Miércoles, 24 Octubre 2018 16:42

Prisión Fantasía

Prisión Fantasía

A pesar de algunos relatos forzados, innecesarios y ‘alargados’ (en el sentido garciamarquiano), The Orange Is The New Black, en su sexta temporada, logra mantener atento al espectador gracias a sus historias dramáticas e irónicas, a sus personajes dotados de gran vitalidad y a su perfecta habilidad de dar “golpes” inesperados (en el sentido cortaciano) hasta dejarnos noqueados.

 

Quien resiste los engorrosos primeros capítulos, como quien cruza por el desierto, encontrará al final la Tierra Prometida, una que, sin duda, mana leche y miel. Sin convertirse en un documento panfletario, la serie denuncia el racismo estructural y las siniestras y deshumanizadas implicaciones de haber privatizado el sistema penitenciario en Estados Unidos. Muestra, al interior de las cárceles, la conflictiva vida cotidiana y sus dinámicas de poder y supervivencia y nos adentra al mundo íntimo, complejo e imposible de juzgar de sus fascinantes personajes.

 

Un juicio con muchos problemas

 

Luego del indignante asesinato de Poussey Washington (Samira Wiley), quien fue asfixiada por un joven guardia sin el perfil para tratar con las reclusas, y el posterior motín desatado por este hecho, reprimido por la fuerza policial antidisturbios, la trama pasa a las sentencias de las reclusas no sólo por haber liderado el motín sino por la muerte del oficial Desmond Piscatella (Brad William Henke), un hombre que, momentos antes de ser asesinado, había secuestrado y torturado a las reclusas. Aquí es donde los guionistas se suben las mangas y comienzan a lanzarles críticas a la justicia penitenciaria.

 

En una escena reveladora se muestra una pared con la palabra “murder” (asesinato) a la izquierda, a la derecha, Riot Leaders. Debajo: las fotos de Dayana Días, Cindy Hayes, Frieda, Mendoza, Flores, Nichols, María Ruiz, Pipper, Roja y Tacha. Tres oficiales tienen la difícil tarea de investigar quiénes fueron las líderes del motín y quiénes están implicadas en el asesinato. Más difícil aun cuando el Gobernador les reduce el tiempo para concluir la investigación dado que están sufriendo una crisis en “relaciones públicas”.

 

Las familias de los policías muertos quieren acusadas y la agencia de Priones necesita a cinco por cargos graves. Sin embargo, el oficial encargado tiene una solución. “Hoy acabaremos con la declaración de Dayanara Días, y de este grupo sacaremos una cadena perpetua por asesinato, y tres condenas de diez años mínimo para las líderes”. Pero aún así es mucho esfuerzo; “hagamos esto más fácil” dice y toma la foto de Tacha –mujer negra y defensora de los derechos de las reclusas– y la pega en cadena perpetua; una oficial le dice que ninguna reclusa acusa a Tacha, pero el encargado la calla diciéndole que no importa, “es la cara que la gente vio en los videos”. Pero para que no se note la injusticia y la arbitrariedad, concluye: “elijamos de todos los colores”. 

 

Así, Tacha Jefferson pasa a ser el chivo expiatorio, la cara negra que hace comprensible el asesinato del oficial. Ella lo sabe y da la pelea. Ante el jurado acepta los cargos por el motín, pero niega responsabilidad por el asesinato. No está sola. A su lado está una organización por los derechos de las reclusas negras y, pieza importante de este puzle, Joe Caputo, exalcalde de mínima seguridad en Lichfield, quien representa el papel del que quiere hacer el bien por las reclusas, pero siempre se ve impedido por el sistema corporativo. Caputo, a la vez que investiga por su cuenta quién es el verdadero responsable por la muerte de Piscatella, idea una estrategia para desviar la atención de la opinión pública sobre Tacha, gracias a su pareja Nataly, mujer ambiciosa y ahora nueva alcalde de mínima seguridad. Contacta a las reclusas a las que les han vulnerado sus derechos y les propone que demanden. Es el caso de Sophia Burset, travesti, quien durante seis meses dejó de recibir su tratamiento hormonal. Al mismo tiempo, Tacha ofrece entrevistas a medios que ejercen el periodismo de investigación. Pero comete un error. En su necesidad de denunciar lo que se vive en la cárcel, miente al decir que los oficiales de máxima seguridad la maltratan.

 

Entre tanto, como es de esperar, Gerencia y Correccionales mueve sus hilos para impedir que continúe la crisis de “relaciones públicas”. Su primera estrategia es cambiar de nombre: PolyCon se llamarán ahora. Luego, en otra muestra de originalidad, hacen un documental en el que las reclusas hablan de la buena administración de GC. “A PolyCon no le interesan las personas”, se confunde Suzanne (Uzo Aduba), uno de los personajes más impactantes, quien debía decir “no sólo le importan las personas”. Por último, comprar conciencias. Linda, presidenta de PolyCon y examante de Caputo, le ofrece 300 mil dólares y la salida anticipada a Sophia Burset. En este punto, entre otros, es donde se ve la buena mano de los escritores. Tras aceptar el dinero y la salida, el espectador sensato no puede juzgar a Sophia. ¿Cómo se dejó sobornar? ¿No importa más la lucha por los derechos de las mujeres travesti? “La única responsabilidad que tengo es con mi esposa e hijo. Este dinero podría mantenerlos como yo debí hacerlo todos estos años. Mi hijo irá a la universidad, así no terminará aquí como yo”. No es sólo el interés personal lo que guía su conducta. En eso se basa la imposibilidad de juzgarla. Está pensando no en sí misma sino en su hijo.

 

Nancy y la ley del sobreviviente

 

A quien no le gusta que le revelen los finales puede dejar de leer en este instante. Sin embargo, es necesario decirlo para que se comprenda a cabalidad la magnitud del problema. Tacha Jefferson es declarada culpable. ¿Cometió el asesinato? No. Y eso lo sabía Nancy Hayes (Adrienne C. Mooe), mujer negra de cuerpo grande y conocedora de todos los raperos importantes. Ella era la única que podía salvarla. Nancy, junto con Suzanne, presenciaron cuando la policía antimotines, luego de asesinar por error a Piscatella, puso su cuerpo en la piscina donde estaba el grupo de reclusas, entre ellas Tacha, y hacen parecer que ellas fueron quienes lo asesinaron disparándole un tiro en la frente. ¿Por qué Nancy no dijo nada? “Estuve rodeada de policías despreciables toda mi vida. Sé lo que hacen a personas como yo cuando hablamos”, responde ella.

 

Prisión Fantasía

 

Copelad y Álvarez, dos guardias de la prisión, encuentran tiradas en el piso a dos mujeres. Una, boca arriba, se desangra por la garganta. La otra, bocabajo, tiene clavada en la espalda un cuchillo improvisado. “Son puntos dobles por la asesinada y la asesina”, dice Álvarez, un hombre blanco de padres latinos al que se puede odiar con facilidad. “Ganaste Prisión Fantasía”, continúa. Copelad, mujer de cara roja rellena que disfruta de los libros de autoayuda, se congratula de su victoria ante Álvarez. “En tu cara”, le dice. Esta es la prueba máxima de la deshumanización de los guardias de prisión hacia las reclusas. Para ellos, las mujeres no son personas. “Si comienzas a ver a esos animales así, estás jodida”, le dice uno de los guardias a una colega.

 

“Prisión Fantasía” en un juego inventado por los guardias de máxima prisión. Consiste en seleccionar a reclusas y ganar puntos por lo que ellas hagan. Suman si sus reclusas tienen sexo, se pelean, suicidan o vomitan. Para ganar los puntos debe haber un tercero presenciando el comportamiento. Gana, claro, quien más tenga. Las conductas están clasificadas por un número de puntos: suicidio, 20, fuga, 40, vómito 1, así con todos. Aquí es donde comienza la historia. Para ganar, los guardias son quienes incitan y promueven la violencia entre las mujeres. En un momento, desesperada por el ambiente pacífico entre las reclusas, Copelad le dice a Chapman que le devolverá la parte del diente roto que encontró en el pasillo si ella le pegaba a María Ruiz.

 

El juego macabro no es sólo una forma de diversión producto de la deshumanización, es ante todo de carácter político. Hastiada del juego, McCullough (Emily Tarver), una guardia blanca que padece estrés post traumático por el motín, confronta a Hopper, el jefe de los guardias, y le dice que no tiene sentido el juego, que es horrible. Hopper le pregunta desafiante: “¿alguna vez oíste de un motín en máxima seguridad? ¿qué hayan atacado a un guardia? ¿recuerdas un incidente grande? Por eso hacemos Prisión Fantasía, para que se golpeen entre ellas. Porque cuando hacen eso, no nos miran a nosotros”. El que se peleen entre ellas no sólo evita que pongan el foco en los guardias y las injusticias y abusos que cometen. Evita, ante todo, que miren a Gerencia y Correccionales, que se organicen y peleen juntas por sus derechos en contra de la compañía que ahora busca meter a cuatro prisioneras en una celda hecha para una persona o dejar que la prisión sea sólo para penas largas, con ello el nivel de rentabilidad económica es más alto. Así, Prisión Fantasía es una metáfora de esos juegos, discursos, que el poder diseña para que, como ciudadanos, trabajadores, desempleados, no cuestionemos al poder.

 

Las hermanas y la guerra entre bloques

 

De forma magistral, la serie se esfuerza en resaltar una y otra vez las estrategias del poder para perpetuarse. En este caso, la estrategia que utilizan las hermanas Denning le es muy familiar al espectador colombiano. Bárbara y Carol, las hermanas, llegaron a la cárcel por asesinar a su hermana menor, de quien sentían envidia por concentrar la atención de sus padres. Unidas en la muerte, separadas en la vida, las hermanas entran en conflicto el primer día que pasan en prisión. La causa: los créditos por una historia graciosa que cada una acredita como suya. Sí, por eso. Como el conflicto se hizo tan violento, separaron a cada hermana en un bloque distinto. Carol, bloque C, Bárbara, bloque B. El bloque E está asignado para la tercera edad y las travestis, por eso se considera una región neutral. Así se conformó la guerra entre el bloque C y el D. Cada una de las hermanas buscaban conformar un ejército de reclusas en contra del bloque enemigo. Para convencerlas de unírseles, no bastaba con decirles que una le robó la historia a la otra. Era necesario construir el miedo. Hacerles creer que el bloque contrario quería hacerles daño, que si no hacían algo las iban a lastimar. El discurso funcionó. Las subordinadas se apropiaron de éste y lo vivieron como propio. Además, aspecto fundamental, su poder también se basó en el control del comercio de drogas, productos de todo tipo y los trabajos legales de la cárcel, claro, siempre aliadas con los guardias.

