Miércoles, 24 Octubre 2018 17:03

Bogotá contenerizada

Bogotá contenerizada

En la supuesta búsqueda de un modelo de basuras a la altura de las necesidades de Bogotá, en el mes de octubre comienza la instalación de un modelo de recolección de basuras a partir de recipientes o contenedores. Las organizaciones de recicladores, como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, cuestionaron este modelo, ¿por qué?

 

El pasado 12 de octubre se cumplió el plazo para que los concesionarios que ganaron la licitación de aseo en Bogotá, comenzaran a instalar los contenedores de recolección de basuras –uno para ordinarios y otro para reciclaje–, proyectados para el 25 por ciento de la ciudad1. Este modelo, que abre un ejercicio experimental para esta urbe, inició con un desfase: no tomó en cuenta ni articuló con la organización de recicladores la recolección de los desechos que por toneladas producen a diario los pobladores capitalinos.

 

A propósito de este desfase, vale la pena recordar que los pliegos para la licitación de aseo de Bogotá presentados en el 2016 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –Uaesp–, tuvieron que ser cambiados por efecto de una tutela que obligó a reconocer la articulación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, como lo ha exigido la Corte Constitucional en sentencias y autos de seguimiento desde 2003.

 

En tales pliegos, a los concesionarios les exigían que para iniciar con el proceso de instalación de contenedores, lo primero que debían seguir –y que en la realidad aún no cumplen– era un análisis “[…] técnico a cargo del prestador, el cual deberá elaborarse durante los cuatro (4) meses siguientes de la firma del acta de inicio y tendrá como propósito definir el esquema operativo de atención y distribución de estos elementos”2.

 

Tal análisis debía incluir el reconocimiento de las rutas históricas de los recicladores de oficio, proyectando y consolidando microrutas más eficientes que garanticen el trabajo a todos los recicladores. Sin embargo, lo que realizó la Uaesp fue un formato donde les pidió a las organizaciones que puntualizaran dónde querían los contenedores, sin avanzar en una verdadera articulación y concertación entre organizaciones, recicladores independientes y concesionarios. En este sentido, estos últimos manifestaron en Audiencia Pública celebrada el 27 de julio 2018, que ya habían entregado la propuesta a la Uaesp para que la validara y así poder avanzar con la ejecución de la licitación.

 

Ante esta respuesta las organizaciones de recicladores, específicamente la Unión Nacional Independiente de Recicladores –Unir3– respondió que el proceso en cuestión no se hizo correctamente ya que en algunos casos llamaron solo a recicladores independientes, y no se conocía la propuesta final de cada concesionario. Adicionalmente tampoco desarrolla bien la exigencia de: “[…] el adjudicatario se obliga a desarrollar campañas rigurosas de sensibilización y pedagogía social a partir de la firma del acta de inicio; enfocadas a promover la separación en la fuente, así mismo debe instruir al usuario sobre el uso debido de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables que sean instalados, el respeto por las frecuencias y horarios de atención del servicio y demás tópicos que permitan lograr los objetivos de la contenerización […]”4.

 

Un modelo que promueve la desigualdad

 

Lo que quedó claro con este proceder de los concesionarios y la Uaesp es que con el nuevo modelo de recolección de basuras no desean incluir a los recicladores de oficio, ni mucho menos reconocer sus organizaciones, no de otra manera puede entenderse que unas semanas antes de cumplirse la fecha de su implementación aún no hubieran realizado suficientes campañas o se hubieran hecho, pero sin incluir a los recicladores; adicionalmente los usuarios no habían recibido una información clara y suficiente.

 

Estamos ante un modelo sin garantías para los recicladores. Siguen sin garantizar el acceso cierto y seguro, incumpliendo que las estructuras de los contenedores deben “[…] facilitar a los recicladores de oficio acceder al material aprovechable […]”5. Por el contrario, todas las propuestas presentadas por los diferentes modelos para procesar basuras tienen en común que no son de fácil acceso para los recicladores. Inclusive, algunos modelos de contenedores tienen llantas, lo que puede convertirse en un riesgo para producir o multiplicar accidentes, lo cual está prohibido en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo.

 

Es importante tener en cuenta, también, que la ciudadanía aún no tiene conciencia sobre la necesidad de separar los desechos en la fuente, razón por la cual parte de las exigencias de las organizaciones de recicladores es tener acceso al contenedor de no aprovechables, pues allí se va a perder mucho material. Sin embargo, este acceso aún no está bien definido.

 

Y esto no es una obsesión nuestra. Para poder argumentar en este proceso nos dimos a la tarea de revisar experiencias similares –exitosas– en otros países y una de sus características es que tienen un contenedor para residuos ordinarios y tres o cuatro para reciclaje, evitando su contaminación, lo cual también es un tema por revisar.


El análisis de lo decidido para este modelo nos lleva a prever múltiples conflictos entre los recicladores, pues se presentarán tensiones por los contenedores entre los recicladores que pasan por la misma ruta. Además, por falta de conciencia y educación para la separación de residuos, existe la posibilidad que estos contenedores se conviertan en puntos críticos de acumulación de basura. Por esta razón, por exigencia de toda la ciudadanía en el mes de septiembre retiraron los contenedores del centro de la ciudad de Manizales.

 

Un tema que debe ir más allá de los recicladores

 

Ahora, pese a lo anotado, desde Unir consideramos que el modelo de contenerización y micro-rutas es correcto para Bogotá. Pero, para que sea exitoso es indispensable garantizar la concertación y la articulación con toda la ciudadanía y con las organizaciones de recicladores, lo que implica, además, invertir recursos públicos en la recolección y el transporte que realizan los recicladores, de lo contrario será un gran fracaso. En la mencionada Audiencia Pública del pasado 27 de julio, fueron presentadas estas y otras denuncias. Una vez hecho esto público, y conociéndolo también Procuraduría, esperamos esté atenta para ejercer la vigilancia respectiva y los correctivos necesarios.

 

Por las razones expuestas, instamos a las autoridades competentes, al gremio reciclador de oficio y a la ciudadanía en general, para que evitemos futuros desórdenes ya que, al fin y al cabo, toda la inversión viene del pago del servicio público que todos y cada uno de los usuarios realizamos.



* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Asesor: Emrs esp y Unir Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Toda la información de la licitación puede verse en el Anexo 11 denominado “Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de recipientes o contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.198502&isModal=true&asPopupView=true
2 Ibíd, p. 4.
3 Organización de recicladores de segundo nivel, conformada desde febrero de 2017, que tiene como objetivos el avanzar en el proceso de formalización, exigiendo los recursos necesarios a las instituciones públicas, en el marco de beneficiar a todo el gremio reciclador de oficio. Está conformada en el momento por las organizaciones de primer nivel: Emrs Esp, Aramb, Ger 8, Arbo, Fesnopmaoesp, Buenos Aires, Sineambore y Remarek.
4 Anexo 11, p. 4.
5 Ibíd. p, 5.

Publicado enEdición Nº251
Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Como el cangrejo. En Bogotá operan en la actualidad 124 comedores comunitarios que benefician a cerca de 35.700 personas, una cifra que ha disminuido entre los años 2016 y 2018 en un 17.24 por ciento, según lo reconoce la Personería. Los jardines y casas vecinales también presentan retroceso. La administración, con excusas, señala la presente como una coyuntura traumática, sin dejar de excusarase en la supuesta intensión oscura que prevalece en los procesos de contratación. ¿A qué juegan las instituciones y qué esperan las comunidades?

