El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

 “Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde mediados de octubre.

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de Armas.

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas chilenas.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO.

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la Constitución.

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES.

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos impone varios filtros.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señaló.

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.


 El pacto de los partidos por una nueva Constitución

Atado y bien atado

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol, 15-XI-19).

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Congreso.

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.

Francisco Claramunt

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George Orwell: hacer frente, después la revolución

“La única actitud posible para un hombre honesto”, decía George Orwell, es obrar “por el advenimiento del socialismo”. Esto es de sentido común. ¿Pero de forma más concreta? El autor de 1984, que se describía como “definitivamente de izquierda”, ofreció, a principios de la década de los años 40, un programa de seis puntos con el objetivo de estructurar el movimiento revolucionario por el que él abogaba, desde hacía varios años, en la esperanza de derrocar el capitalismo y el fascismo. Casi 80 años después, los bloques ideológicos que se enfrentan por todo el mundo no han cambiado sustancialmente; los ricos, los identitarios y los que defienden el reparto.

 

George Orwell estimaba que el socialismo tenía en este punto tanto sentido común que se sorprendió a veces de que “no hubiera triunfado todavía”. Sin embargo, apuntaba dos años antes del estallido de la II Guerra Mundial, este reculaba en vez de progresar. Mussolini, Salazar y Hitler reinaban entonces. Franco iba a apoderarse de España y la Francia del Frente Popular vería pronto a Pétain seguir su ejemplo. Lo que siguió es conocido.

EL COMBATE DE LOS GIGANTES

Socialismo o fascismo, tal era el gran enfrentamiento planteado por Orwell al principio de la guerra de España, la cual le vio servir, arma en mano, en el Partido Obrero de Unificación Marxista (aunque él prefería a los anarquistas y admitía que el Partido Comunista ofrecía la estrategia militar más pertinente). Habiendo entendido que el capitalismo es un “mal”, que hay que “descartar” a los liberales y que no tiene ningún sentido —apuntaba en su correspondencia en 1937— combatir el fascismo por la democracia capitalista, el peligro era ver a la clase media bascular “en el campo de la derecha” y asistir al “control fascista sobre Europa”. Clarividente. La única forma de evitar este destino era trabajar por la hegemonía del socialismo, es decir, su accesibilidad y deseabilidad para el mayor número de personas.

ENCONTRAR LAS PALABRAS

Orwell deploraba que el socialismo permaneciera como una teoría enteramente limitada a la clase media. Urbana y demasiado gustosamente encarnada por dogmáticos, maníacos y militantes “de salón”. En 1941, se burlaba así en las columnas de The Left News: “Las facciones mezquinas de la extrema izquierda, con su caza de brujas y su jerga grecorromana”.

Millones de personas podrían sin embargo, juraba, marchar en las filas del socialismo. Convenía así “encontrar las palabras” para tocar al “individuo normal” (o al “hombre de la calle”). Escuchar al simple ciudadano al que sin duda no le importan las citas de Marx, los polisílabos y las “disputas doctrinales”.

En las páginas de El camino a Wigan Pier, opuso el “lenguaje corriente” y “los términos de todos los días” al “fárrago verbal” de los revolucionarios, por demasiado técnico y abstracto. Y propuso despojar al socialismo de sus atuendos sofisticados, exponerlo de la manera más minimalista; en resumen, de ir al hueso. Entregó una definición, ciertamente lapidaria: “justicia y decencia común”, “justicia y libertad” (él fue no obstante hasta el tríptico: rechazar la miseria, la guerra y la tiranía).

Para hacer del socialismo “una cuestión con vida”, y ya no libresca y teórica, Orwell preconizaba dar la espalda a la coherencia total, a la pureza, al credo. Invitó a abandonar los tics propios de los espacios militantes (“¡camarada!”) y a tomar nota del hecho de que un obrero se muestra por lo general más receptivo a los versos de La Marsellesa que a cualquier exposición sobre el materialismo dialéctico. A los revolucionarios de su tiempo, a los que acusaba de comulgar con el economismo, con el culto al progreso técnico, con la Unión Soviética y la necesidad histórica, Orwell recordaba la centralidad de la taberna, de la familia, del fútbol y de las preocupaciones locales, las cuales modelan la cotidianeidad de la mayor parte de los trabajadores. Ya no era hora de prédicas a los convertidos: había que “fabricar socialistas”, y rápido.

TENER UN PROGRAMA

En 1941, imaginó un programa de seis puntos en un pequeño ensayo titulado El león y el unicornio. Simple y concreto, según sus deseos, debería poder ser comprendido por cualquiera y difundido entero en un tabloide.

Uno: nacionalizar la tierra, las minas, los ferrocarriles, los bancos y las principales industrias.

Dos: instaurar una escala de ingresos de uno a diez.

Tres: reformar la educación sobre líneas democráticas.

Cuatro: otorgar de inmediato el estatuto de dominio a India y garantizarle después plena y completa independencia, si la exigía, una vez terminada la guerra contra las potencias del Eje.

Cinco: crear un Consejo General del Imperio en el cual los “pueblos de color” estarían representados.

Seis: aliarse con China, Etiopía y todas las naciones golpeadas por el fascismo.

La estatización masiva, tal como era enunciada en el primer punto, era a los ojos de Orwell la condición “indispensable” para todo cambio consiguiente; dicho de otra forma, para la instauración de una democracia socialista y revolucionaria. A finales de 1943, recuerda en Tribune que el socialismo no tiene otro objetivo que “hacer mejor” el mundo, y nada más: he aquí por qué él invita a “disociar el socialismo de la utopía”.

CREAR UN FRENTE

Unir la izquierda, federar las clases populares y la clase media, dirigirse al pueblo entero (conservadores incluidos): así se podrían resumir las posiciones que el escritor británico defendía a mitad de los años 30. “Hemos llegado a un momento en el que es desesperadamente necesario que todos aquellos que se reclaman de la izquierda hagan abstracción de sus diferencias y decidan cerrar filas”.

Seguro que es posible, aseguraba, hacer causa común, sin compartir todo ni atentar contra la singularidad de su tradición militante o filosófica, si se preserva lo esencial. ¿Es decir? Para él no es más que un núcleo duro: derribar toda tiranía. ¿Las “divergencias menores”? Habrá tiempo de discutirlas, el pan sobre la mesa, primero [1].

En lugar de un proletariado circunscrito solo a las fábricas y contra una cierta mitología obrerista (el “gran muchacho musculado con mono azul”), Orwell llamó a reunir al empleado de oficina, el ingeniero, el viajante de comercio, el tendero de la esquina, el funcionario subalterno, el peón de construcción, el mecanógrafo, el minero, el empleado de granja, el periodista precario, el maestro de escuela, el estibador y el obrero de fábrica.

Esta alianza podría tomar forma en cuanto el movimiento socialista organizado consiguiera hacer entender que todos “tienen los mismos intereses que defender”, que “todos son explotados y maltratados por el mismo sistema”. Que esta diversidad sociológica, contradicciones incluidas, sería capaz de formar un bloque (“nuestra clase”) desde el instante en que el enemigo designado afecte en común la vida de todos los días (el patrón, el propietario): son o pueden llegar a ser socialistas “todos aquellos que curvan el espinazo ante un patrón o se estremecen por la idea del próximo pago del alquiler”.

En la topografía marxista proletariado-burguesía, Orwell prefería, reapropiación popular obliga, las categorías explotados-explotadores, robados-ladrones. Las “gentes comunes” contra “los privilegios”, precisaba aún. Es una “línea” de trazo negro que invita a trazar entre ellos. Y es “una liga de los oprimidos contra los opresores” lo que queda fundar sobre esta base, que el nombró igualmente, como la España de Azaña y la Francia de Blum, como un “Frente Popular” (utilizando alternativamente, y sin preferencia aparente, los términos “partido” y “movimiento”).

