Lunes, 04 Febrero 2019 06:38

Crear valor

Crear valor

Reducido a su esencia, el propósito de la actividad económica en una sociedad es producir bienes y servicios para ser consumidos ahora o en el futuro.


La diferencia temporal es del todo relevante: significa que parte de la disponibilidad de los recursos tiene que invertirse para que el proceso no sólo pueda continuar, sino lo haga de manera ampliada para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de la población hoy y después.


Es necesario, entonces, el ahorro, que consiste en la diferencia entre el ingreso y el consumo, tanto privado como público. La capacidad de ahorro en una sociedad puede asociarse con el fenómeno de la desigualdad, aunque no necesariamente las cuentas al respecto son una operación aritmética simple.


Su derivación de los métodos de la contabilidad nacional es cuestionable, a partir de la consolidación de ese concepto muy poco claro, lleno de concepciones técnicas, trucos e ideología que es el producto interno bruto, que se mide cada año y sobre el que se fija la política del gobierno desde el presupuesto.


Se trata, pues, de crear valor de modo constante. Esa es la fuente de la riqueza. Producir y distribuir los ingresos que se generan es factor clave de cualquier organización social. Cada modo de producción resuelve este problema de manera distinta. Cada uno entraña sus propios conflictos. No es un asunto meramente técnico y ocurre, por supuesto, dentro de un entramado políticamente determinado.


En principio la producción crea valor, pero es un proceso que tiene fugas. Esto quiere decir que al mismo tiempo ocurre también una extracción de valor que es apropiado por ciertos agentes económicos. Se trata, por ejemplo, de una diversidad de rentas que se derivan de posiciones de control, ya sea en la misma producción como ocurre con los monopolios o concesiones especiales para explotar algún recurso.


Otra forma de extracción son los impuestos. La justificación de los impuestos o tributos –los términos mismos son muy indicativos de lo que representan– es diversa y su uso por parte del Estado o el gobierno es controvertido.


Los impuestos son recursos que pueden ser usados para crear valor, siempre y cuando soporten la generación de riqueza. No es sencillo calificar el gasto del gobierno en cuanto a su capacidad de generar valor, no es clara la utilización eficiente de los recursos que concentra. También es justificable en principio su asignación con otros criterios.
En un sentido técnico eso tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que se fijan los precios de los servicios públicos, cuestión que difiere del sector privado, donde una referencia son los precios en el mercado.


Los subsidios son de tipos muy variados y repercuten en la distribución del ingreso. Sería necesario cuantificar los efectos que tienen en la creación de valor y riqueza. La eficacia del uso de los recursos públicos es un asunto complejo, como puede advertirse.


En el caso de las actividades financieras la experiencia reciente de la crisis de 2008 ha puesto en evidencia que muchas de ellas no crean valor, sino lo extraen mediante la apropiación de rentas que distorsionan la actividad productiva y concentran la riqueza. Hay, sí, un uso productivo de las transacciones financieras.


La efectividad de la inversión privada se mide, finalmente, en las utilidades que genera luego del pago de los impuestos y en entornos distintos de competencia en el mercado. La efectividad del gobierno no se mide necesariamente por ese rasero. Lo nebuloso que en muchas ocasiones resulta la actividad productiva del gobierno y su capacidad de generar valor es hoy un asunto explícito en el país en torno a la grave crisis de Petróleos Mexicanos y no es el único caso.


Con respecto a lo esencial de la creación de valor por medio de la actividad productiva para consumir hoy y en el futuro, se aprecia que de modo recurrente tiende a producirse menos en lugar de alcanzar el potencial de utilización de los recursos materiales, financieros y especialmente la fuerza de trabajo.


Esta situación se justifica con argumentos tales como el riesgo de un alza en la inflación, los déficits en la balanza de pagos, los desequilibrios del presupuesto, el aumento de la deuda pública y privada o el colapso del peso. Todo esto se expresa finalmente en la distribución del ingreso y la riqueza.

