Iván Márquez anuncia que la disidencia de FARC retoma la lucha armada en Colombia

El guerrillero, que había participado en las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ha iniciado la "nueva Marquetalia", en referencia al lugar de nacimiento del grupo armado hace medio siglo.

El disidente y prófugo de la justicia, Iván Márquez, informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida", dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', y . "Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", agregó.

El ahora líder de las disidencias alegó que retomarán las armas con miras "a la paz cierta, no traicionada". "Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social", indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá "operando en las profundidades de la selva" y agregó que el objetivo del grupo armado es "la oligarquía excluyente y corrupta".

El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.

Mensaje a policías y militares

Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que "no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos". Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier "ofensiva".

Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: "desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas", sostuvo.

En junio pasado, Márquez fue despojado de su investidura como congresista y la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de verificación de incumplimiento. Caso similar ocurrió con Santrich, quien se ausentó del mecanismo de justicia transicional ante el tribunal que lo citaba por un caso de retención ilegal de personas; el 11 de julio se emitió la circular roja de Interpol en su contra.

En una entrevista con Efe, Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que tanto 'Santrich' como el excombatiente Iván Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" por su deslinde del acuerdo de paz.

"La paz traicionada"

Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las "traiciones" que, a su juicio, la "oligarquía colombiana" ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que "desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón".

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado", apuntó.

Publicado: 29 ago 2019 09:39 GMT | Última actualización: 29 ago 2019 10:37 GMT

 

Video relacionado

Iván Márquez anuncia disidencia Farc

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Martes, 20 Agosto 2019 16:25

El mundo de abajo crece en silencio

El mundo de abajo crece en silencio

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba...

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos?

¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa región.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como muchas otras no zapatistas.

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, con base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado.

Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos.

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes.

……

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria?

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra América.

Por Raúl Zibechi (Periodista, Uruguay / Juan Wahren (Sociólogo, Argentina)

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos de los Yungas cortan durante una semana los caminos que comunican la región con el resto del país

 

 Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fijó la extensión que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hectáreas, entre los Yungas y el Chapare. Esa fórmula cambió la normativa anterior, que prohibía cualquier plantación de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la “zona tradicional” para el “acullicu” (masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como está regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el único movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trató, primero, de promover el cambio interno en su organización, la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego fomentó la organización disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como “paralelismo sindical”. Una última acción gubernamental fue la creación de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que están vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribución de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llevó a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin éxito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunció un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos métodos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las políticas de erradicación de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa.

La división de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, derivó en las últimas semanas en un enfrentamiento interno gravísimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la “clandestinidad”. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculación con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organización.

Otra fuente del conflicto es la política de destrucción de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no está autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificación técnica y únicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicación en La Asunta causó la muerte de un policía en agosto de 2018. Inmediatamente después fue detenido el líder histórico de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, quien se halla en prisión desde entonces, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato del policía. La situación legal de Gutiérrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.

 

Por Fernando Molina

La Paz 4 JUL 2019 - 17:03 COT

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Personas pobres afectadas por las disputas de tierra en Cambodia se han visto obligadas a vivir en un cementerio en Phnom Penh.Foto Afp

Al llamar a redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema, especialmente la rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que se calcula que 10 por ciento de la población mundial se encuentra en esa condición.

 

El organismo expuso que "desde 1990 el progreso mundial para reducir la pobreza no tiene parangón". Sin embargo, "alrededor de 736 millones de personas siguen padeciendo" esta condición y es muy posible que las cifras aumenten. “Se espera que una desaceleración continua del crecimiento económico mundial impida –o incluso invierta– el progreso hacia la reducción de la pobreza, en particular en las zonas rurales de los países más pobres”.

 

De acuerdo con el Banco Mundial, de 1990 a 2015 la tasa de pobreza extrema se redujo, en promedio, un punto porcentual por año (de casi 36 por ciento a 10), pero sólo bajó un punto entre 2013 y 2015.

 

En ese lapso, mil millones de personas salieron de ese rango, pero una desaceleración económica mundial podría poner en riesgo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de eliminar la pobreza en 2030.

