Martes, 04 Abril 2017 07:24

Un alcalde peor para la mayoría

Cartel de una de las campañas para revocar al actual alcalde de Bogotá

 

El actual regidor de Bogotá instauró como eslogan de su actual período en la alcaldía el sonoro “Bogotá, mejor para todos”.

Con ese lema tan pretencioso, y sin entrar a valorar el masculino genérico siempre excluyente, la ciudad no está siendo buena para casi nadie. Ni siquiera para sus ricos seguidores del norte capitalino.

Al margen de sus falsos títulos, de sus postizas poses de progresista y ecologista, de sus intervenciones marcadamente antisociales y otras meteduras de pata que jalonan sus quince meses al frente del consistorio más importante del país, el ínclito político continúa jodiendo a esa mayoría a la que se suponía iba a beneficiar con una ciudad mejor.

¿Peña qué? Losa. Sí, señoras y señores. Enrique Peñalosa es toda una lápida para una ciudad de por sí compleja pero que se merece algo más que un mediocre gestor para mantener una vida cultural rica, una movilidad decente y una educación distrital meritoria para quienes la necesitan, que son una gran parte de esta urbe de oficiosamente nueve millones de habitantes.

La última sonada ha sido la propuesta de incrementar el precio del pasaje del Transmilenio, el sistema integrado de transporte que él mismo puso en marcha en su anterior etapa en la alcaldía.

A partir del uno de abril, el pasaje cuesta dos mil doscientos pesos. Un diez por ciento más que antes cada viaje. Un porcentaje redondo en un país cuyo gobierno ha aprobado tan sólo un siete por ciento de subida del salario mínimo. Ese salario está oficialmente en 737.717,- pesos. Si usted utiliza al menos dos viajes al día para dirigirse a su trabajo, gastará cuatro mil cuatrocientos pesos. Si debe acudir cinco días a la semana, unos veintidós días al mes a su labor, necesitará 96.800,- pesos para sus desplazamientos. Algo más del trece por ciento de ese salario. Existe en algunas empresas un auxilio de transporte que por normatividad está en $77.700 pesos mensuales. Eso no cubre el gasto señalado.

Un sistema que a mi juicio es bueno, con sus limitaciones, pero que se está quedando pequeño, que está mal llevado y peor gestionado. Esa figura extraña en la que diez empresas se reparten los ingresos, porque beneficios los debe de tener, pero es el erario público el que cubre los gastos. Vamos, una chapuza. Eso sí, sin la que creo que esta ciudad sería todavía más caótica de lo que es.

Las filas en las estaciones son inmensas, los apretones (y en ocasiones por desgracia algo más) incontables y el mal servicio lo común. Incluso en las horas “pico”, de mayor afluencia de personas en el sistema, en las que debería haber mayor frecuencia de paso de autobuses, es usual ver cómo varias unidades no se detienen a cargar pasajeros con el luminoso de “retomando servicio”; un nuevo eufemismo que ha sustituido al anterior, “en tránsito”, pero que supone lo mismo. No cubren las demandas.

 

transmilenio 1

Aspecto de la estación de Universidades a las siete de la mañana de cualquier día laborable.

 

A eso hay que añadir que los conductores, la gran mayoría , y digo los porque las, que son todavía pocas, manejan bastante mejor, conducen como si transportaran bloques de hormigón. Sin el menor cuidado, con prisas que apenas permiten que la gente acceda y descienda, y con frenadas a destiempo y curvas arriesgadas. La prueba está en el alto número de accidentes de los vehículos, y eso que, en la mayor parte de sus recorridos, disponen de dos carriles en cada sentido para desenvolverse. En el período 2012-2015, según datos oficiales de la alcaldía, hubo 1.458 accidentes con el resultado de 79 personas muertas y 1.779 heridas.

Tampoco es que la ciudadanía se porte muy educadamente. Obstruyen el paso de personas a los vehículos, se quedan en las puertas aunque su destino no sea la siguiente parada y hay un gran número de “colados” en el sistema.

Para más complicaciones en los costos, no hay ningún tipo de abonos para reducir los precios a la gente del común. Usted puede adelantar carga la tarjeta con, pongamos, veinte mil pesos (1 euro aprox. 3.000 pesos) y el billete le cuesta lo mismo. Ahora, con la subida, han ampliado el tiempo disponible para hacer un transbordo sin pagar todo el pasaje y te cubre hasta dos viajes a crédito de la tarjeta si te quedas sin saldo.

El sistema Transmilenio mueve cerca de 2,3 millones de viajeros al día. Por lo que la caja diaria, aunque haya gente que se cuele y una parte de la población tenga algún beneficio por ser de escasos recursos, es elevada. Mucho como para que según la Secretaría de Movilidad de Bogotá el déficit en 2016 alcanzara los $661.000 millones de pesos.

Los votantes de Peñalosa, ese sector poblacional de estratos 5 y 6, los más altos, y residentes en el norte o noroccidente de la ciudad, no se mueven en transporte público. Ellos son de esas ciudadanas y ciudadanos que diariamente ocupan las calzadas moviendo sus carros de 1.200 kilos para desplazar una sola persona de apenas 100. La mayoría de los automóviles que se ven circulando, más bien atascando, las vías urbanas van ocupados únicamente por el conductor.

La situación de la movilidad en esta gran capital es bastante difícil y de complicada solución, y más por el poco interés político en abordar el problema de manera integral y con propuestas válidas. Y el metro sigue siendo una quimera. Eso sí, de oro. Porque el dinero que ha “desaparecido” en este sueño y los cada vez más elevados costos de su implementación lo sitúan en un nivel inalcanzable.

Este es el panorama del transporte, caro y saturado, en la Bogotá mejor para todos.

 

 

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“¡Buuuses, buuuses, buuuses!”, bramaba con insultos la multitud.

Como pan de cada día, crucé el torniquete y me estrellé con una gran masa de personas acumulándose en el paradero de la ruta G-30, única ruta del Portal Suba que me acerca al trabajo. Estoy acostumbrado a meterme entre la multitud dispuesto a soportar, luego de respirar profundo y recitar un mantra, que me halen, pisen, empujen y lancen todo tipo de golpes con tal de ingresar a un articulado. Por lo general, siempre logro tomar al cuarto bus y consigo acomodarme cerca del conductor, de pie, pero con espacio para leer el libro del momento. Sin embargo, esta mañana, la multitud era el doble de lo normal y gritaba amenazando con explotar.

Salí a tiempo de mi casa para llegar al trabajo a las ocho, ocho y quince en realidad. Miré el reloj y eran las seis y cincuenta; apenas, dije. Luego de dos semanas laborales ya tenía calculado el tiempo de cada tramo. En cicla hacia el Portal me demoraba unos veinte minutos; del portal a la estación Campin, contando la espera del articulado, eran otros cuarenta; y de la estación hacia el periódico donde trabajo se sumaban unos quince, más o menos. Pero al abrir la puerta de la casa un frio desmotivado me hizo cambiar de planes. La calle estaba mojada y el cielo gris, a punto de llorar. Un lunes perfecto. Mierda, maldije por primera vez entre las muchas veces que lo haría. Dudé por unos segundos qué hacer. Si me iba en cicla de seguro volvería a mojarme como la semana pasada, error que no volvería a cometer.


Ni modos, cogí entonces una sombrilla y me arriesgué a irme en bus alimentador. Era eso o tomar un Sitp. Pero la última vez que utilicé ese medio, en mi segundo día de trabajo, llevaba media hora esperando un bus cuando me salí de la inmensa fila a buscar una alternativa de último momento, no podía esperar más. Ese día llegué treinta minutos tarde; tiempo que ahora podría igualar si no me apuraba. Caminé rápido mientras decidía a cuál de todos los paraderos dirigirme. Como llevo muchos años viviendo en La Gaitana, sé cuáles son los menos congestionados, el problema es que están lejos y, aún así, no era seguro que estuvieran vacíos. Pero valía la pena correr el riesgo; de todas formas, quedaba en dirección al portal; si se demoraba, si no podía ingresar a uno, la última opción era irme caminando, pero llegaría aún más tarde de lo que ya iba.


Llegué al paradero esquivando lagunas de lodo y acomodando a cada momento los huesos rotos de mi sombrilla, ya que, en efecto, había comenzado a llover. Estaba a una cuadra cuando vi que mi bus se alejaba del paradero. Carajo, hoy no es mi día, pensé, como si el problema fuera cuestión de suerte, pero cambié de parecer al ver que detrás de este venía otro más, vacío. Corrí, por si acaso. Intenté sentarme en una silla roja pero una hábil mujer lanzó su bolso con tal precisión que quedó perfectamente acomodado en la silla. Sin derecho a refutar, refunfuñe y me alejé. Luego vi otra silla vacía. Me senté. Soy un lector empedernido y siempre busco un poco de comodidad para disfrutar de las letras. Con tantas horas metido en estos estómagos de metal, por lo menos, pienso, es mejor aprovecharlas con algo productivo, más ahora que estoy embelesado con un libro de Gay Talese, Honrarás a tu padre.


Llegué al Portal en veinte minutos. En el recorrido, tras llenarse el bus en la segunda parada,el conductor no permitió que nadie más entrara (si tal cosa era posible); llegaba a los paraderos, frenaba con la intención de abrir las puertas, la gente en la calle se acomodaba para entrar, pero de inmediato, con algo de malicia, se alejaba dejando atrás rostros furiosos que negaban con la cabeza. En un momento una señora al frente mío se corrió bruscamente hacia atrás y dejó que una joven mujer, de unos veinte años, se pusiera frente a ella. La vi y estaba pálida. Parecía desmallarse. De inmediato me paré, interrumpiendo mi lectura, y le cedí el puesto. Según dijo, se sentía asfixiada y mareada. Este sistema nos quita hasta el aire, pensé.


En el Portal, tras naufragar entre la marea agitada de gente, escuché a un hombre, con voz de naufrago, gritar desesperado: “manden buses, hijueputas”. Le siguieron chiflidos de apoyo. Era evidente que llevaban mucho tiempo esperando. Y no eran los únicos. Al otro extremo del portal se escuchó un estruendo de gritos y silbidos amenazantes clamando por lo mismo. Entonces otro hombre cercano, tal vez motivado por esa ola de indignación, gritó: «¡por eso no pago pasajes!» y de nuevo gritos y chiflidos de apoyo.


Corrían los minutos y la gente gritaba cada vez más fuerte, más alterada. Yo pensaba en los responsables de este caos, los dueños invisibles de este negocio y sus políticos aliados, a ellos lanzaba mis insultos mientras la gente parecía irse lanza en ristre contra los trabajadores del sistema, simples acatadores de órdenes. “¡Buuuses, buuuses, buuuses!” bramaba con insultosla multitud.


Esto va a explotar, pensé. Miré a todos y me pregunté ¿Por qué nadie maldice al alcalde, por qué nadie nombra a las familias dueñas de este negocio? ¿Por qué yo no soy capaz de hacerlo? Por otro lado ¿Cuántos habrán votado por Peñalosa y el Concejo que le aprueba sus sandeces? Por lo menos, de haberse elegido un alcalde que no se beneficiara con este sistema de transporte, abría una leve esperanza de un metro a mediano plazo. Pero no. Pasaron otros cinco angustiantes minutos en los que pensaba en el tiempo que estaba perdiendo; entonces recordé aquella frase de Mujica en la que dice que uno no compra algo con plata, lo compra con el tiempo de vida que se gasta para conseguir esa plata. Reflexioné: entonces quienes roban el dinero que pagamos en impuestos, con él se podría arreglar vías, construir un metro, mejorar el transporte público (quitándoselo, claro, a los privados), no nos están robando solamente dinero, nos están robando el tiempo de vida que gastamos para conseguir ese dinero. En alguna noticia leí que los bogotanos pasamos un mes del año metidos en un bus ¡Un mes! Cómo aprovecharía por lo menos la mitad de ese tiempo en otras actividades; la principal: vivir. Porque estar metido en un bus es tiempo muerto. Pensar en ello me indignaba más, tanto que si la gente se rebotaba estaría ahí.