HACER LA REVOLUCIÓN

Sin estar vinculado con el Partido Laborista (demasiado reformista) ni con el Partido Comunista (demasiado estalinista), este nuevo movimiento socialista instaría así a la revolución y debería disfrutar del apoyo de una gran parte de la población. ¿Qué entiende Orwell por este término, “revolución”, dos décadas tras la toma del poder de los bolcheviques en Rusia?

Se explica sobre esto en El león y el unicornio: la revolución “es una remodelación total del ejercicio del poder”. No implicará la dictadura; movilizará las especificidades culturales propias de cada país (aquí, Inglaterra); se dedicará a modificar “las estructuras de poder desde la base” (y Orwell insiste: “la iniciativa debe venir de abajo” y no del poder establecido).

Para abatir a “la clase dominante”, el escritor no excluye por principio el recurso a la violencia. Es que “los banqueros y los hombres de negocios, los grandes propietarios de tierras y los ricos rentistas, los funcionarios vagos resistirán con todas sus fuerzas”. El nuevo gobierno, fruto de la sublevación socialista, se apoyará principalmente sobre las fuerzas del Partido Laborista —que obtenía entonces alrededor del 40% de los votos— y los sindicatos. Aplastará sin pestañear toda insurrección contrarrevolucionaria pero garantizará la plena y total libertad de expresión y crítica; no instaurará el partido único; separará la Iglesia y el Estado, sin reprimir nunca la religión; no hará tabla rasa del pasado; abolirá el Imperio en beneficio de una federación de Estados socialistas.

Advirtamos que Orwell esperaba ver esta revolución nacer de la guerra mundial y apostaba por frenar la guerra civil, imparable consecuencia de toda agitación macropolítica emancipadora, movilizando el patriotismo, propio de toda secuencia de conflicto internacional, para canalizar las divisiones entre partidarios del nuevo régimen contrarrevolucionarios. Configuración excepcional, por lo tanto, que obliga a cuestionar la estrategia revolucionaria orwelliana para tiempos de paz.

PENSAR CON EL MUNDO

El socialismo es internacionalista, estimaba Orwell, ya que se trata de abolir la tiranía “en el país donde vivimos y en los demás países”. Por lo tanto, a finales de 1936, después de haber dicho a un camarada que había que abatir a cada fascista que habitaba la Tierra, se presentó en Barcelona.

Después vio con sus ojos las “cosas maravillosas” de la revolución, pasó un centenar de días en las trincheras, fue gravemente herido en la garganta por una bala disparada al amanecer mientras hablaba de París a sus compañeros de guardia.

De regreso de una España caída bajo la bota de Franco, tomó su carnet del Partido Laborista Independiente, deseoso de apoyar una organización realmente antifascista y antiimperialista. El escritor, nacido en India, había servido a la Corona en Birmania en su juventud; no ignoraba que se podía concebir un Estado socialista dentro de sus fronteras pero imperialista en el exterior. Razón por la cual mantenía que de igual manera había que terminar con el mito de las “razas inferiores”. Y así con la dominación colonial.

“El Imperio de las Indias es un despotismo […] que tiene como finalidad el robo”, escribía en 1934 en su novela Los días de Birmania. Su alter ego de ficción se ponía incluso a soñar “con una sublevación indígena que ahogaría a su Imperio en sangre”. Cada blanco, escribía, se ha convertido en “un componente del despotismo”.

Seis años después, refería en las columnas de Time y Tide haber escuchado allá abajo “teorías raciales” tan “imbéciles que las de los nazis. “Hitler no es más que el espectro de nuestro pasado que se eleva contra nosotros. Representa la prolongación y la perpetuación de nuestros propios métodos”, añadía.

En 1939, el héroe de su novela Subir a por aire, soñando con algún lago de su infancia, decía: “Era antes de la radio, antes de los aviones, antes de Hitler. Hay algo tranquilizador hasta en el nombre de los peces ingleses. Son nombres resistentes, sólidos. Los hombres que los han forjado nunca habían oído hablar de las ametralladoras, no vivían con el terror de quedarse en la calle, no pasaban su vida tragando aspirina, yendo al cine, y a preguntarse cómo escapar del campo de concentración”.

Orwell juraba odio a las grandes ciudades y el ruido; terminó su demasiado corta vida en una granja, en Escocia, tras haber alertado contra un futuro sometido al productivismo y a la tecnoindustria. Un futuro en el cual no habría “más desiertos, más animales salvajes”. Su diario íntimo informaba entonces de las heladas, de las campánulas, de los tulipanes o de los alhelíes. Él, quien en la guerra civil revolucionaria había admirado el rechazo español de “la religión de la cantidad y del aspecto utilitario de las cosas”, se improvisó como granjero, rodeándose de una vaca y de gansos. El mar susurraba y el cielo era para sus ojos “una recompensa”.

En 1948, Orwell se inquietó, dos años antes de apagarse, por la suerte de nuestras sociedades “después de 50 años de erosión del suelo y de despilfarro de los recursos energéticos del planeta”. En paralelo, trabajaba en su célebre novela de ciencia ficción, crítica implacable de las sociedades de control y del arma atómica; pronto, él argumentaba: “No permitáis que eso llegue. Depende de vosotros”.

[1] No sabríamos, a este respecto, silenciar el antifeminismo de Orwell. “Un antifeminismo invasivo se manifiesta claramente en su obra. Era incapaz de mencionar el feminismo y el movimiento por el derecho de voto de las mujeres sin desdén”, revelaba la ensayista británica Deirdre Beddoe. “Cuando Orwell escribe sobre política, que para él implicaba sindicalismo y opinión socialista, habla de hombres y se dirige a los hombres”.

Por ELIAS BOISJEAN

2019-12-02 06:00

Artículo publicado originalmente por Revue Ballast. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez

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Adriana Guzmán critica la borrachera del poder en Bolivia.Foto Arturo Cano

La Paz. La pregunta es directa y la respuesta más. ¿Puede Evo tener el pulso de lo que pasa en Bolivia desde México?

“No, por eso decimos: que se calle, que haga autocrítica. Él dice ‘voy a mandar a desmovilizar’. Nadie responde a Evo ahorita. Hay un sentimiento, sí, porque para mí, por supuesto es importante un presidente que sea como yo, que me pueda mirar en él, pero hoy las movilizaciones en la calle son contra un golpe de Estado. Nadie está pensando en Evo o qué le gustaría. Él dice: ‘He hablado con El Alto’. Alguien le miente en El Alto, porque El Alto no responde a él”.

Habla Adriana Guzmán, hija de una dirigente de la confederación de mujeres campesinas más conocidas como Bartolinas. Ella se define como feminista comunitaria antipatriarcal. Quizá sería inexacto decir que pertenece al partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), porque de la manera que ella lo explica, más bien el partido pertenece a las organizaciones que simplemente lo usan como vehículo electoral. Eran las siglas que estaban disponibles y los pueblos y las organizaciones las usaron.

El asilado presidente tuitea a todo vapor y da entrevistas a granel. Guzmán dice que muchos líderes comparten con ella la convicción de que Evo se fue, listo, o sea, quienes estamos definiendo las cosas ahora en las calles somos nosotras, nosotros. Ya le han iniciado el juicio a Evo, con un video de una oreja, una cosa que no tiene sentido. Para nosotros lo mejor es que esté en México, y que guarde silencio, que se calle y que deje de opinar porque genera mucho conflicto interno. O sea, no estamos queriendo elecciones y él ya está casi queriendo hacer campaña.