 

Sostuvo que se debe hacer más evidente el vínculo entre pobreza y hambre, "promoviendo la coherencia de las políticas entre los sectores de la protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición y facilitando programas que aglutinen la asistencia social, el acceso a la educación nutricional, la atención sanitaria y una agricultura que tenga en cuenta la nutrición". Llamó a la inclusión económica de las personas en extrema pobreza en las zonas rurales, con la promoción de inversiones agrícolas y para la alimentación y de las oportunidades de empleo.

 

Señaló que es esencial promover medios de vida ambientalmente sostenibles y resilientes, incluyendo la reducción de la pobreza en las medidas relativas al cambio climático. "Teniendo en cuenta estas tendencias, la FAO considera que es necesario un mayor esfuerzo para llegar a las personas extremadamente pobres, que viven predominantemente en las zonas rurales".

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Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

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Proyecto de la FAO prevé combatir la pobreza rural en 100 territorios de AL

Rezagados y vulnerables son los 100 territorios de América Latina en los que la Organización de las Naciones Unidas pondrá el foco para contener la pobreza rural, estrategia que busca mejorar la vida de las comunidades y evitar conflictos como los generados por las migraciones masivas y el narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) presentó este martes en Santiago de Chile su estrategia Cien Territorios Libres de Pobreza y Hambre, que busca intervenir en el contexto de políticas públicas y trabajar junto con gobiernos, organizaciones, empresas y otros actores civiles, con el objetivo de combatir nudos de extrema pobreza que ponen en riesgo la vida de unos 40 millones de latinoamericanos.

En una primera etapa, la FAO trabajará con Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y luego espera que se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, según datos del organismo.

Las áreas rezagadas son "muchas veces tierras invisibles y otra veces territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas", por eso la FAO decidió “poner el foco de atención ahí", señaló Julio Berdegué, representante regional de la organización, con sede en Roma.

Hasta ahora la FAO ha identificado mil 975 municipios en 14 países que agrupan a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. De éstos, la mitad (20.9 millones) vive en el campo y el resto en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescencientes y uno de cada cinco hogares está liderado por una mujer.

Con 547 municipios, México lidera la lista de zonas rurales más rezagadas, seguido de Perú, con 422, Brasil con 229 y Colombia con 213.

El representante señaló que cuando las zonas rurales quedan rezagadas y viven en pobreza pueden ser fuentes de conflictos vinculados al narcotráfico, como la producción de coca o amapola para heroína, el desarrollo de economías ilegales o generar migraciones masivas.

"Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica, que cruzan México y quieren llegar a Estados Unidos, generan todo tipo de problemas internacionales", apuntó Berdegué.

"Nadie dice que el origen de eso son los territorios de extrema pobreza y el abandono, sino que le ponemos atención hasta que tenemos un problema", señaló.

Tras años de buenas noticias y grandes avances en la lucha contra la pobreza, la región está "caminando hacia atrás" con aumentos en las tasas de extrema pobreza global y con casi la mitad de los habitantes de zonas rurales de América Latina inmersos en la pobreza, advierte la organización.

Para Berdegué, estos territorios rezagados son como lugares detenidos en el tiempo. "Incluso en los países con los mayores avances hay territorios rurales que se han quedado atrás, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años", dice.

Hacerse cargo de estas localidades perdidas es necesario "no sólo por el motivo ético de que estas personas, niños vivan una mejor vida, sino porque son fuente de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países", agregó el funcionario.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de personas que vive en la pobreza aumentó en 2017 a un máximo en una década.

En el caso de las zonas rurales, la pobreza alcanza 48.6 por ciento de la población y en algunas áreas más vulnerables el porcentaje se eleva a 70 puntos, de acuerdo con datos de la FAO.

Mariana Escobar, consultora de la FAO especialista en desarrollo rural, especificó que en momentos de contracción de las economías de la región, es necesario mejorar la coordinación, el uso de datos y aplicar la creatividad frente al exceso de burocracia.

También destacó la necesidad de fortalecer a los actores locales y líderes sociales en estos territorios.

"La tarea de avanzar en este reto tan grande de la pobreza rural es tarea de los gobiernos, pero éstos no pueden solos", apuntó.

