Burocracia y ‘poder’, ni con terremoto cede

La voz sonaba grave, seria, hasta elocuente, como se escucha la de todo funcionario cuando se dirige a los empleados de la empresa que dirige, trátese de una institución pública o privada: –para que todos tengan en cuenta, nos orientan desde el ministerio que debemos empezar con simulacros semanales con todos los estudiantes, pues existe temor que los sismos padecidos en distintas partes del país en los últimos años continúen repitiéndose y cobren la vida de alguien.

Las tres docenas de docentes que con atención lo escuchaban, no perdían el hilo de las palabras de su autoridad superior, quien adelanta parte del plan por seguir:

–Los simulacros deben memorizar en cada uno de los alumnos, como de nosotros mismos, los pasos a seguir: cuando suene la sirena, que la activo yo, los grados superiores salen hacia donde están ubicados los más chicos para socorrerlos y llevarlos hacia el punto de encuentro general de toda nuestra institución. Ustedes deben garantizar que el camino y el mismo sitio de encuentro esté despejado de alambres de luz o cualquier otro objeto que pueda generar un corto circuito y con ello algún incendio; pero también libre de cualquier obstáculo para que todos podamos desplazarnos sin dificultad alguna, evitando tropiezos, y así algún fracturado.


Han transcurrido ya algunos minutos de reunión y los docentes se atreven a cuchichear entre ellos; los rumores van y vienen, señalando y molestando a quienes recibían responsabilidades para liderar el proceso formativo para afrontar este tipo de eventos naturales, impredecibles pero imposible de negar o no considerar.

Sin perder el control de la reunión, el rector avanza con sus indicaciones y énfasis: –es muy importante que al final del ciclo de simulacros en nuestra institución todo el mundo sepa su papel, que el actuar sea una rutina, que no se escuche ni un grito de temor –para que no estalle como eco una estampida o cosa similar–, ni un quejido ni llanto alguno, para evitar una histeria colectiva. Todos solidarios, protegiéndonos como un solo cuerpo, y actuando como un reloj. Recuerden, los ensayos los vamos a realizar todos los lunes a las 10 am, antes del descanso posterior al primer bloque de clases. La voz de alarma, recuerden, es cuando la sirena suene, a la hora ya indicada.

El mes siguiente la institución escolar Simón Rodríguez incorporó en su rutina semanal, en el primer día de clases, a las 10 am en punto el sonido de la sirena y el desplazamiento de los grados superiores hacia los inferiores, para proteger y acompañar a los infantes hacia el punto general de encuentro.


Todo andaba bien, la rutina estaba memorizada y ahora la sorpresa de la naturaleza podía mover sus capas tectónicas y, seguro, entre educandos y educadores no habría ni pánico, ni espanto, ni escenas de individualismo –de aquellas “sálvese quien pueda”. La orientación del Ministerio estaba cumplida a la letra.

Y el día llegó. El pasado 30 de mayo la naturaleza rugió, y movió los cimientos de la ciudad y con ella los de la institución escolar, donde por distintos motivos el rector no hacía presencia. El temblor de escala 3, seguido de otros de igual o menor magnitud, aunque suaves, no contó con la respuesta de docentes y educandos, quienes mientras temblaba se miraban sin saber qué hacer. La voz de “arriba” no llegaba y sin ésta no se podía romper la rutina escolar.

Una vez en el descanso del primer bloque de clases, unos y otros se dirigen hacia la rectoría a ver qué había sucedido, a saber porque la sirena no había dado la voz de alarma, y la autorización para romper las clases. Todos, en grupo, allí reunidos, escucharon la respuesta de la secretaria que los dejó fríos: –el rector no vino y él tiene la llave de la habitación donde está la sirena.

Publicado enEdición Nº258
Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

Publicado enInternacional
Presidenciales 2018: conciencia política, condiciones materiales de vida e intereses de clase

La marca del sistema político colombiano está grabada a fuego sobre el cuerpo de la historia nacional. La impronta está conformada por un conjunto de factores complementarios, esenciales e interrelacionados que se retroalimentan y reproducen en un círculo conservador, tradicional y vicioso. Sus distintivos son: caudillismo, fanatismo y sectarismo, jerarquía y autoritarismo, racismo y exclusión, clientela y corrupción, captura de rentas y corporativismo, individualismo e informalidad, iniquidad y miseria, sin visión alguna de futuro.

 

El impacto de su sello no es menor. Durante el último medio siglo Colombia transformó la matriz económica, tecnológica e institucional, adoptó una nueva Constitución, se urbanizó, integró y abrió al mundo. Sin embargo, la estructura política y las mentalidades que dominan en el conjunto social continúan siendo conservadoras, tradicionales, “godas”, coloniales, dominadas por ideologías religiosas y de extrema derecha. La tradición centenaria familiar y la localización espacial, municipal o regional, son las características de la afiliación partidista, pero también del gamonalismo o caciquismo.

 

Los partidos políticos se organizan como carteles mafiosos, controlan el Estado, el presupuesto y el empleo público, ejercen el poder a través de la “clase política”, la parasitaria e inmensa maquinaria burocrático-militar y grupos paramilitares, en medio de la competencia y la batalla entre las distintas facciones. El pueblo cooptado por las variopintas ideologías hegemónicas, las que transmite de generación en generación, no milita formalmente en las organizaciones pero sigue “ciegamente” al caudillo, tiene “fe” en el partido que lidera y permanece alejado del ejercicio real de la política, es decir, del seguimiento y control del gobierno y con esto, del diseño e implementación de todos aquellos programas y acciones que tienen que ver con las condiciones de vida, para garantizar que sea digna.


Los diferentes partidos políticos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas, en estructuras multiclasistas. Las raíces de la formación de las identidades y las lealtades partidistas en la construcción de la nación colombiana amalgaman las clases sociales con factores étnicos, religiosos, geográficos y productivos. La simpatía por el caudillo y su partido es parte de la herencia cultural. Corrupción, violencia, clientelismo, tradición y fanatismo constituyen el cemento que une al sistema político.

 

A propósito de la elección del Presidente, para el período 2018-2022, a continuación intento dar forma más precisa a una idea de Karl Marx (1818-1883): la superestructura de opinión pública, creencias y prácticas, leyes e ideologías, no es configurada por sutiles análisis lógicos o diálogos racionales, sino que refleja las condiciones materiales de vida y los intereses de clase1. La tesis a sustentar consiste en demostrar que la estructura del capitalismo periférico y del sistema político colombiano constituye un mecanismo homeostático que funciona mediante variaciones o cambios en la superestructura pero lo hace de tal manera que a largo plazo el núcleo esencial y las relaciones sociales permanecen constantes y se reproducen en los espacios y tiempos históricos. En resumen, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política, cultural, ambiental y espiritual

 

Marx afirmó que los mecanismos ideológicos son parte del funcionamiento de una sociedad de clases, ya que contribuyen a ocultar a sus miembros cuáles son sus “verdaderos” intereses y necesidades. La sentencia “es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social” permite comprender el papel mistificador de las formas mentales de las clases dominantes que se imponen como “sentido común” a través del ejercicio del poder, las instituciones familiar y de trabajo, los medios de manipulación de masas y el aparato educativo. Con esta afirmación Marx desnudó la relación existente entre las formas sociales y materiales de vida (es decir, las relaciones de clase) y sus formas mentales y culturales (la “conciencia”).

 

Fuerzas políticas, abstención e izquierda, breve historia

 

Los partidos políticos constituyen organizaciones que congregan sectores de la población y clases sociales alrededor de la representación y defensa de cosmovisiones, intereses y necesidades comunes en el ámbito del poder político.

 

En Colombia los electores son fieles a su opción partidista. Por la configuración multiclasista, la dirigencia de arriba no toma en cuenta las inquietudes políticas, intereses o necesidades de los de abajo. Sin embargo, los votantes de los partidos les son leales pese a que sus intereses estén o no representados por los programas diseñados desde quienes controlan el poder. Los partidos políticos parecen ser entidades independientes de sus votantes: sus proyectos poco o nada tienen que ver con sus votantes ni con el interés público.

 

La base electoral de cada partido está ahí, localizada siempre, diferenciada geográficamente. La mayoría de los municipios son tradicionales. Los partidos adaptan sus programas y caudillos al cambio del tiempo, a la evolución social, económica e institucional, mientras su cuerpo de militantes tiene una composición local independiente y una estratificación socio-económica inamovible. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos, a su vez, el gamonal o cacique, maneja la clientela, distribuye subsidios, controla el gasto público y los puestos de trabajo, acumula los votos y domina la estructura local de poder2. A la base material de producción y las relaciones sociales a que da lugar ésta, se imbrica como un factor importante en la tradición de las identidades políticas municipales los patrones familiares como una de las fuentes donde los individuos adquieren sus primeras actitudes políticas. Por la herencia familiar se realiza la transmisión de las afiliaciones partidistas, sobre las condiciones materiales de vida, las necesidades y los intereses, ocupacional y de clase social.

 

Son muchas décadas de esta constante, fracturada en parte en las grandes ciudades, pero no así en los municipios intermedios o pequeños. De manera equivoca se relaciona el origen de los partidos políticos en Colombia a partir de la configuración de los caudillos en la época de la independencia (guerra en la cual los ejércitos españoles asesinaron a 200.000 patriotas, del millón de pobladores en aquella época) y de los primeros años de la independencia, en particular con las fuerzas acaudilladas y las doctrinas antagónicas entre Bolívar y Santander. Contrario a ello, la formación de los partidos políticos, con sus caudillos, plataformas y programas, tiene como fecha de inicio los mediados del siglo XIX.

 

La década de 1849 a 1860 fue decisiva en la conformación del sistema político colombiano. Durante estos años, en un momento de crisis mundial, cuando se luchaba contra la esclavitud y la eliminación definitiva de las estructuras socio-económicas legadas por la Colonia, y en medio de un ambiente de caudillismo, regionalismo, guerras civiles y anarquía, violenta lucha de clases e ideologías, surgieron el partido liberal y el conservador. La oligarquía se asentó desde entonces en el poder como su propiedad privada y exclusiva.

 

El enfrentamiento entre las clases sociales y la lucha violenta de las organizaciones por el poder muestra, de una parte, al Partido Conservador defendiendo y representando los intereses de terratenientes y del clero, es decir, los sectores más tradicionales y de clase dominante. De otra, el Partido Liberal, identificado con los sectores e ideas modernizantes; partido conformado por dos facciones definidas también por las identidades e intereses de clase que representaban: gólgotas que congregaban a comerciantes y clase media profesional, y draconianos que se apoyaban en simpatizantes del socialismo útopico y del radicalismo, defendían intereses de sectores populares como los artesanos, pequeños propietarios, pobladores de las barriadas pobres urbanas y pueblos originarios: campesinos, indios y negros.

 

En sus comienzos la base del movimiento social draconiano representaba las sociedades democráticas del artesanado que constituyen el embrión de las organizaciones obreras de tipo sindical. Los movimientos socialistas y las identidades de clase popular y trabajadora emergen en paralelo con los partidos tradicionales del establecimiento, pero sólo hasta las primeras décadas del siglo XX tendrán presencia en el campo de batalla de la política y en los circuitos económicos.

 

La historia política del siglo XIX se caracterizó por la lucha civil. Las guerras civiles fueron consecuencia del partidismo, las clases propietarias y de la influencia del clero (y no viceversa); estas, además, afianzaron el sentimiento partidista. Entre 1824 y 1908, en el territorio nacional se registraron ocho guerras civiles generales, dos internacionales y tres cuartelazos. En 1854 se registró la derrota sangrienta, ocasionada por la oligarquía nacional que contó con el apoyo de los gobiernos estadounidense e inglés, del experimento democrático-artesanal y único gobierno popular (José María Melo) que ha existido en la historia republicana de Colombia. Durante el cambio del siglo XIX al XX, la Guerra de los Mil Días, enfrentamiento por el poder entre los partidos políticos hegemónicos, ocasionó la muerte a 180.000 residentes colombianos (la población alcanzaba la cifra de cuatro millones en todo el país). En resumen, las guerras civiles, expresión de la crónica y violenta lucha de clases y de partidos, prolongada hasta la actualidad, no actuaron como agentes en la conformación del partidismo en Colombia, sino que fueron, más bien, su manifestación.

 

El 4 de agosto de 1914 inició al primer conflicto bélico mundial que concluyó a finales de 1918. En 1914 tuvieron lugar las primeras elecciones directas en Colombia. Ganó el candidato conservador y oficialista, José Vicente Concha. La abstención fue 57 por ciento, en una época donde solamente podían votar los varones mayores de 21 años (las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1957) que supieran leer y escribir (el 87% de la población era analfabeta) y con un ingreso superior a 300 pesos (95% de los habitantes vivía en condiciones de miseria). El número total de votos fue de 331.410, el candidato ganador obtuvo 89 por ciento de estos. El mismo año fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), ideólogo y luchador a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia. Durante el cuatrienio de Concha, los sucesos más comunes de violencia se produjeron al reavivar los odios partidistas y al florecer el sectarismo clerical de una iglesia profundamente unida al partido conservador en el poder. Durante estos años, el gobierno colombiano entregó sin pudor alguno las riquezas del país a la expoliación y saqueo por parte de las transnacionales estadounidenses, también dio inicio al tutelaje político por parte de la “estrella del norte”. El censo realizado en octubre de 1918 registró 5,9 millones de habitantes; el 75 por ciento era población rural.

 

En Colombia las ideas socialistas arraigaron tempranamente, en paralelo a su surgimiento europeo durante el siglo XIX. Estas encontraron el terreno abonado en los sectores populares excluidos urgidos de atención gubernativa, de planes colectivos de trabajo y de requerimientos de derechos sociales para todos. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, las ideas socialistas mantuvieron un importante activismo, impulsadas por el movimiento obrero, campesino, indígena, los primeros trabajadores públicos y las primeras organizaciones sindicales, junto a una minoría intelectual comprometida. En 1919 lanzaron el “Manifiesto Comunista” y crearon el primer partido orientado por ese ideario. En 1922 apoyaron la candidatura del liberal Benjamín Herrera, quien obtuvo 256.000 votos, esto es, 38,2 por ciento del total. El candidato conservador, Pedro Nel Ospina, ganó al obtener el 61,8 por ciento de la votación, esto es, 409.131 votos. La abstención fue del 25 por ciento.