Mientras se escriben estas líneas, escuchando la entrevista con la dirigente aymara, Evo Morales publica otro tuit: La minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados. Llegaron al poder por traidores y manipuladores, no son la mayoría.

Adriana nunca ha trabajado en el gobierno. Vende artesanías y dedica la mayor parte de su tiempo a la organización comunitaria. Dice que en su cuenta bancaria tendrá acaso mil bolivianos (unos 3 mil pesos), pero que hace unos días la llamaron de su banco para decirle que ella es una personasde alta exposición pública y que, por tanto, necesitaban que firmara unos papeles para permitir al gobierno revisar sus cuentas. Una pruebita apenas del clima de reconciliación democrática que el gobierno de facto está construyendo rumbo al nuevo proceso electoral.

Las críticas que Guzmán endereza contra Morales no la colocan del lado del feminismo separatista boliviano que pinta en las paredes Entre machos y fachos el país se va al tacho. La traducción: entre Evo Morales y Fernando Camacho (el líder ultraderechista que entró Biblia en mano al Palacio de Gobierno), Bolivia se va a la basura.

Adriana Guzmán no se anda con tibiezas: Hay un feminismo falocéntrico, que no puede dejar de hablar de Evo, que si fue, que si no hizo, o de Álvaro (García Linera, vicepresidente). ¡No miran el proceso que hay en este pueblo, en las organizaciones sociales, en las comunidades! Estos 13 años no hemos estado siguiendo a Evo. En las calles, ahora, la gente no está pidiendo que Evo vuelva. La gente está pidiendo que se vaya Jeanine Áñez por asesina, porque hay muertos, porque ha masacrado.

La dirigente comunitaria de El Alto participó, en 2003, en la insurrección popular conocida como la guerra del gas, que surgió por los planes del presidente Sánchez de Lozada de vender ese recurso a Estados Unidos y sacarlo por puertos de Chile.

Los bloqueos de estos días ocurren en los mismos escenarios. Las fotos son mejores por los avances tecnológicos, pero la sangre y la rabia siguen siendo las mismas.

La guerra del gas es lo que tienen en mente líderes como Guzmán cuando hablan de lo que viene, cuando se rehúsan a negociar con el gobierno de facto. En primer lugar, porque nuestros muertos no se negocian, como dice la consigna callejera. En segundo lugar, que los bloqueos, con todo y su alto costo cuando se desata la represión (en la guerra del gas fueron más de 80 según algunas fuentes) derivan en triunfos: Sánchez de Lozada terminó por renunciar y se fue del país. Dos años después Evo Morales ganaría por vez primera la presidencia.

La dirigente aymara tampoco hace concesiones al gobierno de Evo Morales: habla de la borrachera del poder de muchos dirigentes sociales que rompieron con sus bases, de la llegada de españoles de Podemos a través de los cuales el gobierno pretendió jalar a la clase media, y del error estratégico de no haber transformado las relaciones con los empresarios.

Camacho tiene plata porque estos 13 años los empresarios han hecho buenos negocios con el gobierno.

–¿Creyeron que dándoles negocios los tendrían en paz?

–Sí, y lo dijeron públicamente.

Guzmán lamenta que Evo Morales nunca haya escuchado a las feministas comunitarias que trataron de convencerlo de la nacionalización de la minería. El auge minero trajo una redistribución de la riqueza, pero también agravó problemas sociales.

“Nuestros hermanos mineros, compañeros, indígenas también, decían: ‘Queremos tener plata, mujeres y drogas, paras eso trabajamos’. Sin acompañamiento político, los índices de feminicidio y violencia se dispararon en los sectores mineros.

Nos reunimos con el Evo y le decíamos que queríamos la nacionalización, porque la minería trae trata y tráfico, nuestras wawas (niñas) son sacadas de la comunidad, prostituidas.

–Los medios de Bolivia hablan de alas moderada y radical en el MAS. ¿Es así?

–No hay un ala radical. Lo que hay son unos diputados evidenciando las diferencias que ya había entre ellos. Adriana Salvatierra (ex presidenta del Senado) estaba negociando los salvoconductos (para la salida segura de los asilados). ¿Esa es el ala radical?

“No creo que la haya. Hay diputadas y diputados peleando sus cargos. Ante esta desestructuración del MAS piensan que son los únicos legítimos. Los veo con cara de que están pensando cuál sería el candidato. Y, además, por haber negociado con el golpe, ellos van a tener seguridad, a ellos no los van a perseguir, van a ser candidatos viables.

–Cuando Henry Cabrera (vicepresidente de los diputados) dice que se acabó el tiempo de “los amiguitos y las amiguitas que viajaban por Europa y nunca iban a sus distritos…”

–Cabrera fue denunciado por violencia, por intento de feminicidio, y hoy es uno de los que están comandando el Parlamento. Tuvimos una lucha muy fuerte contra él, incluida Salvatierra y Sonia Brito, finalmente quedó impune porque logró, con presiones y chantajes, que su esposa quitara la denuncia. Y entonces ahí está, dándonos lecciones de democracia.

“Si se quedan en el poder, si Jeanine Áñez se queda, la derecha va a ganar las elecciones y se van a quedar aquí 20 años, y en esos 20 años nos van a matar igual, tendremos que dejar la universidad, tendremos que volver a ser sus sirvientas, a callarnos y agachar la cabeza.

“En 2003, una periodista, Amalia Pando le preguntó a Felipe Quispe (importante dirigente campesino, alguna vez preso al lado de García Linera). ‘Don Felipe, ¿qué quiere, para qué hace todo esto?’ Y don Felipe le respondió: ‘Lo hago para que mi hija no sea tu sirvienta’. Esa es nuestra lucha.”

–¿La represión los va adesmovilizar?

-No, aquí cohesiona. Salimos a las calles más allá del análisis estructural, el extractivismo, el empresariado o lo que sea. Salimos porque nos están matando.

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Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


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2019-11-25 11:00

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Empate técnico en Uruguay, con leve ventaja para la coalición de derecha

Cuando las dos hinchadas festejaban un demorado triunfo en las calles, el árbitro (en este caso la Corte Electoral) suspendió el partido. La diferencia entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez al cierre del escrutinio de la Corte Electoral es tan ajustada que la definición dependerá de los votos observados.

Las encuestas y los medios hegemónicos daban como ganador al derechista Lacalle Pou, pero héte aquí que, nuevamente, la militancia de base del Frente Amplio, redobló el esfuerzo y la esperanza, remontó la brecha y el quietismo de una burocracia partidaria anquilosada, para poder soñar con un cuarto gobierno frenteamplista consecutivo.

El resultado final se conocerá entre el jueves o viernes, de acuerdo al presidente de la Corte Electoral, José Arocena, pero el candidato derechista, al frente de la llamada coalición multicolor, llevaba un leve ventaja que conservaría computados los 35.262 votos observados (1,3% del total de sufragios emitidos). La Corte no anunció ganador, debido a que la diferencia es menor a los votos observados.

En la primera vuelta, el frenteamplista Daniel Martínez le sacó más de 253.000 votos de diferencia a Lacalle Pou sobre un total de 2,4 millones de votantes. Lacalle, líder del partido Nacional, llega a la segunda vuelta al frente de una coalición multicolor de todos los partidos de la derecha contra el centroizquierdista Frente Amplio, que gobierna el país por tres mandatos consecutivos, desde hace casi 15 años.

