En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

 

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

 

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

 

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

 

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

 

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

 

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

 

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

 

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

 

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

 

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

 

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

 

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

 

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

 

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

 

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

 

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enEdición Nº247
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:29

Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes

El sol alumbra de manera cada vez más intensa la espalda de Juan Manuel Santos, y con claroscuros los meses donde tomará forma una nueva campaña electoral, en realidad dos: una para elegir congresistas y otra para seleccionar jefe de Estado.

Con ese sol indicando que ya sale, el aún Presidente sabe que tendrá una agenda difícil de sobrellevar y sacar adelante en el Congreso de la República, donde el acuerdo burocrático que le permitió contar con mayorías a lo largo de estos años muestra cada día más fracturas. En ese interregno quedan pendientes de aprobar decenas de iniciativas que concretan los Acuerdos firmados con las Farc.

Para conocer algunos pormenores de la agenda legislativa del segundo semestre 2017, nos citamos con el congresista Alirio Uribe, quien de manera presta dispone un tiempo para ello. Tras el saludo, entramos en materia:

 

Héctor Arenas (HA). Alirio, el fast track todavía sigue vigente para esta legislatura o finalizado el pasado mes de julio.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Sigue vigente por otros seis meses. Ese mecanismo fue aprobado para que en Colombia no pase lo mismo que en otros países donde se firmaron acuerdos de paz: que pasen los años y los acuerdos de paz no se implementan.

 

Es así como lo acá aprobado establece un procedimiento dirigido a que en el primer año queden aprobados todos los marcos constitucionales y legales, todas las leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos legislativos, que desarrollan los Acuerdos de tal manera que los mismo tengan el soporte legal para permitir su cumplimiento.

 

HA. ¿Puedes relacionar lo desarrollado hasta el momento en tal perspectiva?
AUM. Hasta los primeros días de agosto de 2017 se han expedido más de noventa leyes de implementación de los acuerdos, treinta y cinco decretos con fuerza de ley. Todas van a pasar por la Corte Constitucional, las mismas que regulan muchos temas de los Acuerdos, y cuarenta y siete decretos ordinarios, expedidos por las facultades ordinarias que tiene el Presidente.

 

De los siete Actos legislativos que deben ser aprobados ya contamos con tres. Es importante indicar que los actos legislativos son reformas constitucionales, y que en términos estatales-legales es lo que tiene más alto nivel.

 

Dentro de esos actos legislativos tenemos todo lo concerniente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo de la reincorporación política, y todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los acuerdos; su primacía en los desarrollos legislativos también está aprobado.

 

HA. Entonces, ¿qué sigue en trámite en la legislatura que apenas empieza?
AUM. Sigue en trámite lo concerniente con las regalías, recursos para financiar mucho de lo aprobado y de lo acordado. También la prohibición del paramilitarismo, que ya casi se finiquita. Lo de las circunscripciones especiales de paz, que al parecer puede tener más trabas en la Cámara de Representantes que en el Senado. Recuerde que en el Senado hay 19 departamentos que no tienen representación, por lo que sus integrantes representan más a las grandes capitales; la Cámara, en cambio, representa todo el país, entonces, cuando se crean 16 circunscripciones especiales de paz todas se cruzan con Cámaras territoriales, de ahí que sientan amenazados sus zonas de influencia y sus poderes territoriales por eventuales nuevos actores políticos.

 

Por otra parte tenemos la reforma política, y en contravía de lo que creíamos imposible, se han logrado incluir y excluir temas que son claves para la primera ponencia de la reforma de las costumbres políticas. Esto no significa que tengamos una reforma política extraordinaria, pero se han logrado avances, sobre todo en temas que eran demandas estructurales de los partidos minoritarios.

 

HA. Nos puede ejemplificar...
AUM. Se logró, por ejemplo, evitar que eliminasen la muerte política, que es la sanción de prohibirles intervenir en política de por vida a los alcaldes, concejales, diputados, congresistas, etcétera, sancionados penalmente o destituidos por corrupción. Algunos congresistas trataron de eliminar esta sanción, pero se logró conservarla, con una audiencia y con la atención al tema de los medios de comunicación.

 

La reforma política está iniciando el trámite, y se acaba de nombrar ponentes con la primera ponencia; es una reforma constitucional en fast track lo que implica que le faltarían otros 3 debates. Es vital, sobre este particular, que la movilización ciudadana acompañe el trámite de la reforma para que el Congreso sea consciente de su obligación de autoreformarse, esto bajo dos variables: la variable de corrupción (financiación ilegal, Odebrecht, etcétera). y la variable de los acuerdos de paz.

 

HA. ¿Qué otros proyectos están en curso?
AUM. Están pendientes las cuatro reformas constitucionales y diez normas nuevas, además llegó la ley estatutaria de la JEP que se había retirado, pero falta, por ejemplo, el catastro multipropósito que tiene que ver con todo el tema de tierras. Estas normas van con tres debates: comisión conjunta de Senado y Cámara, y dos plenarias.

 

Hay varias leyes pendientes: la que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, la atinente a las zonas de reserva forestal, y otra que debe modificar la ley de garantías, porque la implementación de los Acuerdos se cruza con las campañas electorales, y con éstas se congelan los presupuestos. Hay que hacer entonces una excepción para toda la implementación de los Acuerdos.

 

También está pendiente la jurisdicción agraria, un tema candente, con la cual debe venir un tratamiento penal diferencial para personas procesadas por participar en actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, lo que seguramente generará mucho debate.

 

También está una norma sobre crédito y financiación agropecuaria, que es importante. Y hay una ley sobre participación ciudadana, con quince variables de los Acuerdos de paz en el punto dos; también va a salir una norma para el combate del crimen organizado y el paramilitarismo.

 

La ley de tierras no saldrá por fast track, para evitar que la Corte Constitucional pueda tumbarla, por lo que irá por trámite ordinario con mensaje de urgencia.

 

HA. Hace unos meses, usted nos manifestó su inquietud porque en el segundo semestre del 2017 se vendría encima la agenda política electoral y no habría atención ni tiempo para aprobar las leyes indispensables para implementar los acuerdos de paz, ¿está sucediendo lo que previó?
AUM. Eso temía, sin embargo hemos tenido varias reuniones de bancadas con expresiones claras de la voluntad de aprobar las leyes que van por fast track. Eso me ha sorprendido, pero aun tengo dudas pues no veo aprobada, por ejemplo, la reforma política ni la jurisdicción agraria; también temo que algunas normas no pasen la revisión de la Corte Constitucional.

 

Creo, sin embargo, que con las normas que han salido, más las cuatro reformas constitucionales que se aprueben, y cinco normas más por fast track, tendríamos un muy buen balance para el primer año de desarrollo legal de los acuerdos. Un comparativo internacional avalaría esta convicción.

 

Ahora, lo que hay que tener claro es que el hecho de tener leyes no significa que se produzcan de manera inmediata e inexorable cambios en la vida cotidiana, pero es un primer paso indispensable para promoverlos.

 

En todo caso, en la nueva fase política que se abre (campaña electoral), el Presidente pierde control sobre el Congreso y es probable que iniciativas contrarias a los acuerdos se abran paso.

 

HA. ¿Ha sucedido algo en este sentido?
AUM. Este mes, por ejemplo, sucedió un gran debate en el Congreso a partir de cuestionar que las Farc participen en política sin haberse puesto en paz con la justicia, y este es un punto que está en los Acuerdos. Al ver lo sucedido, me pregunto: ¿es conveniente que integrantes de las Farc estén en el Congreso al tiempo que están siendo procesados en la JEP?

 

El Congreso está siempre en la mirada pública, si quienes son adversos al proceso de paz le filtran a las bancadas opuestas a los Acuerdos la información que llegará a la JEP ¿no ayudará esta situación a la matriz mediática adversa a la paz? Mi tesis ha sido que al Congreso hay que llevar personas que no estén en la JEP, o que ya hayan pasado por ella y estén a paz y salvo.

 

HA. ¿Qué ha sucedido con la obligación del Gobierno de excarcelar a los prisioneros de las Farc? Dos meses atrás usted nos dijo que esas excarcelaciones se darían gracias a un decreto del gobierno, pero pareciera que el mismo no ha surtido efecto.
AUM. Así es. El Congreso aprobó la ley de aministía pero la mayor parte de los jueces afirmó que el procedimiento para expedir las órdenes de libertad no estaba claro. El gobierno nacional sacó entonces un decreto aclarando la ley de amnistía, sin embargo no se produjeron las liberaciones esperadas, por lo cual vino la protesta en las cárceles y la huelga de hambre en el mes de junio.

 

El gobierno nacional expidió otro decreto aclarando la ley de amnistía y el decreto previo, y después expidió el decreto 750 nombrando a 700 guerrilleros detenidos como gestores de paz; con este decreto el propio Gobierno da las órdenes de libertad.

 

Sin duda hay resistencia por parte de los jueces contra lo acordado. Quizás haya necesidad de nombrar otros 700 gestores de paz, todavía debe haber en las cárceles al menos 1.500 detenidos de las Farc.

 

Una evaluación al finalizar diciembre de lo acá relacionado nos indicará, con toda certeza, las fuerzas que deberán moverse en el futuro cercano para garantizar que todo lo acordado se torne realidad. La coyuntura seguirá marcada por esta pugna.

 


 

Recuadro

 

En defensa de los cerros orientales de Bogotá

 

En los años sesenta, en los cerros orientales que colindan, entre otras, con la localidad de San Cristóbal, los niños respiraban libertad jugando en el bosque y aprendiendo a nadar en el río. El Fucha descendía del páramo de El Verjón, aún con peces. En ese tiempo el niño Alirio Uribe Muñoz no podía imaginar, mientras se zambullía en las frías y puras aguas del riachuelo andino, que cincuenta años después estaría defendiendo esos cerros tutelares y sagrados –para el milenario pueblo muisca– de la embestida turbia de los urbanizadores representados por Enrique Peñalosa.

 

En su oficina del quinto piso en el Congreso de la República, Alirio nos comenta que el 3 de agosto realizaron la audiencia pública sobre cerros orientales en el Capitolio, la que contó con un amplia concurrencia de los actores civiles, singulares o articulados en procesos organizativos, que desde hace años han estudiado y adelantado acciones para cuidar los Cerros, o simplemente los han habitado. En la lucha por la defensa del territorio, nos cuenta, que también sesionó una audiencia pública sobre el parque Bavaria, también con una amplia participación ciudadana.

 

HA. El tema de la defensa de los territorios es primordial, ¿cómo sesionó la audiencia pública sobre los cerros orientales?
AUM. Es necesario recordar que estos Cerros son zona de reserva, por lo cual no pueden ser construidos, como lo desean los constructores de urbanizaciones estrato diez. Pese a la norma, este bello espacio de la ciudad ha sufrido intervención, favorecida por prodecimientos corruptos, que han permitido la construcción de edificaciones como algunas torres de la Universidad Externado, de la Universidad América, así como edificios de la calle 19 con carrera tercera.