 

La década de los años 1920 fue candente en cuanto a la agitación del movimiento izquierdista. En 1925 la difusión de las ideas socialistas se convirtió en delito y el Gobierno presentó al parlamento el proyecto de pena de muerte para quien las divulgara. En la celebración del 1 de Mayo de 1928 el Gobierno encarceló a 8.000 dirigentes obreros, campesinos e intelectuales de izquierda, ante el temor de una conspiración armada para derrotar el gobierno del Conservador Miguel Abadía Gómez (1926-1930). En 1929 el Gobierno ordenó apresar a todos los dirigentes socialistas, expirando de este modo la “década de oro” del socialismo, en medio de la tortura y el asesinato de sus militantes. La historia se repite obsesivamente a lo largo del siglo XX y no afloja en lo corrido del siglo XXI: una oligarquía que concentra el poder, lumpeniza a la sociedad, conforma bandas criminales, excluye con violencia las mayorías populares y persigue de manera homicida cualquier pensamiento que exprese y defienda los principios de igualdad, democracia, justicia o dignidad humana.

 

La Hegemonía Liberal se dio entre 1930 y 1946. Inició en 1930 cuando fue elegido un presidente Liberal: Enrique Olaya Herrera, luego de 46 años de Hegemonía Conservadora. Durante la Hegemonía Liberal Colombia se modernizó, hubo logros sociales, pero también inició de nuevo la violencia entre liberales y conservadores. Al calor de las huelgas y las luchas populares, en 1930 se constituyó el Partido Comunista (PC), el cual fue declarado ilegal durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). El gobierno de Alfonso López Pumarejo lo legalizó y pactó alianzas con los dirigentes comunistas para impulsar las reformas liberales y cambiar la Constitución en 1936.

 

La lentitud de los cambios sociales del presidente Olaya Herrera hizo que un grupo de políticos liberales le retiraran su apoyo en octubre de 1933. De esta manera nació la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (Unir), liderada por Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Arango Vélez. En 1934 se efectuaron elecciones para Presidente para el periodo 1934-1938; el número de votantes fue de 942.209. El Partido Conservador decidió no participar en la elección. El candidato liberal obtuvo el 99,6 por ciento del voto a su favor; el Partido Liberal se encontraba en una cómoda situación desde el gobierno nacional y con mayorías en el Congreso, lo cual le permitió emprender una fuerte campaña en favor del empresario y su Jefe único Alfonso López Pumarejo. El marginal y recientemente fundado Partido Comunista presentó la candidatura simbólica del líder indígena Eutiquio Timoté, sólo obtuvo el 0,4 por ciento del total de votos.

 

En 1934 la candidatura de izquierda liderada por Jorge Eliécer Gaitán apenas alcanzó 0,5 por ciento del total; en tanto, la abstención fue de 39 por ciento respecto al potencial de votantes. El intento de quebrar el bipartidismo fracasó, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda del apoyo obrero y campesino adelantado por Gaitán, quien mantuvo una posición de respaldo y asesoría a estos grupos en sus huelgas y luchas por la tierra. Gaitán liquidó su movimiento hacia 1935, luego del fracaso electoral, reincorporándose a las huestes del partido liberal.

 

El asesinato de Gaitán, en 1948, como medida preventiva ante su posible conquista de la Presidencia de la República, marcó el inicio de la reedición de la barbarie de la oligarquía nacional en contra de los sectores populares que se prolongó hasta la década de 1960: 300.000 asesinatos políticos y cerca de dos millones de campesinos desplazados por la violencia, en un país con una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Liberales y conservadores apoyaron el golpe militar que el 13 de junio de 1953 llevó al poder al general Rojas Pinilla. En menos de un año se desmontó la guerrilla liberal y el Partido Comunista, la única fuerza de izquierda con alguna organización, fue de nuevo declarado ilegal. Tras el derrocamiento de Rojas, en 1957, la oligarquía instaló el Frente Nacional que excluía del gobierno a quien no fuera liberal o conservador, institución que permaneció hasta 1974.

 

El desmonte del Frente Nacional favoreció a la izquierda con vocación electoral. Sólo a partir de 1972 el establecimiento permitió la participación de terceros partidos, diferentes al liberal y al conservador. A partir de este año es que puede hablarse de un sistema político de competencia abierta entre partidos; no obstante, estas organizaciones poco difieren en sus ideologías, intereses de clase y plataformas políticas, al igual que por sus raíces históricas.

 

En los años 1970, las localidades territoriales donde la votación comenzó a favorecer a los grupos radicales tenían lugar en zonas periféricas, en regiones de colonización, en los antiguos territorios nacionales y en los viejos baluartes comunistas. En respuesta, dentro de la cultura política colombiana, los grupos hegemónicos desataron una ideología anticomunista que legitima su asesinato y exclusión; a esta campaña sistémica de intolerancia y autoritarismo, han contribuido la jerarquía de la iglesia católica, los nuevos movimientos evangelistas y cristianos que florecen silvestremente en las zonas de control paramilitar, los medios de comunicación y la propaganda estatal. La última etapa del conflicto social colombiano, entre 1964 y 2016, dejó como saldo 8,5 millones de víctimas y el despojo de la propiedad y usufructo de más de 6 millones de hectáreas a familias rurales campesinas.

 

El contubernio entre espada y cruz, esto es, grandes empresarios, el partido del clero, los diversos grupos religiosos e iglesias evangélicas, paramilitares y partidos de la extrema derecha, se mantiene indisoluble desde la invasión española y la Colonia. Esta asociación fue definitiva en el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 20163. Ahora, en 2018, las iglesias protestantes y cristianas han dado su apoyo irrestricto al candidato presidencial de la extrema derecha Iván Duque, del Centro democrático. La candidata Viviane Morales, proveniente de la Iglesia Casa sobre la Roca, arrió sus banderas y se adhirió al proyecto de la extrema derecha4. El candidato del Centro Democrático también recibió el respaldo del movimiento político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la cual es considerada una de las más poderosas del país; con esta adhesión y su organización política “Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira)”, que en las pasadas elecciones a Congreso logró más de 500.000 votos, la campaña a la presidencia de Iván Duque ya tiene la mayoría de votos de las comunidades cristianas del país (pues, también se sumó Colombia Justa-Libres, el naciente partido que en las pasadas elecciones sorprendió con poco más de 400.000 votos).

 

Los ligeros avances modernizantes (derechos humanos, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de géneros e identidad sexual), democráticos y de paz están en riesgo. Los tiempos oscurantistas y de lucha violenta de clases, partidista y religiosa renacen con furia. Frente a estas mentalidades tradicionales, las políticas públicas de ciencia y la tecnología moderna agonizan, antes de haber arraigado en el país. Estas iglesias cristianas y la extrema derecha prometen “trabajar por la restauración moral de Colombia”.

 

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudah), presentado en marzo de 2018, señala que en 2017 se registraron 441 ataques en contra de organizaciones sociales defensoras del proceso de paz y de los derechos humanos, incluyendo 121 asesinatos. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11). El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales. Adicionalmente, en 2017, 1.500 campesinos fueron desplazados forzosamente. Un nuevo ciclo político de conflicto armado, violencia y exclusión alza su tenebroso vuelo sobre la historia del país. Así lo prometen los dos candidatos de la extrema derecha, Duque y Vargas Lleras: “hacer trizas los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia”.

 

El pasado 10 de mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó la evaluación de derechos humanos a Colombia (la tercera que enfrenta el Estado colombiano en su historia). En total, intervinieron 95 países de los 193 que hacen parte del Comité de Derechos Humanos. Cada interviniente hizo sus recomendaciones sobre cuáles son los temas que, en su opinión, deben mejorar. Sin duda alguna, el más mencionado fue el que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Pero también fue usual escuchar discursos sobre la importancia de que el país refuerce sus políticas para eliminar el reclutamiento infantil; proteger los derechos de los niños y mujeres, garantizar que los altos niveles de impunidad disminuyan de inmediato; y la necesidad, casi urgente, de que se firme el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

En 2017 fueron asesinadas en todo el país 10.870 personas, 9.929 fueron hombres y 941 mujeres. En 2018 caen asesinadas mil personas en promedio cada mes, el departamento más violento es el Valle del Cauca, seguido de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Cauca; entre las ciudades, las más violentas, en lo que va de 2018, son Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo. Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo debido al conflicto armado interno, a las bandas criminales, el narcotráfico y a casos asociados con la violencia intrafamiliar y la intolerancia interpersonal.

 

El gráfico 1 ilustra los ciclos de violencia en la historia nacional durante el último siglo, acompañado de los porcentajes de votación por la izquierda y del abstencionismo. Pese a todo, durante el último medio siglo los movimientos y partidos de izquierda ganan presencia en las principales ciudades y se constituyen como fuerza política alternativa. Sin embargo, no han podido romper el techo de cristal del 25 por ciento de cooptación de la votación efectiva, ni derrotar la abstención que en promedio representa un 54 por ciento durante la historia de las elecciones directas en el país. La violencia de clases, partidista y religiosa, afecta principalmente a los proyectos democráticos de las organizaciones de izquierda.

 

gra 1 p6

 

 

 

La abstención es, sin embargo estructural, se mantiene incólume a pesar de los vaivenes temporales de la política y los indicadores socioeconómicos, fenómeno no sólo explicable por la apatía o la ignorancia política, sino también por el histórico monopolio de los partidos del establecimiento, la corrupción en el sistema electoral (“el pueblo vota hasta las cinco de la tarde, después lo hacen los grupos de poder que controlan la Registraduría”); también es cierto que la clase trabajadora y las comunidades populares odian al Estado o éste le resulta indiferente, ya que física, financiera y por voluntad política, intereses y corrupción, es incapaz de satisfacer las necesidades y las demandas participativas, económicas, sociales y ambientales de dichas clases y grupos.

 

En efecto, para las elecciones presidenciales del año 2006, dos fuerzas de izquierda se unieron, el PDI y la Alianza Democrática (AD), dando nacimiento al Polo Democrático Alternativo (PDA). El candidato de la izquierda, Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), alcanzó más de 2,6 millones de votos, esto es, 22,5 por ciento del total. La abstención, por su parte, se mantuvo en 55 por ciento; por tanto, el triunfo del candidato de la extrema derecha, Álvaro Uribe, fue precario, no llegó al 30 por ciento del censo electoral. En las elecciones presidenciales de 2010, el candidato del Polo Democrático concentró el 9,2 de la votación en la primera vuelta; la abstención alcanzó el 51 por ciento. En 2014, la izquierda, con Clara López Obregón como candidata del Polo Democrático, obtuvo en la primera vuelta el 15,3 por ciento del caudal electoral; la abstención fue del 52 por ciento. Para las elecciones del Congreso de 2018, los partidos de izquierda obtuvieron el 7,1 por ciento del total de votos y la abstención promedio (entre Senado y Cámara) representó 52,7.

 

La historia política y económica del país muestra que las tres últimas generaciones no han conocido modificación alguna de las condiciones de desigualdad o iniquidad socioeconómica (Gráfico 2).

 

gra 2 p7

 

 

 

El modelo rentista y extractivo no genera empleo ni en la cantidad requerida ni con la calidad que dignifique el trabajo humano. La pobreza por ingresos disminuyó en 50 puntos porcentuales entre 1960 y 2018, sustentado en el sistema político asistencialista y de control clientelista, con privilegio de subsidiar el consumo de masas improductivo en lugar de fortalecer la autonomía, autogestión, capacidad productiva y sustentable de la población.

 

Ante esta realidad, los partidos de izquierda tienen el reto de convertirse en una verdadera fuerza política, económica y social de nuevo tipo, defensora de los derechos humanos y representante de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y demás sectores excluidos, en promover el poder popular y aupar de manera sinérgica, consciente y democrática el movimiento y las luchas sociales; de lo contrario, se reduce a una simple maquinaria parlamentaria y electoral, símil de los tradicionales partidos del establecimiento

 

Potencial electoral 2018

 

La población habilitada para los comicios electorales 2018 suma 36,2 millones de connacionales: 51,7 por ciento mujeres y 48,3 hombres. Representan el 75 por ciento de la población total del país. El Distrito Capital de Bogotá y dos regiones (Central y Caribe) concentran el 61,55 del potencial electoral (ver Mapa 1).

 

mapa 1 p8

 

 

 

Por rangos de edad, el potencial de población votante se concentra en el intervalo de 26 a 64 años, representa el 71 por ciento del total. En el rango de 18 a 25 años se ubica el 17 por ciento de los posibles votantes (Gráfico 3). Para las elecciones presidenciales de 2018, 1,3 millones ‘primivotantes’ están habilitados para acudir a las urnas, representan 3,6 del potencial electoral. Estos jóvenes que por primera vez podrán votar en las presidenciales, subconjunto de los menores de 25 años, quienes en su mayoría no pertenecen a un partido político y se mueven por el voto de opinión, constituyen un sector poblacional decisivo para elegir la fórmula ganadora. Si bien los jóvenes son prolíficos al momento de opinar en las redes sociales, su respaldo no se traduce necesariamente en votos. Éstos poco ejercen su derecho al voto; son los colombianos mayores de 40 años quienes más lo hacen.

 

gra3 p7

 

 

Siguiendo la tradición política nacional, la masa de votantes y las maquinarias políticas se manifestaron en los comicios de marzo de 2018 para elegir las 102 curules para Senado y los 166 escaños para la Cámara de Representantes. La hegemonía de los partidos tradicionales no se modificó (los triunfadores fueron los partidos: Centro Democrático y Cambio Radical –expresión de la extrema derecha–, el conservador y el liberal); sumado a las expresiones políticas de los grupos e iglesias cristianas y evangélicas, concentran tres cuartas partes de las curules. La persistencia de la distribución geográfica del voto tradicional también quedó bien demostrado. En efecto, el carácter local o regional de la distribución de los fortines partidistas se refleja en los resultados de las elecciones de Congreso en marzo de 2018 (Mapa 2).

 

mapa 2 p8

 

Condiciones materiales de vida y relaciones sociales de producción

El orden lógico de las clases de derechos humanos difiere del orden histórico de la conquista por la humanidad de las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, democracia, justicia y paz. Sin garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, difícilmente pueden ejercerse con independencia, madurez y conciencia los derechos civiles y políticos.

 

En Colombia, la población en edad de trabajar (PET) está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. De los 48,3 millones de nacionales en 2018, el 80,2 por ciento se encuentra en edad de trabajar. De los 38,7 millones de personas que conforman la PET (2,5 millones más que la cifra del potencial electoral), el 37,1 por ciento es población económicamente inactiva (14,4 millones) y 62,9 es población económicamente activa (24,4 millones). La población económicamente inactiva (PEI) comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios (ver infograma).

 

Infograma p9

 

 

La población económicamente activa (PEA), también llamada fuerza laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo. En 2018, la PEA se divide en 90,6 por ciento ocupados (22,1 millones) y 9,4 desempleados (2,3 millones). En consecuencia, por cada ocupado se encuentra en condición de dependencia económica 1,2 personas.