 

Publicado enEconomía
Sábado, 26 Septiembre 2015 13:14

"Vaca ladrona no olvida el portón"

La privatización de los bienes públicos de quienes habitamos Colombia fue iniciada con todo vigor durante los años noventa del siglo XX, en el gobierno de César Gaviria, el mismo que saludó al país con aquel eufemístico "Bienvenidos al futuro". La "modernización" de la economía fue el eslogan inmediato de los políticos, periodistas y académicos convencionales que se sumaron, casi en su mayoría y de forma automática, a los principios impuestos por los organismos multilaterales que hicieron del "mercado" el deus ex machina llamado a conducirnos a un mundo de ensueño. Sostenían, sin el menor asomo de sonrojo, que el "dejar hacer" de los padres del liberalismo diesochesco, envuelto en jerga seudotécnica, en muy poco tiempo nos haría parte del llamado primer mundo. Un cuarto de siglo después, las distancias con el centro capitalista se amplían y la reprimarización de la economía nos pone en una innegable situación de volatilidad nunca antes conocida.

 

Desde aquel cuatrenio, hasta el presente en que gobierna Juan Manuel Santos, han transcurrido veinticinco años y cinco presidentes, todos los cuales han desarrollado los mandatos del modelo económico, social y cultural bautizado como neoliberalismo. Con su plumas han firmado los decretos y leyes que permitieron la venta de empresas situadas en renglones estratégicos vitales para el bienestar de todos los connacionales, tales como: energía, telecomunicaciones, puertos, salud, educación; antes de ellos y para permitir el negocio privado, también fueron desmontados los ferrocarriles nacionales y la flota naviera del país.

 

Desde allí, gobierno a gobierno, vienen aprobando y operativizando las reformas que dieron paso a la legalización de la informalidad laboral –subcontratación o trabajo temporal– como política social, a la extensión del horario nocturno de trabajo sin valorarlo como horas extras, a la quiebra del campo al legalizar la importación desmedida de todo tipo de alimentos, al desmonte de subsidios que blindaban algunos renglones de la economía nacional ante el poder de las empresas multinacionales, potenciadas y protegidas por diversos Estados –llegando por esa vía a la perdida de la soberanía alimentaria–; a la renuncia del proyecto de Estado-nación, vinculado regionalmente, consolidado en renglones básicos de la industria; a la autorización de la subcontratación de todo tipo de servicios –hasta para la guerra– con los cuales los privados se enriquecen a costa de la construcción de obras o de asesorías de diversa índole, para lo cuales el Estado entrega miles de millones con los cuales podría, perfecta y directamente, hacer lo mismo o mejor a menor costo, potenciando trabajo estable, bien pago y útil para el fortalecimiento de miles de familias criollas a la par de la cohesión del conjunto social nacional.

 

La firma de desiguales Tratados de Libre Comercio, que someten a la Nación a injustas relaciones comerciales, jurídicas, financieras y de otros órdenes ante diversidad de Estados y sus grandes empresas, también son parte de este modelo que, argumentado desde la superación de la ineficiencia y corrupción estatal dio paso a la ineficaz gestión y administración privada, con la cual se enriquecen unos pocos, sin importar las consecuencias de tan grotesca visión de la vida ni el ahondamiento y prolongación hasta lo inimaginable de la brecha social que caracteriza a Colombia.

 

De la mano de su gestión la contracara de la corrupción estatal se dejó ver tal y como es. La corrupción desmedida de particulares (como empresa o individuo), que ha sometido a los pobladores de diversas ciudades y regiones del país a padecimientos cotidianos, mala calidad de vida y en ocasiones hasta la muerte, producto del mal funcionamiento –y hasta cierre– de centros de salud, acueductos, empresas de energía, sistemas de transporte, además del constante incremento de tarifas para acceder a diferentes servicios, los que deben ser cancelados por los ahora considerados clientes para poder gozar de lo que antes podía entenderse como un derecho humano fundamental o un factor básico para acceder a vida digna.