 

En la lucha por proteger este patrimonio colectivo, en el 2005 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción popular invocando su protección, acción popular que finalmente fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado en el 2013 ordenando proteger los Cerros, bajo las modalidades de franja de amortiguamiento y zona de reserva.

 

La franja de amortiguamiento tiene un problema: la Sentencia dijo que se respetaban los derechos adquiridos, y en esa área están las licencias de construcción, el problema es que existe un conflicto social pues pueden existir allí entre 10 o 20 mil viviendas ilegales de diversos estratos socio-económicos.

 

La Sentencia tiene 14 recomendaciones, y compromete a las diversas autoridades ambientales en la aprotección de la zona de reserva: CAR, Secretaría de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio Ambiente, autoridades encargadas de la vigilancia y ejecución de la Sentencia.

 

Peñalosa llega a la Alcadía con la propuesta del sendero de las mariposas, un nombre bonito para una propuesta dirigida a convertir la zona de reserva en un proyecto de clubes de turismo con miradores estrato diez y zonas de parqueo.

 

Previendo la protección los Cerros, desde hace años la sociedad civil diversa y organizada que los estudia y protege, propuso la creación de veinte parques a lo largo de los Cerros, desde Usme hasta Lijacá. Esa propuesta fue construida con la administración Petro y se presentó en la audiencia pública que organizamos en ese momento. En tal audiencia también se revelaron los temores y los conflictos existentes en esa zona; por nuestra parte, presentamos los cinco títulos mineros que encontramos en el área, títulos contrarios a lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado que prohíbe de manera terminante la minería en la zona; también hay conflicto entre los derechos de la gente que habita ese territorio y las constructoras.

 

Hay muchas propuestas que podrían hacerse para proteger este importante y bello espacio de la ciudad, y no atropellar los sectores sociales más vulnerables que lo habitan desde hace décadas, los que podrían ser convocados a la tarea de proteger el área y brindarle seguridad.

 

Por ahora y sin retardo, hay que seguir con los ojos bien abiertos, realizando un monitoreo sobre lo decidido por la Corte y para contener las pretensiones de los negociantes del cemento, en cabeza del señor Peñalosa.

Publicado enEdición Nº238

Colombia parece estar condenada a la repetición de los ciclos y a la monótona reedición de “más de lo mismo” en infinidad de aspectos de la vida nacional, política, sobre todo la electoral, que no escapa a esa repetición infinita donde las circunstancias son casi idénticas y los protagonistas parecen los mismos.

 

Empezando apenas el calendario electoral que da la señal de partida para la contienda presidencial de 2018, aparece el tema de los sobornos de la empresa Odebrecht y sus ilegales contribuciones a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos (2010 y 2014) y la de Oscar Iván Zuluaga en el 2014. Una vez más los implicados en esos escándalos, fieles a la tradición de sus antecesores en situaciones semejantes, niegan los hechos del tamaño de un elefante y se rasgan las vestiduras para probar su inocencia. Y en el mejor de los casos, cuando sea imposible ocultar la realidad, repetirán la frase acuñada por Ernesto Samper, cuando en 1994 su campaña presidencial recibió dineros del Cartel de Cali: “fue a mis espaldas”.

 

Ya veremos “más de lo mismo”, en un año o dos, cuando se destape la corrupción, los sobornos y las coimas que seguramente rodearán las campañas electorales que alistan baterías para las contiendas del 2018: la del Congreso y la presidencial. No es fatalismo ni pesimismo, es simplemente realismo ante la evidencia de que la política electoral agenciada por los partidos tradicionales ha sido y es, en lo fundamental, una vieja y consolidada empresa criminal contra el pueblo.

 

No obstante, lo predecible de la política colombiana no dejan de sorprender ciertos “logros” como el conseguido, hasta ahora, por el uribismo al ostentar el record de liderar de manera consecutiva cuatro campañas presidenciales sucias y sangrientas: las dos de Uribe en 2002 y 2006, la de su protegido, Juan Manuel Santos en el 2010 y la de su deplorable marioneta, Oscar Iván Zuluaga, en el 2014.

 

Lo realmente novedoso de la contienda electoral que se inicia es que en ella está de por medio la suerte del proceso de paz con las Farc, herido profundamente en su legitimidad luego de la derrota del SÍ en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Herida que pese al Acuerdo-reformado-firmado pocas semanas después (24 de noviembre) y al respaldo dado por el Congreso, no ha cerrado del todo.

 

Las Farc se han confinado en las zonas de desarme y desmovilización sin poder ocultar su preocupación y desconcierto por el incumplimiento de puntos de lo pactado para la fase inicial de la desmovilización y ante el peligro de incumplimientos mayores en el futuro. En el tortuoso proceso de implementación de los acuerdos en el Congreso se han hecho modificaciones de última hora que los farianos han tenido que tragarse. En lo que resta del actual gobierno la suerte del proceso de paz no será la mejor, pero más allá del 7 de agosto del 2018, podrá ser peor si gana Vargas Lleras o si gana una candidatura abiertamente uribista, sector político, que como es sabido, tiene sentenciado a muerte el proceso paz.

 

Por desgracia, en cambio, no son novedosos los asesinatos generalizados a todo lo largo y ancho del país de activistas sociales y luchadores populares (van más de 157) en el último año. Es como vivir lo sucedido en los años del exterminio de la UP, de los movimientos cívicos y de otras organizaciones políticas alternativas. Ahora, una vez más la campaña presidencial ya está manchada de sangre.

 

Ante las denuncias nacionales e internacionales de la evidente falta de garantías para la oposición de izquierda, el gobierno nacional responde con evasivas y niega, contra toda evidencia, el carácter sistémico de esta persecución, tal como lo hicieron otros gobiernos en los años ochenta y noventa del siglo pasado.

 

Una vez más ante la imposibilidad, por ahora y quién sabe por cuánto tiempo, de una alternativa popular, que ponga en peligro la hegemonía política y electoral de las elites dominantes, la posibilidad real de ganar la disputa presidencial parece reducirse nuevamente a las fracciones en que están divididas dichas elites: el uribismo y el santismo, restando sólo saber si la candidatura de Germán Vargas Lleras finalmente se inclinará más hacia Uribe o más hacia Santos.

 

Una vez más la coyuntura electoral encuentra a la izquierda perdida en el laberinto de sus propias limitaciones y aquejada de las viejas prácticas políticas que le restan posibilidades para concitar el apoyo del campo popular y menos aún de ganar el apoyo de millones de connacionales que sin ser de izquierda, padecen, sin saber las causas, las consecuencias del injusto orden social y el espantoso modelo económico neoliberal.

 

Realidad y reto

 

Mientras perviva la vieja política personalista, grupista e incluso sectaria, no exenta también de corrupción y el caudillismo –de los que se creen grandes barones electorales– la izquierda, a lo sumo, sólo fraguará transitorias y fugaces convergencias electorales, pero será incapaz de transformar sus prácticas, renovar su lenguaje y su estilo político a la hora de tener que llegarle y entusiasmar a las grandes mayorías. Será incapaz de constituirse en una alternativa de gobierno, esto es, en tener la fuerza para ganar una elección nacional al mismo tiempo que poseer la habilidad para articular lo electoral con la lucha de los movimientos sociales en los campos y ciudades del país.

 

Más allá de la ideología. Ser alternativa de gobierno depende, no tanto de la rigurosidad y claridad programática, sino de la capacidad para saber sintonizarse con las angustias y anhelos de la ciudadanía.

 

Tras esta sintonía necesaria, renovando y transformado la manera de hacer política, la izquierda podrá constituirse en una alternativa ética de gobierno que atraiga a las gentes hastiadas del robo, saqueo e ineptitud de los partidos tradicionales y de los gobiernos de turno.

 

Para ello son necesarias rupturas con los tiempos y las formas habituales de la política. Por ejemplo, propiciar que la mayoría social construya junto con los partidos y movimientos alternativos, los planes de gobierno, eligiendo al mismo tiempo a quienes desee sean sus candidatos y candidatas, tanto para presidencia como para el poder legislativo. Introducir el principio que, en el debate, selección y la definición de compromisos, nadie mande sin obedecer. Construir colectivamente una propuesta tal que, más allá del hecho electoral, sirva como plataforma y vía para salir a luchar cada día por un orden económico, social y político diferente, en una perspectiva de doble poder, emplazando al establecimiento a cumplir con el mandato social y popular. Así, el hecho electoral será un simple momento, una escala dentro de un largo recorrido que tiene claramente definido su norte.

 

Y así debe procederse, pues debemos comprender que ser alternativa de poder es algo muy distinto y mucho más exigente que ser una alternativa de gobierno. Seremos alternativa de poder cuando el bloque histórico popular esté en condiciones de quebrar la hegemonía política y cultural que las clases dominantes ejercen sobre el pueblo colombiano, lo cual pasa por derrotar el orden social imperante.

 

La hegemonía popular en lo político, lo ético, lo estético, lo técnico, lo ecológico, lo científico y lo cultural, será una nueva forma y contenido de organizar y dirigir la vida material y espiritual al servicio de la emancipación y el despliegue de las potencialidades humanas, es decir, de la vida buena y del buen vivir. Por lo tanto, no es ni será una cuestión que se ponga en juego en una simple jornada electoral, como creen el electoralismo y las estrechas concepciones liberales.

 

Empezar a hacer esta ruptura no es fácil, pues nada lleva a pensar que una izquierda que rehúsa desde hace bastante tiempo a transformarse y buscar una nueva forma de hacer política, lo vaya a hacer pronto, lo vaya a hacer de cara a las próximas elecciones del 2018 y que en lo mediato, llegue a ser una alternativa de gobierno.

 

No obstante, precisamente por ello, Desde Abajo, en unión con otras organizaciones políticas y movimientos sociales, persisten en orientar sus esfuerzos tras esa necesaria transformación, porque otra política y otra democracia pueden y deben ser posibles. Como esto nos tomará un tiempo en lograrlo hay que empezar cuanto antes. Entonces, ahí sí ...hablaremos del poder, del verdadero poder.

Publicado enEdición Nº234
Viernes, 28 Abril 2017 15:11

La apuesta de La Francia insumisa

La apuesta de La Francia insumisa

Entre el colapso de una élite política y las amenazas de la ultra derecha, La Francia insumisa de Mélenchon propone una salida digna y movilizadora


Europa se debate entre los restos de una crisis económico-financiera, una crisis política y del modelo de democracia liberal vigente, y una crisis moral de gran proporción. La Unión Europea cristaliza muchas de las críticas efectuadas a un sistema económico y de élites en el que ya no cree gran parte de la población.