 

En Colombia la mayoría de la fuerza de trabajo tiene un nivel educativo bajo. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo digno y contribuye al bienestar del trabajador y su familia. En Corea del Sur, por ejemplo, el 87 por ciento de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. El promedio de los países que pertenecen a la Ocde es de 74 por ciento. En Colombia, el 45,4 por ciento de la fuerza de trabajo no ha llegado a la educación media superior: 16 por ciento del total no cuenta con ningún nivel educativo; 33,7 por ciento solo ha cursado la primaria y 5,7 por ciento abandonó el sistema educativo en el grado de educación básica secundaria. Del total de la fuerza de trabajo en 2017, solo un poco más de una quinta parte había cursado la educación técnica o tecnológica (10,7%), universitaria (8%) o postgrado (3,6%).

 

A causa del atraso del aparato productivo colombiano y del bajo nivel educativo o pertinencia del conocimiento de la fuerza de trabajo se registra un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Educarse no es garantía de encontrar un trabajo digno. El desajuste es un hecho que se manifiesta a través del desempleo y el subempleo. Este problema de desajuste tiene un carácter estructural que difícilmente puede ser resuelto únicamente por el sistema educativo; su solución involucra necesariamente la participación de otros sectores sociales (familias, empresas y gobierno). En Colombia, el 67,5 por ciento de los desempleados ha alcanzado los niveles de educación media superior (43,6%), técnica o tecnológica (13,8%), universitaria (8,4%) o postgrado (1,7%).

 

La mayoría de los trabajadores y empresas informales no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal, y por carecer de otros medios de sustento. El empleo informal es más común entre los más vulnerables de la sociedad. En Colombia, la mitad de la clase trabajadora genera sus ingresos para vivir –él y su familia– bajo condiciones de informalidad (Gráfico 4).

 

gra4 p10

 

 

Esto es, uno de cada dos trabajadores vive del “rebusque diario”, por tanto difícilmente puede mejorar su nivel educativo o competencias y contar con oportunidades o tiempo para participar en organizaciones de la clase trabajadora o realizar actividades políticas. Para el Dane, las características que permiten precisar la definición de empleo informal son:

 

• Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
• Los trabajadores familiares sin remuneración;
• Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
• Los empleados domésticos;
• Los jornaleros o peones;
• Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;
• Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
• Quienes no cuentan con contrato laboral ni están afiliados al sistema de seguridad social.



En el total nacional, el obrero, el empleado particular y el trabajador por cuenta propia son las posiciones ocupacionales que tienen mayor participación en la estructura ocupacional: 82,6 por ciento. La posición ocupacional es la ubicación que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo (Gráfico 5).

 

gra 5 p10

 

 

 


Durante el último siglo, la matriz productiva colombiana ha registrado profundos cambios estructurales. En particular, el sector real de la economía (agropecuario e industrial perdió participación significativa en el PIB: a principios del siglo XX contribuía con el 70 por ciento de la producción nacional, en la década de 1960 se redujo al 50 y en los años 1990 cae por debajo del 30 y en 2017 sólo contribuyó con el 17,2 por ciento. La crisis del sector agropecuario y la desindustrialización que registra el país desde la década de 1970 ha dado paso a un modelo de desarrollo extractivo (principalmente en la explotación minera y de hidrocarburos), rentista, tercerizado, con una participación mayor del Estado en actividades improductivas, burocráticas, militaristas y con monopolio en la generación de servicios domiciliares, con amplia incidencia del comercio, el transporte y la especulación inmobiliaria. En particular, en los últimos 50 años la matriz productiva colombiana entró de lleno en el proceso de financiariación del capitalismo mundial, esto es, el control del trabajo productivo y el comando de la economía por parte del capital especulativo financiero (Gráfico 6).

 

gra 6 p10

 

 

El desplome del sector productivo real en la última centuria ha ido en paralelo del descontrolado y caótico proceso de urbanización, de grandes ciudades con amplios cinturones de miseria, en unión de las profundas transformaciones en la estructura laboral. Cuatro de cada cinco personas habitan en centros urbanos. Dos terceras partes de la población ocupada labora en las ramas económicas de la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes, el transporte y los servicios comunales, sociales y personales; en su mayoría actividades de alta informalidad, inestabilidad y precariedad laboral, caracterizadas por insuficientes ingresos, ausencia de conciencia de clase, individualismo y baja iniciativa organizativa (sólo el 4% de la clase trabajadora hace parte de una organización sindical). En la rama de la “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” labora el 17,1 por ciento de la fuerza laboral ocupada. La “explotación de Minas y canteras” ocupa únicamente el 0,9 por ciento de los trabajadores, similar a la intermediación financiera que genera solamente el 1,3 por ciento de los puestos de trabajo en el país. El rentismo generado por la explotación de los recursos naturales y energéticos, más la especulación financiera, soportan la economía nacional pero son poco generadoras de empleo (Gráfico 7).

 

gra 7 p11

 

 

El desarrollo desigual y combinado que caracteriza a Colombia se refleja en una dinámica regional, poblacional y cultural determinada por tres condiciones históricas y velocidades temporales: premoderna, moderna y post-moderna globalizada. Esta última se concentra principalmente en los grandes centros regionales y en el Distrito Capital de Bogotá. En particular, las principales empresas, centros de negocios, decisiones financieras y poder político se encuentran fusionadas en la Región Central y en Bogotá, Distrito Capital; en estas dos unidades geográficas y político administrativas se genera las dos terceras partes de la producción nacional (Mapa 3).

 

mapa 3 p11

 

 

En 2018, las zonas rurales del país todavía están habitadas por el 20 por ciento de la población. A partir de la década de 1980, la estructura agraria se ordenó de manera cuatrimodal por los siguientes modos de producción y tipos de fincas: i) latifundios ganaderos, ii) agro-comerciales, iii) cafeteras, iv) minifundio. A esta estructura le corresponden las siguientes clases sociales y fracciones de clase: i) oligarquía terrateniente, ii) burguesía agro comercial, iii) clase media rural cafetera, iv) campesinado pobre, semiproletario y étnico (indígenas y afros). Esta estructura tiene una relación directa con el carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas.

 

La base material de vida y el poder político se retroalimentan por dos condiciones específicas: la concentración del poder económico y político, de una parte, y por la precariedad, estratificación, informalidad, desorganización y exclusión del mundo laboral. Estas condiciones de vida material y de relaciones sociales de producción condicionan, a la vez, la cultura política del pueblo colombiano.

Cultura política

 

La cultura política se define como el patrón de actitudes y orientaciones individuales predominantes frente a la política y acerca del papel de las personas en el sistema político.

 

La Encuesta de cultura política que realiza el Dane desde el 2007, indaga sobre la percepción que tienen los connacionales sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al concepto de democracia, los mecanismos y espacios de participación ciudadana y la percepción de utilidad que estos representan. También se exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las instituciones.

 

La Encuesta de cultura política busca generar información estadística estratégica que permite caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más que residen en las cabeceras municipales del territorio nacional. La encuesta tiene una periodicidad bienal y una cobertura nacional; cuenta con representatividad geográfica para cinco regiones: Bogotá, Caribe, Oriental, Central y Pacífica. El periodo de recolección fue abril-mayo de 2017. El tamaño de la muestra es el siguiente: 104 cabeceras municipales, 1.286 segmentos; 27.841 personas de 18 años y más; 12.387 hogares.

 

En 2017, el 74,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó asistir a reuniones de iglesias, organizaciones o grupos religiosos, el 13,5 a Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal y el 11,7 a reuniones de Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, artísticos o culturales.

 

El mecanismo de participación más conocido, o del cual las personas de 18 años y más han oído hablar mayormente en 2017, es el plebiscito (80,0%); en segundo lugar el referendo aprobatorio o derogatorio (63,1%); seguido por la revocatoria de mandato (55,8%) y la consulta popular (48,7%).

 

Con relación a los espacios de participación ciudadana, en 2017 las personas de 18 años y más afirmaron conocer o haber escuchado hablar de las veedurías ciudadanas (36,6%), audiencias y consultas públicas (32,6%), los comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (25,4%) y Comités de participación comunitaria en salud (24,0%).

 

En 2017, el instrumento de protección de derechos que más conocen o del que más han escuchado hablar las personas de 18 años y más, es la acción de tutela (87,4%), el segundo es el derecho de petición (81,7%), el tercero la acción popular (44,4%) y el cuarto es la acción de cumplimiento (26,0%).

 

Con respecto a lo que las personas de 18 años y más consideran que un país debe tener para que sea democrático, en 2017 el 82,6 por ciento respondió que deben existir autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular, elecciones periódicas de los gobernantes (81,9%), mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (80,4%) y sistema judicial (77,6%).

 

Al preguntarle a estas personas qué tan democrática consideran que es Colombia, en 2017 el 29,3 por ciento considera que es un país democrático; medianamente democrático el 55,6 y no democrático el 15,1 restante. Por regiones, se observa que el 40,3 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe consideran que este es un país democrático, en la región Central el 34,2, en la Oriental el 29,1, en la Pacífica el 26,0 y en Bogotá el 16,3 por ciento. Al indagar por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 11,5 por ciento de las personas de 18 años y más afirma estar muy satisfecho y el 49,9 muy insatisfecho. Al revisar por regiones se observa que el 18,0 por ciento de las personas de 18 años y más de la región Caribe están muy satisfechos con la forma en que funciona la democracia en Colombia, seguida por la Oriental 12,2, Central 10,1, Región Pacífica 10,0 y Bogotá 7,9 por ciento.

 

De las instituciones o actores en las que los encuestados no confían, se encuentran los partidos o movimientos políticos 61,6 por ciento, el Congreso de la República 51,7, Jueces y Magistrados 45,8, la Presidencia de la República 45,0, la Policía 44,3, la Asamblea departamental 43,2, los Concejos municipales/distritales 43,0, la Contraloría (nacional, departamental y municipal) 39,8, la Procuraduría General de la Nación 39,6, la Alcaldía Municipal/Distrital 35,0, la Fiscalía General de la Nación 34,1, la Gobernación 30,1, la Defensoría del Pueblo 28,6, las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 26,2 y la Registraduría Nacional del Estado Civil 25,9 por ciento.

 

Sobre la intención de voto, en 2017 el 59,2 por ciento de las personas de 18 años y más afirmó que siempre vota cuando hay elecciones en el país, el 24,7 a veces vota y el 16,1 nunca vota. Las mujeres votan más que los hombres: 60 por ciento y 58,3, respectivamente (Gráfico 8).

 

gra 8 p12

 

 

Por rangos de edad, los que más votan son las personas de 41 a 64 años (57,6%), siempre votan cuando hay elecciones (Gráfico 9).

 

gra 9 p12

 

Por regiones, las grandes metrópolis como Bogotá registran menor intención de voto (20% nunca vota cuando hay elecciones). Las regiones Caribe y Oriental sobresalen porque dos de cada tres ciudadanos siempre vota (Gráfico 10).

 

gra 10 p13

 

Únicamente el 28,7 por ciento afirmó no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015. Las principales razones para tal comportamiento es porque consideran que los políticos son corruptos (46,2%), porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%) y por desinterés (43,3%).

 

El 64,9 por ciento de personas de 18 años y más, según el grado de importancia que tienen la elección de Presidencia de la República, expresó que “es muy importante”. En Bogotá, esta elección sólo es importante para el 56,1 por ciento de la población mayor de 18 años; la valoración más alta corresponde a la región Caribe con el 76,4 por ciento.

 

Para 2017, sólo el 15,7 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que el proceso de conteo de votos es transparente. Por regiones, el Caribe registra el mayor nivel de confianza en el sistema electoral. Bogotá, Distrito Capital y las regiones Central y Oriental son más escépticas, están por debajo del promedio nacional en la valoración positiva del proceso de conteo de votos (Gráfico 11).

 

gra 11 p13

 

 

Únicamente uno de cada diez colombianos se identifica con alguno de los partidos políticos activos en el país. Si bien, el 82,4 por ciento de las personas de 18 años y más está totalmente de acuerdo con la afirmación “a los políticos les interesan los votos y no las necesidades de la gente”; el 57,8 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país” y el 44,1 por ciento está totalmente de acuerdo con la afirmación “votar es la única forma de influir en el gobierno”.

 

Por debajo de los 40 años, los connacionales no tienen simpatías o identificaciones con alguno de los partidos políticos. La mayor identificación con algún partido o movimiento político se registra en los mayores de 64 años. Esta situación refleja un cambio en las tradiciones partidistas entre generaciones (Gráfico 12).

 

gra 12 p14

Por regiones, la población de la capital del país es la que menos se identifica con un partido o movimiento político. A mayor tamaño de las ciudades el voto independiente es más importante. La región con mayor adscripción a partidos o movimientos políticos es la Oriental, con el 14 por ciento (Gráfico 13).

 

gra 13 p14

 

Con relación a la posición ideológica, se les solicitó a los encuestados ubicarse en una escala ideológica de 1 a 10, de izquierda a derecha. Agrupando la escala, el 12,0 por ciento de las personas de 18 años y más afirma ser de izquierda (1-4), el 42,6 de centro (5-6) y el 20,7 de derecha (7-10). Los hombres tienden a ser más de izquierda que las mujeres; estas simpatizan más con las ideas de derecha. Por el centro, que es la mayoría, comparten por igual hombres y mujeres en su posición ideológica (43%). Uno de cada cuatro, hombre o mujer, no tiene posición política alguna (Gráfico 14).

 

gra 14 p14

 

 

Por rangos de edad, la simpatía con las plataformas o programas de la izquierda registra un valor mayor al promedio nacional en las personas con edades entre 18 y 40 años. La posición ideológica de derecha presenta un grado superior en los mayores de 64 años (Gráfico 15).

 

gra 15 p15

 

Finalmente, por regiones es Bogotá Distrito Capital la que más concentra ciudadanos con clara simpatía por las ideas de izquierda. De hecho, durante varios períodos ha elegido candidatos de los partidos de tal perfil. La región Oriental es lo opuesto a la capital del país, allí se concentra la mayoría relativa que mantienen una identificación ideológica con las doctrinas políticas de la derecha (Gráfico 16).

 

gra 16 p15

 

2018: ¿Continuidad o cambio?

 

El reto que tienen ante sí las fuerzas que sueñan con un cambio estructural en el país no es menor: romper la historia –lo cual demanda más que voluntad– y, en contra de las circunstancias materiales de vida, económicas, productivas y sociales que caracterizan al país, lograr que las mayorías sociales de apáticos, indecisos, indiferentes, godos, conformistas, prevenidos, desinformados, opten por todo aquello que hasta ahora han desechado.

 

La información relacionada permite proyectar que la continuidad tiene todo a su favor para seguir al frente de la sociedad colombiana: la estructura económica, laboral, política y social en general, con su expresión en la conciencia política de la población, así permite preverlo. Pero, asimismo, se debe tomar en cuenta a la maquinaria estatal, con su gran engranaje clientelista de cientos de miles de empleados y trabajadores amarrados al poder del jefe –trabajadores, miles de ellos contratados a término definido–, temerosos de que los desbanquen en cualquier momento, además de otros muchos, estos sí contratados a término indefinido, que por obra de la rutina y la comodidad terminan sellando su mente con un pensamiento de mejor así…, mejor malo conocido que bueno por conocer.