 

En Bogotá, desde el comienzo de la administración Peñalosa disminuyó la atención de jardines y comedores a los sectores populares. En efecto, entre marzo de 2017 y junio de 2018 se dejaron de entregar cerca de medio millón de raciones de alimentos a personas de escasos recursos. Así lo confirmó Carmen Teresa Castañeda, personera distrital. Realidad que confirma, una vez más, que una cosa es la campaña electoral y otra el gobierno.

 

Es una decisión con continuidad. Entre los meses de junio y julio de 2018 sólo estaban operando el 23.6 por ciento de todos los comedores de la ciudad, pues en estos meses fueron cerrados 90 de estos, dejando sin atención a 28.000 personas. Otra “decisión técnica” de Kike que por incompetencia dejó terminar los contratos de 110 comedores, excusándose en que perdieron la noción de la vigencia de la ley de garantías.

 

A todo esto debe sumarse que algunos comedores incluso llevan cuatro meses inoperantes, y 20 comedores no volverán a abrirse. Las localidades más afectadas son Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén. La culpa administrativa recae también en las alcaldías locales que tenían modalidades de contratación directa.

 

Los efectos del “receso obligado” también afectaron a 68 jardines, en especial los cofinanciados, los que representan el 15 por ciento de los cupos de la ciudad. Incluso con cierres a establecimientos para población especial, como los tres Centros Avanzar que desde comienzo de año y hasta agosto afectaron a 230 niños con discapacidades múltiples que quedaron sin la atención requerida. Cierres que se concretaron sin socialización previa con la población afectada. Es decir, estamos ante hechos consumados, ante un gobierno que impone y no discute ni concreta, mucho menos educa.

 

Qué dice la administración

 

La Secretaria Distrital de Integración Social (Sdis), a través de Juan Carlos Peña –director de nutrición y abastecimiento de la entidad–, explicó que la causa principal de la finalización de los contratos y los cambios de operador se dieron por el giro en el modelo de contratación del decreto 777 de 1992 al 092 de 2017, que rige actualmente. Pero 90 comedores vivieron esta situación de manera transitoria, 20 de manera definitiva, por condiciones inadecuadas para su manejo. Se ofertaron 114 en junio de los cuales 71 se declararon desiertos, por lo que se abrió otra licitación donde solo cinco quedaron por fuera. La medida técnica de urgencia fue suplir con la entrega de paquete alimentario o bono canjeable por alimentos.

 

Llama la atención que por medio de esta estrategia están excluyendo a las organizaciones sociales en los procesos de contratación para la prestación de estos servicios. La Administración Central alega que las condiciones locativas que ofrecen estas organizaciones no son óptimas, olvidando así que el lugar de muchos comedores no es el adecuado, precisamente porque en las zonas periféricas las infraestructuras son deficientes, y los arriendos que se logran no permiten modificar las casas de manera estructural.

 

Pese a esta realidad, la Administración insiste con estándares altos en lo referente a planta física a la hora del llamado para ofertar. Además, pide comprometer recursos en dinero para la ejecución en actividades en una proporción no inferior al 30 por ciento del valor total del convenio.

 

A su vez, los anexos técnicos elevan los estándares, haciendo que los operadores tengan que invertir sumas de dinero que sobrepasan su capacidad de endeudamiento. Las supervisiones de interventorías son estrictas en aspectos como salubridad, pero no tienen en cuenta otros aspectos, como son las actividades de inclusión y participación.

 

Modelo de contratación

 

El decreto que llevó a esta desatención con los sectores populares, el 092 de enero de 2017, fue firmado por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santa María y por Simón Gaviria, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su reglamentación sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, obliga a que ahora todas pasen por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En su articulado señala sobre la idoneidad y el proceso competitivo de selección, que se expresa en exigir estándares inalcanzables para las organizaciones sociales. Las organizaciones operadoras se quejan por su inexperiencia para el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que no existió un acompañamiento real para manejar la plataforma y subir las propuestas.

 

Entonces, la competencia es desigual frente a operadores con mayor margen de maniobra financiera. Los requerimientos técnicos implican un dinero que no tienen las organizaciones sociales. No pueden disponer de espacios físicos para adecuarlos a los criterios exigidos por la Administración, renuente a invertir como coparte. Debe recordarse que algunos de las organizaciones sociales funcionan en los mismos salones comunales de barrios periféricas, donde la gente ha construido sus barrios a puro pulso, y por lo tanto cuenta con infraestructuras deficientes. Además, los anexos técnicos complicaron tanto las cosas que ahogaron gradualmente a las organizaciones al incrementar las exigencias para poder contratar.

 

Sus voces

 

Para Elsa Melo, representante de la Asociación de Vecinos Solidarios (Avesol) que lleva 35 años de existencia y que tenía a cargo el comedor comunitario del barrio Atenas desde el comienzo del programa de comedores comunitarios, esto parece de ficción y señala “Los cambios se han venido agudizando, actualmente se le pide a la organización poner en dinero efectivo sobre el valor total del convenio. Algunos hemos tratado de argumentar que los espacios y la gente también son recursos que ponemos, pues una organización social no tiene un superávit financiero. No existieron procesos de formación sobre el manejo del Secop. Y las contingencias siempre fueron corriendo los tiempos. Lo curioso es que este cambio de contratación no comenzó con Peñalosa sino bajo la administración de Gustavo Petro que puso a todas las organizaciones a licitar”.

 

La contradicción con la misma administración progresista también encierra una paradoja sobre la política pública de estos gobiernos cuando están al frente de la ciudad, y sobre el empoderamiento de la gente beneficiaria de las agendas comunitarias. La historia nos cuenta que fue Bogotá sin Indiferencia quien implementó a gran escala una política para contener el hambre y la desnutrición en la ciudad. Los comedores superaban por decenas en algunas localidades.

 

En aquel momento, los anexos expresaban unos requerimientos no solo en la administración de alimentos sino para las actividades de inclusión. Se desarrollaron actividades para la formación y participación, pero siempre de manera confusa y tímida, sin mayor claridad sobre temas y metodologías. A pesar de algunos contratistas y personas del comedor, no existió en la Administración la voluntad de empoderar a las comunidades. Los requerimientos técnicos del nivel central, siempre con nuevas versiones y cambios de orientación, no contribuyeron a la construcción de un lineamiento claro sobre el quehacer en los comedores. Ni siquiera se aprovechó para esto la coyuntura presentada en el 2009, cuando se prohibió el aporte diario de los $500 por parte de los beneficiarios, exigiéndoles a los operadores consignar lo recaudado para que la comunidad definiera qué hacer con los recursos. Complicado fue reunir el dinero completo en la cuenta pues algunos operadores se enredaron con este cambio de política, más enredados aún con el proceso para poner de acuerdo a toda esa gente con el qué hacer con esa plata. Fue así como no se logró la participación y organización de la comunidad, y los proyectos de gestión e iniciativas productivas no pudieron sostenerse, e incluso en algunos casos generó conflictos entre integrantes.