 

En un momento en el que el nivel de tensión llega a su clímax, Bárbara acusaba a Carol de intentarla asesinar con veneno y Carol de que su hermana le quitara los trabajos buenos, cada una se prepara para la guerra. Reclutan soldadas y construyen armas. Aprovecharía el día en que volverían a jugar KIckball, un deporte legendario en la prisión, para ejecutar el ataque. Era necesario, había que vengarse. El día llegó. Los equipos estaban conformados y ya sabían en qué momento se atacarían. Sin embargo, al salir al campo, las dos hermanas se esconden juntas en el cuarto de aseo. Confiesan su verdadero plan: hacer que las mujeres se maten entre sí para así poder ellas infiltrase en el bloque E para matar a Frieda, quien les hizo aumentar décadas a su condena.

 

¿Resulta familiar? Debería. Fernando Guillén Martínez, en El poder político en Colombia, expone cómo líderes liberales y conservadores pasaban de uno a otro bando, dependiendo de la posición de poder que ocuparan. Así, si un líder hacendado conservador quedaba derrotado por otro conservador hacendado, se pasaba a las líneas liberales y desde ahí movilizaba al pueblo para ir en contra de los sotaneros rezanderos. Con la misma lógica, en la actualidad, uribistas insultan a santistas creyendo que sus líderes son radicalmente diferentes.

 

El final de la serie es uno de los más bellos que puedan existir. Profundamente simbólico y con una clara intencionalidad política. Traicionadas por sus soldadas, quienes decidieron dirimir sus diferencias con el Kickball, en el cuarto de baño las hermanas se atacan luego de volver a discutir por los créditos de la anécdota. La una le abre el cuello a la otra al tiempo que recibe una puñalada en la espalda. El poder se acaba así mismo. Y la anécdota en realidad le sucedió a un tercero, a una compañera de trabajo. No hace falta describirla. La misma serie nos muestra la banalidad de las razones del conflicto.

Publicado enEdición Nº251
Manifestantes alzan las fotografías de sus familiares palestinos presos en Israel.

 

 

El 17 de abril de 2017 más de mil 500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre para mejorar sus condiciones dentro de las cárceles israelíes. Sus reivindicaciones incluyen el acceso a la educación, la atención médica adecuada y el fin de la práctica del aislamiento. Hacen huelga para que la vida de sus familias sea más fácil; también para que se garantice el derecho a las visitas regulares y para que los funcionarios de prisiones traten a las familias respetuosamente. Y están en huelga para protestar contra una de las políticas israelíes más obviamente injustas: la detención administrativa, o el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio.

Israel mantiene encarcelados a seis mil 300 prisioneros políticos palestinos, 300 de los cuales son menores de edad. Quinientos están bajo detención administrativa; 458 han sido sentenciados a cadena perpetua; 61 son mujeres; 13 son miembros del Consejo Legislativo Palestino (CLP); 70 son ciudadanos de Israel; 24 periodistas y un payaso de circo. Al menos 400 palestinos han sido detenidos en los últimos años por publicar en redes sociales posts considerados por los funcionarios israelíes como incitación a la violencia. Asimismo, se ha sabido que la policía israelí ha detenido a otras 400 personas que no habían cometido ningún delito ni escrito nada que la policía considerara amenazante. No obstante, se las detuvieron en base a un algoritmo que pretende predecir quién cometerá un crimen.

Una huelga de hambre es una experiencia desgarradora para quienes la llevan a cabo. Después de dos semanas, los cuerpos de los huelguistas comienzan a degradar su musculación para sobrevivir. Sienten frío, pierden la capacidad de mantenerse en pie, luego la de oír y en muchos casos la de ver. Además, los palestinos hacen huelga de hambre en cárceles administradas por un Estado que no solo los considera enemigos sino también “terroristas”. Los funcionarios penitenciarios han castigado a los huelguistas trasladándolos de cárcel en cárcel y confinando a muchos de ellos en celdas de aislamiento. Mientras tanto, un grupo de jóvenes israelíes organizaba una barbacoa en el exterior de una prisión en Cisjordania.

Al mismo tiempo, en el exterior continúa la batalla para deslegitimar a los presos palestinos. El 1 de mayo, el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, utilizó los términos “terrorismo” o “terrorista” no menos de 18 veces en un artículo de menos de 900 palabras publicado en The New York Times.

Los palestinos tienen claro que las cárceles israelíes son un elemento histórico dentro de un sistema de opresión. También en The New York Times, el preso y miembro del CLP Marwan Barguti, subrayaba el carácter colonial de las cárceles israelíes, y cómo las políticas de detención de Israel violan el derecho internacional. La ex prisionera y actual miembro del CLP, Jalida Jarrar, afirmaba en The Washington Post el derecho de los palestinos a resistir una ocupación ilegal.

 

El sumud o la firmeza colectiva

 

La resistencia es transformadora. La antropóloga Lena Meari escribe sobre la práctica de la firmeza o el sumud por parte de los presos palestinos. Ser firme da a los individuos la fuerza para soportar los interrogatorios israelíes; conecta a los menores encarcelados con sus padres en el exterior; refuerza el sentimiento de colectividad entre los presos de manera que la delación no sea una opción en los interrogatorios. Meari scribe, “Sumud... es un proceso creativo infinito, una cadena de ecos que refleja y crea la victoria... Al practicar el sumud el preso siente en su piel a todos los demás”.

Hasta tal punto es así que los presos dejan de comer en nombre del derecho a las visitas de los padres y madres, mientras que los padres en el exterior de la cárcel, alzan las fotografías de sus hijos presos en concentraciones que les traen desde sus pueblos y ciudades. Aunque estén libres de prisión, los padres y madres atraviesan las capas de violencia y ruinas que 50 años de ocupación militar israelí han dejado en el camino.

De hecho, la huelga moviliza a las familias y a las comunidades para reafirmar que lo dejan todo para que la calidad de vida de sus presos mejore. El 27 de abril una huelga general en Cisjordania cerró tiendas, bancos, fábricas, instituciones gubernamentales y universidades –todo menos las escuelas secundarias, los servicios médicos de urgencia y los hospitales. Se han instalado carpas de solidaridad en la mayoría de las ciudades. Comités populares han organizado manifestaciones y preparado exposiciones públicas de arte. La huelga es también un momento para movilizar el boicot local de los productos israelíes. Como dice la ex prisionera Ahlam al Wahsh, “vamos al muro de separación cada día y lanzamos al otro lado mercancías israelíes para enviar un mensaje a los ocupantes de que no son bienvenidos aquí. Nos esforzamos para que sus productos no estén en nuestras ciudades”. Su vida está marcada por su encarcelamiento de adolescente a finales de los 70: “Cuando salí de la cárcel no dejé una prisión israelí sino una escuela palestina donde me formé como la persona que soy ahora”.

Es doloroso saber que los seres queridos están en huelga de hambre. Isra ‘Abu Srur, sobrina de un huelguista, Naser Abu Srur, encarcelado durante un cuarto de siglo, dice: “ha sido especialmente difícil para mi abuela. Se pasa todo el día en la carpa solidaria. Vamos todos a las manifestaciones. Es lo menos que podemos hacer”. Y añade: “Esperemos que sus reivindicaciones sean satisfechas porque se trata de simples demandas humanitarias”.

La organización israelí de derechos humanos B’tselem coincide con esta evaluación. De hecho, como lo explica el ex prisionero Jaled al Azraq, casi todas las reivindicaciones son en realidad peticiones para que se restablezcan los derechos que los detenidos habían obtenido mediante huelgas anteriores, pero que se han eliminando a lo largo de los años. El propio al Azraq participó en huelgas de hambre en 1987, 1994, 1998, 2000 y 2004.

Al Azraq añade que la huelga está diseñada para movilizar la calle palestina y reavivar la estima por el movimiento de los encarcelados. “La huelga está organizada bajo el lema Una huelga por la dignidad y la libertad”, explica. “No hay libertad para los presos, pero tienen intacta su dignidad. Somos nosotros, los que estamos fuera, los que tenemos que restaurar nuestra propia libertad y dignidad”. Al Wahsh y al Azraq también pasan sus días en la carpa de solidaridad. “Lo que intento es estar con las madres para infundirles ánimo y levantar su espíritu”.

 

Huelga en las cárceles de EEUU

 

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En Estados Unidos también hubo huelgas en las prisiones, en este caso para eliminar el trabajo esclavo. Foto: AP.

 

Apenas unos meses antes de que los prisioneros palestinos comenzaran a negarse a comer, se produjo otra huelga de presos en otro continente que denunciaba una historia de desposesión racista. El 9 de septiembre de 2016, en el 45 aniversario de la creación de la prisión de Attica de Nueva York, 24 mil presos de 20 prisiones de al menos 12 estados, incluyendo Alabama, Mississippi, Texas, Oregon y Georgia, se declararon en huelga para protestar por las condiciones laborales en el interior de las prisiones en EEUU. Como declararon los organizadores, “con una sola voz que surge de las celdas de aislamiento y que resuena en cada celda y en cada bloque de Virginia a Oregon, nosotros, los prisioneros de Estados Unidos juramos que acabaremos finalmente con la esclavitud en 2016”. La Enmienda Trece de la Constitución estadounidense con la que en otro tiempo se puso fin a la esclavitud contiene una excepción para el trabajo penitenciario .

 
Toda cárcel es política

 

Para quienes tengan dudas de que toda prisión es política vale la pena comparar las tasas de encarcelamiento de hombres negros en EEUU con las tasas de encarcelamiento de palestinos. Según la NAACP, uno de cada seis hombres afroamericanos ha sido encarcelado. Según el grupo palestino de derechos humanos Adamir, aproximadamente uno de cada cinco palestinos de los territorios ocupados ha sido encarcelado desde que comenzó la ocupación israelí de 1967.