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La ONU aprueba los derechos del campesinado y España se abstiene

Más protección, más garantías, más respeto, más participación, más dignidad, más igualdad. No solo para los agricultores, también para los ganaderos, los indígenas, los pescadores, los pueblos nómadas y las personas que viven en zonas rurales. Más derechos para el acceso a la tierra y a los recursos naturales, para la gestión de las semillas tradicionales, para la gobernanza, para los empleados migrantes y temporeros. Para los hombres, y con incidencia, para las mujeres que trabajan en los pueblos y que pueden garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la biodiversidad... Estos son algunos de los principios que recoge la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales recién aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución. Un texto que promovió el movimiento internacional Vía Campesina desde que celebraran el primer congreso en 2001 en Indonesia hasta este 2018, con este documento que consideran "histórico", y que ahora se pone a disposición de los países del mundo. "Es un reconocimiento a nuestro rol en la lucha contra el hambre, por la mitigación del cambio climático, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por la soberanía alimentaria", destaca Diego Montón, delegado del colectivo en América Latina.

La ONU reconoce en la resolución que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren "de manera desproporcionada" la pobreza, el hambre y la malnutrición, que conviven con la degradación del medioambiente, que se enfrentan a la despoblación y el envejecimiento de sus regiones, que requieren más ayudas e inversiones, que pueden trabajar en condiciones peligrosas o son víctimas de explotación y que tienen dificultades para acceder a los ámbitos de la justicia, a los servicios financieros o a la protección social. Resalta también que le preocupa la especulación sobre los alimentos, la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las desiguales relaciones de poder en las cadenas de valor, entre otros. "Los campesinos se enfrentan a situaciones extremas que se ven agravadas por un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Ellos alimentan al mundo, pero el disfrute de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo su propio derecho a la alimentación", ha declarado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras la aprobación del texto.


"Es una gran victoria del mundo rural frente al mercantilismo imperante. Es un documento importante para frenar la mercantilización y el oligopolio de los alimentos utilizados como mercancía, y la concentración del poder de su distribución en unas pocas manos. La declaración recoge la humanización de la agricultura, que algo tan básico no dependa de las grandes empresas", declara con decisión el ingeniero José Esquinas, implicado en la negociación desde hace un lustro y miembro del comité científico. Para el experto, esta resolución, amparada en el contexto de los Derechos Humanos, pone a las personas en el centro frente a los beneficios empresariales, y promueve la soberanía alimentaria frente a la dependencia de las grandes compañías. "Es fundamental también que sitúa al campesino como custodio de la biodiversidad agrícola del planeta, básica para los cambios medioambientales que se avecinan", detalla el experto.


La declaración, que expone directrices voluntarias, otorga un corpus discursivo unificado al sector y sus sociedades, y sirve de base para que los Gobiernos, nacionales, regionales o locales, tengan orientaciones para cimentar, analizar y evaluar sus políticas públicas junto a la sociedad civil. "Desde ya hay casos de municipios de América Latina que estaban usando el proceso de la declaración para adoptar resoluciones locales. Es una herramienta para legislar y servirá para establecer diálogo con muchas de las luchas abiertas", señala Montón, que destaca la precisión recogida en el texto para defender a los líderes campesinos. "En muchos lugares del mundo hay criminalización, discriminación e incluso cárcel y violencia para los líderes campesinos. Esta declaración es también un llamado a respetar los derechos civiles, políticos, económicos y políticos de los campesinos", detalla.


La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha calificado de "histórico" este documento, que detalla cuestiones sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para la seguridad alimentaria, además de reforzar las identidades culturales y los conocimientos tradicionales. "A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad", ha declarado Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la organización para las Naciones Unidas en Nueva York. "Para la FAO va a ser muy importante, útil y relevante en relación con la década de la agricultura familiar (2019-2028), trata temas a desarrollar como la tierra, las semillas o que la innovación sea sostenible y participada con el conocimiento local", detalla Guilherme Brady, coordinador del equipo de Organizaciones de la Sociedad Civil de esta agencia de la ONU. Los agricultores familiares generan cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo, aunque "paradógicamente" suelen ser pobres y estar aquejados de inseguridad alimentaria, recoge la FAO.