 

Estamos ante un reto nada sencillo, mucho más cuando factores como el trabajo informal, el rebusque por cuenta propia, el desempleo, el narcotráfico y toda su mentalidad de individualismo consumista, han terminado por consolidar entre nosotros una estructura social que está altamente atomizada en lo organizativo, sin confianza en los procesos colectivos, incrédula ante la capacidad de los procesos sociales.

 

En medio de todo ello, son positivas las energías que va despertando la campaña liderada por Petro, pues, en medio de ello, puede leerse que la masacre de varias décadas consumada por el poder no logró arrasar con la esperanza.

 

Pero para que la misma sea efectiva, para que este momento de reencuentros no se pierda en la adoración de un caudillo –aprendiendo de la historia nuestra e internacional–, hay que pasar a darle cuerpo a un proceso colectivo donde todos aquellos sectores que ahora depositan su anhelo en un tercero encuentren un espacio y unos procesos para delinear entre el conjunto los objetivos por disputar, las formas de hacerlo, los territorios por enraizar, etcétera.

 

Sólo así, en medio de una coyuntura colectiva, podrá (re)iniciarse el recorrido de un camino transitado en distintos momentos de nuestra historia reciente, recorrido que en este caso tiene que ver con recuperar para la política a las mayorías de abstencionistas, incrédulos, indiferentes, indecisos, confundidos, godos. La encuesta del Dane permite ratificarlo: en Colombia, para sus pobladores, existe una democracia maltrecha, deforme, donde ni partidos ni instituciones son de fiar.

 

Bueno, avanzar hacia esa otra democracia, que sí es posible, requiere mucho más que participación electoral, y mucho más que caudillos. Construir, abrir, potenciar, fortalecer cientos, miles de espacios para la participación directa y decisiva de las mayorías, para que ellas mismas construyan sus plataformas de lucha y vayan concretándolas en el día día. Hay que abrir espacios de todo tipo para compartir entre todos/as, para politizar, para que perdamos el miedo ante la violenta criminalidad del establecimiento, pero también ante lo que habremos de cimentar y levantar, como nueva posibilidad para la vida, en justicia y dignidad. Esto es parte del reto que ahora se ve más viable y necesario de encarar.

 

No es sencillo pero tampoco imposible. Es necesario, como lo es que tengamos en mente la necesidad de otra economía, otro Estado y otros relacionamientos sociales y políticos para –por esa vía– quebrar parte de la estructura de dominación reinante entre nosotros; como es necesario, también, erradicar los carteles políticos, las mafias y sus mecanismos de control y sometimiento social, de los cuales también se vale el establecimiento para profundizar su dominio y su sometimiento.

 

¿Sencillo? ¿Obra de un gobierno? ¿Realización posible sin revolución? La trilogía de estas preguntas tiene un mismo no como respuesta y un triple sí como quimera, pues no es sencillo ni será obra de un solo gobierno ni será factible sin revolución. Todo un cambio estructural, de base, cultural, tenemos ante nosotros, con otra democracia, que sí es posible para que surja otra cultura de la política, vía indispensable para que los gobiernos del futuro sí sean de la gente y para la gente.

 

Para orientarnos hacia estas metas, nos sirve la lectura histórica aquí realizada, cruzada con la información procesada por el Dane y la misma lectura de la realidad que hoy estamos viviendo.

 

 

1. Sarmiento, Libardo. Ontología Humana Crítica. Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2016, capítulo IV.

2.  Pinzón de Lewin, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. Ediciones Uniandes-Cerec, Bogotá, 1989.

3. El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana.

4.   Esta iglesia afirma poseer en privilegio “la mente de Cristo” y proclama entre sus fundamentos: “Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno; en la existencia de los ángeles buenos y malos, y en la de Satanás como jefe de los últimos”.

¿Cómo va el proceso para la revocatoria?

Iniciando su tercer año de gobierno y según las encuestas*, Enrique Peñalosa se mantiene como uno de los alcaldes más impopulares entre los más de mil con que cuenta Colombia. Cumplido un año del inicio del proceso que pretende su revocatoria, es necesario analizar porqué es uno de los alcaldes más impopulares del país.


La disputa por la alcaldía de Bogotá ha sido un elemento clave en la vida política nacional. No es para menos, pues su capacidad de contratación y manejo de burocracia es inmenso. La salida de la izquierda de este fortín histórico de los gremios más poderosos del país y la llegada, por segunda vez, de Enrique Peñalosa al despacho del Palacio Liévano, propiciaron el reposicionamiento de intereses económicos y políticos, y con ellos el reencausamiento de un modelo urbano, que sumados a la serie de insatisfacciones con el modelo de la “Bogotá mejor para todos”, propiciaron que al cumplirse su primer año de mandato tomaran forma diferentes comités para adelantar la revocatoria del aún hoy Alcalde.

 

Las revocatoria en el país

 

Según la Registraduría Nacional, durante el año 2017 se registraron más de 100 procesos de revocatoria de mandato a lo largo y ancho del país; de estos solo 3 llegaron a las urnas y ninguno de ellos prosperó. Llama la atención que, a pesar de que la Ley 134, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana, existe desde el año 1994, y que la Ley 1757 del 2015 redujo los porcentajes necesarios de firmas y votantes para estos procesos, a la fecha ninguna revocatoria de mandato haya cumplido con su objetivo.

 

Si bien la ley establece los requisitos y mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda llegar a las urnas, los que se cumplen cuando la Registraduría Nacional aprueba las firmas de los ciudadanos, el CNE da su visto bueno y se da la convocatoria a votación por parte del Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso; cabe aclarar que tal ley no define los tiempos máximos que cada autoridad puede tomarse para cumplir su parte, por lo que pueden presentarse demoras en el proceso.

 

La revocatoria en Bogotá

 

A comienzos de mayo pasado, el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó en la Registraduría 650.000 firmas que avalaban el proceso de revocatoria del alcalde capitalino. Sin embargo, por esas mismas fechas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró públicamente en algunos medios de comunicación, que este mecanismo de participación ciudadana estaba siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país, relacionándolo incluso con intereses personales y venganzas políticas. Por tal motivo, a finales de mes el CNE solicitó a la Registraduría Nacional un informe detallado de todos los procesos de revocatoria que se adelantaban para ese entonces en el país. Como resultado de ese ejercicio, citaron a todos los mandatarios y promotores de los procesos de revocatoria en audiencias públicas para que el CNE los escuchara y definiera si las revocatorias eran o no legítimas.

 

En junio, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emitió un informe en donde solicitaba correcciones en las cuentas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa pues supuestamente se había presentado una violación en los topes de las donaciones recibidas. Gustavo Merchán, fiscal de Sintrateléfonos y presidente de Unidos Revocamos a Peñalosa, declaró que se trataba de un mal entendido en las cuentas presentadas y que el proceso de revocatoria no podía detenerse por detalles como ese. Sin embargo, en agosto el CNE rechazó por segunda vez las cuentas presentadas argumentando fallas e inconsistencias en firmas y números, lo cual generó una fuerte indignación en algunos sectores políticos de la ciudad que señalaron que el Consejo estaba actuando de mala fe al demorar a propósito este proceso de revocatoria, basándose en inconsistencias que no existían. Toda esta situación fue utilizada por el magistrado liberal Emiliano Rivera para elaborar la ponencia que en la actualidad tiene suspendido el proceso de revocatoria en la Sala Plena de la máxima autoridad electoral del país.

 

Es necesario señalar que además de las dilaciones por parte del CNE, la Registraduría Nacional también ha jugado en contra. Mes y medio después de que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa radicó las firmas en la Registraduría, esta presentó un primer aval que fue rechazado por el equipo de Peñalosa, quién solicitó un peritaje a las firmas avaladas. La fecha límite para emitir el nuevo certificado de las firmas se estableció para el mes de septiembre, pero este fue presentado a finales de octubre, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interviniera en el proceso y ordenara a la Registraduría agilizar la certificación.
En todo esto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido clave para destrabar el proceso. El pasado 5 de diciembre emitió un fallo en donde buscaba presionar a la Sala Plena del CNE para que determinara si le daba vía a la revocatoria o no; no obstante el 13 de diciembre, fecha límite para definir la revocatoria, esta se vio frenada debido a las recusaciones presentadas contra algunos magistrados de la sala, especialmente la que imputaba al magistrado Armando Novoa porque algunos funcionarios de su despacho habían firmado los formularios para la revocatoria, cayendo así en parcialidades. Por lo anterior, antes de que la Sala Plena del CNE pueda sentarse a discutir la ponencia de Rivera, debe citar un conjuez que le permita resolver la recusación contra Novoa.

 

Lo grave de esta situación es que mientras la Registraduría y el CNE dilatan el proceso de revocatoria, Peñalosa continúa rigiendo la ciudad, lo que ha significado para Bogotá la aprobación del presupuesto para la realización del metro elevado, decisión que le significó a Peñalosa una investigación en la Contraloría por supuesto detrimento patrimonial; la inminente y polémica construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima, que deja de lado la Av. Boyacá a pesar de que ya existen estudios para esta última; la modificación de la política de humedales de la ciudad, que de ahora en adelante permitirá la construcción de obras de cemento dentro de los ecosistemas; la posible ampliación del tiempo de operaciones y el área del relleno sanitario de Doña Juana; el incumplimiento en la construcción de colegios y jardines infantiles; el aumento del endeudamiento de la ciudad, que de ser aprobado por el concejo ascendería a los 7 billones de pesos; la amenaza a la reserva Tomas Van Der Hammen, que es vista por Peñalosa como un potrero donde se deben construir vías y vivienda para ampliar la ciudad.

 

Como si fuera poco, en este pulso de abogados que ha contado con el silencio cómplice de los medios oficiosos de comunicación que tanto hostigaron a Gustavo Petro cuando se defendió con iguales armas para impedir la consulta sobre su revocatoria, entre dilataciones, obstrucciones, bloqueos y manzanillismo de todo tipo, alarma que el plazo máximo para que pueda desarrollarse la revocatoria del alcalde de Bogotá se cumpla en los próximos 6 meses. Lo que significa que la ciudadanía bogotana, proclive por la revocatoria, está ante el límite máximo de tiempo para poder cumplir con su propósito, para poder vencer la capacidad legalista de una burguesía constructora y comerciante que a través de abogados y legalismos ha logrado, hasta ahora, impedir la citación a la consulta de la revocatoria. Un triunfo parcial que ya les garantiza que así Peñalosa salga del Palacio Liévano su plan de Gobierno quedará en marcha. Una derrota y/o un triunfo agridulce.

 

* Según la última encuesta de percepción ciudadana, el 73% de los bogotanos considera que la ciudad va por mal camino, el 51% considera que el nivel de corrupción ha aumentado y el 84% mantiene una imagen desfavorable del actual mandatario.

 


 

Recuadro

 

g

Publicado enEdición Nº242
Viernes, 29 Diciembre 2017 09:53

La rebelión de los jóvenes privilegiados

La rebelión de los jóvenes privilegiados

El exceso de organización y de burocracia que instauraron las empresas las condujo a perder una suerte de batalla cultural: toda una generación le escapa a la “doble pena” del consumo destructivo y la profesión dictatorial.

A veces, el sentido está en una dirección contraria a la que dicta la asfixiante oferta del mundo. Egresados de las carreras más prestigiosas que existen en Francia, de las grandes universidades, de los institutos más exigentes o de las escuelas de altos estudios en el campo del comercio o la finanza están protagonizando una revolución silenciosa. En vez de trabajar en una carrera para la cual han sido formados e integrar la elite bancaria, financiera, los organismos del Estado, las multinacionales o las star up prefieren abrazar carreras atípicas en donde encuentran un sentido: panaderos, fiambreros,carpinteros, psicólogos, artistas, yoga, coaching o las nuevas ramas del llamado social business. No exhiben ninguna bandera ideológica ni aspiran globalmente a transformar la sociedad. Buscan, sí, un campo donde desarrollarse y en el cual existe un sentido que esta generación no encuentra en los modelos consagrados del éxito para el cual fueron capacitados. No se trata de un movimiento de masa aunque es lo suficientemente importante como para que ya se le haya dedicado un libro a estos nuevos inconformistas surgidos desde el corazón de la elite: La revolte des premiers de la clase (La revuelta de los primeros de la clase).


Durante algo más de cuatro años, el periodista Jean-Laurent Cassely buscó descifrar el camino que se trazaron esos jóvenes con varios diplomas a cuestas y que no dudaron en optar por un oficio manual. Las cifras oficiales revelan también la persistencia de esa corriente. Según un estudio del Instituto de los oficios, las empresas artesanales que fueron creadas por jóvenes oriundos de la enseñanza superior aumentaron en un 50% entre 2009 y 2013. El autor constató hasta qué grado las carreras de prestigio se dieron vuelta. El Ejecutivo híper diplomado, soldado modelo de una globalización exitosa que se mueve entre los telones del poder y del dinero no quiere decir nada para esta generación. Prefieren, como Caroline, una joven recién egresada de la prestigiosa y carísima HEC (Escuela de Alto Comercio), “trabajar con las manos, tener contacto humano con la gente, desarrollar proyectos en el mundo de los oficios (en su caso una florería) en vez de transferir los conocimientos adquiridos a una estructura piramidal que lucrará con ellos dentro de un modelo que, para mí, carece de razón, de sentido y de contenido”. Jean-Laurent Cassely explica que es muy probable que este fenómeno genere a la vez nuevas vocaciones, “nuevos oficios, y, a la vez, revalorice los oficios manuales que antes tenían mala imagen o eran percibidos como signos del fracaso social”. Se ha invertido la valorización. Jean-Laurent Cassely comenta que “tiene más impacto un hípster con delantal haciendo una pastel y difundiendo luego esa imagen en Instagram que el antiguo modelo del joven diplomado evolucionando por ejemplo en el sector de las altas finanzas”. Cassely está convencido de que se trata de “una vanguardia cultural que reniega de la economía que ofrece servicios porque se interroga profundamente sobre los fundamentos de su participación en ese circuito. ¿ Cuál es mi lugar y para qué sirvo yo en todo esto?, se preguntan”.