 

Francia es un caso emblemático, donde los 2 últimos gobiernos, de derecha (Sarkozy) y social-demócrata (Hollande) han cosechado niveles de rechazo inigualados por casos de corrupción, su incapacidad a resolver los principales problemas de la gente, en fin una desconexión con el resto de la sociedad. El resultado de esta situación es el creciente desinterés de franjas de la población hacia la política, y desde un sector creciente de la sociedad francesa una acogida a las ideas de Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, partido racista que ha hecho de los inmigrantes y refugiados el chivo expiatorio frente a los problemas del país.

 

Una campaña electoral donde nada responde al libreto

 

La actual campaña electoral para elegir el próximo presidente francés resalta como atípica, marcada por una serie de escándalos de corrupción de varios candidatos. El principal, François Fillon, exPrimer Ministro de Sarkozy, acusado de emplear de manera ficticia a su esposa cuando era congresista y sospechoso de tráfico de influencias cuando era Primer Ministro. Su imagen de hombre íntegro cayó al piso y sus posibilidades de victoria –era el principal favorito a finales de 2016– están hoy muy comprometidas. Por su lado, Marine Le Pen está investigada por abusar de fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido. Y sobre Emmanuel Macron, actual favorito de las encuestas, existen rumores –aún no investigados por la justicia– de que usó recursos del gobierno cuando era ministro de economía de Hollande, destinados a la preparación de su campaña, pero también de que manipuló su declaración de impuestos.

 

La otra característica de esta campaña es la sanción que en las elecciones internas de los 2 principales partidos (Republicanos y Socialista) sufrieron los precandidatos más fuertes, los favoritos de las encuestas y los medios de comunicación, pero también aquellos candidatos que más representaban la continuidad de los anteriores gobiernos. Esas elecciones hicieron emerger candidatos sorpresa, contradiciendo las encuestas, y repitiendo las experiencias recientes del Brexit, la elección de Trump o el plebiscito colombiano, fenómeno que Mélenchon calificó como “degagisme”1.

 

Como resultado, a pocas semanas de la primera vuelta, los dos partidos políticos tradicionales y que han gobernado Francia en las últimas décadas, están más debilitados y divididos que nunca, y es factible que ninguno de los dos llegue a la segunda vuelta.

 

Propuestas de izquierda para una sociedad desorientada

 

El programa de Jean-Luc Melenchon se inspira en el keynesianismo (con un ambicioso plan de inversión pública, en contraposición con las políticas de austeridad hoy en boga en Europa), la ecología política (transición energética, agricultura campesina, economía del mar, salida de la energía nuclear) y de las revoluciones ciudadanas de América Latina, particularmente de Ecuador (con la idea de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, la llamada 6ª República francesa).

 

A nivel internacional, busca bajar las actuales tensiones en Europa entre Estados Unidos (su aliado incondicional hasta la llegada de Trump) y Rusia, reequilibrando las relaciones con las 2 potencias. Por otra parte, el actual eurodiputado Mélenchon es un gran crítico de la forma como la Unión Europea abrazó, bajo el liderazgo del gobierno alemán, políticas ultra liberales y antisociales. La política europea contra el pueblo griego y la política migratoria europea que deja morir miles de refugiados en el Mediterráneo, son elementos de ruptura no sólo políticos sino éticos con esta UE. De ahí que su programa apunte a una refundación profunda de la UE, con la amenaza de la salida de Francia del bloque. Mélenchon entiende que la UE no resistiría la salida de Francia, lo que le daría un amplío poder de negociación para atraer a otros países hacia un modelo de integración basado más en los pueblos y menos en los mercados financieros.

 

La Francia insumisa y el actor social

 

Pero más allá del programa, el tono y la forma de hacer política son la novedad. Se inspira abiertamente en Podemos (España) y en Bernie Sanders (Estados Unidos). Las personas que lo apoyan hoy son cercanos al movimiento Nuit Debout2 o del sector asociativo alternativo.

 

Su campaña inició hace un año, mucho antes que cualquier otro candidato. Este político de 65 años es hijo de la izquierda. Militó en el partido socialista durante 35 años, hizo escuela con François Mitterrand y fue senador, siempre representando al ala izquierda del partido, hasta que cansado de sus intentos de transformarlo, y evitar su evolución hacia un liberalismo cada día más asumido, optó en 2008 por dejar al partido.

 

La France insoumise, la plataforma política de Mélenchon, está creciendo y hoy cuenta con unos 360.000 personas. Algo que aprendió de Bernie Sanders es el trabajo de redes sociales y con los jóvenes. Mélenchon y su equipo diseñaron una estrategia de comunicación exitosa en internet, con un canal youtube que es ahora el primer canal político del país, lo que le permite no depender de los medios de comunicación masivos, hostiles a su candidatura.

 

Mélenchon y La Francia insumisa avanzan. Su capacidad de oratoria, de convencer, su gran cultura, su fuerte temperamento (algunos dicen su mal carácter) refrescan y elevan el debate político, a la vez que seducen sectores cada vez más amplios de la población. Mélenchon habla a la inteligencia de los electores cuando otros candidatos tratan de utilizar sus miedos y movilizan sus reflejos identitarios más negativos. La Francia insumisa ha organizado universidades populares transmitidas en vivo por youtube para informar y debatir sobre cada uno de los ejes de su programa. “Convencer es mi única arma y mi única posibilidad de ganar”, repite el candidato.

 

¿Sorpresa?

 

Hoy Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que fue Ministro de economía de Hollande y se presenta como independiente, son los 2 favoritos de las encuestas para acceder a la segunda vuelta. Sin embargo, con alrededor de 15 por ciento de intención de voto, según las encuestas, y con una notable dinámica de crecimiento, Mélenchon puede crear la sorpresa el 23 de abril.

 

 

1 Inspirado de la reciente revolución tunecina y su gesto del dedo hacia el gobierno, significando en tono familiar “váyanse!” (“dégagez!”).

2 Movimiento ciudadano de rechazo a la ley laboral del gobierno de Hollande, que en 2016 ocupó durante semanas las plazas de Paris y las principales ciudades del país, inspirado en los indignados españoles.

Publicado enEdición Nº234
Los indecisos, factor clave en las elecciones post-Correa de Ecuador

Los indecisos, situados por las encuestas entre 25 y 35 por ciento de los electores, van a decidir el domingo 19 si habrá una segunda vuelta para escoger a quien sustituirá en la Presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo a Rafael Correa, tras una década al frente del país. Crédito: CNE


QUITO, 16 feb 2017 (IPS) - El alto nivel de indecisos en Ecuador convierte en una incógnita si algún candidato a la Presidencia obtendrá los votos necesarios para triunfar en la primera vuelta del domingo 19, o si habrá que esperar a abril para saber si el país escoge el continuismo o la ruptura con una década marcada por Rafael Correa y su Revolución Ciudadana.


Los portavoces del favorito según todas las encuestas, Lenín Moreno, exvicepresidente (2007-2013) y candidato de la gobernante Alianza País y otras fuerzas minoritarias, sí se muestran seguros, no obstante, de obtener el triunfo durante esa jornada de elecciones generales.


La ley electoral ecuatoriana establece que para ganar la Presidencia en primera vuelta se necesita más de 50 por ciento de los votos válidos, o más de 40 por ciento con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al candidato siguiente.


A Moreno se le asigna esa ventaja de 10 puntos, pero sin llegar a 40 por ciento de los votos válidos y con una tendencia de decreciente respaldo, en unos sondeos que no concuerdan en quien sería su contrincante en un eventual balotaje, el 2 de abril.


La clave estará en el alto porcentaje de electores que decidirán su voto el mismo domingo, coinciden analistas, que recuerdan que ese elemento ha llevado a equivocarse a los sondeos en el pasado. En la penúltima semana antes de los comicios, entre 25 y 35 de los electores permanecían indecisos, según las firmas encuestadoras.


Adrián Bonilla, analista político y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró a IPS que la predicción de las encuestas para estas elecciones se vuelve poco segura por este factor.


También puede jugar un papel protagónico el denominado “voto útil”, argumentó, porque un sector de indecisos puede decantarse por Moreno como “mal menor”, aunque sean críticos del gobierno del presidente Rafael Correa, y otro puede votar por quien ocupa el segundo lugar “para asegurar la segunda vuelta”.


Si se produce este segundo escenario, Moreno requeriría una corrección estratégica y Alianza País debería tender puentes reconociendo que no es la única fuerza política interna y que requiere establecer amplias alianzas para vencer, consideró.
Correa, en el poder desde enero de 2007 y quien triunfó en tres elecciones, impulsó una Revolución Ciudadana, que incluyó una nueva Constitución, inscribiéndose en la corriente de gobiernos bolivarianos y progresistas que triunfaron en América Latina a comienzo de siglo.


La reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejora de la educación y la sanidad y la promoción de la inclusión social, se cuentan entre sus logros, mientras una gestión “pro autoritaria” y cortapisas a la libertad de expresión se mencionan como déficits de una década que transformó el país.


Los últimos sondeos de cinco firmas diferentes otorgan a Moreno la primera intención del voto, con entre 43 y 28,5 por ciento del favor de los encuestados, mientras que cuatro de ellos conceden al banquero Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades, el segundo lugar, con entre 21,5 y 16 por ciento.


Una encuestadora coloca a Cynthia Viteri, del derechista Partido Social Cristiano, en el segundo, mientras las demás lo sitúan en tercera posición, con entre 20,2 y 13 por ciento. Quien aparece sin opciones es el exalcalde de Quito y aspirante de Izquierda Democrática, Paco Moncayo.


La campaña electoral, en que participan ocho candidatos, estuvo marcada por la difusión de escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del gobierno y figuras vinculadas a la oposición.


La corrupción en la estatal Petroecuador, un escándalo surgido a mediados de 2016, que involucró al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, hoy prófugo de la justicia, y altos funcionarios de esa empresa, fue un golpe para la campaña de Moreno, a quien hasta noviembre se le pronosticaba un triunfo en primera vuelta.


Meses después, el surgimiento de múltiples casos contra funcionarios del gobierno y líderes opositores terminaron ubicando a la corrupción como algo inherente a la política, que es solo el tercer tema de preocupación de los votantes, con 14 por ciento de los encuestados.


Paulina Recalde, de la empresa Perfiles de Opinión, aseguró a IPS que parece haberse posicionado en gran parte de los electores que todos los políticos son corruptos, y por lo tanto el tema no es decisivo para el voto.


Las denuncias de sobornos millonarios en los contratos de la empresa brasileña Odebrecht, estalladas en enero, sin que haya hasta ahora nombres de participantes o pruebas, fortalecieron esa percepción.


Para más de 60 por ciento de los encuestados, la mayor preocupación es el desempleo y la situación económica, así que los candidatos priorizaron en sus campañas las promesas de mejorar estos temas.


Moreno, por ejemplo, ofrece alcanzar el pleno empleo en dos años, con la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que Lasso promete crear un millón de empleos en el próximo cuatrienio.


Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 17 de enero, Ecuador tiene 5,2 por ciento de desempleados y 19,9 por ciento de subempleados, dentro de una población económicamente activa de 7.874.021 personas, en un país de 16,4 millones de habitantes.


El llamado “empleo inadecuado”, que reporta ingresos por debajo del mínimo considerado necesario, está en 53 por ciento.
Mario Unda, analista político y docente de la Universidad Central, aseguró a IPS que los indecisos son una muestra de la apatía electoral y el poco entusiasmo que despiertan los candidatos.


“Esta campaña ha sido la que menos interés ha concitado desde el regreso a la democracia en 1979”, afirmó. A su juicio, la elección se definirá “el mismo domingo” y será muy importante el “voto útil”.


El gobierno, por su parte, se ha dedicado a mostrar sus logros en infraestructura, con la construcción de nueva vialidad nacional y centrales hidroeléctricas, la disminución de la pobreza y la inclusión de amplios sectores en la actividad económica, para frenar la caída de su candidato.


Mientras, Lasso y Viteri atacan todo lo hecho la última década y Moncayo reconoce algunos logros pero critica el “autoritarismo” de Correa.


Si bien las encuestas no establecen claramente posibles porcentajes para la Asamblea Nacional, todo indica que el partido de gobierno ya no tendría mayoría como en la legislatura actual donde controla 100 de los 137 escaños.


Para la jornada electoral, están habilitadas para votar 12.816.698 personas, que elegirán presidente y vicepresidente, 137 legisladores y cinco parlamentarios andinos.


Una consulta inédita en el mundo


El domingo 19 también se votará una consulta popular que podría crear ejemplo en el mundo, sobre los paraísos fiscales propuesta por Correa.


Los electores se pronunciarán sobre la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?


La interrogante plantea, asimismo, el plazo de un año para que los servidores públicos que tengan recursos en paraísos fiscales acaten el pronunciamiento popular para no ser destituidos. Varios líderes opositores, entre ellos el propio Lasso, tienen capitales en países considerados paraísos fiscales.


La mayoría de las encuestas le dan un triunfo al “Sí” con más de 50 por ciento de intención de voto.

IPS Noticias

Publicado enInternacional
Gustavo Petro: ‘Santos confunde una paz chiquita con la paz grande...’

Hace cerca de un año que Gustavo Petro finalizó su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá, cuatro años de una política que pretendió romper con un modelo de ciudad de espaldas al agua, a la naturaleza que rodea a la capital del país, y a las mayorías que la habitan.

 

La gestión realizada, su evaluación, aún está pendiente de procesarse. Lo propuesto y lo concretado, los éxitos y las derrotas, todo a una, como parte de la política de ser gobierno, lo acompañan en sus meditaciones de muchos días.

 

El pasado reciente lo acompaña, pero también el presente y el futuro, en una reflexión sobre cómo construir una acción política de nuevo tipo, una acción con la cual encarar una posible campaña electoral por el gobierno nacional en el 2018. Santos y su paz pequeña, la sociedad como un todo y los cambios estructurales fundamentados en el territorio, las Farc y el acuerdo logrado con el gobierno, pero también el plebiscito y el No que derrotó los cálculos de tantos, son parte de las otras reflexiones que recorren una y otra vez su mente.

 

Como un político con vocación de poder, no descansa, sabe que logró el diseño de una propuesta de gobierno para la Colombia de hoy –además de haber ejecutado en Bogotá, una experiencia puntual de la misma– que levanta odios y amores. Él quiere ejecutarla para todo el país, pero también sabe que para poder acometer una próxima contienda electoral primero tiene que vencer a los jueces, a través de los cuales el establecimiento ha decidido maniatarlo.

 

Sobre estos y otros temas nos respondió en entrevista exclusiva para el periódico desdeabajo.

 

desdeabajo (da). Mirando las decisiones de la actual administración distrital, algunas reactivas, como la línea de metro, la construcción de la ALO, así como los bicicorredores, ¿cuáles serían las afectaciones fundamentales, para la ciudadanía, de este tipo de decisiones?
Gustavo Petro (G.P.) En términos macros lo que propuso Bogotá Humana, y empezó a implementarse, era básicamente una ciudad, en primer lugar incluyente socialmente; en segundo lugar, equilibrada con la naturaleza,; y en tercer lugar, en el campo de la infraestructura de la movilidad multimodal y eléctrica (multimodal significa la bicicleta, el peatón, el bus –pero saltando tecnológicamente hacia la no contaminación y los modos férreos que tenían que ver con los tranvías que se adelantaron cuatro proyectos, y el metro–), una movilidad no contaminante, lo cual tiene que ver, obviamente, con el segundo aspecto, o sea, lograr equilibrarse con la naturaleza y con la vida; una movilidad multimodal, además, tiene que ver con lo que es más eficaz, más digna para la ciudad, más productiva en términos neoliberales; ese esquema macro, esa propuesta de Bogotá Humana está hoy completamente destruida.

 

da. Un golpe severo para la sociedad de clase media...
G.P. Lo que quiso la ciudadanía de clase media de Bogotá, a la que hicimos mayoría, porque es una clase media forjada gracias a la política redistributiva de doce años de gobiernos progresistas, fue destruir esa propuesta, esa fue su actuación electoral. No le vamos a echar la culpa de eso a Peñalosa que realmente no mintió, y su vida personal está muy ligada a lo contrario de lo que se había propuesto desde Bogotá Humana.

 

da. ¿En qué se concreta esa destrucción?
G.P. Durante este casi año de gobierno de Pañalosa, han destruido los tres aspectos de la Bogotá Humana: una sociedad no incluyente, segregada: habitantes de la calle golpeados, desalojados forzadamente; vendedores ambulantes que no les permiten que estén en los lugares de mayor tránsito de residentes de alta capacidad de pago; vuelta al sistema de vivienda para los pobres en los bordes; abandono de los proyectos en el centro; parálisis del proyecto de jornada única –que se queda donde lo dejamos, y así se escribe en el Plan de Desarrollo, no va a aumentar–, destrucciones de jardines infantiles y de la política de cuidado a la primera infancia; destrucción de la política de médicos y salud en los hogares en los barrios más populares; privatización del sistema de salud; privatización del sistema educativo. Este conjunto de medidas genera una política de exclusión social generalizada, lo contrario de lo que habíamos propuesto.

 

da. Este es uno de los aspectos...
G.P. En el frente del nuevo diálogo con la naturaleza la regresión es total, lo planteado, y lo que empieza a implementarse, es la destrucción del área de los Cerros Orientales que los urbanizadores siempre quisieron urbanizar, y el anuncio cada vez más consistente de destrucción de la reserva forestal del norte; el anuncio de la construcción de la ALO con recursos que serían de la privatización de EEB, que destruiría casi todos los humedales de Bogotá, porque la ALO pasará por encima de ellos; la visión otra vez expansionista de la ciudad, que terminará poniendo a vivir poblaciones, incluso de altos recursos, en alto riesgo climático.

 

da. Faltaría el tema de la movilidad...
G.P. Ahí tenemos la destrucción del proyecto metro, con la complicidad de Santos; la destrucción de los cuatro proyectos de tranvía, dos de ellos ya a punto de empezar la etapa de adjudicación para construcción, el de Soacha y el de Faca; la destrucción del proyecto del cable a San Cristóbal, sobrevivió el de Ciudad Bolívar pero porque lo dejé en un punto de no retorno, no pudieron desbaratarlo; la vuelta a la tesis de que la movilidad es unimodal, motores de combustibles fósiles, llámense buses, llámense carros particulares, llámense motos, y un discurso falso sobre la bicicleta porque las grandes inversiones que anuncia Peñalosa a partir de la privatización de las empresas públicas tiene que ver es con la ampliación de autopistas, es decir, con incrementar el espacio al carro particular, lo cual es un absurdo, y un contrasentido absoluto alrededor del nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Este es el resumen.

 

da. Mirando esta reacción, podríamos enmarcarla dentro de lo que viven los llamados gobiernos progresistas: en Brasil, Argentina, guardadas las proporciones también se ve el auge de medidas regresivas. Ante esta realidad, ante la búsqueda de un cambio por una sociedad mejor, después de ver que un trabajo de varios años puede ser destruido tan fácil, ¿justifica seguir en la lucha por los gobiernos en ese sentido?, ¿qué queda realmente después de ser gobierno en favor de la comunidad, y el avance del progreso social?
G.P. Antes de entrar en este tema es bueno subrayar en algo que arrojan estos procesos: las izquierdas latinoamericanas, con sus debidas excepciones, no han construido una visión alternativa de ciudad del mundo urbano, su discurso ha sido más bien ambiguo.

 

da. Pero igual sucede entre nosotros, por ejemplo con los gobiernos del Polo Democrático...
G.P. Creo que el progresismo tuvo un discurso muchísimo más claro. Mire el proceder del Polo, excepto algunas políticas de carácter social, distribución del gasto, lideró una concepción de ciudad muy similar a la de Peñalosa; no olvide que Lucho Garzón fue quien renunció a hacer un metro, y por eso hoy no lo tenemos; quemó cuatro años de tiempo, que eran necesarios, porque decidió pactar con Mockus y Peñalosa la continuidad del sistema de transporte unimodal, es decir, buses; y Samuel ahondó en la política de expansión urbanística, incluso de disminución de los cuidados por hacer sobre humedales, sobre la naturaleza; por eso ni Lucho, ni Samuel, no incluyo ahí a Clara López, no vieron como prioritario el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, intacto hasta que llegamos al gobierno; Clara López hizo un intento, y nosotros tomamos parte de su trabajo para la propuesta que al final hicimos, y que fue suspendida por una magistrada.

 

da. ¿Acaso la izquierda tiene un discurso poco preciso, ambiguo, sobre la ciudad?
G.P. Sí, por eso usted encuentra ausencia de un discurso alternativo de ciudad en Venezuela, donde la ciudad sigue girando alrededor del petróleo y el carro particular, igual que antes de Chávez; la ciudad brasileña, con algunas diferenciaciones, no es que haya establecido una política alternativa a la ciudad neoliberal, incluso las políticas de la izquierda brasileña alrededor de la juventud excluida en las favelas, es similar a la que tenía el neoliberalismo, con un gran desarrollo de la brutalidad policial como instrumento fundamental para su tratamiento; en ciudad de México, a pesar de que la izquierda gobierna allí desde hace mucho tiempo, el modelo urbanístico sigue girando alrededor del carro, incluso con una consecuencia nefasta para el medio ambiente: recién tuvieron que paralizar actividades por los niveles de contaminación, consecuencia lógica del giro que dieron al paralizar el crecimiento del metro y pasarse a una política de segundos pisos, de ampliación de autopistas con inversiones gigantes en este tipo de infraestructuras...

