Miércoles, 21 Enero 2009 08:27

Los medios, partidos por la política

Comunicación, información, difusión y... confusión. Incluso entre los periodistas la confusión es grande, pues usan indistintamente esos términos para referirse a los medios masivos. Para Antonio Pasquali, la expresión medios de comunicación “repugna”, porque los medios masivos no comunican, solamente difunden. Ya en 1963 escribía:

“La expresión medio de comunicación de masas (mass-communication) contiene una flagrante contradicción en los términos y debería proscribirse. O estamos en presencia de medios empleados para la comunicación y entonces el polo receptor nunca es una ‘masa’, o estamos en presencia de los mismos medios empleados para la información y en este caso resulta hasta redundante especificar que son ‘de masas’”.

Lo correcto sería llamarlos medios masivos, medios de difusión, o medios de información. Dicho simplemente: la comunicación es en dos sentidos y horizontal, mientras que la difusión tiene sólo un polo de emisión vertical. Desde su origen en griego y en latín, el término comunicación está asociado a participar, dialogar y compartir.

Lo anterior es esencial si se quiere entender el papel de los medios masivos en la sociedad y la función política de los medios de comunicación frente a los partidos políticos y los movimientos sociales.

Credibilidad y respeto

Los medios masivos difunden y tal vez informan, pero no comunican. No admiten una relación de equidad con la sociedad, sino una relación de influencia-dependencia con los grupos de poder. Esa relación de dependencia-influencia está mediada por el poder de los propios medios masivos, lo que ha valido la expresión “cuarto poder” atribuida a Edmund Burke, hace más de dos siglos. Si ya se consideraba entonces que los medios tenían un poder excesivo en la sociedad, más aún con la aparición de innovaciones tecnológicas del siglo pasado.

No es gratuito que el exdirector de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, reivindique la necesidad de un “quinto poder”, es decir, un poder ciudadano sobre los medios, que no esté coludido con los poderes económicos y políticos.

La prensa ha sido tradicionalmente el principal referente de la discusión y del análisis político. Pero cada vez hay menos medios “respetables”, es decir, aquellos cuya función de información se cumple en apego a la búsqueda de la verdad y donde los intereses de los grupos propietarios no determinan la línea editorial. En el mundo entero se pueden contar con los dedos de una mano. El primero que viene a la cabeza es Le Monde, quizás el único diario que se ha ganado el respeto internacional por su seriedad. The Guardian, en Inglaterra, ha merecido también ese sitial, con una posición independiente más agresiva. The New York Times fue el diario independiente de referencia en Estados Unidos, pero su complicidad con el gobierno fue demasiado lejos durante la guerra de Irak

La política en los medios y los medios en la política

Una identificación demasiado clara de un medio con una propuesta política lo pone en desventaja. Las veces que ha ocurrido sirvió de trampolín circunstancial en la política, pero la credibilidad del medio se pulverizó. Son más hábiles los medios de difusión que detrás de una aparente “diversidad ideológica” esconden un proyecto político que apunta a que no cambie nada. En esa línea se inscribe la mayoría.

De cara a los partidos políticos y a los movimientos sociales, los medios de difusión mantienen un delicado equilibrio. Cuando han intentado romper ese equilibrio, orientando su línea editorial a favor o en contra de un grupo de poder específico, se han producido reacciones que amenazaban con restringir su difusión.

Tomemos un ejemplo cercano. En 2007 el Internacional Media Support (IMS) analizó exhaustivamente el comportamiento de los medios en Bolivia. La organización holandesa señaló en su resumen ejecutivo:

“Entre los resultados centrales se encuentra que la polarización creciente en la sociedad boliviana se refleja de una manera importante en los medios. Varios de ellos asumen un papel muy activo al representar intereses distintos con una marcada tendencia a aumentar las críticas a las posiciones opuestas. Esto, combinado con la particular segmentación geográfica de los medios bolivianos, implica un riesgo en el momento actual, en la medida que contribuye también a una cierta fragmentación del país”.