Al frente de la plataforma, seis policías estaban en fila sobre un andén, quietos, se veían endebles frente a la muchedumbre desesperada por llegar al trabajo, la universidad o a cumplir cualquier otra cita. Ya no había más espacio; la gente que llegaba no podía pasar los torniquetes. Entonces tronó una nueva tanda de chiflidos, gritos e insultos que duró varios segundos. Desesperada, indignada, la gente comenzó entonces a bajarse de la plataforma para bloquear el carril de los articulados, como forma de protestas. Uno tras otro se lanzaba al tiempo que motivaban a los demás pasajeros a imitarlos. “¡Abajo, abajo, todos abajo!”. En pocos segundos los carriles se colmaron de gente que por el momento le impedía el paso a dos buses. Un hombre se acercó alterado a un policía exigiéndole que los ayudara. El policía, impávido, señalaba la plataforma pidiéndole que se subiera.


Quienes permanecían en la plataforma expresaban en sus rostros angustia, expectativa, pero la mayoría sentía ira. La gente siguió bajándose. Volví a mirar a los policías que seguían quietos, de seguro esperando dar la orden de traer al Esmad, que para ese momento de seguro llegaría más rápido que un bus. La semana pasada, en la misma ruta, había sucedió lo mismo, la falta de buses llevó a una protesta masiva que llegó a llamar la atención de los medios de comunicación. Ese bloqueo duró varios minutos.


Sin embargo, esta protesta parecía desquebrajarse más rápido. La masa de la plataforma era mayor a la que bloqueaba y no parecía aumentar. Sobre todo porque al fin llegaba un G-30. Quienes impedían el paso de los buses dudaron en volver a la plataforma. Miraron más allá para verificar que vinieran más y, en efecto, venía otro, y luego otro. Dudaron otro poco en decidir, pero al fin se subieron todos.


Agolpados a la orilla de la plataforma, el primero de los buses se detuvo sin abrir las puertas. La gente comenzó a exigir que las abriera golpeando con las palmadas de las manos a los vidrios, pero el conductor no obedecía. Así, sin tiempo para la paciencia, las abrieron a las malas y entraron en tumulto, chillando algunos de dolor por los empujones, era tantos que se hacía difícil hasta entrar. Con cada bus que llegaba, ahora sí cada tres minutos contabilizados, se iba desocupando la plataforma. Cuando ya iba a ingresar a uno, se escuchó un grito desgarrador: «mi costilla, mi costilla». Una mujer gritaba desesperada. Detrás, un hombre mayor empujaba a otro mientras le gritaba que se quitara. El hombre, de chaqueta roja y alto, se aferraba a la puerta para no ser sacado de la fila. Los hombres se insultaban y forcejeaban hasta el punto de que el hombre de chaqueta instó, con movimiento de boxeador, al otro para que se saliera y arreglaran el problema con los puños. La gente intentaba calmarlo.


El hombre mayor se quedó adentro y las puertas se cerraron. El hombre explicaba que a su mujer, a quien defendía del hombre de chaqueta que la estaba empujando, hace un mes otro hombre le fracturó una costilla de tanto empujarla intentando entrar, también a un bus. Luego el hombre se desahogaba culpando a Peñalosa de empeorar el transporte público al impedir que se construyera el metro. Otra mujer afirmaba que era necesario organizar una gran protesta, ya no aguantaba más, una que durara un día completo para que así, al verse realmente afectados los dueños de este negocio ahí sí mejorarían el sistema. Varias personas la apoyaron.


Al día siguiente, en la estación Campiña, la última antes de llegar al Portal, un grupo de personas en horas de la mañana intentó bloquear el transporte, pero la iniciativa no cobró fuerza y desapareció al poco tiempo. A la misma hora, sin embargo, en Soacha sí había comenzado una protesta que duraría varias horas bloqueando los carriles.


Por ahora yo iba en el cementerio de Suba cuando la voz robótica del bus informó: «son las ocho horas del 27 de marzo de 2017». No iba ni por la mitad del camino y ya tendría que estar llegando al periódico. “Me van a despedir”, dijo un hombre a mi lado que hablaba, al parecer, con su pareja. Le decía que estaba seguro que lo iban a despedir del trabajo, que ya había acumulado muchos retardos. Para colmo de males, el bus andaba despacio. Intenté mirar qué pasaba, pero no pude ver nada. Alguien a mi lado con mejor visión dijo luego que había un bus parado, cuando pasamos por el lado de este vimos que era, vaya sorpresa, un G-30.


Llegué al trabajo a las ocho y cincuenta. Exactamente había perdido dos horas de vida que nunca más recuperaré.

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Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 24 Enero 2017 17:58

¡Bogotá mejor para pocos!

¡Bogotá mejor para pocos!

“Señor Alcalde y equipo de gobierno:

la ciudad no es una maqueta”

 

El presente balance busca entregar insumos para el análisis crítico del primer año de gobierno de Enrique Peñalosa, con el ánimo de comprenderlo (si es que aún no nos queda claro).

 

Durante los pasados 365 días Enrique Peñalosa y su equipo no hicieron más que mirar por el retrovisor y hacernos creer por todos los medios que el obsesivo modelaje de maquetas, photoshop y renders, son sinónimos de gobierno urbano. En aquel lapso la tal recuperación de Bogotá no resultó otra cosa distinta a la reconquista de la ciudad como un negocio rentable para pocos. Así, hemos vuelto al marketing territorial como expresión maniquea de la política urbana, donde “hermoso, bonito, feo y horrible” son las palabras preferidas del Alcalde para describir la situación actual de una ciudad que escapa a su comprensión. A diferencia de lo que dicen algunos tratando de explicar la caída en picada de su popularidad –78 por ciento de desfavorabilidad según encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos1–, no es “Peñalosa, el alcalde incomprendido”2, es Peñalosa el incapaz de comprender.

 

Tres pilares del urbanismo de élite: el desastre 18 años después

 

De la larga lista de transformaciones promovidas por el Alcalde, vale la pena mencionar tres que delatan el impacto de la reconquista y los efectos perversos de medidas tomadas por el mismo Enrique Peñalosa 18 años atrás, estas son: 1. Reducción del Sistema de Movilidad a Transmilenio; 2. Renovación urbana como higienismo del nuevo siglo y; 3. El negocio de la “vivienda social”.

 

1. Reducción del Sistema de Movilidad a Transmilenio. En su primera alcaldía Peñalosa prometió construir el Metro y no cumplió, dejando a cambio la costosa y pesada infraestructura del Transmilenio, empresa con la cual estaría comprometido directamente como consultor-presidente del Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte3, cargo desde el cual se ha dedicado a vender buses Volvo al llamado Tercer Mundo. Su interés desmedido por un metro elevado que funcione como alimentador de Transmilenio no tiene mejor justificación que la de un negocio personal al cual quiere someter a más de 7 millones de bogotanos. Además, el impacto ambiental y visual del metro elevado sería catastrófico al ocultar el sol en las principales avenidas.

 

Por otra parte, es claro que la ciudad debe invertir en el proceso que cuenta ya con estudios, es decir en el metro subterráneo4. Invertir en nuevos estudios es entregar nuestro futuro en deuda a personajes como el señor Andrés Escobar Uribe representante directo de Pedro Gómez en los negocios de la ciudad, nombrado como actual gerente de la Empresa Metro y quien fuera director de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco. También lideró el polémico proyecto de Renovación Urbana del CAN y Nuevos Ministerios.

 

A la catástrofe del Metro, se suma el previsible aumento de líneas de Transmilenio en las troncales de la Carrera Séptima, la Avenida Boyacá, la Carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali, sin cambiar el parque automotor existente, sin mejorar la calidad del servicio, con los mismos contratos leoninos que solo le dejan el 5 por ciento de cada tiquete a la ciudad. A cambio, el Distrito debe responder por vías, estaciones, seguridad, entre otros.

 

Finalmente, quieren hacer pasar por nuevos dos viejos y necesarios proyectos: el incremento de ciclo rutas y el cable aéreo. Sobre las ciclo rutas, la ciudad venía avanzando de manera sostenida, incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte necesario frente a los retos del cambio climático. No son pertinentes los aspavientos oportunistas que intentan aprovecharse de un movimiento ciudadano con trayectoria, agenda y conciencia. En cuanto al cable aéreo que estaba pensado para mejorar la calidad de vida de los pobladores del sur de la ciudad en conectividad directa con el Metro, ha quedado reducido a dos líneas, una en Ciudad Bolívar y otra, que a imagen y semejanza del Parque Arvi en Medellín, pretende conectar el norte de la ciudad con el Embalse San Rafael5. Este último proyecto valoriza suelo de protección ambiental para la ubicación de inversión inmobiliaria de proyectos de alto coste.

 

2. Renovación urbana como higienismo del nuevo siglo. Anunciándola como el “Fin a las tres ollas más grandes del narcotráfico en Colombia” la alcaldía engaña nuevamente a la ciudadanía, pasando por encima de la vida y dignidad de cientos de familias de barrios como el San Bernardo, que hoy en día siguen soportando el impacto de lo que fue la demolición del barrio Santa Inés y la construcción del Parque Tercer Milenio a inicios de julio de 1999. Durante los últimos 18 años y ante las miradas esquivas de presidencia y el distrito, las mafias se fueron comiendo lo que encontraron a su paso. Así, el mal llamado “Nuevo Bronx” que se tomara paulatinamente las calles 6ta, 5ta y 4ta del barrio San Bernardo es resultado directo del urbanismo apresurado e higienista del alcalde. Crisis humanitaria, crisis del capital y, sobre todo, crisis del urbanismo de élite responsable del deterioro socio-espacial, que al mejor estilo criollo-rentista, sigue esperando que “la tierrita engorde” los pobres “evacuen” y los proyectos cuajen.

 

Desde las actuaciones en el Parque Tercer Milenio, los Proyectos de Ciudad Salud y la más reciente propuesta de creación del Instituto para el Desarrollo del Centro, que extrañamente quieren ubicar en la Secretaría de Gobierno y no de Hábitat o de Cultura, se evidencia el accionar caprichoso de delfines tecnócratas sobre un centro que requiere más políticas de mejoramiento y revitalización que otro tipo de intervención.

 

3. El negocio de la “vivienda social”. Es manifiesto, a lo largo y ancho del país, que hacer las casas y las cosas a su antojo es la premisa clara de planificadores, empresarios y gobiernos municipales que insisten en ubicar la vivienda social y con ella a los pobres en las periferias. Haciendo eco a la tesis trasnochada de L. Currie sobre El Sector Líder, la trayectoria histórica de nuestro urbanismo ha representado un engaño a millones de pobres que tras la ilusión de la ecuación Ciudad=vivienda propia= bienestar, siguen poblando por necesidad rondas de ríos, humedales, reservas forestales y agrícolas y cuanta esquina de bosque dispongan los brazos metálicos instalados por el próspero gremio de los constructores. A la mentirosa ecuación se sumó finalizando la década del 90 la campaña desinformativa “[...] de los agentes mejor informados sobre el comportamiento del mercado del suelo urbano en Bogotá [...] que enfatiza sobre la escasez física y, por tanto, económica del suelo urbano”6.

 

Sin llamar a engaños y comprendiendo bien cuál es el modelo de ciudad del actual alcalde, fue “inaugurado más de dos veces” de la mano del vicepresidente Germán Vargas Lleras y la Ministra de Vivienda Elsa Noguera el Proyecto Campo Verde en la localidad de Bosa, el cual pone en riesgo a 6.129 familias. A través de un concepto del Idiger de 2016, e ignorando la orden de un alto Tribunal7, el Alcalde, el Vicepresidente y la Ministra se tomaron varias fotos juntando ladrillo y cemento bajo el titular “arrancó en forma la construcción de vivienda popular en Bogotá”. A esto se suma la habilitación de suelo urbanizable en más de 1.400 nuevas hectáreas ubicadas entre el borde occidental del río Bogotá (48 kilómetros lineales) y la Reserva Thomas Van Der Hammen (RTVH). Allí se propone la construcción de más de 2.300.000 viviendas que según el estudio Sistema de Ciudades del DNP 2015, requiere Bogotá en los próximos 30 años. De forma particular el proyecto de vivienda ‘Ciudad Paz’ que afectaría la RTVH en la perspectiva de asegurar la conectividad –ya existente– entre los cerros orientales y el río Bogotá, debe contar con la aprobación de la CAR. Amanecerá y veremos.

