El no tan saludable cultivo de los superalimentos

 

Considerados como pilares de las actuales dietas saludables de Occidente, superalimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco atesoran historias tan turbias como denunciables en sus países de origen. Conocemos las diferentes miradas desde Tailandia a México, con escala en los salares de Bolivia.

 

A menudo lo vemos en Instagram. Bowls colmados de yogur, cacahuetes y frutas tropicales bajo hashtags como #foodporn que viralizan una determinada tendencia o alimento. De Nueva York a Hong Kong; de Helsinki a Tel Aviv. En la era de lo masivo, la demanda de un producto puede dispararse en cuestión de horas, especialmente cuando prima el espíritu de vida sana que encuentra respuesta en ciertos alimentos antaño desconocidos en un mundo desglobalizado. Y hoy, los más cotizados son los llamados superalimentos.

Producto de marketing o no, el Santo Grial de la comida sana se compone de ciertos alimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco convertidos ya en referentes del estilo de vida occidental dadas sus muchas propiedades. Sin embargo, esta voraz demanda también suscita daños colaterales (y directos) en diferentes rincones del mundo.

Lugares donde cultivos antaño reservados a las pequeñas familias hoy se expanden hasta el horizonte al mando de grandes multinacionales y todas las consecuencias que ello supone.

Cuando los cocoteros son demasiado altos

Todas las mañanas, Kulap despierta en la trastienda de una vieja fábrica del sudeste asiático. Antes del amanecer, ya viaja en el remolque de una furgoneta para ser conducido a un campo de palmeras donde desempeñar una misión que nunca eligió: recolectar los cocos de las copas de los árboles que no alcanzan los humanos. Kulap es un mono, uno de los muchos utilizados como esclavos agrícolas en la provincia de Chumphon, al sur de Tailandia.

El uso de monos amaestrados para la recolección de cocos supone una antigua tradición cuyos vestigios aún laten en las zonas rurales del país asiático. Así al menos lo demuestra un documental grabado con cámara oculta y difundido por PETA, la organización de derechos de los animales más poderosa del planeta. La grabación, alentada por un previo encuentro entre activistas de la organización y diferentes granjas de cocos en julio de 2019, muestra la realidad de muchos de estos animales: algunos lucen encadenados en jaulas a merced de las lluvias tropicales, mientras otros son golpeados por terratenientes impasibles que les susurran órdenes al oído.

“Según nuestros informes, muchos monos son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando tan solo son bebés”, cuenta a El Salto Elisa Allen, Directora de PETA. “Monos como Kulap son equipados con rígidos collares de metal y permanecen atados durante largos períodos bajo la lluvia, en granjas o enormes vertederos. Además, son obligados a realizar duras tareas desde altas alturas y, si se rebelan, pueden llegar incluso a extraerles los dientes caninos”, continúa. Una realidad que doblega al medio sin tener en cuenta los efectos: “Cuando a los monos se les niega la libertad de movimiento o relacionarse con otros semejantes van perdiendo la cabeza poco a poco hasta enloquecer. De hecho, un mono en su hábitat natural puede llegar a vivir hasta 25 años. Bajo estas condiciones, apenas supera los 15 años de vida.”

La presencia del documental de PETA no solo ha suscitado la ira del gobierno de Tailandia, el cual ha tildado de “fraude” el material, sino que más de 15.000 tiendas en Reino Unido ya han retirado de sus estantes diferentes marcas de leche de coco. Concebido como uno de los principales superalimentos al ser rico en fibra y minerales, la leche de coco supone más de 400 millones de dólares para la industria de Tailandia, el principal exportador de esta bebida utilizada en típicos zumos y platos de foodies e influencers. A miles de personas abiertas al consumo de productos llegados, de forma masiva, desde cualquier lugar del mundo.

El impacto del documental de PETA ha llevado también a numerosos establecimientos a rechazar ciertas marcas y apostar por otras como Theppadungporn, productora de marcas como Chaokoh o Mae Ploy que sí emplean equipos humanos para recolectar cocos de las copas de los árboles.

