https://www.flickr.com/photos/eneas/

“En Bolonia (Italia) las escuelas están cerradas desde el 23 de febrero y progresivamente muchas actividades ya se habían detenido. Desde esta semana, también detuvimos por completo las reuniones con algunas personas y trasladamos todo a Skype u otros medios de comunicación […] la preocupación no es realmente el contagio en sí, sino principalmente la sobrecarga en la que se encuentran los hospitales, ya que el 20 por ciento de las personas infectadas necesitan hospitalización y el 10% necesitan cuidados intensivos [...] Mis preocupaciones están con mis padres, que viven en otra ciudad y muy cerca del epicentro del brote, a quienes no puedo visitar. Espero que todos los países adopten medidas pronto, porque nos llevó un tiempo darnos cuenta de que eran realmente necesarias”.
Chiara Bodini, médica italiana, comunicación personal

 

Desde el día 31 de diciembre de 2019 la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, informó de varios casos de neumonía de causa desconocida, identificados en la ciudad de Wuhan. Para el 3 de enero de este año 2020, las notificaciones eran de 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida, de los cuales 11 están gravemente enfermos. Dada la expansión rápida de la enfermedad, ya para el 30 de enero la OMS hacía la declaratoria de emergencia internacional de salud pública por el brote de coronavirus, con lo que reconocía la envergadura del problema y ubicaba su riesgo de expansión global. Para el 11 de marzo la OMS declara la pandemia, en tanto se ha confirmado que, en más de dos países la ocurrencia de la mayoría de los casos se ha dado ya por transmisión autóctona y no por casos procedentes de otro país.

Dos meses después de iniciado el brote en China, el día 6 de marzo, el Ministerio de Salud de Colombia declara la presencia del primer caso de una persona infectada con coronavirus en el país y tres días después, el 9 de marzo, reconoce otros dos y para el 11 ya son 9 los casos. Los tres casos importados desde Europa y los otros seis por transmisión secundaria.

Para la fecha, se han diagnosticado en el mundo más de 114.000 casos de contagio en 103 países. La gran mayoría de ellos localizados en China (más de 80.000), donde se han registrado 3.139 muertes por esta causa. La cifra de muertes en todo el mundo supera los 4.000. 

 

 

Esta situación ha desatado multitud de análisis y críticas, que van desde cuestionar que hay una epidemia, pasando por sostener que ha sido producto de una manipulación en laboratorio del virus para afectar la población china y su economía, que es una forma de expandir el miedo para el control de las poblaciones, que se quiere producir pánico mundial como cortina de humo frente a otros problemas, que la industria farmacéutica se lucra de estas epidemias con las altas ganancias derivadas de la venta de los medicamentos que se usan y con las vacunas que se producen, entre otros asuntos. Y claro, varias de estos análisis son válidos.

En este artículo partimos de reconocer que la epidemia es real, que es de carácter global y que se requiere actuar frente a ella para su control. En este sentido, nos interesa analizar cuál es la amenaza real de esta epidemia y si las medidas que el país toma frente a ellas son adecuadas y suficientes, lo que a su vez se constituye en un lente crítico para discutir si el país está preparado para enfrentar situaciones de salud que pueden comprometer de manera generalizada la salud y la vida de la población.

 

Comparando situaciones similares

 

Recientes investigaciones del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (Ccdc) indican que cerca del 80 por ciento de las infecciones por el nuevo coronavirus se clasifican como leves, el 14 por ciento como graves y solo el 4,7 por ciento como críticas. En relación con la tasa de mortalidad general, se indica que se encuentra alrededor del 2,3 por ciento, siendo las personas mayores de 80 años las que corren más riesgo, con una tasa de mortalidad del 14,8 por ciento.

Al comparar el riesgo de muerte en las epidemias registradas en los últimos años se observa que en la epidemia de Sars (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) ocurrida en el 2003, fue mucho mayor con una tasa general de mortalidad del 10 por ciento (de los más de 8.000 casos, hubo 774 muertes); mientras que en la epidemia de Mers (Síndrome Respiratorio del Oriente Medio) fue entre el 20 y el 40 por ciento, dependiendo del lugar; para el caso de la epidemia por influenza AH1N1 en el 2009, se estima que pudo causar la muerte de 151.700 a 575.400 personas en todo el mundo, en 16 meses de propagación del virus, y en el caso de otras enfermedades virales como la rabia y el ébola, la tasa de mortalidad es del 100 y 50 por ciento respectivamente.

Tabla 1. Comparación tasa de mortalidad general, últimas epidemias

Epidemia xxx Tasa de mortalidad (%)
 SARS  10
 MERS  20 - 40
 Ébola  50
Covid – 19 2,3

Fuente: elaboración propia.

 

Respecto a la transmisión, estudios realizados a partir de los datos disponibles hasta el momento, se observa que el Covid-19 no se transmite tan eficientemente; en relación con el número promedio de casos nuevos que se generan a partir de un caso infectado (capacidad de transmisión), se ha descrito que este promedio es de 1,4 a 3,8 personas (entre 2 a 3 personas en promedio). Este es bajo si se contrasta con otras enfermedades infecciosas cuyo promedio es de 15 a 20 personas, la tos ferina que es de 15 a 17 personas, las paperas que es de 4 a 7 personas, el Sars que es de 2 a 5 personas y la gripe común que es de 1 a 3 personas; esto indica que la capacidad de transmisión de Covid-19 es relativamente similar a la de gripa común y muchísimo menor a la del sarampión, una de las enfermedades infecciosas con mayor capacidad de transmisibilidad.

