Ciudad Bolívar

El próximo mes de octubre se cumplen 20 años del Paro Cívico que obligó al gobierno distrital a volcar sus ojos sobre esta parte de la ciudad. Una mirada a esos hechos nos sitúa sobre las exigencias que los actores sociales que nos expresamos en esta parte de la ciudad tenemos para el presente y el futuro inmediato.

 

En Ciudad Bolívar, llena de historias de lucha y protesta social, el próximo 11 de octubre se conmemoran 20 años del Paro Cívico que la conmocionó en 1993.

 

Para recordar cómo se conformó esta localidad, y cómo se concentraban en ella todos los problemas e injusticias que padecen los pobres producto de las políticas oficiales que definen los más ricos, es necesario recordar que este sector de Bogotá se transformó en localidad producto de una decisión del Banco Mundial, que facilitó para ello a la ciudad un préstamo de más de 100 millones de dólares. El trasfondo de la medida era sencillo: constituir un imán territorial desde el cual atraer a la inmensa mayoría de desplazados internos de la urbe –y los que iban llegando a la misma–, evitando de esta manera que la pobreza y la miseria se continuara instalando por doquier. Evitar el ahondamiento de múltiples focos de tensión. Se inicia así un largo proceso de reubicación poblacional, el cual se extiende a otras partes de la urbe, sacando a sus habitantes –entre otros– de los alrededores del centro del poder político.

 

Activismo intenso

 

El proyecto del Banco Mundial floreció. Desde un helicóptero se escogieron y negociaron las tierras de las haciendas y el Acuerdo 11 del Concejo de la ciudad le definió el marco jurídico y administrativo de lo que por ese entonces se conoció como el Plan Ciudad Bolívar, territorio que por su extensión estaba a cargo de los otrora municipios de Usme y Bosa, cubriendo la localidad de Tunjuelito otra parte del mismo.

 

Con estas formas legales y económicas en marcha, nacería en poco tiempo el barrio La Candelaria (del Instituto de Crédito Territorial), el Manuela Beltrán y otros, y a su alrededor se desfogaría la presión social. Loma arriba, decenas de familias comprarían lotes, instalando tela asfáltica (paroy), dibujando sueños y trazando calles. Poco a poco, a la vuelta de unos cuantos años, el entorno del sector sería otro totalmente distinto.

 

Por doquier ya se veían florecer los nuevos barrios, hechos a pulso, sin ayuda oficial. El agua, la energía, y otras necesidades sustanciales para el buen vivir estaban ausentes. Cada día era una inmensa lucha para cada una de las familias allí instaladas: cargar el agua desde los arroyos que cruzaban en sus alrededores, cargar desde Candelaria el combustible para la estufa, buscar un punto de conexión para el tendido eléctrico, correr con los hijos en busca de un sitio para estudiar, bajar a pie desde lo más alto de estas lomas y hasta la parte plana (Candelaria) para poder abordar un bus que lo acercara al centro para abrir la chaza, o para llegar hasta el norte de la ciudad, con sus manos listas para mezclar y construir edificios que luego habitarán otros, etcétera.

 

En resumen: todo estaba por hacerse, todo faltaba. Pero la persistencia –presionada por la necesidad– estaba allí, alimentando cada hogar. Y así, a los pocos años muchas necesidades estaban resueltas, pero otras muchas aún exigían a gritos ser solucionadas, entre ellas: centros de salud, de estudio, pavimentación de calles, conservar el cocinol mientras el gas no fuera instalado para el sector, etcétera.

 

Esas eran parte de las necesidades, las mismas que se sentían en cada hogar pero para ser resueltas requerían coordinación, organización, fuerza. Tras este propósito los activistas se movían con denuedo por el sector, motivando la participación comunitaria. Las organizaciones juveniles y comunitarias se multiplicaban, las exigencias se comentaban de boca en boca, y las coordinaciones populares tomaban cuerpo. Surgió así la Unidad Cívico Popular que articuló diferentes esfuerzos comunitarios, sociales y políticos.

 

La hora cero

 

Antes de ellas, muchas fueron las cartas radicadas ante las entidades de gobierno distrital y nacional, los sueños compartidos, la rabias contenidas, así como las reuniones de coordinación comunal, las asambleas barriales, los diagnósticos levantados en los territorios, los proyectos diseñados para superar las necesidades de las familias, etcétera.