En el mapa de la votación del 27 de octubre, el Frente mostró la pérdida de votos en departamentos fronterizos con Brasil y hubo traspaso de votos identificados tradicionalmente con la centroizquierda para la extrema derecha, con agenda fanático-evengelista, pero también a la militarista y reaccionaria presentada por el nuevo partido Cabildo Abierto, encabezado por el exjefe del Ejército Guido Manini y apoyado por Jair Bolsonaro, que sorprendió al sacar más votos que el partido Colorado.

El llamado bloque “multicolor” no es otra cosa que la conjunción de los sectores oligárquicos con el neoliberalismo de los Chicago boys y una ultraderecha con fuerte arraigo militar, incluyendo componentes fascistas en su interior. La derecha liberal, una vez más, vuelve a hacer alianza con sectores filofascistas a la hora de ordenar la casa.

En la elección de 2004, cuando fue elegido el hoy otra vez presidente Tabaré Vázquez, el Frente Amplio interrumpió 170 años de gobiernos de los partidos tradicionales, blanco o nacional y colorado.

Esta vez, el centroizquierdista Frente Amplio iba por un cuarto gobierno -sin mayoría legislativa- mientras que el Partido Nacional, segundo en la primera vuelta electoral, necesitó de los colorados y de la ultraderecha. El objetivo de la coalición multicolor, la de todos contra el Frente Amplio, era interrumpir el ciclo progresista en Uruguay, impedir junto a la prensa hegemónica, que accediera a su cuarto mandato consecutivo. Y aparentemente lo lograron.

El Partido Nacional llegaba a la segunda vuelta como favorito sin haber mostrado siquiera un proyecto de país, sino la descalificación del Frente Amplio. Durante casi un mes, en el escenario electoral se habló mucho y se dijo casi nada. Pero la ultraderecha se hizo escuchar y gritó fuerte su discurso, mientras Lacalle Pou evitaba salpicarse sin explicar cuál será el lugar de estos discursos en un eventual gobierno suyo.

Este noviembre los muros de Montevideo amanecieron con pintadas latinoamericanistas entre las calles colmadas de propaganda electoral, las rebeliones sociales contra los paquetes neoliberales comenzaron a estallar en toda la región. La la anestesiada militancia frenteamplista comenzó a despertar desde las bases, tras no lograr la dirigencia imponer a Daniel Martínez en la primera vuelta electoral.

En casi 15 años de gobierno, el Frente Amplio logró disminuir la desigualdad, mostró avances en el sistema educacional laico, público y gratuito, políticas de género, aumento del salario real de los trabajadores e incluso disminuyó la perversa dependencia económica en relación a su enormes vecinos Argentina y Brasil, fundamental para garantizar la paz social y la estabilidad económica. Pero en 15 años de gobierno se olvidó de muchas cosas.

En este balotaje, sólo en Montevideo y Canelones –donde reside prácticamente la mitad de la población uruguaya- resultó vencedor Daniel Martínez, mientras en el resto de los departamentos fue Luis Lacalle Pou el que obtuvo la mayoría. En algunos casos, como en Paysandú y Salto, esta diferencia fue muy pequeña.

El martes comenzará el escrutinio secundario, en el que se cuentan los votos observados (de funcionarios de las mesas, la Corte y custodios de seguridad). Entre jueves y viernes se sabrán los resultados oficiales. También hay que tener en cuenta que los votos anulados pueden ser recurridos por los delegados de los partidos, lo que también podría significar alguna diferencia en el porcentaje final.

La crisis de la democracia

Hay que tener en cuenta que la crisis mundial generó un quiebre general de confianza en la democracia. El 27 de octubre el ultraderechista partido Cabildo Abierto obtuvo en la primera vuelta de las elecciones 11 diputados y tres senadores, una bancada que Luis Lacalle Pou necesitará para gobernar.

En un país seguro, los medios de comunicación y la derecha fueron construyendo el imaginario colectivo de que Uruguay era un país inseguro, lo que se sumó a problemas reales como una desocupación del 9%, el elevado costo de la vida, los problemas habitacionales, en un país de poco más de tres millones de habitantes.

Una evidencia de ello es el resultado del plebiscito –simultáneo a la primera vuelta electoral- para una reforma constitucional que autortizara la actuación del Ejército en las calles, en la seguridad pública. La propuesta fracasó, pero logró el 43% de apoyo.

El aparato mediático, manejado por los grandes medios de comunicación, los evangelistas y el Opus Dei reinstalaron en las llamadas redes sociales los debates en torno al aborto, al matrimonio igualitario, a la ley trans y a la noción de familia. El ultraderechista líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini, ha dejado claro que es necesario restablecer el orden patriarcal: “Ya no es el obrero contra el patrón, el empleado contra el empleador; ahora es mujer contra marido y contra hijos”.

La derecha vendió un producto: el cambio. “Está bueno cambiar”, “#Ahora sí”. Léase “alternancia plural”, concepto que el propio Lacalle Pou definió al final de la campaña. ¿Un cambio hacia qué, hacia dónde? Lo difícil no es suponer qué es lo que buscan, sino cómo lo lograrán, porque poco dice sobre el cambio el documento empresarista, represivo, conservador de la coalición multicolor “Compromiso por el país”.

Nadie sabe qué pactó Lacalle Pou con el combo de partidos y grupos de derecha y ultraderecha, y no fueron solo cargos en ministerios y organismos y empresas del Estado. Lacalle afirmó que no derogará las leyes de la denominada agenda de derechos, pero eso no alcanza: todos saben que hay muchas formas de impedir su vigencia.

Un triunfo del bloque multicolor de Todos contra el Frente, significará la pérdida de conquistas populares, laborales y sociales. Tiene y tendrá como una de sus principales armas al poder mediático, portavoz del poder fáctico, y el punitivismo judicial, muy intrincado con lo social.

Para la población la alternativa no era nada clara. O se elegía un cuarto gobierno del FA sin mayoría legislativa o un gobierno nacionalista (blanco) que necesitará de los colorados y de la ultraderecha para gobernar, mientras en la región sonaban otra vez las botas y balas de militares, el terrorismo de Estado y las presiones del FMI y la secretaria general de la OEA, procónsul del imperio estadounidense.

De cara al balotaje el escenario latinoamericano fue más intenso que en la primera vuelta. A la liberación de Lula, le siguió el golpe racista, xenófobo proestadounidense en Bolivia y noticias cada vez más cruentas de la represión en Chile. Juramento con biblias y nuevos testamentos, la wiphala en llamas, los ojos que los carabineros chilenos sacaron con sus disparos a más de doscientas personas.

No vienen tiempos fáciles para quienes tienen convicciones democráticas. Las izquierdas –partidarias o no– se han dado cuenta que deberán abrirse a la autocrítica y discutir seriamente cómo desarrollar un abordaje que permita dialogar –sobre todo con los jóvenes- con todas las miradas anticapitalistas y no eluda la existencia del orden patriarcal, que es racista y colonial.

Durante la campaña hubo también terrorismo mediático. El presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, dijo que la búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura (1973-1985) es un “gastadero de plata y un curro”, expresó que en Uruguay no hubo dictadura, cuestionó las leyes sociales del gobierno del Frente Amplio y advirtió que están dadas las condiciones para un golpe de Estado, porque no hay democracia.

En vísperas de las elecciones, el Centro Militar envió un mail en el que afirma que «culminará el proceso de redención de los derechos y valores del pueblo oriental, heridos, socavados, despreciados por 15 años de asonada frenteamplista».

¿Se mantendrán calmas las aguas hasta jueves o viernes?

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Los partidos prodemocráticos arrasan en las elecciones de Hong Kong

La jornada electoral contó con una histórica participación: un 70% de la población acudió a las urnas. Supone un duro batacazo para los candidatos favorables a Pekín.