 

Con los hechos como prueba, la falsa premisa que las organizaciones estatales son, por principio, ineficientes y corruptas y las organizaciones privadas eficientes y transparentes, quedó desmentida por los hechos. Desde el mismo proceso de enajenación de las empresas del Estado la corrupción de los privados fue evidente. Pese a ello, hoy pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando fue privatizada la Empresa de energía eléctrica de Bogotá, quienes la apropiaron, de forma inmediata, la descapitalizaron en 4 billones (millones de millones) de pesos de la época, en uno de los fraudes más grandes hecho a los intereses de la capital del país. La apropiación sistemática de los recursos de la salud, en un desangre continuo del patrimonio social, es otra de las herencias de ese mundo de "fantasía" y "transparencia" que nos prometía el paradigma de la "modernización de la economía" y que hoy se soporta como si de un orden natural se tratara.

 

Las consecuencias de este modelo de muerte están a la vista: una sociedad desgarrada, cada vez más polarizada, con la delincuencia de lo que podríamos llamar "cuentas menores" multiplicada por calles y veredas, haciendo así realidad aquel adagio de "sálvese quien pueda". Y no es para menos, ante el abandono estatal de algunas de sus principales funciones los "zorros saltan las cercas". Los efectos culturales de este modelo son desastrosos y nadie los puede ocultar, lo único a que atina el sistema es a ahondar el control social y la violencia oficial (ver suplemento).

 

Pese a lo evidente parece que la clase dominante ni sus gobernantes de turno aprenden la lección. A pesar de sus discursos sobre justicia y cohesión social, persisten en entregar a los privados los bienes que son del conjunto social; sin duda y como dicen en el campo, "vaca ladrona no olvida el portón".

 

De esto da cuenta la medida tomada el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Estado, al dar a conocer su concepto con el cual autoriza la venta de Isagen, uno de los pocos bienes públicos eficientes y rentables que aún permanecen bajo control estatal. Según el ponente, magistrado Hugo Bastidas de la Sección Cuarta de la Corporación, la venta es legal y no afecta a la Nación, autorizando al mismo tiempo el gasto del dinero que recaude fruto de su venta por parte del Gobierno Nacional.

 

Así, con esta decisión, la suspensión provisional de la venta de la energética, promulgada el pasado 14 de mayo, producto de los alegatos interpuestos por diversas personas en contra de los decretos 1609 y 2316 de 2013 –que permiten la enajenación del 57,61 por ciento de acciones que posee la Nación de la empresa–, queda levantado. Ahora su venta es cuestión de meses.

 

Queda el gobierno Santos, de esta manera, con manos libres para recoger e invertir en las llamadas vías 4G, cinco billones y algo más de pesos, una inmensa masa de dinero que le permitirá a su Vicepresidente liderar su prevista campaña electoral en el 2018. Con tal inversión espera el Gobierno, además de garantizar que su modelo de país gane continuidad, cumplir con las exigencias de las multinacionales en su afán por interconectar por vía terrestre y acuática el norte con el sur del Continente. Vaya paradoja, ¿acaso cuando se entregó la red vial principal del país en concesión al sector privado no prometieron que el Estado iba a liberar recursos para otras necesidades sociales, a través de esa estrategia? ¿Que el país sería atravesado en todos los sentidos por autopistas de primer orden no fue otra de las promesas del modelo neoliberal? ¿Quién responde por el hecho que un cuarto de siglo después tengamos una de las infraestructuras viales más atrasadas del Continente? Falsas promesas, neoliberalismo y manipulación.

 

Dándole continuidad a tal modelo económico, político y social, ahora pasan a privatizar una empresa como Isagen, que genera recursos permanentes, para invertir en un sector al que, se nos decía, afluirán capitales externos luego que se garantice su manejo y explotación al sector privado, ¿no deja de ser esta una de esa ironías con las que suelen cerrarse los capítulos de las equivocaciones intencionadas de unas élites siempre dispuestas a la entrega, y de una sociedad muy poco amiga de la crítica?