 

Cabe mencionar la fusión de Metrovivienda y la ERU para la producción de suelo para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de interés prioritario (VIP) con la tarea central de retomar de la Operación Estrategia Nuevo Usme (150.000 viviendas multifamiliares) y la articulación Empresa de Renovación Urbana (ERU) Bogotá con la Empresa Nacional de Renovación Urbana (ENRU) Virgilio Barco, empresas líderes en urbanismo cosmético encargadas del “cambio extremo del centro”. Este es otro más de los rimbombantes anuncios que aparecieron en la revista de publicidad (e información) sobre el trabajo de la administración en 2016.

 

Plan de Desarrollo, POT y otras transformaciones

 

Otros elementos del balance Peñalosa 2016, con consecuencias importantes para el presente y futuro de la ciudad, están relacionados con:

 

La Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial que contó durante 2016 con escenarios de participación ciudadana, donde se evadieron los debates centrales al insistir en preguntas retóricas sobre el bienestar y la felicidad. Proceso que pone en evidencia el poco reconocimiento de una ciudadanía informada que sabe de sus conflictos y que, sobre todo, cuenta con propuestas. De nuevo los expertos tomarán las decisiones sobre el por qué, para qué y el dónde del futuro de Bogotá.

 

La cosmética de limpieza de postes y recuperación de espacio público, que según el mismo Alcalde significó para 2016 –300.000 metros cuadrados de espacio público recuperado, atentando contra un renglón importante en la economía de la ciudad, el derecho al trabajo y la sobrevivencia de las casi 50 mil personas dedicadas a esta actividad8.

 

Eliminaron el programa Basura Cero sin contar con un verdadero programa de reciclaje, dejando a la ciudad sin alternativas reales de gestión de sus residuos. Afectadas: familias recicladoras expuestas de nuevo a la informalidad; familias campesinas y urbanas que al borde de Doña Juana (más botadero que relleno) deben soportar la inclemencia de crecer de cara a las basuras, en medio de una ciudad irresponsable con sus “desechos”. Beneficiadas: las familias de la firma consultora Econ y demás asesores contratados por la actual directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, con quienes se llevará a cabo el proceso de licitación para la implementación del modelo zonal de recolección de basuras9.

 

Privatizaciones: la adaptación técnica de la ETB y la ignorancia de los expertos

 

Además de adoptar el rol histórico de una empresa pública vigorosa y pujante, y a pesar de los chismes tecnocráticos de escritorio que buscan desprestigiar su desempeño durante varios años, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) continúa como una de las instituciones insignes de la ciudad. Querida por la ciudadanía y vilipendiada por un selecto gabinete de “expertos”, a pesar de ser calificada con uno de los mejores promedios de gestión y gobierno urbano en la encuesta más reciente de percepción ciudadana, efectuada por la firma de opinión Ipsos, titulada Bogotá Cómo Vamos (BCV)10. Junto a las encuestas de opinión, la legitimidad de la ETB también ha sido defendida en las calles de la ciudad, justo en la vecindad del complejo gubernamental donde se suele negociar el futuro de los bienes públicos del Distrito. A mediados de mayo del 2016, un grupo nutrido de sus trabajadores y estudiantes de la Universidad Distrital manifestó su tajante rechazo a la privatización de la ETB, en medio de una densa nube de bolillazos y gases lacrimógenos11.

 

No sobra decir que en ambos casos la protesta está justificada. La cartera disponible de la Universidad Distrital está literalmente en juego, al igual que miles de puestos de trabajo que proveen el sustento diario de un sinnúmero de familias. La negativa a la distribución de dividendos bursátiles para los accionistas de la ETB avalada por su Junta Directiva a inicios de marzo de 2016 contrajo la absorción de 863 millones de pesos para la Universidad Distrital a finales de agosto del mismo año12. Esto es particularmente grave si consideramos las aplastantes urgencias presupuestales que rodean los 11 billones de pesos. Según varios voceros de la Universidad Distrital, la administración Peñalosa sólo aumentó la vigencia fiscal del alma máter en un 3 por ciento a pesar que la inflación promedió una tasa del 6,77 por ciento, lo que implica que la Universidad dejó de recibir aproximadamente $6.490 millones de pesos13.

 

Frente a este panorama de enajenación de los bienes públicos y corrosión del carácter y de los afectos de las familias trabajadoras del Distrito, cabría preguntarnos, ¿cuáles son las razones, los argumentos y las posiciones que respaldan la venta de la ETB? Para ello, debemos revisar con detalle qué opina el gabinete de “expertos” de la administración Peñalosa, algunos analistas de la prensa económica e, incluso, el mismísimo alcalde mayor. En la presentación del Plan de Desarrollo en el Concejo, a principios de abril de 2016, Peñalosa mencionó que era en sí muy difícil para una empresa pública competir con las grandes compañías del sector de las telecomunicaciones. Para Peñalosa, la pérdida de las cuotas de mercado de la ETB a causa del ingreso de fuertes competidores en el sector de las telecomunicaciones no le brinda un margen de maniobra amable para innovar, realizar las inversiones necesarias, y crecer14. Está clarísimo que el criterio de funcionamiento de una empresa pública para el alcalde mayor se centra en la acumulación del capital y no en el servicio que sus beneficios pueden prestar a la ciudadanía.

 

Asimismo, para ciertos opinólogos profesionales con tribuna en la gran prensa, la subasta de la ETB al mejor postor se justifica por su progresiva pérdida de valor, es decir, por la incapacidad gerencial de sus juntas directivas para reproducir las ganancias a la par de su tasa de inversión. En otras palabras, la ETB es una empresa ineficaz e ineficiente debido a que no ha podido recuperar a muy corto plazo la inversión de $2.1 billones de pesos en ganancias y dividendos para sus accionistas. Esta es la posición de Carlos Caballero Argáez, para quien la ETB no es una joya sino un lastre, dado que las necesidades de inversión de la ciudad son, a su modo de ver, mucho más gigantescas y rentables que la ETB15. Por último, para Jorge Castellanos, ex presidente de Bancafé, ex banquero de inversión de J.P. Morgan16 y flamante presidente de la Junta Directiva de la ETB, hay que vender la empresa cuanto antes porque perderá valor sin importar lo que se haga. Para Castellanos, como no hay dinero para capitalizar la empresa, la enorme red de fibra óptica quedará inevitablemente enterrada sin capacidad de conectarla, deteriorándose progresivamente así hasta el punto de su inutilidad técnica17.

 

Semejante comentario empapado de indolencia técnica y mezquindad administrativa expresado por un doctor en Finanzas y Estratega Senior de Inversión le habría valido una expulsión segura en J.P. Morgan hace unos años. No obstante, para congraciarse con sus antiguos jefes y con los accionistas privados de la empresa, propuso a fines de diciembre del 2016 que J.P. Morgan fuese la firma encargada de coordinar la venta del paquete accionario de la ETB. Para Beatriz Arbeláez, la actual secretaria de Hacienda del Distrito, la escogencia de J.P. Morgan para este fin se justifica por su experiencia en el arbitraje de varios procesos de privatización de empresas públicas de telecomunicaciones en América Latina18. Lo que Arbeláez no cuenta a la opinión pública es que J.P. Morgan fue una de las firmas responsables en el ocultamiento de la deuda soberana griega y de la producción de hipotecas basura en E.E.U.U durante la historia de la gran crisis financiera mundial del 2007, próxima a cumplir 10 años19. Acá hay un evidente conflicto de intereses que las autoridades competentes deberían investigar.

 

Por ignorancia o complacencia, el afán cortoplacista de los voceros del capital distorsiona el diagnóstico financiero de la ETB, confundiendo un reflujo intestinal con un cáncer de estómago. Según el ex ministro de Minas y Energía, Diego Otero Prada, si bien es cierto que los ingresos de la ETB han crecido a una tasa modesta en el último año, la empresa ya tiene las bases tecnológicas para acrecentar sus recursos y competir eficazmente en el mercado20. Por último, a inicios de febrero de 2014, la ETB adquirió el 75 por ciento de la empresa de internet satelital Skynet para cubrir el servicio de internet en regiones del país donde no es posible instalar cableado de fibra óptica, como en el caso de Chocó, Amazonas y La Guajira21. Las operaciones de ETB-Skynet trascienden las fronteras nacionales, albergando ambiciosos proyectos de inversión en países vecinos. A mediados de junio de 2016, René Otero, el presidente de Skynet Perú anunció un programa de instalación de banda ancha de alta velocidad en gran parte del territorio nacional peruano para los próximos años22. En caso que la empresa logre privatizarse, quien aprovecharía estas ricas fuentes de ingreso transformables en planes públicos de salud, educación, vivienda y equipamientos urbanos, serían los consorcios privados y no la población bogotana. Hay un selecto club que está jugando con tu patrimonio.

 

Los recursos para la construcción de una ciudad digna y amable para la población bogotana están a punto de dilapidarse por expectativas irreales y precipitadas de acumulación de capital para unos pocos. Si la venta de la ETB se realiza para que la élite capitalina en palabras de Miguel Uribe, pueda caminar por los andenes de Bogotá libres de vendedores ambulantes sin “matarse o romperse un fémur”23, nos retrasaremos años luz en el ejercicio efectivo de la democracia. Si en verdad les importa la pequeña infancia, la innovación tecnológica de punta y la oferta de servicios públicos para la población bogotana, vender la ETB sería la peor decisión de administración pública en siglos.

 

Colofón

 

El primer año de alcaldía de Peñalosa no trajo nada nuevo bajo el sol de una ciudad que maduró, que aprendió a debatir, construir agendas, planear y concretar sus intenciones, una ciudad que se sabe y reconoce en su diversidad territorial, en su riqueza ambiental y social, así como en las dificultades que le son propias al ser capital de un país que hasta ahora despierta a la paz; una ciudad que se comprende y conoce y que en consecuencia se levanta con voces de descontento y oposición frente a un modelo que ya no le calza.

 

“Te amamos Bogotá y te deseamos un 2017 con más política y menos marketing”.

 


 

* Respectivamente: Ph.D., en Urbanismo. Arquitecto. Profesor Universidad Nacional. Politóloga, Máster en Sociología y Antropología Urbana. Economista, Máster en Historia.
1 http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2016/
2 http://www.semana.com/nacion/articulo/revocatoria-a-enrique-penalosa/511543
3 Ver: Carrillo, Carlos. “Peñalosa y su trancón de intereses” en: https://algarete.com.co/2016/01/24/penalosa-y-su-trancon-de-intereses/
4 Ver: “Concejal le pone freno al metro propuesto por Peñalosa”, en: http://www.semana.com/nacion/articulo/hollman-morris-instauro--accion-de-cumplimiento-por-metro-de-bogota/509287
5 Ver: “Bogotá lista para la gran transformación. Todo lo que usted tiene que saber sobre lo que se hizo en la ciudad este año y lo que viene”, p. 90.
6 Alfonso, O. (2012). Bogotá segmentada: reconstrucción histórico-social de la estructuración residencial de una metrópoli latinoamericana. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. p. 164
7 Como anota María Mercedes Maldonado en su columna: “¿Recuerdan el proyecto Campo Verde en Bosa? Se construirá en contra de expresa orden judicial”. http://imaginabogota.com/columna/recuerdan-el-proyecto-campo-verde-en-bosa-se-construira-en-contra-de-una-orden-judicial/, enero 06 de 2017.
8 Romero, Jaime (2016). Sin ventas ambulantes no hay recuperación del espacio público, en http://imaginabogota.com/columna/ventas-ambulantesy-espacio-publico/
9 Mogollón M. Felipe & Botero F. Leonardo. “Los asesores del negocio de las basuras”, en http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/los-asesores-del-negocio-de-basuras-articulo-664098
10 Entre las dependencias con mayor favorabilidad entre la ciudadanía bogotana se encuentran los Cades y Supercades (75 %), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), (73 %), la ETB y la Secretaría de Cultura con 55% y 52% de favorabilidad respectivamente. Por debajo de la cota de favorabilidad estuvieron las secretarías de Ambiente (44 %), Salud (37 %), Movilidad (29 %) y Gobierno (27 %). La muestra fue de 1.502 personas. Ver: El Tiempo, 06/12/2016. Un 38% de los bogotanos ha pensado irse a vivir a los municipios; El Tiempo, 06/12/2016. Un primer año duro para Bogotá, revela el programa Cómo Vamos. Para ver la encuesta, remitirse a: http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2016/ .
11 El Tiempo, 18/05/2016. Más de 200 sindicalistas de la ETB protestan en el Concejo de Bogotá.
12 Ibíd., 03/03/2016. ETB ya no tiene grado de inversión y no pagará dividendos; El Tiempo, 30/08/2016. Los retos del futuro rector de la U. Distrital.
13 Ibíd., 30/08/2016. Los retos del futuro rector de la U. Distrital.
14 Revista Semana, 29/04/2016. Peñalosa pide permiso al Concejo para la Venta de la ETB.
15 El Tiempo, 13/05/2016. La ETB no es una joya sino...un lastre. Por Carlos Caballero Argáez.
16 “La Silla Vacía”, 02/01/2016. El equipo de Peñalosa: vuelve la tecnocracia a Bogotá.
17 El Tiempo, 21/05/2016, El Distrito no puede rentabilizar la ETB.
18 Ibíd., 01/12/2016.Firma J.P. Morgan será la que se encargará de la venta de la ETB.
19 The New York Times, 13/02/2010. Wall Street Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis. Disponible en: http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all&_r=0.
20 Para Otero, aunque los ingresos de la ETB hayan crecido solamente un 2,25% entre la segunda mitad del 2015 y la primera mitad del 2016, la absorción de beneficios sería sólo cuestión de tiempo si se ejecutan políticas de eficiencia organizativa y de atención al cliente tal y como corresponde en una empresa de servicios públicos. Ver: Revista Semana, 12/05/2016. “La venta de la ETB”, Diego Otero Prada.
21 El Tiempo, 05/02/2014. “ETB pagó $30.000 millones por Skynet, proveedor de internet satelital”.
22 Prensario Internacional, 15/06/2016, Perú: “Skynet (ETB) se lanza como operador de banda ancha satelital”. Disponible en: http://www.prensario.net/16386-Peru-SkyNet-ETB-se-lanza-como-operador-de-banda-ancha-satelital.note.aspx.
23 El Tiempo, 07/03/2016. “Bogotá debería pasar de polarización a concertación”, Miguel Uribe.