Ahora, si se compara el tema de la mortalidad con la influenza, pese a que el número de muertes por Covid-19 registrado a la fecha es mucho menor al número de muertes que se registran anualmente por influenza, en Estados Unidos por ejemplo, la tasa de mortandad por influenza es muchísimo menor (0,05%), y a nivel global del 0,01 por ciento, lo que indicaría que hasta el momento la mortalidad observada por Covid-19 es mayor a la que podría observarse para influenza, pero mucho menor a la de otras enfermedades infecciosas como el ébola, por ejemplo.

Ante este panorama, y con la información disponible, tanto clínicos como epidemiólogos coinciden en que no es posible realizar predicciones y que el comportamiento de la enfermedad, al tratarse de un virus nuevo, puede cambiar, sin embargo, el comportamiento de la epidemia registrado en las últimas semanas podría indicar que la situación no es tan alarmante. El número de nuevos infectados detectados en China en las últimas semanas ha disminuido considerablemente, al igual que en los primeros países de Asia en los que la epidemia tuvo registros, países en los cuales cada día se reportan menos casos nuevos. Surge preocupación por el número de casos detectados en Italia y España, sin embargo, en otros países de Europa como Alemania y el Reino Unido, el número de casos es bajo.

 

Los medios de comunicación y la amenaza del Covid-19

 

Si bien los datos disponibles indican que la enfermedad por Covid-19 no es tan grave y letal como se pensó al inicio, los medios de comunicación han favorecido la generación de miedo en la población. La rapidez y facilidad con la que viajan las noticias a través de los medios de comunicación y principalmente en las redes sociales, son un elemento fundamental para difundir y diseminar todo tipo de información que puede confundir y generar una preocupación desbordada ante la situación. Asunto que, a su vez, en Colombia ha logrado opacar información de gran importancia nacional relacionada con la muerte de líderes sociales y corrupción en la elección presidencial. Y que también contrasta con la escasa información de problemas más relevantes de salud que hoy tenemos, como son los casos de la endemia de dengue y la muerte infantil por desnutrición.

Son este tipo de circunstancias las que recuerdan, como es connatural a su ética y labor, que los medios de comunicación deben jugar un rol responsable en la difusión de información en general, con mucho mayor encono en casos como el que nos ocupa, donde de por medio está la convivencia, tranquilidad, salud, economía y vida de la gente, por lo cual debe saberse difundir las noticias, todas mediadas con análisis estructurales, para así preparar a las sociedades, a conciencia, para enfrentar este tipo de coyunturas, lo que realmente permitiría, de darse, contener epidemias. Actuar por vía contraria representa un riesgo que favorece el pánico en la población y la instrumentalización de los problemas de salud, al servicio de intereses particulares.

 

¿Son suficientes las medidas tomadas por MinSalud?

 

No existe, a la fecha, tratamiento para esta infección. Varios grupos de investigación se encuentran en desarrollo de vacunas para este nuevo virus, lo cual no se obtendrá de forma inmediata y de conseguirse, habría que ver cuál sería el comportamiento de la industria farmacéutica, en tanto suelo lucrarse de este tipo de situaciones, donde la gente de menores recursos termina siendo la más afectada ante la falta de acceso a este tipo de tratamiento. Una vacuna, registrada como bien de la humanidad, sería lo deseable y así lo deberían proponer e imponer las mayorías en Naciones Unidas.

Por ahora, y ante las epidemias por virus respiratorios se difunde el uso de tapabocas. Es importante aclarar que el uso de mascarillas quirúrgicas debe estar limitado a personas con síntomas respiratorio para evitar contagiar a otras personas, su uso no evita la infección por este y otros virus respiratorios. El uso de respiradores N95 debe limitarse a los equipos de salud y personas que cuidan a personas enfermas o con síntomas respiratorios. Esa falta de claridad ha generado el uso indiscriminado de estos dispositivos y con ello el aumento de sus precios en el mercado. Los precios de esos productos han aumentado desde el inicio de la epidemia de Covid-19. El precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95 por tres, y el de las batas por dos.

En relación a las medidas tomadas en Colombia, hay que decir que afortunadamente la infección tardó un par de meses para llegar, lo que dio tiempo para actuar. Desde los inicios de la epidemia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha monitoreado su comportamiento y dinámica global y se han realizado evaluaciones del riesgo sectoriales e intersectoriales, para estimar el nivel del mismo y definir los planes de preparación ante la introducción del virus en el país. Las acciones se han concentrado en la aplicación de filtros a la llegada de personas procedentes de países con transmisión autóctona sostenida y la intensificación de campañas de información en salud con mensajes de prevención enfocados al lavado de manos e higiene respiratoria. El Instituto Nacional de Salud con los equipos de salud locales, principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, han desarrollado acciones de investigación y caracterización de casos sospechosos, dando inicio a acciones de preparación de la respuesta a nivel local. Para este tipo de procederes ha sido importante lo realizado en experiencias anteriores, por ejemplo ante los casos importados de sarampión detectados durante 2018 y 2019, que ha servido como parte de los aprendizajes del país en preparación y contención de enfermedades transmisibles.