 

Los candidatos prodemocracia a los comicios locales celebrados este domingo en Hong Kong se han hecho con cerca del 90% de los escaños de los consejos de distritos en una jornada electoral que se ha visto caracterizada por una histórica participación.

Más de 2,9 millones de personas, un 70% de la población, han acudido a las urnas en un momento clave para la región administrativa especial china, una antigua colonia británica que se encuentra sumida en una de las mayores revueltas de su historia desde que fue devolución a China en 1997.

La oposición al Gobierno chino ha obtenido 390 de los 452 escaños, lo que supone un claro rechazo a los candidatos pro-establishment y, por ende, a la Administración de la líder de Hong Kong, Carrie Lam, según ha informado la cadena de televisión local RTHK tras conocer los resultados preliminares.

El recuento supone ya un duro batacazo para los candidatos favorables a Pekín, que han perdido más de 240 escaños en comparación con los resultados de las elecciones celebradas en 2015.

Los resultados tienen implicaciones de largo alcance: los candidatos prodemocracia ha arrebatado por el momento el control de 117 escaños en el Comité Electoral (formado por 1.200 miembros) de cara a las elecciones previstas para 2022, en las que se elegirá al nuevo jefe de Gobierno de Hong Kong. Además, controlan 17 de los 18 distritos de la región.

 El recuento supone  un duro batacazo para los candidatos favorables a PekínEl diputado oficialista Junius Ho, candidato en Tuen Mun, ha publicado un mensaje en Facebook reconociendo su derrota tras recibir poco más de 2.600 votos, 1.200 menos que su rival, Lo Chun Yu, del Partido Demócrata. Hu ha alertado de un resultado "anormal" y "lamentable" que pone todo "patas arriba". También el diputado oficialista Ho Kai Ming ha perdido por un estrecho margen frente a Chan Man Kin, del Partido Democrático, mientras que el diputado Michael Tien ha sido derrotado por el candidato opositor Lau Cheuk Yu. También en Sham Shui Po se habría impuesto el candidato de la oposición, Lao Ka Hang, tras derrotar a Vincent Cheng, de la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB), afín a Pekín.

Sin embargo, la presidenta de la DAB, Starry Lee, habría derrotado al candidato de la oposición, Leung Kwuok Hung, en Kowloon, uno de los municipios más importantes de la región autónoma hongkonesa. Leung ha comparecido ante la prensa para reconocer su derrota, aunque ha señalado que Lee podría ser la única candidata oficialista que se imponga en los 18 consejos de distrito. Por ello ha emplazado a Carrie Lam a preparar su "discurso de dimisión".

En South Horizons el opositor Kelvin Lam habría derrotado a Judy Chan, del Nuevo Partido del Pueblo, por 4.164 votos a 3.236, según recoge el diario 'South China Morning Post', mientras que Eddie Chan -dirigente estudiantil- se habría impuesto a Chui Kwan Siu, del DAB, en Yuen Long y Lester Shum -también líder estudiantil- ha sido elegido en Tsuen Wan tras derrotar a Chow Ping Tim.

Otro líder estudiantil, Tommy Cheung, condenado tras participar en la Revolución de los Paraguas, ha derrotado a Wilson Wong, de la oficialista Alianza de Empresarios y Profesionales, en Yen Long, cerca de la frontera con China, mientras que Ted Hui, del Partido Democrático, ha conservado su puesto en el distrito Centro y Occidente tras derrotar al candidato independiente Wong Chung Wai.

Cheung, que ha descrito lo sucedido como un "tsunami", ha expresado que "este es el poder de la democracia". Hui, por su parte, ha afirmado que la "alta participación se debe al enfado de la gente, que necesitaba expresarse con un voto y el resultado significa que la gente quiere democracia". "La gente está con el movimiento antiextradición y la gente sigue con los manifestantes. Yo me considero un manifestante y ahora la gente me ha votado. Han votado por los manifestantes. Ese es el mensaje", ha añadido.

Estallido de la crisis

Las protestas en Hong Kong estallaron el pasado mes de junio contra un polémico proyecto de ley de extradición a la China continental. Carrie Lam acabó retirando definitivamente el proyecto de ley pero las manifestaciones han continuado con demandas mayores, incluido el sufragio universal.

La violencia en Hong Kong se ha convertido así en el mayor desafío para el presidente chino, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012 e insiste en que el Gobierno local podrá resolver la crisis.

Los manifestantes, enfadados por lo que consideran una injerencia del Gobierno chino en la antigua colonia británica, han defendido que están respondiendo al excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Pekín, por su parte, ha rechazado cualquier tipo de intervención en los asuntos de Hong Kong y ha culpado de la situación a la influencia de terceros países.

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Ruido de sables por el neoliberalismo en Chile

El fantasma de un golpe de Estado es la excusa para firmar un acuerdo bajo el pomposo enunciado: "Por la paz y una nueva constitución". Desbordados por la explosión social, la firma garantiza la continuidad del orden neoliberal, con nuevo etiquetado. Chile Vamos, nicho del pinochetismo, junto a socialistas, democristianos, Revolución Democrática y Convergencia Social; 14 partidos se coaligan. Su objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones que han creado estructuras, débiles pero capaces de cuestionar el orden. De ellas han surgido cabildos abiertos y una organización en ciernes para enfrentar el poder constituido. Estudiantes, jubilados, profesionales, trabajadores, sectores medios, feministas, el pueblo mapuche participan propuestas para llamar a una asamblea constituyente. Un hartazgo a tanta injusticia social, corrupción y sordera de una élite política que por décadas ha levantado un modelo concentrador y excluyente, justificando la desigualdad con el argumento de responder a una distribución equitativa acorde a las leyes del mercado.

Las manifestaciones han continuado pese al pacto y la represión. Los movimientos sociales han decidido resistir y mantener las reivindicaciones por una asamblea constituyente que ponga fin al ciclo neoliberal. Así, lo atestigua la encuesta de la Universidad de Chile, donde 55.3 por ciento dice participar de alguna forma de protesta; 87.8 por ciento cree que los cambios de gabinete no solucionan los problemas actuales; otro 80.3 por ciento considera necesario redactar otra constitución, y más de 90 por ciento pide una reforma al sistema de pensiones, salud, educación y mercado laboral. El sondeo desnuda el descrédito de los partidos y la desconfianza hacia las instituciones políticas. Así, el presidente recibe sólo 2.8 de confianza entre un máximo de 10 y un mínimo de uno. Los ministros, 2.6; parlamentarios 2.5 y partidos 2.4.

El miedo sacude al poder. El gobierno, con aval de gran parte de la oposición, salvo el Partido Comunista y Humanista, opta por la violencia como arma política, recordando los peores días de la dictadura. Gobierno y oposición presentan las movilizaciones como parte de un engranaje en manos de delincuentes que asaltan supermercados, rechazan el diálogo, siembran caos y violan la propiedad privada. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, declara el 13 de noviembre: "Sólo quedan uno o dos días" para encontrar un acuerdo que ponga fin al levantamiento popular, y el gobierno amenaza con decretar el estado de sitio, agitando la bandera de un ruido de sables. Manuel Cabieses, director de Punto Final, señala: “El rumor del peligro golpista –real o supuesto– surgió cuando el presidente de Renovación Nacional sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de carabineros y ex funcionario de la Gendarmería mantiene una relación privilegiada con las instituciones armadas. La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante la suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales –que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social– fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. Horas después del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza”. Gobierno y oposición, al borde de un ataque de nervios, firman el documento "Por la paz y una nueva constitución". Sus promotores dicen recoger las reivindicaciones ciudadanas, llaman a la desmovilización, esgrimiendo la paz como escenario para convocar a un plebiscito sobre la reforma constitucional en abril de 2020. La traición se ha consumado.