 

Por su parte, Luis enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios (Epao), que también operaron comedores, identifica una política que desdeñó el proceso de inclusión social. “Lo político supeditó a lo técnico, nunca fue importante la organización ni priorizar lo social. Tampoco existió una formación política, ni siquiera para los profesionales de inclusión. Cuando la gente solo va a comer sin formación ni intencionalidad de organización social las cosas se naturalizan. Para la comunidad puede que sea impopular cerrar el comedor, pero la gente normaliza que no llegue el almuerzo a cambio del bono”.

De ser así, el futuro de los cierres de los comedores será naturalizado. Pero eso no quiere decir que la desnutrición y el hambre se hallan superado. La lección aprendida es que desde el asistencialismo no se fomenta la organización ni la autonomía de las gentes.

Publicado enEdición Nº250
¿Cómo va el proceso para la revocatoria?

Iniciando su tercer año de gobierno y según las encuestas*, Enrique Peñalosa se mantiene como uno de los alcaldes más impopulares entre los más de mil con que cuenta Colombia. Cumplido un año del inicio del proceso que pretende su revocatoria, es necesario analizar porqué es uno de los alcaldes más impopulares del país.


La disputa por la alcaldía de Bogotá ha sido un elemento clave en la vida política nacional. No es para menos, pues su capacidad de contratación y manejo de burocracia es inmenso. La salida de la izquierda de este fortín histórico de los gremios más poderosos del país y la llegada, por segunda vez, de Enrique Peñalosa al despacho del Palacio Liévano, propiciaron el reposicionamiento de intereses económicos y políticos, y con ellos el reencausamiento de un modelo urbano, que sumados a la serie de insatisfacciones con el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, propiciaron que al cumplirse su primer año de mandato tomaran forma diferentes comités para adelantar la revocatoria del aún hoy Alcalde.

 

Las revocatoria en el país

 

Según la Registraduría Nacional, durante el año 2017 se registraron más de 100 procesos de revocatoria de mandato a lo largo y ancho del país; de estos solo 3 llegaron a las urnas y ninguno de ellos prosperó. Llama la atención que, a pesar de que la Ley 134, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, existe desde el año 1994, y que la Ley 1757 del 2015 redujo los porcentajes necesarios de firmas y votantes para estos procesos, a la fecha ninguna revocatoria de mandato haya cumplido con su objetivo.

 

Si bien la ley establece los requisitos y mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda llegar a las urnas, los que se cumplen cuando la Registraduría Nacional aprueba las firmas de los ciudadanos, el CNE da su visto bueno y se da la convocatoria a votación por parte del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso; cabe aclarar que tal ley no define los tiempos máximos que cada autoridad puede tomarse para cumplir su parte, por lo que pueden presentarse demoras en el proceso.

 

La revocatoria en Bogotá

 

A comienzos de mayo pasado, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó en la Registraduría 650.000 firmas que avalaban el proceso de revocatoria del alcalde capitalino. Sin embargo, por esas mismas fechas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró públicamente en algunos medios de comunicación, que este mecanismo de participación ciudadana estaba siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país, relacionándolo incluso con intereses personales y venganzas políticas. Por tal motivo, a finales de mes el CNE solicitó a la Registraduría Nacional un informe detallado de todos los procesos de revocatoria que se adelantaban para ese entonces en el país. Como resultado de ese ejercicio, citaron a todos los mandatarios y promotores de los procesos de revocatoria en audiencias públicas para que el CNE los escuchara y definiera si las revocatorias eran o no legítimas.

 

En junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emitió un informe en donde solicitaba correcciones en las cuentas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa pues supuestamente se había presentado una violación en los topes de las donaciones recibidas. Gustavo Merchán, fiscal de Sintrateléfonos y presidente de Unidos Revocamos a Peñalosa, declaró que se trataba de un mal entendido en las cuentas presentadas y que el proceso de revocatoria no podía detenerse por detalles como ese. Sin embargo, en agosto el CNE rechazó por segunda vez las cuentas presentadas argumentando fallas e inconsistencias en firmas y números, lo cual generó una fuerte indignación en algunos sectores políticos de la ciudad que señalaron que el Consejo estaba actuando de mala fe al demorar a propósito este proceso de revocatoria, basándose en inconsistencias que no existían. Toda esta situación fue utilizada por el magistrado liberal Emiliano Rivera para elaborar la ponencia que en la actualidad tiene suspendido el proceso de revocatoria en la Sala Plena de la máxima autoridad electoral del país.

 

Es necesario señalar que además de las dilaciones por parte del CNE, la Registraduría Nacional también ha jugado en contra. Mes y medio después de que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó las firmas en la Registraduría, esta presentó un primer aval que fue rechazado por el equipo de Peñalosa, quién solicitó un peritaje a las firmas avaladas. La fecha límite para emitir el nuevo certificado de las firmas se estableció para el mes de septiembre, pero este fue presentado a finales de octubre, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera en el proceso y ordenara a la Registraduría agilizar la certificación.
En todo esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido clave para destrabar el proceso. El pasado 5 de diciembre emitió un fallo en donde buscaba presionar a la Sala Plena del CNE para que determinara si le daba vía a la revocatoria o no; no obstante el 13 de diciembre, fecha límite para definir la revocatoria, esta se vio frenada debido a las recusaciones presentadas contra algunos magistrados de la sala, especialmente la que imputaba al magistrado Armando Novoa porque algunos funcionarios de su despacho habían firmado los formularios para la revocatoria, cayendo así en parcialidades. Por lo anterior, antes de que la Sala Plena del CNE pueda sentarse a discutir la ponencia de Rivera, debe citar un conjuez que le permita resolver la recusación contra Novoa.

 

Lo grave de esta situación es que mientras la Registraduría y el CNE dilatan el proceso de revocatoria, Peñalosa continúa rigiendo la ciudad, lo que ha significado para Bogotá la aprobación del presupuesto para la realización del metro elevado, decisión que le significó a Peñalosa una investigación en la Contraloría por supuesto detrimento patrimonial; la inminente y polémica construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima, que deja de lado la Av. Boyacá a pesar de que ya existen estudios para esta última; la modificación de la política de humedales de la ciudad, que de ahora en adelante permitirá la construcción de obras de cemento dentro de los ecosistemas; la posible ampliación del tiempo de operaciones y el área del relleno sanitario de Doña Juana; el incumplimiento en la construcción de colegios y jardines infantiles; el aumento del endeudamiento de la ciudad, que de ser aprobado por el concejo ascendería a los 7 billones de pesos; la amenaza a la reserva Tomas Van Der Hammen, que es vista por Peñalosa como un potrero donde se deben construir vías y vivienda para ampliar la ciudad.

 

Como si fuera poco, en este pulso de abogados que ha contado con el silencio cómplice de los medios oficiosos de comunicación que tanto hostigaron a Gustavo Petro cuando se defendió con iguales armas para impedir la consulta sobre su revocatoria, entre dilataciones, obstrucciones, bloqueos y manzanillismo de todo tipo, alarma que el plazo máximo para que pueda desarrollarse la revocatoria del alcalde de Bogotá se cumpla en los próximos 6 meses. Lo que significa que la ciudadanía bogotana, proclive por la revocatoria, está ante el límite máximo de tiempo para poder cumplir con su propósito, para poder vencer la capacidad legalista de una burguesía constructora y comerciante que a través de abogados y legalismos ha logrado, hasta ahora, impedir la citación a la consulta de la revocatoria. Un triunfo parcial que ya les garantiza que así Peñalosa salga del Palacio Liévano su plan de Gobierno quedará en marcha. Una derrota y/o un triunfo agridulce.

