Sábado, 22 Marzo 2014 12:39

Agenda ambiental y paz

Agenda ambiental y paz

Hace dieciséis años el gran ambientalista colombiano, Augusto Ángel Maya, respondía a la propuesta del entonces Ministro de Medio Ambiente de "sacar la naturaleza del conflicto", señalando lo ingenuo e ilusorio de dicha idea pues "la naturaleza está en el centro del conflicto"1.

 

Casi simultáneamente con la rotunda frase de Augusto un grupo de ambientalistas presentaron en 1998, a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil y a la Cumbre Social contra la Pobreza y por la Equidad, un documento que, leído hoy, resultó visionario, "Nuestro Compromiso Político con el Cosmos", un conjunto de propuestas de tipo programático, la inmensa mayoría aún vigentes, cuya redacción final fue encomendada a Gustavo Wilches Chaux. Dicho documento fue entregado poco después por Ecofondo y otras organizaciones a la mesa de conversaciones establecida entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las farc, en el Caguán, como un aporte en la búsqueda de salidas al conflicto armado.

 

La dimensión ambiental y política de los conflictos

 

Década y media después la dimensión ambiental de los problemas colombianos es cada vez más visible y su carácter político cada vez más claro.

 

Colombia el segundo país megadiverso del mundo después del Brasil, está perdiendo gran parte de su biodiversidad, como resultado de la deforestación y del uso inadecuado del territorio. Las cifras son aterradoras: en Agosto del año pasado el Ideam anunciaba que entre 2011 y 2012, el país había perdido 295.892 hectáreas de bosque natural, el equivalente a 1,6 veces el área del Departamento del Quindío. Esta noticia se matizaba diciendo que el promedio anual había descendido a 147.946 hectáreas con respecto al período 2005 – 2010 donde había sido de 238.273 hectáreas anuales, lo cual no puede ocultar el desastre ambiental que supone la pérdida de 6.206.000 hectáreas entre 1990 y 2010, lo cual convierte a Colombia en uno de los países que más contribuye a la disminución de cobertura vegetal natural en el mundo.

 

La población colombiana habita hoy mayoritariamente en centros urbanos, el mayor de los cuales es Bogotá. La capital y los municipios circundantes albergan en conjunto a la cuarta parte de la población colombiana. Este enorme conglomerado es altamente vulnerable al cambio climático y a la escasez de agua, al tiempo que la calidad de vida en la ciudad disminuye. Expresión de ello son las grandes dificultades de transporte que han conducido a protestas casi cotidianas en las estaciones de Transmilenio más congestionadas.

 

La magnitud del deterioro de las condiciones ambientales del territorio se reveló en las inundaciones de hace solo tres años causadas por una temporada de lluvias más fuerte de lo habitual que no encontraron vegetación que las contuviera, acelerándose la escorrentía y produciéndose la inundación ante la sedimentación de la cuenca Magdalena – Cauca, la más poblada y a la vez más devastada de las grandes cuencas suramericanas.

 

En el período transcurrido entre las conversaciones de paz del Caguán y las que actualmente se adelantan en La Habana con el mismo actor armado, se produjo el desmonte progresivo del Sistema Nacional Ambiental diseñado en medio del entusiasmo que provocó el reconocimiento de la diversidad natural y cultural del país en la Constitución de 1991 y sus colorarios ambientales, entusiasmo reforzado por la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1993.

 

De dicho sistema queda ya muy poco: las Corporaciones Autónomas Regionales languidecen en medio del clientelismo y la corrupción. Mecanismos como las licencias ambientales han sido sucesivamente modificados para facilitar la actividad depredadora de las transnacionales y los monopolios criollos. El Ministerio encargado de gestionar el ambiente cambia de nombre en la medida en que pierde importancia y funciones y los seis últimos ministros y ministras poco o nada sabían del tema cuando se juramentaron en el cargo. Actualmente se prepara una modificación de la Ley 99 de 1993, creadora del Ministerio y del Sistema Nacional del Ambiente, que vendría a ser la estocada final al sueño ambientalista de principios de los noventa.

 

La paradoja del movimiento ambiental

 

Entre tanto el movimiento ambiental ha librado importantes luchas, al lado de otros sectores sociales y étnicos, como la oposición a la exploración de petróleo en el territorio de los U´wa, la defensa del Parque Tayrona, el referendo por el Derecho Humano al Agua y más recientemente la oposición a la minería en gran escala. Ha contribuido a la construcción de alternativas concretas impulsando la agroecología y el reciclaje, ha popularizado tecnologías apropiadas y ha educado ambientalmente a numerosos sectores sociales.

 

Sin embargo, es ostensible que dicho movimiento se ha debilitado por lo menos organizativamente. Brillan las voces autorizadas de ex – funcionarios como el ex – ministro Manuel Rodríguez, los ex – gerentes del Inderena, Julio Carrizosa y Margarita Marino y la ex – parlamentaria Alegría Fonseca, entre muchos otros, pero de las grandes ONG´s que impulsaron importantes iniciativas en los últimos venticinco años quedan muy pocas en pié, afectadas por la práctica desaparición de la cooperación internacional que las alimentaba.

 

Se presenta entonces la paradoja entre la necesidad de levantar con más fuerza que nunca una agenda ambiental de carácter programático y el debilitamiento del movimiento que tiene la experiencia histórica acumulada para contribuir a hacerlo. Todo ello en medio de un escenario, como el de las conversaciones de paz, que requiere con urgencia del aporte de los ambientalistas.

 

Agenda ambiental para el cambio y confluencia de movimientos

 

El gobierno de Juan Manuel Santos inició los diálogos de La Habana con un rotundo no a la discusión del modelo económico, cuando es precisamente el cuestionamiento del modelo dominante, no solo en lo económico sino también en lo social y en lo político, condición necesaria para alcanzar una paz duradera que nos reconcilie como seres humanos y con la naturaleza.

 

El cambio de dicho modelo es aún más urgente pues en el interregno entre los dos intentos de alcanzar la paz hemos asistido a la implementación de las políticas más agresivas contra los ecosistemas que vertebran el territorio colombiano como son la denominada locomotora minera, el agronegocio, los megaproyectos viales e hidroeléctricos y la urbanización expansiva y acelerada, entre otros. Al tiempo se ha reprimarizado la economía, al compás de la integración de Colombia a la globalización neoliberal, en virtud de la cual se han suscrito los mas lesivos tratados de "libre" comercio de nuestra historia, se ha desmontado el precario Estado de Bienestar que se había construido, se ha privatizado y mercantilizado el agua, la salud y los servicios públicos y se planea completar la tareas con la privatización de la educación, los terrenos baldíos, las semillas y otros bienes comunes.

 

La resistencia de la población, las comunidades, los sectores sociales y las múltiples formas de expresión ciudadana a las políticas neoliberales, sin embargo, ha hecho suyos muchos de los principios y propuestas ambientalistas. Este fenómeno no es para nada gratuito. Defender los páramos, de la minería, garantizando el suministro del agua y por lo tanto el derecho humano a acceder a ella, como ocurrió en Bucaramanga ante la amenaza al Páramo de Santurbán por las transnacionales, por ejemplo, pone al movimiento social y ciudadano en la ruta de las preocupaciones ambientales. Otro tanto podría decirse de la oposición a la Anglo Gold Ashanti en el Tolima o de las múltiples resistencias a la gran minería a lo largo y ancho del país.

