro de la madrugada, un inicio de día frío y ventoso que no nos adelantaba qué sería y cuál iba a ser el calor que nos produciría la experiencia. La niebla nos fue introduciendo en la mañana, el día aparecía lentamente y sin la fuerza del sol. Solamente nos acompañaba un ruido que no mostraba lo que lo originaba y un olor no muy agradable.


Entre la bruma, las gotas golpeaban suavemente el rostro, el poco que quedaba al aire entre una vestimenta cercana a los equipos de intervención ante desastres químicos.


Cuando los tenues rayos de sol hicieron acto de presencia entre las nubes y la niebla, ante nosotros se presentó un espectáculo. El río Bogotá llegaba al salto del Tequendama y se precipitaba en una caída de ciento cincuenta y siete metros, según lo medido por Humboldt con un barómetro, al fondo de unas hoces verdes y rocosas. La majestuosidad del agua en su torrente opaca las contradicciones de una corriente de gotas contaminadas por muchas de las prácticas que los humanos producen, provocan y no limitan en su actividad como depredadores del planeta.


La segunda catarata más alta de la Tierra, después del salto del Ángel en Venezuela, reúne en su imagen la belleza y la tristeza. Un prodigio de la naturaleza perjudicado por el mal uso y escasa protección que se le da por parte de quien la disfruta y la explota. Frente al verde de múltiples tonalidades, los humos blancos y grises de una cementera; contra la prístina agua que acompaña al río en sus inicios en Villapinzón, la alba espuma y el negro aceite de vertidos y desechos que le caen en su recorrido por tierras cundinamarquesas.


Era realmente un viaje al principio de todo, al agua que nos ha permitido la vida en el planeta, a los tiempos de naturaleza virgen y salvaje, a la biosfera sana y al hábitat impoluto. Pero la realidad es muy otra. Llama la atención la poca fauna a la vista en el aire y entre el bosque primario que recorre la margen derecha del Bogotá. Tampoco es probable que haya vida de peces o anfibios en aguas tan castigadas por la contaminación.


Los originarios muiscas desaparecerían como fantasmas si vieran en qué estado se encuentra uno de sus lugares sagrados. Las puertas abiertas, significado de Tequendama, han sido cerradas por la ignorancia y la falta de ética del hombre. El salto no nos lleva al cielo, aunque en su entorno nos sintamos como rozando las nubes.


El lugar pertenece al municipio de Soacha, a unos 30 km al suroeste de la capital colombiana, en el Departamento de Cundinamarca. El Bogotá recorre cerca de trescientos ochenta kilómetros en los que desciende desde los más de dos mil setecientos metros de altitud hasta desembocar, atravesando cañones y valles en el río Magdalena a unos doscientos ochenta metros sobre el nivel del mar.


La falta de interés efectivo por el río y su esplendoroso salto por parte de las administraciones públicas, que no se ponen de verdad a la tarea de recuperar un paraje único de la naturaleza; como de las empresas que se aprovechan de él, desde las curtimbres a la empresa de electricidad pasando por la cementera, como de las personas, tanto las que habitan la zona como las que viven de su atractivo turístico o las que lo visitan, que botan los residuos al cauce como si fuera un basurero, hacen que se pierda gran parte del atractivo del salto.


La casa que “cuelga” al borde de uno de los precipicios de estas serranías fue en su momento el hotel El Refugio del Salto, edificación de arquitectura francesa inaugurada en 1923 como lugar de reposo y alojamiento para las clases pudientes. Hoy, una iniciativa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia junto a la Fundación Granja Ecológica El Porvenir está intentando recuperar la mansión que acoge ahora la Casa Museo del Salto del Tequendama, propuesta aún en pañales pero que ojalá consiga rescatar no solamente el edificio sino todo su entorno, sobre todo el río y su maravilloso salto.