Publicado enEdición Nº231
Martes, 24 Enero 2017 17:53

Cali, un mar de sombras

Cali, un mar de sombras

“De buenos deseos está empedrado el camino al infierno”, así afirma la sabiduría popular aquello de predicar pero poco hacer; parece que en Cali está sentencia está refrendándose con el alcalde Armitage.

 

Doce meses de mucho predicar... La alcaldía de Maurice Armitage, inscrito por firmas como candidato para regir el destino de Cali y, por tanto, con ínfulas de “independiente”, inició su gestión precedida de muchas expectativas. No era para menos, durante su campaña alcanzó a hablar de la necesidad de avanzar en la redistribución de la riqueza en el país como vía para superar la pobreza –particularizando en su ciudad–, para concretar lo cual buscaría lograr “un cambio en la mentalidad de los ricos”. Su promesa de ser un buen gerente para la ciudad, enfatizando que era un hombre de acciones, que lo único que sabía era hacer y trabajar, también despertó esperanzas de que los de siempre –ricos y gobernantes– darían paso a que los ingresos que recibe la ciudad por fin llegarían, de manera notable o creciente, a todos los sectores que la habitan.

 

No es extraño, por tanto, que los estratos populares y sectores de clase media esperaran, esperanzados en sus discursos de campaña, la concreción de un gobierno muy dinámico, caracterizado por acciones administrativas de gran contundencia e impacto. Acciones que partieran la historia de la ciudad en dos.

 

¿Palabras, no más que palabras? O, ¿imagen no más que imagen? Como otros funcionarios del país que saben que a la gente le gusta verlos en sus territorios, este propietario-gerente de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), dueño del Ingenio del Occidente, socio de Cementos San Marcos, miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad, así como de Fenalco, es decir, todo un cacao, deja de manera constante sus oficinas para dejarse ver por los barrios pobres. La informalidad gusta, pero no se traduce en rupturas con lo ya establecido, de lo cual lo realizado por él durante estos primeros 12 meses es una clara expresión.

 

Por ello, a medida que transcurrió este primer año de gestión, vivimos una sensación agridulce, encontrándonos con un alcalde perdido en la maraña del día a día, jugando a la improvisación, sin un libreto claro, con un plan de desarrollo hecho a retazos de lo ya establecido por anteriores alcaldes.

 

De esta manera, la ciudadanía observa un Armitage con mucha voluntad, con deseos de acertar en su labor, pero sin lograr superar sus propias carencias, su desconocimiento notorio de la función pública, su limitación para trabajar en equipo, sin capacidad para lograr que los ricos renuncien a parte de sus dividendos y, ojalá, de sus intereses políticos, territoriales, económicos, parte sustancial de lo cual queda reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial, o en la manera como los ricos, por conducto de sus voceros y representantes políticos –en el Concejo municipal y las distintas secretarías municipales–, proyectan y planean la ciudad, arrinconando más a los empobrecidos y brindando todo tipo de normatividad para el beneficio de los ricos. Todo esto permite colegir que se perdió un año, un cuarto valioso de tiempo de su periodo administrativo.

 

Más allá de esto, en medio de un panorama de incertidumbre y desconfianzas, es imposible ignorar que cuenta con respaldo en las comunidades, logro alcanzado por su permanente presencia en los barrios, dándole la cara a la gente. Los gastos en publicidad e imagen no están ausentes de este logro.

 

Tres graves problemáticas

 

Cali tiene identificadas tres grandes problemáticas que son el medidor de toda gestión pública:

 

1) La seguridad. Este es un tema y una realidad de alto impacto ciudadano, de ello es consciente el nuevo Alcalde, que aunque no ha roto con las políticas heredadas, incrementando el pie de fuerza y dándole continuidad al control social, sí ha tratado de impregnarle un pequeño giro a esta política al emplear a jóvenes identificados en las políticas oficiales como de “alto riesgo”, habitantes de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Podemos decir, entonces, que hay un balance positivo al disminuir la tasa de homicidios en un 7 por ciento en relación al 2016, pero el crecimiento de la delincuencia, reflejado en delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales, etcétera, sigue en alza. En este acápite de la seguridad hay un programa de intervención social denominado los Tios (territorios de inclusión y oportunidades), el cual debemos evaluar posteriormente para conocer sus alcances.

 

2) El funcionamiento de Emcali, la empresa pública de servicios. Emcali viene de una intervención de la Superintendencia y su calvario no termina, en su futuro solo se avizora la posibilidad de una venta del componente de Telecomunicaciones, lo que significaría la división de la empresa dejando al garete, desfinanciado, el alcantarillado y el acueducto; su falta de gerencia y gestión la amenazan con la quiebra; problemática agravada por el interés particular de un sector de la élite caleña por vender la empresa o recortarle su carácter público. Sobre este particular, lo único claro con el Alcalde es que no ha pasado nada, su ausencia ha sido total en las decisiones y el fantasma de la privatización de verdad ya asusta.

 

3) El transporte masivo (MIO). Este sí es un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. El MIO tiene una flota de buses articulados, padrones y complementarios de 900 vehículos que se esperaban en operación, hoy esta flota está debilitada, hay graves problemas de cobertura y cubrimiento de la totalidad de la ciudad, además de la ineficiencia por la demora de los traslados. El transporte masivo, como resultado de un inadecuado manejo y una deficiente planeación, está a punto de colapsar, del parque automotor solo funciona el 70 por ciento; el hecho más grave de esta crisis es la quiebra de los operadores, sin capacidad financiera para renovación de vehículos, ni tampoco para garantizar la operación del sistema. Ante esta realidad, la ciudad está invadida por motos, cuyas ventas crecieron en un 60 por ciento, paralelo a lo cual el transporte pirata se prolonga como la “solución” desesperada para miles de usuarios, víctimas del descalabro del MIO. Corrupción y erróneas inversiones tienen al borde de una intervención a Metrocali, la empresa del transporte masivo en la ciudad.

 

Otras áreas públicas

 

Salud: los logros son escasos. Aunque la ciudad ha librado con éxito la lucha contra los brotes epidémicos del dengue, chikunguya y zika, el municipio ha sido poco incidente en la grave crisis de la red hospitalaria, donde el principal y más grande hospital público (el Universitario del Valle) está al borde de la liquidación, sin una solución efectiva para los miles de usuarios que acuden a sus instalaciones por atención.

 

Educación: se perfilan políticas integrales de mediano y largo plazo tendientes a subsanar el problema de la educación pública; está en trámite un crédito ante el BID para la construcción y dotación de instituciones educativas en las zonas de mayor poblamiento y necesidad.

 

Un problema que afecta la educación oficial es la corrupción, manifiesta en los llamados colegios de cobertura, los mismos que absorben el 60 por ciento de la demanda educativa en los estratos 1-2. El nuevo Alcalde no ha roto con esta política, prolongando una problemática muy seria de calidad, tanto por las condiciones físicas de los colegios como por la formación y remuneración de los docentes. Con recursos públicos se sostienen más de 95.000 niños en establecimientos de carácter privado, que no ofrecen ninguna garantía para el educando.

 

En materia de gestión, el alcalde Armitage es más lo que adeuda que lo realizado en concreción de sus promesas de campaña. El balance refleja una preocupación por atender a los jóvenes, por brindarle capacitación, empleo y reducir tasas de delincuencia.

 

En otros ítems observamos resultados negativos, resaltados en la movilidad, la operación de los servicios públicos –con permanentes cortes de agua y energía–, claroscuros en el tema ambiental (no hay contundencia en las intervenciones en este tema), y una política social rodeada de buenas intensiones pero de limitadas acciones.

 

En definitiva, no basta con ser empresario exitoso ni rico con tiempo disponible para ensayar supuestas capacidades en otros escenarios. En lo público lo fundamental es hacer equipo con el conjunto social, identificando las necesidades más álgidas de la ciudadanía, para darles solución, y desatar las energías ciudadanas para asumir en sus manos los retos que les depara la vida diaria. El empresario venido a político –no dispuesto a romper con su clase– no entendió esté reto, ni lo entenderá en los años que le faltan para culminar su alcaldía.

Publicado enEdición Nº231
Revocatoria. El año en que haremos historia

Como buen camaleón esperó 16 años resguardado en diferentes partidos. Ahora, algunos confundidos y con amnesia político-histórica de los abusos por él cometidos en su primera administración, le dan la oportunidad de repetirlos. Enrique Peñalosa II, ejemplo de lo que el pueblo no debe aceptar.

 

Los que siempre se lucraron del esfuerzo de todos/as, los que han manejado esta ciudad como si fuera propiedad privada, necesitaban recuperar lo parcialmente perdido durante 12 años. Y para ello no ahorraron esfuerzos, logrando su propósito en las elecciones de 2015.

 

No ocultan su ambición ni mezquindad. Desde los primeros días de la nueva alcaldía Peñalosa fueron con todo contra las políticas y logros que favorecían a los sectores populares capitalinos. Por ello, desde esas primeras semanas, diversos sectores ciudadanos preocupados por la ciudad que vamos a heredar a las futuras generaciones, nos dimos cita para fijar un qué hacer.

 

Para fundamentar nuestro propósito asistimos al Concejo de Bogotá, donde, sin gran discusión 32 concejales militantes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, parte del Verde, Centro Democrático, le aprobaron al “nuevo” Alcalde el cuestionado y demandado Plan Distrital de Desarrollo, en el cual, entre otras perlas, resalta su artículo 133 numeral 3. Otras fuentes de financiación “tales como la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el corto y mediano plazo”.

 

Carta blanca. Ese entre otros significa “lo que quiera vender”, además que lo facultan a reestructurar lo que desee del Distrito, llevando a cabo una campaña de despidos y desconocimiento de lo actuado por anteriores administraciones. De esta forma la actual administración está en contravía del artículo 259 de la Constitución Política, que explicita sobre el funcionario elegido de manera popular, y su plan de gobierno “[...] imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”, que para el caso del capitalino el tipo de procederes aquí comentados nada tienen que ver con lo anunciado en su plan de campaña. Es más, el hoy Alcalde también entregó al Concejo Territorial de Planeación Distrital un documento diferente, violando así la ley 152 de 1994.