 

La acción y los encuentros eran constante, pero también la dilación gubernamental. Cansados de tanto esperar la respuesta oficial, la comunidad tomó la decisión de hora cero, la misma que se hizo realidad aquel 11 de octubre a las 4 a.m. En algunos barrios el himno nacional despertó a la comunidad, en otros los voladores y de todas las casas fue saliendo la gente, loma abajo, para ocupar las vías centrales, y desde allí hacerse sentir. Su objetivo: conseguir la destinación legítima de recursos estatales para invertir en la solución de las múltiples problemáticas de la localidad y el desacuerdo con los altos costos en los impuestos.

 

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, con sus manos rodaron grandes rocas y cerraron las principales vías del sector. Cuando la luz del día alumbró la ciudad, ya estaban taponas la autopista sur –a la altura de Guadalupe hasta la zona del actual Olarte–, la avenida Villavicencio –entre los sectores del Cruce y sus alrededores–, la avenida Boyacá –a la altura de San Francisco y el sector de Meissen, donde funcionaba la alcaldía local–, y mientras estos rebeldes lograban el control de calles y avenidas como rechazo manifiesto a la desidia oficial –tanto distrital como nacional– el Estado habla con la única voz que tiene para los negados: la represión.

 

Por cientos llegaron los antimotines, los carabineros, los "paisanos los cientos de heridos, detenidos, además de varios exiliados, dejaron imborrable testimonio de su brutal proceder. Pero miles de miles no retroceden a pesar del bolillo, la bala, los chorros de agua, las motorizados atemorizantes. De esta manera, entre piedra y "corre que te cojo", trascurrió el día, hasta que la administración distrital –encabezada entonces por Jaime Castro– aceptó la instalación de una comisión de negociación.

 

En horas de la noche de este mismo día se encuentran los representantes de las partes en la sede de la Acacia. Concretándose de esta manera el primer triunfo para los manifestantes. Ocho días –como nos lo recuerda Leo, líder comunitario actor de esta jornada– estuvo instalada la comisión, con sus mesas de trabajo, discutiendo y tomando decisiones. Los temas que no eran del resorte distrital –como el cocinol– contaron con la presencia del gobierno nacional. Y mientras adentro se discutía, afuera la comunidad acompañaba, cocinando, agitando, deliberando, brindando energía y confianza a sus voceros.

 

El pliego que recogía las demandas de los habitantes de este sector de la ciudad fue abocado en su totalidad: estratificación, acueducto y alcantarillado, empresa comunitaria de recolección de basura, energía, teléfonos, madres comunitarias, casas vecinales, proyectos Inurbe, legalización de barrios, gas natural y cocinol, vías, educación, tránsito, salud, programa Conpes, juventud, lo comunal, tercera edad, derechos humanos, medio ambiente y presupuesto local.

 

Pero, además, en el acta de compromisos firmada se hace la siguiente claridad y reconocimiento "Las autoridades distritales reconocen que el movimiento cívico del día 11 de octubre de 1993 en Ciudad Bolívar, fue convocado por organizaciones cívicas y comunales de reconocida trayectoria en esta zona. Este proceso y la posterior negociación en la que participaron, la administración distrital, las autoridades locales, la veeduría popular, los organismos de control para la defensa de los derechos humanos y la comisión negociadora, se llevó a cabo dentro de un espíritu democrático y de clara defensa de los intereses de la comunidad. En esos términos se alcanzaron acuerdos y conclusiones valiosas para el futuro de Ciudad Bolívar"*.

 

Para garantizar el cumplimiento de lo firmado el Movimiento Cívico le estableció una comisión de seguimiento a cada una de las decisiones allí acordadas, para que verificara su cumplimiento sobre el terreno. De esta manera, el Paro se escenificó el 11 de octubre, las negociaciones se extendieron por varios días, y su concreción se llevó a cabo bajo la vigilancia y el seguimiento estricto de la comunidad.

 

Aunque con retraso, la mayoría de los acuerdos se hicieron realidad. La fuerza social, su poderío, quedaría así refrendada. Pese a ello, en tanto no se solucionaban los problemas estructurales que hacen posible y potencian la pobreza y la exclusión, la antidemocracia y las necesidades que afectan a las familias que habitan esta parte de la ciudad, permanecen sin resolución.