 

da. Pero hay experiencias urbanas por resaltar...
G.P. Sí, tenemos ejemplos en varias ciudades ecuatorianas, en ciertas políticas en boga en Sao Paulo, en Quito –antes de la derrota electoral–, en Rosario (Argentina), etcétera. Pero lo que quiero subrayar es que del lado del progresismo en América Latina resalta la ausencia de una visión del mundo alternativa para el siglo XXI, que toca temas diferentes a lo que diferenciaba la política en el siglo XIX y en el siglo XX, y que tiene que ver con este tema del cambio climático.

 

Coyuntura política

 

da. Acaba de realizarse el plebiscito para la refrendación de los Acuerdos con el resultado conocido, para salir del impase surgieron propuestas como los cabildos abiertos, algunos hablan de la constituyente, etcétera, ¿comparte alguna de estas salidas?, ¿cómo ve esta problemática?
G.P. Tengo una visión crítica desde el inicio, expresada públicamente, no ahora que fue derrotado el Sí. El planteamiento inicial lo construyeron alrededor de lo que podía significar una paz pequeña, a diferencia de una paz grande en Colombia.

 

da. ¿Qué quiere decir con ello?
G.P. Quería indicar que el gobierno de Santos usurpó un paradigma construido desde hace tiempo en Colombia alrededor del quehacer de la paz, confundiendo la paz grande –que es la construcción de las reformas fundamentales que permiten la convivencia, y que por lo tanto solo puede tener como protagonista la sociedad–, con lo que llamo la paz chiquita –que es una parte de esa paz grande, que es la desmovilización de las guerrillas–. No puede confundirse uno con lo otro, no se le puede decir a la sociedad que la desmovilización de una guerrilla es la paz, porque eso es un engaño, con una intención premeditada: no pasar las reformas fundamentales de la sociedad, que no se le permite a la guerrilla discutir, en lo cual podrían hasta tener razón pues no es ella la interlocutora de las reformas de la sociedad, así quisiera serlo, pero es que a nadie más le permiten discutirlas, es decir: ni es la guerrilla la interlocutora ni lo es la sociedad, entonces, en el escenario político colombiano no hay un camino para las reformas sociales que son fundamentales para la convivencia.

 

da. El resultado arrojado por el plebiscito el pasado 2 de octubre sorprendió a muchos, sus consecuencias son fuertes...
G.P. Jurídicamente él No tiene un mensaje, que también es político: no se aceptan los acuerdos de La Habana; no tiene más mensaje que ese porque a la gente no le hicieron otra pregunta.

 

da. Gran parte de la izquierda estaba segura del triunfo del Sí...
G.P. Para algunos el resultado terminó siendo una tragedia. Cierta izquierda que se pegó a Santos con el prurito de sacar avante esos acuerdos a como diera lugar, quizás pensando que las Farc rápidamente se transformarían en un movimiento político, (sentimiento bien legítimo, eso es una opción), hoy se siente herida por el resultado del 2 de octubre. Hoy tenemos una realidad política completamente diferente.

 

da. Ahora toca renegociar los Acuerdos, o imponerlos...
G.P. Su imposición sería un desastre, pues daría paso a una reacción no legal dentro de sectores del No que todos nosotros conocemos, y esa reacción sería que desmovilizados y desarmados los guerrilleros de las Farc, repetirían la misma historia de la Unión Patriótica, porque las condiciones para evitar la repetición de tal historia no se erradicaron en Colombia, al contrario se estimulan si el presidente Santos impone el Acuerdo a una decisión popular.

 

da. Con este resultado, dado que a Santos le quedarían dos años, ¿cómo jugaría el elemento tiempo?
G.P. El tiempo es un concepto político, ya lo decía alguien antes, los días parecen años, como puede haber años que parecen días ya vividos; en política los tiempos se pueden acelerar o desacelerar pero no por artificio, que es lo que me preocupa, esos tiempos políticos estarían cruzados hoy por una serie de circunstancias y habría que mirar algunas experiencias, por ejemplo, el Ejercito Zapatista es una guerrilla construida de otra manera, obviamente otra realidad histórica, pero que demuestra que se pueden mantener sin disparar, propiciando procesos políticos, mientras se desencadena el proceso del desarme, allá son años.

 

da. ¿Cuáles alternativas ve ante esta nueva realidad?
G.P. Estamos ante un mandato dado al Presidente para otro Acuerdo, con otra concepción de paz; para mí esto es una oportunidad. ¿Quién hace la paz? ¿Santos, Uribe, las Farc, o la sociedad? Entonces, bajo ese principio de la democracia y ese principio de la soberanía popular, la sociedad tiene que tener poder constituyente para hacer la paz.

 

da. ¿Qué entiende por el poder constituyente?
G.P. Entiendo por tal las asambleas territoriales constitucionales. Me explico, la paz tiene hoy una connotación territorial y no nacional como pensábamos en 1991, entonces no podemos reproducir una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, aquí tiene que tener otra forma y otros contenidos, pero, digamos, independientemente de los instrumentos lo cierto es que el camino de la paz con otra concepción hoy pasaría por dotar a la sociedad de poder constituyente y ese paso implica un acuerdo político nacional, que no es como se lo imagina Uribe –un acuerdo entre él y Santos–, pero tampoco es como lo imagina Santos –un acuerdo entre los partidos políticos que le son afines, incluida la izquierda que está ahí–; un acuerdo político nacional es un paso previo para juntar todas las fuerzas, las políticas y las sociales, en torno a un objetivo resumido en los puntos fundamentales del poder constituyente de la sociedad.

 

da. Pero esto sería limitar el poder constituyente de la sociedad..
G.P. Puede ser, pero es la vía para construir la paz que vincule a toda nuestra sociedad, en toda su pluralidad. Un paso necesario para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental.

 

da. ...¿una vía, un método para avanzar hacia la paz posible?
G.P. El acuerdo sobre lo fundamental es un marco, es la precisión de aquello pretendido, por ejemplo: vamos a poner presos o no vamos a poner presos, eso es un acuerdo sobre lo fundamental, no es discutir lo que es la justicia, es el marco; primero precisar ¿qué? Otro ejemplo: ¿la paz implica un perdón generalizado, o es el encarcelamiento de los actores de la violencia?, eso es algo sobre lo fundamental, es discutir los puntos fundamentales que permiten la convivencia, que implica al uribismo, pero también a los campesinos, afros, indígenas [...] ese acuerdo sobre lo fundamental debe dar paso previamente al poder constituyente de la sociedad y a sus instrumentos concretos de decisión; por este camino los móviles de la violencia empiezan a desactivarse...

 

da. Más allá de estos temas de la paz y de los acuerdos con la insurgencia, ¿cuáles serían las líneas reales en que tendría que pensar el país para entrar en un proceso de convivencia pacífica, pero a la vez de recuperación material para aquellas personas que han sido marginadas durante tantos años?, ¿cómo vería usted los puntos a atacar, los puntos centrales para encausar realmente el país hacia una nueva condición?
G.P. Hemos propuesto lo que llamaríamos el Acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las materias para tratar en instrumentos de poder constituyente: la salud, la educación pública, el territorio y la justicia.

 

da. ¿Puede ampliar algunas de estas grandes áreas temáticas?
G.P. Estos temas están pensados como vía para lograr, entre otros objetivos, la paz urbana –no tratada en La Habana–, pues la violencia afecta a la gente en su territorio. Esta violencia afecta a millones de personas, y tiene como actor fundamental a la juventud excluida, y como instrumento de posible resolución su inclusión a partir de la educación y la cultura.

 

Por su parte la justicia –ya lo decían los liberales dos siglos atrás–, si no la logramos no tendremos paz; la justicia pública, si es eficaz, impedirá que la justicia por mano propia continúe reinando.

 

da. ¿Y el territorio...?
G.P. Todos estos temas tienen que ver con el territorio, tema no abordado en la Constitución del 91, y ahí una de sus fallas; precisamente es este vacío territorial el utilizado por la insurgencia de la clase política tradicional para dañar la Constitución a punta de armas con los paramilitares; lo territorial tiene que ser un eje fundamental y cuando uno va a un territorio –Bogotá, por ejemplo, es un territorio, y ahí mi nuevo énfasis–, identifica que el territorio es la cuna de la violencia, muchas de ellas difusas. Acercarse al tema del territorio, también tiene que ver con aspectos cruciales, por ejemplo, ¿quién debe tomar las decisiones allí? ¿Las toman sus pobladores, la sociedad en su conjunto, en función de la sostenibilidad de la vida, o las toman las multinacionales? Cuando se aborda este tipo de realidades e interrogantes, a partir de ahí usted tiene otra dinámica completamente diferente de la economía, la sociedad y el Estado; a partir de este tipo de acercamiento a nuestra realidad la discusión sobre lo estructural, impedida por Santos en La Habana, puede ser exigida y abordada por la sociedad.

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Gustavo Petro: ‘Santos confunde una paz chiquita con la paz grande...’

Hace cerca de un año que Gustavo Petro finalizó su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá, cuatro años de una política que pretendió romper con un modelo de ciudad de espaldas al agua, a la naturaleza que rodea a la capital del país, y a las mayorías que la habitan.

 

La gestión realizada, su evaluación, aún está pendiente de procesarse. Lo propuesto y lo concretado, los éxitos y las derrotas, todo a una, como parte de la política de ser gobierno, lo acompañan en sus meditaciones de muchos días.

 

El pasado reciente lo acompaña, pero también el presente y el futuro, en una reflexión sobre cómo construir una acción política de nuevo tipo, una acción con la cual encarar una posible campaña electoral por el gobierno nacional en el 2018. Santos y su paz pequeña, la sociedad como un todo y los cambios estructurales fundamentados en el territorio, las Farc y el acuerdo logrado con el gobierno, pero también el plebiscito y el No que derrotó los cálculos de tantos, son parte de las otras reflexiones que recorren una y otra vez su mente.

 

Como un político con vocación de poder, no descansa, sabe que logró el diseño de una propuesta de gobierno para la Colombia de hoy –además de haber ejecutado en Bogotá, una experiencia puntual de la misma– que levanta odios y amores. Él quiere ejecutarla para todo el país, pero también sabe que para poder acometer una próxima contienda electoral primero tiene que vencer a los jueces, a través de los cuales el establecimiento ha decidido maniatarlo.

 

Sobre estos y otros temas nos respondió en entrevista exclusiva para el periódico desdeabajo.