 

Es por ello que los ciudadanos reunidos de manera voluntaria decidimos asumir, de acuerdo a la Constitución Política y su artículo 103 “La revocatoria del mandato”, a la par de las leyes 131 y 134 de 1994 y la 1757 de 2015, que son las que regulan la participación ciudadana.

 

Para darle vía a este propósito, y de acuerdo a lo estipulado por la Ley, decidimos: 1. Organizar el comité “Unidos revoquemos a Peñalosa”, y así poder realizar el proceso respectivo, 2. Recolectar los apoyos necesarios, en total 271.818 firmas del censo electoral, equivalente al 30 por ciento de los 906.058 votos obtenidos para llegar al cargo, 3. Pasar a la verificación de lo recogido por parte de la Registraduría y su viabilidad constitucional, 4. Que ésta convoque a la votación popular en Bogotá, 5. Movilizar a la ciudadanía para que se acerque a las urnas con una participación no inferior a 1.092.230 bogotanos lo cual equivale al 40 por ciento de los votos válidos del total obtenidos el 25 de octubre de 2015 y de estos votos 548.000 deben ser por el SÍ, lo cual equivale a la mitad mas uno del dato anterior, 6. Una vez convalidada esta votación, liderar una nueva elección, en esta ocasión por alguien que encabece la alcaldía de la capital del país colocando al frente un proyecto de ciudad colectivo, elaborado con la ciudadanía, para que de verdad favorezca a las mayorías de quienes acá habitan.

 

El propósito de este año es hacer historia, por nuestros hijos y nietos. Por primera vez en la “democracia más antigua de América”: revocar lo que estorba y elegir a quien le sirve al pueblo y no a los intereses del gran capital.

 

Esfuerzo nada fácil pero que SÍ es posible. A la par que avancemos tras este empeño, sus aliados tratarán de cambiarle la imagen: entregarán viviendas en Bosa con Germán Vargas Lleras; aprobarán y harán efectiva la entrega de dinero –con Juan Manuel Santos al frente– para diferentes proyectos urbanos. Lo ensalzarán, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. En fin, harán lo posible y lo imposible para dividir y boicotear este proceso, pero pese a todo ello debemos avanzar como un solo cuerpo en pro de su Revocatoria.

 

* Dirigente CUT-Bogotá.

Publicado enEdición Nº231
Martes, 24 Enero 2017 17:38

2017, año de consultas populares

2017, año de consultas populares

En el afán por defender diferentes derechos, el año 2017 será recordado como aquel en el que distintas poblaciones colombianas, así como grupos de interés, se batieron en las urnas por la defensa de sus territorios, creencias, en procura de gobiernos honestos, por alcaldes probos, abiertos a la justicia y vida digna. Mecanismos de participación directa, como el plebiscito y referendo, es el recurso a que acuden. En estas circunstancias, el 2017 promete ser el preámbulo de la agenda electoral presidencial del 2018.

 

Fallidos fueron los intentos para llevar a cabo consultas populares durante el 2016, iniciativas gestadas por organizaciones sociales, políticas y ambientales en sus municipios y departamentos como mecanismo último para evitar la destrucción de sus territorios por megaempresas foráneas que en nada aportan al bienestar de las poblaciones afectadas.

 

Decididos a su defensa, las comunidades de diferentes municipios acudieron al Artículo 105 de la Constitución, el cual da vía libre a la consulta popular como mecanismo de participación directa: “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”1.

 

Armados de este derecho, se batieron durante el 2016 en una lucha constante en contra de la explotación minero-petrolera y la corrupción, lucha dilatada hasta el 2017 que apenas inicia, un año donde las consultas de diverso orden abrirán un escenario de reivindicación popular, ¿Será este fenómeno uno de los tantos reflejos de la crisis que refleja la democracia realmente existente en nuestro país?

 

La gesta

 

En particular, el segundo semestre del 2016 fue un período intenso para las poblaciones de los territorios colombianos seleccionados para la ejecución de fracking y la minería a gran escala por diferentes multinacionales, dentro de las que sobresalen AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

 

Inmenso territorio. Alrededor de 10 municipios solicitaron a la Corte Constitucional la aprobación de la consulta popular como mecanismo para exigir su derecho sobre los territorios y soberanía sobre los hidrocarburos, simultáneamente a estos procesos, el Gobierno, como respuesta, no dudó en desatar atropellos contra las organizaciones y líderes sociales2.

 

Como parte de esta disputa, el fenómeno de las consultas populares generó un ambiente de controversia al interior de la Corte Constitucional, donde el debate entre dos magistrados definió el retroceso que tomarían estas iniciativas. El caso puntual fue el municipio de Ibagué, donde la consulta fue defendida y aprobada por el magistrado Jorge Iván Palacio con la ponencia en contra de la explotación de petróleo por medio de la ejecución de fracking3. Pero días antes de que esta consulta se llevara a cabo, el magistrado Bastidas calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa, lo cual la inhabilitó y aplazó los comicios.
En su versión original, el interrogante al elector era:

 

“¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

 

Ante esta misma situación quedaron expuestas las comunidades campesinas, indígenas y afro de municipios como Cajamarca (Tolima), Paujil, Montañita, Doncello (Caquetá) y San Martín (Cesar), donde las multinacionales del petróleo y de la minería se abren paso con la ayuda de la represión del Estado.

 

Pese a este traspié, la esperanza de poder recuperar las más de 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 en producción sigue firme. La modificación de las preguntas promete, por ejemplo, que el próximo 22 de enero la población de Cajamarca (Tolima) por fin se pronuncie en las urnas ante las acciones que en su municipio lleva a cabo la multinacional AngloGold Ashanti.

 

En su versión final, luego de la revisión del magistrado Bastidas, de considerar que el gobierno local del municipio de Ibagué estaba sobrepasando el poder del gobierno nacional, el interrogante quedó así:

“¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades mineras metalíferas en todas las modalidades?”.

 

Hasta el momento esta es la única consulta con fecha fija. Mientras tanto, los demás territorios siguen adelantando sus procesos participativos para llegar a igual posibilidad.

 

2017: defensa del territorio, la vida y... ¿la democracia?

 

No sólo minería y medio ambiente. Las consultas se abren a otros ámbitos, uno de ellos el que sintoniza a Bogotá, Bucaramanga y Neiva: la revocatoria de sus respectivos alcaldes. En estas tres capitales fueron inscritos comités de impulso de tal medida. Su común denominador: los hoy alcaldes prometieron en campaña un conjunto de obras que lejos están de ser realidad.

 

En el caso de Bogotá, la propuesta de revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, “deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015”.

 

Además de los artículos que sustentan el derecho a la revocatoria, el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó 18 razones por las cuales exigen un cambio de mandato (ver recuadro).

 

De igual manera, en Bucaramanga el comité promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, informa que “la iniciativa Popular de revocatoria del mandato [...] está motivada por la inconformidad de los [email protected] de diferentes sectores de la ciudad, que están afectados e inconformes por el incumplimiento al plan de gobierno, por haber sido engañados por las promesas hechas en campaña por Rodolfo Hernández y la forma como ha afectado la ciudad y los sectores más deprimidos”.

 

Las propuestas de campaña que quedaron congeladas una vez inició su gestión al frente de la ciudad, son:

 

  • Reingeniería a Metrolínea y ‘Metrocable’
  • Soluciones de vivienda para 20 mil familias
  • Solución técnica a las basuras
  • Centro cultural en los cerros orientales
  • ‘Repensar’ el espacio público de la ciudad
  • Empresa de servicios integrados

 

También en Neiva los pobladores consideran que el municipio necesita estar en manos de alguien que pueda administrar mejor los recursos, y que en lugar de reducir las ofertas de empleo para los neivanos, las amplíe. Su motivación para la recolección de más de 22 mil firmas para la realización de la revocatoria es que: “[...] ha tenido un cambio radical y no ha cumplido su programa de gobierno. Él se comprometió básicamente en dos cosas: generar bienestar social y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, ni ha generado bienestar social porque se ha llevado la contratación de Neiva para fuera del departamento”, manifestó Calderón Cuéllar, uno de los líderes de la revocatoria, y tampoco ha atacado los casos de corrupción presentes en sus secretarías.

 

A un año de electos los gobiernos municipales, las poblaciones exigen cambios para re direccionar e intentar subsanar las grietas sociales, políticas y económicas que los recientes alcaldes electos profundizaron en pocos meses.

 

Por si fuera poco

 

El 2016 también posibilitó un escenario para que la exfiscal Viviane Morales abriera dentro del Congreso de la República el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema ha dividido a la Iglesia, los organismos de control, Ongs, universidades y al Estado entre lo que sería un derecho o un acto de irresponsabilidad para la sociedad.

 

De acuerdo a la exfiscal, la familia tradicional es el único modelo que posibilita el bienestar de un niño. Pero tal como lo expresó la senadora Claudia López “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”. Sin embargo, la motivación y argumentación ortodoxa de la senadora Morales, se reforzó con lo sucedido en el plebiscito por la paz y la maquinaria de la campaña del No.

 

Este referendo, al ser uno de los que más opiniones encontradas han despertado en nuestra sociedad, también es uno de los que más ha avanzado en su aprobación, en procura de un modelo de familia única e invariable.

 

A la par de éste, empieza la recolección de firmas para que el Congreso de la República le dé vía libre a la cadena perpetua para quienes violen niños.

 

Como puede concluirse, el 2017 será un año de intensa actividad política-territorial, en el cual el territorio, el agua, la explotación de hidrocarburos y minerales, el patrimonio público, los derechos humanos fundamentales y la vida, ocupan el campo de batalla entre quienes realmente los necesitan y aquellos que solo ven en ello un lucro económico para su propio beneficio y doctrinas. La democracia que tenemos, atacada por las voces de lucha que reclaman sus derechos, se pone a prueba.

 

1 http://www.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
2 Ver Magazine DATV 5, http://bit.ly/2iTdgaD.
3 http://www.cmi.com.co/justicia/corte-constitucional-ataca-el-fracking/403891/

 


 

Recuadro 1


En Bogotá, las razones contra Peñalosa

 

• No hacer el Metro subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
• Subirle 200$200 a Transmilenio.
• Dejar a los bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
• Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en Colombia para venderla a privados.
• Quitar bicicletas gratuitas de la carrera 7ma.
• Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
• Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4; privatizó toda la contratación de la salud en el distrito, el hemocentro distrital y el banco de órganos.
• Perseguir vendedores ambulantes sin darles alternativas.
• Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 Billón de pesos en utilidades para la ciudad.
• Permitir las corridas de toros
• Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
• Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
• No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
• Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó por meter más y más Transmilenios.
• Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4 Billones y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 Billones de pesos que pagaremos con impuestos.
• Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
• Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causado tanto daño ambiental, económico y social.
• Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.

Publicado enEdición Nº231
Gustavo Petro: ‘Santos confunde una paz chiquita con la paz grande...’

Hace cerca de un año que Gustavo Petro finalizó su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá, cuatro años de una política que pretendió romper con un modelo de ciudad de espaldas al agua, a la naturaleza que rodea a la capital del país, y a las mayorías que la habitan.

 

La gestión realizada, su evaluación, aún está pendiente de procesarse. Lo propuesto y lo concretado, los éxitos y las derrotas, todo a una, como parte de la política de ser gobierno, lo acompañan en sus meditaciones de muchos días.

 

El pasado reciente lo acompaña, pero también el presente y el futuro, en una reflexión sobre cómo construir una acción política de nuevo tipo, una acción con la cual encarar una posible campaña electoral por el gobierno nacional en el 2018. Santos y su paz pequeña, la sociedad como un todo y los cambios estructurales fundamentados en el territorio, las Farc y el acuerdo logrado con el gobierno, pero también el plebiscito y el No que derrotó los cálculos de tantos, son parte de las otras reflexiones que recorren una y otra vez su mente.

 

Como un político con vocación de poder, no descansa, sabe que logró el diseño de una propuesta de gobierno para la Colombia de hoy –además de haber ejecutado en Bogotá, una experiencia puntual de la misma– que levanta odios y amores. Él quiere ejecutarla para todo el país, pero también sabe que para poder acometer una próxima contienda electoral primero tiene que vencer a los jueces, a través de los cuales el establecimiento ha decidido maniatarlo.

 

Sobre estos y otros temas nos respondió en entrevista exclusiva para el periódico desdeabajo.