La pregunta que surge es, ¿son estas medidas suficientes? Tal vez en Bogotá, Cali y Medellín, ciudades con una mejor infraestructura y con capacidad de respuesta, la detección de casos sospechosos pueda ser más eficiente, sin embargo en ciudades con menores recursos y capacidades pueda que esta respuesta no lo sea. De otro lado, es importante mencionar la crisis actual en los servicios de salud y la congestión permanente de los servicios de urgencias ¿cuál sería el panorama nacional ante una transmisión sostenida, con múltiples casos que requieran valoración y atención en estas condiciones, como viene ocurriendo en Italia? ¿Están las instituciones de salud realmente preparadas para la contención y para adecuar los servicios de urgencias para evitar la transmisión y propagación del virus?

Ahora, en relación a la salud de los y las trabajadoras de la salud, profesionales y técnicos, dado el estado actual de precarización laboral, en donde entre otros asuntos las medidas de salud y seguridad en el trabajo, en los centros de salud, en los hospitales y clínicas, gozan de una enorme debilidad, lo que hace de la misma una población especialmente vulnerable a la infección por este virus. Si no se cuida la salud de los que deben cuidar la salud de la población, ahí se tendrá un enorme problema para la contención de este tipo de epidemias.

 

Se requieren cambios

 

Esta nueva epidemia que se está viviendo en el mundo, debe servir para encarar un conjunto de reflexiones que permitan tomar las mejores decisiones sociales e institucionales.

Si bien es cierto que aún no se comprueba que el virus del Covid-19 proviene de animales, lo cierto es que la manera como la humanidad está tratando, confinando y reproduciendo a diversas especies de animales, para su comercialización y consumo, ha favorecido el intercambio de virus y sus mutaciones, lo cual representa un enorme peligro; así lo evidenciaron el Ébola y el AH1N1. Si esto no se detiene, podremos llegar a situaciones totalmente catastróficas.

Con relación al comportamiento de la enfermedad por Covid-19, los esfuerzos deben concentrarse en contener la transmisión del virus desde el inicio y evitar su propagación, ya que una vez diseminado, es más difícil su contención, de ahí la importancia de la detección oportuna de los primeros casos y de abordar de manera inmediata a sus posibles contactos; entre más bajo el número de personas infectadas, menor el número de casos graves y críticos y el número de muertes.

Debe ser también claro, en relación a la respuesta que deben dar los sistemas de salud frente a situaciones como estas, primero, que lo central está en prevenir y contener y luego contar con una adecuada capacidad técnica operativa para atender al total de personas que lo requieran; segundo, que la contención de las epidemias es mucho más difícil si quienes están entrenados para ellos y les corresponde esta tarea, no tienen protegida su salud.

En un contexto como el colombiano, en donde existe una crisis estructural del sistema de salud, preocupa que a pesar del interés y esfuerzos institucionales para enfrentar una epidemia como la acá tratada, ello se vea impedido por los graves problemas de acceso, oportunidad y calidad de la atención (como lo analizamos en el artículo, “Dengue: pobreza y crisis del sistema de salud”, desdeabajo febrero 20-marzo 20 de 2020) y por la precarización de las condiciones laborales del personal de la salud. Sin equivocación, desafortunadamente, de llegar a tener el país una situación como la que registra hoy Italia sería francamente funesta, evidencia de lo desastrosa que ha sido la privatización de los sistemas de salud.

Es una realidad que no puede pasar desapercibida. Debemos liderar, con urgencia, un acuerdo de la sociedad para configurar un sistema de salud que tenga realmente la capacidad de enfrentar los diversos problemas de salud de la población, tanto los no epidémicos, como los epidémicos.

 

* Médica Epidemióloga MSc(c) en Salud Pública. Las opiniones expresadas por la autora son de índole personal y no comprometen las instituciones donde labora.
** Mauricio Torres-Tovar, Médico PhD(c) en Salud Pública, profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.

 


¿Qué puede hacerse frente a esta situación?

 

Debemos reconocer que, para enfrentar una epidemia de este tipo, se requieren tanto la acción decidida institucional, como también el involucramiento consciente de la población.

En este sentido, es importante que la población refuerce las medidas básicas para la prevención de las enfermedades respiratorias, las cuales son sencillas y de fácil aplicación.