 

* Según la última encuesta de percepción ciudadana, el 73% de los bogotanos considera que la ciudad va por mal camino, el 51% considera que el nivel de corrupción ha aumentado y el 84% mantiene una imagen desfavorable del actual mandatario.

 


 

Recuadro

 

g

Publicado enEdición Nº242
Jueves, 23 Noviembre 2017 11:23

¿Le llegó la hora a Peñalosa?

¿Le llegó la hora a Peñalosa?

En el proceso que busca revocar a Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, debe garantizarse que las instituciones encargadas respeten el ritmo de revocatoria.

 

El pasado 26 de octubre la Registraduría dio luz verde para convocar a las elecciones que buscan revocar la alcaldía de Enrique Peñalosa. El comité Unidos Revocamos a Peñalosa recolectó 706.708 firmas, de las cuales 233.008 fueron anuladas y 473.700 avaladas; necesitando solo 271.817 para convocar a la votación. Los intentos de Enrique Peñalosa por obstaculizar el proceso de su revocatoria, si bien dilataron todo este proceso consultivo, fueron fallidos y ahora tendrá que asumirla, sí le permitieron ganar tiempo para dejar amarrada la visión que tiene del territorio y de la cosa pública (que esta vez es sobre todo privada), para que bajo tales parámetros deba administrar quien posiblemente lo suceda al frente de la ciudad.

Como podrá recordarse, bastaron 6 meses de mandato para que la ciudadanía, organizaciones sociales y sindicales se organizaran para exigir la revocatoria del mandato a Enrique Peñalosa. Unidos Revocamos a Peñalosa fue el comité de revocatoria que nació en el segundo semestre de 2016, donde confluyen más de 50 organizaciones en representación de los excluidos, despojados y violentados por las políticas y el modelo de ciudad de la alcaldía en curso, aspectos enlistados en lo que son Las razones para revocar a Peñalosa (ver recuadro 1).


Dilación del proceso

 

Aferrado al Palacio de Liévano, Enrique Peñalosa y todo el aparato político, económico y electoral del país, trabajaron para obstaculizar el ritmo de la revocatoria. Peñalosa se benefició de tutelas y distintos alegatos ante la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Bogotá con la clara intención de frenar el deseo revocatorio pululante en los sectores populares bogotanos, aunque no así en los clubes de empresarios y negociantes de lo público.

“Hay un intento de parte de fuerzas políticas en el poder por frenar el proceso de revocatoria. Por un lado, las acciones jurídicas emprendidas por Peñalosa a través del abogado Sierra Puerta, que ha venido presentando una serie de recursos jurídicos ante la Registraduría, ante el Consejo Nacional Electoral, unas tutelas que ha perdido en todos los casos; llevó a que la Registraduría hiciera una revisión exhaustiva de todas las firmas que presentamos como comité, encontrando que más de 400 mil firmas son válidas”, manifestó Diego Pinto, uno de los representantes del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, en entrevista con desdeabajo televisión.

Este proceso ha sufrido muchos intentos de dilación no solo por parte del Alcalde, sino también por el Consejo Nacional Electoral al momento de enredar las decisiones que tienen que ver con la emisión del certificado de entrega de cuentas.

 

Los riesgos que corre la revocatoria

 

Se corre el riesgo de que los partidos tradicionales que siempre han estado en el poder frenen un proceso que ha sido totalmente democrático. Desde el comité pro revocatoria se teme que estos partidos aliados a Peñalosa, tumben todo el proceso con acciones fraudulentas que ayuden a respaldar al Alcalde. En palabras de Diego Pinto, “Es importante que la ciudadanía esté alerta ante cualquier intento de obstaculización; si logramos presionar al Consejo Nacional Electoral, lo que se va a venir es que una vez nos entreguen el certificado de cuentas, la Registraduría debe solicitarle al Presidente que cite al referendo de revocatoria en un lapso de no más de 2 meses”.

Desde el 12 al 19 de noviembre, se habilitó la página www.votemosya.com donde la ciudadanía podrá votar de manera virtual a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con revocar el mandato de Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde de Bogotá para el periodo 2016-2019? Unidos Revocamos a Peñalosa, espera obtener más de 1 millón de votos en este simulacro, que ayudará a tener una proyección de sufragios en las urnas. Como también esperan que la convocatoria oficial para votar la revocatoria sea a más tardar en enero de 2018.

Lo más urgente para el proceso es que las instituciones encargadas respeten el ritmo de la revocatoria. Para que Peñalosa sea removido de su cargo de alcalde, son necesarios 236.850 votos por el Sí, obtenidos los cuales se nombrará un alcalde encargado para terminar el periodo de esta alcaldía; de no suceder así Peñalosa terminará su mandato normalmente. Unidos Revocamos a Peñalosa exige que las instituciones respeten las reglas y jueguen limpio y no las cambien una vez los procesos populares involucrados en la revocatoria exijan democracia electoral y empiecen a construir la ciudad que todas y todos quieren.

 

Por una Bogotá distinta

 

Las organizaciones que integran el comité Unidos Revocamos a Peñalosa, tienen el acuerdo de ir juntos hasta el referendo revocatorio, porque entienden que no es únicamente una unidad política, sino también social y cultural. El acuerdo va hasta que se revoque a Peñalosa, el único criterio que tienen como comité es frenar la prohibición de derechos y en esa medida construir el modelo de ciudad que se acomode a las necesidades y deseos de la ciudadanía.

 

Publicado enEdición Nº241
Miércoles, 04 Octubre 2017 06:51

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:09

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

¿Hacia dónde va el POT de Bogotá?

Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.

 

Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.

 

Planeación urbana: un ejercicio político

 

En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.

 

De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.

 

Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.

 

Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.

 

El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?

 

Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.

 

Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.

 

Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?

 

El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:

 

“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).

 

Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:

 

“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).

 

Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.

 

Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.

 

Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?

 

En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.

 

Estructura ecológica como espacio público

 

Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.

 

Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.

 

En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.

 

En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.

 

Comentario final

 

Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.

 

* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.

 


 

Recuadro


La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria

 

Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.

 

La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.

 

Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.

 

Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:08

“Mátese media vaca”

“Mátese media vaca”

Hace unos años se acostumbraba llamar alcaldadas a esas medidas, entre ingenuas y pretenciosas, que toman los mandatarios locales para resolver los que a su juicio son los grandes problemas de su comarca. Siendo justos, hay que reconocer que a veces se trata de auténticos problemas; lo gracioso está en el tipo de solución; imaginativa en exceso. Hubo un alcalde, por ejemplo, por allá en los años sesenta del siglo pasado, que ordenó envolver los tamales en papel celofán, para proteger a sus conciudadanos del riesgo que representaba la falta de higiene en el tratamiento de las hojas de plátano. El espectáculo, casi pornográfico, de la masa y la presa, desnudas, a la vista incluso de niños y niñas, obligó a derogar la medida.

 

Pero no hay que culparlo. Era una época en que, en nombre de la “modernización”, se nos convenció a los colombianos que era preciso, por ejemplo, reemplazar el algodón y la lana por la “innovación” del polyester y otras fabulosas fibras sintéticas y artificiales. En fin, el maní dejó de empacarse en cucuruchos de papel –ya nadie entiende la famosa canción emblemática de Cuba –Y el único dulce que continúa envuelto en hoja es el veleño... ¡Quién sabe hasta cuándo!