 

Esta es la gran oportunidad para la confluencia de los ambientalistas con el movimiento social: la construcción cotidiana, permanente, consciente y participativa de una agenda social y política con dimensión ambiental capaz de erigirse en la alternativa que se requiere para aclimatar una paz estable no solo entre los actores armados sino entre todos los nacidos y nacidas en esta tierra.

 

Lograr lo anterior no será fácil dada la fragmentación que aqueja a los componentes del movimiento ambiental e incluso del movimiento social, sino porque la tarea debe enfrentar la enorme oposición de quienes se lucran del actual estado de cosas, las ilusiones que aprisionan la mente y la voluntad de amplios sectores de la sociedad, la desinformación y manipulación que emana de los grandes medios de comunicación comercial. Un propósito de esta magnitud implica cambiar la "piel cultural" del ser humano como dijera Augusto Angel, y ello supone grandes transformaciones tecnológicas, sociales y políticas.

 

Viene como anillo al dedo la siguiente reflexión del historiador ambiental panameño Guillermo Castro, a propósito de los retos del ambientalismo latinoamericano: "América Latina, en particular, ha logrado importantes avances en la tarea de contribuir a la creación de una verdadera visión de conjunto de este proceso, generalizando y escalando la complejidad de nuestras experiencias colectivas, en dirección a entender que, siendo el ambiente el producto de la interacción entre las sociedades y su entorno natural, la necesidad de generar un ambiente distinto nos obliga a asumir la de establecer sociedades diferentes. Identificar esa diferencia, encontrar los medios para hacer posible lo que ya es deseable, es ya el principal desafío político que encara el ambientalismo latinoamericano".2

 

* Miembro de Unión Libre Ambiental.
1 El episodio tuvo lugar en el Congreso Ambiental, "Ambiente para la Paz", realizado en Guaduas, Cundinamarca, entre el 24 y el 26 de Julio de 1998. El ministro de medio ambiente y quien hizo la propuesta de sacar la naturaleza del conflicto era Eduardo Verano de la Rosa, ante la voladura de oleoductos que practicaban los grupos guerrilleros.
2 Véase, Guillermo Castro Herrera, "Desafíos del ambientalismo latinoamericano", en culturadelanaturalezawordpress.com

Publicado enEdición Nº200
Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

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Cambio climático tambalea al shale gas: cuantiosas emisiones tóxicas de metano

Junto a la publicidad de inversiones para el polémico fracking (fracturación hi¬dráu¬lica), el portal FuelFix no tiene más remedio que exponer las emisiones de metano en Estados Unidos (EU) que alcanzan hasta 75 por ciento (¡supersic!): mucho mayores a las estimaciones previas de la vilipendiada Agencia de Protección (¡supersic!) Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)" (http://fuelfix.com/blog/2014/02/13/methane-emissions-higher-than-epa-estimates-study-shows/).


De por sí el letal fracking requiere inmensas cantidades de agua –que contamina los escasos mantos freáticos– y de un centenar de sustancias químicas misteriosas (¡increíble!), al unísono de la provocación de sismos (http://www.reuters.com/article/2013/07/11/us-science-fracking-earthquakes-idUSBRE96A0TZ20130711).


Ya había reportado Bajo la Lupa (http://www.jornada.unam.mx/2013/10/23/opinion/022o1pol) los hallazgos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU/Unión Europea sobre la toxicidad del metano: poderoso gas invernadero que produce un efecto de calentamiento por lo menos 30 veces mayor al bióxido de carbono, según la reciente investigación de la prestigiada revista Science (16/2/14) –que involucró a siete universidades y a tres agencias de gobierno– financiada por un donativo de la Fundación Cynthia y George P. Mitchell. Cu¬riosamente, el multimillonario te¬xano (sic) George P. Mitchell es el "padre del fracking". Su biografía semeja al arrepentimiento de Alfred Nobel: el creador de los premios homónimos, en redención a su letal descubrimiento de la dinamita.


El rigor científico de los buenos investigadores de EU se re¬bela y revela ante el charlatanismo de los especuladores financieristas de Wall Street que crearon la "burbuja del shale gas (esquisto/lutita/grisú)" a punto de estallar (Bajo la Lupa, Desastre pasado, presente y futuro del gas en México; http://www.jornada.unam.mx/2014/02/12/opinion/018o1pol).


Suena interesante que en una sola semana dos conglomerados de mucho poder en EU arremetan contra los efectos letales del tóxico gas shale: 1) la reprimenda de CERES, grupo de inversionistas con vocación biosférica, que exhibió, en medio de la peor sequía de los recientes 100 años, cómo el fracking produce escasez acuífera (sobre todo en Texas, frontera con el sediento noreste de México) debido al exorbitante abuso del agua fresca y de los mantos freáticos (Bajo la Lupa, Shale gas: abuso y contaminación del agua escasa en medio de la sequía en EU; http://www.jornada.unam.mx/2014/02/09/opinion/012o1pol) y 2) el excelso estudio de la prestigiosa Science, que pone en la picota la masiva derrama del contaminante metano a la atmósfera, lo cual ahonda el calentamiento global, en medio de las tormentas polares que arrecian en el noreste de EU.


El estudio de Science evalúa la filtración del metano de las plantas procesadoras del gas natural, pozos y otras infraestructuras y su principal autor, Adam Brandt –profesor asistente de ingeniería de recursos energéticos en la Universidad Stanford–, consideró que las pruebas atmosféricas que cubren todo (sic) EU indican que las emisiones son 50 por ciento mayores a las estimaciones de la EPA.


Brandt insiste en que sus hallazgos representan estimaciones moderadas (¡supersic!), ya que pueden alcanzar entre 25 por ciento y 75 por ciento más (sic) de lo que reporta la EPA que no toma en cuenta las filtraciones naturales y carece de una visión clara de las filtraciones de la infraestructura del gas natural.


¿Padece ceguera deliberada la EPA para favorecer la depredación de las petroleras y gaseras de EU consentidas por el gobierno?


El ya célebre estudio de Science –realizado por los científicos de la Universidad de Stanford, el MIT y el departamento de energía del Laboratorio Nacional de Energía Renovable– pone en ridículo a toda la industria financierista/gasera/petrolera/regulatoria (v. gr. la EPA) en torno a los magnos intereses de Wall Street que crearon la burbuja del gas shale (http://www.jornada.unam.mx/2013/03/17/opinion/008o1pol).
Llama la atención que cinco meses atrás, la Universidad de Texas, muy bien lubricada por las empresas petroleras y gaseras locales, haya realizado la descabellada apología del shale gas y haya inventado la declinación (¡supersic!) de las filtraciones de metano (http://fuelfix.com/blog/2013/09/16/landmark-study-shows-decline-in-methane-from-natural-gas/).


¿Cómo puede existir tanta discrepancia e inconsistencia entre las entidades científicas del mismo país? ¿La diferencia se debe a la fuente de los financiamientos y/o donativos interesados?


La Fundación Cynthia y George P. Mitchell sugiere que el diésel (¡supersic!) puede ser un combustible más amigable para el clima, ya que las emisiones totales de su ciclo de vida tienen un menor impacto en el calentamiento global: los motores de diésel son relativamente limpios y menos contaminantes en comparación con el gas natural usado para el transporte debido a que se puede filtrar en varios puntos antes de que sea suministrado a los vehículos.