 

La medida esta legalizada pero aún hay mucho por hacer y liderar por parte de diversidad de sectores sociales ante tal anuncio, pero por el momento la enseñanza para todos, una vez más, es que lo jurídico es un recurso pero lo fundamental a la hora de pretender impedir una medida antipopular por parte del Estado es la resistencia colectiva y callejera. Aunque el recurso es viable, no basta con los alegatos jurídicos, pues lo que está en debate no es el respeto o violación de una u otra norma legal, como lo sustenta el Magistrado ponente, sino la pertinencia o no de la venta de una recurso público fundamental como el que concentra y administra Isagen, tras el cual descansa el debate sobre soberanía nacional y otros anexos al tema de Estado y Nación.

 

La democracia, y su viabilidad también está presente pues una decisión de este tamaño no le corresponde tomarla ni a un equipo de Gobierno ni a un Tribunal, sino al conjunto nacional. Lo que evidencia este tipo de medidas y decisiones, lo que desnuda, es que la democracia formal que reina en Colombia está totalmente viciada y llamada a ser superada. Cómo no. Este tipo de medidas exige la implementación de una democracia refrendataria, es decir, una que permita que el conjunto de habitantes de un país dado tenga la potestad de decidir cómo proceder finalmente ante el intento de un Gobierno por enajenar, transferir, transformar, etcétera, recursos fundamentales de los cuales depende el bienestar del conjunto social. Mucho más aún cuando el Presidente de turno no difundió, defendió y sustento tal medida en el curso de la campaña electoral que lo llevó a la Casa de Nariño.

 

Mientras el debate asume su curso, sin dar el brazo a torcer, hay que valorar esta decisión de los jueces, avalando las pretensiones y planes oficiales, además como la oportunidad para que los movimientos sociales refresquen ante el país el debate sobre neoliberalismo, democracia y modelo social que requieren los más de 48 millones de habitantes de Colombia para mejor vivir, cohesionados, en deliberación permanente, y abiertos e integrados solidariamente a su región.

 

Reto inmenso. Hay que defender a Isagen como patrimonio colectivo e impedir su venta. Hay que derrotar el modelo neoliberal para que este tipo de medidas no vuelvan a tomarse.

Publicado enEdición Nº 217
Viernes, 22 Marzo 2013 05:42

¿Puede el Estado ser lo común?

¿Puede el Estado ser lo común?

Las reflexiones y análisis rigurosos y comprometidos son imprescindible en este periodo turbulento y caótico, en el cual las fuerzas antisistémicas tienen dificultades para orientarse y definir un rumbo. Algunos de esos análisis han jugado un papel destacado en los debates que realizan los movimientos, porque iluminan los temas más importantes para orientarse en el largo plazo.

 

Los trabajos del geógrafo David Harvey, en particular aquellos que permiten comprender mejor los modos de acumulación del capital, han sido incorporados por numerosos movimientos para analizar la realidad que desean transformar. El concepto de “acumulación por desposesión”, que puede traducirse también como acumulación por despojo, formulado en su libro El nuevo imperialismo (Akal, 2004), es una de las ideas-fuerza aceptadas por quienes integran organizaciones antisistémicas.

 

En otros trabajos Harvey se empeña en comprender más a fondo los movimientos del capital y su impronta en los espacios geográficos y en los territorios, destacando cómo han reconfigurado la trama urbana en las últimas décadas. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo (Akal, 2012), constata la estrecha relación entre urbanización, acumulación de capital y eclosión de las crisis. Desde la posguerra (1945), apunta, la suburbanización jugó un papel importante en la absorción de los excedentes de capital y de trabajo.

 

El consumo explica el 70 por ciento de la economía estadunidense (frente al 20 por ciento que representaba en el siglo XIX), lo que lo lleva a concluir que “la organización del consumo mediante la urbanización se ha convertido en algo absolutamente decisivo para la dinámica del capitalismo” (p. 147). Consecuente con sus trabajos anteriores, coloca en un lugar central la creación de nuevos espacios y territorios, y los considera el aspecto fundamental de la reproducción del capitalismo, destacando las categorías de “renta de la tierra” y “precio del suelo” como las bisagras entre capital y geografía.