 

Es verdad que en la peyorativa denominación hay un cierto tufillo clasista. Y centralista. Será que faltan recursos humanos bien calificados en esa pobre y lejana provincia. Pero no hay que engañarse. Como bien lo advertía alguien: ¡Y quién nos libra de los “post-doctores” que manejan las grandes ciudades como Bogotá, donde se demoran más de veinticinco años en terminar un puente! O mejor, un “deprimido”, cuyos constructores descubren, después de inaugurarlo, que, como su nombre lo indica, ¡suele llenarse de agua! Bien sabemos, por supuesto, que hay otras razones y la situación es mucho más seria, sobre todo en la provincia. La mayoría de las veces no son alcaldadas sino verdaderos abusos de poder, con el dinero y las armas.

 

Pero que las hay las hay, y ahora estamos en presencia de una de escala nacional y nivel ministerial. El pasado primero de julio entró en vigencia la norma que obliga a pagar un impuesto de veinte pesos por cada bolsa de plástico que el consumidor reciba en el supermercado. Ha sido pregonada con alborozo por el Ministro de Medio Ambiente, el Ingeniero Luis Gilberto Murillo. Ministro útil como el que más pues siendo la cuota afro ha servido para calmar a sus paisanos del Chocó. Además, ha empleado todos sus conocimientos básicos de ingeniería para intentar demostrar que la minería puede ser “sostenible”. Por eso da la impresión de que, con este último esfuerzo, lo único que pretende es convencernos, al final de su mandato, de que sí era ambientalista.

 

Pues bien, el objetivo declarado es reducir el uso de estas bolsas que, como se sabe, desechadas pero no degradables, inundan las calles, congestionan los botaderos de basura y terminan contaminando ríos y mares. El objetivo no puede ser más loable; es uno de los residuos que más daño ocasionan al planeta. El problema está en la supuesta solución. Ya lo han advertido muchos: ¿van a dar vueltas de veinte o múltiplos de veinte? Se dirá que ya hay costumbre de redondear hacia arriba o hacia abajo. ¿O van a hacer una emisión de moneda fraccionaria? En todo caso los supermercados y almacenes de cadena –porque a ellos se limita– tienen que facturar las bolsas para entregar al fisco el importe junto con lo recaudado por el IVA. Al respecto una curiosidad: según el Estatuto Tributario, al parecer tendrían que calcularle el IVA a las bolsas aunque se entreguen a título gratuito con lo cual el cliente tendría que pagar un poco más. Pero, seguramente, no será necesaria esta ficción contable. En la práctica, como ha venido sucediendo, se generalizará la costumbre de vender las bolsas. Alguien va ganando. Porque si en algo se reduce el uso de bolsas tendrá un sesgo clasista; las comprarán quienes tienen con qué pagar. Y téngase en cuenta que, para las basuras, de todas maneras se seguirán usando bolsas, que habrá que comprar.

 

Este es el punto más discutible. Son los consumidores quienes asumen la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. Como en toda teoría de “economía verde” se utiliza el mecanismo del mercado; el “desestímulo” se da a través del precio y, por supuesto no son los productores o los comerciantes quienes van a pagar los costos. Desde el punto de vista ecológico, la verdad es que el problema de los empaques no degradables que incluye muchos otros, por ejemplo las botellas, y plantea el problema de la disposición de las basuras, muy lejos está de resolverse. Tan enredada “solución” se convierte entonces en una maniobra de distracción. Como quien dice que la “alcaldada” no es tan inocente.

 

En realidad, quien diseñó la estrategia fue el anterior Ministro del Medio Ambiente, un relacionista público al servicio de las empresas. Fue el autor de la resolución 688 de abril de 2016 que contó con el apoyo de los grandes comerciantes. Sin embargo, no sobra una pequeña recomendación para el ingeniero Murillo. Seguramente no desconoce una vieja canción caribeña que viene al caso, y aunque lo más probable es que el ritmo lo haya perdido durante su congelación en las estepas rusas, le convendría escuchar, del maestro Antonio María Peñaloza: “Mátese media vaca”.

Publicado enEdición Nº238
Viernes, 23 Junio 2017 15:59

Doña Juana: una mala vecina

Doña Juana: una mala vecina

A treinta años de su apertura, el panorama sobre el botadero Doña Juana es sombrío. El próximo 27 de septiembre se cumplen veinte años del inmenso derrumbe que extendió por todo el sur capitalino el olor de la podredumbre allí enterrada, y que evidenció el pésimo manejo dado al relleno, donde la ganancia de los operadores se antepone a la vida de pobladores y trabajadores del basurero.

 

En una nueva fase de lucha, la Asamblea campesina y popular por el cierre del botadero “Doña Juana” sesionó el pasado 20 de mayo en dos espacios situados en la vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar: su salón comunal y el Colegio Distrital José Celestino Mutis. La sesión es la concreción de lo concertado por la comunidad urbano rural de la Cuenca del Rio Tunjuelo, en su persistente lucha contra la ubicación de este depósito de desechos, el mismo que la afecta desde hace casi treinta años.

 

Superando maniobras e intrigas. La administración distrital y el concejal de la Alianza Verde Jorge Torres, trataron por todos los medios de sabotear la asamblea convocada por campesinos y pobladores, y para ello convocaron a la misma hora en el Colegio Distrital José Celestino Mutis una asamblea, que como lo tituló un diario capitalino el 19 de mayo, buscaba “Un debate para hablar en serio del futuro del relleno Doña Juana”, pero ni debate serio ni propuestas de futuro por parte de los funcionarios y contratistas de las diferentes entidades presentes, ni menos de los llamados entes de control. Toda una farsa que se convirtió en una “asamblea de chaquetas” e informes, hasta que se hicieron presentes los asambleístas.

 

El alcalde Enrique Peñalosa, buscando ambientar la farsa, estuvo el día anterior en la misma institución educativa, encontrándose con la confrontación de los mismos estudiantes que lo tildaron de mentiroso, expresándole de manera abierta que “no lo queremos en este colegio y territorio”.

 

No pudieron concretar su farsa. Ante la falsa asamblea convocada por el concejal y la Alcaldía, campesinos y pobladores, en actitud de dignidad y expresión de la rabia sentida por la manipulación en marcha, dejaron su asamblea y se desplazaron al colegio en donde funcionarios y contratistas no pudieron escabullirse, obligados a escuchar a la comunidad, para luego balbucear frases que muy pocos de los asambleístas escucharon o entendieron.

 

Algo de historia

 

Corría el año 1985 cuando la comunidad que habita la localidad de Usme se entera de que abrirán un relleno sanitario en su territorio. La inconformidad no tarda en expresarse: visionando los perjuicios que éste ocasionaría, declaran un paro local. Al frente de la iniciativa estuvo el líder comunal Gerardo Santafé. Sería ésta la primera de muchas protestas, con asiento en el río Tunjuelo, ocasionadas por el que sería conocido como relleno Doña Juana.