 

• Lavado de manos frecuente, que no es simplemente echarse agua y jabón, sino restregar muy bien todas las superficies de las manos
• Cubrirse bien la boca (etiqueta) al toser y estornudar
• Limitar contacto frecuente mediante besos y abrazos, asunto que no es fácil por las costumbres culturales, pero que por ahora así debe ser.
• El uso de mascarillas quirúrgicas debe ser obligatorio para personas con síntomas respiratorios, dado que están diseñadas para impedir que se contaminen a otros.
• Uso obligatorio y exclusivo de respiradores N95 para el personal de salud o para personas que atienden o prestan cuidados a personas con síntomas respiratorios.
•Es muy importante generar acciones en la familia y la comunidad para prevenir la infección en la población adulta mayor y en personas que ya tienen enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y diabetes.
• Si hay una persona con síntomas respiratorias en casa, reducir el contacto social con ellas y reforzar el lavado de manos, la etiqueta de la tos y el estornudo y mantener el uso de mascarilla quirúrgica.
• En la comunidad educativa y población confinada o cerrada, se debe difundir información de manera permanente y favorecer la práctica de lavado de manos y la institución debe
• Una herramienta clave es la difusión de información y la comunicación del riesgo en el marco de la ética, cuyo centro debe ser la divulgación de medidas preventivas y prácticas, clave para el manejo básico de enfermedades respiratorias y para la reducción del riesgo de infección y limitar la difusión de información que genere pánico y alerta.
• El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarias de Salud, han habilitado líneas telefónicas para que las personas con antecedente de viaje a países en los que se han detectado casos con síntomas respiratorios puedan recibir información y atención telefónica para valorar el riesgo y definir si se requiere o no consulta a los servicios de salud, evitando así el incremento del riesgo de trasmisión a otras personas en caso de tener infección por Covid-19 y de otro lado, no colapsar los servicios de salud.

Para consultas: Bogotá: +57 (1) 330 5041 / Resto del país: 01 8000 955 590


 

 

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Publicado enEdición Nº266
Sábado, 29 Diciembre 2018 07:32

Los kurdos se acercan a Assad

Los kurdos se acercan a Assad

El anuncio de Trump de la retirada de tropas de Siria tuvo su primer efecto inesperado. Ante la amenaza de una invasión turca, las milicias kurdas le pidieron ayuda a Damasco después de siete años de combate y autonomía.
 
El reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre el retiro de tropas norteamericanas en Siria acaba de tener un resultado inesperado. La mayor milicia kurda en territorio sirio, las Unidades de Protección del Pueblo, acaba de pedirle al gobierno de Bashar al-Assad protección militar contra una muy posible invasión turca al territorio que controla. La voltereta es inesperada porque en los siete años de guerra civil siria, los kurdos fueron enemigos del gobierno de Damasco, lograron claros triunfos militares y tomaron territorios importantes. Pero los kurdos lograron esos objetivos con una mínima ayuda norteamericana en el terreno y un fuerte apoyo aéreo y político, que ahora se acaba. Los kurdos interpretan el retiro de EE.UU. como una traición y se reacomodan.


Las Unidades pidieron específicamente tropas para proteger la ciudad de Manbij contra un posible ataque turco. Manjib es uno de los centros urbanos del territorio controlado por los kurdos en el noreste sirio, un área tomada con ayuda norteamericana contra el Estado Islámico. La región, una cuarta parte del territorio de Siria, es importante por su fertilidad y sus reservas petroleras, y todavía aloja a unos dos mil soldados de EE.UU. El área es además fronteriza con las regiones kurdas en Turquía, lo que hace tiempo alarma a Ankara, que se suma así de facto a un frente anti turco ya compuesto por Rusia, Siria e Irán, que buscan que Damasco vuelva a controlar esa región. El territorio no fue atacado por el paraguas político norteamericano. El anuncio de Trump parece haber convencido a los kurdos que es mejor negociar con Assad antes de ser atacados.


La negociación no va a resultar fácil, ya que hasta este primer paso está generando mensajes contradictorios y problemáticos. Los kurdos anunciaron que invitaron a las tropas del gobierno a pasar por Manjib para tomar posiciones en la frontera con Turquía, como un disuasorio de una posible invasión. Si fuera así, la presencia de tropas que obedecen a Assad sería realmente una barrera, ya que un ataque turco involucraría a Ankara en una guerra civil en la que logró mantenerse bastante prescindente. Lo que no queda en absoluto claro es qué significaría la presencia militar siria en el territorio para los kurdos, que hasta ahora se vienen manejando como una autonomía.


Como para preocuparse, el ejército sirio anunció ayer que sus tropas ya habían entrado a Manjib y que la bandera nacional volvía a ondear sobre la ciudad. Pero los vecinos de Manjib desmintieron la presencia militar en el lugar a todas las agencias de noticias que llamaron. El comunicado oficial sirio ni menciona a los kurdos y solamente dice que el ejército “sigue comprometido con la tarea de restaurar la plena soberanía nacional en cada centímetro del territorio sirio”. El tono del comunicado no augura una solución flexible para los turcos en un territorio que se acostumbraron a gobernar como propio.

 

Publicado enInternacional
Amenazan a cuatro periodistas y cinco medios alternativos en Bogotá

A través de un panfleto, al parecer firmado por las “Águilas Negras” bloque capital, los periodistas Martha Delgado, Guillermo Castro, Manuel Arango y Omar Vera, de los medios alternativos El Macarenazo, Clarin de Colombia y El Turbión, respectivamente, fueron amenazados de muerte.

En el documento, en el que además se menciona a Colombia Informa y Desde Abajo, se les señala de “izquierdosos” informantes de la guerrilla, disfrazados de defensores de derechos humanos, y realizan plegarias relacionadas con frases fúnebres.