En ambos casos el sistema de justicia queda gravemente comprometido aunque sea de manera diferente. Para los palestinos, las tasas de condena superan el 99% . En EEUU, el 97% de las acusaciones criminales que no son rechazadas se resuelven a través de acuerdos por el que el acusado admite ser culpable para reducir su sentencia en lugar de mediante juicios. Este hecho es preocupante porque aunque sean inocentes, hay muchas personas que tiene múltiples razones para declararse culpables antes que arriesgarse a un juicio.

En EEUU la prisión socava la democracia cuando aproximadamente uno de cada 13 afroamericanos en edad de votar no lo puede hacer debido a las leyes de privación de derecho al sufragio de los criminales. En tres estados, Florida, Virginia y Kentucky, más de uno de cada cinco afroamericanos está privado de sus derechos. Por supuesto, a todos los palestinos que viven bajo ocupación militar en Cisjordania y la Franja de Gaza se les niega el derecho a participar en las elecciones israelíes a pesar de que Israel ha mantenido la ocupación durante medio siglo.

El sistema carcelario alimenta un racismo que mata. En EEUU, la pena de muerte se ejecuta de manera desproporcionada contra personas de color . En la última semana de abril, las autoridades de Arkansas programaron un terrible desfile de ejecuciones –cuatro personas fueron ejecutadas– para evitar que vencieran las fechas de caducidad de los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Este racismo alimenta la brutalidad policial. El 29 de abril, un oficial de policía disparó en la cabeza a un muchacho negro de 15 años , Jordan Edwards, mientras conducía un automóvil después de una fiesta en un barrio de Dallas. A principios de la primavera, un joven palestino, Mohammed Aamar Jalad, murió solo en una celda de un cuarto de hospital , tres meses después de que soldados israelíes le disparasen y lo detuvieran cuando cruzaba la calle de manera aparentemente sospechosa cuando se dirigía hacia su última sesión de quimioterapia. Los funcionarios del ejército israelí ni se molestaron en informar a su familia sobre su situación, ni siquiera cuando murió.

Las cárceles israelíes y estadounidenses son distintas entre sí. Pero cuando las comparamos podemos reconocer que la prisión como herramienta no sólo amenaza la vida de quienes viven en la cárcel sino que permite asimismo segregar de forma racista y mortal a una parte de la población del resto. Cuando nos posicionamos contra las cárceles lo hacemos por la dignidad de la gente negra y morena, de los desposeídos. Como dice Ahlam al Wahsh, hablando de la actual huelga de hambre palestina, “tenemos que ganar, porque la batalla de los presos y presas es la batalla de los palestinos”.

 

(Traducción de Loles Oliván Hijós para Rebelión/ Original en Merip)

 

 

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El ‘honorable’ Congreso evita una “invasión delincuencial de la sociedad”.

Un nuevo plazo a la aceleración del proceso de judicialización en Colombia se presentó con el proyecto de Ley 161 de 2016 aprobado el lunes 23 de mayo por las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes. Esta nueva Ley prolonga las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles en Colombia que en su mayoría no cuentan con servicios de agua y alcantarillado, ni tienen servicios médicos, cárceles con una tasa de hacinamiento del 56.1 por ciento, el 88 por ciento de las instalaciones inadecuadas, 48.839 prisioneros por encima de la capacidad y establecimientos penitenciarios como Riohacha y Valledupar con tasas de hacinamiento respectivas del 479 y 431.6 por ciento. Crece la problemática y la indiferencia gubernamental.

 

 

¡Presos a la calle! ¡Pánico!

 

Una eventual excarcelación masiva de presos puso a temblar al Gobierno y a gran parte de la “gente de bien” del país, proliferó la preocupación y el pánico ante la cataclísmica posibilidad que fueran liberados de todos los establecimientos penitenciarios del país cientos de sindicados. Su desespero se hizo evidente en la especulación sobre las cifras que medios de comunicación inflaron (“20.000 presos peligrosos” , “al menos 30.000 sindicados” , “40.000 reclusos” ) para implorar al “Honorable” Congreso de la República que legislara evitando este odioso exabrupto del sistema penal colombiano. ¿Cómo podía ser posible esto?

 

La Sentencia C-390 del 26 de junio del 2014 proferida por la Corte Constitucional conminó al Congreso a legislar para impedir la estadía “ad infinitum” en la cárceles de cientos de ciudadanos colombianos sindicados. La libertad de las personas o el encarcelamiento definitivo dependía hasta entonces de que fuera desarrollada la audiencia de juzgamiento entre los 120 días posteriores a la formulación de la acusación en contra del sindicado en prisión (Ley 906 de 2004. Artículo 317). La Corte declaró la “exequibilidad condicionada” sobre la disposición de la ley 906 que fundamentaba la validez de este proceder con su Sentencia C-390 pero puso un plazo: “Segundo. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente”.

 

El Congreso de la República cumplió con la expedición de la Ley 1760 del 6 de Julio del 2015. Con ella modificó el conteo para la libertad o el encarcelamiento, dejando los 120 días intactos para la audiencia del juzgamiento, pero en esta oportunidad los fijó con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, una de las primeras fases del proceso de judicialización. Todo a pedir de bocas, si esta misma Ley 1760 en su artículo 5° no hubiera aplazado la entrada en vigencia de este cambio hasta el 6 de julio de 2016 con el pretexto de evitar “una situación de inestabilidad a la administración de justicia” y favorecer a los operadores judiciales para que tuvieran el tiempo suficiente de prepararse, porque dicha medida implicaba acelerar de forma notable los procedimientos de investigación y judicialización en todo el país.

 

El 6 de julio del 2016, precisamente, era la fecha que quitaba la tranquilidad a los trasnochados por la inminente salida de presos de las cárceles del país, pues en adelante no habría ningún fundamento jurídico para mantenerlos en prisión. La apretada agenda del Congreso, el fin de la segunda legislatura del cuatrienio (2014 - 2018) el 20 de junio y el inicio de la próxima hasta el 20 de julio del presente año (14 días por fuera del plazo que se puso el mismo congreso), hizo que las comisiones primera del Senado y Cámara aprobaran a las carreras, el lunes 23 de mayo, la ponencia del proyecto de Ley 161 de 2016 que incluyó los delitos sexuales dentro del grupo de casos susceptibles de prórroga del término máximo de detención, y lo más importante, puso otro nuevo plazo de un año para que entrará en vigencia lo dispuesto por la Corte desde el 2014 y su misma Ley expedida (1760) en el 2015 en lo concerniente a la modificación de los plazos para el vencimiento de términos.

 

En conclusión: la Corte Constitucional ordenó en 2014, el Congreso legisló en 2015 pero pospuso la entrada en vigencia de la Ley hasta julio de 2016, plazo que el mismo Congreso acaba de ampliar hasta julio del 2017 con lo que la anhelada aceleración del proceso de judicialización en Colombia tendrá que esperar al menos un año más si es que el Congreso de la República no decide darle un nuevo plazo a los operadores de justicia. Preguntamos: ¿Durante cuánto tiempo más seguirán postergando la entrada en vigencia de su propia Ley? ¿Seguirán legislando a favor de medidas que violan los derechos mínimos de miles de presos? ¿De qué tamaño tienen que ser las tragedias, las desgracias de las cárceles, para que reaccionen?

 
 
Muchos justifican la medida.

 

La otra cara de esta historia, película de terror con feliz final para la minoría que gobierna, es la de los presidiarios. Aquellos que debieron estar contando las horas con suprema ansiedad para que se venciera el plazo y el Congreso no legislara lo suficientemente rápido, como suele hacerlo en casos menos apremiantes para la “estabilidad” y “orden” de la sociedad. Pero quedaron con los crespos hechos, así no sucedió. Para cientos de prisioneros y sindicados las ignominiosas condiciones a que se encuentran expuestos dentro de la cárcel seguirán indefinidamente prolongadas.

 

Para los sectores del poder, una medida justa y necesaria, por supuesto ¿A quién se le ocurriría defender a estos delincuentes? Máxime cuando en los días anteriores a la promulgación de la Ley proliferaron en los noticieros, diarios, emisoras de radio, páginas webs, redes sociales etcétera. completos inventarios que pretendían exhibir los delitos y la peligrosidad de estos “temibles seres” que era necesario mantener neutralizados tras las rejas de la prisión, así les violen el mismo derecho de la presunción de inocencia –mientras no les demuestren lo contrario–. Un ejemplo es El Tiempo que contabilizó con el objetivo de justificar la medida a 997 detenidos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1.053 por actos sexuales con menor de 14 años, 1.907 por homicidios, 2.694 por porte ilegal de armas, 2.913 por tráfico de estupefacientes, 513 por extorsión y 1.528 por concierto para delinquir, presidiarios que gracias al Congreso permanecerán tras las rejas de la prisión y la sociedad seguirá siendo “protegida” con su encierro.

 

La nueva Ley no soluciona las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las prisiones del país. También se contrapone a las medidas que están siendo tomadas en el contexto de la situación de emergencia carcelaria declarada por el Consejo Directivo del Inpec bajo la égida del Ministerio de Justicia el pasado 5 de mayo. Sin embargo, en consonancia con el Gobierno muchos consideran, allende las consideraciones de violaciones de derechos contempladas por la Corte Constitucional, que ante la imposibilidad de solucionar la situación lo mejor es aplazarla al costo de la destrucción física y subjetiva de los sindicados sometidos a prisión. Al fin de cuentas, delincuentes con muchos pecados que expiar en el seno de nuestro punitivo sistema penal y carcelario.

 

 
¿Por qué sigue vulnerando esta medida los derechos de los presos y sindicados tras las rejas?

 

Presidiarios, delincuentes, sindicados o criminales tras las rejas para desdén de muchos, continúan siendo ciudadanos, cobijados por la Constitución, así como por normativas como el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1998) y la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972). No son sujetos ajenos a los derechos, tampoco a los procedimientos legales para exigir el respeto de estos como ciudadanos de Colombia y de la humanidad. Debe partirse desde estos preceptos.

 

Las prisiones hace mucho tiempo se quedaron sin espacio ¿La solución? Hiper acumular a ciudadanos en condiciones infrahumanas en los mismos establecimientos carcelarios que adolecen de servicios sanitarios básicos como el agua y el alcantarillado, donde proliferan enfermedades típicas de altas condiciones de hacinamiento sin que se esté brindando ningún tipo de tratamiento médico desde que Caprecom, institución encargada de proveer salud a los presos, fue liquidada en octubre del año anterior.