 

El análisis de la “lógica territorial” del capitalismo, complementaria y convergente con los flujos del capital que atraviesan los espacios con “una lógica más sistemática y molecular que territorial” (p. 171), conduce a Harvey a abordar el poder, los estados y las resistencias, recordando que en este periodo “el Estado y el capital están más estrechamente entrelazados que nunca” (p. 182). Ingresa aquí en un terreno mucho más delicado. Aunque parezca contradictorio con esa afirmación, defiende “la utilización del Estado como instrumento principal de contrapoder frente a capital” (p. 173).

 

En todo caso, Harvey hace un reconocimiento a las juntas de buen gobierno zapatistas como organizaciones territoriales capaces de crear un nuevo orden social. En este punto no establece ninguna diferencia entre organización territorial y Estado, ni entre poder instituido y contrapoderes. Aunque no trabaja en esa dirección, el debate acerca de si todo poder territorial es sinónimo de Estado sigue abierto y aún no hemos avanzado mucho al respecto.

 


No creo que sea lo más adecuado continuar un debate de carácter ideológico sobre el Estado –aunque sabemos la posición de Marx al respecto, siempre sostuvo la necesidad de destruir el aparato estatal–, sin abordar previamente los caminos para salir del capitalismo y transitar hacia un mundo diferente. En su más reciente trabajo, Rebel cities ( Ciudades rebeldes, aún no traducido), Harvey dedica un capítulo a “La creación de los comunes urbanos”, donde critica frontalmente tanto la organización centralizada de inspiración leninista como el “horizontalismo”, al que acusa de centrarse en prácticas de pequeños grupos que resultan imposibles en escalas mayores y a escala global.

 

Harvey cuestiona también las “autonomías locales” como los espacios adecuados para proteger los bienes comunes, porque en los hechos “demandan algún tipo de cercamiento” ( enclosure, p. 71). El razonamiento de Harvey está anclado en las “escalas”: tener un huerto comunitario en tu barrio es algo bueno, dice, pero para resolver el calentamiento global, la calidad del agua y del aire o problemas a escala global, no podemos apelar a asambleas ni a las formas de organización que tienen hoy los movimientos. Para eso no hay otro camino que apelar al Estado, en escala nacional, regional o municipal.

 

Tres consideraciones al respecto. Lo que propone Harvey se inscribe en una profunda tendencia histórica que ha recobrado vigor en los últimos años. Aunque quien suscribe no la comparta, el grueso de los movimientos latinoamericanos migraron de las posiciones autónomas a las prácticas estatistas y electorales. No reconocer esta tendencia no contribuye a profundizar los debates.

 

La segunda tiene que ver con el carácter del Estado: ¿puede el Estado, que no es lo común sino la expresión de una clase social, tener alguna utilidad para proteger lo común? La comunidad, verdadera expresión de lo común, es la organización humana más adecuada para proteger los bienes comunes. No es casual que allí donde esos bienes han sido preservados es donde predominan los modos comunitarios en sus más diversas formas.

 

En tercer lugar, es necesario deshacer un malentendido que ha ganado enorme predicamento en los últimos años: asumir la administración del Estado, el gobierno, se convirtió para muchos activistas en el camino para transitar hacia un mundo nuevo. Más allá de cómo se evalúan las gestiones de los gobiernos progresistas, no existe en el mundo ninguna experiencia de construcción de nuevas relaciones sociales desde el Estado heredado por el capitalismo.

 

“La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”, escribió Marx en 1872, al hacer balance de la Comuna de París. Que aún no tengamos fuerza material para hacer lo que recomendaba Marx no quiere decir que nuestro horizonte deba ceñirse a luchar por administrar lo existente, porque de ese modo nunca superaremos el capitalismo.