 

desdeabajo (da). Mirando las decisiones de la actual administración distrital, algunas reactivas, como la línea de metro, la construcción de la ALO, así como los bicicorredores, ¿cuáles serían las afectaciones fundamentales, para la ciudadanía, de este tipo de decisiones?
Gustavo Petro (G.P.) En términos macros lo que propuso Bogotá Humana, y empezó a implementarse, era básicamente una ciudad, en primer lugar incluyente socialmente; en segundo lugar, equilibrada con la naturaleza,; y en tercer lugar, en el campo de la infraestructura de la movilidad multimodal y eléctrica (multimodal significa la bicicleta, el peatón, el bus –pero saltando tecnológicamente hacia la no contaminación y los modos férreos que tenían que ver con los tranvías que se adelantaron cuatro proyectos, y el metro–), una movilidad no contaminante, lo cual tiene que ver, obviamente, con el segundo aspecto, o sea, lograr equilibrarse con la naturaleza y con la vida; una movilidad multimodal, además, tiene que ver con lo que es más eficaz, más digna para la ciudad, más productiva en términos neoliberales; ese esquema macro, esa propuesta de Bogotá Humana está hoy completamente destruida.

 

da. Un golpe severo para la sociedad de clase media...
G.P. Lo que quiso la ciudadanía de clase media de Bogotá, a la que hicimos mayoría, porque es una clase media forjada gracias a la política redistributiva de doce años de gobiernos progresistas, fue destruir esa propuesta, esa fue su actuación electoral. No le vamos a echar la culpa de eso a Peñalosa que realmente no mintió, y su vida personal está muy ligada a lo contrario de lo que se había propuesto desde Bogotá Humana.

 

da. ¿En qué se concreta esa destrucción?
G.P. Durante este casi año de gobierno de Pañalosa, han destruido los tres aspectos de la Bogotá Humana: una sociedad no incluyente, segregada: habitantes de la calle golpeados, desalojados forzadamente; vendedores ambulantes que no les permiten que estén en los lugares de mayor tránsito de residentes de alta capacidad de pago; vuelta al sistema de vivienda para los pobres en los bordes; abandono de los proyectos en el centro; parálisis del proyecto de jornada única –que se queda donde lo dejamos, y así se escribe en el Plan de Desarrollo, no va a aumentar–, destrucciones de jardines infantiles y de la política de cuidado a la primera infancia; destrucción de la política de médicos y salud en los hogares en los barrios más populares; privatización del sistema de salud; privatización del sistema educativo. Este conjunto de medidas genera una política de exclusión social generalizada, lo contrario de lo que habíamos propuesto.

 

da. Este es uno de los aspectos...
G.P. En el frente del nuevo diálogo con la naturaleza la regresión es total, lo planteado, y lo que empieza a implementarse, es la destrucción del área de los Cerros Orientales que los urbanizadores siempre quisieron urbanizar, y el anuncio cada vez más consistente de destrucción de la reserva forestal del norte; el anuncio de la construcción de la ALO con recursos que serían de la privatización de EEB, que destruiría casi todos los humedales de Bogotá, porque la ALO pasará por encima de ellos; la visión otra vez expansionista de la ciudad, que terminará poniendo a vivir poblaciones, incluso de altos recursos, en alto riesgo climático.

 

da. Faltaría el tema de la movilidad...
G.P. Ahí tenemos la destrucción del proyecto metro, con la complicidad de Santos; la destrucción de los cuatro proyectos de tranvía, dos de ellos ya a punto de empezar la etapa de adjudicación para construcción, el de Soacha y el de Faca; la destrucción del proyecto del cable a San Cristóbal, sobrevivió el de Ciudad Bolívar pero porque lo dejé en un punto de no retorno, no pudieron desbaratarlo; la vuelta a la tesis de que la movilidad es unimodal, motores de combustibles fósiles, llámense buses, llámense carros particulares, llámense motos, y un discurso falso sobre la bicicleta porque las grandes inversiones que anuncia Peñalosa a partir de la privatización de las empresas públicas tiene que ver es con la ampliación de autopistas, es decir, con incrementar el espacio al carro particular, lo cual es un absurdo, y un contrasentido absoluto alrededor del nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Este es el resumen.

 

da. Mirando esta reacción, podríamos enmarcarla dentro de lo que viven los llamados gobiernos progresistas: en Brasil, Argentina, guardadas las proporciones también se ve el auge de medidas regresivas. Ante esta realidad, ante la búsqueda de un cambio por una sociedad mejor, después de ver que un trabajo de varios años puede ser destruido tan fácil, ¿justifica seguir en la lucha por los gobiernos en ese sentido?, ¿qué queda realmente después de ser gobierno en favor de la comunidad, y el avance del progreso social?
G.P. Antes de entrar en este tema es bueno subrayar en algo que arrojan estos procesos: las izquierdas latinoamericanas, con sus debidas excepciones, no han construido una visión alternativa de ciudad del mundo urbano, su discurso ha sido más bien ambiguo.

 

da. Pero igual sucede entre nosotros, por ejemplo con los gobiernos del Polo Democrático...
G.P. Creo que el progresismo tuvo un discurso muchísimo más claro. Mire el proceder del Polo, excepto algunas políticas de carácter social, distribución del gasto, lideró una concepción de ciudad muy similar a la de Peñalosa; no olvide que Lucho Garzón fue quien renunció a hacer un metro, y por eso hoy no lo tenemos; quemó cuatro años de tiempo, que eran necesarios, porque decidió pactar con Mockus y Peñalosa la continuidad del sistema de transporte unimodal, es decir, buses; y Samuel ahondó en la política de expansión urbanística, incluso de disminución de los cuidados por hacer sobre humedales, sobre la naturaleza; por eso ni Lucho, ni Samuel, no incluyo ahí a Clara López, no vieron como prioritario el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, intacto hasta que llegamos al gobierno; Clara López hizo un intento, y nosotros tomamos parte de su trabajo para la propuesta que al final hicimos, y que fue suspendida por una magistrada.

 

da. ¿Acaso la izquierda tiene un discurso poco preciso, ambiguo, sobre la ciudad?
G.P. Sí, por eso usted encuentra ausencia de un discurso alternativo de ciudad en Venezuela, donde la ciudad sigue girando alrededor del petróleo y el carro particular, igual que antes de Chávez; la ciudad brasileña, con algunas diferenciaciones, no es que haya establecido una política alternativa a la ciudad neoliberal, incluso las políticas de la izquierda brasileña alrededor de la juventud excluida en las favelas, es similar a la que tenía el neoliberalismo, con un gran desarrollo de la brutalidad policial como instrumento fundamental para su tratamiento; en ciudad de México, a pesar de que la izquierda gobierna allí desde hace mucho tiempo, el modelo urbanístico sigue girando alrededor del carro, incluso con una consecuencia nefasta para el medio ambiente: recién tuvieron que paralizar actividades por los niveles de contaminación, consecuencia lógica del giro que dieron al paralizar el crecimiento del metro y pasarse a una política de segundos pisos, de ampliación de autopistas con inversiones gigantes en este tipo de infraestructuras...

 

da. Pero hay experiencias urbanas por resaltar...
G.P. Sí, tenemos ejemplos en varias ciudades ecuatorianas, en ciertas políticas en boga en Sao Paulo, en Quito –antes de la derrota electoral–, en Rosario (Argentina), etcétera. Pero lo que quiero subrayar es que del lado del progresismo en América Latina resalta la ausencia de una visión del mundo alternativa para el siglo XXI, que toca temas diferentes a lo que diferenciaba la política en el siglo XIX y en el siglo XX, y que tiene que ver con este tema del cambio climático.

 

Coyuntura política

 

da. Acaba de realizarse el plebiscito para la refrendación de los Acuerdos con el resultado conocido, para salir del impase surgieron propuestas como los cabildos abiertos, algunos hablan de la constituyente, etcétera, ¿comparte alguna de estas salidas?, ¿cómo ve esta problemática?
G.P. Tengo una visión crítica desde el inicio, expresada públicamente, no ahora que fue derrotado el Sí. El planteamiento inicial lo construyeron alrededor de lo que podía significar una paz pequeña, a diferencia de una paz grande en Colombia.

 

da. ¿Qué quiere decir con ello?
G.P. Quería indicar que el gobierno de Santos usurpó un paradigma construido desde hace tiempo en Colombia alrededor del quehacer de la paz, confundiendo la paz grande –que es la construcción de las reformas fundamentales que permiten la convivencia, y que por lo tanto solo puede tener como protagonista la sociedad–, con lo que llamo la paz chiquita –que es una parte de esa paz grande, que es la desmovilización de las guerrillas–. No puede confundirse uno con lo otro, no se le puede decir a la sociedad que la desmovilización de una guerrilla es la paz, porque eso es un engaño, con una intención premeditada: no pasar las reformas fundamentales de la sociedad, que no se le permite a la guerrilla discutir, en lo cual podrían hasta tener razón pues no es ella la interlocutora de las reformas de la sociedad, así quisiera serlo, pero es que a nadie más le permiten discutirlas, es decir: ni es la guerrilla la interlocutora ni lo es la sociedad, entonces, en el escenario político colombiano no hay un camino para las reformas sociales que son fundamentales para la convivencia.

 

da. El resultado arrojado por el plebiscito el pasado 2 de octubre sorprendió a muchos, sus consecuencias son fuertes...
G.P. Jurídicamente él No tiene un mensaje, que también es político: no se aceptan los acuerdos de La Habana; no tiene más mensaje que ese porque a la gente no le hicieron otra pregunta.

 

da. Gran parte de la izquierda estaba segura del triunfo del Sí...
G.P. Para algunos el resultado terminó siendo una tragedia. Cierta izquierda que se pegó a Santos con el prurito de sacar avante esos acuerdos a como diera lugar, quizás pensando que las Farc rápidamente se transformarían en un movimiento político, (sentimiento bien legítimo, eso es una opción), hoy se siente herida por el resultado del 2 de octubre. Hoy tenemos una realidad política completamente diferente.

 

da. Ahora toca renegociar los Acuerdos, o imponerlos...
G.P. Su imposición sería un desastre, pues daría paso a una reacción no legal dentro de sectores del No que todos nosotros conocemos, y esa reacción sería que desmovilizados y desarmados los guerrilleros de las Farc, repetirían la misma historia de la Unión Patriótica, porque las condiciones para evitar la repetición de tal historia no se erradicaron en Colombia, al contrario se estimulan si el presidente Santos impone el Acuerdo a una decisión popular.

 

da. Con este resultado, dado que a Santos le quedarían dos años, ¿cómo jugaría el elemento tiempo?
G.P. El tiempo es un concepto político, ya lo decía alguien antes, los días parecen años, como puede haber años que parecen días ya vividos; en política los tiempos se pueden acelerar o desacelerar pero no por artificio, que es lo que me preocupa, esos tiempos políticos estarían cruzados hoy por una serie de circunstancias y habría que mirar algunas experiencias, por ejemplo, el Ejercito Zapatista es una guerrilla construida de otra manera, obviamente otra realidad histórica, pero que demuestra que se pueden mantener sin disparar, propiciando procesos políticos, mientras se desencadena el proceso del desarme, allá son años.