La fundación de marras acepta que el gas natural es una mejor opción que el carbón para las plantas eléctricas, ya que emite la mitad de contaminación.


Aconseja que sea preferible usar para los camiones y los autobuses el diésel en lugar del gas natural, que intensifica el calentamiento global.
A Coral Davenport, del NYT (13/2/14), le preocupan más las fugas del metano –que niega los beneficios de los vehículos de energía con base en el gas natural– en lugar de enfocarse a su tóxica contaminación que exacerba el cambio climático. Davenport juzga que el reporte presiona los esfuerzos de los estados de Nueva York y del noreste para que el gobierno federal regule las emisiones de metano, cuando algunos estados consideran implementar sus regulaciones.


Los estados de Nueva York y del noreste, en un año electoral (toda la Cámara de Representantes y parte del Senado en noviembre próximo), urgen a la EPA a crear regulaciones federales para la filtración del metano, lo cual obligará a las petroleras y gaseras –que se resisten a las regulaciones– a instalar equipo para capturar las filtraciones, además de intrusivas inspecciones, lo cual, incidirá en el alza del precio del gas natural. No faltan mercaderes bursátiles quienes desde ahora exigen capturar el metano para revenderlo.


Carlton Carroll, portavoz del poderoso American Petroleum Institute, cabildero anómico para las petroleras y gaseras en Wa¬shington, se pronunció contra las regulaciones que exigen los lucidos científicos y, sobre todo, los afectados consumidores.
El abuso del agua, la toxicidad del metano, el uso de las misteriosas sustancias químicas y la protesta ciudadana global pueden detener la explotación irracional del gas shale. ¿Estará enterado El salvador de México, revista Time dixit?


Hoy la propuesta de usar diésel en lugar de gas natural volvería otra vez dependiente del petróleo foráneo a EU.


Se les atravesó una roca gigante en el camino a todos los panegiristas del gas shale.


www.alfredojalife.com
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Viernes, 24 Enero 2014 16:07

Moratoria minera, un medio no un fin

Actividad recolección de firmas

Múltiples son los aprendizajes durante los ocho (8) meses de la experiencia de recolección de firmas a favor de una Moratoria Minera (MM). Uno de ellos, la urgencia de mecanismos y espacios de debate, donde los distintos sectores sociales, la ciudadanía y las regiones incidan en las políticas públicas y en las decisiones estatales sobre nuestros territorios.

 

Esto porque la gente no encuentra eco estatal al clamor regional sobre la inconveniencia de la política extractivista del gobierno nacional. Por ello, cuando se topa con esta iniciativa, que se constituye en un instrumento mediante el cual puede hacerse partícipe de una manifestación colectiva de profundo cuestionamiento a la minería, convertida en uno de los pilotes del modelo de desarrollo del país, siente encontrar un canal para hacerse sentir.

 

Cada jornada de firmas en la calle suscita la discusión activa de diversidad de comunidades. Allí, de manera fresca y dialógica, exponen casos concretos de arbitrariedad de las empresas mineras la ausencia de regulación gubernamental, los impactos sentidos por las comunidades en sus territorios, la vista gorda de las autoridades ambientales; la campaña, permite así que fluya el dinamismo de los procesos sociales en clara resistencia a la minería. De ello, dan cuenta la Vereda Río Frío en Tabio, frente a la explotación de gravilla por Albania SA; Las peñas en Tinjacá y la región del Alto Ricaurte incluyendo Sutamarchan, Santa Sofía y Villa de Leyva frente a la exploración de carbón; la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá ante la explotación de canteras que atentan contra la salud de la población, el río Tunjuelo y el ecosistema subxerofítico; las poblaciones Wayú en la Guajira contra el desastre de la explotación carbonífera, la consulta triunfadora en Piedras –Tolima– defendiendo su agricultura frente a la intención de tratamiento de lixiviados de la Anglo Gold Ashanti; pero también en pueblos de Caldas, la Costa Atlántica, Santander entre las innumerables regiones, que evidencian sus problemáticas y se suman a la iniciativa de exigencia de MM.

 

Esta aproximación a casos concretos, a las vivencias negativas de las poblaciones que habitaban lugares de actual explotación minera, y las acciones locales emprendidas por colectivos ambientales o poblaciones campesinas, indígenas y negras, nos muestra las múltiples formas de expresión social en defensa de nuestros territorios, que claman por ponerle freno a la locomotora minera apelando a formas novedosas de resistencia, además e aquellas que otorga la legislación.

 

La iniciativa de MM es una dinámica viva y en construcción. En los diversos espacios visitados la gente presenta interrogantes de qué hacer, cómo frenar la locomotora minera y se solicita apoyo a las formas de lucha regional o local; estos interrogantes y dinámicas sociales denotan la urgencia de grupos, poblaciones y también de la ciudadanía a nivel individual por pronunciarse y jugar un papel transformador en su territorio, por eso se identifica con los argumentos expuestos en la MM. Los doce puntos expuestos como condición antes del otorgamiento de un título minero, connotan un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, lo que significa transitar hacia la construcción de un modelo NO extractivista.

 

Los resultados alcanzados hasta el momento por las organizaciones promotoras son ilustrativos de la urgencia de la Moratoria, que no es otra cosa que un instrumento transitorio para tomar una decisión definitiva sobre la minería en Colombia.

 

En este lapso debe estudiarse a profundidad los temas económico, ambiental, cultural y alimentario sobre los cuales han llamado la atención Rudas, Rodríguez, Fierro y Garay, entre otros, para tener soportes de peso para una convocatoria nacional hacia la definición de una política ambiental y agroalimentaria que no puede plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo, dicotomía falsa que solo maquilla el interés por privilegiar al sector privado nacional y multinacional a la hora de hacer uso de nuestros bienes nacionales: recursos minerales, energéticos, suelo, biodiversidad y agua.

 

Minería, desarraigo territorial, riesgo ambiental y alimentario

 

"El día se anunció con alba pálida y melancólica; amanecer de angustia y de duelo, porque esa jornada iba a ser como corolario de la noche. En lo que fue vivienda de Orrego humeaban aún los escombros. El molino Las Vueltas era completa ruina: un enorme raigón, o la monstruosa herida que queda donde descuajaron a fondo el tronco de un árbol (...)

 

Pasadas las ocho, Florencio Botero iba y venía a largos pasos por el salón, sin lograr sobreponerse por entero a su nerviosidad creciente. Intuía que no estaba lejos el momento en que se definiría su destino. Afuera, en el patinejo, la mula ensillada se impacientaba, extrañando acaso la demora de su dueño al salir. El reloj cucú de la pared daba las nueve cuando un ruido fuerte de pisadas anunció la proximidad de muchas personas. Andar sonoro, acompasado, de esos que dan la impresión de ir derecho e irrevocablemente al objetivo. A poco, golpes enérgicos dados con algo metálico hicieron temblar la puerta de entrada.

 

Un oficial joven, a la cabeza de un pelotón, interpeló con arrogancia.
¿Es esta la vivienda del señor Florencio Botero?