 

Hoy se cuenta con todos los servicios públicos, los barrios están en su mayoría legalizados, los centros de salud y los de educación se han construido –aunque en número y insuficiente capacidad para atender la gran demanda del sector–, los barrios están cubiertos por distintas rutas de buses para su transporte, etcétera, pero el desempleo y los bajos ingresos de las familias es palpable, la desnutrición que padecen no pocos menores de edad es inocultable, el medio ambiente está afectado, las empresas mineras siguen desgajando el territorio día tras día, las micro-cuencas que conforman esta parte de la ciudad mueren lenta pero de manera inexorable, la falta de oportunidades para las nuevas generaciones se conserva como norma, la violencia liderada por las "fuerzas oscuras" es cada día más palpable o inocultable, el basurero doña Juana sigue afectando su entorno inmediato y mediato, pero además los programas oficiales de contención social invisibilizan las capacidades de los habitantes del sector, y un porcentaje no pequeño de la juventud del sector sigue captura por el microtráfico, el mismo que campea sin solución por la geografía local.

 

Es decir, hoy, como ayer, se necesita de un reencuentro popular que además de lo inmediato para cada familia, se pregunte y decida movilizarse por lo necesario para todos, desde una reivindicación estructural que desnude los poderes que mantienen en el marginamiento a las mayorías, no sólo de Ciudad Bolívar, sino de toda la ciudad y del país.

 

Este debe ser un propósito que nos aglutine a todas las personas que vivimos en estas laderas. Y la concreción de este sueño debe ser la manera de celebrar el aniversario 20 del paro de 1993, recogiendo de él sus lecciones y derroteros claramente marcados, pero en deuda de ser realizados: romper el localismo y el activismo sin proyección estratégica.

 

Es por ello que hoy requerimos en Ciudad Bolívar un nuevo movimiento de movimientos que exija –reuniendo la voz de todos y todas bajo un solo grito–, vida digna, y conjugue sus fuerzas para ser poder y gobierno, aquí y ahora.

 

* Ver cartilla de trabajo de la Escuela Simón Rodríguez.

Publicado enEdición 192
Domingo, 20 Diciembre 2009 08:01

Vuelve el diálogo entre Evo y los cívicos

Todos los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales tienen procesos judiciales en su contra. Ayer se emitió una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz. La semana pasada, su familia perdió una estancia de 12 mil hectáreas porque la Justicia dictaminó que las tierras habían sido robadas al pueblo indígena guarayo.

El jueves último, el Viceministerio de Tierras recuperó 2800 hectáreas que eran de Oswaldo Monasterios, accionista mayoritario de Unitel, el canal más opositor a Morales. Desde el Viceministerio aseguraron que se quitarán más propiedades a “personajes conocidos”. El gobierno remarcó que las reversiones de propiedades no tienen un motivo político, sino judicial. Pero en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hablan de “ajustar las cuentas”. Incluso Manfred Reyes Villa, ex aspirante a presidente por Plan Progreso Bolivia (PPB), que salió segundo con el 27 por ciento de los votos, se encuentra en la clandestinidad porque cree que Morales quiere verlo preso. La oposición trata de resistir en los pocos espacios de poder que no les arrebató el MAS. Sin embargo, aceptaron la llamada al diálogo del gobierno para pactar modificaciones a leyes que permitan la realización de las elecciones para prefectos, alcaldes y asambleístas departamentales, que deberían ser el 4 de abril de 2010.

Desde octubre del año pasado el gobierno no se juntaba con los nueve prefectos. Eran los días posteriores al intento de golpe de Estado de septiembre de 2008 y negociaban modificaciones a la nueva Constitución para que fuera a referéndum popular. Pero al fin los opositores de la Media Luna dejaron el diálogo y mandaron los avances al Congreso, para que finalizara la tarea.

En esta ocasión se repiten las divergencias con los de la Media Luna. La ley de Régimen Electoral Transitorio estaba diseñada para las elecciones del 6 de diciembre pasado, cuando Morales fue reelecto por el 64 por ciento de los votos. Pero para aplicarla a los comicios de abril de 2010 necesita modificaciones. La oposición en el Congreso, que finalizará su gestión el 5 de enero próximo, aseguró que no discutirá cambios a la ley. Por este motivo, el gobierno se reunió con prefectos y otras autoridades. El gobierno espera que después del pacto con la oposición, los congresistas acepten retocar la ley electoral.