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso militante de Convergencia Social y otros 72 correligionarios, presentan su renuncia: “El acuerdo de paz social, y una nueva constitución, firmado por partidos políticos, es contrario, en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en la calle. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó. […] Las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido nos indican que éste no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a Convergencia Social”.

El rechazo a las demandas de una asamblea constituyente con delegados electos desde abajo y las propuestas de los cabildos abiertos, serán desestimados. Primero por la imposibilidad de ser elegidos bajo la actual ley electoral y en segundo lugar, esgrimiendo el ruido de sables que acompañará todo el proceso. Así, la espada de Damocles de las fuerzas armadas pende sobre la cabeza de los chilenos, verdaderos cancerberos del orden neoliberal. Sin embargo, los grandes cambios sociales no se detienen ni con la ignominia ni con la traición. Así lo hizo ver el presidente Allende en su último discurso: “El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse […]. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. […] Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor”.

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Uruguay: cuarto mandato de la izquierda o giro a la derecha

"No perder lo bueno, hacerlo mejor" dice la pintada en una pared por la avenida 18 de julio camino a la Plaza Cagancha. Y, la respuesta debajo: "nosotros podemos". Así conviven las consignas de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio (FA), que gobierna Uruguay desde hace quince años, con la del Partido Nacional (Blanco) en alianza con otras formaciones de derecha y ultraderecha, horas antes del ballottage del domingo 24 de noviembre.

En la Plaza Cagancha, militantes frenteamplistas entregan volantes de la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar sin inmutarse por la presencia a unos pocos metros de un puestito opositor de la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón. Del parlante de los blancos se escucha cumbia: primero Gilda, después Lia Crucet. 

 A esta segunda vuelta el ex senador Lacalle Pou, de 46 años, llega con ventaja frente al ex intendente de Montevideo, Martínez, de 62 años. Según los últimos sondeos, el candidato opositor obtiene entre 49 y 51,5 por ciento de intención de voto y su rival socialista cuenta con un apoyo de 43, 44, 5 por ciento. 

La frase de José "Pepe" Mujica "las izquierdas en el mundo se dividen por las ideas y las derechas se juntan por intereses" sirve para entender el dato novedoso de esta contienda: el neoliberal Partido Colorado junto al ultraderechista Cabildo Abierto y dos formaciones minoritarias (Partido Independiente y Partido de la gente) se aliaron con los blancos en un "compromiso por el país" en el que prometen "hacer más con menos", reducir el déficit fiscal ( 4,9 por ciento del PIB) sin subir impuestos ni tarifas y combatir la inseguridad.

Si Lacalle Pou se impone este domingo, pondrá fin a un proyecto de país de los últimos 15 años que mejoró, aunque con algunas limitaciones, los indicadores económicos. Así lo destacó el candidato oficialista Daniel Martínez en diálogo con Página12. " Somos el país más igualitario de Latinoamérica; el salario real creció un 60 por ciento; la pobreza bajó del 34 por ciento al 8 por ciento; la indigencia del 4,5 al 0,1 por ciento, universalizamos el sistema de salud". 

En un banco de Plaza Cagancha, que es como un retiro del movimiento de la calle central, Maicol Pereira dice que "la promesa de cambio de la oposición es un retroceso". Mate en mano, este trabajador en una empresa de limpieza, de 34 años, explica por qué vota al Frente Amplio. "En 15 años el salario creció siempre por encima de la inflación. La derecha quiere vender que estamos en crisis cuando es record la venta de autos 0km. No ves un ´cachilo´ (como llaman a los autos viejos)".

En este período de tres gobiernos del FA a partir del 2005 se crearon 300 mil puestos de trabajo, pero en los últimos años se perdieron 50 mil y hoy la tasa de desocupación es del 9 por ciento. 

María José Vieitez, de 35 años, está desempleada desde hace más de un año. "Estoy enojada con el Frente Amplio pero le voy a dar el voto igual", dice, y agrega. "Lacalle Pou es un cheto, no sabe lo que cuesta un kilo de arroz". 

Pasa haciendo propaganda con una bandera amarilla (de un sector de los blancos) un señor que se define "de centro". Eduardo Rodríguez, economista jubilado, dice que vota por "la unión de la oposición". "Voto por que el Estado no sea magnánimo, que dé libertad, que no obligue a la bancarización. Que no controle lo que comprás", concluye y entrega un volante.

Una mujer pasa y al rechazarle el papel le dice: "no voto en contra de los trabajadores".  

"No queremos que se venga Venezuela", le retruca Miriam Silva, madre y abuela de 6 niestos. "No quiero que mis nietos se vayan del país, dice esta militante del Partido Nacional y terapeuta con medicina natural. 

El "fantasma del populismo" circula entre los que proclaman un cambio. "¿Sabes lo que acordaron Lula, Chávez y Fidel en el Foro de San Pablo?, se indigna Susana que teme decir el apellido. Y agrega esta jubilada, de 75 años. "Quiero vivir en democracia, sin comunismo". 

El peligro Manini Ríos

De camino al hotel, un taxista y ex jugador de Racing de apellido Falero incomoda cuando dice "se va a terminar el recreo", retomando la frase de Guido Manini Ríos de que "hay que terminar el recreo de todo malandraje".

De las derechas aliadas, la que más preocupa es Cabildo Abierto, liderada por el excomandante en jefe del Ejército.  Manini Ríos fue destituido en marzo por Tabaré Vázquez por no haber denunciado la confesión del represor Nino Gavazzo de que arrojó al Río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. 

"Ya lo conocemos" dice el titulo del editorial de La Diaria repudiando que el electo senador rompiera la veda pidiendo a los militares que no voten al Frente Amplio. "Llama la atención que Manini Ríos decidiera avalar una idea que intentó refutar durante la campaña: la de que Cabildo Abierto es un partido militar", sostiene el diario sobre el video de Manini Ríos que circuló por estas horas en las redes sociales . 

En esa grabación dijo: "Vemos que aquellos que desde el gobierno han atacado sistemáticamente la institucion armada hoy les piden su voto. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas... Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos ´carne con ojos".... Manini Ríos se refería unas declaraciones por las que Mujica en su momento pidió disculpas. 

Cabildo abierto consiguió once bancas en Diputados  y tres en el Senado: Lacalle Pou necesita de los legisladores de los partidos aliados para contar con mayoría parlamentaria. Guido Manini Ríos pone en cuestión la agenda de derechos que aprobó el Frente Amplio en estos 15 años como las leyes de legalización del aborto, marimonio igualitario y regulación del cannabis, entre otras.