 

- Esta es la vivienda, y yo soy Florencio Botero –respondió este con calma, mirando a su interlocutor.
El oficial se desconcertó al principio; pero, reaccionando en seguida, añadió:

 

Vengo en cumplimiento de órdenes superiores. El general Mandíbula me envía a ocupar esta casa.

 

El general supone, sin duda, que está deshabitada –replicó Florencio con la voz un poco alterada.

 

No sé, lo ignoro. Me limito a cumplir la orden. Deshabitada o no, debo tomar posesión de ella en el acto.

 

¿Y cómo piensa usted obrar? Le advierto que hay aquí una señora y una niña. Tal vez lo mejor sería aplazar esta diligencia, mientras hablo con el general. La ocupación inmediata es materialmente imposible.

 

Es inútil. El general Mandíbulas no admite reclamos [...]

 

Han transcurrido varios años. Marmato, el renombrado centro minero, se agita día y noche, sin descansar jamás [...]"1.

 

Esta narración, que podría parecer del siglo XXI, no lo es, pertenece a la narrativa de los años 30 del siglo pasado. Desde ese entonces se desplazaron mineros tradicionales locales por grandes emporios, que socavaron la riqueza del pueblo, aún en las bases del subsuelo que soportaban su trama urbana, poniéndolo hoy en riesgo.

 

Es claro que los conflictos ocasionados por la minería se remontan a la colonia y perdurado hasta nuestros días; su expansión ha ocurrido sobre el despojo, por compra legal o presión, para el caso tiene el mismo efecto, el desplazamiento involuntario de población y con él, el desarraigo territorial y la desmembración de comunidades que otrora construyeron territorialidad aupada por el tesón del trabajo, la solidaridad y el tejido social, otorgando significado a sus lugares de habitabilidad y vida social. Grandes cráteres es lo que se erige sobre tales suelos, desproveídos de suelo, vegetación, agua, para configurar una geografía de cráteres en las cordilleras y valles de Colombia.

 

Los riesgos ambientales y alimentarios han sido advertidos de manera recurrente, uno de sus mayores exponentes ha sido el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, citando los datos reportados por el Juan Camilo Restrepo, a su vez exministro de agricultura, en relación a que el 53% de las áreas de producción agropecuaria coinciden con títulos mineros2, indicativo de las prioridades gubernamentales. Un dato alarmante sobre el riesgo de nuestra futura soberanía alimentaria, si a ello se suman la concentración de tierra en grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos con la expectativa de producción para biocombustible.

 

Por otra parte, la superposición de títulos mineros con áreas protegidas (37 en parques naturales, 47 en humedales, 416 en páramos y 71 en áreas forestales protectores), otorgados en la última década3, evidencia la disputa por territorios donde existen ecosistemas estratégicos, vitales para la biodiversidad y la preservación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce y de buena calidad para el abastecimiento de asentamientos humanos y centros urbanos. El tan mentado caso por estos días, de la contaminación a las aguas y ecosistemas marinos en Santa Marta, por el inadecuado manejo del polvillo de carbón por parte de la Drummond, es solo una muestra de los riesgos ambientales que afrontamos en las distintas regiones expuestas al ciclo productivo de oro, carbón, ferroniquel, coltan, etc.

 

Ahora bien, si los argumentos desarrollistas exhibidos con tanto ahínco por el gobierno fueran ciertos, la calidad de vida debería arrojar indicadores incuestionables, pero, por el contrario, los resultados en municipios y departamentos con explotación minera refutan tal discurso, así lo reportan los índices en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador que percibieron regalías por cuenta de Cerro Matoso, con más de la mitad de sus poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas; otro tanto reportan los departamentos del Meta, Cesar y Guajira según fuentes Dane citadas por Rudas y Espitia4. El análisis económico de otros indicadores económicos, realizado por el citado Guillermo Rudas, son clara muestra del desbalance entre ingresos económicos, vía regalías, contra exenciones tributarias, donde los territorio siempre salen perdiendo, sin duda alguna.

 

Sin pretender una solución definitiva para salvaguardar los valores ambientales, culturales y agroalimentarios del país, la moratoria es un mecanismo para profundizar el debate que reclaman los territorios acerca del impacto de la explotación minero-energética en Colombia e incluso en América Latina. Es una convocatoria al gobierno nacional a escuchar y explicar cuál es el balance en términos de calidad de vida e ingresos para la economía en contraste con el lucro de las multinacionales mineras, la valoración ambiental, la capacidad de resiliencia de ecosistemas destruidos con la intervención durante los procesos de exploración, explotación y cierre y el costo social de expulsión de poblaciones de tierras productivas.

 

Este debate debe ser serio, transparente y responsable, para definir el derrotero de las políticas públicas sobre la minería en Colombia y las alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que nos merecemos. Es una necesidad ineludible y por ello la tarea de los colectivos y organizaciones que impulsamos esta iniciativa, consideramos exigible la interlocución con el gobierno para detener la locomotora minera.

 

Iniciativa en proceso

 

La invitación a los procesos sociales es seguir apoyando la iniciativa, sin descuidar otras estrategias y las dinámicas regionales propias. Hasta el momento se han recogido aproximadamente 18.000 firmas desde su lanzamiento el 1º de mayo de 20135. Para este año, como parte de la revitalización de la propuesta, se hará la convocatoria a un encuentro nacional sobre la minería en Colombia, que se llevará a cabo en marzo de este año, en el cual se espera la confluencia de diversos procesos regionales, locales y nacionales para analizar alternativas al modelo extractivista desde las organizaciones sociales y populares.

 

Si aún no ha firmado y le interesa la propuesta, puede hacerlo desde internet, en la página web www.moratoriaminera.org, o ponerse en contacto con alguna de las organizaciones convocantes.

 

¡Por la soberanía de nuestros territorios!

 

¡No al modelo de desarrollo extractivista!

 

* Antropóloga, Mg. En Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; ambientalista de Unión Libre Ambiental, una de las organizaciones promotoras de la Moratoria Minera.
1 Sánchez Gómez, Gregorio. "La bruja de las minas". Fragmento de su novela, escrita en 1938 y reeditada por el Ministerio de Cultura en 2010 e impresa para la colección de literatura afrocolombiana. Bogotá DC.
2 Rodríguez Becerra, Manuel. Entrevista realizada por Fundación Razón Pública y Corporación Post-office Cowboys, de la serie Mineria, en: http://www.youtube.com/watch?v=vMjxtTobJq0. Consultada 10-01-2014
3 Bermúdez Liévano, Andrés en www.Lasillavacia.com "Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros" publicado el 13 de junio de 2013.
4 Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge Enrique. "La locomotora minera. ¿Motor del desarrollo regional?". En Revista Semana sostenible. Informe especial No6, dic.2013
5 En la página web: moratoriaminera.org se reportan 3933 firmas digitales y 13500 firmas impresas, sin contar los formularios que aún reposan en manos de líderes y lideresas de varias regiones.

Publicado enEdición Nº198

El borrador del capítulo ambiental del Acuerdo Transpacífico (ATP) no define medidas estrictas para la protección de los recursos naturales, deja de lado acciones contra el cambio climático, establece un comercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice el medio ambiente como barrera comercial, según el más reciente texto de la negociación correspondiente, la cual se efectúa en secreto entre 12 países, entre ellos México, desde marzo de 2010.