 

desdeabajo (da). Mirando las decisiones de la actual administración distrital, algunas reactivas, como la línea de metro, la construcción de la ALO, así como los bicicorredores, ¿cuáles serían las afectaciones fundamentales, para la ciudadanía, de este tipo de decisiones?
Gustavo Petro (G.P.) En términos macros lo que propuso Bogotá Humana, y empezó a implementarse, era básicamente una ciudad, en primer lugar incluyente socialmente; en segundo lugar, equilibrada con la naturaleza,; y en tercer lugar, en el campo de la infraestructura de la movilidad multimodal y eléctrica (multimodal significa la bicicleta, el peatón, el bus –pero saltando tecnológicamente hacia la no contaminación y los modos férreos que tenían que ver con los tranvías que se adelantaron cuatro proyectos, y el metro–), una movilidad no contaminante, lo cual tiene que ver, obviamente, con el segundo aspecto, o sea, lograr equilibrarse con la naturaleza y con la vida; una movilidad multimodal, además, tiene que ver con lo que es más eficaz, más digna para la ciudad, más productiva en términos neoliberales; ese esquema macro, esa propuesta de Bogotá Humana está hoy completamente destruida.

 

da. Un golpe severo para la sociedad de clase media...
G.P. Lo que quiso la ciudadanía de clase media de Bogotá, a la que hicimos mayoría, porque es una clase media forjada gracias a la política redistributiva de doce años de gobiernos progresistas, fue destruir esa propuesta, esa fue su actuación electoral. No le vamos a echar la culpa de eso a Peñalosa que realmente no mintió, y su vida personal está muy ligada a lo contrario de lo que se había propuesto desde Bogotá Humana.

 

da. ¿En qué se concreta esa destrucción?
G.P. Durante este casi año de gobierno de Pañalosa, han destruido los tres aspectos de la Bogotá Humana: una sociedad no incluyente, segregada: habitantes de la calle golpeados, desalojados forzadamente; vendedores ambulantes que no les permiten que estén en los lugares de mayor tránsito de residentes de alta capacidad de pago; vuelta al sistema de vivienda para los pobres en los bordes; abandono de los proyectos en el centro; parálisis del proyecto de jornada única –que se queda donde lo dejamos, y así se escribe en el Plan de Desarrollo, no va a aumentar–, destrucciones de jardines infantiles y de la política de cuidado a la primera infancia; destrucción de la política de médicos y salud en los hogares en los barrios más populares; privatización del sistema de salud; privatización del sistema educativo. Este conjunto de medidas genera una política de exclusión social generalizada, lo contrario de lo que habíamos propuesto.

 

da. Este es uno de los aspectos...
G.P. En el frente del nuevo diálogo con la naturaleza la regresión es total, lo planteado, y lo que empieza a implementarse, es la destrucción del área de los Cerros Orientales que los urbanizadores siempre quisieron urbanizar, y el anuncio cada vez más consistente de destrucción de la reserva forestal del norte; el anuncio de la construcción de la ALO con recursos que serían de la privatización de EEB, que destruiría casi todos los humedales de Bogotá, porque la ALO pasará por encima de ellos; la visión otra vez expansionista de la ciudad, que terminará poniendo a vivir poblaciones, incluso de altos recursos, en alto riesgo climático.

 

da. Faltaría el tema de la movilidad...
G.P. Ahí tenemos la destrucción del proyecto metro, con la complicidad de Santos; la destrucción de los cuatro proyectos de tranvía, dos de ellos ya a punto de empezar la etapa de adjudicación para construcción, el de Soacha y el de Faca; la destrucción del proyecto del cable a San Cristóbal, sobrevivió el de Ciudad Bolívar pero porque lo dejé en un punto de no retorno, no pudieron desbaratarlo; la vuelta a la tesis de que la movilidad es unimodal, motores de combustibles fósiles, llámense buses, llámense carros particulares, llámense motos, y un discurso falso sobre la bicicleta porque las grandes inversiones que anuncia Peñalosa a partir de la privatización de las empresas públicas tiene que ver es con la ampliación de autopistas, es decir, con incrementar el espacio al carro particular, lo cual es un absurdo, y un contrasentido absoluto alrededor del nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Este es el resumen.

 

da. Mirando esta reacción, podríamos enmarcarla dentro de lo que viven los llamados gobiernos progresistas: en Brasil, Argentina, guardadas las proporciones también se ve el auge de medidas regresivas. Ante esta realidad, ante la búsqueda de un cambio por una sociedad mejor, después de ver que un trabajo de varios años puede ser destruido tan fácil, ¿justifica seguir en la lucha por los gobiernos en ese sentido?, ¿qué queda realmente después de ser gobierno en favor de la comunidad, y el avance del progreso social?
G.P. Antes de entrar en este tema es bueno subrayar en algo que arrojan estos procesos: las izquierdas latinoamericanas, con sus debidas excepciones, no han construido una visión alternativa de ciudad del mundo urbano, su discurso ha sido más bien ambiguo.

 

da. Pero igual sucede entre nosotros, por ejemplo con los gobiernos del Polo Democrático...
G.P. Creo que el progresismo tuvo un discurso muchísimo más claro. Mire el proceder del Polo, excepto algunas políticas de carácter social, distribución del gasto, lideró una concepción de ciudad muy similar a la de Peñalosa; no olvide que Lucho Garzón fue quien renunció a hacer un metro, y por eso hoy no lo tenemos; quemó cuatro años de tiempo, que eran necesarios, porque decidió pactar con Mockus y Peñalosa la continuidad del sistema de transporte unimodal, es decir, buses; y Samuel ahondó en la política de expansión urbanística, incluso de disminución de los cuidados por hacer sobre humedales, sobre la naturaleza; por eso ni Lucho, ni Samuel, no incluyo ahí a Clara López, no vieron como prioritario el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, intacto hasta que llegamos al gobierno; Clara López hizo un intento, y nosotros tomamos parte de su trabajo para la propuesta que al final hicimos, y que fue suspendida por una magistrada.

 

da. ¿Acaso la izquierda tiene un discurso poco preciso, ambiguo, sobre la ciudad?
G.P. Sí, por eso usted encuentra ausencia de un discurso alternativo de ciudad en Venezuela, donde la ciudad sigue girando alrededor del petróleo y el carro particular, igual que antes de Chávez; la ciudad brasileña, con algunas diferenciaciones, no es que haya establecido una política alternativa a la ciudad neoliberal, incluso las políticas de la izquierda brasileña alrededor de la juventud excluida en las favelas, es similar a la que tenía el neoliberalismo, con un gran desarrollo de la brutalidad policial como instrumento fundamental para su tratamiento; en ciudad de México, a pesar de que la izquierda gobierna allí desde hace mucho tiempo, el modelo urbanístico sigue girando alrededor del carro, incluso con una consecuencia nefasta para el medio ambiente: recién tuvieron que paralizar actividades por los niveles de contaminación, consecuencia lógica del giro que dieron al paralizar el crecimiento del metro y pasarse a una política de segundos pisos, de ampliación de autopistas con inversiones gigantes en este tipo de infraestructuras...

 

da. Pero hay experiencias urbanas por resaltar...
G.P. Sí, tenemos ejemplos en varias ciudades ecuatorianas, en ciertas políticas en boga en Sao Paulo, en Quito –antes de la derrota electoral–, en Rosario (Argentina), etcétera. Pero lo que quiero subrayar es que del lado del progresismo en América Latina resalta la ausencia de una visión del mundo alternativa para el siglo XXI, que toca temas diferentes a lo que diferenciaba la política en el siglo XIX y en el siglo XX, y que tiene que ver con este tema del cambio climático.

 

Coyuntura política

 

da. Acaba de realizarse el plebiscito para la refrendación de los Acuerdos con el resultado conocido, para salir del impase surgieron propuestas como los cabildos abiertos, algunos hablan de la constituyente, etcétera, ¿comparte alguna de estas salidas?, ¿cómo ve esta problemática?
G.P. Tengo una visión crítica desde el inicio, expresada públicamente, no ahora que fue derrotado el Sí. El planteamiento inicial lo construyeron alrededor de lo que podía significar una paz pequeña, a diferencia de una paz grande en Colombia.

 

da. ¿Qué quiere decir con ello?
G.P. Quería indicar que el gobierno de Santos usurpó un paradigma construido desde hace tiempo en Colombia alrededor del quehacer de la paz, confundiendo la paz grande –que es la construcción de las reformas fundamentales que permiten la convivencia, y que por lo tanto solo puede tener como protagonista la sociedad–, con lo que llamo la paz chiquita –que es una parte de esa paz grande, que es la desmovilización de las guerrillas–. No puede confundirse uno con lo otro, no se le puede decir a la sociedad que la desmovilización de una guerrilla es la paz, porque eso es un engaño, con una intención premeditada: no pasar las reformas fundamentales de la sociedad, que no se le permite a la guerrilla discutir, en lo cual podrían hasta tener razón pues no es ella la interlocutora de las reformas de la sociedad, así quisiera serlo, pero es que a nadie más le permiten discutirlas, es decir: ni es la guerrilla la interlocutora ni lo es la sociedad, entonces, en el escenario político colombiano no hay un camino para las reformas sociales que son fundamentales para la convivencia.

 

da. El resultado arrojado por el plebiscito el pasado 2 de octubre sorprendió a muchos, sus consecuencias son fuertes...
G.P. Jurídicamente él No tiene un mensaje, que también es político: no se aceptan los acuerdos de La Habana; no tiene más mensaje que ese porque a la gente no le hicieron otra pregunta.

 

da. Gran parte de la izquierda estaba segura del triunfo del Sí...
G.P. Para algunos el resultado terminó siendo una tragedia. Cierta izquierda que se pegó a Santos con el prurito de sacar avante esos acuerdos a como diera lugar, quizás pensando que las Farc rápidamente se transformarían en un movimiento político, (sentimiento bien legítimo, eso es una opción), hoy se siente herida por el resultado del 2 de octubre. Hoy tenemos una realidad política completamente diferente.

 

da. Ahora toca renegociar los Acuerdos, o imponerlos...
G.P. Su imposición sería un desastre, pues daría paso a una reacción no legal dentro de sectores del No que todos nosotros conocemos, y esa reacción sería que desmovilizados y desarmados los guerrilleros de las Farc, repetirían la misma historia de la Unión Patriótica, porque las condiciones para evitar la repetición de tal historia no se erradicaron en Colombia, al contrario se estimulan si el presidente Santos impone el Acuerdo a una decisión popular.

 

da. Con este resultado, dado que a Santos le quedarían dos años, ¿cómo jugaría el elemento tiempo?
G.P. El tiempo es un concepto político, ya lo decía alguien antes, los días parecen años, como puede haber años que parecen días ya vividos; en política los tiempos se pueden acelerar o desacelerar pero no por artificio, que es lo que me preocupa, esos tiempos políticos estarían cruzados hoy por una serie de circunstancias y habría que mirar algunas experiencias, por ejemplo, el Ejercito Zapatista es una guerrilla construida de otra manera, obviamente otra realidad histórica, pero que demuestra que se pueden mantener sin disparar, propiciando procesos políticos, mientras se desencadena el proceso del desarme, allá son años.

 

da. ¿Cuáles alternativas ve ante esta nueva realidad?
G.P. Estamos ante un mandato dado al Presidente para otro Acuerdo, con otra concepción de paz; para mí esto es una oportunidad. ¿Quién hace la paz? ¿Santos, Uribe, las Farc, o la sociedad? Entonces, bajo ese principio de la democracia y ese principio de la soberanía popular, la sociedad tiene que tener poder constituyente para hacer la paz.

 

da. ¿Qué entiende por el poder constituyente?
G.P. Entiendo por tal las asambleas territoriales constitucionales. Me explico, la paz tiene hoy una connotación territorial y no nacional como pensábamos en 1991, entonces no podemos reproducir una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, aquí tiene que tener otra forma y otros contenidos, pero, digamos, independientemente de los instrumentos lo cierto es que el camino de la paz con otra concepción hoy pasaría por dotar a la sociedad de poder constituyente y ese paso implica un acuerdo político nacional, que no es como se lo imagina Uribe –un acuerdo entre él y Santos–, pero tampoco es como lo imagina Santos –un acuerdo entre los partidos políticos que le son afines, incluida la izquierda que está ahí–; un acuerdo político nacional es un paso previo para juntar todas las fuerzas, las políticas y las sociales, en torno a un objetivo resumido en los puntos fundamentales del poder constituyente de la sociedad.