Sin embargo, no creo que sea tan directa la influencia de los grupos de poder sobre los medios. Más bien pienso que directores, jefes de redacción y periodistas maniobran en un margen que les permite armar su música “de oído”, sin una partitura rigurosa. El problema de los medios de difusión no es tanto lo que dicen sino lo que callan; es decir, la población es la que menos se expresa en los medios de difusión, de allí quizás que tradicionalmente se ha dotado de sus propios medios: radios comunitarias o sitios en Internet.

El papel político de los medios de difusión en relación con los movimientos sociales es epidérmico. La carencia de análisis y de investigación hace que la cobertura de los movimientos sociales sea precaria, superficial y, por lo general, revele ignorancia del tema. Si bien los partidos políticos pueden articular plataformas que se traducen fácilmente en información, no sucede lo mismo con los movimientos sociales. Un papel de los periodistas en los medios masivos debería ser esa capacidad de articular aquello que a simple vista se muestra disperso, caótico e inorgánico.

Tampoco son los medios articuladores del diálogo tan necesario en momentos de crisis política, más bien demuestran una precariedad lamentable. No son en el escenario político verdaderos actores de la democracia, sino que actúan a tientas, sin objetivos claros. Su función se ve reducida a difundir información que otros generan, desde boletines oficiales hasta comunicados de la empresa privada, pero sin capacidad de articular la información.

Antes leíamos dos o tres diarios para formar una opinión. Hoy, esa lectura no aporta mucho en la comprensión de los grandes temas del debate político. Por ello los lectores acudimos con mayor frecuencia a sitios en Internet, a boletines, a otras formas menos convencionales de información para armar el rompecabezas de la política. Y tampoco lo logramos, como no lo logran ni los partidos, ni los movimientos sociales, ni los medios de difusión.

Los medios de difusión representan la mitad de la información política que el ciudadano requiere para formarse una opinión. La mitad que ofrecen los medios masivos es parcialmente sesgada, parcialmente veraz, parcialmente inclusiva y democrática, pero sobre todo es una información desarticulada, polarizada e inorgánica. Incapaz de contribuir a la construcción de ciudadanía.

 Por Alfonso Gumucio Dagron *
* Boliviano, especialista en Comunicación para el Desarrollo con experiencia en Asia, Africa y América latina.
Publicado enInternacional
Los importantes acontecimientos sucedidos en octubre en el escenario político sudamericano, las dos vueltas de las elecciones brasileñas y la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, además de las repercusiones de los sucesos de Ecuador del 30 de septiembre, opacaron uno de los más importantes hechos que involucra a los movimientos sociales: la realización de la primera sesión del Congreso de los Pueblos, en Bogotá, Colombia, entre el 8 y el 12 de octubre.
 
Algunas cifras sirven para dar cuenta de la importancia del suceso. Hasta la Universidad Nacional, sede del congreso, llegaron 17 mil integrantes de 212 organizaciones, 8 mil de Bogotá y alrededores y otros 9 mil del resto del país. El primer día de debates estuvo organizado en torno a sectores sociales y se formaron 34 comisiones. El segundo se trabajó por regiones y se formaron 56 comisiones. El tercer día se debatió en dos grandes grupos alrededor de estrategia, movilización y protección, y se realizó luego una plenaria. El 12 de octubre, finalizando el congreso, una enorme marcha llegó hasta la plaza Bolívar, la misma que fue escenario de las primeras acciones contra la dominación española hace 200 años.
 
Yo diría que es una coordinación desde abajo, señala una integrante de Hijos (Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad), recordando que se trata de un largo proceso nacido con la movilización del pueblo nasa del Cauca, que realizó su primera reunión multitudinaria en octubre de 2004 hacia Cali. En esa fecha se realizó el Primer Congreso Indígena y Popular, que no fue un campeonato de oratoria sino, como dicen los nasa, el inicio del largo proceso de caminar la palabra. De algún modo, el Congreso de los Pueblos fue posible gracias a la determinación nasa, algo que fue visible en la Universidad Nacional, recinto protegido por cientos de integrantes de la guardia indígena.
 
Indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y jóvenes –además de cientos de niños y niñas que hicieron su propio congresito– abandonaron la costumbre inveterada de la representación del pueblo y de la delegación de su voluntad en partidos o vanguardias autoproclamadas, según la lectura del economista y militante Héctor León Moncayo en el periódico Desde Abajo. También acudieron colectivos de desplazados –4 millones como consecuencia de la guerra–, de desempleados y sin techo, junto a colectivos de gays, lesbianas y transexuales.
 
El gran ausente fue el movimiento sindical, que sigue anclado en la cultura de la representación y la demanda al Estado. Por el contrario, el Congreso de los Pueblos se construyó con base en mandatos levantados desde las bases. Ninguno hablaba como líder ni como individuo. Hablaban como región, como organización, como campesinos o como jóvenes, dice la integrante de Hijos. Las delegaciones tenían responsables para las diferentes comisiones del enorme campamento que se montó en la Universidad Nacional: aseo, alojamiento, comida, logística, comunicaciones, entre otras. La convivencia hizo del congreso algo diferente a los clásicos encuentros de las izquierdas y las organizaciones institucionalizadas.
 
El encuentro fue, de algún modo, una suerte de balance del camino escogido desde los años 90, el de la representación, el electoral, que dio como su principal fruto la formación del Polo Democrático Alternativo, apunta León Moncayo. No se quedó en los debates. Apuntó más allá de la denuncia y el pliego a los gobernantes y proclamó su deseo de comenzar a construir un mundo nuevo, algo que los participantes denominaron legislar desde abajo. En las comisiones se trabajó con base en tres preguntas: cuáles son los problemas, qué vamos a hacer con ellos y cómo lo vamos a hacer. Una nueva cultura política en construcción que no demanda sino construye, no delega sino articula, como sucede en las comunidades indígenas del mundo todo.
 
El congreso se realizó en un momento político decisivo para el país. El presidente Juan Manuel Santos está comenzando a implementar su política de unidad nacional que busca superar la polarización interna y el aislamiento internacional heredados de la gestión de Uribe, mientras se mantiene la misma política económica y la agenda neoliberal. Uno de los propósitos centrales para sostener la gobernabilidad del modelo consiste en superar el estilo terrateniente de hacer política integrando al conjunto de la burguesía al nuevo gobierno y, sobre todo, en institucionalizar a las organizaciones y movimientos sociales por medio de una estrategia de cooptación. El vicepresidente de Santos, el ex izquierdista y ex miembro de la Unión Patriótica Angelino Garzón, es una pieza clave. El Congreso de los Pueblos salió al cruce de esta nueva estrategia de los de arriba al comenzar a revertir la dispersión del abajo.
 
Los próximos 20 y 21 de noviembre se reunirán representantes de las 212 organizaciones que acudieron al congreso para diseñar planes de trabajo con base en las relatorías de las comisiones. A mediados de 2011 se comenzarán a realizar encuentros regionales y temáticos para expandir y profundizar el proceso iniciado. Un proceso que nació en cientos de asambleas y redes barriales y regionales retorna abajo para unir y enraizar la autonomía popular y la deliberación y acción conjunta en todos los rincones del país, para hacer de nuevo a Colombia, como reza la declaración final.
 
En el calor de las cocinas y en las fiestas nocturnas comenzó a hacerse realidad el objetivo de este congreso: Que el país de abajo legisle. Que los pueblos manden. Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Que camine la palabra. No esperamos gran cosa de los congresistas y gobernantes, puede leerse en la declaración Palabra del Congreso de los Pueblos. Seis años después de aquella colorida y tumultuosa marcha hacia Cali, la palabra indígena está tejiendo corazones con otras palabras en lo que probablemente sea el comienzo de otra historia de los de abajo en Colombia.

Por Raúl Zibechi
Publicado enColombia
Como señalamos en nuestra edición número 151 (octubre-noviembre de 2009), sobre los jóvenes se configura un ambiente de control, represión y autoritarismo con las leyes aprobadas1 y las medidas del Gobierno, como la reciente propuesta de vincular mil jóvenes a las redes de informantes2, integrándolos a una práctica inconstitucional que genera procesos jurídicos contra el Estado, el que debería centrarse en garantizar el derecho a la educación y la salud, siempre vulnerados. 
 