 

Por lo que se desprende del documento (wikileaks.org/tpp-enviro), entregado por Wikileaks a tres medios, entre ellos a La Jornada en exclusiva para el mundo de habla española, el ATP dejaría a los gobiernos integrantes las decisiones en materia ambiental, de acuerdo con sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que han suscrito, sin definir estándares específicos para la protección ambiental. Ello contrasta con los estrictos mecanismos fijados en el capítulo de propiedad intelectual, en los cuales se establece un panel internacional para dirimir las disputas, cuyas decisiones deberán ser acatadas por las partes del acuerdo, aun si contravienen sus legislaciones locales.

 

Amistoso endulzante

 

Julian Assange, fundador de Wikileaks, opinó sobre el documento: Se esperaba que el capítulo ambiental del ATP fuera un amistoso endulzante público que compensaría lo amargo del resto del texto, pero es un ejercicio de relaciones públicas sin dientes. No hay protecciones ambientales obligatorias. Al compararlo con el capítulo de propiedad intelectual, que mandata sanciones penales y otras intervenciones, queda claro que las mayores empresas estadunidenses continúan mandando en la negociación del ATP.

 

El documento confirma que para Estados Unidos la biodiversidad y el cambio climático –que forman parte del acuerdo– no son temas prioritarios. El antecedente de la posición estadunidense es su negativa a suscribir el Convenio de Diversidad Biológica y a ratificar el Protocolo de Kyoto. Este último incluía compromisos para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero.

 

Los países que negocian el ATP son: México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales generan 35 por ciento de la producción mundial. El gobierno mexicano se incorporó a la negociación durante la última etapa del gobierno de Felipe Calderón.

 

Este capítulo es resultado de las negociaciones que los representantes de esas naciones llevaron a cabo en Salt Lake City, Utah, en noviembre pasado. Después de esa ronda se efectuó otra reunión en diciembre, en Singapur, sin que se reportaran avances significativos. Corea del Sur ha mostrado interés por unirse al ATP y sostuvo pláticas preliminares con algunos de los países participantes, reportó The Wall Street Journal (http://on.wsj.com/1j31vZq).

 

“El informe de avances (http://bit.ly/1a5f2gn) detalla que el borrador del texto consolidado muestra que las partes ya alcanzaron acuerdos en muchos puntos, pero que se necesita más para arribar a un texto final”, señala Wikileaks. Las principales áreas en disputa incluyen el papel de ese convenio respecto de otros acuerdos ambientales multilaterales y el proceso de resolución de disputas.

 

Entre los objetivos que el capítulo ambiental se plantea está la promoción del comercio solidario y políticas ambientales con altos niveles de protección, así como el cumplimiento efectivo de las leyes, pero deja a cada país estas medidas de acuerdo con lo que fijan las legislaciones nacionales, aunque precisa: Las partes reconocen que es inapropiado determinar o utilizar sus leyes ambientales y otras medidas a manera de restricción encubierta de comercio o inversión entre las partes. Éstas, agrega, reconocen la soberanía de cada país para establecer sus niveles de protección ambiental y prioridades, así como para definir, adoptar o modificar sus legislaciones y políticas.

 

El capítulo SS.9 plantea mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental y propone determinar incentivos basados en el mercado y el intercambio de información. Afirma: Las asociaciones público-privadas pueden contribuir al logro y mantenimiento de altos niveles de protección ambiental, complementado con medidas regulatorias nacionales. Agrega que las partes reconocen que esos mecanismos podrían ser diseñados para maximizar los beneficios ambientales y evitar las innecesarias barreras comerciales. Así, de acuerdo con la legislación interna, cada nación fomentará los mecanismos voluntarios para la protección de los recursos naturales y ambientales en su territorio.

 

Este apartado consta de 18 artículos. De los múltiples temas ambientales, sólo se abordan biodiversidad, cambio climático, el Protocolo de Montreal, especies invasoras, pesquerías y conservación y comercio. Se soslayan rubros como la contaminación ocasionada por las empresas mineras, el comercio de residuos peligrosos y el uso del agua.

 

En el ATP (también conocido como TPP, por sus siglas en inglés) están incluidos México y Perú, dos de los países con mayor biodiversidad del planeta, tema al que el acuerdo dedica el artículo 13. Indica que las partes están interesadas en fomentar la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica y compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, participación que debe ser en condiciones mutuamente acordadas.

 

Señala que las naciones se comprometen a mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de indígenas y comunidades locales que sean relevantes para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, así como a fomentar la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de su conocimiento, innovaciones y prácticas

.

Hay que recordar que en México, a finales de la década de los 90, se establecieron convenios de bioprospección –búsqueda de organismos en la naturaleza que pueden tener valor comercial–, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Diversa, con la cual, en territorio nacional, se recolectarían plantas, de las cuales se extraía su ADN para fines comerciales. Otro fue el de ICBG-Maya (Investigación Farmacéutica y Uso Sustentable del Conocimiento Etnobotánico y la biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas) entre la empresa Molecular Nature, con sede en Gales, y el Colegio de la Frontera Sur; con éste se buscó encontrar fármacos en hongos y plantas. Ambos acuerdos fueron cuestionados por organizaciones y ambientalistas, porque no tomaron en cuenta a las comunidades locales.

 

Sobre el tema, el capítulo ambiental indica que los países reconocen que el acceso a los recursos genéticos, cuando se conceda, debe ser sometido al consentimiento previo informado de la parte que provee los recursos, a menos que de otro modo lo determine la parte. También estipula que se admite la importancia de la consulta y participación pública que establezcan las leyes y políticas nacionales en materia de conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica.

 

Abunda que las partes se comprometen a fortalecer los esfuerzos de cooperación en áreas de interés mutuo relacionado con la diversidad biológica. La cooperación puede incluir la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica, la protección y mantenimiento de los ecosistemas y los servicios que proveen, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, incluido un acceso adecuado a ellos.

 

En el artículo SS.15, dedicado a comercio y cambio climático, los negociadores reconocen que es un problema global que requiere acciones colectivas. Expresan la importancia de implementar las acciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

 

Pesquerías

 

Otro tema es el de las pesquerías, en el que se da por hecho un manejo inadecuado y se advierte que los subsidios contribuyen a la sobrepesca y a rebasar la capacidad de captura, así como a la actividad ilegal, por lo cual se propone su eliminación. Cada nación procurará determinar un sistema que regule la pesquería, evitar la sobrepesca y permitir la recuperación de especies. Este sistema deberá basarse en las prácticas internacionales reconocidas para el manejo pesquero.

 

El sistema de manejo fijado por cada país estará basado en las mejores evidencias científicas disponibles para promover la conservación de tortugas y mamíferos marinos, con la puesta en práctica efectiva de medidas para la conservación.

 

En el apartado de bienes ambientales y servicios se reconoce la importancia del comercio y la inversión en estos rubros como medio para mejorar el rendimiento económico y hacer frente a los desafíos ambientales internacionales.

 

Con la entrada en vigor de este acuerdo cada parte, de acuerdo con su legislación, eliminará todos los derechos aduaneros en una amplia gama de bienes ambientales. Además, los gobiernos firmantes se esforzarán por hacer frente a las barreras potenciales al comercio que puedan ser identificadas por alguna de las partes.