La degradación de las condiciones de trabajo no es ajena a estos cambios. El monitoreo constante de la actividad, los controles permanentes de performance, el carácter preponderante de la finanza, la digitalización de todo y las imposiciones organizacionales inherentes a los modelos de gestión moderna han espantado a quienes fueron formados para moverse en ese mundo. En este sentido, el autor de La Revuelta de los primeros de la clase argumenta que el exceso de organización y de burocracia que instauraron las empresas las condujeron a “perder una suerte de batalla cultural: han dejado de ser el objeto de deseo de toda una generación”. La transformación de la profesión en oficio coincide con las nuevas formas de consumir de quienes también buscan darle un “sentido al consumo”. Ambos aspiran a escapar a la “doble pena” del consumo destructivo y de la profesión dictatorial. Un ex banquero que se convierte en cocinero, una joven consultora de la alta finanza que abre una quesería, una privilegiada de los diplomas como Caroline que prefiere ser florista antes que “vivir horas de tedio y tensión sin el más mínimo sentido”, los predilectos del sistema retoman los oficios que se han ido perdiendo poco a poco, tragados por los shopping o las cadenas de supermercados que instauraron una forma de consumir masiva e inhumana. Oficio pasión y oficio confortable contra profesión de lujo con salario y beneficios garantizados. La HEC (Haute Ecole de Commerce) facilitó las cifras que atañen la reencarnación de sus egresados. En 2016, más de la mitad de sus estudiantes fueron a trabajar al sector de la finanza mientras que el 20% siguieron carreras inhabituales:4% fueron a trabajar en los oficios ligados al lujo, otro 4% optó por los medios de comunicación o las actividades artísticas y un 12% bifurcó hacia sectores profesionales sin ninguna conexión con la capacitación recibida en la institución. El medio familiar reacciona a menudo de forma hostil, recuerda Caroline: “entre trabajar en un gabinete de consejo financiero o un banco de talla internacional y crear su propia empresita en el sector de los oficios hay un abismo. El medio familiar a menudo no entiende por qué renunciamos al prestigio, a cierta forma de poder y al dinero a cambio de un oficio simple y poco lucrativo”. La confrontación familiar es aún más densa cuando estos jóvenes campeones de los diplomas integran el trabajo social en el seno de ONGs que se mueven en países pobres o expuestos a los conflictos. El paso de JP Morgan o Apple a una ONG que se dedica a cuidar a los niños de la calle en Bogotá o Calcuta es todo un desafío, “y no sólo profesional sino también familiar”, reconoce Julian, un egresado de la también muy prestigiosa Edhec (una de las grandes escuelas de comercio de Francia) que hoy trabaja en una ONG para la infancia y gana 200% menos que en su anterior trabajo como analista financiero. “Es una cuestión de pasión, de utilidad y de sentido.” Esa fue la aventura que vivió Alban Drouet, un egresado de la HEC que optó por el social buissines cuando creó Inova Urbis, una empresa del sector (también llamado “responsabilidad social”) que ayuda a los habitantes de las favelas Río de Janeiro a mejorar sus viviendas. “Hay mucha, mucha gente tentada por este tipo de actividades, pero se asustan cuando ven que antes es preciso renunciar a ciertos beneficios sociales.” Antes de cambiar de rumbo lo tenían todo: estudios superiores, especializaciones de altísimo nivel, carreras dentro de grandes grupos, salarios millonarios. Ese mundo que tantos anhelan los asustó: vacío, organizado, vigilado, destructivo. Cambiaron Excel y Power Point por un delantal y las manos llenas de grasa o harina.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enSociedad
De la autonomía a lo común. Entrevista a Christian Laval y Pierre Dardot

El filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis (1922-1997) desarrolló su reflexión política a la luz de dos claves: la burocracia y la autonomía. Por un lado, el fenómeno burocrático -en esencia, la división entre dirigentes y ejectutantes- entendido y descrito como una forma de organización social extendida a todos los niveles (escuela, universidad, trabajo, partido) y a todos los lugares (al este y al oeste, tanto en EEUU como en la URSS). Por otro lado, el anhelo de autonomía –la capacidad individual y colectiva de darse las propias normas de existencia- como principal motor de las luchas de los años 50-60-70: en los movimientos de trabajadores, de colonizados, de mujeres, de jóvenes, etc.

Muchas cosas han pasado entre los análisis de Castoriadis y nuestro presente. Las luchas y los movimientos citados desbarataron de alguna manera el dispositivo burocrático y el capitalismo respondió con deslocalizaciones, cierre de fábricas, privatizaciones, precariedad, etc. Es la “metamorfosis ofensiva” que conocemos hoy como neoliberalismo. Nuevos movimientos surgen a su vez en respuesta, encontrando en el término de “lo común” un nuevo principio de acción, explicación y orientación.


Repensar el capitalismo a la luz del pasaje entre burocracia y neoliberalismo. Repensar la autonomía a la luz de “lo común”. Son dos de las líneas de fuerza que podemos encontrar en los últimos trabajos de Christian Laval y Pierre Dardot, tales como La nueva razón del mundo o Común (ambos en la editorial Gedisa). El neoliberalismo es descrito ahí, no sólo como una doctrina o una política económica, sino como una norma general de los comportamientos (tanto de los Estados como de las empresas y de los propios individuos) que hace de la competencia el elemento y el motor principal. Por su lado, “lo común” es pensado como un principio político (en primer lugar práctico, no sólo teórico) que conjuga la democracia radical (más allá de la representación) y el derecho de uso (más allá de la propiedad).


Christian Laval y Pierre Dardot forman una “extraña pareja” en el panorama intelectual contemporáneo. Sociólogo y filósofo respectivamente, desarrollan juntos un poderoso trabajo de investigación y escritura, lo que ya es una verdadera anomalía entre las formas de hacer individualizadas de la producción intelectual. En octubre de 2015, una serie de amigos (con el apoyo de la editorial Gedisa) invitamos a Laval y Dardot a Madrid, no sólo a presentar su trabajo, sino a discutirlo con personas y grupos que están pensando-haciendo lo común en la ciudad. Es decir, les propusimos salir un poco de las formas tradicionales de la charla-conferencia y ponerse en diálogo con realidades, experiencias y prácticas de lo común. Nos encontramos con dos personas humildes y accesibles, muy capaces de escuchar y aportar, a la vez de discutir teóricamente al máximo nivel y de aportar nociones e imágenes útiles para los problemas concretos de la construcción cotidiana de lo común. Es decir, descubrimos a dos personas capaces de relacionarse con otros en igualdad, deshaciendo con cierta manera de estar en común las relaciones de poder y desigualdad tantas veces ligadas a lo teórico.


Uno de los autores más citados en Común es el propio Castoriadis. Más allá del simple comentario o la interpretación, hay un diálogo vivo con el pensamiento filosófico-político de Castoriadis, en especial en torno al problema de “la institución”. ¿Cómo pensar las instituciones de lo común, esas instituciones radicalmente democráticas mediante las que nos hacemos cargo de los asuntos colectivos de la vida? Con esta entrevista, hemos querido conocer (y dar a conocer) más sobre la lectura que hacen Laval y Dardot de Castoriadis. Un lectura que, a nuestro juicio, actualiza y vivifica (intensifica) la obra de Castoriadis al ponerla en con los desafíos presentes de la transformación social. En esa tensión histórica entre la burocracia y el neoliberalismo, la autonomía y lo común.


Quizá, para empezar, les preguntaría qué lugar ocupa hoy Castoriadis en la escena intelectual francesa y cómo fue su encuentro con él.


Castoriadis se encuentra en una posición extraña, difícil de precisar. No está en el centro de las discusiones intelectuales y políticas en Francia, no es un “maestro” reconocido en ninguna disciplina particular, ni siquiera, y sobre todo, en el dominio del psicoanálisis. Permanece como lo que fue durante su vida: un marginal importante, un “outsider” si se quiere, que viene a chocar ortogonalmente contra una serie de campos teóricos y de posiciones políticas.


Pero es importante decir que su obra está cada vez más “activa” a medida que nos alejamos de su desaparición en 1997. El reconocimiento de su obra progresa a medida que las grandes ortodoxias marxistas o lacanianas, y las teorías críticas dominantes, son menos pregnantes, menos arrogantes, menos dominadoras. O más exactamente aún, es la transformación de la escena intelectual y política francesa, menos dividida entre “escuelas” y corrientes estancas, lo que permite a la obra de Castoriadis “trabajar” transversalmente como consecuencia de la mayor hibridación de las teorías. Particularmente, son testimonio de este impulso los coloquios y las obras colectivas a los que dan lugar jóvenes investigadores, como Autonomía y barbarie, bajo la dirección de Manuel Cervera-Marzal y Eric Fabri, que está centrado sobre el concepto de democracia radical.


Por nuestra parte, nos encontramos con el trabajo de Castoriadis siendo muy jóvenes, cuando todavía estábamos en la Liga Comunista Revolucionaria. Primero lo leímos como un autor antiestalinista radical, más radical que el trotskismo ortodoxo de la organización política a la cual pertenecíamos, lo cual no nos disgustaba. Éramos más que escépticos sobre la caracterización hecha por Trotsky de la URSS como “Estado obrero degenerado”, pero todavía teníamos dudas sobre la caracterización del régimen estalinista como dictadura de una nueva clase. Lo que contaba para nosotros era sobre todo la toma en consideración de la realidad de la burocracia. Su aporte —en realidad la aportación colectiva del grupo Socialismo o Barbarie (SoB)— fue hacer del poder burocrático un hecho histórico fundamental que no había sido tomado en cuenta como tal por la teoría marxista, no evidentemente por la corriente estalinista dominante pero ni siquiera por las diferentes variantes del trotskismo. La burocracia no era un accidente de la historia, sino un fenómeno nuevo que implicaba reelaborar la doctrina revolucionaria a la luz del totalitarismo burocrático.
Socialismo o Barbarie, marxismo, URSS


¿Todavía puede servirnos de algo la crítica de Castoriadis al comunismo burocrático?


Por un lado, vemos cómo la han utilizado durante años algunos pensadores liberales, conservadores o neoconservadores, purificada de su otra cara, la crítica al capitalismo occidental (el “capitalismo fragmentado” o la “oligarquía liberal” en palabras de Castoriadis). Estos pensadores resitúan esa crítica en la alternativa democracia representativa/totalitarismo que Castoriadis mismo rechazó con firmeza.
Por otro lado, una vez caído el bloque soviético, vemos a algunos pensadores radicales coquetear provocadoramente o afirmar como positivos algunos elementos del comunismo burocrático contra el consenso neoliberal (pienso ahora en Žižek o Badiou). ¿En qué sentido entonces ese trabajo teórico crítico —uno de los ejes centrales en la vida de Castoriadis— puede tener hoy alguna fuerza, actualidad, interés, una vez desaparecida la URSS? Ustedes lo retoman por ejemplo en la primera parte del libro Común (Gedisa, 2015).


La crítica radical del comunismo burocrático es más pertinente que nunca. Castoriadis percibió mejor que otros la amplitud de una de las tragedias más grandes del siglo XX: la transformación en su contrario del proyecto socialista revolucionario que, desde el siglo XIX, buscaba extender la democracia a todas las esferas de la actividad social. El trabajo realizado sobre el comunismo de Estado en la URSS o en China, a pesar de un cierto número de errores como la sobrestimación del poderío soviético, le permitió comprender que esta regresión iba a favorecer los éxitos del neoliberalismo en el mundo entero y de ahí la tonalidad tan sombría de sus últimos textos. En virtud de la matriz marxista revolucionaria de la que había salido, y a la que permaneció fiel, Castoriadis no cayó en el neoconservadurismo como un cierto número de antiguos izquierdistas más o menos mundanos convertidos en “intelectuales mediáticos” de una gran mediocridad de pensamiento. Castoriadis siguió siendo un intelectual revolucionario. Es lo que hace a su grandeza. Hizo suya la aspiración socialista fundamental a la autonomía, la cual implicaba una doble crítica: la de la burocracia soviética y la del capitalismo moderno. En su espíritu, las dos críticas son indisociables. En este sentido, su relectura permite poner en su sitio todas las tentativas contemporáneas de rehabilitación disimulada del estalinismo a las cuales asistimos hoy (con el motivo de que “Stalin metía miedo a la burguesía” y que es ese su principal mérito...). Al escribir el capítulo 2 de nuestro libro Común, nos sentimos particularmente tocados por la justeza de su crítica de la racionalidad productivista presente en Lenin y Trotsky: el comunismo de Estado sacrificó todo al culto de esta racionalidad y, en ese sentido, dio la espalda a una auténtica revolución.


Pienso que la crítica de Castoriadis al marxismo le reprocha fundamentalmente una ceguera con respecto al “hacer” humano y, en particular, al hacer político. Por un lado, su carácter “determinista” (sucesión lineal y necesaria de los modos de producción motorizada por la evolución tecnológica) anula la capacidad humana de creación (de hacer surgir lo nuevo). Por otro lado, la teoría de Marx en El capital considera objetos a los seres humanos y es incapaz de ver cómo sólo la lucha obrera cotidiana da contenido a la noción misma de “ley del valor” y le fija un sentido concreto (determinando el reparto del producto social). “La lucha de clases está ausente de El capital”, llega a decir Castoriadis (Capitalismo moderno y revolución, con el seudónimo de Paul Cardan, en Ruedo Ibérico, 1970).


Por todo ello, según Castoriadis, el marxismo sería incapaz de acompañar las luchas prácticas (en su hacer concreto, en su creación específica) al asignarles a priori un sentido y una finalidad. ¿Cómo leen, al día de hoy, la crítica de Castoriadis al marxismo? ¿Qué podemos recuperar y qué conviene descartar?


En efecto, Castoriadis identificó en el pensamiento de Marx una contradicción entre una pretensión cientificista que consiste en explicar todo por el juego de las leyes del autodesarrollo del capital y un llamado a la acción revolucionaria que apunta al derribo del capitalismo. En nuestra obra, Marx, nombre de pila: Karl [Marx, prénom: Karl] (Gallimard, 2012), nosotros mismos indicamos que una tensión irreductible atraviesa toda la obra de Marx: por una parte, la lógica supuestamente orgánica del sistema que tendía a reproducirse a sí mismo indefinidamente, ampliando siempre más sus propias bases; por otra parte, la lógica estratégica del enfrentamiento entre las clases que producía sus propios sujetos sin que esta producción estuviera determinada por adelantado a causa de las condiciones materiales. A pesar de todos sus esfuerzos, Marx nunca llegó a soldar las dos lógicas, por ejemplo deduciendo la lógica de la lucha de clases de la lógica del sistema. Según nosotros, este fracaso teórico es justamente lo que lo vuelve actual: nos ayuda a pensar nuestro presente renunciando de entrada a la esperanza de tal deducción pretendidamente científica. Pero fuimos cuidadosos al indicar que esta tensión entre las dos lógicas trabajaba todos los grandes textos de Marx: no es pertinente, pues, distribuir los dos aspectos del pensamiento de Marx entre dos grupos de escritos, de los cuales unos serían “científicos” y los otros “políticos”.