España se abstiene para la aprobación del texto


Bolivia ha liderado esta propuesta sobre la que han votado 193 países y que ha contado con un amplio respaldo de Estados de América Latina, África y Asia. No obstante, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Hungría, Suecia y Nueva Zelanda se han posicionado en contra. España, junto a otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia o Bélgica, se han abstenido de la votación. En la intervención de la Delegación española en la Asamblea de la ONU, el Gobierno explicó por qué no apoyó el documento explícitamente: "Coincidimos con otros Estados en que esta Resolucion incluye elementos, como la creación de nuevos derechos, que deben abordarse a través de otros instrumentos para garantizar la coherencia del valioso sistema de promoción y protección de derechos humanos actualmente vigente. Por ello, España se abstendrá en esta votación".

 

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El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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Nuestro hombre hicotea, sentipensante, hereje y luchador de nuestros tiempos

Remembrazas sobre Orlando Fals Borda, a propósito del décimo aniversario de su deceso. Su pensamiento sigue vivo, iluminando el ejercicio investigativo de decenas de miles de actores sociales.


Al indagar por Orlando Fals Borda como autor es necesario colocarlo en un escenario latinoamericano, en el cual se desarrolla un esfuerzo colectivo no programado ni organizado en sus inicios, por darle forma a un pensamiento propio que, a la vez que rompía con la “ciencia colonial” europea y estadounidense, recogía de las tradiciones originarias parte de la savia para darle forma a unos movimientos que desarrollaban un pensamiento que da identidad a nuestro contexto como formación social diferente y con proyectos que, manteniendo un nexo con la producción de otros lares, afirmaba las singularidades de lo propio como un ejercicio de complementariedad.

 

En ese sentido, quien inaugura este período es el peruano José Carlos Mariátegui, quien habló del “marxismo indoamericano”. También desde la especificidad colombiana, y muchos años después, Fals Borda hablaría del “socialismo raizal”. En el mismo período de la década del 30, Avelino Siñani y Elizardo Pérez en Bolivia, con la escuela Ayllu de Warisata, rompen el modelo eurocéntrico educativo proponiéndonos una educación indígena.

 

Ese escenario de “herejías” frente a lo establecido como conocimiento universal, va a tener en las décadas del 50 y 60 del siglo anterior una proliferación de propuestas, convertidas en movimientos con múltiples expresiones de resistencia y de construcción de procesos alternativos, lo cual nos permitió –a quienes veníamos después de ellos–, estar parados en “hombros de gigantes” como dirían algunos de Newton en las ciencias naturales. En nuestra realidad emergieron con contenido propio: la teología de la liberación (Gutiérrez), la teoría de la dependencia (Faletto), la comunicación popular (Kaplún), la psicología popular (Martín-Baró), el desarrollo a escala humana (Max-Neef), la educación popular (Freire), la filosofía latinoamericana (Dussel), el teatro del oprimido (Boal), colonialidad del saber y del conocimiento (Quijano), la ética del cuidado (Boff), la sistematización como una forma de investigar las prácticas (Martinic), las epistemologías contextuales (Zemelmann).

 

En el marco de estos desarrollos, nuestro recordado Orlando Fals desarrolla la investigación acción participante (IAP), articulada a una serie de experiencias en otros lugares de América Latina, como sucedió con las anteriormente citadas y para su caso con una mayor cercanía en Brasil, Chile, México, que luego atravesaría los océanos hacia la India, África y Australia. En su esfuerzo por cruzar educación popular e investigación se puede tomar como antecedente el trabajo de tres décadas antes, como las experiencias vividas en el desarrollo del proyecto educativo de la Anuc, el trabajo realizado en la costa caribe en el marco del movimiento campesino, y que luego va al movimiento pedagógico colombiano.

 

Orientando la mirada hacia la historia y lo popular

 

En la actualidad se ven cosas curiosas que hay que mirar críticamente, pues muchas de las teorías en boga, por ejemplo, algunos de los autores de la descolonización, en aras de una originalidad de estos tiempos, pareciera que no reconocieran aquellos gérmenes de ese “nuevo” pensamiento en los autores que nos antecedieron. Para este caso de la descolonización basta solo recordar cómo Simón Rodríguez había dicho en 1828, “la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América”1.