 

Las protestas no logran contener el desafuero. El basurero, finalmente localizado en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, pero sobre la misma cuenca del Río Tunjuelito, empieza a recibir desechos desde noviembre de 1988, y no son pocos, ya que cada día recibe seis mil doscientas (6.200) toneladas de basura proveniente de toda la ciudad, además de algunos municipios circunvecinos; basura ingresada por 800 a 900 vehículos compactadores. El área total utilizada para el mismo se extiende a quinientas noventa y dos (592) hectáreas. Su inauguración oficial corrió a cargo del otrora alcalde Andrés Pastrana, era el año de 1989, en el cual también pasó a cargo de la empresa española Prosantana Ltda.

 

Casi diez años después de su apertura, el 27 de septiembre de 1997, ocurrió el derrumbe de un millón de toneladas de la Zona II, lo que obliga a la alcaldía bogotana a declarar una emergencia sanitaria. No era para menos. Producto de este desastre ambiental fueron atendidos cerca de treinta mil personas; siete veredas y novecientos dos barrios del sur de Bogotá padecen el efecto del derrumbe, como lo confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 05/2007.

 

Cambio de tercio. A partir de marzo de 2000 el consorcio español Proactiva Doña Juana ESP contrató la operación del relleno, la misma que desde el 2010 pasó a control del Centro de Gerenciamiento de Residuos –CGR– Doña Juana S.A E.S.P de Brasil, bajo la licencia ambiental dispositivas de las Resoluciones 1351 de 2014 y 2320 de 2014 de la CAR.

 

El sur que resiste al modelo de ciudad

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Decreto 619 de 2000), en su artículo 425 señala zonas de suelo rural, con una extensión de 500 hectáreas, las cuales se reservan para estudiar su posible adecuación futura como ampliación del relleno sanitario de Doña Juana. La mencionada área de expansión implica el desalojo de ciento veintitrés predios de la vereda Mochuelo Alto, predios fértiles habitados por familias campesinas productoras de papa, arveja, haba y ganado; además de la afectación sanitaria y ambiental de las veredas Pasquilla, Mochuelo Alto y Bajo, Quiba Alta y Baja y barrios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

 

La comunidad rechazó la expansión, negándose a vender sus predios. La administración distrital decide iniciar estudios para expropiarlos por vía administrativa, con el argumento del beneficio colectivo (la población de Bogotá), sobre el beneficio particular (la población de los ciento veintitrés predios). Los pobladores de la veredas Mochuelo Alto y Bajo, apoyados por usuarios del acueducto de Aguas calientes que surte de agua los barrios de Mochuelo Bajo (Lagunitas, Barranquitos, Paticos, La esperanza, Vista Hermosa) y habitantes de las localidades del sur de Bogotá, inician jornadas de protesta que desembocan en dos paros que bloquean Doña Juana, en el segundo de ellos –realizado el diecinueve de diciembre del 2005– se declaran en “Asamblea Permanente por el Cierre del Basurero”, ante lo cual la administración distrital inicia un proceso de diálogo que no culmina en adelantos concretos.

 

La resistencia continúa. Corría la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, y en el mismo momento en que se realiza la apertura de la “Semana Ambiental Distrital” en el auditorio del Centro de Alto Rendimiento, los miembros de la “Asamblea Permanente” se toman el evento principal, exigiendo la no expansión del relleno. El entonces alcalde, Luís Eduardo Garzón manifiesta su decisión de no expandir el relleno e iniciar mesas de concertación con la comunidad para compensar el daño y pagar la deuda social. Con el transcurrir de las siguientes administraciones los acuerdos se incumplen, las afectaciones aumentan y otro gran derrumbe de setecientas cincuenta toneladas de basura ocurre el 2 de octubre de 2015.

 


Incumplimientos, y engaños, que proceden desde el mismo momento en que es abierto el basurero en esta parte de la ciudad, durante los cuales lo único ofertado a las comunidades es envenenar sus familias y casas para controlar las plagas y enfermedades. Todo con la complicidad de la institucionalidad que no ha tenido la honestidad de denunciar este genocidio ecológico y de impactos socioambientales. Las tecnologías probadas de manejo de basuras eficiente, existen y han sido propuestas al Distrito, pero la corrupción, la ambición y el desprecio por los pobladores del Sur, no han permitido su implementación. Como es conocido, la administración proyecta continuar con este basurero, expandiéndolo, como está expreso en la propuesta de nuevo POT.

 

Sin dar el brazo a torcer. En asamblea realizada el 5 de marzo del presente año en la vereda Mochuelo Alto, la comunidad urbano rural de la Cuenca del Rio Tunjuelo, informó al operador del basurero, a la Administración Distrital, a la CAR –como autoridad ambiental–, a los entes de control (Personería, Contraloría, Procuraduría), la decisión de otorgar un último plazo para la concertación de una solución definitiva a esta problemática, para lo cual exigen la presencia en la Vereda Mochuelo Alto del Alcalde distrital y el fiscal general de la Nación. De no contar con su presencia, o no llegar a un acuerdo, darán inicio al paro cívico desde el sur de Bogotá, convocando a todas las comunidades de Bogotá y de la Sabana que se encuentran en conflictos socio ambientales, a la conformación de una Asamblea de Negociación Popular Conjunta, con los entes territoriales y el gobierno nacional.

 

La agenda a seguir

 

En esta misma asamblea, la comunidad expuso, de manera firme y contundente, sus peticiones: convocar a la realización de una consulta popular para el cierre definitivo del basurero Doña Juana y el pago, por parte de las instituciones correspondientes, de la deuda social por treinta años de afectación en el medio ambiente, la salud, bienestar y dignidad.

 

Exigir la declaratoria de emergencia socio ambiental para el sur bogotano, que implica la implementación de medidas técnicas necesarias por parte de la Administración Distrital, para así mitigar los malos olores y proliferación de ratas y moscos en la zona de influencia del botadero. También, iniciar los trámites para la vinculación formal a la nómina del Distrito Capital de los trabajadores del basurero. Una tarifa diferenciada, en el pago de los servicios públicos, para la población afectada por el basurero. E implementar una atención médica diferencial y especializada a la población afectada por el basurero.

 

Al iniciar el camino para realizar un paro cívico de los pobladores del sur, exigimos la implantación de empresas sociales para el aprovechamiento energético de residuos al interior de Doña Juana, como alternativa para el pago de la deuda social y resarcimiento de daños ocasionados por el relleno a lo largo de tres décadas. Asimismo, declarar el área de influencia del basurero en el POT como área especial para la aplicación de tecnologías sociales, desde donde se promueva el salto cultural que requiere la sociedad bogotana.

 

En igual sentido, la asamblea conmina al alcalde Enrique Peñalosa Londoño y a sus funcionarios de gabinete, a que se presenten ante la asamblea y públicamente expongan las decisiones que su administración ha tomado frente a las demandas de los campesinos y pobladores afectados por el basurero.

 


 

Recuadro

 

Principales daños del relleno

 

Contaminación del río Tunjuelo por vertimiento de lixiviados. Según la firma interventora Unión Temporal Colombo Canadiense (Utcc), los resultados obtenidos a partir de estudios realizados durante los primeros seis meses del año 2003, reflejaron el continuo incumplimiento de la resolución 3358 de 1990, en parámetros como: hierro, grasas y aceites, DBO5 (demanda biológica de oxígeno que mide posterior a cinco días el grado de contaminación), plomo, níquel y cadmio.