Desde este punto de vista, la afirmación de Castoriadis según la cual “la lucha de clases está ausente de El capital”, una frase que apunta muy directamente a la interpretación althusseriana de El capital, es típica de una forma demasiado simple de arremeter contra Marx. Esta crítica, sobre todo, no acierta su objetivo. En realidad, la lucha de clases está presente en El capital. Pero está presente de una manera extraña. Aparece como un motor del capitalismo, contribuye a transformarlo, a reformarlo, a hacer que la explotación se haga más sutil e inteligente, a que el proceso de trabajo esté mejor organizado, a que la productividad aumente con el maquinismo y la incorporación de la ciencia en la producción. De este modo, la lucha de clases conduce a diario a una mayor integración en los engranajes del “gran autómata” al punto que se tiene el derecho de preguntar cómo una pérdida de autonomía tan radical en el trabajo podría ser compatible con la tesis marxista del carácter revolucionario de la clase obrera. Un proletariado más numeroso pero cada vez más integrado y sometido al capital no permite entender —salvo por un salto imaginario o por la creencia en el colapso final del capitalismo— cómo va a realizarse “la expropiación de los expropiadores” en los países más avanzados. Y de hecho, como es sabido, ella nunca tuvo lugar.


En retrospectiva se puede decir, entonces, que Castoriadis había visto perfectamente que el marxismo contenía un “necesitarismo” de tipo cientificista que funcionó como un objeto de creencia y como un medio de poder de las organizaciones “marxistas-leninistas” en el seno del movimiento obrero. Y es también por esta comprensión que pudo anticipar antes que muchos otros que la crisis del bloque soviético iba a desembocar en una crisis muy profunda del marxismo.


Relacionado con lo anterior: pienso que el trabajo teórico de SoB (una organización que se pretendía revolucionaria, no un grupo puramente intelectual) es muy potente en el sentido de que inventaron modos prácticos de ponerse en contacto y escuchar (en lugar de presuponer o precomprender) las luchas efectivas del movimiento obrero de la época. Por ejemplo, la rúbrica “la palabra a los trabajadores” de la revista (un germen de la práctica de la encuesta obrera) o la importancia en el grupo de trabajadores como Daniel Mothé o Henri Simon junto a los intelectuales como Lefort, Lyotard o el propio Castoriadis. ¿No les parece que esto es una dimensión que se ha perdido en el trabajo intelectual en la actualidad (también en el “radical”)? Me refiero a esa invención de dispositivos concretos de escucha y contacto con la lucha y la experiencia de la gente común, de modos de teorización a partir y en base a las prácticas. Esos modos y dispositivos concretos, ¿les parecen necesarios? ¿Se reinventan hoy de algún modo?

La escisión intelectuales / trabajadores manuales es una de las más difíciles de superar. Esta antigua cuestión no está completamente olvidada, pero hoy es difícilmente audible en tanto y en cuanto el trabajo académico clásico de los especialistas, universitarios por lo general, ocupa el espacio y monopoliza el discurso. Después de las grandes huelgas de 1995 en Francia, Bourdieu lanzó un llamamiento para asociar a los investigadores y los trabajadores. Pero no logró encontrar la forma institucional que permitiera este trabajo común. Universitarios y sindicalistas se fueron cada uno por su lado. Hay algunas excepciones en Francia. Entre algunos de nuestros amigos sociólogos —especialmente Stéphane Beaud y Michel Pialoux— existen experiencias de investigación sobre la condición obrera que van en esta dirección asociando obreros o viejos obreros.


Sin embargo, observamos que este acercamiento tuvo lugar progresivamente en Francia pero en sentido inverso, y esto en ocasión de las grandes movilizaciones contra las políticas neoliberales (1995, 2003, 2010). No son los investigadores los que se ponen “a la escucha” de los trabajadores, sino organizaciones sindicales (Solidaires, FSU esencialmente) o asociaciones de educación popular (ATTAC) las que hacen intervenir a investigadores en dispositivos de formación o de investigación.


SoB realizó una experimentación a muy pequeña escala que siempre puede servirnos de referencia, pero que no debe ser sobrevalorada. La gran pregunta planteada por la experiencia de SoB o de otros sigue siendo en todo caso muy actual: ¿cómo se puede evitar el doble escollo del populismo demagógico y de la dominación de los expertos detentores exclusivos del saber? Por un lado, el populismo demagógico se resume en la fórmula: el pueblo no necesita de sabios porque ya sabe lo suficiente por su propia condición; por otro lado, la relación de dominación expertocrática es expresada por la fórmula: el sabio siempre sabe más que el pueblo, lo que lo habilita a enseñar al pueblo. Inventar, en ocasión de las movilizaciones sociales, lugares y métodos de co-construcción de los saberes críticos, apoyándose sobre las experiencias previas o aún en vigor, determinará ampliamente el porvenir del movimiento social. Por lo tanto, para llevar esta tarea a buen puerto hay que romper con la idea de saberes prefabricados que estarían dados de entrada en un lugar social determinado.


El enfoque de Común me ha recordado por momentos al largo trabajo de Castoriadis en “El contenido del socialismo” (SoB, 1955). Castoriadis explica la originalidad del enfoque de ese trabajo diciendo que, en lugar de partir de la denuncia del estado de cosas, empezará planteando el modelo positivo de la autogestión (no especulativamente, sino a partir de las experiencias cotidianas y de las luchas obreras más avanzadas, como Hungría en el 56). Y al trasluz de “lo positivo” (la autonomía) se desvelará lo negativo (la dominación). ¿Tiene algún parecido o resonancia con su trabajo en Común?


La tarea a llevar a cabo es del mismo orden pero se inscribe en un período muy diferente. Lo “negativo” no puede ser identificado más que a la luz de lo “positivo”. Una buena parte de la izquierda crítica se encerró durante mucho tiempo en una denuncia estéril de los estragos del sistema sin tomarse el trabajo de abrir la vía a una alternativa positiva a partir de los movimientos en curso. Según nosotros, es esencial partir de las experimentaciones para imaginar a una escala más vasta lo que podría ser otro sistema social y político.


Sin querer disminuir la importancia de su texto sobre el “contenido del socialismo”, no obstante hay que precisar que Castoriadis no hizo más que recuperar una tradición mucho más antigua en el movimiento obrero que consistía en instituir un nuevo derecho, nuevas formas de actividad, nuevas relaciones sociales. Nosotros damos un lugar importante al derecho proletario en nuestra obra Común, siguiendo la misma línea de una obra importante de Maxime Leroy (La coutume ouvrière [La costumbre obrera]). No hay que ser proudhoniano para recordar que la “capacidad política” de los trabajadores y de los ciudadanos puede y debe comenzar a ejercerse desde hoy, sin esperar la hora hipotética de la “revolución social”.


Se trata de partir de prácticas alternativas, de mostrar sus aportes, pero también sus dificultades y sus límites. No se trata de dar un “modo de empleo” generalizable de los comunes a instituir. Contrariamente a lo que dicen ciertos autores, no basta con aplicar recetas o reglas para que poco a poco toda la sociedad se transforme por la sola virtud contagiosa del ejemplo. En realidad, lo importante en la experimentación es la puesta en marcha de una vía alternativa posible que no pueda ser extendida, incluso generalizada, sin pasar por un enfrentamiento con las estructuras de poder.


No haremos la economía de la cuestión del poder incluso si esta ya no se plantea en los términos de la “conquista del poder”, sino más bien en los de la construcción de nuevos poderes capaces de una coordinación democrática. En todo caso, la experimentación de prácticas nuevas es importante sobre todo porque el “socialismo” ha sido profundamente desacreditado como solución general a los problemas de la economía y de la sociedad, debido al desastre del comunismo de Estado en los países del Este. Conviene, entonces, volver a empezar sobre nuevas bases, en nuevos sectores, con nuevos conceptos. A eso intentamos contribuir con la elaboración de lo que llamamos el “principio de lo común”.


Castoriadis y la institución


Para ustedes, la política de emancipación ha de replantearse (en la teoría y en la práctica) el problema de la institución, por fuera de la alternativa entre burocracia o espontaneidad. En ese sentido encuentran un aliado fundamental en Castoriadis. En las concepciones más clásicas de la institución, lo que está (lo instituido) subordina o aliena lo que está en camino o deviene (lo instituyente). La institución se piensa (y practica) entonces de modo conservador como un canal, un estabilizador, un acumulador. Ustedes mismos recuerdan el significado de statuere: poner de pie, establecer, con su carga de inercia. El proyecto de democracia radical requiere otra idea y otra práctica de lo institucional. ¿Cuál sería? ¿Qué han aprendido de Castoriadis en este replanteamiento de lo institucional? ¿Qué le debe su concepto de “praxis instituyente” a Castoriadis? ¿En qué puntos difieren de él en este tema? ¿Es Castoriadis un “pensador de lo común” avant la lettre?


Es un hecho que Castoriadis tomó la dirección contraria a la que había seguido toda una tradición de pensamiento que consiste en privilegiar lo instituido a expensas de lo instituyente, muy a menudo reducido a un efecto de la transformación de lo instituido. En este sentido hemos aprendido mucho de su concepto de institución. En el Capítulo 10 de Común explicamos lo que le debemos y lo que nos separa de él.
Instituir (in-statuere) es sin lugar a dudas hacer existir de nuevo, pero nunca es una creación ex nihilo, o sea una creación a partir de nada, contrariamente a lo que dice Castoriadis. La actividad instituyente siempre se lleva a cabo a partir de condiciones que ya están dadas y que competen en gran parte a lo instituido mismo. Nosotros procuramos mantener juntos estos dos aspectos. No pretendemos “corregir” a Castoriadis a través de Marx, pero somos sensibles al argumento de Marx según el cual toda praxis debe ejercerse en condiciones que son “encontradas ya ahí” por los actores de la historia. La creación de “lo absolutamente nuevo” no excluye, sino que, por el contrario, presupone la preexistencia de estas condiciones y de su carácter condicionante. Basta con que estas condiciones, siendo condicionantes, no sean causalmente suficientes, ya que admitirlo nos conduciría a negar la irrupción de la novedad haciendo de esta otra vez una simple modificación de lo viejo.


Dicho esto, hacer de Castoriadis un pensador de lo “común” sería muy exagerado, ya que lo común emerge precisamente en un período que ya no es el de Castoriadis. Lo común, la manera en la que es formulado, pensado, puesto en práctica hoy, constituye una respuesta práctica y teórica al neoliberalismo en su plena madurez. Castoriadis es un pensador de la autonomía. Es el concepto en torno al cual giran su reflexión política, su ontología y su metapsicología. Pero entre lo común y la autonomía hay relaciones evidentes. Esta relación es la tradición de la democracia radical, o como nosotros preferimos decirlo, del auto-gobierno en todos los sectores de la sociedad.


Castoriadis nos aportó mucho al oponerse a la visión estrecha que no quiere concebir la praxis más que en el dominio político stricto sensu. Hay otro aspecto muy interesante en Castoriadis que articula democracia radical y ecología política y que no es llevado hasta sus últimas consecuencias en sus artículos. Esta articulación está precisamente en el corazón de la problemática de lo común.


Cultura y política


En el pensamiento de Castoriadis, el proyecto político de autonomía está estrechamente vinculado a la cuestión cultural. Castoriadis privilegia un sentido antropológico del término cultura: es el hecho social mismo. Las significaciones imaginarias sociales (siempre instituidas) establecen en cada caso, en cada sociedad, lo que vale y lo que no, lo que cuenta y lo que no, lo que importa y lo que no. La misma definición de la realidad. Los movimientos políticos que más interesan a Castoriadis tienen un pie en la creación cultural (de nuevas significaciones) y otro en la política (entendida aquí como autonomía): el movimiento obrero, el movimiento de mujeres, etc. Política y mutación antropológica van de la mano. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En Común plantean la dificultad de intervención política (consciente) en un nivel que va por debajo o más allá de la conciencia (lo cultural en el sentido antropológico amplio que usa Castoriadis). ¿Cómo articular entonces esos dos planos, la creación de nuevas significaciones y valores, y la política como autoactividad consciente y explícita de autonomía?


Tiene toda la razón en subrayar hasta qué punto Castoriadis busca articular el proyecto político de la autonomía y la creación de nuevas significaciones sociales imaginarias. Quizás el término “cultura” es demasiado general o demasiado impreciso para expresar esta dimensión de creación de lo “social-histórico”. La dificultad es que esta creación, para Castoriadis, es la obra del colectivo anónimo e impersonal que es la sociedad. En este sentido, escapa al control de la conciencia y de la voluntad, depende del hecho social y no de una intencionalidad cualquiera. Castoriadis insiste sobre este punto para destituir de su primacía al poder explícito (del tipo poder constituyente o legislativo) y afirmar la primacía del “poder instituyente” o “poder implícito”. Pero, por otra parte, da una definición de praxis muy positiva: es una actividad consciente organizada en torno al objetivo de la autonomía.


Castoriadis retoma de Freud la idea de los tres “oficios imposibles” (gobernar, educar, analizar) y ejemplifica el concepto de praxis con las tres actividades de la política, de la pedagogía y del psicoanálisis. Del psicoanálisis dice que es creación, más exactamente “auto-alteración creadora” del analista y del analizado. Hay, pues, dos formas de “creación”: la creación propia del imaginario instituyente y la creación propia de la praxis. Hay una cierta equivocidad en la noción de “creación” que es tanto creación inconsciente de significaciones imaginarias, como aparición de un nuevo ser por auto-alteración de lo viejo, lo que supone una actividad consciente incluso si el fin de esta actividad no puede ser definida por adelantado. ¿Se puede hablar en este último caso de una “creación absoluta”, es decir que se haría ex nihilo? No parece, ya que la auto-alteración es una auto-transformación y no se lleva a cabo a partir de nada. De ahí este problema que identificamos en Común: ¿cómo la institución que en su fondo es inconsciente puede convertirse en una praxis, es decir en una actividad consciente organizada en torno al objetivo de la emancipación? ¿Cómo pensar lo que Castoriadis llama una auto-institución consciente (la fundación de la polis griega) a partir de la transmisión inconsciente de los usos y costumbres?


Por nuestra parte, pensamos que la creación de las significaciones imaginarias debe poder ser comprendida como un proceso de cristalización que opera a partir de la difusión y de la extensión de prácticas conscientes, de lo contrario hay que renunciar a influir sobre esta creación. El término medio está constituido por la co-determinación de las reglas de uso común: esta co-determinación es necesariamente consciente, y es gracias a ella que podemos no decidir nuevas significaciones imaginarias pero al menos contribuir a su emergencia.


Castoriadis dice que una de las entrevistas recogida en Una sociedad a la deriva (Katz, 2006): “No pienso que los seres humanos se movilizarán jamás para transformar la sociedad, sobre todo en las condiciones del capitalismo moderno, y para establecer una sociedad autónoma, únicamente con el objetivo de tener una sociedad autónoma. Querrán verdadera y efectivamente la autonomía en tanto que es portadora, condición, acompañamiento casi, aunque indispensable, de algo sustantivo que querrán verdaderamente realizar, que tendrá para ellos valor y no pueden hacer en el mundo actual. Esto significa que es preciso que nuevos valores emerjan en la vida histórico social”. Quería preguntarles si creen que lo mismo se aplica a “lo común”. ¿Queremos “lo común” por sí mismo (es lo común ese nuevo valor sustantivo al que se refiere Castoriadis)? ¿O lo queremos también para hacer cosas, y cuáles?