 

El proyecto de acuerdo deja la puerta abierta a que se desarrollen proyectos de cooperación bilaterales o multilaterales en bienes y servicios ambientales para abordar el comercio mundial y los futuros desafíos ambientales.

 

El documento fue porporcionado a La Jornada, The New York Times (Estados Unidos) y Fairfax (Australia), así como al periodista neozelandés Nicky Hager.

 

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

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Sábado, 19 Octubre 2013 08:25

Campo de cultivo, campo de batalla

Campo de cultivo, campo de batalla

La semana del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, fue otra muestra del campo de batalla en que se ha convertido la comida y su cultivo. Nunca tan pocas empresas –todas trasnacionales– han tenido un porcentaje tan alto de un mercado esencial para la sobrevivencia. Seis empresas multinacionales (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, BASF, Dow) controlan 60 por ciento del mercado comercial de semillas global, 76 por ciento de los agroquímicos y 100 por ciento de los agro-transgénicos.

 

Al otro extremo, miles de millones de familias campesinas, indígenas y agricultores de pequeña escala conservan la gran mayoría de las semillas y alimentan a la mayoría de la población mundial, pese a agresiones a sus territorios, aguas, derechos, culturas. La guerra empresarial es contra ellos y su diversidad de semillas, que les molestan para lograr más dependencia y ganancias. Por eso insisten con plantar transgénicos en centros de origen, donde está la mayor diversidad de semillas y campesinos: maíz en México y arroz en Asia, cultivos básicos para la vida, e importantes mercancías del comercio internacional.

 

El 16 de octubre, en Brasil, estaba pendiente la discusión en una comisión parlamentaria la legalización de la tecnología Terminator, para hacer semillas suicidas. Es una tecnología transgénica desarrollada por Delta & Pine, propiedad de Monsanto, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 1998. Es el sueño de las trasnacionales porque la semilla da fruto, pero lo cosechado se vuelve estéril, condenando a los agricultores a volver a comprar. Además, el polen se puede cruzar con plantas vecinas y volverlas estériles. Atenta contra los derechos de los agricultores y campesinos, contra el acto básico que sostiene desde hace 10 mil años la agricultura: tomar semillas de la propia cosecha para sembrar en la próxima estación.

 

Es tan inmoral y peligrosa, que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas estableció una moratoria contra su experimentación y comercialización desde el año 2000. Pero las empresas que tienen patentes de Terminator (Monsanto, Syngenta, DuPont) siguen presionando. En 2006 y 2010, la delegación de México al CDB intentó eliminar la moratoria, como si fuera un cambio administrativo. No lo consiguió. En Brasil, que tiene la tecnología prohibida en su ley nacional de bioseguridad, hay desde 2007 y 2009 dos propuestas legislativas para permitirla. Si Brasil legalizara semillas Terminator, además de violar un acuerdo internacional, desataría una carrera de las empresas para aplicarla en todas las semillas y una vía libre para "presionar" a otros países a romper la moratoria.

 

Debido a la amplia movilización de organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales, incluyendo entregar una petición de cancelación firmada en tres días por más de 19 mil personas y organizaciones, el presidente de la comisión en cuestión retiró la propuesta de la agenda y se comprometió a que volverá mientras esté en el cargo. Pese a esta victoria, las dos propuestas para legalizar Terminator continúan en los laberintos legislativos, por lo que los movimientos se mantienen en alerta.

 

También de México llegaron buenas noticias. Luego de más de una década de resistencias y luchas de muchos y diversos actores en el país, el 9 de octubre un juzgado federal emitió una medida cautelar ordenando a las autoridades ambientales y agrícolas suspender los trámites para aprobar la siembra experimental, piloto y comercial de maíz transgénico. La suspensión es hasta que se resuelva el juicio por la acción civil que planteó un colectivo de 53 ciudadanos y organizaciones, incluyendo científicos, ambientalistas, productores, apicultores, artistas, entre ellos Antonio Turrent, Víctor Manuel Toledo, Miguel Concha. Adelita San Vicente y la organización Colectivas AC asumieron la representación legal.

 

Se han presentado anteriormente muchas acciones legales contra transgénicos, logrando retrasar las autorizaciones, pero el gobierno las ha ido vaciando de contenido, con cambios absurdos a reglamentos y similares, para evadir la enorme preocupación que entraña para millones de personas en México y el mundo, la contaminación del maíz en su centro de origen. Es tan grave, que estas maniobras integran uno de los expedientes a considerar en el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México en sus audiencias en noviembre, como caso flagrante de "desvío de poder".

 

Esta decisión de suspensión es un paso importante, pero frágil. Las empresas ya han empezado su campaña pública y no pública para revertirla. Mientras el secretario de Agricultura afirma que decidirá por criterios científicos, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que "en México se deben cultivar transgénicos", porque ya se importa maíz transgénico. (El Informador, 15/10/13). Olvidó aclarar que todas las importaciones son de trasnacionales para otras trasnacionales (para cría animal industrial, hipermercados, etcétera), que la población y agricultores nunca fueron consultados sobre estas importaciones y que se les eliminó a las empresas el pago de aranceles que permitía el TLCAN. Hecho el desfalco, ahora lo usan como argumento para sembrar maíz transgénico, otro absurdo, porque las áreas solicitadas ya producen maíz híbrido y nunca van a dar más con transgénicos, como explica Antonio Turrent. De cualquier forma seguirían importando y además el polen transgénico contaminará las variedades campesinas.

 

Seguiremos resistiendo, sean medidas legales o desde las milpas y desde todos los puntos donde crece la lucha por la defensa del maíz y sus pueblos.

*Investigadora del Grupo ETC

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La crisis mundial y el ambiente en América Latina
La aguda crisis que afecta a la Eurozona y a Estados Unidos no sólo reduce la atracción de esos mercados de trabajo para los latinoamericanos, africanos y mediorientales que allí emigraban ilegalmente sino que, también, al cerrarles la posibilidad de trabajar les obliga a refluir a sus regiones de origen en cantidades cada vez más masivas, unidos esta vez incluso con los más pobres de los que hasta ahora era países ricos. En efecto, no sólo retornan de España los latinoamericanos que allí buscaban trabajo, sino que este año han salido más españoles que los extranjeros que fueron a la península.


De este modo, la presión sobre los recursos locales –tierra y agua, sobre todo– y sobre la desocupación regional, aumenta continuamente y los ingresos locales no disminuyen sólo por el cese o la reducción de las remesas que antes recibían, sino también porque sus parientes deben sostener, al menos parcialmente, a quienes hasta entonces eran el sostén de ellos.


Para algunos países exportadores de alimentos, como Brasil, Uruguay o Argentina, la sequía en Estados Unidos y en Europa, resultante del cambio climático, puede ser beneficiosa porque aumenta el precio de los granos y de los alimentos en general, no sólo por una menor oferta sino también porque la crisis, al reducir la producción industrial y los consumos, aleja a los especuladores del petróleo y de los minerales, cuyos precios se estancan.


Pero el aumento del precio de los alimentos –porque la demanda de éstos no es elástica y todos tratan de seguir comiendo como comían, con crisis o sin ella–, reduce los ingresos de los consumidores, sobre todo en países donde la gente por su pobreza dedica más de dos tercios del ingreso familiar a la compra de alimentos y al pago de servicios (transporte, agua, gas, electricidad).