Publicado enInternacional
Lunes, 12 Abril 2010 19:36

Piñera declaró el 1% de su fortuna

Los grandes medios difundieron poco la noticia de la declaración de bienes que presentó “la persona natural” Sebastián Piñera ante la Contraloría General de la República el viernes 9, al filo del plazo legal de 30 días desde que ocupó el sillón de O’Higgins, el 11 de marzo. La declaración de 94 páginas es notoriamente incompleta, pues reporta una fortuna “modesta” de 22,46 millones de dólares (11.594,6 millones de pesos chilenos al cambio interbancario de $ 516,3 por dólar registrado ese viernes). Actuó como ministro de fe de la declaración Aldo Sabat,… director administrativo de la Presidencia de la República y hermano de Pedro Sabat, el alcalde de Ñuñoa, una de las comunas de Santiago con edificaciones de altura más dañadas por el terremoto.

El “ciudadano presidente” declaró los bienes de la “persona natural” Piñera y pasó por alto el valor de su participación directa o indirecta en “personas jurídicas”, unas 25 compañías interrelacionadas. Los demás ciudadanos del país, con o sin derecho a voto, tienen derecho a saber, por ejemplo, ¿a cuánto ascendió y a dónde fue a parar el dinero obtenido en la venta de acciones LAN transadas en febrero-marzo por más de 1.000 millones de dólares? La fortuna de Piñera no tiene asidero en la producción, sino más bien en el área financiera, con negocios cruzados de gran complejidad y enrevesamiento protagonizados por empresas entrelazadas.

La declaración resulta “modesta” comparada con el resultado de la última investigación de la revista estadounidense Forbes, que al 12 de febrero de 2010 contabilizó los haberes de Piñera en 2,2 mil millones de dólares de EEUU, equivalentes a 1,136 billones de pesos chilenos. O sea, lo declarado por la “persona natural” es apenas el 1%.

La elección como presidente parece haber sido el negocio más brillante, al hacer subir al doble el valor en bolsa de algunas de sus empresas como Axxion, que junto a Inversiones Santa Cecilia, controlaba el 26,3% de las acciones de LAN, que los expertos del mercado valoraron hasta en 2.000 millones de dólares. En marzo, cuando Piñera ya era presidente, comprometió la venta de Axxion –con todos sus activos– a Bethia, empresa ligada al grupo Falabella, pero la operación todavía no se perfecciona. Axxion posee aún el 8,3% de las acciones de la línea aérea, una tajada clave para definir si la compañía seguirá controlada por el grupo Cueto, que con su aliado Piñera manejaban 51,3%.

Haberes y “deudas”

La declaración contiene hechos curiosos, como deudas, automóviles y departamentos de la persona natural, aunque omite su vivienda, casas de veraneo o vehículos que se supone pertenecen a las personas jurídicas… de Piñera. Por ejemplo, figura una “deuda de consumo” con el Banco de Chile (del grupo Luksic) que resultaría abultadísima para cualquier mortal: 3,87 millones de dólares ($ 2 mil millones chilenos), por gastos de la campaña electoral. Pero no le quitará el sueño porque la amortizará la devolución fiscal que establece la ley de financiamiento electoral. Al fin de cuentas, pagarán “todos los chilenos”.

Mientras el Congreso no termina de tramitar un proyecto de ley de fideicomiso ciego que atañe a los bienes del Presidente de la República, el ciudadano Piñera declaró haber entregado mandatos a terceros para que administren sus haberes de “persona natural” y aquellos no descritos de sus “personas jurídicas”. Los encargos fueron adjudicados a las corredoras Larraín Vial, Celfin Capital y Moneda. Entretanto, describió bienes más bien “modestos”, como su liquidez bancaria, un departamento que utiliza su hermano cantante Miguel Piñera, valorado en algo más de 200 mil dólares ($ 104 millones chilenos), y su casa de veraneo en el lago Caburga.

La “persona natural” posee tres vehículos, dos automóviles BMW y un Chrysler Grand Cherokee, mientras miembros de su familia, asociados con Bancorp –que también es de ellos–, controlan el Parque Tantauco, 115 mil hectáreas en la isla de Chiloé. El documento no especifica a quién pertenece su residencia en Santiago ni sus propiedades de veraneo en Lago Ranco y en el balneario Cachagua. Tampoco alude, quizás por estimarlo menudencia, un automóvil Hyundai Veracruz.