En cierta forma, esta pregunta nos reenvía a la respuesta anterior. Lo común no es algo que se podría desear por sí mismo, no es un fin que se bastaría a sí mismo, una suerte de equivalente de lo que era el “bien soberano” para los filósofos de la Antigüedad griega. Adquiere sentido únicamente en la medida en que emerge de los movimientos actuales, en la medida en que es su principio, y no un ideal abstracto e intemporal. Es, pues, un nuevo valor que está emergiendo de las experimentaciones y de las prácticas colectivas.


Todavía no es una significación social imaginaria que predomine sobre aquellas de las que se alimenta el capitalismo, pero puede llegar a serlo bajo ciertas condiciones. No queremos lo común por lo común, sino que queremos emanciparnos de las condiciones que nos son impuestas por el capitalismo neoliberal. Lo común no debe ser entendido como un medio de la emancipación que sería el fin último y dominante, tampoco es un principio formal de deliberación y de decisión que estaría por sí mismo desprovisto de todo contenido. Es la forma específica que hoy toma el deseo de emancipación. Es más bien la relación de medio a fin lo que otra vez debe ponerse en cuestión aquí.


Castoriadis y el presente


Un eje esencial del trabajo teórico de Castoriadis (y SoB) fue el análisis crítico de la burocracia, del devenir burocrático del capitalismo y el mundo. El capitalismo después de la segunda Guerra Mundial, pensaban SoB y Castoriadis, ya no estaba definido tanto por la oposición entre propietarios de capital y trabajadores desposeídos, como por la jerarquía entre dirigentes y ejecutantes. Y ya no sólo en la producción, sino en toda la vida social: hombres/mujeres, padres/hijos, maestros/alumnos, etc. La “contradicción fundamental” del capitalismo es para Castoriadis la siguiente: el capitalismo necesita la participación y la implicación de los seres humanos (de los trabajadores en el trabajo, etc.), pero a la vez la niega, reifica a los seres humanos, los pasiviza y excluye. Castoriadis, sorprendentemente, nunca movió ni una coma de este análisis del devenir del capitalismo, pero creo que el capitalismo sin embargo ha mutado enormemente.


Ustedes han escrito La nueva razón del mundo (Gedisa, 2013), una reconstrucción de la historia y el presente del neoliberalismo. ¿Cómo sitúan los análisis de Castoriadis en esa historia? ¿Cuál es su vigencia y actualidad? ¿No es precisamente el neoliberalismo una respuesta a las luchas contra la burocratización de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores en los 60 y 70? ¿No trata de “desburocratizar” y “flexibilizar” el neoliberalismo las formas de funcionamiento del capitalismo, deslocalizando la producción, desmontando las pirámides jerárquicas y tomando la forma de una red? ¿No trata de superar esa “contradicción fundamental” que señala Castoriadis, absorbiendo la autonomía a través del neomanagment y de la presión constante a volverse “empresario de uno mismo? ¿No es hoy de nuevo la precariedad una de las mayores fuentes de malestar y ya no tanto la “alienación” (la sumisión pasiva a formas rígidas de dominación) de los años 60 en Europa?


En ciertos aspectos, la crítica de Castoriadis parece inscribirse en un período pre-neoliberal del capitalismo y de su crítica: el período del taylorismo triunfante, de la burocratización, de la alienación generalizada en el trabajo, etc. Castoriadis, como todos, pertenece a su tiempo. Por ejemplo, interpretó las luchas obreras de los OS (los “obreros especializados” [ouvriers spécialisés] de la cadena taylorista) y la revuelta del ’68 como una expresión de la contradicción entre el “trabajo vivo” y las prescripciones jerárquicas de la organización burocrática. Castoriadis interviene, pues, en un momento en que la sociología del trabajo y de las organizaciones se apoya tanto en Marx como en Weber para pensar el “capitalismo moderno” o el “neocapitalismo”, como se decía entonces.


El neoliberalismo, asumiendo el cuestionamiento de las formas más jerárquicas y burocráticas de poder, buscó dos cosas: atacar las formas organizadas de los asalariados (los sindicatos, el derecho del trabajo, la protección social, etc.) mediante la individualización de la relación con el trabajo y la precarización del estatus del empleo, e implantar lógicas de mercado, es decir, de competencia, en el corazón de las organizaciones productivas. Ya no tenemos que vérnosla para nada con el “capitalismo organizado” del período fordista en que la organización de la gran empresa parecía pura y simplemente reemplazar la competencia en los mercados, sino con una nueva configuración más compleja. La organización burocrática y el poder de la gran empresa no han desaparecido en absoluto, por el contrario. Y las formas del trabajo neotaylorista tampoco. La idea según la cual el capitalismo en su totalidad se habría convertido en “cognitivo”, “inmaterial”, “digital” o “reticular” es una idea falsa y estratégicamente peligrosa. Hubo, sin embargo, cambios importantes. ¿De qué naturaleza?


La empresa desarrolló en su seno formas de trabajo, modos de compromiso subjetivo, relaciones entre personas que reduplican a un nivel “micro” la propia forma empresa y el tipo de relaciones existentes entre empresas en los mercados competitivos. Es lo que Foucault vio con claridad en 1979 en su curso sobre el neoliberalismo cuando anticipaba la extensión de la “cultura de la empresa”, del modelo del “emprendedor de sí mismo” y, cada vez más, de la lógica del “capital humano” (FCE, 2008).


Es por eso que el análisis que se puede hacer del neoliberalismo ya no puede reutilizar completamente los mismos esquemas explicativos que en los años ‘50 o ’60. Más exactamente, porque nos la tenemos que ver con un capitalismo que combina lo viejo y lo nuevo, es decir, el viejo taylorismo y las nuevas formas de trabajo más flexibles, las categorías clásicas de la opresión, de la privación y de la alienación con las que se pensaba la relación capital-trabajo deben ser completadas por categorías susceptibles de dar cuenta de las nuevas formas de dominación y explotación. Es necesario comprender que los dispositivos neoliberales están modificando las subjetividades llevándolas a identificarse como capitales que no tienen otra razón de ser y de funcionar que la acumulación de valor. Y esto no solamente entre los asalariados de arriba sino también entre los “infra-asalariados”, entre los precarios.


La “contradicción fundamental” tiende a desplazarse desde el momento en que los sujetos en el trabajo se viven como capitales valorizables. Son sus inversiones las que no encuentran el “retorno” esperado, y ya no una parte del valor creado en el trabajo que no recibe el salario justo. Y sobre todo, el sufrimiento no viene de que no se les deje iniciativa o campos de acción, sino de que se los evalúe y se los “responsabilice” individualmente por cada una de sus decisiones. El concepto de “privatización” del individuo, tal como lo entiende Castoriadis, si se lo aplica al dominio del trabajo, no está muy alejado de nuestro análisis, incluso si es demasiado general.


Otro de los puntos en los que creo que coinciden con Castoriadis (al menos en Común) es la insistencia en plantear la cuestión de la institución global de la sociedad (ya no sólo las “contraconductas”, etc.). Pero, ¿cómo hacerlo de modo que esa perspectiva globalizante no acabe pesando sobre las luchas concretas? Pienso por ejemplo que Castoriadis tendió a considerar esta cuestión casi como una especie de deber-ser y a condenar desde ahí a los movimientos (por ejemplo, ecologistas, pacifistas o antimilitaristas) que a su juicio se “desentendían” del problema global de la institución de la sociedad (cegándose así a sus aportaciones desde una crítica exterior y trascendente). Entonces, ¿cómo ir más allá de las luchas específicas sin recaer en los enfoques que consideran que, fuera de las estrategias totalizantes y abstractas, sólo hay “fragmentación” y “dispersión”?


Es una cuestión de estrategia. En ciertos aspectos, incluso si rápidamente se desmarcó de la idea leninista del partido, Castoriadis permaneció marcado por una concepción vanguardista de la política que nosotros mismos compartimos cuando éramos jóvenes militantes trotskistas. De ahí la tentación de adoptar una forma de crítica exterior respecto de todos los movimientos que no inscribían explícitamente sus combates en la perspectiva de la auto-institución de la sociedad.


Nos parece que hoy tenemos necesidad de una crítica muy detallada de la forma del partido en cuanto tal. Esta forma nació en condiciones históricas muy particulares, aquellas de la constitución del Estado Nación en siglo XIX. La competencia electoral entre los partidos para el ejercicio del poder no adquiere sentido más que al interior de este cuadro. Los partidos son, pues, desde este punto de vista, instituciones oligárquicas y un instrumento muy eficaz de la profesionalización de la política. Por tanto, no se puede esperar de ellos que ayuden a la coordinación de movimientos de inspiración a menudo muy diferente.


El problema es que hay que remediar la fragmentación y la dispersión sin centralizar, sin subordinar la diversidad de las experiencias a un único punto de vista de “estado mayor” que supuestamente las unificaría a partir de un saber pretendidamente superior. Nos hace falta, entonces, reflexionar sobre las “coaliciones democráticas” capaces de combinar la acción política a diferentes escalas y la institución de los comunes, bases concretas de la alternativa, dándole al término “coalición” el sentido que podía tener en el siglo XIX. Tales coaliciones podrían juntar en su seno fuerzas políticas, pero también sindicatos, asociaciones ecologistas, científicas y culturales comprometidos en una misma lucha sobre una plataforma común, tanto a escala local como nacional o internacional.


Por último, otro punto de coincidencia sobre el que me gustaría pedirles opinión es la insistencia de Castoriadis en mantener una “perspectiva revolucionaria”. Quizá era el único intelectual público en Francia en los años 80 y 90 que se afirmaba como “revolucionario”. Para ustedes, según explican en la última parte de Común, hoy es fundamental “reabrir la cuestión revolucionaria”. Volver a hablar de revolución. Pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Qué le debe esa reflexión suya a las consideraciones sobre la perspectiva y el hecho revolucionario de Cornelius Castoriadis?


La cuestión de la revolución es central. Sí, Castoriadis fue uno de los pocos intelectuales en no ceder sobre este punto. Y nosotros le rendimos homenaje por eso mismo. Pero entendámonos bien. Él tiene derecho a mantenerse firme sobre este punto porque no tiene ningún pesar, ningún remordimiento, ningún arrepentimiento. Él no tuvo ninguna indulgencia con el comunismo de Estado. La revolución, para él, es inseparable del proyecto democrático moderno. Renunciar a la revolución es renunciar a la democracia como dinámica histórica. Es aceptar todos los retrocesos inflingidos por el capitalismo, los fundamentalismos religiosos, las diversas formas de autoritarismo y de neofascismo. He aquí sin duda el mensaje político más importante de Castoriadis.


Queda por saber qué se entiende por revolución y qué lecciones sacar de los regímenes degenerados y corruptos en los cuales desembocó. La revolución de la que habla Castoriadis es la reinstitución de la sociedad por sí misma. Es, pues, el acto democrático por excelencia. La revolución es traicionada desde el momento en que un partido, los expertos o los poderes económicos sustituyen la capacidad política de la sociedad, la praxis instituyente de sus miembros. Por lo tanto, la cuestión de la revolución consiste en saber qué instituciones debe y puede darse la sociedad para mantener en su más alto nivel esta capacidad política y esta praxis instituyente. Y la respuesta no puede ser dada más que por el propio movimiento histórico. Mantener abierta la pregunta por la revolución no quiere decir que un día la humanidad encontrará la respuesta. Nadie puede saberlo por adelantado.


Traducción: Daniel Alvaro


Amador Fernández-Savater, editor, investigador independiente y activista de los movimientos sociales madrileños, ha leído, editado y escrito sobre Cornelius Castoriadis y el grupo Socialismo o Barbarie, siendo ambas referencias claves en la formación de su imaginación, pensamiento, sensibilidad y práctica política. La presente entrevista fue publicada por primera vez en la revista argentina Diferencia(s).
Entrevista publicada originalmente en Lobo Suelto

Publicado enPolítica
La OMS gasta más dinero en viajes que en la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) gasta alrededor de 200 millones de dólares (unos 178 millones de euros) en viajes de personal, casi el triple de lo que gasta en la lucha contra algunos de los mayores problemas de salud pública como el VIH, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis, según revelan los documentos internos a los que ha tenido acceso The Associated Press.


El año pasado, la OMS gastó 71 millones de dólares en combatir el VIH y la hepatitis (unos 62,7 millones de euros), 61 en la malaria (54,3 en euros), 59 millones de dólares para frenar la tuberculosis (52,5 millones de euros) y 23 millones (20,4 en euros) para combatir los problemas de salud mental de la población y el abuso de sustancias. La inversión en viajes para 7.000 empleados supera lo gastado en afrontar el VIH, la hepatitis, la malaria y la tuberculosis juntas.


Otros programas reciben fondos extraordinarios, como la lucha contra la polio, para lo que la OMS invierte 450 millones de dólares (400 millones de euros). Según publica AP, el organismo ha pedido dinero para financiar los programas destinados a afrontar las crisis sanitarias en todo el mundo y ha intentado controlar sus gastos en viajes. Sin embargo, a pesar de que estableció nuevas normas, miembros de la organización se han quejado a nivel interno de que hay empleados que las incumplen al reservar vuelos en clase preferente y hoteles de cinco estrellas.


“No confiamos en que la gente haga lo correcto cuando se trata de los viajes”, aseguró Nick Jeffreys, director de finanzas de la OMS, durante un seminario interno sobre cuentas en septiembre de 2015, del que se grabó un vídeo al que ha tenido acceso AP. Los empleados “pueden manipular un poco su viajes. La agencia no puede estar segura de que siempre reserven el billete más barato o de que el desplazamiento fuera siquiera necesario", añadió entonces.


El medio también informa de un comunicado interno enviado a la directora general de la OMS, Margaret Chan y otros miembros de alto nivel con el asunto “ACCIONES PARA CONTENER COSTES DE VIAJE” (en mayúsculas). El comunicado indicaba que el cumplimiento de la norma de que los viajes se reservaran con antelación era “muy bajo” y señaló que los países miembros de la OMS estaban presionando para que recortara sus gastos.


"Los viajes son necesarios", señaló el mensaje, pero “como organización debemos demostrar que somos serios a la hora de gestionarlo de forma apropiada”. La OMS ha respondido a AP asegurando que "la naturaleza del trabajo de la OMS a menudo requiere que el personal viaje y que el gasto se ha reducido un 14% respecto al año anterior, aunque el total de ese año fue excepcionalmente alto debido al brote de ébola de 2015 en África Occidental


Sin embargo, los empleados ignoran las reglas, según un análisis interno de marzo al que ha tenido acceso el medio y que revela que solo dos de los siete departamentos de la sede de Ginebra cumplieron los objetivos, y concluía que la tasa de cumplimiento de la norma de reservar los viajes con antelación era de entre el 28% y el 59%.