La carestía de los alimentos principales (trigo, maíz, leguminosas, carne) por otra parte afecta mucho más directamente a los pobres que a los ricos (que tienen otro tipo de consumos), o sea, golpea a la inmensa mayoría de la población que, con los injustos y aberrantes sistemas impositivos de los países dependientes, es la que paga más impuestos bajo la forma sobre todo de IVA y de otras tasas indirectas.


Esta reducción del consumo domiciliario y, por consiguiente del monto de los impuestos que el Estado recauda, afecta las finanzas estatales. Porque, aunque la soya bata récord y esté a 630 dólares la tonelada, quienes la exportan son sólo unas pocas empresas que evaden impuestos mediante triangulaciones y paraísos fiscales. Las ventajas de los altos precios del grano y del bajo precio petrolero para la producción son por lo tanto para ellas, o sea para los que son productores masivos, acopiadores y exportadores trasnacionales y no para las arcas estatales.


Los países centroamericanos viven, sobre todo, de la exportación de mano de obra superexplotada que, como dijimos, ahora les rinde menos. Los países exportadores de petróleo ven afectados sus ingresos por el estancamiento del precio del combustible debido a la baja demanda industrial resultante de la crisis. Los países importadores de alimentos y de petróleo, como la mayoría de los africanos, Cuba o los del Caribe, están apretados crecientemente por el aumento de su factura de importación alimentaria. Incluso los pocos países dependientes que son grandes exportadores de alimentos tienen problemas porque sus otras exportaciones caen y el aumento del precio del trigo o de la soya no compensa esas dificultades en la balanza de pagos.


De ahí la desesperación de todos los gobiernos –“progresistas” o no– por producir cada vez más metales preciosos, atrayendo la inversión de las grandes mineras canadienses o estadunidenses, que están en abierta competencia con la agricultura y la ganadería de las zonas pobres, las cuales son mucho menos lucrativas que la gran minería pero aseguran más empleo local y no afectan tan drásticamente el ambiente como la extracción minera.


De ahí también los conflictos sociales con los pobladores de esas zonas, que desean conservar el uso del agua para la agricultura y para los pueblos así como los bienes comunes (tierra, aire no contaminado, bosques, paisaje). Por eso actualmente, desde Centroamérica hasta Chile y Argentina, a lo largo de las zonas montañosas, las “pobladas” (luchas de toda una comunidad) y las rebeliones campesinas e indígenas se enfrentan con la represión gubernamental de gobiernos que tienen una concepción extractivista y desarrollista y un decisionismo vertical y autoritario.


Se llegó al extremo de que la presidenta de Argentina vetó una ley de protección de los glaciares, fuente principal de agua para el país, para no afectar los intereses de las transnacionales mineras y que algunos gobiernos de las provincias andinas reprimen ferozmente protestas antimineras como la de Tinogasta o Faimallá absolutamente legales y legítimas. El presidente peruano Ollanta Humala fue elegido entre otras cosas gracias a sus declaraciones de que entre la sed y el hambre de los peruanos y el oro optaría por su pueblo, pero ahora reprime, con alto costo en heridos, muertos y presos en Cajamarca, una de las zonas donde más apoyo obtuvo, para favorecer el proyecto minero Conga, violentamente resistido por los pobladores y las autoridades locales. El mismo Evo Morales no sólo enfrenta a los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), violando lo que establece la Constitución, para construir por su territorio una carretera hacia Brasil sino que también fomenta la minería, entrando en conflicto con los comuneros. El mercado mundial, no el ambiente y el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de gobiernos que dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran populares. Este giro económico a la derecha les debilita y prepara otros giros políticos derechistas. Nuevamente están en peligro los avances antes duramente conseguidos.

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Miércoles, 27 Junio 2012 06:33

Río+20: sumisión al poder financiero

Río+20: sumisión al poder financiero
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (CNSD), mejor conocida como Río+20, vino y se fue. Pudo haber sido un acto importante. En lugar de ello, estableció un nuevo estándar en cómo hacerse irrelevante. La receta es sencilla: pretenda usted que nunca ha oído hablar de la crisis global.


El documento final de la UNCSD no menciona ni una sola vez la crisis económica y financiera global. Poco importa que la crisis ya se ha convertido en la Segunda Gran Depresión. De alguna manera, los funcionarios del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) consideraron que ese tema no era relevante en una conferencia sobre sustentabilidad.


El PNUMA buscó sacar adelante su iniciativa sobre la economía verde. En el informe presentado en Río se le define como una economía en la que aumenta el bienestar, disminuye la pobreza y mejora el medio ambiente. Se trataría de una economía socialmente incluyente, con bajas emisiones de gases invernadero y gran eficiencia en el uso y manejo de recursos.


Para transitar hacia una economía verde se necesita invertir el 2 por ciento del PIB mundial (anualmente entre 2010-2050) en 10 sectores clave. Es una cantidad importante. ¿Dónde se pueden encontrar esos recursos? El PNUMA responde sin rubor: en el sector financiero. Según esta agencia el sector financiero tiene a su disposición una montaña de recursos y cada vez está más interesado en una cartera de inversiones que minimiza el costo ambiental y social, al mismo tiempo que capitaliza con tecnologías verdes.


La amistad del PNUMA con el sector financiero se confirma cuando se mencionan los mercados e instrumentos que ahora estarían del lado de la justicia y la salud ambiental: bonos verdes, bonos de carbono, REDD+, y activos de "propiedad verde", etc. Ahí está: la financiarización de la naturaleza. Nunca se le ocurrió a los funcionarios del PNUMA que el desarrollo de estos "mercados novedosos" proviene de la búsqueda de espacios de rentabilidad en un mundo en el que la economía real permanece estancada.


El PNUMA en Río ha buscado tapar el sol con un dedo. Ha querido ignorar el hecho de que el sector financiero es el epicentro de la crisis global. El colapso de la economía mundial se mantiene en buena porque la opacidad de las operaciones financieras aceleró el contagio al principio y ahora impide reactivar el mercado interbancario.


Tiene razón el PNUMA: el sector financiero ha crecido mucho en los últimos veinte años. Pero ¿no se les ocurre que eso es precisamente un signo de la patología de la economía global? El estancamiento de los salarios desde hace tres décadas explica el creciente endeudamiento de las familias. La demanda agregada estuvo impulsada por el endeudamiento y eso, a su vez, explica cómo se llevó a cabo un proceso de redistribución de la riqueza de los más pobres a los más ricos. Instrumentos como las tarjetas de crédito, los préstamos para estudiantes o para automóviles fueron verdaderas aspiradoras para succionar recursos de los hogares y llevarlos a los bancos.


Uno de los factores que explica la expansión del sector financiero es su inclinación a introducir innovaciones que hicieron las operaciones del sector más opacas, disfrazaron riesgos, aumentaron la propensión a la volatilidad e incrementaron los niveles de apalancamiento. La bursatilización convirtió a muchas operaciones en zona vedada para los reguladores y agencias de supervisión. La autorregulación sólo proporcionó la ilusión de que se estaba haciendo algo para frenar abusos.


Un punto fundamental que el PNUMA no puede entender: una proporción significativa de la montaña de "recursos" en manos del sector financiero es riqueza contable. Proviene de un típico proceso de inflación de activos, o si se prefiere, de una burbuja. La crisis es la forma en la que se destruye ese patrimonio que sólo existe en la contabilidad. Para analistas como Nouriel Roubini o Dean Baker, al proceso deflacionario aún le falta mucho para completar su tarea.