Al margen de los fantasmas de la hoy casa museo y de los suicidios al borde de la cascada, la zona merece una visita para contemplar un enclave natural sorprendente, para escuchar el ruido del agua al precipitarse a la fosa y para, en definitiva, disfrutar de un viaje al principio del mundo, al lugar donde los muiscas asentaban su hogar y sus dioses disfrutaban de la Tierra, algo que uno no se puede perder. Antes de que la dejadez y la falta de entendimiento de personas e instituciones terminen de llevar a cabo un ecocidio. Un lugar del que von Humboldt, uno de los pintores de la naturaleza, describía a principios del siglo XIX así:


“ (...) El gran muro de roca, cuyas paredes baña la cascada y que por su blancura y la regularidad de sus capas horizontales recuerda el calcáreo jurásico; los reflejos de la luz que se rompe en la nube de vapor que flota sin cesar por encima de la catarata; la división al infinito de esta masa vaporosa que vuelve a caer en perlas húmedas y deja detrás de sí algo como una cola de corneta; el ruido de la cascada parecido al rugir del trueno y repetido por los ecos de las montañas; la oscuridad del abismo; el contraste entre los robles que arriba recuerdan la vegetación de Europa y las plantas tropicales que crecen al pie de la cascada, todo se reúne para dar a esta escena indescriptible un carácter individual y grandioso. Solamente cuando el río Bogotá está crecido, es cuando se precipita perpendicularmente y de un solo salto, sin ser detenido por las asperezas de la roca. Al contrario, cuando las aguas están bajas, y así es como las he visto, el espectáculo es más animado. Sobre la roca existen dos salientes: la una a 10 metros y la otra a 60 metros; éstas producen una sucesión de cascadas, debajo de las cuales todo se pierde en un mar de espuma y de vapor.” (*)


Nuestro viaje terminaba con el regreso a nuestros días a bordo del vehículo que ahora marcaba la una de la madrugada del 25 de agosto de 2001. Nuestro recorrido había ido mucho más atrás en el tiempo, habíamos contemplado el lugar que el personaje mitológico muisca Bochica creó a partir de romper una gran roca con su bastón, dejando las puertas abiertas para que saltará el agua. Unas aguas que están llamando a que la flora y la fauna vuelvan a llenarlas.


(*) Del libro Memorias, de Jean Baptiste Boussingault. Expediciones científicas e historia natural 1802-1887. En la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/memov1

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Sábado, 10 Diciembre 2016 06:38

Victoria en Standing Rock, por ahora

Victoria en Standing Rock, por ahora

 

La construcción del oleoducto Dakota Access se ha detenido, al menos por ahora. El domingo, la nación sioux de Standing Rock junto con sus miles de aliados indígenas y no indígenas, obtuvieron una victoria tan extraordinaria como inesperada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunció que había denegado el permiso para que la empresa responsable del oleoducto, Energy Transfer Partners, perforara por debajo del río Missouri y que se implementaría un estudio de impacto ambiental integral. La organización de base, las acciones directas pacíficas y el liderazgo de los pueblos indígenas en la primera línea de la lucha lograron detener el proyecto de casi 2.000 kilómetros de longitud, valuado en 3.800 millones de dólares.

Sin embargo, mientras los protectores del agua festejaban en los campamentos congelados, surgió una pregunta: ¿Qué va a pasar cuando Donald Trump asuma la presidencia en solo seis semanas?

El jefe de la tribu sioux de Standing Rock, Dave Archambault II, dijo a Democracy Now! unas horas después de conocer la noticia: “Finalmente, por primera vez en siglos de historia, alguien nos está escuchando. Hace casi dos años que estamos hablando del tema con el Cuerpo de Ingenieros, y les hemos dicho que teníamos problemas con este oleoducto porque no solo amenaza nuestra agua, también amenaza nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medio ambiente”.

Un frío glacial ha descendido sobre la región, complicando aún más la vida en los campamentos de resistencia. Durante el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias, el sheriff del condado de Morton, Kyle Kirchmeier, con el apoyo de un grupo multijurisdiccional de la policía paramilitar y la Guardia Nacional, lanzó un operativo contra los manifestantes que incluyó un arsenal de gas pimienta, granadas de contusión, gas lacrimógeno, balas de goma y, en medio de ese frío helado, cañones de agua.