 

da. ¿Cuáles alternativas ve ante esta nueva realidad?
G.P. Estamos ante un mandato dado al Presidente para otro Acuerdo, con otra concepción de paz; para mí esto es una oportunidad. ¿Quién hace la paz? ¿Santos, Uribe, las Farc, o la sociedad? Entonces, bajo ese principio de la democracia y ese principio de la soberanía popular, la sociedad tiene que tener poder constituyente para hacer la paz.

 

da. ¿Qué entiende por el poder constituyente?
G.P. Entiendo por tal las asambleas territoriales constitucionales. Me explico, la paz tiene hoy una connotación territorial y no nacional como pensábamos en 1991, entonces no podemos reproducir una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, aquí tiene que tener otra forma y otros contenidos, pero, digamos, independientemente de los instrumentos lo cierto es que el camino de la paz con otra concepción hoy pasaría por dotar a la sociedad de poder constituyente y ese paso implica un acuerdo político nacional, que no es como se lo imagina Uribe –un acuerdo entre él y Santos–, pero tampoco es como lo imagina Santos –un acuerdo entre los partidos políticos que le son afines, incluida la izquierda que está ahí–; un acuerdo político nacional es un paso previo para juntar todas las fuerzas, las políticas y las sociales, en torno a un objetivo resumido en los puntos fundamentales del poder constituyente de la sociedad.

 

da. Pero esto sería limitar el poder constituyente de la sociedad..
G.P. Puede ser, pero es la vía para construir la paz que vincule a toda nuestra sociedad, en toda su pluralidad. Un paso necesario para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental.

 

da. ...¿una vía, un método para avanzar hacia la paz posible?
G.P. El acuerdo sobre lo fundamental es un marco, es la precisión de aquello pretendido, por ejemplo: vamos a poner presos o no vamos a poner presos, eso es un acuerdo sobre lo fundamental, no es discutir lo que es la justicia, es el marco; primero precisar ¿qué? Otro ejemplo: ¿la paz implica un perdón generalizado, o es el encarcelamiento de los actores de la violencia?, eso es algo sobre lo fundamental, es discutir los puntos fundamentales que permiten la convivencia, que implica al uribismo, pero también a los campesinos, afros, indígenas [...] ese acuerdo sobre lo fundamental debe dar paso previamente al poder constituyente de la sociedad y a sus instrumentos concretos de decisión; por este camino los móviles de la violencia empiezan a desactivarse...

 

da. Más allá de estos temas de la paz y de los acuerdos con la insurgencia, ¿cuáles serían las líneas reales en que tendría que pensar el país para entrar en un proceso de convivencia pacífica, pero a la vez de recuperación material para aquellas personas que han sido marginadas durante tantos años?, ¿cómo vería usted los puntos a atacar, los puntos centrales para encausar realmente el país hacia una nueva condición?
G.P. Hemos propuesto lo que llamaríamos el Acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las materias para tratar en instrumentos de poder constituyente: la salud, la educación pública, el territorio y la justicia.

 

da. ¿Puede ampliar algunas de estas grandes áreas temáticas?
G.P. Estos temas están pensados como vía para lograr, entre otros objetivos, la paz urbana –no tratada en La Habana–, pues la violencia afecta a la gente en su territorio. Esta violencia afecta a millones de personas, y tiene como actor fundamental a la juventud excluida, y como instrumento de posible resolución su inclusión a partir de la educación y la cultura.

 

Por su parte la justicia –ya lo decían los liberales dos siglos atrás–, si no la logramos no tendremos paz; la justicia pública, si es eficaz, impedirá que la justicia por mano propia continúe reinando.

 

da. ¿Y el territorio...?
G.P. Todos estos temas tienen que ver con el territorio, tema no abordado en la Constitución del 91, y ahí una de sus fallas; precisamente es este vacío territorial el utilizado por la insurgencia de la clase política tradicional para dañar la Constitución a punta de armas con los paramilitares; lo territorial tiene que ser un eje fundamental y cuando uno va a un territorio –Bogotá, por ejemplo, es un territorio, y ahí mi nuevo énfasis–, identifica que el territorio es la cuna de la violencia, muchas de ellas difusas. Acercarse al tema del territorio, también tiene que ver con aspectos cruciales, por ejemplo, ¿quién debe tomar las decisiones allí? ¿Las toman sus pobladores, la sociedad en su conjunto, en función de la sostenibilidad de la vida, o las toman las multinacionales? Cuando se aborda este tipo de realidades e interrogantes, a partir de ahí usted tiene otra dinámica completamente diferente de la economía, la sociedad y el Estado; a partir de este tipo de acercamiento a nuestra realidad la discusión sobre lo estructural, impedida por Santos en La Habana, puede ser exigida y abordada por la sociedad.

Publicado enEdición Nº230
Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

Campaña presidencial en EU: el capital financiero se mantiene

Ante el cambio presidencial. Estados Unidos vive por estos días una intensa polarización social y electoral. Los dos debates realizados hasta la fecha de escribir esta nota (octubre 11) entre la demócrata Hillary Clinton, y el republicano Donald Trump, candidatos del prolongado bipartidismo norteamericano, los han visto por televisión un promedio de 65 millones de personas, y tuiteado más de 15 millones, algo nunca visto en una campaña presidencial en ese país.

 

El martes 8 de noviembre se realizarán las 58 elecciones presidenciales de este país-potencia, en donde los votantes –por medio del voto popular– elegirán a los compromisarios quienes, a su vez, elegirán al Presidente y vicepresidente de la nación. Esto sucederá a través del Colegio Electoral que para este 2016 estará compuesto por 538 miembros; para que un candidato gane la presidencia debe contar con 270 votos electorales.

 

En la contienda electoral se enfrentan seis candidatos, aunque a la hora de la verdad solo cuentan dos, el Demócrata y el Republicano, cosa que no debería ser así. Las primarias, que transcurrieron desde el 1 de febrero y hasta junio, también fueron unas elecciones indirectas pues sirvieron para elegir una lista de delegados, que a su vez seleccionaron al candidato presidencial del respectivo partido.

 

En esas primarias Donald Trump logró 13,7 millones de votos –el 44,6% del total– que le significaron 1.542 delegados de 2.472 posibles, logrando la nominación Republicana.

 

Hillary Clinton obtuvo 16,5 millones de votos –el 55,5% del total– que le valieron 2.219 delegados, 558 súper-delegados, para un total de 2.383 delegados.

 

Por su parte, Bernie Sanders reunió 12,6 millones de votos, expresados en 1.832 delegados, y 49 súper-delegados o sea, 1.881 delegados, que en el acuerdo oficializado con Hillary terminó por aportarlos para que ella fuera la candidata demócrata a la presidencia. En los EU, según datos de 2013, existen 240.926.000 millones de personas aptas para votar.

 

Campaña polarizada

 

Esta campaña presidencial traduce al mundo la polarización y fragmentación de la sociedad norteamericana, en especial de los obreros y trabajadores, los pobres urbanos y rurales, y la clase media, por cuenta de las políticas de austeridad capitalista de la administración Obama para las mayorías y el crecimiento sin precedentes, que beneficia a la minoría, del Wall Street, los grandes monopolios y el capital financiero. Proceso acrecentado desde la presidencia republicana de George. W. Bush, y ahondado después de la crisis económica y financiera mundial de 2008.

 

Polarización producto del desempleo, la marginalidad y desigualdad social, así como la pérdida de oportunidades, sobre todo para la clase media, que ha generado desilusión y desconfianza de la sociedad estadounidense en el sistema político y en la administración Obama (que ha gobernado a favor del %), situación que ha conducido a multiplicar la inconformidad social expresada, por un lado, votando por Bernie Sanders (socialdemócrata) y Hillary Clinton, y por otro lado a los Republicanos del Tea Party con candidatos a la derecha fascista como Cruz, Carson, Fiorina, Rubio y Trump. Inconformidad que también ha propiciado el surgimiento y pervivencia de candidatos como Trump, “esperanza” de recuperación para amplios sectores populares y de clase media, así como para los sectores que pudieran identificarse con la raíz de la sociedad gringa.
Rechazo e insatisfacción social que también puede estar mostrando el giro hacia la facistizacion de las instituciones y sociedad estadounidense, en creciente desde Reagan, Bush I, Clinton (hasta cierto punto), y Bush II, así como Obama (hasta cierto punto), en contraste con los sectores que por múltiples razones votaron por Sanders en las primarias, y que hoy se debaten entre votar por Hillary –para trancar a Trump– o abstenerse, pues su programa para resolver la agenda interna no es, en definitiva, el que lidera la candidata demócrata.

 

La iniciativa y liderazgo de Sanders, al defender e impulsar que el pueblo de los EU tiene derecho a una vida mejor, traducido en un programa de demandas concretas que contiene, entre otros aspectos, reivindicaciones como derecho al cuidado médico universal, salario mínimo de 15 dólares hora, defensa del bien público, matrículas gratis para la universidad pública, escuelas públicas, oficina de correos público, quedan pendientes de concreción pues ninguna de ellas será liderada por Clinton.

 

“Hagamos a América grande otra vez”

 

Recuperar el esplendor de los Estados Unidos, la promesa de Donald Trump como candidato presidencial, dando a entender que el país perdió su pujanza porque los inmigrantes latinos, negros y musulmanes lo están destruyendo, ha pesar de no reposar en realidad alguna, es bien recibido por los sectores más tradicionales de este país-potencia. De ahí que se atreva a prometer un muro impenetrable entre México y los EU, por donde ni el sol penetre, deportando a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven allí, prometiendo revisar la Constitución para que los que llama “bebes ancla” –los “nacidos sin papeles, es decir, los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos allí– no sean considerados ciudadanos gringos, lo que afectaría entre 4-5 millones de niños.
Propuesta que en parte ya es realidad, pues durante la administración Obama han deportado a más de dos millones de inmigrantes, incluyendo a mujeres y niños, 400.000 por año según lo programado, y según un artículo del New York Time de 01/09/15; lo que no es casual: el presupuesto para la patrulla fronteriza fue incrementado en 4.000 millones de dólares año, su personal fue duplicado desde el 2004 hasta los 21.000 efectivos actuales, y han levantado más de 650 millas de muro con sensores y bajo vigilancia de aviones no tripulados. Entonces, estamos ante una política de las clases dominantes, pero hoy liderada por el sector más derechista de los republicanos.

 

Propuestas que también llaman la atención porque, a pesar de ser levantadas por Donald Trump, no son precisamente conservadoras, pues desde las toldas del Partido Republicano cuestionan las posiciones del candidato oficial. Es necesario recordar que un conservador en los EU se opone al poder centralizado y apoya la libre empresa, posición que manifiesta oponiéndose a las políticas demócratas de regulaciones económicas e incremento de los impuestos. Con sus propuestas sobre la salud, y las regulaciones a cierto tipo de capitalismo, Trump viola estos principios; además, para un republicano es repulsivo que exista un líder que represente el poder autoritario centralizado, que es como sectores conservadores ven a Trump con sus aires de grandeza.