 

De igual manera, podemos ver cómo muchos de los temas planteados en estas nuevas corrientes ya estaban en los escritos de Fals Borda, que pese a su formación funcionalista en los Estados Unidos o sus coqueteos con el marxismo, rompió rápidamente sus propios muros a partir de su práctica en el Departamento de Boyacá, que lo llevaría a escribir uno de sus primeros textos, al que llamó “campesinos de los andes” y que luego retomó para su tesis doctoral, en donde ya plantea claramente un distanciamiento con las ciencias europeas, encontrando una reflexión a partir de la categoría de sentido común, con la cual toma el rumbo de reconocer que había un saber y un conocimiento propio en los sectores populares que le permitiría identificar y cuestionar al colonialismo intelectual como uno de los principales problemas de las ciencias sociales de estos lares2.

 

Esta idea, que va a permitir constituir el saber propio o popular, va a tener su clímax en el texto que lleva por título La Historia Doble de la Costa, en el cual mostró que esa lectura popular estaba presente en el imaginario de los grupos sociales populares con narrativas propias, que les permitían diferenciarse de otro tipo de producciones. Allí están sus cuatro libros3, donde él reconoce que su idea de “sentipensante” la apropió de estos campesinos, que dan cuenta siempre de la unidad del mundo explicitada en la unidad de la razón, la pasión, el cuerpo y el corazón.

 

Estos textos auscultan con profundidad la manera cómo los territorios son constituidos en sus múltiples aspectos, no solo por las narrativas del poder sino también por las de sus habitantes, los cuales la viven, la explican y la transforman desde sus comprensiones, que la mayoría de las veces son diferentes a las de la academia clásica, en cuanto son sus luchas y resistencias las que otorgan sentidos e identidades. En esta perspectiva, la idea de praxis que reelabora desde ese sentido común y de los saberes no académicos, le van a servir como horizonte de ruptura epistemológica que lo llevará a la formulación de que, si miramos la vida de la gente, es posible distanciarse del positivismo como única manera de explicarla4.

 

Investigación Acción Participante para entender la vida

 

Para resolver esta crítica propone la Investigación-Acción Participante, como ruta para ver de qué manera los grupos populares no academizados organizan un conocimiento desde su quehacer, mostrando cómo ese saber –que a veces es desdeñado como folclor–, tiene su propia racionalidad y su propia estructura de causalidad. En ese sentido, va a tener validez científica así esté por fuera del edificio formal de la ciencia clásica5.

 

Este camino de elaboración temprana va a tener una veta que nunca abandona en su obra, que lo llevará por el camino de reconocer ese saber de los sectores populares como otro tipo de conocimiento, el cual era muy visible en la vida indígena, las rebeliones, la experiencia de la gente en su día a día, o en las herejías. Frente a todo ello señalaba que para poder leerlas en otra clave, se requeire una opción ético-político-cognitiva, lo cual convierte a la investigación-acción participante como una forma de actuación política con un compromiso en una acción “científico-política”, que se vincula para ayudar en los procesos de empoderamiento, organización y lucha de los sectores sociales populares, a la vez que va a ser una crítica al predominio del positivismo en las ciencias sociales, y más radical, en cuanto permite la emergencia de una epistemología surgida en el sur6.

 

En esta mirada señala como esa organización de la sociedad –basada en la dicotomía entre desarrollo y subdesarrollo– ha sido construida por una escala de poder que desconoce la complejidad y la fragilidad del medio tropical, caracterizado por sus comunidades multiétnicas y biodiversas. Si las desconocemos, nos convertirán en promotores de la economía del consumo, que a nivel de conocimiento significa el uso de “paradigmas desarraigados del contexto propio”. Por ello propone la construcción de paradigmas endógenos enraizados en nuestras propias circunstancias, que no rompan la unidad humana-naturaleza y que encuentra interrelación con los paradigmas críticos europeos en desarrollo, por ejemplo en los procesos de complejidad, sistemas, fractalidad y otros.

 

Esto significaría: “sustituir las definiciones discriminatorias entre lo académico y lo popular; entre lo científico y lo político, sobre todo en la medida en que se haga énfasis en las relaciones complementarias”7. Para Fals, esas discusiones tenían consecuencias políticas y desde ese entendimiento plantea su “socialismo raizal”, diferenciándose también del eurocentrismo marxista, sin desecharlo, y da sentido a una acción política en nuestros contextos latino, caribe y mesoamericano soportados en las particularidades del humano tropical: la solidaridad del mundo indígena, la búsqueda de libertad del afro, los sentidos de autonomía de los españoles y la dignidad de los campesinos, lo cual nos va a dotar de un proyecto propio desde nuestras particularidades, para por esta vía establecer las bases referenciales y humanas para la segunda república.