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Viernes, 22 Noviembre 2019 06:31

La globalización del hartazgo 

La globalización del hartazgo 

Recién acabamos de entrar plenamente en el Siglo XXI. Las compuertas se fracturan. Estamos ante la globalización del hartazgo, ante la desconstrucción colectiva de un abuso colosal que funcionó como un espejismo que atrasó el ingreso al nuevo milenio. La introducción se hizo a empujones. La primera fisura social la inauguró Bolivia en 2003 con la revuelta por los hidrocarburos (78 muertos) que desembocó en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y se prolongó hasta la elección del presidente Evo Morales en 2005 (54% de los votos). La primavera árabe que estalló en 2010 en Sidi Bouzid (Túnez) inició el segundo movimiento de emancipación del Siglo XXI. Aunque fue derrotada por una contrarrevolución sangrienta, Egipto le siguió los pasos con el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak posterior a la extensa ocupación de la Plaza Tahrir (2011). La consigna “Erhal” (Afuera) fue la respuesta masiva a la pobreza, la corrupción y el nepotismo. Se la llamó “la revolución Facebook” o “Twitter” por el papel que desempeñaron las nuevas tecnologías de la información en aquellos alzamientos sociales. La ilusión resultó pasajera. Las redes sociales no han sido aliadas de la emancipación sino del engaño (Donald Trump, Brexit, Bolsonaro, etc, etc). El anhelo de un cambio se extendió a Occidente entre principios y finales de 2011. La revuelta del Norte venía precedida por las manifestaciones que estallaron en Gracia en 2010 como refutación de la “purga” de austeridad impuesta por los organismos multilaterales de crédito. Las sublevaciones civiles habían sido teorizadas a finales de 2010 por el ensayista francés Stéphane Hessel. Su libro “Indígnense” planteó una insurrección pacífica y así nació en España la plataforma Estado del Malestar que conduciría al movimiento de los indignados y las concentraciones en la Puerta del Sol. Este oleaje se prolongó en grupos como Occupy Wall Street y muchos similares. Luego, todo volvió al cauce sistémico: consenso, tecno consumo y obediencia. Se entendía que aquellos apenas fue un susurro pasajero de rebelión. Algunos años después, la Argentina irrumpió en 2017 en el escenario con varias manifestaciones de oposición frontal a la expiación social desplegada por el macrismo. Al año siguiente, el giro radical lo protagonizó Francia cuando empujó hacia el Siglo XXI con el movimiento de los chalecos amarillos. Esa insurgencia de “los invisibles” de Occidente ubicados en las zonas periféricas reinstaló en el centro la idea de una soberanía popular en contra de la inoperancia y la corruptibilidad de la política. Fue y sigue siendo un fragoso grito, una demanda de recuperación del destino que estaba en manos de las castas políticas, mediáticas, industriales y financieras. No se podía seguir teniendo confianza en esas oligarquías. El destino debía volver al tejido del pueblo. Ahora, Chile acaba de dar la envión final con una masiva revuelta ciudadana y el entierro de una Constitución ilegitima diseñada por un dictador. Los últimos gemidos de los años 70 de América del Sur fueron sepultados por la valiente y admirable revuelta de los chilenos. El coletazo de Bolivia es un tirón hacia atrás ejecutado por una casta que desecha aceptar que su mundo ya no resuena más en este y que se ha respaldado en el separatismo y el soberanismo blanco trumpista para dar un golpe de Estado. Su destino será breve. El Siglo XXI se los llevará por delante.

Ya no será más lo mismo, casi en ningún lado. En un arco temporal coincidente (2018-2019), el montaje tramposo confeccionado por el tecno liberalismo se desarmó bajo la coacción de una sublevación que abarca hoy buena parte de la geografía del planeta. Argentina, Francia, Ecuador, Argelia, Hong Kong, Chile, el Líbano, Irak, Irán, Republica Checa, Colombia y Haití. En las calles o en las urnas, estos países esgrimieron la dignidad de los pueblos para restaurar la legitimidad de un sujeto social renacido y sin miedo. Cuando la primera potencia mundial elige como presidente a un analfabeto, agresor de mujeres, evasor de impuestos, racista y tramposo hasta en la forma en que llegó al poder no caben más ni la confianza ni el miedo. En los cuatro puntos cardinales, en diferentes idiomas, los grafitis y las banderolas retoman ese término que tantas veces se escuchó en la Plaza Tahrir durante la revuelta egipcia: ”Karama”, dignidad, es decir, me apropio colectivamente de mi destino porque ya no creo más en esa alucinación que, entre los años 90 y el nuevo milenio, el liberalismo confeccionó como una de las mentiras más planetarias de la historia humana: la tecnología, las finanzas y las desregulaciones como objeto de progreso y garantía de libertad. En los primeros 20 años del Siglo XXI se llevó a cabo la instalación de esta representación con el concepto de “globalización” como llave maestra. El llamado capitalismo de innovación engendró un monstruo de tres cabezas: el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de predicción, el capitalismo de captación. Los tres se volvieron la catedral del consumo, del espionaje y de la explotación digital. Vendieron estas trilogías como un nuevo estado del progreso de la condición humana cuando no fue, en realidad, más que un grosero capítulo de la explotación ampliada por las políticas neoliberales que jamás condujeron a un rápido crecimiento económico, y menos aún al reparto equitativo de la riqueza acumulada. Al engaño le sigue el despertar. El mapa mundial es, en este momento, el territorio de la reinserción de un sujeto social unido no ya por la ideología sino por la insurgencia ante lo absurdo de la desigualdad, la acumulación de riquezas y prerrogativas y la incapacidad de la clase política. De Buenos Aires a Teherán, pasando por Argel, Beirut, Hong Kong, Quito, Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Praga, Bagdad o Bogotá, estas revueltas están atravesadas por un factor común: no son los “olvidados de la globalización” sino la acción de grupos humanos socialmente lúcidos y fusionados que rehúsan participar en su propia depredación.

En 1989, la caída del muro de Berlín no fue “el fin de la historia” sino una oportunidad histórica para introducir una democracia renovada. En su lugar se instaló una tiranía soft regulada por los deslumbramientos de las nuevas tecnologías. Comunicación, consumo tecnológico y prosperidad para todos. Las usaron para vendernos basura, para controlar y manipular nuestras conciencias. Los tiranos desaparecen, la tiranía renueva sus perfiles y protocolos. Facebook, entre otros, es el rostro del tirano con sonrisa de sommelier. Pero es un veneno que ha contaminado el comportamiento electoral de grandes países y llevado al poder a los herederos del fascismo blanco. La socialdemocracia liberal estaba tan saturada por su victoria que ni siquiera vio que su otro enemigo mortal, el fascismo, trepaba por su columna vertebral.

En esta serpentina global de sublevaciones la Argentina ha sido quizá el último territorio del chantaje donde se buscó sofocar la independencia colectiva. Se trató de modificar las preferencias electorales de la sociedad mediante la alternativa escatológica: si no nos votan a nosotros Wall Street nos sacará definitivamente del mundo: seremos los paganos del sistema. No funcionó. La Argentina se liberó de su tirano financiero al decidir que su destino sería otro. El perfil de las rebeliones globales difiere, pero dibuja un mismo repudio a lo político: aumentos de los combustibles, Francia e Irán, democracia y soberanía, Argelia y Hong Kong, medidas de austeridad, Ecuador y Colombia, impuesto al uso de WhatsApps y corrupción, Líbano, corrupción, Republica Checa, corrupción y desigualdad, Irak, pobreza, Haití, tarifas de los transportes y desigualdad, Chile. Ha habido cientos de muertos y miles de heridos que llevan en su carne los estigmas de la nueva represión: el sujeto social de hoy es un ser humano mutilado, con los miembros atrofiados por los proyectiles de la policía, que ha perdido ojos, manos, dedos. Podemos retratar cada época con las huellas que deja la represión. La nuestra es la era de la mutilación policial. El teatro global prosigue, pero hemos cambiado de acto. En este, los pueblos retoman su destino y demuestran la sabiduría intrínseca de los combates: no hay pelea ultima ni derrota definitiva, sino que “todas las luchas continúan” (Mario Wainfeld) en una danza de intensidad y adormecimiento. El 14 de julio de 1789, cuando la Revolución francesa estaba en la raíz del reino, el duque de La Rochefoucauld-Liancourt despertó al Rey Luis XVI para avisarle que los insurrectos parisinos habían tomado La Bastilla. El Rey pregunto: “ ¿ Pero es una revuelta ?”. La Rochefoucauld le dijo: ”No Sir, es una revolución”. En este Siglo XXI no le diría lo mismo, sino, tal vez, algo peor: No Sir: es una resurrección globalizada.