El punto que genera más desavenencias refiere a la sucesión de los prefectos. Según la ley, los que quieran presentarse a la reelección deberán renunciar tres meses antes de las elecciones. El grupo de la Media Luna (Santa Cruz, Beni y Tarija) exigía que se les diera el mismo trato otorgado al presidente, quien se postuló por segunda vez sin dejar su cargo. Para la oposición, si renuncian las autoridades “el MAS intentará copar las prefecturas”.

Ayer en esta ciudad todavía debatían las modificaciones a la ley electoral, también los mecanismos para aplicar las autonomías en el territorio boliviano. Aquí hubo otro choque, porque la Media Luna pedía que se reconocieran sus estatutos autonómicos, aprobados en referéndum durante 2008 al margen del Congreso y de la Constitución. Por este motivo, el gobierno los considera “ilegales”.

Por poco que le guste, la oposición aceptó dialogar con el gobierno porque sabe que está en desventaja numérica. Esto quedó en evidencia en las últimas elecciones, cuando el MAS consiguió 111 de los 166 legisladores que tendrá la Asamblea Plurinacional. El control sobre los dos tercios de los diputados y senadores permitirá a Morales aprobar todas las leyes que no pudo en su primera gestión, cuando el Senado manejado por la oposición trababa gran parte de sus propuestas. Ahora, varios de los 55 legisladores opositores adelantaron que se sumarán al MAS para votar a favor de proyectos legislativos empolvados del oficialismo. Una de ellas es la ley de investigación de fortunas.

El presidente había adelantado que en su segundo período pensaba “acelerar el proceso de cambio”, apoyado por casi dos tercios del electorado. Como primer signo, comenzó a quitar tierras a latifundistas del Oriente porque no cumplen la Función Económica Social (FES). Según la Constitución, todas las propiedades agrarias deben tener un porcentaje de la superficie destinada a algún emprendimiento productivo. Si las tierras permanecen ociosas, el gobierno tiene derecho a recuperarlas y distribuirlas a las poblaciones sin tierra.

Fue el caso de las estancias La Encrucijada, de 2356 hectáreas, y El Encanto, con una superficie de 2124 hectáreas, de las cuales se revirtieron 552 hectáreas. Ambas están en Santa Cruz. El empresario Monasterios no emitió su opinión en persona ni a través de Unitel.

La lista de colaboradores y financiadores de Rózsa implica a varios dirigentes cívicos, empresarios y funcionarios prefecturales. También a Marinkovic, quien tiene orden de aprehensión por faltar a declarar ante el fiscal. El ex presidente cívico viene de una mala semana, comenzada cuando el gobierno quitó a su familia una estancia de 12.500 hectáreas para devolvérsela al pueblo guarayo, que había denunciado a los Marinkovic en 1997 por apropiarse ilegalmente de su territorio.

El gobierno negó que se estuviera cobrando los dolores de cabeza que la derecha le causó en los últimos cuatro años. Sin embargo, el diputado Gustavo Torrico aseguró que “el país está naciendo. Hay que ajustar cuentas”.

El ex candidato a presidente Reyes Villa tiene 11 procesos abiertos por presuntos malos manejos de los recursos durante su incursión como prefecto de Cochabamba. En total se trata de 12 millones de dólares. Pero el ex capitán no concurrió a declarar porque considera que el gobierno quiere encarcelarlo, tal como hicieron con su ex candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández, acusado por la matanza de al menos trece personas en El Porvenir, en Pando, donde era prefecto.

La Justicia aún no ordenó su detención, pero posiblemente lo hará por las reiteradas faltas de Reyes Villa a las audiencias. Previsor, ya se encuentra en la clandestinidad, desde donde afirmó que “el país está entrando a una dictadura sindical inédita, peor a las dictaduras que se han visto en los años ‘80”. Justamente Reyes Villa participó en una de ellas, en 1980, cuando fue edecán del dictador Luis García Meza.

Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
Publicado enInternacional