 

Así viven los presos de Colombia, los mismos que el Estado pretende “resocializar” en las prisiones del país condenándolos al hacinamiento, a la enfermedad, a la insalubridad, a revolcarse en su propia mierda. Los mismos ante los cuales realiza otra estupenda demostración de todo su desprecio y poco compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos, porque antes que solucionar una problemática estructural que ha sumido en estas terribles condiciones a las cárceles del país, aplaza la problemática con el espaldarazo de medios de comunicación oficiosos, porque a nadie parece importarle el presente de estos conciudadanos, pues en amplios sectores de nuestra sociedad parece aceptado que el precio que hay que pagar por el delito, es la destrucción física y subjetiva del ser humano.

 

No se trata de sembrar la impunidad, se trata de que se discuta si la mejor manera de combatir el crimen es el encierro, si es que acaso estos ciudadanos merecen semejante trato que vulnera los más elementales derechos y las mínimas condiciones de dignidad de la humanidad. La exigencia del acceso de los ciudadanos a ser protegidos o juzgados por una justicia idónea y eficiente no puede seguir dejándose atrás al precio de la destrucción, para muchos merecida, del ser humano que infringe la Ley.

 

Basta de la indiferencia ante la “Máquina trituradora de seres humanos” con la que se expía el pecado en Colombia, la misma de la que usted, yo o nuestros hijos, podemos ser víctimas.

 

 

 

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Una celda de aislamiento en la prisión de Riker's Island, en Nueva York.

 

Five Omar Mualimm-ak 
 

Five Omar Mualimm-ak estuvo incomunicado durante cinco años y ocho meses. Previamente, le habían diagnosticado trastorno bipolar pero durante todo el tiempo que pasó en la celda de aislamiento no pudo tomar todos los medicamentos y su salud mental se deterioró; alucinaba y oía voces.

 

"Recuerdo que cuando entré en la celda me sentí como si cruzara un puente y llegase a un mundo completamente distinto. Lo primero que pensé es que si me pasaba algo, nadie se enteraría. Si cuando te traen comida no te la comes toda, lo mejor que puedes hacer es tirarla por el inodoro, porque si ven que dejas comida te castigan con una "hogaza"; un trozo de pan con col podrida y que te provoca diarrea. No quieres que te den el pan porque si no te lo comes, te dan más pan como castigo por no haber comido el pan.

 

En una ocasión, una mosca se coló en la celda y empecé a hablar con ella: ¡Hola! ¿Cómo te va? Me pasé todo el día intentando matarla, –era una actividad–, y al final terminamos jugando a pilla pilla. Al final, me cansé de jugar y me tumbé. La mosca se puso en mi hombro y le pregunté: ¿Ya no juegas? Y la atrapé. Luego, ya no quise que se fuera de la celda así que tapé el agujero de la puerta para que no pudiera salir. El resultado fue que los guardas desconfiaron de mí y me hicieron salir de la celda para inspeccionarla, y la mosca se escapó. Me emociono cuando pienso en la mosca de mi celda".

 

 

Dolores Canales

 

Dolores Canales entró en la cárcel a los 18 años y pasó los primeros nueve meses en régimen de aislamiento. Desde su celda solía dirigir a los demás prisioneros; los animaba a vestirse "para la cena" con las sábanas de sus camas y cantaban al unísono. El hijo de Dolores ha pasado los últimos 14 años de su vida en régimen de aislamiento.

 

"Cuando te sacan de tu celda para aislarte lo hacen sin avisarte. Es decir, intentan pillarte por sorpresa. Tienes la sensación de que el mundo se resquebraja bajo tus pies.

 

Tan pronto como entré en la celda de aislamiento me sentí lejos de todos. Es como llegar a un país extraño y no hablar el idioma. Cada vez que sales de la celda para ducharte, te desnudan por completo y también te esposan, y solo entonces te acompañan hasta la ducha; el guarda que te acompaña puede ser un hombre o una mujer.

 

La puerta de la celda tiene una ventanilla de vidrio transparente. Se supone que no debes taparla, pero como no tenía intimidad y los guardas caminan por el corredor, siempre tapé mi ventana. En verano hace tanto calor que tienes la sensación de que tu cabeza va a estallar. Probablemente, pases mucho tiempo tumbado en el suelo, intentando aprovechar el poco aire que se cuela por debajo de la puerta. En invierno, hace un frío glacial.

 

Los prisioneros en régimen de aislamiento participábamos en sesiones de canto. Nos poníamos cerca de la puerta y cantábamos al unísono. Solíamos cantar Respeto ( Respect, de Aretha Franklin) bastante a menudo. Conservo la costumbre de cantar en voz alta. En muchas ocasiones, me arreglaba para la cena a pesar de que sabía que no podría salir de la celda. Decía: 'Vamos chicos, nos vestiremos con nuestras sábanas', y así salíamos de la rutina.

 

Mi hijo ha pasado los últimos 14 años en la cárcel, en régimen de aislamiento. Es lo más duro que me podía pasar porque sé lo que siente".

 

 

 

Steven Czifra

 

Steven Czifra estuvo aislado en una celda cuando era menor. Fue condenado a diez años de cárcel por un crimen que cometió a los 13. A los 30 le dieron la libertad condicional; de los 17 años que pasó en la cárcel, 8 estuvo completamente aislado del resto de reclusos.

 

"De los ocho años que estuve en régimen de aislamiento, solo puedo recordar unos pocos días, porque todos eran igual. El aburrimiento que sientes cuando estás incomunicado es completamente distinto al aburrimiento que puedas sentir en cualquier otra situación. Si te aburres cuando estás en una celda de aislamiento significa que ya has agotado todos tus recursos: ya no sabes cómo combatirlo así que ya no te aburres sino que te desesperas; te desesperas porque sabes que no hay solución.

 

Puedes oír el ruido de las luces y ver el color de las luces; si son amarillas. Pero cuando ya hace cinco años que las ves quieres arrancarte los ojos. Te arrancarías los ojos o las orejas por el ruido de las luces o del ventilador, que nunca se para, nunca.

 

No me percaté del profundo impacto que me había causado esta experiencia hasta que tuve una relación y empecé a convivir con esa persona. No dejaba que mi pareja tocara muchas partes de mi cuerpo, durante cinco años ni siquiera me podía tocar...e incluso ahora no me gusta que me toque, a menudo me encojo cuando me toca. Me encojo, literalmente, cuando me toca. Eso es lo que hay".

 


Johnny Pérez

 

En total, Johnny Pérez pasó tres años en una celda de aislamiento; llegó a pasar 13 meses seguidos en una celda de estas características.

 

"Cuando tenía 21 años me detuvieron tras un atraco. Me condenaron a 15 años de cárcel. Al cabo de pocos meses, empecé a consumir drogas. Me castigaron y pasé 90 días completamente aislado.

 

Cuando estás en régimen de aislamiento, cada informe de mal comportamiento supone que pasarás más días en esas condiciones. Es bastante frecuente el caso de alguien que tenía que pasar un año en una celda de aislamiento y terminó pasando cinco, seis, siete años en esa caja porque fue enlazando castigos por mal comportamiento.

 

La primera vez que entras en la celda, te parece que está demasiado vacía. Probablemente tendrás una ventana pero no te permitirá ver el exterior. Las paredes suelen estar pintadas de un color gris deprimente. Probablemente no te darán material de lectura. Lo único que podrás hacer es pasar muchas horas sentado en silencio, en completo silencio; un silencio tan absoluto que puedes oír los latidos de tu corazón. Es una sensación de estrés continuo que te desborda. Cada segundo que pasas en esa celda, es un ataque a tu alma.

 

A veces, solo quería oír una voz humana, y gritaba, cantaba o "rapeaba", incluso me inventé un amigo imaginario y hablaba con él para distraerme. En alguna ocasión llegué a preguntarme si había perdido la cordura. Perdí la noción del tiempo y ya no sabía qué día de la semana era. Uno de mis peores temores era que si perdía la noción del tiempo también perdía la cuenta de los días que me faltaban por salir de allí.

 

También me aterraba la idea de que decidieran no darme más comida. Estaba paranoico. Si la comida se demoraba diez minutos, automáticamente pensaba lo peor, algo así como: Confirmado, ahora nos van a matar de hambre".

 

Traducción de Emma Reverter

 


 

 

Hay unas 100.000 personas en celdas de aislamiento solo en Estados Unidos

 

El régimen de aislamiento consiste en apartar a personas en celdas cerradas entre 22 y 24 horas al día, prácticamente sin ningún contacto humano, durante periodos de tiempo que van de días a décadas. Pocos sistemas penitenciarios usan ese término; hablan en su lugar de "segregación" carcelaria o ubicación en "alojamiento restrictivo". Como se puede hacer por razones punitivas, disciplinarias o supuestamente protectoras, los nombres varían. Sea cual sea la terminología, la práctica implica una intención deliberada de limitar el contacto social durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado.

 

 

¿Cuántas personas están bajo este régimen?

 

El número de personas en aislamiento en Estados Unidos es muy difícil de determinar. La falta de información fiable se debe a las diferencias entre unos Estados y otros y a las limitaciones en la recopilación de datos y en la idea de qué constituye un régimen de aislamiento. Dicho esto, las estimaciones disponibles en este momento apuntan a que entre 80.000 y 100.000 personas encarceladas están retenidas bajo algún tipo de aislamiento.

 

En 2015, el Programa de Interés Público Arthur Liman, de la Facultad de Derecho de Yale, y la Asociación de Administradores Penales Estatales publicaron un informe que indicaba que entre 80.000 y 100.000 personas estaban en alojamiento restrictivo en las cárceles estatales en 2014. Esa estimación es una extrapolación de datos obtenidos de 34 Estados, que acogen al 73% de todos los reclusos. El estudio encontró a más de 66.000 personas en régimen de aislamiento. Esta cifra no incluye las cárceles locales de corta estancia ni los centros de menores, los militares o los de inmigrantes. La duración de los periodos de aislamiento va de algunos días a varias décadas, pero hay pocos datos precisos.

 


¿A quién se recluye en régimen de aislamiento?