 

De manera adicional, según el Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Doña Juana Zona VIII realizado en 2000, la mezcla de todo tipo de desechos independientemente de su origen y características, refleja el inadecuado manejo de los residuos, sumado a la modificación de los cauces naturales como las quebradas: Puente Tierra, que fluía por las zonas VII y VIII, El Botello, que fue desviada y canalizada, al igual que Hierbabuena y el cauce de la quebrada Puente Blanco por la disposición de materiales de excavación.

 

En julio de 2006, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, realizó la evaluación del impacto del Relleno Sanitario Doña Juana, (RSDJ) en la salud de grupos poblacionales en su área de influencia, dando como principales conclusiones que: “Dadas las características geomorfológicos de la región, cabe la posibilidad de que se genere contaminación en aguas que pueden llegar a ser utilizadas para el consumo agrícola y humano, la presencia de un alto número de moscas en la zona expuesta, verificada por los investigadores y referida por los habitantes del área, puede deberse a que la cobertura de las basuras en el RSDJ no se realiza con la frecuencia adecuada, este estudio muestra que la velocidad de crecimiento de los niños entre 0 a 3 años es menor en la zona expuesta al RSDJ que en la zona control, en la población de 1 a 5 años, la exposición al relleno sanitario se asoció a una mayor probabilidad de presentar síntomas irritativos, se encontró que, los adultos mayores de 50 años residentes en la zona expuesta al RSDJ presentaron mayor frecuencia de síntomas respiratorios en comparación con los residentes en el área control, es de esperar que las personas que viven cerca del RSDJ, dado que tienen más síntomas respiratorios, síndromes respiratorios más severos y un menor flujo espiratorio pico, tengan una función física menor que las personas de la zona control”.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 28 Abril 2017 15:27

Medellín en su laberinto: la seguridad

Medellín en su laberinto: la seguridad

Algunos gobernantes contemporáneos, hacen de la exposición pública el mecanismo por excelencia de su gestión. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, es uno de los mejores exponentes de este gobierno en tiempo real.

 

A inicios de marzo el Nuncio papal en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, confirmó que el papa Francisco estará en Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017. Una de las discusiones que surgieron a raíz de esta noticia, fue la relacionada con el jubileo con el que podían salir libres 20 mil presos en los próximos tres años1.

 

El alcalde de Medellín, se pronunció muy a su estilo (aparentemente coloquial) en torno al proyecto: “Hoy ni siquiera se necesita de Jubileo porque igual los están dejando libres a todos2”. El afirmar “los están dejando libres”, traza una línea divisoria entre las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia. De un lado estarían las autoridades que hacen un gran esfuerzo para capturar a los delincuentes y del otro, aquellos que los dejan libres. Cualquier “ciudadano promedio” pudo haber dicho lo mismo, de ahí la conexión del mandatario con el promedio.

 

En esa visión, de un lado estarían entonces el Alcalde y la Policía, quienes a mediados de enero de 2017 le anunciaron a la población que no descansarían hasta atrapar a tres sujetos motorizados que a plena luz del día, y en una vía céntrica de la ciudad, le hurtaron las pertenencias a la conductora de un vehículo y emprendieron la huida. El video del hurto se viralizó, lo mismo que la indignación de la sociedad que desde días atrás había escuchado cómo era cada vez más común esta modalidad.

 

El Alcalde, que desde el inicio de su mandato venía posicionándose como un fuerte enemigo de la delincuencia local, se pronunció de forma poca ortodoxa pero muy propia de su estilo: anunció que él mismo dirigiría el operativo y prometió que no se iría a dormir hasta no capturar a los tres “fleteros”. A las 2 de la mañana, cuando no se había logrado la captura de los sospechosos, el Dr. Gutiérrez se pronunció a lo Rodrigo Duterte en Filipinas: “No vamos a descansar hasta agarrar a esos tres delincuentes, el mensaje a la ciudadanía es que esto no puede volverse algo normal en la ciudad3”. Pese a que durante el año se denuncian aproximadamente 10 mil delitos similares o más graves, el Alcalde encargó a 200 policías de resolver este caso. Las pesquisas fueron exitosas. A primera hora del día siguiente, el trasnochado primer mandatario acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana dio el parte de victoria: “Hemos resuelto un caso importante para la ciudad y así tenemos que actuar en cada uno4”. Sin embargo, a menos de 24 horas de su detención, los presuntos delincuentes salieron en libertad por no tener orden de captura. Toda la cruzada de opinión liderada por el Alcalde para perseguir a los pillos, enfiló baterías contra la “ineficiencia” y el garantismo extremo del sistema judicial que dejaba en libertad unos ladrones después del gran esfuerzo del equipo del burgomaestre. Dos de los supuestos bandidos fueron rápidamente recapturados, el tercero se entregó.

 

La victoria del Alcalde fue clara. Hacia el exterior le mostró a la ciudadanía que era posible ganarle la batalla a la delincuencia si existía liderazgo y voluntad política. Al interior del Estado se proyectó como un funcionario eficiente a diferencia de una rama judicial burocrática y sin sentido de justicia.

 

Antes de este episodio el Dr. Gutiérrez había intervenido, en ocasiones “personalmente”, las zonas de mayor comisión de delitos como homicidios, microtráfico, extorsión y prostitución en las comunas 5 (Castilla), 16 (Belén) y 10 (Centro), lo que le habría granjeado amenazas de las bandas y combos que hacen presencia en buena parte del Valle de Aburrá. El funcionario enfrentó abiertamente (en los medios) a alias “Pedro Pistolas” que, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Fiscalía, era el artífice del plan criminal. En este caso, el burgomaestre también se trenzó en una disputa con funcionarios del ente judicial, a los que acusaba de corruptos y/o cómplices, dado que él solo fue notificado de las amenazas 17 días después que se hicieran públicas.

 

Al igual que en el episodio de los fleteros, el Alcalde surgió como el líder de la cruzada contra una delincuencia que lo amenazaba y frente a la cual los órganos judiciales y de control eran ineficientes, cuando no cómplices.

 

El impacto en la opinión pública de la lucha contra el crimen organizado de la administración Gutiérrez ha sido muy alto si se tiene en cuenta que su antecesor, el liberal Aníbal Gaviria, terminó su periodo con una percepción ciudadana de seguridad negativa. En ese gobierno, aunque bajaron los índices de homicidio, “el centro era un tumulto de atracos y en las comunas periféricas no había cuadra sin extorsión, pagaban –aún lo hacen– los tenderos, los buseros, los taxistas, los dueños de carro y moto que tenían que dejar el carro en la calle5”.

 

El actual alcalde ha explotado con éxito esa sensación, trazando una línea divisoria entre los que como él ‘están en guerra contra la delincuencia organizada’ y aquellos funcionarios que están en contubernio con los pillos o son demasiado legalistas para mantenerlos detenidos. Él mismo se ha posicionado como víctima de este concierto criminal y/o de la ineficacia judicial.

 

Eso ha llevado a que su índice de popularidad crezca vertiginosamente hasta llegar a ser el más alto del país de acuerdo con Gallup. Si para junio de 2016 tenía el 79 por ciento de aprobación, para septiembre del mismo año llegó al 83, siendo el segundo alcalde más popular de Colombia. Para marzo de 2017 alcanzó el 88 por ciento de aprobación apareciendo como “el mejor alcalde del país6”.