Los cinco medios alternativos coinciden en componentes populares en sus contenidos, informando sobre los procesos de resistencia y luchas de comunidades excluidas, organizaciones y movimientos sociales, campesinos, indígenas y víctimas.

En diálogo con Omar Vera, director de El Turbión, aseguró que desde hace cuatro años no recibían amenazas de forma directa, pero que a través de redes sociales sí han sido estigmatizados y agredidos por los contenidos que han publicado. Adicionalmente, recordó que recientemente han difundido temas relacionados con los falsos positivos de Soacha y sobre una audiencia de líderes sociales donde un congresista mencionó a las Águilas Negras.

La Federación Colombiana de Periodistas, rechaza estas intimidaciones que buscan silenciar a los comunicadores alternativos; exige a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad y judicializar a las personas que originaron estas amenazas. Así mismo, FECOLPER solicita a la Unidad Nacional de Protección realizar con prontitud los estudios de nivel de riesgo y brindar las garantías de seguridad para los periodistas y los medios.

Publicado enColombia
Trump visitará China, Japón y Corea del Sur en noviembre, lo cual podría disminuir las tensiones en la península coreana

 

 

Después de las truculentas jeremiadas de Trump proferidas en su primer discurso bélico ante la Asamblea General de la ONU, se pueda garantizar que no destruirá a Corea del Norte, al menos no antes de las cumbres asiáticas de la disfuncional APEC (en Vietnam, el 11 y 12 de noviembre) y del ASEAN-10 con Estados Unidos (en Filipinas del 10 al 11 de noviembre).

Desde Hong Kong, South China Morning Post ( SCMP) asegura que Trump visitará China, Japón y Corea del Sur también en noviembre (https://goo.gl/SQiLxa), lo cual es probable que disminuya las tensiones en la península coreana y encamine a una salida decorosa para todas las partes implicadas: las dos Corea, Japón y las tres potencias nucleares EU/Rusia/China (el famoso esquema hexpartita).

En los primeros años del siglo XXI es inadmisible borrar del mapa al país que fuere –en este inaudito caso a Norcorea y sus 25 millones de habitantes–, lo cual ascendería, aunque se trate de un genocidio retórico, al mayor etnocidio de la historia, sin contar otro tanto que puede perecer en Corea del Sur por las represalias de sus hermanos del norte, como bien ha señalado Steve Bannon, saliente estratega de Trump.

El problema es que tanto EU como Norcorea han recurrido a las jeremiadas teóricas del loco (https://goo.gl/65fveR), por lo que se requiere de que Rusia, China, Japón y Corea del Sur –integrantes del esquema hexpartita– diluyan el vino bélico de Trump y Kim Jong-un.

Las jeremiadas tanto de EU como de Norcorea son inadmisibles en el siglo XXI y tampoco hay que perder de vista los movimientos de ajedrez de Trump al instalar su conjunto de radares misilísticos (THAAD, por sus siglas en inglés) en Surcorea (pese a sus reticencias domésticas), destinados a espiar, más allá de Corea del Norte, hasta tres mil kilómetros adentro del binomio Rusia y China (https://goo.gl/A2FzEY).

La nada diplomática embajadora trumpiana en la ONU, Nikki Haley, parece desempeñar el rol de amazona para amedrentar al régimen de Bashar al Assad en Siria (apuntalado por Rusia) y a Norcorea, que goza del apoyo de China.

Daniel McAdams, director del Instituto Ran Paul para La Paz y la Prosperidad, enumera la serie de pugnaces embajadores de EU en la ONU que ya no amedrentan a nadie que se respete (https://goo.gl/KFwPaf).

Paul Craig Roberts, ex asistente del Departamento del Tesoro con Reagan, comenta que el discurso neoconservador, horrible, arrogante y tonto (sic) de Trump se asemeja a una “declaración de guerra a cada país que no acepta la hegemonía de Washington (https://goo.gl/Qk3zan)”.

Es curiosa la legítima defensa de la soberanía autista de EU por Trump cuando fustiga la soberanía ajena de Irán, Rusia, China, Norcorea y Venezuela, según Paul Craig.

Hay que saber distinguir entre las aldeanas bravatas retóricas de cantina barata con las tratativas diplomáticas tras bambalinas que suelen ser más efectivas lejos de los reflectores.

Fuentes de alto nivel en Washington filtraron el pasado 19 de septiembre que existen negociaciones secretas entre EU y Norcorea, lo cual fue confirmado en una entrevista con Ria Novosti por Thomas Pickering, anterior embajador de EU en Rusia y ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos (https://goo.gl/kEMGKt).

A cargo de los contactos subrepticios por Corea del Norte está Choi Sun Hee, quien se reunió con el ex embajador estadunidense Pickering y en fechas recientes discutió las tensiones en la península coreana con Alexander Matzegora, embajador de Rusia en PyongYang.

En paralelo, se han reunido funcionarios de EU y de Norcorea en otros puntos del planeta, según revelaciones de la radio NHK de Japón.

