La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

Publicado enColombia
Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
Lo que oculta la agenda bilateral para reducir suministro de cocaína entre Trump y Duque

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo de 2020 lideraron un diálogo con el gobierno de Colombia acerca de antinarcóticos, para establecer un agenda bilateral de -grupo de acción gubernamental para reducir los altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

“El foco de la discusión fue expandir los resultados del programa integrado de erradicación de coca de Colombia al garantizar el uso completo de todas las herramientas disponibles, incluida la erradicación manual, el desarrollo alternativo y un componente de aspersiones aéreas liderado por Colombia, respaldado por programas de desarrollo rural y seguridad rural”, anotó el comunicado de la Casa Blanca1.

Esto no es algo nuevo que proponga el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia en la ‘perdida’ guerra contra las drogas, lo que sí aparece como nuevo –luego de meses de guardar silencio con el tema– es la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato, suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno de Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". La negociación en curso, en ese momento con las Farc, también fue aliciente para ello.

¿A quién le hará caso el gobierno de Iván Duque? A Estados Unidos que desde 1971 –gobierno de Richard Nixon– instaló como uno de sus ejes de política exterior “la guerra contra las drogas”, la que pese al paso del tiempo no ha cumplido con sus propósitos pero sí ha militarizado infinidad de países, sumidos en espiral de violencia, o intentará ejecutar de manera eficiente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que está contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

La primera de las opciones –seguir arrodillados ante Donald Trump y el Estado norteamericano, como ha sido práctica centenaria de parte de la oligarquía colombiana– y retomar las aspersiones con glifosato implicaría retomar una política que no ha dado resultados, como en su momento lo resaltó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México en su libro Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma, que dice: “Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos”2.

La segunda de las opciones, si tienen algo de dignidad, los obligaría a ser consecuentes con lo firmado en el Acuerdo firmado con las Farc, como lo recordó el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el pasado 4 de febrero vía su cuenta oficial de Twitter: “la Procuraduría no encuentra cómo se puede incumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz. No hay una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos con la de aspersión”, aludiendo así al necesario respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantea un conjunto de requisitos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

Si bien el comunicado de la Casa Blanca también anotó que: “El diálogo se centró en aumentar la erradicación de la coca y la interdicción de la cocaína, mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en las zonas rurales más afectadas por el tráfico de estupefacientes, y enfocarse en el lavado de dinero y las finanzas ilícitas relacionadas con los narcóticos”.

Estas finanzas ilícitas, una combinación entre la informalidad y la mafia, son economías subterráneas (la integran todas las actividades informales, el contrabando, la corrupción, las actividades especulativas, el lavado de activos, la venta de divisas en los mercados negros, la prostitución, el crimen y la delincuencia organizados, las mafias políticas, tráfico de armamento y el narcotráfico), son equivalentes al 40 por cuente del PIB del país, como lo evidenció Libardo Sarmiento Anzola en el suplemento económico “El milagro económico colombiano”- publicado por desdeabajo en su edición en circulación febrero 20-marzo 20–.3

Adicionalmente, por ejemplo, desde Colombia se exportan 500 toneladas métricas de cocaína, negocio que le inyecta 3.000 millones de dólares anuales a la demanda interna del país. Es fácil detectar esta economía “paralela u oculta” por los movimientos de activos líquidos. En 2019, la base monetaria, constituida por todo el dinero legal en circulación, aumentó 10,5 por ciento, esto es, 3,2 veces más que el crecimiento en valor del PIB que fue de 3,3, anotó el economista Sarmiento.

¿Cómo espera el gobierno colombiano, junto con la “desinteresada ayuda” del gobierno Estadounidense, derrotar una economía “ilegal” que está profundamente emparentada con la economía “legal” del país?

Es una realidad que ocultan, a pesar de la luz que emite, y con la cual uno de los que sale victorioso de la reiterativa y fallida política de drogas es Monsanto –ahora Bayer– con su glifosato, un herbicida –en realidad un veneno cargado de potentes compuestos químicos– que sirve para la eliminación de plantas y plagas. “El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento”, anotó el periodista Felipe Martínez en un artículo publicado por desdeabajo. 4

“El presidente Trump se enfoca en continuar reduciendo el número de estadounidenses que mueren por sobredosis, y una parte clave de esa misión es trabajar con nuestros socios internacionales para frenar el suministro de drogas mortales. Este próximo año será crítico, y esperamos ver que los esfuerzos acelerados, incluidas las aspersiones aéreas, marquen la diferencia en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que eventualmente salvará la vida del pueblo estadounidense”, dijo el director de la (Ondcp) Jim Carroll, en el reciente y ya comentado comunicado publicado por la Casa Blanca.

Consecuente con el verdadero propósito de la Guerra contra las drogas –militarizar sociedades y someter Estados–, el presidente Trump sigue alimentando tal Guerra. Para romper tal continuidad, de nada sirve lo recomendado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia le propuso a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices: 1. tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, 2. reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y 3. focalizar la represión sobre el crimen organizado.

¿Quiénes pierden con esta continuidad? En primera instancia, las comunidades campesinas e indígenas, tanto por la guerra sobre sus territorios como por el mismo envenenamiento de sus tierras producto de la aspersión de miles de litros de químicos sobre los mismos, envenenamiento que no solo afecta la coca sino también a todos los sembrados de pancoger, aguas y bosques en general, y de manera directa e indirecta el cuerpo y salud de sus habitantes, tanto humanos como animales en general.

En segunda instancia afecta al país todo, sumido por esta vía en una prolongada guerra que no parece tener final digno y justo para las mayorías. País con su soberanía arriada, sirviendo a su vez como policía de nuestra subregión.