 

Las propuestas de Trump, sin embargo, suenan bien en cierto ambiente de “izquierda”. Entre lo prometido está: renegociar el Nafta, acabar con el Tratado Transpacífico-TPP, exigirle a la Otan pago por las inversiones de los EU, o acabarla si no es capaz de controlar el Medio y Próximo Oriente, exigirle a Japón que devuelva parte de la ayuda de EU., bloquear a China, dejar de apoyar la deslocalización industrial, priorizando la industria doméstica para generar empleos, inexistentes por culpa de los poderosos de Wall Street.

 

Propuestas que, aunque parecen progresistas, resumen todo un programa imperialista orientado hacia adentro, para poder fortalecerse y desde allí enfrentar al mundo.

 

La candidata del Wall Street

 

Hillary, la candidata del Wall Street, de los poderosos del capital financiero, no tiene las intenciones de Trump pues sabe muy bien que hoy la economía mundial está en el sureste de Asia, sobre todo en China, de ahí que su estrategia tenga que ver con el control de Asia, para lo cual necesita el TPP. Sabe que para los sectores dominantes el Nafta es clave, que América Latina es necesaria. Sabe que la recuperación transitoria de la economía de los EU le da la posibilidad de manejar la inversión pública, pero centrada en el capital financiero especulativo. Y también sabe que su posición servirá para contener el avance del fascismo.

 

El control de armas

 

Este es un tema de mucha repercusión en el país del Norte, pues no solo toca con ámbitos constitucionales sino también y, por ello mismo, con derechos civiles y poderosos intereses económicos y militares. Donald Trump apoya y es apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, opuesta al control de armas; cuando el candidato republicano dice que deben controlarse las armas, no se refiere a esas armas sino a las que por cualquier razón están en manos de inmigrantes o de afro-americanos.

 

Realidad compleja. El movimiento de milicias de derecha es tal vez el más grave problema de seguridad que hoy tienen los EEUU. Movimiento integrado por fundamentalistas cristianos opuestos al control de armas y al poder centralizado; hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, blancos, cristianos y enemigos de todo lo que no sea “americano”. Se dice que desde que comenzaron a operar, a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, han crecido hanta conformar 602 “grupos de odio” activos, dentro de los cuales están las 221 milicias armadas, con más de 70.000 integrantes.

 

Estos grupos, a su vez, tienen dentro de sus metas atacar o bloquear objetivos como las clínicas para interrumpir embarazos, las organizaciones feministas, las organizaciones de defensa de derechos humanos, de defensa de los inmigrantes, de diversidad sexual, de diversidad cultural; actúan en pro de la defensa de la supremacía blanca y contra los inmigrantes, atacan al gobierno central y a lo que llaman “judeo-bolchevismo”. Estos grupos tienen apoyo del sector “duro” del Partido Republicano, como las arengas anti mujeres de Fiorina, las campañas anti musulmanas de Carson, o las anti latinas de Cruz, etcétera.

 

Así que la candidata demócrata, que dice regulará el control de armas, la tiene bien dura, podrá hasta cierto punto frenar los atentados terroristas de los últimos tiempos, pero no podrá acabar con ellos; cuando Trump le dice a la Asociación del Rifle que dispare contra Hillary, no es un chiste de humor negro, no, en el actual contexto de los EU no lo es. Entonces, la tendencia a la fascistizacion de la sociedad estadounidense no parece pura especulación de “izquierdistas trasnochados”.

 

La población blanca se reduce

 

Otra de las inquietudes de los dos candidatos presidenciales, expresada de distintas maneras, se refiere a las condiciones de la población apta para votar.

 

La población total de los Estados Unidos está estimada en 324 millones, pero resulta que la población blanca no latina, apta para votar, es de 156 millones, mientras que las minorías suman 70 millones, o sea un total de 226 millones aptos para votar. La blanca no latina tiende a disminuir, mientras la asiática, latina y afroamericana, asciende.

 

Los electores blancos no latinos, que en 1972 registraron el 89 por ciento, para el año 2012 alcanzaban al 72 por ciento, mientras crecen la población latina en un 17 por ciento, la asiática en un 16, la afroamericana en un 6 por ciento, y la población blanca no latina en un 2 por ciento. Esto se debe a que la población blanca no latina está compuesta básicamente por gente de edad, mientras que la latina es bastante joven. Esta es una de las razones para que Donald Trump, y los fascistas o supremacistas, pero también el gobierno de Obama y los demócratas, consideren muy peligrosa la llegada de inmigrantes, y razón de los debates sobre este tema que incluiría la condición de 11 millones de ellos, indocumentados. En los Estados Unidos viven 53 millones de latinos, 32 millones de ellos mejicanos.

 

En fin, para las elecciones de noviembre el pueblo de los Estados Unidos se debate entre una candidata demócrata de los poderosos del Wall Street y de Silicón Valley, y un candidato republicano expresión de la derecha fascista. A la par de ello, o en el subfondo, como topos, vastos sectores que desconfían de estas opciones, prosiguen su labor en pro de mejores tiempos.

Publicado enEdición Nº229
Lunes, 30 Mayo 2016 08:12

El fujimorismo se acerca al poder

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se enfrentaron anoche en el último debate de cara al ballottage.
A una semana de los comicios, los analistas coinciden en que la hija del ex dictador ganó respaldo con el clientelismo y un discurso de mano dura. Su rival, el candidato neoliberal Kuczynski, tuvo una campaña pasiva, que recién en los últimos días tomó impulso.

 



Desde Lima

 

El fujimorismo, con toda su carga de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos, corrupción y vínculos con el narcotráfico, se acerca otra vez al poder. A una semana de las elecciones, la candidata Keiko Fujimori aparece como la favorita para ganar el ballottage de este 5 de junio. Cuatro encuestadoras le dan a la hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori una ventaja de entre cuatro y ocho puntos sobre su rival, el economista neoliberal Pedro Pablo Kuzcynski.

 

Los últimos sondeos que se pueden publicar antes de la elección del domingo, le otorgan a Keiko entre 43 y 46,5 por ciento, y a PPK, como se le conoce a Kuczynski, entre 38 y 40,8 por ciento. Sin embargo, todavía hay un alto porcentaje de electores, entre los abiertamente indecisos (entre cuatro y siete por ciento) y quienes responden que votarían en blanco (entre nueve y 12 por ciento), que aún no definen su respaldo a ninguno de los dos candidatos, lo que da un margen de movimiento en esta última semana de campaña.

 

Al momento del envío de esta nota, se desarrollaba el segundo y último debate entre ambos candidatos. En el primer debate la candidata del fujimorismo sacó ventaja. “Me comenzaron a insultar y me agarraron desprevenido, ahora estoy prevenido”, declaró Kuczysnki antes de ingresar al debate de ayer, haciendo referencia a su opaca actuación y su falta de reacción frente a los ataques de su rival en el primer debate.

 

Kuczynski abrió el debate de ayer, decisivo para sus aspiraciones. Esta vez, a diferencia del primero, estuvo menos pasivo y se puso a la ofensiva desde un inicio. Comenzó recordando el régimen autoritario de Alberto Fujimori, diciendo que su hija representa “una amenaza letal para la democracia” y pidió “terminar con esa amenaza”. A su turno, Keiko Fujimori no respondió el cuestionamiento y se quejó de una supuesta guerra sucia en su contra.

 

Cuando habló de economía y promoción del empleo, la candidata del fujimorismo dijo que un eventual gobierno suyo defenderá los derechos laborales y pondrá en marcha una economía de inclusión. En su respuesta, PPK recordó que el régimen fujimorista dejó el país en el año 2000 en una grave crisis económica, pero dejó pasar la ocasión para recordar que fue el gobierno fujimorista el que eliminó una serie de derechos laborales, que ahora Keiko dice defender, y puso en marcha un modelo económico caracterizado por la exclusión.

 

Al cierre de esta edición, continuaba el debate. Comenzaba el bloque sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Keiko inició diciendo que en su gobierno “no habrá espacio para la corrupción”, algo que sonó a un mal chiste viniendo de quien representa la restauración del que es considerado uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país. Kuczynski le recordó a su rival los vínculos de miembros de su partido con el narcotráfico y las acusaciones de lavado de dinero contra varios de sus congresistas y financistas de su campaña. “Solo ha cambiado la máscara, la corrupción es la misma”, dijo PPK, comparando al fujimorismo actual con el del gobierno de Alberto Fujimori.

 

Sorprendentemente, el alza de Keiko Fujimori en las encuestas en estas últimas dos semanas coincide con las denuncias de vínculos con el narcotráfico de algunos de sus cercanos colaboradores y principales financistas. La denuncia más notoria, pero no la única, ha sido contra el congresista y secretario general del partido fujimorista, Joaquín Ramírez, quien luego que hace dos semanas se revelara que es investigado por la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, abandonó su cargo partidario, aunque sigue siendo parlamentario, principal financista de la campaña fujimorista y parte del círculo más cercano de Keiko.

 

“Las denuncias contra Joaquín Ramírez no han tenido mayor impacto en la candidatura de Keiko porque los sectores populares no están muy informados del tema. Ramírez, a pesar de ser congresista y tener un cargo importante en el partido fujimorista, no es un personaje muy conocido, es alguien de perfil bajo”, le señaló a Página/12 Luis Benavente, especialista en comunicación política y director de la consultora Vox Populi.

 

Kuczynski ha tenido una campaña desconcertantemente pasiva, sin energía, sin confrontar con su rival, sin recordarle con suficiente claridad el pasado y presente del fujimorismo en lo que se refiere a corrupción, derechos humanos y autoritarismo, algo que recién ha comenzado a hacer en los últimos días. Y no ha sabido plantear claramente esta elección como una disyuntiva entre democracia y el peligro del regreso del autoritarismo, algo que, coinciden los analistas, es clave.

 

Terminada la primera vuelta, sin hacer mucho Kuczysnki se puso primero en las encuestas iniciales, aglutinando el voto antifujimorista, que votaba por él como el mal menor. Pero siguió sin hacer mucho para consolidar ese apoyo, no logró conectar con los sectores populares, y las cosas se dieron vuelta. Recién luego de su derrota en el primer debate presidencial y con las encuestas en su contra, parece haber reaccionado algo, y ha intentado pasar a la ofensiva. Pero los errores de su campaña ya le han pasado la factura. Keiko ha sido bastante más activa. Ha ganado respaldo con el clásico clientelismo fujimorista en los sectores populares y con un discurso de mano dura contra la delincuencia.

 

“La campaña de PPK ha sido muy mala, ha tenido un equipo de campaña muy mediocre. Keiko ha jugado mejor sus cartas en esta campaña. Su triunfo en el primer debate la ha ayudado a consolidar su ventaja. Veo difícil que esa ventaja que tiene Keiko se revierta, pero PPK todavía tiene un pequeño margen de juego para intentar ganar”, señala Benavente.

 

 

 

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