 

Los hombres y mujeres encarcelados pueden ser recluidos en aislamiento completo durante meses o años no solo por actos violentos, sino también por contrabando, por dar positivo en pruebas de drogas, por ignorar órdenes o por blasfemias. Otros han acabado bajo ese régimen por tener enfermedades mentales no tratadas, ser niños con necesidades de "protección", ser gay o transgénero, ser musulmanes, por sus ideas políticas o por haber denunciado violaciones o maltrato por parte de funcionarios de prisiones.

 

Los periodos de aislamiento se basan en acusaciones impuestas, adjudicadas y aplicadas por funcionarios de prisiones con poca o ninguna supervisión exterior. Muchos sistemas penitenciarios tienen un proceso de audiencia, pero a menudo eso es solo simbólico. Los funcionarios hacen de fiscal, juez y jurado al mismo tiempo, y pocas veces se permite que los reclusos tengan representación legal.

 


¿Cómo son las condiciones?

 

La vida en aislamiento supone estar hasta 24 horas al día en una celda. Las personas retenidas bajo ese régimen en las prisiones federales, por ejemplo, suelen pasar dos días a la semana en completo aislamiento y 23 horas diarias en su celda los cinco días restantes, con una hora en el exterior para hacer ejercicio. Esa actividad física la suelen desarrollar solos en una sala de ejercicios o en un espacio vallado. A algunos prisioneros se les escolta esposados a la ducha, mientras que otros tienen duchas en sus celdas. Pueden no permitirles salir de estas para recibir visitas o para hacer llamadas telefónicas.

 

Las celdas de aislamiento suelen medir unos 2x3 metros. Algunas tienen barras, pero es más frecuente que tengan puertas firmes de metal. Las comidas les llegan por ranuras de esas puertas, al igual que cualquier comunicación con el personal de prisión. Dentro de esas celdas, viven en inactividad forzosa, puesto que les niegan la oportunidad de trabajar o asistir a actividades de la prisión. A veces les prohiben tener televisión, radio, obras de arte o incluso leer en sus celdas.

 


¿Cuáles son los efectos psicológicos?

 

Un estudio realizado a partir de numerosas entrevistas con personas detenidas en las unidades de seguridad de la cárcel de Pelican Bay, en el norte de California, halló en 1993 que el aislamiento induce un trastorno psiquiátrico caracterizado por hipersensibilidad a los estímulos externos, alucinaciones, ataques de pánico, déficits cognitivos, pensamiento obsesivo, paranoia y muchos más problemas físicos y psicológicos. La evaluación psicológica de los hombres en situación de aislamiento en Pelican Bay indicaba altos índices de ansiedad, nerviosismo, reflexión obsesiva, ira, fantasías violentas, pesadillas, problemas de sueño, mareos, sudor de manos y palpitaciones del corazón.

 

El doctor Craig Haney, en su testimonio frente al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea de California en agosto de 2011, habló de los efectos del régimen de aislamiento. "En resumen, los reclusos en estas unidades se quejan de sensaciones crónicas y abrumadoras de tristeza, desesperación y depresión", afirmó. "Los índices de suicidio en las unidades de aislamiento de California son con diferencia los más altos de cualquier prisión del país. Muchas personas detenidas en estas unidades de aislamiento se vuelven profundamente paranoicas, están muy ansiosas y tienen miedo de las personas, en los pocos momentos en los que les permiten contactar con ellas. Algunos empiezan a perder la cordura y se desequilibran".

 

¿Se recluye en aislamiento a personas con enfermedades mentales?

 

Sí, a muchas. En los últimos 30 años, las cárceles se han convertido en los mayores centros psiquiátricos de EEUU, y las celdas de aislamiento en concreto acogen actualmente a miles de personas con enfermedades mentales. En un informe de 2003, Human Rights Watch calculó, a partir de datos públicos estatales, que entre un tercio y la mitad de los reclusos en aislamiento tenían algún tipo de enfermedad mental.

 

 

¿Cuánto cuesta?

 

No solo es que las unidades de aislamiento son más caras de construir que las normales. También cuesta mucho más alojar a alguien en aislamiento que con el resto de reclusos. A nivel nacional, se ha estimado que el coste medio de un año en este régimen cuesta a los contribuyentes 75.000 dólares (unos 65.000 euros).

 

Este texto se ha elaborado con ayuda de la información proporcionada por Solitary Watch

 

 

 

 

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Miércoles, 13 Abril 2016 05:31

Un compromiso con la Verdad

Un compromiso con la Verdad

Samper anunció en Miraflores, junto a Maduro y sin miembros de la oposición presentes, que Fernández, Torrijos y Rodríguez Zapatero integrarán una comisión para investigar los hechos de violencia de los últimos años en Venezuela

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Los ex presidentes Leonel Fernández (República Dominicana), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá) acompañarán a una Comisión de la Verdad instalada ayer por el gobierno venezolano, como contrapartida de una amnistía para opositores presos anulada por la Justicia.


“Les hemos pedido a tres ex presidentes que nos acompañen en la comisión: al ex presidente Leonel Fernández, a José Luis Rodríguez Zapatero de España y a Martín Torrijos de Panamá”, anunció ayer el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, en el palacio presidencial venezolano. Samper también aceptó formar parte de esa comisión como acompañante y no como actor o miembro activo, porque “este es un problema venezolano” y sus soluciones deben surgir, remarcó, “de los venezolanos”.


“Esta comisión le ofrece a los venezolanos la posibilidad de encontrar un camino sincero de diálogo entre el gobierno y la oposición; la confrontación no es el camino”, afirmó el ex mandatario colombiano.


“Este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos”, añadió junto al presidente socialista Nicolás Maduro, quien señaló que la comitiva investigará hechos ocurridos entre 1999 y 2015 que asegura pretendieron desestabilizar a su gobierno y al de su antecesor Hugo Chávez.


“Personalmente tengo algunas reflexiones sobre la ausencia de las víctimas” de la ley de amnistía, precisó, sin embargo. En su calidad de ex presidente de Colombia, Samper recordó que en su país murieron 280.000 personas en el último cuarto de siglo por la confrontación política y recordó que en Venezuela nacieron los actuales diálogos de paz con los grupos guerrilleros FARC y ELN.


Tanto en Colombia como en Venezuela “se busca la paz, que es como el aire: uno no sabe lo que vale hasta que se lo pierde”, señaló y recordó que él mismo fue víctima de un atentado de un grupo paramilitar colombiano.


Asimismo, aseguró que tras las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que Maduro “reconoció los resultados con lo que afianzó la democracia venezolana”, la Unasur propuso que se iniciara un diálogo institucional.


“La asamblea designó a algunas personas para que llevaran este diálogo y determinadas circunstancias hicieron inviable el diálogo”, indicó y agregó que la Comisión de la Verdad “no es un escenario para el revanchismo, sino para la reflexión, para el encuentro”.


“No podemos formar parte de la comisión como tal pero sí acompañar el proceso de conformación, hacer nuestros buenos oficios para que también puedan estar presentes representantes de la oposición”, señaló Samper, quien explicó que la Unasur pidió a Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández que acompañen a la comisión y ellos aceptaron.


El máximo representante del bloque regional evitó pronunciarse sobre el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el lunes declaró inconstitucional la ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento el pasado 29 de marzo. Sin embargo, reconoció que la decisión de la máxima corte plantea “una especie de empate”. “Para dirimir ese empate tan fundamental, el presidente ha considerado que vale la pena revivir la iniciativa de verdad y justicia y por eso venimos a acompañarlo”, precisó.


Samper señaló que se dicen “mentiras” sobre Venezuela y aseguró que la nación petrolera es “el único país de la región que nunca ha dejado de pagar sus compromisos de deuda externa”. Más temprano, la oposición pidió a Samper explicar los alcances de la Comisión de la Verdad y la Justicia, propuesta por Maduro en enero pasado en contraposición a la amnistía. El TSJ anuló la norma al considerar que viola la Carta Magna por incluir, entre otros, “delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos”.


Con la amnistía, la oposición buscaba sacar de prisión a por lo menos 76 de sus dirigentes, y que cesaran los procesos contra cientos de personas a quienes considera “perseguidos políticos”.


Maduro dijo el lunes que a la comisión, que estará encabezada por el vicepresidente venezolano Aristóbulo Istúriz, se sumarán cuatro voceros delegados por la oposición venezolana. Sin embargo, al acto de ayer de constitución de la comisión en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, no acudió ningún representante de la oposición. Ayer, el mandatario venezolano indicó que por 30 días la comisión recibirá, además de a la Secretaría General de Unasur, el acompañamiento de la comisión negociadora de la paz en Colombia, representantes del gobierno de Sudáfrica, la Fundación Nelson Mandela y “unos premios Nobel de la Paz”, que, dijo “no han participado en guerras”. “Estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad. Esclarecida la verdad podremos hacer un nuevo camino de respeto a la democracia y a la Constitución”, subrayó.

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Alrededor de 3 mil internos comienzan protesta civil pacífica

Terribles condiciones humanitarias y practicas de corrupción al interior del Inpec obligaron a los presos de La Picota a declararse este 3 de febrero de 2016 en "desobediencia civil pacifica"; decisión que es señal de protesta ante situaciones que desde hace años vulneran su dignidad. Una política carcelaria errada asumida desde siempre por el Estado, con traspies cada vez más inocultables, es la responsable de una catástrofe que amenaza la estabilidad de las 137 prisiones existentes en Colombia, y la vida de quienes permanecen en ellas bajo encierro. Continúa el oprobio, el Estado y la ciudadanía permanecen indolentes frente a semejante situación.

Nuevas noticias de una aterradora infamia llegan desde La Picota, en Bogotá. El oprobioso encarcelamiento al que el Estado colombiano somete a hombres y mujeres que por una u otra razón rompen el ordenamiento institucional, de nuevo se encuentra en el centro del debate. En esta oportunidad son los internos de La Picota, en Bogotá, quienes agobiados por las terribles situaciones de encirro en que transcurren sus vidas decidieron declararse el 3 de febrero en "desobediencia civil pacifica", lo que significa que se abstendrán de comprar cualquier producto, resistiéndose a cualquier intento de encierro (celdas y calabozos) y de conteo por parte de los guardias del Inpec. Pero, ¿Por qué protestan los presos? ¿Se encuentran justificado su proceder?