 

Pese a los altos índices de aprobación de la gestión por parte de la ciudadanía, los homicidios en el primer año de gobierno del alcalde Gutiérrez aumentaron un 7.7 por ciento, lo que rompe una tendencia de más de 6 años de rebajas consecutivas en los asesinatos en una ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo en la década de 1990. ¿Asunto de percepción?

 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
1 El gobierno en cabeza del ministro de justicia, radicó un proyecto de ley que “establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la República de Colombia, por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017” (El Espectador. Redacción política, 2017)
2 El Colombiano. (20 de Marzo de 2017). Cita Textual. El Colombiano, pág. 22.
3 El Espectador. Redacción política. (17 de Marzo de 2017). ¿Qué proponen los tres proyectos de jubileo que serán presentados en el Congreso? Obtenido de El Espectador.com: http://www.elespectador.com/noticias/politica/que-proponen-los-tres-proyectos-de-jubileo-que-seran-presentados-en-el-congreso-articulo-685045
4 Revista Semana. (Enero de 2017). Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/multimedia/federico-gutierrez-ayudo-a-capturar-a-tres-atracadores/512255
5 Semana. Nación. (02 de 01 de 2017). En 2017 los indicadores en seguridad mejorarán”: Federico Gutiérrez. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/federico-gutierrez-da-pronostico-del-2017/511278
6 Telemedellín. (2 de Marzo de 2017). Según encuesta, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia son los mejores mandatarios del país. Obtenido de Telemedellín.com: http://telemedellin.tv/alcalde-medellin-gobernador-antioquia-mejores-mandatarios-pais/168273/

Publicado enEdición Nº234
Martes, 04 Abril 2017 07:24

Un alcalde peor para la mayoría

Cartel de una de las campañas para revocar al actual alcalde de Bogotá

 

El actual regidor de Bogotá instauró como eslogan de su actual período en la alcaldía el sonoro “Bogotá, mejor para todos”.

Con ese lema tan pretencioso, y sin entrar a valorar el masculino genérico siempre excluyente, la ciudad no está siendo buena para casi nadie. Ni siquiera para sus ricos seguidores del norte capitalino.

Al margen de sus falsos títulos, de sus postizas poses de progresista y ecologista, de sus intervenciones marcadamente antisociales y otras meteduras de pata que jalonan sus quince meses al frente del consistorio más importante del país, el ínclito político continúa jodiendo a esa mayoría a la que se suponía iba a beneficiar con una ciudad mejor.

¿Peña qué? Losa. Sí, señoras y señores. Enrique Peñalosa es toda una lápida para una ciudad de por sí compleja pero que se merece algo más que un mediocre gestor para mantener una vida cultural rica, una movilidad decente y una educación distrital meritoria para quienes la necesitan, que son una gran parte de esta urbe de oficiosamente nueve millones de habitantes.

La última sonada ha sido la propuesta de incrementar el precio del pasaje del Transmilenio, el sistema integrado de transporte que él mismo puso en marcha en su anterior etapa en la alcaldía.

A partir del uno de abril, el pasaje cuesta dos mil doscientos pesos. Un diez por ciento más que antes cada viaje. Un porcentaje redondo en un país cuyo gobierno ha aprobado tan sólo un siete por ciento de subida del salario mínimo. Ese salario está oficialmente en 737.717,- pesos. Si usted utiliza al menos dos viajes al día para dirigirse a su trabajo, gastará cuatro mil cuatrocientos pesos. Si debe acudir cinco días a la semana, unos veintidós días al mes a su labor, necesitará 96.800,- pesos para sus desplazamientos. Algo más del trece por ciento de ese salario. Existe en algunas empresas un auxilio de transporte que por normatividad está en $77.700 pesos mensuales. Eso no cubre el gasto señalado.

Un sistema que a mi juicio es bueno, con sus limitaciones, pero que se está quedando pequeño, que está mal llevado y peor gestionado. Esa figura extraña en la que diez empresas se reparten los ingresos, porque beneficios los debe de tener, pero es el erario público el que cubre los gastos. Vamos, una chapuza. Eso sí, sin la que creo que esta ciudad sería todavía más caótica de lo que es.

Las filas en las estaciones son inmensas, los apretones (y en ocasiones por desgracia algo más) incontables y el mal servicio lo común. Incluso en las horas “pico”, de mayor afluencia de personas en el sistema, en las que debería haber mayor frecuencia de paso de autobuses, es usual ver cómo varias unidades no se detienen a cargar pasajeros con el luminoso de “retomando servicio”; un nuevo eufemismo que ha sustituido al anterior, “en tránsito”, pero que supone lo mismo. No cubren las demandas.

 

transmilenio 1

Aspecto de la estación de Universidades a las siete de la mañana de cualquier día laborable.

 

A eso hay que añadir que los conductores, la gran mayoría , y digo los porque las, que son todavía pocas, manejan bastante mejor, conducen como si transportaran bloques de hormigón. Sin el menor cuidado, con prisas que apenas permiten que la gente acceda y descienda, y con frenadas a destiempo y curvas arriesgadas. La prueba está en el alto número de accidentes de los vehículos, y eso que, en la mayor parte de sus recorridos, disponen de dos carriles en cada sentido para desenvolverse. En el período 2012-2015, según datos oficiales de la alcaldía, hubo 1.458 accidentes con el resultado de 79 personas muertas y 1.779 heridas.

Tampoco es que la ciudadanía se porte muy educadamente. Obstruyen el paso de personas a los vehículos, se quedan en las puertas aunque su destino no sea la siguiente parada y hay un gran número de “colados” en el sistema.

Para más complicaciones en los costos, no hay ningún tipo de abonos para reducir los precios a la gente del común. Usted puede adelantar carga la tarjeta con, pongamos, veinte mil pesos (1 euro aprox. 3.000 pesos) y el billete le cuesta lo mismo. Ahora, con la subida, han ampliado el tiempo disponible para hacer un transbordo sin pagar todo el pasaje y te cubre hasta dos viajes a crédito de la tarjeta si te quedas sin saldo.

El sistema Transmilenio mueve cerca de 2,3 millones de viajeros al día. Por lo que la caja diaria, aunque haya gente que se cuele y una parte de la población tenga algún beneficio por ser de escasos recursos, es elevada. Mucho como para que según la Secretaría de Movilidad de Bogotá el déficit en 2016 alcanzara los $661.000 millones de pesos.

Los votantes de Peñalosa, ese sector poblacional de estratos 5 y 6, los más altos, y residentes en el norte o noroccidente de la ciudad, no se mueven en transporte público. Ellos son de esas ciudadanas y ciudadanos que diariamente ocupan las calzadas moviendo sus carros de 1.200 kilos para desplazar una sola persona de apenas 100. La mayoría de los automóviles que se ven circulando, más bien atascando, las vías urbanas van ocupados únicamente por el conductor.

La situación de la movilidad en esta gran capital es bastante difícil y de complicada solución, y más por el poco interés político en abordar el problema de manera integral y con propuestas válidas. Y el metro sigue siendo una quimera. Eso sí, de oro. Porque el dinero que ha “desaparecido” en este sueño y los cada vez más elevados costos de su implementación lo sitúan en un nivel inalcanzable.

Este es el panorama del transporte, caro y saturado, en la Bogotá mejor para todos.

 

 

Publicado enColombia
Página 1 de 2