El gobernador republicano saliente de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, el sheriff Kirchmeier y el director ejecutivo de Energy Transfer Partners, Kelcy Warren, comparten la responsabilidad por los meses de violencia desenfrenada del personal policial y de la compañía de seguridad privada en la represión a quienes se resisten al oleoducto. Una semana antes de que el permiso de perforación fuera denegado, Dalrymple declaró un estado de emergencia y dijo: “Las condiciones invernales pueden poner en peligro la vida humana”. En respuesta, la tribu sioux de Standing Rock escribió: “El gobernador de Dakota del Norte y el sheriff del condado de Morton son relativamente recién llegados [aquí]. Es comprensible que se preocupen por el intenso frío invernal”. Una semana después, el ex vicepresidente Al Gore opinó que el uso de cañones de agua con este frío era “inhumano” y calificó al oleoducto en cuestión como “una atrocidad”.

Mientras Dalrymple amenazaba con desalojar por la fuerza a los miles de protectores del agua pacíficos, otro tipo de tropas se agrupaban en su defensa. Veteranos de guerra del ejército estadounidense respondieron a un llamado de los ancianos tribales para que fueran a defender el campamento. El grupo “Veterans Stand for Standing Rock” viajó a los campamentos para formar un escudo humano alrededor de los protectores. Más de 2.000 veteranos hicieron el viaje bajo el liderazgo del veterano Wes Clark junior. Si su nombre les suena, es posible que conozcan a su padre: Wesley Clark padre, el general retirado de cuatro estrellas que se desempeñó como Comandante Supremo de la OTAN en Europa y más adelante se postuló a presidente por el Partido Demócrata.

Tras el anuncio de que no se iba a aprobar el permiso para perforar bajo el río Missouri, Wes Clark junior habló en una ceremonia en Standing Rock: “Vinimos. Peleamos contra ustedes. Tomamos sus tierras. Firmamos tratados que rompimos. Robamos minerales de las colinas sagradas. Tallamos las caras de nuestros presidentes en su montaña sagrada. Y tomamos todavía más tierras. Luego tomamos a sus hijos. Luego tratamos de tomar su idioma. Tratamos de eliminar el idioma que Dios les dio y que el Creador les dio. No los respetamos. Contaminamos sus tierras. Los hemos lastimado de varias maneras. Y hemos venido para decir que lo sentimos, que estamos a su servicio, y suplicamos su perdón”.

El jefe tribal de Standing Rock, David Archambault, nos dijo: “El oleoducto no seguirá adelante. Quienes están acampando allí podrán ahora disfrutar del invierno en sus hogares con sus familias”. Pero muchas de las personas del campamento siguen escépticas, como el veterano estadounidense Remy, miembro de la nación navajo, que está en Standing Rock hace casi seis meses: “Hasta que el proyecto no haya sido desestimado no pensamos irnos a ninguna parte”.

Donald Trump respalda el oleoducto y es muy posible que intente sabotear la decisión tomada por el gobierno de Barack Obama de negar el permiso de perforación. Según las declaraciones de información financiera, Trump tuvo entre 500.000 y un millón de dólares invertidos en el oleoducto, aunque un portavoz de Trump afirma que ya ha vendido sus acciones. Trump ha nombrado al fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental. El congresista Keith Ellison dijo que el nominado “niega la existencia del cambio climático y está comprometido con las empresas de combustibles fósiles”. Además, Ellison, que es codirector del bloque progresista del Congreso, afirmó: “Scott Pruitt procura revertir las protecciones ambientales y salir en apoyo de las empresas multimillonarias de petróleo y gas”.

El pasado mes de septiembre, Olowan Martinez, protectora del agua lakota, se encadenó a una máquina excavadora utilizada para la construcción del oleoducto. Fue arrestada y pasó una semana en la cárcel. Cuando le preguntamos cuánto tiempo planeaba quedarse en los campamentos, nos dijo: “Hasta que sepamos con certeza que esta serpiente negra ha muerto”.

El frío, la violencia policial y las promesas del gobierno no lograrán disuadir a este grupo de protectores del agua y de la tierra.

 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

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