No todo fue tan negativo con las jeremiadas vertidas por Trump en la ONU, donde invocó los términos soberano y soberanía 21 veces, en franca colisión contra los banksters globalistas, hoy agazapados por sus desmanes.

El brasileño Pepe Escobar desnuda el maniqueísmo medieval de la Doctrina Trump, que promete una carnicería (¡súper-sic!) para el nuevo eje del mal de Norcorea, Irán y Venezuela.

En entrevista a Sputnik consideré que las jeremiadas de Trump representaban una “fuga hacia delante (https://goo.gl/h31Pbw)”, lo cual coincide con PE, quien comenta que Washington siente amenazada su hegemonía que está llegando a su “propio punto crítico (https://goo.gl/gMsLuP)”.

Según Escobar, el régimen de Maduro se encuentra en peligro, ya que a principios de noviembre, los ejércitos de Brasil y EU serán desplegados en ejercicios conjuntos en la selva del Amazonas, en la tritransfrontera de Perú, Brasil y Colombia, que van encaminados al cambio de régimen en Venezuela y que pueden convertir a Sudamérica en un nuevo Afganistán (¡súper-sic!). Resulta que Venezuela ostenta las mayores reservas de petróleo no-convencional del planeta.

Escobar aduce que la Doctrina Trump –con fuertes semejanzas con la Doctrina Truman, que lanzó las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki– introduce un nuevo conjunto de problemas a Rusia y a China, cuando Putin y Xi anhelan restablecer un equilibrio de poderes similar al Concierto de Europa de 1815, después de la derrota de Napoleón.

Con la lastimosa excepción del México neoliberal itamita en la aciaga etapa del aprendiz Luis Videgaray, lo real es que pocos países respetables se dejan amedrentar por el unilateralismo trumpiano cuando EU se encuentra en su fase de declive acelerado.

Desde luego que existen países más vulnerables que otros y que son motivo de las jeremiadas trumpianas, lo cual no es el caso ni de Irán (potencia emergente medio-oriental), y, no se diga, de la súper potencia nuclear Rusia y la súper potencia geoeconómica China.

Por cierto, en esta fase de alta tensión, Rusia y China acaban de realizar ejercicios militares ceca de Vladivostok (https://goo.gl/qoDQza), mientras Moscú y Pekín se desprenden en forma gradual de sus transacciones en dólares (https://goo.gl/1VSvr2).

Los muy sesgados multimedia de Occidente (whatever that means) han ocultado los relevantes discursos de los cancilleres de China, Wang Yi, y Rusia, Sergey Lavrov, en la Asamblea General de la ONU 72, donde formularon el idóneo trazado de ruta para salir del atolladero nuclear en la península coreana.

Lavrov fue más enfático sobre el principio de la soberanía nacional, invocado por el mismo Trump (pero sólo para EU primero), y se pronunció por un equitativo y democrático orden internacional, que estipula la inadmisibilidad de la interferencia en asuntos internos de los Estados soberanos y el no-reconocimiento de golpes de Estado como método de cambios de régimen.

El canciller ruso no perdió la oportunidad de flagelar la aspiración de la OTAN para recrear un clima de Guerra Fría que glorifica a los neonazis de Ucrania y los Países Bálticos.

Para Trump no existe ningún país perfecto, salvo Israel –país racista/paria/apartheid–gobernado por su principal aliado supremacista global: el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El tema de la demonización de Irán por la Doctrina Trump, que se somete a los deseos unilaterales del primer israelí, merece un capítulo especial.

 

http://alfredojalife.com

 

 

Publicado enPolítica
El presidente de EE.UU., Donald Trump, se dirige a la 72.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York (EE.UU.), el 19 de septiembre de 2017.

 

Es "profundamente preocupante" que el líder del supuesto país más poderoso del mundo "haga de manera tan abierta y asquerosa una virtud de la barbarie", asevera un analista.

 

Hablando por primera vez ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de EE.UU., Donald Trump, "amenazó abiertamente con una guerra unilateral y un genocidio" a Corea del Norte, denuncia en un artículo para RT el periodista y analista británico Finian Cunningham, quien califica la intervención de Trump de un "torrente de falsedades y delirios".

-Para el analista, "el nadir en su discurso de 40 minutos" llegó cuando Trump aseveró que Washington "destruiría totalmente" a Corea del Norte si amenazaba a EE.UU. o a sus aliados, añadiendo en referencia al líder norcoreano que "el 'hombre misil' lleva a cabo una misión suicida".


-El presidente de EE.UU. también pidió una confrontación enérgica contra Irán, que vilipendió como una "dictadura corrupta y asesina", además de realizar amenazas similares contra Venezuela, recuerda el experto.

 


Vergüenza ajena

 

Para el analista, no es de extrañar que varios líderes —entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, su homólogo chino, Xi Jinping, la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente iraní, Hasán Rohaní—, optaran por saltar el discurso histórico de Trump, mientras que el embajador norcoreano salió de la sala de mientras Trump estaba subiendo al estrado.

Cuando el mandatario norteamericano declaró su "intento criminal" hacia Corea del Norte hubo "jadeos audibles de inquietud" entre los centenares de delegados, y su propio jefe de Gabinete, John Kelly, fue visto "cubriendo su cara con la mano o moviéndose incómodamente en su asiento" varias veces durante la diatriba de Trump, recoge Cunningham, añadiendo que incluso los medios de comunicación estadounidenses parecían avergonzados por el "tono grosero y espeluznante" del presidente.