Publicado enSociedad
Viernes, 28 Abril 2017 15:27

Medellín en su laberinto: la seguridad

Medellín en su laberinto: la seguridad

Algunos gobernantes contemporáneos, hacen de la exposición pública el mecanismo por excelencia de su gestión. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, es uno de los mejores exponentes de este gobierno en tiempo real.

 

A inicios de marzo el Nuncio papal en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, confirmó que el papa Francisco estará en Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017. Una de las discusiones que surgieron a raíz de esta noticia, fue la relacionada con el jubileo con el que podían salir libres 20 mil presos en los próximos tres años1.

 

El alcalde de Medellín, se pronunció muy a su estilo (aparentemente coloquial) en torno al proyecto: “Hoy ni siquiera se necesita de Jubileo porque igual los están dejando libres a todos2”. El afirmar “los están dejando libres”, traza una línea divisoria entre las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia. De un lado estarían las autoridades que hacen un gran esfuerzo para capturar a los delincuentes y del otro, aquellos que los dejan libres. Cualquier “ciudadano promedio” pudo haber dicho lo mismo, de ahí la conexión del mandatario con el promedio.

 

En esa visión, de un lado estarían entonces el Alcalde y la Policía, quienes a mediados de enero de 2017 le anunciaron a la población que no descansarían hasta atrapar a tres sujetos motorizados que a plena luz del día, y en una vía céntrica de la ciudad, le hurtaron las pertenencias a la conductora de un vehículo y emprendieron la huida. El video del hurto se viralizó, lo mismo que la indignación de la sociedad que desde días atrás había escuchado cómo era cada vez más común esta modalidad.

 

El Alcalde, que desde el inicio de su mandato venía posicionándose como un fuerte enemigo de la delincuencia local, se pronunció de forma poca ortodoxa pero muy propia de su estilo: anunció que él mismo dirigiría el operativo y prometió que no se iría a dormir hasta no capturar a los tres “fleteros”. A las 2 de la mañana, cuando no se había logrado la captura de los sospechosos, el Dr. Gutiérrez se pronunció a lo Rodrigo Duterte en Filipinas: “No vamos a descansar hasta agarrar a esos tres delincuentes, el mensaje a la ciudadanía es que esto no puede volverse algo normal en la ciudad3”. Pese a que durante el año se denuncian aproximadamente 10 mil delitos similares o más graves, el Alcalde encargó a 200 policías de resolver este caso. Las pesquisas fueron exitosas. A primera hora del día siguiente, el trasnochado primer mandatario acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana dio el parte de victoria: “Hemos resuelto un caso importante para la ciudad y así tenemos que actuar en cada uno4”. Sin embargo, a menos de 24 horas de su detención, los presuntos delincuentes salieron en libertad por no tener orden de captura. Toda la cruzada de opinión liderada por el Alcalde para perseguir a los pillos, enfiló baterías contra la “ineficiencia” y el garantismo extremo del sistema judicial que dejaba en libertad unos ladrones después del gran esfuerzo del equipo del burgomaestre. Dos de los supuestos bandidos fueron rápidamente recapturados, el tercero se entregó.

 

La victoria del Alcalde fue clara. Hacia el exterior le mostró a la ciudadanía que era posible ganarle la batalla a la delincuencia si existía liderazgo y voluntad política. Al interior del Estado se proyectó como un funcionario eficiente a diferencia de una rama judicial burocrática y sin sentido de justicia.

 

Antes de este episodio el Dr. Gutiérrez había intervenido, en ocasiones “personalmente”, las zonas de mayor comisión de delitos como homicidios, microtráfico, extorsión y prostitución en las comunas 5 (Castilla), 16 (Belén) y 10 (Centro), lo que le habría granjeado amenazas de las bandas y combos que hacen presencia en buena parte del Valle de Aburrá. El funcionario enfrentó abiertamente (en los medios) a alias “Pedro Pistolas” que, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Fiscalía, era el artífice del plan criminal. En este caso, el burgomaestre también se trenzó en una disputa con funcionarios del ente judicial, a los que acusaba de corruptos y/o cómplices, dado que él solo fue notificado de las amenazas 17 días después que se hicieran públicas.

 

Al igual que en el episodio de los fleteros, el Alcalde surgió como el líder de la cruzada contra una delincuencia que lo amenazaba y frente a la cual los órganos judiciales y de control eran ineficientes, cuando no cómplices.

 

El impacto en la opinión pública de la lucha contra el crimen organizado de la administración Gutiérrez ha sido muy alto si se tiene en cuenta que su antecesor, el liberal Aníbal Gaviria, terminó su periodo con una percepción ciudadana de seguridad negativa. En ese gobierno, aunque bajaron los índices de homicidio, “el centro era un tumulto de atracos y en las comunas periféricas no había cuadra sin extorsión, pagaban –aún lo hacen– los tenderos, los buseros, los taxistas, los dueños de carro y moto que tenían que dejar el carro en la calle5”.

 

El actual alcalde ha explotado con éxito esa sensación, trazando una línea divisoria entre los que como él ‘están en guerra contra la delincuencia organizada’ y aquellos funcionarios que están en contubernio con los pillos o son demasiado legalistas para mantenerlos detenidos. Él mismo se ha posicionado como víctima de este concierto criminal y/o de la ineficacia judicial.

 

Eso ha llevado a que su índice de popularidad crezca vertiginosamente hasta llegar a ser el más alto del país de acuerdo con Gallup. Si para junio de 2016 tenía el 79 por ciento de aprobación, para septiembre del mismo año llegó al 83, siendo el segundo alcalde más popular de Colombia. Para marzo de 2017 alcanzó el 88 por ciento de aprobación apareciendo como “el mejor alcalde del país6”.

 

Pese a los altos índices de aprobación de la gestión por parte de la ciudadanía, los homicidios en el primer año de gobierno del alcalde Gutiérrez aumentaron un 7.7 por ciento, lo que rompe una tendencia de más de 6 años de rebajas consecutivas en los asesinatos en una ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo en la década de 1990. ¿Asunto de percepción?

 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
1 El gobierno en cabeza del ministro de justicia, radicó un proyecto de ley que “establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la República de Colombia, por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017” (El Espectador. Redacción política, 2017)
2 El Colombiano. (20 de Marzo de 2017). Cita Textual. El Colombiano, pág. 22.
3 El Espectador. Redacción política. (17 de Marzo de 2017). ¿Qué proponen los tres proyectos de jubileo que serán presentados en el Congreso? Obtenido de El Espectador.com: http://www.elespectador.com/noticias/politica/que-proponen-los-tres-proyectos-de-jubileo-que-seran-presentados-en-el-congreso-articulo-685045
4 Revista Semana. (Enero de 2017). Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/multimedia/federico-gutierrez-ayudo-a-capturar-a-tres-atracadores/512255
5 Semana. Nación. (02 de 01 de 2017). En 2017 los indicadores en seguridad mejorarán”: Federico Gutiérrez. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/federico-gutierrez-da-pronostico-del-2017/511278
6 Telemedellín. (2 de Marzo de 2017). Según encuesta, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia son los mejores mandatarios del país. Obtenido de Telemedellín.com: http://telemedellin.tv/alcalde-medellin-gobernador-antioquia-mejores-mandatarios-pais/168273/

Publicado enEdición Nº234
Partidos políticos, democracia y transparencia

 

La relación entre partidos políticos y democracia parece unívoca. La existencia de muchos se entiende como síntoma de buen funcionamiento democrático. Desde su axioma se extrae la siguiente premisa. La democracia es un juego entre partidos, su objetivo, disputar cargos públicos para gestionar fondos y controlar las decisiones que orientan el proceso económico-social al interior del capitalismo. Esta definición minimalista del papel de los partidos políticos y la democracia, como procedimiento electoral para elegir gestores, ha ganado terreno frente a la concepción de los partidos políticos como constructores de alternativas y defensores de la democracia, en tanto práctica plural de control y ejercicio social del poder, desde los principios del bien común, la dignidad y ética.


No todos los partidos son democráticos. El político como servidor del Estado, al margen de valores éticos, ideologías y principios, se ha extendido. Una nueva generación reclama el traspaso de poderes y se proyecta como la élite política del recambio y la regeneración. Se definen como jóvenes dotados de cualidades hasta ahora desconocidas. Se consideran elegidos dado sus conocimientos ¿aristócratas del saber? Currículum brillante, doctorados en universidades privadas, políglotas, emprendedores, expertos en redes sociales y el mundo digital. Se autodenominan la generación de los mejor formados de la historia. El poder les pertenece, se trasforman en adalides de la lucha contra la corrupción y practican la política de la transparencia. La reclaman para desnudar las prácticas de los considerados políticos de la guerra fría.

 


Chul-Han, uno de los filósofos más creativos de este siglo, apunta en su ensayo, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, cual es el significado de reclamar transparencia en el mundo actual: La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es la reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. La participación tiene lugar en forma de reclamación y queja. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores.


La sociedad de la transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten como ideologías, sino como opiniones exentas de ideología, carentes de consecuencias. Por eso se puede cambiar de opinión sin problemas. Un día digo, digo, al día siguiente digo Diego, y al tercero, ni digo, ni Diego, sino Pedro.


Desde la democracia digital de consumo por Twitter y Facebook se habla de generaciones amortizadas y desechables. Bajo este contexto surgen partidos políticos que huyen de cualquier vínculo con las derechas o las izquierdas. Sus nombres son ambiguos y gelatinosos. Suelen referenciar actitudes alusivas al esfuerzo individual, suma de voluntades. Hay que ser positivos. En la mayoría de los casos son partidos atrápalo todo. En España, Ciudadanos, Podemos, Unión Progreso y Democracia. La experiencia se reproduce en la mayoría de países. Tienen un punto de unión: su obsesión por la transparencia.


Sin embargo, la transparencia sólo es posible en un espacio despolitizado. Por ello son la cara amable del neoliberalismo de segunda generación, sustituyen a los partidos socialdemócratas y de centroderecha. Nada que ver con la coalición griega de izquierda radical, cuyas siglas son Syriza. Nuevamente, Byung Chul Han, en su obra La sociedad de la transparencia, apunta acerca de su significado en el neoliberalismo: Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allana, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculos, dirección y control. (...) Las cosas se vuelven transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. (...) La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario.


Así, la trasparencia de la cual hacen gala, nada dice de la democracia. En su reivindicación no reclaman hacer transparente cómo, quiénes y cuántos participan en el proceso de toma de decisiones, la construcción de la agenda y la designación de cargos. Sólo reclaman la transparencia del dinero. ¿Cuánto gana un político?, ¿cuál es su estado de cuenta bancario?, ¿qué propiedades posee?, ¿dónde vacaciona?, ¿qué compra? Sin duda ello es necesario, pero insuficiente y nada significativo. La transparencia del dinero no hace la democracia ni genera una sociedad más libre y participativa, simplemente explota lo visible hasta convertir la transparencia del capital en una realidad obscena. Su posible éxito puede minar el futuro de un proyecto democrático real, afincado en la participación, la mediación, el diálogo, la negociación y la representación. Negando el conflicto desaparecen las contradicciones. Démosle la bienvenida

Publicado enPolítica
Segundo gobierno de Santos muestra síntomas de debilitamiento político.

La codicia burocrática, fiscal y clientelar del segundo gobierno de Santos está erosionando su legitimidad y debilitando su capacidad política, con serias repercusiones en el proceso de paz y en la Mesa de conversaciones con las Farc en La Habana.


Ya han transcurrido varias semana del segundo gobierno del señor Juan Manuel Santos, se conocen los nombres de sus ministros y los núcleos de sentido de su gestión estratégica, reflejado en la reorganización administrativa de la Presidencia con la creación de varios super ministros mediante los decretos 1649 y 1647. La Vice presidencia de la República, en cabeza de Germán Vargas Lleras, ha sido convertida en una mega gerencia encargada de la gestión de gigantescas inversiones en las dobles calzadas de cuarta generación/4G y en otras obras de infraestructura urbana, que alcanzaran una cifra cercana a los 150 billones de pesos en los siguientes 46 meses.


Destaca en estos peldaños iniciales la ausencia de la Izquierda democrática en el gobierno, no obstante su apoyo decisivo a la reelección, frente a las amenazas del regreso de la ultraderecha fascista en la persona de Oscar Iván Zuluaga, para destruir el proceso de paz que se adelanta en La Habana.


La inclusión de la Izquierda en los altos cargos del gobierno, independientemente de los nombres o apellidos, es un elemento esencial en la nueva etapa política, como garantia de los diálogos de Estado con los delegados de la resistencia campesina revolucionaria. Su ausencia, desde otro ángulo, genera riesgos muy graves para los desarrollos de los acuerdos orientados a la superación del conflicto armado colombiano. Santos, como prueba de su naturaleza clientelar y oportunista, ni corto ni perezoso, se comio toda la torta con sus amigos de la coalición burguesa oficialista, sin que le importara el daño hecho a la esperanza de paz de millones de colombianos. Muy grave.


El ingreso de la Izquierda en el gabinete es el reflejo de un nueva concepcion en la misma, pues su función, en esta etapa, no es la de la oposición a la manera liberal, como lo hace la facción ultraderechista de la parapolítica, cuyo propósito fundamental es destruir la Mesa de paz de La Habana.


La Izquierda debe pasar de la Oposición a la disputa política. Otra manera de abordar los problemas de hoy. Se trata de la disputa en los escenarios del Estado o del Estado como escenario de disputa, contra las camarillas oligárquicas. Se trata de la disputa por las rentas, y en el caso concreto de hoy, de la lucha por el reparto de la renta minero energética. Es una riqueza que inicialmente tiene un monto anual cercano a los 40 billones de pesos, originada en las participaciones, impuestos, dividendos y regalias petrolero/mineras que ingresan cada año a las arcas del gobierno que son manipuladas, desviadas y despojadas por las capas oligárquicas que manejan a Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos/ANH, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, las gobernaciones y las alcaldías a través de los Ocad.


La renta petrolera y minera, base de la Colombia del siglo XXI, no puede ser la fuente de conformación de nuevos núcleos de burguesía parasita inclinada al despotismo y exclusión. Por el contrario ella debe servir para darle soporte a la paz con justicia social.


Son los argumentos que permiten sugerir las implicaciones regresivas que ofrece esta primera etapa del segundo gobierno del señor Santos. Su debilidad es evidente. Se requiere abrir el debate para obrar en consecuencia. La política cambia y es preciso advertirlo oportunamente para reaccionar a tiempo. El movimiento popular y la izquierda social deben actuar con iniciativa para impedir que quien pase a la ofensiva sean las tendencias fascistas de la parapolítica uribista. Con todo los peligros que esto conlleva.

Publicado enColombia
Página 1 de 3