Para remediar tan compleja realidad, la sociedad debe demandar respeto a la soberanía nacional, a la par de reclamar la implementación la tan anhelada y nunca llevada a cabo reforma agraria integral, también asumida en el Acuerdo de Paz, donde se ofrecen verdaderas oportunidades para que el campesinado tenga salidas integrales a sus demandas cotidianas, para que así la siembra de la coca y su transformación deje de ser una opción –la única– para sobrellevar una vida con un rango menor de dificultades.

1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-colombian-officials-set-bilateral-agenda-reduce-cocaine-supply/

2 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/06/drugs-and-democracy_book_ES.pdf

3 https://www.desdeabajo.info/sumplementos/item/39018-el-milagro-economico-colombiano.html

4 https://desdeabajo.info/ediciones/item/36496-la-guerra-quimica-en-colombia-tiene-nombre-de-glifosato.html

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Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 “Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

28 diciembre 2019 

Publicado originalmente en RNMA

Publicado enSociedad
Iván Márquez anuncia que la disidencia de FARC retoma la lucha armada en Colombia

El guerrillero, que había participado en las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ha iniciado la "nueva Marquetalia", en referencia al lugar de nacimiento del grupo armado hace medio siglo.

El disidente y prófugo de la justicia, Iván Márquez, informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida", dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', y . "Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", agregó.

El ahora líder de las disidencias alegó que retomarán las armas con miras "a la paz cierta, no traicionada". "Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social", indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá "operando en las profundidades de la selva" y agregó que el objetivo del grupo armado es "la oligarquía excluyente y corrupta".

El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.

Mensaje a policías y militares

Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que "no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos". Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier "ofensiva".

Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: "desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas", sostuvo.

En junio pasado, Márquez fue despojado de su investidura como congresista y la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de verificación de incumplimiento. Caso similar ocurrió con Santrich, quien se ausentó del mecanismo de justicia transicional ante el tribunal que lo citaba por un caso de retención ilegal de personas; el 11 de julio se emitió la circular roja de Interpol en su contra.

En una entrevista con Efe, Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que tanto 'Santrich' como el excombatiente Iván Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" por su deslinde del acuerdo de paz.

"La paz traicionada"

Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las "traiciones" que, a su juicio, la "oligarquía colombiana" ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que "desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón".

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado", apuntó.

Publicado: 29 ago 2019 09:39 GMT | Última actualización: 29 ago 2019 10:37 GMT

 

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Iván Márquez anuncia disidencia Farc

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Martes, 20 Agosto 2019 16:25

El mundo de abajo crece en silencio

El mundo de abajo crece en silencio

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba...

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos?

¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como muchas otras no zapatistas.

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, con base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado.

Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos.

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes.

……

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria?

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra América.

Por Raúl Zibechi (Periodista, Uruguay / Juan Wahren (Sociólogo, Argentina)

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos de los Yungas cortan durante una semana los caminos que comunican la región con el resto del país

 

 Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fijó la extensión que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hectáreas, entre los Yungas y el Chapare. Esa fórmula cambió la normativa anterior, que prohibía cualquier plantación de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la “zona tradicional” para el “acullicu” (masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como está regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el único movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trató, primero, de promover el cambio interno en su organización, la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego fomentó la organización disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como “paralelismo sindical”. Una última acción gubernamental fue la creación de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que están vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribución de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llevó a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin éxito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunció un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos métodos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las políticas de erradicación de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa.

La división de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, derivó en las últimas semanas en un enfrentamiento interno gravísimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la “clandestinidad”. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculación con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organización.

Otra fuente del conflicto es la política de destrucción de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no está autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificación técnica y únicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicación en La Asunta causó la muerte de un policía en agosto de 2018. Inmediatamente después fue detenido el líder histórico de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, quien se halla en prisión desde entonces, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato del policía. La situación legal de Gutiérrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.

 

Por Fernando Molina

La Paz 4 JUL 2019 - 17:03 COT

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Personas pobres afectadas por las disputas de tierra en Cambodia se han visto obligadas a vivir en un cementerio en Phnom Penh.Foto Afp

Al llamar a redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema, especialmente la rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que se calcula que 10 por ciento de la población mundial se encuentra en esa condición.

 

El organismo expuso que "desde 1990 el progreso mundial para reducir la pobreza no tiene parangón". Sin embargo, "alrededor de 736 millones de personas siguen padeciendo" esta condición y es muy posible que las cifras aumenten. “Se espera que una desaceleración continua del crecimiento económico mundial impida –o incluso invierta– el progreso hacia la reducción de la pobreza, en particular en las zonas rurales de los países más pobres”.

 

De acuerdo con el Banco Mundial, de 1990 a 2015 la tasa de pobreza extrema se redujo, en promedio, un punto porcentual por año (de casi 36 por ciento a 10), pero sólo bajó un punto entre 2013 y 2015.

 

En ese lapso, mil millones de personas salieron de ese rango, pero una desaceleración económica mundial podría poner en riesgo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de eliminar la pobreza en 2030.

 

Sostuvo que se debe hacer más evidente el vínculo entre pobreza y hambre, "promoviendo la coherencia de las políticas entre los sectores de la protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición y facilitando programas que aglutinen la asistencia social, el acceso a la educación nutricional, la atención sanitaria y una agricultura que tenga en cuenta la nutrición". Llamó a la inclusión económica de las personas en extrema pobreza en las zonas rurales, con la promoción de inversiones agrícolas y para la alimentación y de las oportunidades de empleo.

 

Señaló que es esencial promover medios de vida ambientalmente sostenibles y resilientes, incluyendo la reducción de la pobreza en las medidas relativas al cambio climático. "Teniendo en cuenta estas tendencias, la FAO considera que es necesario un mayor esfuerzo para llegar a las personas extremadamente pobres, que viven predominantemente en las zonas rurales".

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Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

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