 

da. Pero esto sería limitar el poder constituyente de la sociedad..
G.P. Puede ser, pero es la vía para construir la paz que vincule a toda nuestra sociedad, en toda su pluralidad. Un paso necesario para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental.

 

da. ...¿una vía, un método para avanzar hacia la paz posible?
G.P. El acuerdo sobre lo fundamental es un marco, es la precisión de aquello pretendido, por ejemplo: vamos a poner presos o no vamos a poner presos, eso es un acuerdo sobre lo fundamental, no es discutir lo que es la justicia, es el marco; primero precisar ¿qué? Otro ejemplo: ¿la paz implica un perdón generalizado, o es el encarcelamiento de los actores de la violencia?, eso es algo sobre lo fundamental, es discutir los puntos fundamentales que permiten la convivencia, que implica al uribismo, pero también a los campesinos, afros, indígenas [...] ese acuerdo sobre lo fundamental debe dar paso previamente al poder constituyente de la sociedad y a sus instrumentos concretos de decisión; por este camino los móviles de la violencia empiezan a desactivarse...

 

da. Más allá de estos temas de la paz y de los acuerdos con la insurgencia, ¿cuáles serían las líneas reales en que tendría que pensar el país para entrar en un proceso de convivencia pacífica, pero a la vez de recuperación material para aquellas personas que han sido marginadas durante tantos años?, ¿cómo vería usted los puntos a atacar, los puntos centrales para encausar realmente el país hacia una nueva condición?
G.P. Hemos propuesto lo que llamaríamos el Acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las materias para tratar en instrumentos de poder constituyente: la salud, la educación pública, el territorio y la justicia.

 

da. ¿Puede ampliar algunas de estas grandes áreas temáticas?
G.P. Estos temas están pensados como vía para lograr, entre otros objetivos, la paz urbana –no tratada en La Habana–, pues la violencia afecta a la gente en su territorio. Esta violencia afecta a millones de personas, y tiene como actor fundamental a la juventud excluida, y como instrumento de posible resolución su inclusión a partir de la educación y la cultura.

 

Por su parte la justicia –ya lo decían los liberales dos siglos atrás–, si no la logramos no tendremos paz; la justicia pública, si es eficaz, impedirá que la justicia por mano propia continúe reinando.

 

da. ¿Y el territorio...?
G.P. Todos estos temas tienen que ver con el territorio, tema no abordado en la Constitución del 91, y ahí una de sus fallas; precisamente es este vacío territorial el utilizado por la insurgencia de la clase política tradicional para dañar la Constitución a punta de armas con los paramilitares; lo territorial tiene que ser un eje fundamental y cuando uno va a un territorio –Bogotá, por ejemplo, es un territorio, y ahí mi nuevo énfasis–, identifica que el territorio es la cuna de la violencia, muchas de ellas difusas. Acercarse al tema del territorio, también tiene que ver con aspectos cruciales, por ejemplo, ¿quién debe tomar las decisiones allí? ¿Las toman sus pobladores, la sociedad en su conjunto, en función de la sostenibilidad de la vida, o las toman las multinacionales? Cuando se aborda este tipo de realidades e interrogantes, a partir de ahí usted tiene otra dinámica completamente diferente de la economía, la sociedad y el Estado; a partir de este tipo de acercamiento a nuestra realidad la discusión sobre lo estructural, impedida por Santos en La Habana, puede ser exigida y abordada por la sociedad.

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Gustavo Petro: ‘Santos confunde una paz chiquita con la paz grande...’

Hace cerca de un año que Gustavo Petro finalizó su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá, cuatro años de una política que pretendió romper con un modelo de ciudad de espaldas al agua, a la naturaleza que rodea a la capital del país, y a las mayorías que la habitan.

 

La gestión realizada, su evaluación, aún está pendiente de procesarse. Lo propuesto y lo concretado, los éxitos y las derrotas, todo a una, como parte de la política de ser gobierno, lo acompañan en sus meditaciones de muchos días.

 

El pasado reciente lo acompaña, pero también el presente y el futuro, en una reflexión sobre cómo construir una acción política de nuevo tipo, una acción con la cual encarar una posible campaña electoral por el gobierno nacional en el 2018. Santos y su paz pequeña, la sociedad como un todo y los cambios estructurales fundamentados en el territorio, las Farc y el acuerdo logrado con el gobierno, pero también el plebiscito y el No que derrotó los cálculos de tantos, son parte de las otras reflexiones que recorren una y otra vez su mente.

 

Como un político con vocación de poder, no descansa, sabe que logró el diseño de una propuesta de gobierno para la Colombia de hoy –además de haber ejecutado en Bogotá, una experiencia puntual de la misma– que levanta odios y amores. Él quiere ejecutarla para todo el país, pero también sabe que para poder acometer una próxima contienda electoral primero tiene que vencer a los jueces, a través de los cuales el establecimiento ha decidido maniatarlo.

 

Sobre estos y otros temas nos respondió en entrevista exclusiva para el periódico desdeabajo.

 

desdeabajo (da). Mirando las decisiones de la actual administración distrital, algunas reactivas, como la línea de metro, la construcción de la ALO, así como los bicicorredores, ¿cuáles serían las afectaciones fundamentales, para la ciudadanía, de este tipo de decisiones?
Gustavo Petro (G.P.) En términos macros lo que propuso Bogotá Humana, y empezó a implementarse, era básicamente una ciudad, en primer lugar incluyente socialmente; en segundo lugar, equilibrada con la naturaleza,; y en tercer lugar, en el campo de la infraestructura de la movilidad multimodal y eléctrica (multimodal significa la bicicleta, el peatón, el bus –pero saltando tecnológicamente hacia la no contaminación y los modos férreos que tenían que ver con los tranvías que se adelantaron cuatro proyectos, y el metro–), una movilidad no contaminante, lo cual tiene que ver, obviamente, con el segundo aspecto, o sea, lograr equilibrarse con la naturaleza y con la vida; una movilidad multimodal, además, tiene que ver con lo que es más eficaz, más digna para la ciudad, más productiva en términos neoliberales; ese esquema macro, esa propuesta de Bogotá Humana está hoy completamente destruida.

 

da. Un golpe severo para la sociedad de clase media...
G.P. Lo que quiso la ciudadanía de clase media de Bogotá, a la que hicimos mayoría, porque es una clase media forjada gracias a la política redistributiva de doce años de gobiernos progresistas, fue destruir esa propuesta, esa fue su actuación electoral. No le vamos a echar la culpa de eso a Peñalosa que realmente no mintió, y su vida personal está muy ligada a lo contrario de lo que se había propuesto desde Bogotá Humana.

 

da. ¿En qué se concreta esa destrucción?
G.P. Durante este casi año de gobierno de Pañalosa, han destruido los tres aspectos de la Bogotá Humana: una sociedad no incluyente, segregada: habitantes de la calle golpeados, desalojados forzadamente; vendedores ambulantes que no les permiten que estén en los lugares de mayor tránsito de residentes de alta capacidad de pago; vuelta al sistema de vivienda para los pobres en los bordes; abandono de los proyectos en el centro; parálisis del proyecto de jornada única –que se queda donde lo dejamos, y así se escribe en el Plan de Desarrollo, no va a aumentar–, destrucciones de jardines infantiles y de la política de cuidado a la primera infancia; destrucción de la política de médicos y salud en los hogares en los barrios más populares; privatización del sistema de salud; privatización del sistema educativo. Este conjunto de medidas genera una política de exclusión social generalizada, lo contrario de lo que habíamos propuesto.

 

da. Este es uno de los aspectos...
G.P. En el frente del nuevo diálogo con la naturaleza la regresión es total, lo planteado, y lo que empieza a implementarse, es la destrucción del área de los Cerros Orientales que los urbanizadores siempre quisieron urbanizar, y el anuncio cada vez más consistente de destrucción de la reserva forestal del norte; el anuncio de la construcción de la ALO con recursos que serían de la privatización de EEB, que destruiría casi todos los humedales de Bogotá, porque la ALO pasará por encima de ellos; la visión otra vez expansionista de la ciudad, que terminará poniendo a vivir poblaciones, incluso de altos recursos, en alto riesgo climático.

 

da. Faltaría el tema de la movilidad...
G.P. Ahí tenemos la destrucción del proyecto metro, con la complicidad de Santos; la destrucción de los cuatro proyectos de tranvía, dos de ellos ya a punto de empezar la etapa de adjudicación para construcción, el de Soacha y el de Faca; la destrucción del proyecto del cable a San Cristóbal, sobrevivió el de Ciudad Bolívar pero porque lo dejé en un punto de no retorno, no pudieron desbaratarlo; la vuelta a la tesis de que la movilidad es unimodal, motores de combustibles fósiles, llámense buses, llámense carros particulares, llámense motos, y un discurso falso sobre la bicicleta porque las grandes inversiones que anuncia Peñalosa a partir de la privatización de las empresas públicas tiene que ver es con la ampliación de autopistas, es decir, con incrementar el espacio al carro particular, lo cual es un absurdo, y un contrasentido absoluto alrededor del nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Este es el resumen.

 

da. Mirando esta reacción, podríamos enmarcarla dentro de lo que viven los llamados gobiernos progresistas: en Brasil, Argentina, guardadas las proporciones también se ve el auge de medidas regresivas. Ante esta realidad, ante la búsqueda de un cambio por una sociedad mejor, después de ver que un trabajo de varios años puede ser destruido tan fácil, ¿justifica seguir en la lucha por los gobiernos en ese sentido?, ¿qué queda realmente después de ser gobierno en favor de la comunidad, y el avance del progreso social?
G.P. Antes de entrar en este tema es bueno subrayar en algo que arrojan estos procesos: las izquierdas latinoamericanas, con sus debidas excepciones, no han construido una visión alternativa de ciudad del mundo urbano, su discurso ha sido más bien ambiguo.

 

da. Pero igual sucede entre nosotros, por ejemplo con los gobiernos del Polo Democrático...
G.P. Creo que el progresismo tuvo un discurso muchísimo más claro. Mire el proceder del Polo, excepto algunas políticas de carácter social, distribución del gasto, lideró una concepción de ciudad muy similar a la de Peñalosa; no olvide que Lucho Garzón fue quien renunció a hacer un metro, y por eso hoy no lo tenemos; quemó cuatro años de tiempo, que eran necesarios, porque decidió pactar con Mockus y Peñalosa la continuidad del sistema de transporte unimodal, es decir, buses; y Samuel ahondó en la política de expansión urbanística, incluso de disminución de los cuidados por hacer sobre humedales, sobre la naturaleza; por eso ni Lucho, ni Samuel, no incluyo ahí a Clara López, no vieron como prioritario el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, intacto hasta que llegamos al gobierno; Clara López hizo un intento, y nosotros tomamos parte de su trabajo para la propuesta que al final hicimos, y que fue suspendida por una magistrada.

 

da. ¿Acaso la izquierda tiene un discurso poco preciso, ambiguo, sobre la ciudad?
G.P. Sí, por eso usted encuentra ausencia de un discurso alternativo de ciudad en Venezuela, donde la ciudad sigue girando alrededor del petróleo y el carro particular, igual que antes de Chávez; la ciudad brasileña, con algunas diferenciaciones, no es que haya establecido una política alternativa a la ciudad neoliberal, incluso las políticas de la izquierda brasileña alrededor de la juventud excluida en las favelas, es similar a la que tenía el neoliberalismo, con un gran desarrollo de la brutalidad policial como instrumento fundamental para su tratamiento; en ciudad de México, a pesar de que la izquierda gobierna allí desde hace mucho tiempo, el modelo urbanístico sigue girando alrededor del carro, incluso con una consecuencia nefasta para el medio ambiente: recién tuvieron que paralizar actividades por los niveles de contaminación, consecuencia lógica del giro que dieron al paralizar el crecimiento del metro y pasarse a una política de segundos pisos, de ampliación de autopistas con inversiones gigantes en este tipo de infraestructuras...