Al parecer Piñera aplicó en sus negocios todo lo que aprendió en ingeniería comercial en la Universidad Católica y en Harvard. Declaró tener 1,76 millones de dólares ($ 907 millones chilenos) en el banco de inversiones Merrill Lynch & Co., de EEUU, y otros 8,80 millones de dólares ($ 4.543 millones) en acciones de Copec administradas por Larraín Vial.  También detalló su participación de 66,8% en Bancard Inversiones y 9,7% en Inversiones Bancorp, que manejan más de una veintena de sociedades, como Red de Televisión Chilevisión SA (Canal 11).

Talento comercial

Un anexo de la declaración muestra una verdadera obra maestra de ingeniería de negocios. Allí se describe que Inversiones Bancorp Limitada, donde Piñera posee sólo 9,718%, maneja el 99,998% de la empresa familiar Inversiones Santa Cecilia SA (llamada así en honor a la santa patrona de su esposa, Cecilia Morel), empresa que a su vez detenta el 99,8418% de la propiedad de Axxion SA y el 99,9975% de Administradora Bancorp SA.

En el ítem "otros" declaró 11,6 millones de dólares ($ 6.000 millones), más de la mitad del patrimonio reconocido en el documento, en "cuentas corrientes y aportes por capitalizar en empresas relacionadas".

Entre sus haberes menores declaró 3 acciones del Club de Golf de Santiago, 1 de la Sociedad Unión Inmobiliaria y 10 de la Sociedad de Deportes Cachagua. Su actual liquidez de caja sería más bien baja: 77.474,3 dólares ($ 40 millones) en cuentas corrientes en los bancos De Chile y Santander. Piñera figura como creador de las fundaciones Futuro y Cultura Sociedad, y declaró que participa o colabora con siete organismos. Entre otros aportes periódicos contribuye con la Corporación de Acogida del Amor Misericordioso, la Iglesia Católica, el Cuerpo de Bomberos, el Hogar de Cristo y …Renovación Nacional (RN), su partido.

Telaraña de intereses

Bancard Inversiones Limitada, donde Piñera posee 66,8518%, administra estas inversiones:
● Red de Televisión Chilevisión, 99,9995%
● Inv. Inmobiliarias Bancard Ltda., 60,04%
● Vox Populi SA, 50%
● Agrícola y Ganadera Los Corrales SA, 50%
● Inmobiliaria Arenas Blancas SA, 99,9982%
● Inversora San Juan SA, 50%
● Inmobiliaria El Boldo SA, 50%
● San Alberto SA, 30,07%
● Inmobiliaria Parque Magallanes SA, 50%
● Inversiones Aeronáutica SA, 30,1%
● Inversiones Antupirén SA, 12,5%
● Diptel SA, 99,9999%
● Inmobiliaria Balmaceda SA, 12,5%
● Inmobiliaria Puente La Dehesa SA, 18,75%
● Participación Futuro SA, 50%
● Inversiones Totoralillo SA, 10%
● CMB Chile SA, 29,6628%
● Inmobiliaria Casa Grande Ltda., 12,5%

Inversiones Bancorp Limitada, donde Piñera posee 9,718%, participa en:
● Inversiones Santa Cecilia SA, 99,998%
● Vox Populi SA, 50%
● Agrícola y Ganadera Los Corrales SA, 50%
● Inmobiliaria Arenas Blancas SA 0,0018%
● Administradora Bancorp SA, 0,0025%
● Red de Televisión Chilevisión SA, 0,0005%
● Diptel SA, 0,0001%

Inversiones Santa Cecilia SA, la empresa familiar, tiene inversiones en:
● Axxion SA, 99,8418%
● Administradora Bancorp SA, 99,9975%
● Inv. Inmobiliaria Bancard Ltda., 39,96%
● Inv. Industriales Valparaíso SA, 33,33%
● Valle Escondido SA, 34,5%
● Inmobiliaria Los Bosques SA, 34,5%
● Materiales Industriales SA, 17,702% 