Contrario a los que pensarían los más acerrimos defensores de las políticas carcelarias del Gobierno, los compatriotas que se encuentran detenidos en los 137 establecimientos carcelarios del país, continúan siendo ciudadanos. Es cierto, les niegan ciertos derechos durante un periodo de tiempo determinado por el "imparcial" y "justo" sistema judicial en Colombia, pero a pesar de esto y para desdén de muchos, siguen siendo acreedores de Derechos Humanos como cualquiera otro connacional que camine por las calles de cualquiera de las ciudades y campos del país. Partiendo de esta idea, es fácil comprender que se encuentra justificada toda acción de protesta cuando estos mismos humanos consideran que sus derechos son desconocidos o vulnerados.

 

El terrible hacinamiento

 

Y es precisamente esto lo que ha ocurrido en las cárceles del país durante las últimas décadas y lo que hoy resalta como política oficial: sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos producto de la abyecta acumulación de miles de compatriotas en los establecimientos carcelarios en todo el país. Después de más de veinte años en crisis profunda, los Establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), siguen albergando muchos más reclusos que aquellos para los que fueron diseñadas sus locativas. Con pésimos accesos a los servicios públicos fundamentales, y ausencia de todo sistema de saneamiento básico, transcurre la vida de miles de estos detenidos, a quienes en decenas de prisiones les niegan hasta el acceso al agua potable y al sistema sanitario, razón por lo que las cárceles están convertidas en verdaderos focos de enfermedades que tampoco reciben un tratamiento oportuno por parte de Caprecom, entidad encargada de la salud de los presos.

Más de 120.000 son los colombianos –hombres y mujeres– que hasta el día de hoy siguen pudriéndose en vida en prisiones con tasa de hacinamiento global del 52 por ciento, mientras los parámetros internacionales de reclusión hablan de "situación critica" cuando el hacinamiento es del 20 por ciento. Poco dice, sin embargo, esta tasa global de hacinamiento: es necesario que el país sepa que existen investigaciones (1) que han permitido determinar que el 54 por ciento de todos los prisioneros del país se encuentran encerrados, sometidos a una real tortura diaria, en cárcels con tasas de hacinamiento que oscilan entre el 50 y el 500 por ciento. Prisiones como la de Riohacha (E.P.M.S.C) y Santa Marta ( E.P.M.S.C) ostentaron durante el 2015 tasas de hacinamiento equivalentes al 483 por ciento y 331 por ciento respectivamente (2).

La situación en muchos de los centros carcelarios del país es tal que vulnera hasta las más mínimas condiciones de aquello que denominan dignidad: excrementos que abundan por doquier gracias a la inoperancia de los sistemas sanitarios, instalaciones poco adecuadas para cocinar o alimentarse, inexistencia de agua potable, inexistencia de espacios dedicados al esparcimiento o a la recreación, inexistencia de servicios médicos y ausencia de medicamentos para combatir enfermedades típicas de vida en hacinamiento, etcétera.

Los problemas no solo remiten a la excesiva acumulación de ciudadanos en prisiones; el Conpes 3828 del 2015 sostiene: "Los problemas del sistema penitenciario en Colombia, sin embargo, no pueden ser reducidos a la inexistencia de una oferta suficiente en materia de cupos. Por el contrario, deben ser entendidos de manera integral, es decir, proponiendo soluciones que respondan al agregado de falencias que presenta el sistema, las cuales en parte se derivan de la desarticulación entre la política penitenciaria y la política criminal, y que impiden que mediante la privación de la libertad se cumplan los fines de la pena". A propósito de esto es pertinente señalar que uno de los fines de las penas consiste en "resocializar" a los individuos castigados, labor que es prácticamente imposible cuando solo se cuenta con 544 espacios comunes para alrededor de 120.000 presos distribuidos en 137 prisiones, sin embargo, según datos aportados por el Inpec en su Informe Estadístico, existen 87.476 presos y presas que participan de actividades de trabajo, estudio o enseñanza con miras a la resocialización. Cifras bastante dudosas y fin claramente inalcanzable.

Desde el año 2004 han expedido cuatro Conpes (3277, 3412, 3575 y 3828) que pretendían poner punto final a las terribles condiciones imperantes en las cárceles del país, sin que ninguno de ellos haya logrado su objetivo. Poca voluntad política, problemas técnicos, burocráticos, sobrecostos en los proyectos de construcción y adecuación de cárceles, así como líos jurídicos, son los principales causantes de que año tras año las soluciones hayan sido postergadas mientras los reclusos de las cárceles colombianas siguen pasando sus vidas en condiciones que vulneran la dignidad de todo ser humano. Terrible indolencia.

Son este tipo de condiciones, a las que se enfrentan miles de presidiarios en el país, las mismas que los exponen a graves peligros posibilitando grandes desgracias como la ocurrida el 27 de enero del 2014 en la cárcel Modelo de Barranquilla, en la que 17 presos murieron calcinados luego de que proliferara un voraz incendio generado en el patio B de la prisión (3). Situación similar se vivió en la cárcel El Bosque de la misma ciudad el 6 de junio del 2014 cuando 4 prisioneros perdieron sus vidas en situaciones similares, al presentarse otra conflagración en una cárcel diseñada para albergar 640 internos y que a la fecha del hecho contaba con 1.746 (4).

 

Un asunto de política criminal

 

En 2011 un estudio financiado por el propio Gobierno (5) evidenció que la situación de las cárceles estaba generada por la implementación de una política carcelaria errada. Tal informe caracteriza a la política criminal como inconsistente, por fuera de la constitución, reactiva, sin adecuada fundamentación empírica, falta de perspectiva de derechos humanas, presa del populismo punitivo. El análisis condujo a la conclusión de que muchas de las decisiones tomadas en los últimos años son esencialmente reactivas, sin fundamento empírico alguno, muchas de ellas orientadas a responder a la opinión pública a partir de una retórica que fundamenta la eficiencia de las políticas gubernamentales a partir de la rudeza en el trato de quienese infringen la Ley, pero con insuficientes argumentos técnicos que permitan sostener la utilidad del incremento de las penas o la penalización de determinados comportamientos.

Populismo punitivo. De acuerdo a la Comisión Asesora de Política Criminal, solo entre el 2000 (cuando se reforma el Código Penal a partir de la Ley 59) hasta a 2011, se expidieron 36 Leyes para reformarlo que estaban relacionadas con: el incremento de penas a delitos establecidos, redefiniciones de los causales de agravación punitiva, variación de consecuencias punitivas para determinada clase de delitos, la modificación de beneficios por aceptación de cargos y la modificación de los términos de prescripción de la acción penal. Además de lo anterior, se incrementaron sanciones para 80 delitos y fueron creados 47 nuevos que pretendían salvaguardas los bienes jurídicos del orden económico social, la eficaz y recta impartición de justicia, la administración pública, la libertad, integridad y formación sexual.

En un fallo reciente de la Corte Constitucional en la que figura como ponente la magistrada Gloria Stella Ortiz, señala que " [...] el Gobierno Nacional y el Congreso no han implementado un mecanismo eficaz que permita desarrollar una política criminal sostenida y ha provocado la crisis carcelaria del país" (6). En consecuencia: "Debido a esto, el alto tribunal le ordenó al Gobierno modificar la política carcelaria en Colombia puesto que esta ha sido "reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad" (7). Similares pronunciamientos han hecho organizaciones no gubernamentales, sindicatos y la Corte Suprema de Justicia, sin obtener mayores respuestas del Gobierno que sigue contribuyendo a que se tipifiquen nuevos delitos, se incrementen penas, siendo poco ágil en la estructuración de penas alternativas a la supresión de la libertad en establecimientos carcelarios que son verdaderas mazmorras, antros de padecimientos y nula rehabilitación.

Los presos claman por soluciones que avanzan a paso de tortuga y que quién sabe cuántos años tardarán en llegar.


Comunicado presos de La Picota

Bogotá 3 de Febrero de 2016

 

Todos los internos recluidos en la cárcel de Eron Picota de la ciudad de Bogotá queremos hacer saber a las autoridades pertinentes y a los medios de comunicación que entramos a partir de la fecha en una desobediencia civil pacífica.

Alrededor de 3 mil internos comenzamos protesta civil pacífica la cual consiste en cese de actividades, abstención de compra de productos del expendio, no permitirnos contar ni encerrar.

Lo anterior por los oídos sordos que ha hecho la dirección de esta penitenciaria a las constantes peticiones que hemos hecho los representantes de DDHH para que nos solucione los problemas de corrupción en el manejo y desabastecimiento de los productos del expendío, en los contratos y servicio de alimentación y la falta de atención médica para todos nosotros.

Tuvimos una intoxicación masiva en Diciembre y hace 10 días hubo una nueva intoxicación sin atención y solución. La comida sigue llegando en mal estado, mala preparación, la cantidad no estipulada , parece comida para gatos.

Llevamos un año con irregularidades en el servicio de Expendío, falta de productos, pero sí se encuentran en el mercado negro a precios 300% más costosos que lo habitual. Eso sucede por la corrupción de los guardias.

Los anuncios de la liquidación de caprecom no ha solucionado nada , no hay médicos , no hay medicamentos, no hay atención básica , y la gente sufriendo sin solución alguna.

Para rematar, la corrupción se ha extendido al manejo de las encomiendas de servientrega cobrando para poder ser entregadas a los internos, con matoneo a las familiares que se quejan del maltrato de los guardias en las filas, exactamente igual que los días de visita familiar y femenina. Incluso guardias hacen negocio con algunas señoras para cobrar por los primeros puestos de entrada los días de visita.
La única solución es que los representantes del Ministerio Juticia y Salud, Contraloría , la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Director del inpec y de la USPEC, representantes de los contratistas de alimentos, Senadores Iván Cepeda ,Alberto Castilla, Víctor Correa , Alirio Uribe, Comisión de DDHH del Senado de la República, Organizaciones de Derechos Humanos Corporación Solidaridad Jurídica , Comité de Solidaridad con los Presos Políticos , Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, y CICR, hagan presencia para una reunión con los representantes de DDHH de los internos y Comités de Convivencia de cada Patio.

Advertimos intimidaciones por parte del INPEC a los representantes de DDHH mencionando traslados de seguir adelante con la protesta ,pero sí no hablan de soluciones a los problemas .
Esperamos que no haya agresiones físicas ni verbales , tampoco encalabozamientos para ningún preso de aquí. La protesta es pacífica.
A los medios de comunicación agradecemos ayudarnos con esta situación .
Atentamente.