En tal ambiente se inscribe el reciente Acto Legislativo número 2 de 2009, que reforma el artículo 49 de la Carta para prohibir el porte de la dosis personal. El nuevo texto que se integra al artículo en mención es el siguiente:
 
“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadotes, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Así mismo [sic] el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”3.
 
Esta norma entra en contradicción con el artículo 16 de la Constitución del 91, que dice: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”4.
 
Con lo anterior se quiere manifestar que “es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna, es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo […] Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen”5.
 
Las conquistas alcanzadas en el nuevo marco constitucional se pierden con el espíritu autoritario que hoy prima en Colombia, que trata de imponer en los sujetos formas de comportamiento que responden más a sus intereses ideológicos que al reconocimiento real y efectivo de sus respectivos derechos. “Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límite el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a esto: ‘Usted es libre para elegir, pero solo para elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado’”6.
 
Además, es evidente que en Colombia y en el mundo la política represiva no es respuesta adecuada al consumo de droga, como parte de un círculo siniestro de producción, distribución y venta en que están en juego grandes intereses multilaterales, siendo el sujeto consumidor sólo un eslabón de la cadena y quizás el más débil. Por tanto, penalizando el consumo no resolvemos el problema de las drogas y mucho menos disminuiremos su progresiva tasa de crecimiento. Por el fracaso reiterado de estas medidas, en el mundo se plantea la despenalización de la droga, mientras aquí avanzamos en sentido contrario, como en otros temas.
 
En esta materia, pensamos que el Estado, más que reprimir, debe educar: “No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada”7.
 
Por otra parte, en el mencionado Acto Legislativo no deja de ser un eufemismo la oferta del Estado en materia de tratamientos y atención a las familias, a juzgar por la crisis que vive el sector de la salud y las medidas antidemocráticas asumidas por el Gobierno en el marco de emergencia social, en que los pacientes tendrán que pagar con sus ahorros y cesantías los tratamientos de alto costo. 
 
En las sociedades, las drogas han hecho presencia siempre,8 y en algunas culturas se trata de establecer una relación armónica entre ellas, la sociedad y los hombres, posible de lograr explorando caminos diferentes de los punitivos.
En cuanto a la relación de los jóvenes con el consumo de droga, no es ésta, en sí misma, la causante de los fenómenos que se presentan respecto a esta población. Es la búsqueda de sentido existencial en la que se inscribe la vida de la juventud colombiana, que en su mayoría se caracteriza por precariedad y limitadas posibilidades, cuando no ausentes, pues la sociedad colombiana no ha emprendido las transformaciones necesarias para que ellos logren proyectar su vida conforme a su potencial. Además, debemos tener claro que, si deciden explorar este camino, lo hacen conforme a su autonomía y su libertad: “Poco sirven las prédicas hueras contra el vicio. Tratándose de seres pensantes (y la educación ayuda a serlo), lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo honesto y riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de vida y sus inevitables consecuencias, sin manipular las conciencias. Porque del mismo modo que hay quienes se proclaman personeros de una cosmovisión pero la contradicen en la práctica por ignorar las implicaciones que hay en ella, hay quienes optan por una forma de vida, ciegos a sus efectos”9.
 
El porte y consumo de drogas debe responder a una decisión personal y no a una imposición estatal que determina el comportamiento de un sujeto, el cual debe actuar conforme a su dignidad de manera autónoma y libre, pero nuestra realidad colombiana nos muestra que es así como se pretende garantizar los derechos a los jóvenes en tiempos de seguridad democrática.
 
1En próxima nota hablaremos de la penalización del comportamiento de los jóvenes en los escenarios deportivos.
2 Revista Cambio número 865, 4-10 de febrero de 2010, p. 24.
3 Acto Legislativo número 2 de 2009, p. 1.
4 Constitución Política de Colombia, artículo 16, Editorial Leyer, 1994, p. 14.
5 Díaz Gaviria, Carlos. Sentencias. FCE, 2002, p. 15.
6 ibíd., p. 16.
7 ibíd., p. 18.
8 Escohotado, Antonio. Historia de las drogas, Alianza Editorial, 1992.
9Gaviria Díaz, Carlos, op. cit., p. 17.
 
Publicado enEdición 154