Es más, una parte de esos recursos financieros proviene de las operaciones de creación monetaria de los bancos. Por ejemplo, con sus préstamos los bancos de la Unión Europea han creado billones (castellanos) de euros de la nada, o como dicen, ex nihilo. Y sólo una fracción minúscula de esos créditos estuvo respaldada por depósitos. El globo gigante todavía está desinflándose.


El PNUMA debería estudiar con seriedad la relación entre los sectores financiero y real de la economía. Los canales de transmisión entre estos sectores son críticos para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. En nuestros tiempos las operaciones en el sector financiero han propagado y amplificado la turbulencia y han puesto de rodillas a la economía real. Caray, hasta una organización tan conservadora como el Comité de supervisión de bancos de Basilea (dependiente del Banco de pagos internacionales) se preocupa por estos temas. ¿Por qué los funcionarios del PNUMA no pueden hacer lo mismo?
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Río+20 no logran avances en las políticas ambientales ni de desarrollo sostenible
La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20 se clausura este viernes de la misma manera que se inauguró tres días antes: con un documento de mínimos que no hurga en las sensibilidades de nadie y que ciertamente no servirá de revulsivo para que la comunidad internacional reaccione con vigor ante el deterioro natural del planeta. En Río los líderes no han sido capaces de dar respuestas contundentes a las demandas de buena parte de la sociedad: de momento no habrá nuevos mecanismos de financiación para políticas de desarrollo sostenible, ni un acuerdo para crear una agencia que sea el brazo medioambiental de la ONU (actualmente lo que existe es el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente –PNUMA-), ni nuevos pasos al frente en la protección de los océanos, ni la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles o medidas que contribuyan a la erradicación de la pobreza en el mundo.


Fuentes del Gobierno brasileño, que ha sido el anfitrión y el impulsor de este acuerdo, admiten las dificultades para cerrar un texto más ambicioso, aunque también insisten en que el éxito de Río+20 radica en que 193 naciones hayan alcanzado un consenso rápidamente y sin entrar en amargas discusiones. Sin embargo, fuentes del equipo negociador de la Unión Europea (UE) abundan en la idea de que Brasil ha optado por el camino fácil de articular un documento que deje a todos mínimamente contentos, aunque sea a costa de sacrificar los avances reales que se esperaban de esta cumbre. “Ha primado la lógica de que es preferible tener cualquier acuerdo a no tener ningún acuerdo”, resumen de manera gráfica. Sin embargo, todas las fuentes consultadas opinan que este encuentro no caerá en saco roto. En este sentido, la delegación de Brasil asegura que la cumbre de Río alumbrará el camino para que medidas más concretas cristalicen en los próximos años.


Quizá sea injusto responsabilizar de la falta de ambición del documento final al país anfitrión, Brasil, ya que hay razones de gran calado que explican el fracaso. La primera de todas radica en el crítico momento que viven varios países de la UE y la situación en EE UU, aún empantanado en la superación de su crisis económica y con unas elecciones a la vuelta de la esquina. En época de crisis, las políticas medioambientales y sociales suelen quedar arrinconadas. Y eso es lo que ha sucedido en esta cumbre: el momento ha fallado.


De Río no han salido países ganadores, aunque sí infinidad de perdedores, sobre todo las naciones en vías de desarrollo. Quizá el Vaticano sea el único participante que se haya salido con la suya tras conseguir que se elimine de las conclusiones el término “derechos reproductivos” de la mujer, introducido por Brasil y que se refería a la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad.


Por Francho Barón Río de Janeiro 22 JUN 2012 - 20:07 CET

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Miércoles, 06 Junio 2012 06:50

Cuidado ambiental con inclusión social

Cuidado ambiental con inclusión social
La presidenta brasileña se montó a hombros de una ola verde con una medida que la pone a la vanguardia de la región en materia medioambiental. Dilma Rousseff presentó ayer una batería de iniciativas ecológicas y anunció, con bombos y platillos, que Brasil había alcanzado el menor índice de deforestación de la Amazonia de los últimos 23 años. La mandataria hizo esa declaración durante un acto en el que se habilitó el centro de convenciones, donde sesionará Río+20. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Rousseff afirmó que el desafío del encuentro, al que asistirán más de cien jefes de Estado, será establecer los fundamentos para discutir un nuevo modelo de sustentabilidad que articule desa-rrollo, inclusión social y preservación del medio ambiente.


Acompañada por el secretario general de Río+20, el diplomático chino Sha Zucang, la presidenta brasileña aseguró que apuesta a la sabiduría de los líderes mundiales para cumplir con los desafíos que el resto del mundo espera de la cumbre ecológica más importante del año. También reconoció la responsabilidad que pesa sobre Brasil por ser el tercer productor de alimentos de mundo y porque detenta las mayores reservas de agua. A lo largo de su discurso, insistió en que debe establecerse un equilibrio entre las premisas ecológicas y las de carácter social y recordó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo citó a Brasil como ejemplo de defensa al medio ambiente y simultáneo combate a la pobreza.


En estos días continúan las negociaciones en la sede de la ONU en Nueva York sobre la redacción final del documento Río+20, con la resistencia de los países ricos en acordar metas precisas sobre preservación ambiental, a ser cumplidas en los próximos años. El gobierno brasileño está trabajando para que se firme un documento ambicioso porque sabe que el éxito de la cumbre depende, en buena parte, de los acuerdos logrados entre los gobiernos.


“Esperamos que esta crisis (resultante) de un exceso de ganancias y la falta de controles de los mercados no sea un pretexto para que algunos países se rehúsen a firmar un documento final con objetivos claros”, dijo Rousseff en ese sentido. La ceremonia encabezada por la mandataria tuvo lugar en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y se inició con el izamiento de la bandera de la ONU en el centro de convenciones Río Centro, en Río de Janeiro, donde a partir del 13 de junio sesionará la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable. El izamiento de la bandera azul de la ONU junto con la de Brasil fue transmitido en vivo para la presidenta y las autoridades que estaban en Brasilia.


“Es una ceremonia simbólicamente importante porque es parte de las reglas diplomáticas de la entrega de la soberanía de ese pedazo de Brasil a las Naciones Unidas, exactamente como si Río Centro fuera la sede de la ONU en Nueva York”, explicó Giancarlo Summa, portavoz de Río+20. A ocho días del comienzo de las deliberaciones del encuentro global, Rousseff anunció la creación de los parques nacionales Furna Feia y Descobremento como parte de la política del Programa de Areas Protegidas, destinadas a preservar la floresta y la biodiversidad.


A su vez, la presidenta brasileña aprovechó la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para difundir la ampliación de otros tres parques y diversas medidas de apoyo a los pueblos indígenas. Asimismo, la presidenta sancionó un decreto que establece normas para que todas las empresas que prestan servicios o venden productos al Estado utilicen prácticas medioambientales correctas para continuar en la lista de proveedores oficiales. En relación con los pueblos indígenas, Rousseff sancionó los decretos que formalizan siete nuevas reservas y anunció la creación de un comité gubernamental que deberá diseñar políticas para mejorar la atención sanitaria y la alimentación en las aldeas.

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