INTERNOS PATIOS 1 al 16 DE ERON PICOTA

(1) Michael Reed Hurtado. Cárceles o el encierro salvaje. http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8421-las-c%C3%A1rceles,-o-el-encierro-salvaje.html

(2) Inpec. Informe Estadístico. Enero del 2015.

(3) http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incendio-en-carcel-de-barranquilla-un-ano-de-la-tragedia/15156736.

(4) http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asciende-cuatro-el-numero-de-muertos-incendio-carcel-de-articulo-500568

(5)Comisión Asesora de Política Criminal. "Diagnostico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado en Colombia". 2011

(6) http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-impartio-ordenes-al-gobierno-fracaso-politica-criminal/
(7) http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-le-ordeno-al-gobierno-modificar-po-articulo-614569

Publicado enColombia
Domingo, 03 Enero 2016 08:43

Carnicería en Arabia Saudita

Carnicería en Arabia Saudita

La orgía de decapitaciones de Arabia Saudita –47 en total, entre ellas la del erudito clérigo chiíta jeque Nimr Baqr al-Nimr, seguida por una justificación coránica de las ejecuciones– fue digna del Estado Islámico. Tal vez era la idea.


Porque este extraordinario baño de sangre en la tierra de la monarquía musulmana sunita Al Saud, que llevaba la clara intención de enfurecer a los iraníes y a todo el mundo chiíta, una vez más sectarizó un conflicto religioso que el EI ha hecho tanto por promover.


Todo lo que faltó fue el video de las decapitaciones, aunque las 158 ejecutadas el año pasado en el reino estaban perfectamente a tono con las enseñanzas wahabitas de ese grupo. La frase de Macbeth, la sangre tendrá sangre, se aplica sin duda a los sauditas, cuya guerra al terror, al parecer, ahora justifica cualquier cantidad de sangre, sea sunita o chiíta.


Pero, ¿con qué frecuencia los ángeles de Dios misericordioso se aparecen al ministro saudita del Interior, el príncipe heredero Muhammad bin Nayef? Porque el jeque Nimr no sólo era un viejo sagrado. Pasó años como erudito en Teherán y Siria, era un reverenciado líder chiíta de las oraciones del viernes en la provincia saudita de oriente y un hombre que se mantenía al margen de los partidos políticos, pero exigía elecciones libres y era detenido y torturado con regularidad –según su relato– por oponerse al gobierno sunita wahabita saudita.


El jeque Nimr decía que las palabras eran más poderosas que la violencia. La enigmática insinuación de las autoridades de que no había nada sectario en el baño de sangre de este sábado –sobre la base de que decapitaron a sunitas y chiítas por igual– fue clásica retórica del EI.


Después de todo, el EI corta la cabeza a apóstatas sunitas sirios y soldados iraquíes con la misma dedicación con que masacra chiítas. El jeque Nimr habría recibido de los esbirros del Estado Islámico exactamente el mismo trato que tuvo de los sauditas, si bien sin la farsa de un juicio seudolegal que suscitó la queja de Aministía Internacional.


Pero la matanza de este sábado representa mucho más que el odio saudita hacia un clérigo que se regocijó de la muerte del ex ministro del Interior Nayef Abdul-Aziz Al-Saud, padre de Muhammad bin Nayef.


La ejecución del jeque Nimr revigorizará la rebelión hutí en Yemen, país que los sauditas invadieron y bombardearon el año pasado en un intento por destruir el poder chiíta allí. Ha enfurecido a la mayoría chiíta en Bahrein, gobernado por los sunitas. Y los propios clérigos iraníes han afirmado que la decapitación causará el derrocamiento de la familia real saudita.


También presentará a Occidente el más vergonzoso de los problemas de Medio Oriente: la persistente necesidad de humillarse con servilismo ante los ricos autócratas del Golfo a la vez que expresa inquietud por la grotesca carnicería. Si el EI hubiera cortado la cabeza a sunitas y chiítas en Raqqa –en especial la de un sacerdote chiíta problemático como el jeque Nimr– de seguro David Cameron habría tuiteado su disgusto ante un acto tan odioso. Pero el hombre que humilló la bandera británica para marcar la muerte del último rey del ridículo Estado wahabita usará evasivas al abordar este episodio de cabezas cercenadas.


Por muchos hombres sunitas de Al Qaeda que también hayan perdido la cabeza, literalmente, ante verdugos sauditas, la pregunta se hará tanto en Washi-ngton como en capitales europeas: ¿se proponen los sauditas destruir el acuerdo nuclear iraní obligando a sus aliados occidentales a apoyar incluso este escándalo reciente? En el mundo obtuso en el que viven –en el que el joven ministro de la Defensa que invadió Yemen detesta al ministro del Interior–, los sauditas aún glorifican a la coalición antiterrorista de 34 naciones en su mayoría sunitas que supuestamente forman una legión de musulmanes opuestos al terror.


Sin duda las ejecuciones son una forma sin precedente de dar la bienvenida al Año Nuevo. Sin embargo, fuera de las implicaciones políticas, existe una pregunta obvia que hacer a la casa de Saud, que busca perpetuarse: ¿acaso los gobernantes del reino han perdido el juicio?


Traducción: Jorge Anaya

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Lunes, 12 Octubre 2015 14:08

Delincuentes

Carl Snyder, Dyjuan Tatro y Carlos Polanco

El campeón nacional de debate, el equipo de la Universidad Harvard –la institución académica de la cúpula desde siempre– fue derrotado por un equipo de los nadie, de los sin nombre, los más marginados de esta sociedad: un equipo de reos.

 

Todo ocurrió en un concurso donde el campeón se enfrentó a un equipo compuesto de prisioneros de la Eastern New York Correctional Facility –prisión de alta seguridad– en el estado de Nueva York. Según las reglas de estos concursos, donde se forman grandes oradores, políticos, jefes empresariales y renombrados intelectuales (por ejemplo, Hillary Rodham Clinton fue integrante de un equipo de debate), los jueces asignan el tema y la posición que cada equipo tiene que defender, y en este caso los prisioneros tuvieron que abogar por la posición de que a escuelas públicas se les debería permitir negar la matriculación a estudiantes que son inmigrantes indocumentados, posición con la cual según ellos no estaban de acuerdo. El panel de tres jueces otorgó la victoria a los prisioneros, indicando que habían presentado argumentos sólidos que el equipo de Harvard no pudo refutar de manera efectiva o que ni había abordado.


Son pocos los equipos ante los cuales estamos orgullosos de haber perdido un debate, como el fenomenalmente inteligente y bien articulado que enfrentamos este fin de semana, declaró el equipo de Harvard. No es la primera vez que el equipo de prisioneros ha sorprendido; se han anotado triunfos contra West Point –la universidad militar más reconocida– y la Universidad de Vermont.


El equipo de debate –cuyos integrantes son prisioneros condenados por homicidio y otros delitos graves– es parte de una iniciativa de la Universidad Bard, en el estado de Nueva York, que, además del equipo de debate, ofrece cursos y licenciaturas para reos en seis prisiones de media y alta seguridad en la entidad. El profesor encargado de este equipo, David Register, subrayó el compromiso, disciplina y trabajo de los reos –dentro de las condiciones tan limitadas y controladas de una prisión– para prepararse, la constancia con la que estudian y practican con sus armas verbales, pero también invitando a todos a su alrededor a participar en este esfuerzo. Una de las metas primarias de la Unión de Debate Bard en Eastern es ofrecer una educación cívica robusta, donde nuestros estudiantes aprenden a participar en su propia gobernación, y muchos expresan que desean hacer contribuciones positivas a la sociedad. No tengo duda de que lo harán, escribió Register en The Guardian.


El concurso provocó enorme atención pública aquí, y muchos gozaron sólo con los encabezados: un equipo de prisioneros venció a Harvard.


Todo esto ocurrió durante días rodeados, inundados, de noticias espantosas: más balaceras en universidades, más detalles sobre el bombardeo de un hospital de Médicos Sin Fronteras (donde después de múltiples explicaciones y pretextos oficiales, finalmente el gobierno de Obama aceptó responsabilidad y ofreció disculpas y compensación, aunque aún enfrenta acusaciones de que cometió un crimen de guerra), más casos de corrupción política y económica, más detalles sobre cómo los ricos se hacen más ricos mientras todos los demás están cada vez peor, y más advertencias sobre cómo el planeta está al borde del Apocalipsis ecológico. Todo por acciones, decisiones, engaños y manipulaciones de las cúpulas de este país.


Más aún, ahora las cúpulas políticas y económicas trabajan de manera conjunta –sin esa famosa polarización política que se afirma que existe y entorpece todo en Washington– en la promoción del Acuerdo Traspacífico en nombre del bien para las grandes mayorías, a pesar de la oposición de sindicatos, agrupaciones ecológicas, economistas premios Nobel, defensores de salud pública, defensores de consumidores y más. Y todo lo negociado y sus implicaciones, oculto de esa sociedad civil que los políticos y empresarios dicen que se beneficiarán.


Mientras tanto, el espectáculo electoral sigue ofreciendo evidencias de corrupción legal en las cúpulas. El New York Times acaba de publicar una amplia investigación que descubre que sólo 158 familias ricas han donado casi la mitad de todos los fondos gastados en esta etapa inicial de la contienda presidencial, y señala que nunca tan pocos han dado tanto a las campañas desde los tiempos de Watergate, sinónimo de corrupción y maniobras políticas ilegales.


Como señala el Times, estas fortunas sirven de contrapeso a los cambios demográficos y políticos que están transformando Estados Unidos. Según una encuesta del New York Times/CBS News, dos tercios de los estadunidenses favorecen incrementar impuestos a los que ganan un millón de dólares o más al año; seis de cada diez favorecen mayor intervención gubernamental para reducir la brecha entre ricos y pobres; según otras encuestas, casi 70 por ciento está a favor de mantener los sistemas de bienestar social, o sea, a lo que se oponen casi todos los donantes más ricos y sus servidores políticos.


Mientras los súper ricos y los super-políticos logran seguir con el espectáculo llamado democracia, nunca había habido una desigualdad económica tan extrema desde la gran depresión, nunca había habido guerras que duraran tanto en la historia del país, nunca había habido tantas armas disponibles en una sociedad moderna, el índice de corrupción del sistema político ha llegado a un punto que alarma hasta a ex presidentes.