“Tanto en otras zonas de Tailandia como en regiones de países como Brasil o Colombia, los cocos se cosechan utilizando métodos humanos como elevadores hidráulicos, sistemas de cuerdas y escaleras. Incluso hay personas que escalan los árboles o plantan cocoteros de menor tamaño”, continúa Elisa. “Los estudios demuestran que estos métodos son superiores al uso de monos, ya que estos no pueden distinguir entre los cocos maduros e inmaduros, ya que los maduros suelen romperse en cuanto caen al suelo”.

Quinoa: el superalimento vulnerable

Si aterrizas en Medellín y preguntas a un taxista dónde probar el mejor café de Colombia, posiblemente te conteste “en Nueva York”. Algo que también sucede con otros productos como el açai de Brasil, los plátanos de Honduras o, especialmente, la quinoa real que se cultiva entre los altiplanos y salares de Bolivia.

Antaño tildado como “plato de indios”, la conocida como “quinua” por la población quechua es hoy un famoso grano integral oriundo del territorio inca cuya importancia es evidente: cuenta con el doble de proteína que el arroz y aporta calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo y vitaminas B y C.

Un diminuto superalimento que desde principios del siglo XXI se ha convertido en un obligado en los platos de medio Occidente, especialmente tras su introducción por parte de los mejores chefs y su posterior auge en las dietas fit.

El cambio climático supone el principal problema para el cultivo de la quinoa, un superalimento típico del altiplano boliviano donde las lluvias ya no son tan previsibles, las altas temperaturas ahogan cosechas enteras y las plagas agujerean esta planta milenaria.

Cultivada en el departamento de Potosí, no lejos del turístico Salar de Uyuni, la quinoa se nutre de un suelo acariciado por llamas y flamencos cuyas condiciones son idóneas para su cultivo: temperaturas entre – 4º y 38 º y un margen de humedad entre el 40% y 70%. Características propias de un microcosmos a 4.000 mil metros de altura rico en suelos salinos y volcánicos rebosantes de nutrientes. Un margen vulnerable dilatado estos últimos años por el nuevo enemigo de los cultivos: el cambio climático.

Aunque décadas atrás los agricultores eran capaces de anteponerse a los caprichos del clima, hoy el altiplano potosí sucumbe a inclemencias impredecibles, en las que un mismo mes las heladas pueden enlazar con lluvias y el aumento de polillas o mariposas devorar plantaciones enteras en apenas unos días.

“Actualmente el altiplano boliviano vive afectado por fuertes corrientes de viento y cambios extremos de temperatura que congelan la planta de la quinoa obstruyendo el ciclo”, cuenta Maxi Noel López, productor de quinoa en Potosí. “También tenemos problemas con el agua, ya que algunas zonas no cuentan con la cantidad de lluvia suficiente y esto implica que los suelos con bajas humedades pierdan porcentaje de producción de la quinoa. También el aumento de las temperaturas combinadas con lluvia producen granizo y las plagas agujerean las plantaciones. Todos estos problemas siempre han existido, pero ahora se han incrementado con el cambio climático.”

Aguacate: la naturaleza es secundaria

El pasado 13 de enero, el activista mexicano Homero Gómez González desapareció sin dejar rastro. Dos semanas después, su cadáver fue hallado en un pozo agrícola en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán, México. Homero era un fiel protector de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el mayor reducto de este insecto de todo el mundo ubicado en esta zona. El activista llegó a denunciar en múltiples ocasiones el daño que el cultivo masivo estaba provocando en este ecosistema, algo que quizás no gustó a las muchas personas interesadas en las 125.000 toneladas de aguacates exportadas a Estados Unidos para la Superbowl de 2020.

El ya conocido como “oro verde” es uno de los superalimentos más codiciados del mundo. Estrella de las principales recetas veganas e ingrediente esencial del guacamole que hace años se coló en la liga del fast food, el aguacate es un alimento tan versátil como adorado gracias a sus ingestas cantidades de “grasa buena”, además de propiedades como fibra o potasio.