 
"Una invocación nauseabunda de genocidio"

 

"Cualquier persona con una cognición normal" de los acontecimientos mundiales recientes tenía que haberse encogido "en casi cada frase" pronunciada por el líder estadounidense, asegura Cunningham.

El autor del artículo cita al abogado canadiense de crímenes de guerra internacionales Christopher Black, quien aseveró que la advertencia de Trump de "destruir totalmente" a Corea del Norte es "un delito de genocidio" bajo "la falsa apariencia de 'defensa'".

Debe ser "profundamente preocupante" que el líder del supuesto país más poderoso del mundo "haga de manera tan abierta y asquerosa una virtud de barbarie", se lamenta Cunningham, quien opina que "en un mundo sano, alguien debería haber esposado a Trump y llevado a un tribunal penal".

A juicio del analista, si bien "la gente suele estar acostumbrada a escuchar una letanía de falsedades" sobre los acontecimientos mundiales y "los engaños narcisistas sobre el papel global de EE.UU." cuando sus líderes se dirigen a la Asamblea General, el debut de Trump el martes estuvo marcado, "además de los típicos delirios" estadounidenses, por "un abrazo sin precedentes al militarismo criminal" y su "invocación nauseabunda de genocidio" en una guerra contra Corea del Norte.

 

 

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Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
Lunes, 27 Marzo 2017 07:04

Enemigos (para nuestra compañera)

Periodistas de Guadalajara expresaron ayer su indignación por el asesinato de reporteros en el país. El más reciente es el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Un grito imperó en el mitin: no nos callarán

 

Los que se atreven a enfrentar la mentira, la corrupción, la impunidad, los abusos y la violencia del poder y sus redes de complicidad siempre son enemigos de los que dependen de la oscuridad para su poder y sus intereses.

El saldo mortífero mundial de los dedicados a revelar verdades a la sociedad asciende a más de mil 234 desde 1992, según las cifras más recientes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), donde México ocupa el lugar 11 entre los países más mortíferos para periodistas (https://cpj.org/killed/).

Según otro conteo, el de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 2 mil periodistas han perdido la vida por su trabajo entre 1990 y 2016; México es el tercer país más mortífero para informadores al contabilizar más de 120 asesinatos. Una de las conclusiones recurrentes de nuestros informes es que se registran muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra, algo que tiene que ver en gran media con que los periodistas son víctimas de los barones del crimen organizado y de funcionarios corruptos, afirmó Anthony Bellanger, secretario general de la FIP. Subrayó que la impunidad es un agente catalizador de la violencia contra periodistas. (www.ifj.org/fileadmin/documents/ 25_Report_Final_sreads_web.pdf)

Hoy día, reporta el CPJ, existen 259 periodistas encarcelados en el mundo, una cifra sin precedente desde 1990, cuando la organización empezó a registrar ese dato. https://cpj.org/2016/12/a-record-number-of-journalists-are-in-jail-cpj-cen.php

No somos cifras. Tenemos nombre y apellido, por ejemplo, Miroslava Breach.

A veces rehusar ser anónimos es justo lo que nos puede costar mucho, hasta la vida. Más que todo, los que tienen un compromiso con el periodismo de conciencia ante el poder –esa búsqueda constante de notas que sirven a la autodeterminación de los ciudadanos, eso de contar qué nos pasa, de intentar revelar toda mentira– rehúsan quedarse callados o portarse bien. Pero los buenos periodistas (aunque hay algunas excepciones notables, para bien y para mal) nunca desean ser noticia, y, opino yo, casi nunca deben de usar el yo; son las voces de los demás las que cuentan, las que hay que contar, esa voz colectiva ante el poder exclusivo.

En tiempos recientes a los periodistas nos han vuelto noticia, y demasiadas veces en nota roja. Declaran que somos enemigos, a veces nos amenazan, a veces nos encarcelan, a veces nos matan. Y eso no se limita a países como México o Turquía o Irak, sino aquí mismo.

En Estados Unidos el presidente Trump ha declarado a todo periodista que no se subordine a sus mentiras y engaños como enemigo del pueblo. Desde el inicio de su campaña presidencial con sus llamados a sus bases a atacar a los medios no alineados, generó un clima tan peligroso que varios periodistas de algunos de los grandes medios nacionales tuvieron que contratar seguridad privada para acompañarlos a cubrir al candidato. Como presidente no ha dejado de atacar a periodistas, y a sus medios, por nombre y apellido, cada vez que se atreven a criticarlo o publicar información que lo daña. En la retórica, esto supera lo que los periodistas enfrentaron durante la peor época de Richard Nixon en los años 70, o del macartismo en los 50. Esto apenas empieza, y las consecuencias pueden ser peligrosas no sólo para los periodistas, sino para lo que se llama democracia.