Ante esto, hay voces encabronadas, inteligentes, estudiosas, y sin miedo a enfrentarse a las cúpulas y sus famosas instituciones, y que están interesadas en ofrecer algo positivo a la sociedad. No pocos de ellos están en prisiones en el país más encarcelado del mundo.


Todo lo cual sugiere que la gente equivocada está en la cárcel y la gente equivocada está fuera de la cárcel, como decía el extraordinario historiador Howard Zinn.

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Paralizados 23 centros de reclusión en doce departamentos

El "Plan reglamento" aplicado desde el pasado 4 de agosto por el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, y las huelgas de hambre declaradas por más de 5 mil reclusos concentrados en las carcelarias de doce departamentos, colocan de nuevo el dedo en la llaga de la crisis carcelaria que desde hace más de 16 años padece el país, y sufren de manera directa quienes terminan encerrados en los llamados "centros de resocialización".


Quemando colchonetas, las docenas de detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata –URI– de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, protestaron este lunes 27 de octubre por el hacinamiento que padecen en el centro de reclusión, debido al congelamiento de traslados y remisiones ocasionado por el "Plan Reglamento" ordenado por sindicato del Inpec.

Un barrido realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 36 regionales en el país, logró establecer que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, han sufrido alguna afectación por la parálisis. Lo que también ha provocado una ola de inconformismo por parte de éstos, desencadenando jornadas de desobediencia civil y huelgas de hambre, como ocurre en los centros de reclusión de Cómbita y La Dorada. Acciones que buscan denunciar públicamente el pésimo tratamiento al régimen de visitas, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención en salud y los problemas de alimentación que padecen, todo lo cual han sido valorado una y otra vez por la Defensoría del Pueblo y por los mismos jueces como una violación sistemática a los derechos humanos.

El caso más reciente que evidencia la constante violación de sus derechos –en verdad el conjunto de la Carta de Derechos Humanos–, puede constatarse con la muerte del recluso José Luis Polo, ocurrida el sábado 25 de octubre como resultado de un tratamiento médico inadecuado. Según los familiares del detenido, Polo ya había ganado varias acciones de tutela que ordenaban su atención médica, ya que padecía una afección pulmonar. Sin embargo, a pesar de los fallos a su favor, no hubo una atención y tratamiento oportuno, por lo que su estado de salud se deterioró y fue solo a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo que fue valorado y diagnosticado con tuberculosis avanzada.

Debido a la crisis por la que pasa el sistema carcelario, los presos crearon el Movimiento Nacional Carcelario, que también cuenta con un pliego de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se cuenta la instalación de una mesa de concertación como espacio de diálogo en donde garanticen la solución al problema carcelario como conjunto, pero además, donde también existen demandas puntuales como la aprobación del proyecto de ley de rebaja de penas, beneficios administrativos para cada preso, visita semanal de ocho horas y dignificación de las mismas, y solución definitiva e inmediata a las condiciones de salud.

Entre las cárceles más grandes sumadas a esta protesta están La Ternera de Cartagena, La Modelo de Bogotá y Tramacúa, en Valledupar.

Ya desde el 24 de agosto, el defensor del pueblo, Armando Otálora, había efectuado un llamado a las instancias gubernamentales "esta es una ausencia de políticas de Estado, no de este Gobierno, de todos los gobiernos, por eso le hemos planteado al Gobierno Nacional que tiene que acudir a la figura de emergencia social. No podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro lado les estamos maltratando y desconociendo sus derechos".

Escuche la carta de un preso de la cárcel La Picota, miembro del Movimiento Nacional Carcelario:
https://soundcloud.com/zonapublicatv/carta-de-un-preso-de-la-picota-perteneciente-al-movimiento-nacional-carcelario



¿Por qué se reanudó el "Plan Reglamento" del sindicato del Inpec?

El reclamo inició el 17 de mayo de este año, mes en que La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP declaró el "Plan reglamento" de manera 'indefinida', hasta que se cumplieran los cuatro puntos exigidos en su pliego: garantías laborales –como reclasificación–, nivelación salarial y derecho a pensión para determinados funcionarios y el fortalecimiento institucional en temas de vehículos, cursos para los guardias, armas y transporte.

El "Plan reglamento" aplicado por el sindicato del Inpec causó en pocos días el congelamiento del sector judicial; el 28 de mayo el Gobierno firmó el pliego de peticiones, comprometiéndose a cumplir las demandas elevadas por la organización sindical. Sin embargo, luego de meses de incumplimiento, la UTP decidió retomar el "Plan reglamento" en búsqueda de soluciones concretas.


Los cuatro problemas que hoy enfrentan los presos

 

Un acumulado de años. En 1997 un ciudadano alemán recluido en la cárcel de Barranquilla sufrió un grave deterioro en su salud debido a que el centro penitenciario no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La solución del Inpec fue trasladar al recluso a La Picota, donde tampoco existían las condiciones para una persona en silla de ruedas. El agravamiento de su situación obligó a un acuerdo con la Embajada Alemana y trasladarlo a su país natal.


Fue este hecho el que produjo que en 1998, la Corte Constitucional declarara un fallo de tutela sobre las violaciones a los derechos fundamentales que padecían los internos en todos los centros penitenciarios del país. La sentencia T-153 ordenó remediar la situación de forma urgente, debido a que según sus declaraciones "en las cárceles colombianas se vivía un estado de cosas inconstitucionales", sin embargo, luego de 16 años de este fallo, la crisis en los centros de reclusión sigue y se agrava.


Las principales problemáticas que enfrentan los presos, pueden resumirse, según la Defensoría del Pueblo, en cuatro aspectos: la atención en salud, que es precaria, entre otros centros de reclusión en el de Anayanci –Quibdó–, donde desde mayo de 2014 no hay personal médico, no tienen farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes; la infraestructura carcelaria, retomada en un fallo de la Corte donde señala, como ejemplo, que 158 reclusos de La Picota de Bogotá tenían que realizar su visita conyugal, en un mismo día, turnándose en una sola celda; el hacinamiento, en muchas ocasiones superior al 150 y más por ciento; la falta de proyectos de reintegración social, y la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados para que los reclusos puedan volver a integrarse a sus comunidades al finalizar su condena.


Por su parte, el último pronunciamiento del director del Inpec ante la situación que padece el sistema carcelario, fue realzar ante la W Radio la disminución, en lo que va de este año, de un 9 por ciento del hacinamiento en cuestión, agregando que "los sindicados son quienes crean el hacinamiento".


Las peticiones de la UTP y del Movimiento Nacional Carcelario aún están a la espera de ser atendidas. Mientras tanto, y como se ha dicho tantas veces y durante tantos años, el sistema carcelario enfrenta "la mayor crisis carcelaria de la historia", según la afirmación del Defensor del Pueblo.

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Diez países de la región cuentan con penales que superan su capacidad en un 200%

 

Las cárceles en Latinoamérica enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial la asistencia en salud, según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo, procuradurías y comisiones de derechos humanos. Hasta diez países cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

 

La entidad subraya que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y del personal. El hacinamiento y la superpoblación generan el aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el desgaste de la convivencia entre los presos, entre otros efectos.

 

Además, entre los diez países cuyas cárceles son las más pobladas del mundo, hay cuatro latinoamericanos. Haití encabeza la lista, con una tasa de ocupación carcelaria del 416%. Le siguen El Salvador, en cuarto lugar, con un 320% de sobrepoblación; Venezuela (270%) en séptimo; y Bolivia (256%) en octavo, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS). La superpoblación en Paraguay alcanza un 131%, pero en su principal centro, la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, esa cifra salta al 333%, según reportes de la Defensoría del Pueblo de ese país.

 

Puerto Rico es uno de los pocos casos en la región en que las prisiones no están superpobladas. Según el informe de la FIO, los bajos niveles de hacinamiento —un 88%, cifra similar a las de España o Alemania, por ejemplo—, se debe a inversiones realizadas en infraestructura en el sistema penitenciario del país.

 

Entre los países donde hay una atención inadecuada en salud, destacan Colombia, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. La mayoría de las denuncias registradas por las defensorías de Panamá y Costa Rica se refieren, asimismo, a la falta de atención médica. El problema se debe, en parte, a la cantidad insuficiente de profesionales. En varios centros penales de estos países es necesario trasladar los presos hacia el centro médico más cercano, de modo que con frecuencia pierden las citas debido a la falta de transporte y personal de custodia.

 

 

La dificultad de acceder al servicio médico viene acompañada de otros problemas: la insalubridad de las celdas e instalaciones, las malas condiciones de higiene y una alimentación inadecuada, que hacen de las cárceles ambientes propicios a la proliferación de epidemias y enfermedades.

 

Brasil ocupa el puesto 35 en la lista de los mayores índices de superpoblación carcelaria, con un 172%. Ese país tiene, sin embargo, la cuarta población penitenciaria del mundo: cerca de 548.000 presos, mientras la capacidad de los centros de detención no sobrepasa los 319.000. Casi la mitad de las prisiones del país no tienen cama para todos los reclusos, y en un cuarto de ellas no hay colchón para todos. El baño de agua no se calienta en el 66% de estas localidades, y en el 40% no se proporciona el material para la higiene personal, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos del país.

 

Cerca del 40% de los reclusos en Brasil están en prisión preventiva, según constató el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó varias cárceles del país en 2013 y registró sus impresiones en un informe. "Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos", afirmó tras la visita Roberto Garretón, uno de los miembros del grupo.

 

Los expertos expresaron su preocupación por la falta de asistencia jurídica a los detenidos, lo que se hace aún más grave "en un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar un abogado", señaló Garretón. El grupo se encontró con innumerables casos donde los reclusos tuvieron que esperar meses o incluso años para tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra.

 

Paraguay, además de Brasil, destaca en el conjunto por el uso excesivo de la prisión preventiva: 6691 de los 9229 presos del país (el 72,5%) están en esta situación.

Las entidades de la FIO recomiendan a las autoridades implicadas hacer un "uso racional de la prisión preventiva"; construir nuevos centros penales y ampliar la infraestructura existente; impulsar medidas alternativas a la reclusión para los delitos menos graves; y mejorar la calificación de los agentes de la Justicia, entre otras sugestiones.

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