México abastece un 75% de las exportaciones de aguacate de Estados Unidos, concretamente desde el mismo estado de las mariposas monarca: Michoacán, donde el auge de las exportaciones en los años 90 introdujo los conocidos como “testículos de los dioses” por los antiguos aztecas en la carrera occidental de la exportación. Hoy, zonas como Uruapan, el principal epicentro del aguacate de Michoacán, adolece de un sobrecultivo que ha absorbido parte de sus lagos y bosques.

 “El impacto del cultivo masivo en Michoacán es negativo y brutal sobre los ecosistemas. Por poner un ejemplo, en los últimos años se han pasado de 3 millones de hectáreas de bosques a 1.182.000; se ha perdido un 68% de nuestros bosques y la principal causa es el monocultivo del aguacate”, cuenta a El Salto Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una de las víctimas que ve su tierra mutar sin que nadie haga nada: “La situación es compleja porque ninguna autoridad federal, estatal o municipal quiere enfrentarse a este problema. Dejan al pueblo y las comunidades locales abandonadas. Además, se suspenden las asambleas generales, impidiendo a los agricultores el cambio de uso de suelo o el cultivo por cuenta propia”.

Además de la erosión medioambiental, durante los últimos años otro frente se suma al interés por los cultivos de Michoacán: los cárteles como principal nexo entre el reparto de esta tierra fértil y los intereses de las grandes empacadoras. En verano de 2019, 9 cuerpos mutilados aparecieron colgados en un puente de la ciudad de Uruapan bajo el cartel “¡Gente bonita, siga con su rutina!”. El asesinato fue atribuido por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual domina ciertas zonas de Michoacán. Un primer atisbo de que las matanzas ya no son resultado exclusivo de las guerras por la droga, sino por un dominio del control de la tierra donde crecen los nuevos “diamantes” verdes del planeta tan codiciados por las naciones avanzadas.

"El gran beneficiario de la siembra masiva de aguacate son las grandes multinacionales que acaparan el fruto y que imponen los mercados, precios y las políticas agroindustriales en Michoacán”, asegura Pavel. “El oro verde, el dinero. Eso es lo único que parece importar.”

Por Alberto Piernas

@AlbertoPiernas

16 ago 2020 06:30

El derecho a las semillas como condición para la soberanía alimentaria

En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.

Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo  los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Históricamente, han sido mejoradas  y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.

De bien común a propiedad privada

A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.

Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.

A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.

De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.

En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.

En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.

La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.

En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.

Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.

Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.

21 julio 2020

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Colombia anuncia la llegada de tropas de EU para ayudar en el combate al narcotráfico

Bogotá. El ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó ayer que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue rechazado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla de las FARC), que aseguró se trata de una estrategia de agresión contra Venezuela.

En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares; éstas las desarrollan exclusivamente las fuerzas colombianas. Se trata de un grupo élite de carácter netamente técnico y de asesoría para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y recordó que la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La embajada de Estados Unidos indicó antier en un comunicado la llegada al país de una brigada estadunidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha antidrogas. Se trata de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar en operaciones de naciones aliadas.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, Luis Navarro, indicó que los asesores castrenses estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus que ha contagiado a 24 mil 104 colombianos y ha dejado 803 muertos.

Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente... Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, advirtió el Consejo Político Nacional de la FARC en un comunicado.

Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, agregó: esto forma parte de toda una estrategia de intervención militar en la región, en particular en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano.

Según las fuerzas militares, desde enero pasado los decomisos de cocaína aumentaron 7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado más de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
Lo que oculta la agenda bilateral para reducir suministro de cocaína entre Trump y Duque

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo de 2020 lideraron un diálogo con el gobierno de Colombia acerca de antinarcóticos, para establecer un agenda bilateral de -grupo de acción gubernamental para reducir los altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

“El foco de la discusión fue expandir los resultados del programa integrado de erradicación de coca de Colombia al garantizar el uso completo de todas las herramientas disponibles, incluida la erradicación manual, el desarrollo alternativo y un componente de aspersiones aéreas liderado por Colombia, respaldado por programas de desarrollo rural y seguridad rural”, anotó el comunicado de la Casa Blanca1.