 

da. Pero hay experiencias urbanas por resaltar...
G.P. Sí, tenemos ejemplos en varias ciudades ecuatorianas, en ciertas políticas en boga en Sao Paulo, en Quito –antes de la derrota electoral–, en Rosario (Argentina), etcétera. Pero lo que quiero subrayar es que del lado del progresismo en América Latina resalta la ausencia de una visión del mundo alternativa para el siglo XXI, que toca temas diferentes a lo que diferenciaba la política en el siglo XIX y en el siglo XX, y que tiene que ver con este tema del cambio climático.

 

Coyuntura política

 

da. Acaba de realizarse el plebiscito para la refrendación de los Acuerdos con el resultado conocido, para salir del impase surgieron propuestas como los cabildos abiertos, algunos hablan de la constituyente, etcétera, ¿comparte alguna de estas salidas?, ¿cómo ve esta problemática?
G.P. Tengo una visión crítica desde el inicio, expresada públicamente, no ahora que fue derrotado el Sí. El planteamiento inicial lo construyeron alrededor de lo que podía significar una paz pequeña, a diferencia de una paz grande en Colombia.

 

da. ¿Qué quiere decir con ello?
G.P. Quería indicar que el gobierno de Santos usurpó un paradigma construido desde hace tiempo en Colombia alrededor del quehacer de la paz, confundiendo la paz grande –que es la construcción de las reformas fundamentales que permiten la convivencia, y que por lo tanto solo puede tener como protagonista la sociedad–, con lo que llamo la paz chiquita –que es una parte de esa paz grande, que es la desmovilización de las guerrillas–. No puede confundirse uno con lo otro, no se le puede decir a la sociedad que la desmovilización de una guerrilla es la paz, porque eso es un engaño, con una intención premeditada: no pasar las reformas fundamentales de la sociedad, que no se le permite a la guerrilla discutir, en lo cual podrían hasta tener razón pues no es ella la interlocutora de las reformas de la sociedad, así quisiera serlo, pero es que a nadie más le permiten discutirlas, es decir: ni es la guerrilla la interlocutora ni lo es la sociedad, entonces, en el escenario político colombiano no hay un camino para las reformas sociales que son fundamentales para la convivencia.

 

da. El resultado arrojado por el plebiscito el pasado 2 de octubre sorprendió a muchos, sus consecuencias son fuertes...
G.P. Jurídicamente él No tiene un mensaje, que también es político: no se aceptan los acuerdos de La Habana; no tiene más mensaje que ese porque a la gente no le hicieron otra pregunta.

 

da. Gran parte de la izquierda estaba segura del triunfo del Sí...
G.P. Para algunos el resultado terminó siendo una tragedia. Cierta izquierda que se pegó a Santos con el prurito de sacar avante esos acuerdos a como diera lugar, quizás pensando que las Farc rápidamente se transformarían en un movimiento político, (sentimiento bien legítimo, eso es una opción), hoy se siente herida por el resultado del 2 de octubre. Hoy tenemos una realidad política completamente diferente.

 

da. Ahora toca renegociar los Acuerdos, o imponerlos...
G.P. Su imposición sería un desastre, pues daría paso a una reacción no legal dentro de sectores del No que todos nosotros conocemos, y esa reacción sería que desmovilizados y desarmados los guerrilleros de las Farc, repetirían la misma historia de la Unión Patriótica, porque las condiciones para evitar la repetición de tal historia no se erradicaron en Colombia, al contrario se estimulan si el presidente Santos impone el Acuerdo a una decisión popular.

 

da. Con este resultado, dado que a Santos le quedarían dos años, ¿cómo jugaría el elemento tiempo?
G.P. El tiempo es un concepto político, ya lo decía alguien antes, los días parecen años, como puede haber años que parecen días ya vividos; en política los tiempos se pueden acelerar o desacelerar pero no por artificio, que es lo que me preocupa, esos tiempos políticos estarían cruzados hoy por una serie de circunstancias y habría que mirar algunas experiencias, por ejemplo, el Ejercito Zapatista es una guerrilla construida de otra manera, obviamente otra realidad histórica, pero que demuestra que se pueden mantener sin disparar, propiciando procesos políticos, mientras se desencadena el proceso del desarme, allá son años.

 

da. ¿Cuáles alternativas ve ante esta nueva realidad?
G.P. Estamos ante un mandato dado al Presidente para otro Acuerdo, con otra concepción de paz; para mí esto es una oportunidad. ¿Quién hace la paz? ¿Santos, Uribe, las Farc, o la sociedad? Entonces, bajo ese principio de la democracia y ese principio de la soberanía popular, la sociedad tiene que tener poder constituyente para hacer la paz.

 

da. ¿Qué entiende por el poder constituyente?
G.P. Entiendo por tal las asambleas territoriales constitucionales. Me explico, la paz tiene hoy una connotación territorial y no nacional como pensábamos en 1991, entonces no podemos reproducir una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, aquí tiene que tener otra forma y otros contenidos, pero, digamos, independientemente de los instrumentos lo cierto es que el camino de la paz con otra concepción hoy pasaría por dotar a la sociedad de poder constituyente y ese paso implica un acuerdo político nacional, que no es como se lo imagina Uribe –un acuerdo entre él y Santos–, pero tampoco es como lo imagina Santos –un acuerdo entre los partidos políticos que le son afines, incluida la izquierda que está ahí–; un acuerdo político nacional es un paso previo para juntar todas las fuerzas, las políticas y las sociales, en torno a un objetivo resumido en los puntos fundamentales del poder constituyente de la sociedad.

 

da. Pero esto sería limitar el poder constituyente de la sociedad..
G.P. Puede ser, pero es la vía para construir la paz que vincule a toda nuestra sociedad, en toda su pluralidad. Un paso necesario para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental.

 

da. ...¿una vía, un método para avanzar hacia la paz posible?
G.P. El acuerdo sobre lo fundamental es un marco, es la precisión de aquello pretendido, por ejemplo: vamos a poner presos o no vamos a poner presos, eso es un acuerdo sobre lo fundamental, no es discutir lo que es la justicia, es el marco; primero precisar ¿qué? Otro ejemplo: ¿la paz implica un perdón generalizado, o es el encarcelamiento de los actores de la violencia?, eso es algo sobre lo fundamental, es discutir los puntos fundamentales que permiten la convivencia, que implica al uribismo, pero también a los campesinos, afros, indígenas [...] ese acuerdo sobre lo fundamental debe dar paso previamente al poder constituyente de la sociedad y a sus instrumentos concretos de decisión; por este camino los móviles de la violencia empiezan a desactivarse...

 

da. Más allá de estos temas de la paz y de los acuerdos con la insurgencia, ¿cuáles serían las líneas reales en que tendría que pensar el país para entrar en un proceso de convivencia pacífica, pero a la vez de recuperación material para aquellas personas que han sido marginadas durante tantos años?, ¿cómo vería usted los puntos a atacar, los puntos centrales para encausar realmente el país hacia una nueva condición?
G.P. Hemos propuesto lo que llamaríamos el Acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las materias para tratar en instrumentos de poder constituyente: la salud, la educación pública, el territorio y la justicia.

 

da. ¿Puede ampliar algunas de estas grandes áreas temáticas?
G.P. Estos temas están pensados como vía para lograr, entre otros objetivos, la paz urbana –no tratada en La Habana–, pues la violencia afecta a la gente en su territorio. Esta violencia afecta a millones de personas, y tiene como actor fundamental a la juventud excluida, y como instrumento de posible resolución su inclusión a partir de la educación y la cultura.

 

Por su parte la justicia –ya lo decían los liberales dos siglos atrás–, si no la logramos no tendremos paz; la justicia pública, si es eficaz, impedirá que la justicia por mano propia continúe reinando.

 

da. ¿Y el territorio...?
G.P. Todos estos temas tienen que ver con el territorio, tema no abordado en la Constitución del 91, y ahí una de sus fallas; precisamente es este vacío territorial el utilizado por la insurgencia de la clase política tradicional para dañar la Constitución a punta de armas con los paramilitares; lo territorial tiene que ser un eje fundamental y cuando uno va a un territorio –Bogotá, por ejemplo, es un territorio, y ahí mi nuevo énfasis–, identifica que el territorio es la cuna de la violencia, muchas de ellas difusas. Acercarse al tema del territorio, también tiene que ver con aspectos cruciales, por ejemplo, ¿quién debe tomar las decisiones allí? ¿Las toman sus pobladores, la sociedad en su conjunto, en función de la sostenibilidad de la vida, o las toman las multinacionales? Cuando se aborda este tipo de realidades e interrogantes, a partir de ahí usted tiene otra dinámica completamente diferente de la economía, la sociedad y el Estado; a partir de este tipo de acercamiento a nuestra realidad la discusión sobre lo estructural, impedida por Santos en La Habana, puede ser exigida y abordada por la sociedad.

Publicado enEdición Nº230
Evangélico, creacionista y antiabortista

Marcelo Crivella gobernará una ciudad en la que más del 20 por ciento de sus 6,3 millones de habitantes vive en favelas, con uno de los mayores índices de violencia del mundo y con graves deficiencias en servicios básicos como transporte, sanidad y educación.

 

Obispo evangélico, cantante de góspel, conservador y polémico por su concepción de la homosexualidad como una “conducta maligna” y sus críticas al resto de las religiones, Marcelo Bezerra Crivella, de 59 años, es el nuevo alcalde de Río de Janeiro.


El pastor se impuso ayer por una abultada ventaja al izquierdista Marcelo Freixo, profesor universitario y reconocido por su investigación sobre las milicias en el estado de Río de Janeiro, en la segunda vuelta de las elecciones municipales.


Crivella, del Partido Republicano Brasileño(PRB), una suerte de brazo político de la Iglesia Universal del Reino de Dios, partía como favorito en las encuestas y se impuso por el 59 por ciento de votos con el respaldo del importante colectivo evangélico y de las clases populares. Senador por Río de Janeiro, intentó dos veces llegar al gobierno del estado –apoyado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT)– y otras tres convertirse en alcalde de la capital fluminense. Entre 2012 y 2014, fue ministro de Pesca y Agricultura con el gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, también del PT.


Ingeniero, escritor, obispo evangélico y cantante de góspel –con 14 discos en el mercado que han vendido más de 5 millones de copias–, Crivella es sobrino del obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y propietario del canal de televisión Record, uno de los más importantes del país.


Durante la campaña, se desmarcò públicamente de la Iglesia Universal y se declarò obispo “licenciado” para frenar las críticas por los polémicos comentarios vinculados con su actividad religiosa. Por ejemplo, fue el recopilador de un libro sobre Macedo en el que su tío afirma que la Iglesia Católica es “la mayor plaga del Tercer Mundo” y que la mujer debe ocuparse de cuidar del hogar.


En un libro publicado en 1999 sobre su experiencia como misionero en varios países africanos, el nuevo alcalde de Río afirmaba que la homosexualidad es una “conducta maligna” y condenaba a otras religiones por considerarlas “diabólicas”. El entonces misionero sostenía que la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas “predican doctrinas demoníacas” y que otras religiones, como el hinduismo y las creencias africanas, albergan “espíritus inmundos”. La recuperación de estas manifestaciones durante la campaña le puso en apuros y Crivella tuvo que pedir disculpas y justificarse argumentando que cuando escribió el libro era un “inmaduro” –pese a que tenía 42 años–.


Casado y con tres hijos, es creacionista y contrario al aborto y fue investigado por sospechas de evasión fiscal en causas que terminaron cerrándose.


En la recta final de la campaña, se crispó con la prensa por airear que fue fichado por la policía tras desalojar a una familia de un terreno donde la Iglesia Universal iba a levantar un templo. Además, medios brasileños rescataron un video en el que reconoce que la congregación fundada por su tío está detrás de su proyecto político. En el video, admite que fue escogido por la Iglesia Universal para entrar en política y confía en que Brasil elija a un presidente evangélico para “llevar el evangelio a todas las naciones”. “Ya pasé por muchas cosas en esta vida, conozco los problemas de las personas y por eso me siento preparado para ser alcalde de Río”, afirmaba en la presentación de la candidatura en su página oficial.
Ahora, Marcelo Crivella tendrá oportunidad de demostrar si efectivamente está preparado para gobernar una “Cidade Maravilhosa” donde más del 20 por ciento de sus 6,3 millones de habitantes vive en favelas, con uno de los mayores índices de violencia del mundo y graves deficiencias en servicios básicos, como transporte, sanidad o educación.

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