 

Enfrentando la neutralidad valorativa para transformar la realidad

 

Todos estos planteamientos tienen su concreción en una propuesta investigativa que, recuperando los diferentes planteamientos de la teoría de la acción: Lewin, Sol Tax, Anisur Rahman, va a ir encontrando en Fals, a través de la participación, un núcleo de pensamiento que da forma a la investigación acción participante con una fundamentación que enfrentó la neutralidad valorativa, tan en boga en los científicos sociales. Ella dio lugar a la necesidad de reconocer al observador como parte del mundo que se investiga, de cómo la investigación tiene consecuencias transformadoras en la realidad, de cómo el mundo enunciado estaba construido desde múltiples mundos en unidad contradictoria, y que leerlos así implicaba enfrentar las dicotomías sobre las cuales estaba construido el relato occidental eurocéntrico. Esto mostraba la capacidad de ligar pensamiento transdisciplinar y pensamiento raizal propio.

 

Fals abandonó la Universidad a finales del 60 del siglo pasado, para hacer un trabajo coherente con su pensamiento en medio de los campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc. Cuando 20 años después regresa a la Universidad, escribe un texto muy actual en donde invita a desafiar la manera cómo se había entronizado la institucionalidad de la ciencia eurocéntrica en nuestro contexto, mostrándolo como otro dogmatismo que invita a romper y a encontrar incesantemente las causas que hagan complementario, de una manera dialéctica, el conocimiento popular y el conocimiento científico8.

 

Aunque muchas veces no lo valoramos en su real dimensión, Fals fue un pensador que trascendió su territorio y tiempo, alcanzando a forjar un pensamiento que no se detiene, en cuanto sigue iluminando reflexiones para la nueva crítica de este tiempo. Qué mejor que cerrar esta corta nota con un párrafo de su intervención, cuando en 2007 le confirieron el premio Malinowsky:

 

Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una veta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional, en general, han sido constructos socio-culturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la consistencia propias del tercer mundo y su trópico, con un paradigma más flexible, de naturaleza holística y esencia participativa democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo, debía archivarse9.

 

* Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional
1 Rodríguez, S. Obras completas. Universidad Central de Venezuela. Tomo II. Caracas. 1975. p. 133.
2 Fals-Borda, O. El hombre y la tierra en Boyacá, base social para una reforma agraria. Bogotá. Áncora Editores. 1979.
3 Fals-Borda, O. Historia doble de la costa I: Mompox y Loba; Historia doble de la costa II: El presidente Nieto; Historia doble de la costa III: Resistencia en el San Jorge; Historia doble de la costa IV: retorno a la tierra. Bogotá. Áncora. 2002.
4 Fals-Borda, O. Ciencia propia y colonialismo intelectual. Bogotá. Carlos Valencia Editores. 1981.
5 Fals-Borda, O. La ciencia y el pueblo. Nuevas reflexiones sobre la investigación-acción, la sociología en Colombia: balance y perspectivas. Bogotá. Asociación colombiana de sociología. Tercer Congreso Nacional. 1981.
6 Fals-Borda, O. Orígenes universales y retos actuales de la IAP. En: revista Análisis Político Nº. 38. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 1999. pp. 73-89.
7 Fals. B; Mora Osejo: la superación del eurocentrismo: enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical. Revista Polis: revista de la universidad bolivariana. Vol. 2. Número 007. Universidad Bolivariana. Santiago de chile. 2004
8 Fals-Borda, O. El tercer mundo y la reorientación de la ciencia contemporánea. En: Herrera, N. y López, L. (compiladores). Ciencia, compromiso y cambio social. Orlando Fals Borda, Antología. Bogotá. Lanzas y Letras-Extensión Libros. 2013.
9 Fals-Borda, O. La Investigación Acción en convergencias disciplinarias. Conferencia para recibir el premio Malinowsky de la Society for Applied Anthropology y el premio Oxfam-América Martin Diskin de la Latin American Studies Association (Lasa). Borrador (3). Agosto de 2007.

Publicado enEdición Nº250
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