Esto no es algo nuevo que proponga el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia en la ‘perdida’ guerra contra las drogas, lo que sí aparece como nuevo –luego de meses de guardar silencio con el tema– es la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato, suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno de Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". La negociación en curso, en ese momento con las Farc, también fue aliciente para ello.

¿A quién le hará caso el gobierno de Iván Duque? A Estados Unidos que desde 1971 –gobierno de Richard Nixon– instaló como uno de sus ejes de política exterior “la guerra contra las drogas”, la que pese al paso del tiempo no ha cumplido con sus propósitos pero sí ha militarizado infinidad de países, sumidos en espiral de violencia, o intentará ejecutar de manera eficiente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que está contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

La primera de las opciones –seguir arrodillados ante Donald Trump y el Estado norteamericano, como ha sido práctica centenaria de parte de la oligarquía colombiana– y retomar las aspersiones con glifosato implicaría retomar una política que no ha dado resultados, como en su momento lo resaltó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México en su libro Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma, que dice: “Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos”2.

La segunda de las opciones, si tienen algo de dignidad, los obligaría a ser consecuentes con lo firmado en el Acuerdo firmado con las Farc, como lo recordó el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el pasado 4 de febrero vía su cuenta oficial de Twitter: “la Procuraduría no encuentra cómo se puede incumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz. No hay una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos con la de aspersión”, aludiendo así al necesario respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantea un conjunto de requisitos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

Si bien el comunicado de la Casa Blanca también anotó que: “El diálogo se centró en aumentar la erradicación de la coca y la interdicción de la cocaína, mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en las zonas rurales más afectadas por el tráfico de estupefacientes, y enfocarse en el lavado de dinero y las finanzas ilícitas relacionadas con los narcóticos”.

Estas finanzas ilícitas, una combinación entre la informalidad y la mafia, son economías subterráneas (la integran todas las actividades informales, el contrabando, la corrupción, las actividades especulativas, el lavado de activos, la venta de divisas en los mercados negros, la prostitución, el crimen y la delincuencia organizados, las mafias políticas, tráfico de armamento y el narcotráfico), son equivalentes al 40 por cuente del PIB del país, como lo evidenció Libardo Sarmiento Anzola en el suplemento económico “El milagro económico colombiano”- publicado por desdeabajo en su edición en circulación febrero 20-marzo 20–.3

Adicionalmente, por ejemplo, desde Colombia se exportan 500 toneladas métricas de cocaína, negocio que le inyecta 3.000 millones de dólares anuales a la demanda interna del país. Es fácil detectar esta economía “paralela u oculta” por los movimientos de activos líquidos. En 2019, la base monetaria, constituida por todo el dinero legal en circulación, aumentó 10,5 por ciento, esto es, 3,2 veces más que el crecimiento en valor del PIB que fue de 3,3, anotó el economista Sarmiento.

¿Cómo espera el gobierno colombiano, junto con la “desinteresada ayuda” del gobierno Estadounidense, derrotar una economía “ilegal” que está profundamente emparentada con la economía “legal” del país?

Es una realidad que ocultan, a pesar de la luz que emite, y con la cual uno de los que sale victorioso de la reiterativa y fallida política de drogas es Monsanto –ahora Bayer– con su glifosato, un herbicida –en realidad un veneno cargado de potentes compuestos químicos– que sirve para la eliminación de plantas y plagas. “El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento”, anotó el periodista Felipe Martínez en un artículo publicado por desdeabajo. 4

“El presidente Trump se enfoca en continuar reduciendo el número de estadounidenses que mueren por sobredosis, y una parte clave de esa misión es trabajar con nuestros socios internacionales para frenar el suministro de drogas mortales. Este próximo año será crítico, y esperamos ver que los esfuerzos acelerados, incluidas las aspersiones aéreas, marquen la diferencia en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que eventualmente salvará la vida del pueblo estadounidense”, dijo el director de la (Ondcp) Jim Carroll, en el reciente y ya comentado comunicado publicado por la Casa Blanca.