Mandatos de administración

La participación de Piñera en numerosas sociedades anónimas, como Blanco y Negro (controladora de Colo Colo), figura en “mandatos de administración de patrimonio” que no mencionan montos ni detalles:

Mandante                                Administrador
Sebastián Piñera:                      Larraín Vial, corredores de bolsa
Bancard Inversiones Ltda.:       Moneda, corredores de bolsa
Bancard Inversiones Ltda.:      Larraín Vial, corredores de bolsa
Bancard Inversiones Ltda.:      Celfin Capital, corredores de bolsa
Bancard Inversiones Ltda.:      Banco Bice
Inversiones Santa Cecilia:       Moneda, corredores de bolsa
Inversiones Santa Cecilia:       Larraín Vial, corredores de bolsa
Inversiones Santa Cecilia:       Celfin Capital, corredores de bolsa
Inversiones Santa Cecilia:       Banco Bice

Chilevisión y otros conflictos de interés

El empresario-presidente no se muestra abrumado por los conflictos de interés que también afectan a numerosos miembros de su equipo de gobierno. A modo de ejemplo, uno de sus antiguos socios de negocios corporativos, el intendente de Santiago, Fernando Echeverría, es dueño de la constructora Echeverría Izquierdo, que desarrolló proyectos inmobiliarios con la Constructora Aconcagua, que era de Piñera (la vendió, al igual que otros negocios llamativos, como la Clínica Las Condes, cuyo director era el actual ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich).

Hoy el intendente Echeverría organiza la eliminación de los escombros metropolitanos producidos por el terremoto del 27F, mientras los habitantes de un inmueble que su empresa construyó en Concepción –edificio Castellón– protestan porque siguen pagando la hipoteca, buscan dónde y cómo vivir… y la ley les impone, además, pagar la onerosa demolición de viviendas que ya no habitan.

Pero este no es el único edificio Echeverría inhabitable en Concepción. También están Alto Arauco II y otros. Por lo demás, Echeverría tampoco es el único empresario en problemas a causa de viviendas deficientes dañadas por el terremoto. También aparecen vinculados a constructoras e inmobiliarias involucradas en edificios deficientes el intendente del Maule, Rodrigo Galilea; el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y numerosos empresarios que son amigos cercanos del presidente, como su socio Ricardo Bachelet, y Carlos Alberto Délano.

Los habitantes damnificados del Edificio Los Cerezos, de Ñuñoa, en Santiago, levantaron un blog (1) para luchar contra la constructora Sigro y el Grupo Inmobiliario Viva, pero este inmueble no es el único erigido y vendido por esas empresas que tiene problemas con quienes compraron departamentos. Viva contrató los servicios del estudio de abogados Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana para defenderse de los habitantes del edificio dañado. Parece una ironía, pero el abogado Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y socio de ese bufete, dijo a la prensa: “Nosotros como Gobierno vamos a ayudar a los chilenos a perseguir las responsabilidades" y advirtió "muy tranquilos estarán en su casa por ahora, pero aquí la mano se va a venir dura" (1).

El canal Chilevisión es un conflicto de interés que atañe directamente a Piñera, quien acaba de nombrar a Leonidas Montes como nuevo presidente del directorio de TVN, es decir, jefe de la competencia. Chilevisión, por ejemplo, tradicionalmente emite publicidad pagada por el ministerio de Salud parar informar y prevenir enfermedades. La pregunta es si Chilevisión está lucrando con el avisaje del Estado, mediante un gasto público autorizado por las autoridades de salud designadas… por el dueño del canal. Este esquema se repite en numerosos servicios públicos cuyos jefes cruzaron a la otra vereda, de lobbystas o proveedores que hasta hace un mes lucraban con el Estado. Y unos cuantos eran empleados de Piñera. A un mes de la asunción presidencial, la puerta giratoria negocios-política continúa dando vueltas…

1) http://www.edificioloscerezos.cl/2010/03/bofill-mir-alvarez-hizpeter-jana.html


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