El presidente anterior hablaba más bonito y afirmaba que era el campeón de la libertad de expresión y la transparencia, pero en los hechos persiguió a los que se atrevieron a divulgar secretos oficiales al público por los medios. De hecho, Obama promovió más casos –ocho incluido Edward Snowden, el más conocido– según la Ley de Espionaje de 1917 contra filtradores y periodistas que el total (tres) de todos sus antecesores. (Vale recordar que esa ley se aplicó a disidentes de la Primera Guerra Mundial, tanto al líder socialista y candidato presidencial Eugene Debe, quien fue encarcelado, como a inmigrantes alemanes que eran sospechosos sólo por su origen nacional, entre otros).

Un reporte del CPJ en 2013 concluyó que el gobierno de Obama ha sido el más agresivo en control de información en tiempos modernos. El ex editor Leonard Downie, quien encabezó la investigación, escribió que “la guerra de este gobierno contra filtraciones y otros esfuerzos para controlar la información son los más agresivos que he visto desde el gobierno de Nixon, cuando yo era uno de los editores involucrados en la investigación de Watergate por el Washington Post”. Aunque Obama se comprometió a hacer el gobierno más transparente, la editora pública del Times, Margaret Sullivan, afirmó: está resultando ser el gobierno de secretos sin precedente y de ataques sin precedente contra la prensa libre. (https://cpj.org/reports/2013/10/obama-and-the-press-us-leaks-surveillance-post-911.php).

Joel Simon, director ejecutivo del CPJ escribió el mes pasado en el New York Times que los ataques incesantes (de Trump) contra los medios de noticias están dañando la democracia estadunidense. Advirtió que el ataque de Trump contra el uso de fuentes anónimas mina el trabajo de periodistas que reportan notas delicadas en ambientes represivos y peligrosos, desde Irak hasta México, donde la protección de fuentes es asunto de vida o muerte.

Nos tocó ser noticia la semana pasada. Nuestra compañera ya no puede reportar las verdades que descubría ni sumarse con todos en su periódico dedicados a la misión básica de informar al público para que ese público decida actuar o no ante la realidad que vivimos. Ahora a ese público, o sea, a todos nosotros, nos toca responder. Tenemos que decidir si esto que nos duele tanto hoy día sólo se vuelve en una cifra más en esa espantosa lista de inmensa tristeza, o si defendemos de manera colectiva a los que se atreven a ser enemigos. Esta casa, y en buena medida lo que dice ser, o debería ser, democracia en cualquier parte de este planeta, dependen de nuestra respuesta.

 

 

Publicado enInternacional
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 27 Diciembre 2016 07:53

¿Qué busca la OTAN en América Latina?

¿Qué busca la OTAN en América Latina?

El reinicio de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con vistas a una cooperación militar ha encendido las alarmas, al vislumbrarse una posible violación de la declaratoria de Sur América como Zona de Paz.

Citado por Telesur, el periodista colombiano Jon Restpo sostiene que no puede olvidarse que la OTAN es un organismo caracterizado por ejecutar "operaciones armadas alrededor del mundo orquestadas desde Washington".

En opinión de Restpo, el interés de la Alianza Atlántica podría calificarse de "muestra de fuerza", si se tiene en cuenta que "Rusia y China han incrementado sus relaciones bilaterales en América Latina" y que a Estados Unidos le preocupa que estos países estén involucrados en grandes proyectos como "el canal interoceánico de Nicaragua y la ampliación del Puerto de Mariel en Cuba".
Preocupación

Entrevistado por RT, el venezolano Raimundo Kabchi, analista de temas internacionales, comenta que en América Latina existen razones para "estar muy preocupados, sobre todo en los países limítrofes con Colombia, ya que desde sus inicios la OTAN ha sido una organización más bien ofensiva".
En opinión de Kabchi, el hecho de que Colombia vaya a concretar una relación militar con la alianza lleva a preguntarse: "¿Contra quiénes va a luchar la OTAN en esta parte del mundo?".

La relación de Colombia con ese organismo "no es una relación humanitaria", por lo que las conversaciones son motivo de preocupación, asegura Kabchi, ya que eso violaría convenios internacionales.


La OTAN y EE.UU


La OTAN fue creada para contener la expansión soviética, estando desde entonces "plegada a todos los intereses geopolíticos de Estado Unidos", comenta a RT el analista político Basem Tajeldine. "Se creó para contener más que la expansión soviética, el ascenso de la izquierda en toda Europa", añade.


Por esta razón, una vez disuelta la Unión Soviética, "este organismo no tenía justificación para su existencia", sostiene.
Asimismo, recuerda que cuando la OTAN inició sus incursiones fuera de Europa, como en el caso de Oriente Medio, lo hizo "a la cola del proyecto caotizador de Estados Unidos para esa zona".


Tajeldine señala que ese acuerdo militar con Colombia es un asunto "muy delicado" para América Latina porque "la OTAN ha sido utilizada para legalizar y sumar consensos a los intereses estadounidenses, para repartir los gastos de la guerra y favorecer a grandes multinacionales". Hay que verlo, sostiene, "como una amenaza directa para todos los países que levantan banderas de izquierda en esta parte del mundo".

Publicado: 27 dic 2016 05:38 GMT | Última actualización: 27 dic 2016 07:41 GMT


Ernesto J. Navarro

Publicado enInternacional
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