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El Partido Laborista lanza el programa electoral más radical de las últimas décadas

Jeremy Corbyn cree firmemente que los votantes británicos están hartos de que el Brexit haya secuestrado el debate político en el Reino Unido en los últimos tres años. Su apuesta electoral es un revulsivo que él mismo definió como el plan laborista más “ambicioso y radical” en décadas y que ha puesto nerviosos a las grandes empresas y al sector financiero. El Partido Laborista ha presentado este jueves su programa para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 12 de diciembre. "En las próximas tres semanas escucharéis que todo lo que contiene este programa es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema funciona perfectamente para todos los poderosos, aunque no funcione para el resto de la gente. Se trata de un programa lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante toda una generación", ha afirmado Corbyn entre los aplausos de los estudiantes y activistas que han acudido al acto en la Universidad de Birmingham.

Cree el laborismo que los votantes británicos están preparados, después de una década de austeridad, para acoger con agrado medidas que hace 10 años habrían resultado desorbitadas. Por ejemplo, la nacionalización parcial de la empresa British Telecom para ofrecer banda ancha gratuita de Internet a todos los hogares británicos; o la renacionalización de los servicios de ferrocarril y de transporte en autobús; o el aumento hasta el 26% del impuesto de sociedades (actualmente en el 19%); o una subida de las cargas fiscales a aquellos que cobran más de 90.000 euros al año.

Pero la medida estrella tiene que ver con una de las principales banderas de la formación: la lucha contra la emergencia climática. De una sola vez, el laborismo pretende recaudar casi 13.000 millones de euros de las grandes compañías petrolíferas y gasísticas. "Ya no podemos negar la emergencia climática. La podemos ver a nuestro alrededor. La hemos visto en las inundaciones de Yorkshire o de las Midlands. No podemos perder más tiempo. Esta crisis exige una actuación urgente. Pero no es justo que los costes de la respuesta recaigan sobre las enfermeras y enfermeros, sobre los trabajadores de la construcción o sobre los operarios de las compañías energéticas", ha justificado el líder laborista.

La cifra total que la formación ha calculado que puede recaudar gracias a los nuevos impuestos supondría casi 100.000 millones de euros anuales, y promete destinar la mayoría de esos ingresos a nuevas carreteras, mejores escuelas y hospitales. El plan también incluye hasta 150.000 nuevas viviendas de protección social. Así como rescatar de este modo, entre los británicos nostálgicos de pasadas eras brillantes, una idea más solidaria y eficaz de su país. "Todavía recuerdo los Ferrocarriles Británicos. Recuerdo que el Gobierno central no invertía en ellos lo suficiente. Y ahora observo cómo gastamos mucho más en subsidiar a compañías privadas de transporte de lo que gastábamos cuando eran compañías públicas", ha dicho.

Corbyn resucita las viejas batallas del laborismo de las décadas de los setenta y los ochenta, pero es capaz de darles un nuevo tono capaz de resonar en el electorado. "Boris Johnson representa un nuevo tipo de thatcherismo atiborrado de esteroides", dice en sus discursos. "Y pretende vender nuestro preciado Sistema Nacional de Salud (NHS) a los estadounidenses a cambio de un nuevo acuerdo comercial", añade.

"Not for sale, not for sale!" (No está a la venta, no está a la venta), han gritado entusiasmados los asistentes al acto.

Corbyn no deja de repetir la idea de que los conservadores tienen un plan oculto para privatizar el NHS, a pesar de que Johnson se desespere por negarlo en cada oportunidad que se le presenta.

Dos eslóganes decoran los actos electorales del laborismo: "It's time for Real Change" (Es el momento de un cambio de verdad) y "Hope" (Esperanza). Este último, un claro intento de transmitir al electorado británico de izquierdas el entusiasmo que el expresidente estadounidense Barack Obama logró infundir en su primera campaña.

La popularidad de Corbyn, según las encuestas, está por los suelos. Pero no así la de la opción laborista. Si en 2017 el veterano líder de izquierdas logró pisarle los talones a su rival, Theresa May, y conseguir prácticamente un empate técnico, las cifras de la formación comienzan a moverse de nuevo en estas elecciones y se achica la distancia con los conservadores, aunque siga siendo de más de 10 puntos.

"Presentamos el programa más radical que se conoce para transformar nuestro país, para resolver de una vez el Brexit y reescribir las reglas de nuestra economía. Como escribió Pablo Neruda: 'Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera'", ha gritado Corbyn a todos sus seguidores.

Llegado el tiempo de las preguntas de los periodistas —Corbyn ha cortado de raíz los abucheos: "En el Partido Laborista escuchamos con respeto las preguntas de la prensa"—, el líder laborista ha vuelto a hacer equilibrios para intentar explicar su posición respecto al Brexit, y de nuevo ha esquivado establecer qué defendería (salir o permanecer en la UE) si se celebrara el referéndum que promete en su programa electoral. Pero daba igual. Los asistentes al acto estaban más interesados en aplaudir las promesas de cambios radicales que ha anunciado el candidato laborista. "Cuando recorres el país, como yo he hecho, y hablas con la gente, entiendes perfectamente que las respuestas radicales son necesarias", ha defendido. 

LOS SINDICATOS APLAUDEN EL PLAN MIENTRAS LOS CRÍTICOS LO CONSIDERAN POCO REALISTA

Los planes laboristas plantean un incremento del gasto público equivalente a casi medio billón de euros a lo largo de la próxima legislatura. Y solo una cuarta parte de esa inyección, según sus propios cálculos, procederá de la subida de impuestos. “Proponen un incremento descomunal en la carga fiscal de las empresas. Si sus planteamientos alcanzan las cantidades que indican, estaremos aplicando el impuesto de sociedades más alto de todos los países del G7, y prácticamente por encima de todos los miembros de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]. Todo esto supondrá un riesgo muy considerable”, advertía el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de pensamiento y análisis de sesgo neoliberal pero bastante respetado tanto por conservadores como por laboristas. “Simplemente, no resulta creíble”, dijo este jueves su director, Paul Johnson.

“Si los banqueros, los multimillonarios y todo el establishment pensaran que no son más que las promesas de siempre, y que al final podrán comprarnos y nada va a cambiar realmente, no estarían atacándonos de un modo tan fiero. Saben que vamos en serio y que sacaremos adelante nuestros planes, y por eso quieren evitar a toda costa nuestra victoria”, afirmó este jueves el líder laborista, Jeremy Corbyn. “Se trata de una fantástica oferta del laborismo a su electorado”, aseguró Len McCluskey, el secretario general de UNITE, la principal confederación sindical.

El programa incluye una subida del salario mínimo hasta los 12 euros por hora, sin distinción de edad (a partir de los 16 años). En la actualidad, la cifra está en los 9,50 euros por hora para los mayores de 25 años, pero puede bajar hasta los cinco euros por hora para los menores de 18 años. Propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas (cuatro días) en un plazo de diez años, y reforzar el poder negociador de los sindicatos con una defensa por todo el país de los convenios sectoriales. Eso supondrá homologar unos mínimos legales en cuanto a salarios y jornada laboral, que serán además vigilados por un nuevo Ministerio de Derechos Laborales que hasta hoy no existe.

Corbyn promete, asimismo, acabar con toda la gestión del Servicio Nacional de Salud trasladada a manos privadas.

El laborismo asegura que negociará un nuevo acuerdo del Brexit más beneficioso para los trabajadores. Por eso su programa evita dar detalles sobre la política migratoria y sobre posibles cambios en la libertad de movimiento de las personas garantizado por la UE; todo ello “será objeto de negociaciones futuras

PorRAFA DE MIGUEL

Londres 22 NOV 2019 - 02:44 COT

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