Consecuente con el verdadero propósito de la Guerra contra las drogas –militarizar sociedades y someter Estados–, el presidente Trump sigue alimentando tal Guerra. Para romper tal continuidad, de nada sirve lo recomendado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia le propuso a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices: 1. tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, 2. reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y 3. focalizar la represión sobre el crimen organizado.

¿Quiénes pierden con esta continuidad? En primera instancia, las comunidades campesinas e indígenas, tanto por la guerra sobre sus territorios como por el mismo envenenamiento de sus tierras producto de la aspersión de miles de litros de químicos sobre los mismos, envenenamiento que no solo afecta la coca sino también a todos los sembrados de pancoger, aguas y bosques en general, y de manera directa e indirecta el cuerpo y salud de sus habitantes, tanto humanos como animales en general.

En segunda instancia afecta al país todo, sumido por esta vía en una prolongada guerra que no parece tener final digno y justo para las mayorías. País con su soberanía arriada, sirviendo a su vez como policía de nuestra subregión.

Para remediar tan compleja realidad, la sociedad debe demandar respeto a la soberanía nacional, a la par de reclamar la implementación la tan anhelada y nunca llevada a cabo reforma agraria integral, también asumida en el Acuerdo de Paz, donde se ofrecen verdaderas oportunidades para que el campesinado tenga salidas integrales a sus demandas cotidianas, para que así la siembra de la coca y su transformación deje de ser una opción –la única– para sobrellevar una vida con un rango menor de dificultades.

1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-colombian-officials-set-bilateral-agenda-reduce-cocaine-supply/

2 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/06/drugs-and-democracy_book_ES.pdf

3 https://www.desdeabajo.info/sumplementos/item/39018-el-milagro-economico-colombiano.html

4 https://desdeabajo.info/ediciones/item/36496-la-guerra-quimica-en-colombia-tiene-nombre-de-glifosato.html

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Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 “Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

28 diciembre 2019 

Publicado originalmente en RNMA

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Iván Márquez anuncia que la disidencia de FARC retoma la lucha armada en Colombia

El guerrillero, que había participado en las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ha iniciado la "nueva Marquetalia", en referencia al lugar de nacimiento del grupo armado hace medio siglo.

El disidente y prófugo de la justicia, Iván Márquez, informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida", dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', y . "Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", agregó.

El ahora líder de las disidencias alegó que retomarán las armas con miras "a la paz cierta, no traicionada". "Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social", indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá "operando en las profundidades de la selva" y agregó que el objetivo del grupo armado es "la oligarquía excluyente y corrupta".

El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.

Mensaje a policías y militares

Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que "no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos". Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier "ofensiva".

Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: "desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas", sostuvo.

En junio pasado, Márquez fue despojado de su investidura como congresista y la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de verificación de incumplimiento. Caso similar ocurrió con Santrich, quien se ausentó del mecanismo de justicia transicional ante el tribunal que lo citaba por un caso de retención ilegal de personas; el 11 de julio se emitió la circular roja de Interpol en su contra.

En una entrevista con Efe, Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que tanto 'Santrich' como el excombatiente Iván Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" por su deslinde del acuerdo de paz.

"La paz traicionada"

Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las "traiciones" que, a su juicio, la "oligarquía colombiana" ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que "desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón".

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado", apuntó.

Publicado: 29 ago 2019 09:39 GMT | Última actualización: 29 ago 2019 10:37 GMT

 

Video relacionado

Iván Márquez anuncia disidencia Farc

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Martes, 20 Agosto 2019 16:25

El mundo de abajo crece en silencio

El mundo de abajo crece en silencio

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba...

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos?

¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como muchas otras no zapatistas.

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, con base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado.

Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos.

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes.

……

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria?

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra América.

Por Raúl Zibechi (Periodista, Uruguay / Juan Wahren (Sociólogo, Argentina)

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