Educación y comunicación popular y campesina

A 21 kilómetros de Bogotá, en uno de los 116 municipios de Cundinamarca, se encuentra Madrid en el occidente de una sabana que ahora todo tipo de construcciones la van cubriendo. Allí, en la zona rural, se ha instalado desde hace tres años la Asociación Herrera, un colectivo de mujeres integrada principalmente por extrabajadoras de las flores, sus hijos e hijas.

En sus inicios, hace ocho años ya, fueron las más jóvenes quienes empezaron a reunirse, alrededor de procesos organizativos que las conectaran con el arte, los derechos laborales, de género, la soberanía alimentaria. Con estas inquietudes iniciaron una labor que las fue vinculando, o más bien entrelazando, con otras organizaciones que comparten esa intencionalidad de buscar formas distintas de producir, crear y formar.

En la actualidad ya cuentan con varios proyectos, como el llamado “campo en economía solidaria y agroecológica”, pensado como proyecto auto-sostenible y hasta el momento, totalmente auto-gestionado, porque no cuentan con el patrocinio de ninguna otra organización o institución. Ellas siembran en su propia huerta flores orgánicas, y venden las cosechas: también cuentan con una modesta papelería, en respuesta a una necesidad de la zona, y un restaurante dominical llamado Amaranto y Canela, donde ofrecen comida orgánica, vegetaría y también tradicional.

Cuentan, asimismo, con el proyecto “campo en educación y comunicación popular”, en el que imparten la primaria y el bachillerato popular para la población campesina.

“En la vereda no hay otro lugar donde hacer el bachillerato –nos dice una de las madres estudiantes, que además puede asistir a clases con su pequeño niño de unos seis años, pues no tiene con quien dejarlo–, eso sí –enfatiza– las profes tienen métodos diferentes para enseñar, no hay la presión que se padece en los colegios, pero sí debemos ser muy responsables, agrega.
En la animada charla que va tomando forma a partir de las preguntas que les vamos presentando para comprender el cómo y el por qué de este espacio de vida colectiva, otras lenguas se van desentumeciendo: “Es buscar que la vida esté en la educación y la educación en la vida como una sola cosa”, así define la visión del proyecto la profesora que dicta español a los ocho estudiantes adultos que asisten animosamente al aula. Las clases son integrales y con un mismo proyecto, en este caso la realización de un plato típico de una región colombiana; cada grupo investiga, describe, realiza un plegable con la información de ingredientes, cantidades, cualidades alimenticias y exposición teórica ante los demás compañeros. Según explicaron, usan un mismo proyecto, incluso para matemáticas, donde trabajan cantidades y regla de tres para determinar las porciones.

El bachillerato está validado ya que trabajan en convenio con una organización ubicada en la localidad de Bosa, una organización llamada red de bachilleratos populares y campesinos. La Asociación Herrera también hace parte de la Red de mujeres de la Sabana y de la red de de Raíces de la Sabana; en ambos casos la labor fundamental es crear esperanza y resistir con alternativas a las falencias del presente.

En la sede actual funcionan dos bachilleratos y un proceso de alfabetización con los y las trabajadoras de las flores, proyecto que sueñan con abrirlo también en La Sabana de occidente, formar docentes en educación popular y comunitaria, para replicar esta forma de educar, de acuerdo a la realidad y necesidades de la comunidad.

La integralidad de los proyectos involucra a los estudiantes en el proceso de sembradío y elaboración de los alimentos: los días jueves realizan una minga, o reunión comunitaria, donde todos participan en la siembra y preparación de la comida. También han ofrecido cursos diversos como economía solidaria, en un convenio con la Universidad Javeriana, uno de tecnologías, de teatro, de artes y oficios, y todos los que involucren adquirir nuevas habilidades para los estudiantes.

Así, la Asociación Herrera busca integrar educación y expresión, escuchar los relatos de vida como, coherentemente expresa Gisela Lara –una de las gestoras de la sede– intentando consolidar acciones. En ese escuchar, después de muchas reflexiones sobre el territorio y la situación de la población rural, fue lo que las llevó a trasladarse más cerca de los trabajadores, para entender cómo está configurado el campesinado de La Sabana, que aunque muy cerca de Bogotá igualmente permanece muy invisible para los citadinos.

Entre educación, compartir de saberes, proyectos económicos, superación de necesidades, complementariedad entre jóvenes y adultos, entre mujeres y hombres, retomando tradiciones y costumbres, van protegiendo el territorio, comprendiéndolo, encontrando cada día que en el campo sí hay esperanza y posibilidades de vida, muchas más que las ofertadas por la deslumbrante urbe, que precisamente es eso: un centelleo de luces que enceguece, predispone para la colaboración, haciendo de unos y otros enemigos, cuando lo que debiéramos ser es todo lo contrario, entretejiendo con nuestra manos solidarias el soporte para una vida otra en donde la acumulación individual deja de ser el centro del constante y diario esfuerzo con el cual los negados de siempre intentamos superar la no vida que nos ha tocado como modelo de vida, como centro de aquello que nos dicen es el desarrollo. l

El campesinado sí es un sujeto político de derechos

No es de ahora, así ha sido desde décadas atrás: la movilización y la puesta en marcha de diferentes alternativas organizativas, ha sido la única alternativa encontrada por el campesinado colombiano para gozar de su derecho al territorio, permanecer allí y construir en comunidad una vida digna. En su gesta en procura de la tenencia y redistribución de la tierra ha luchado contra los terratenientes, contra las políticas del Estado y contra las multinacionales.

 

Como parte de esa raíz, en el departamento del Cauca, a partir de la movilización acaecidas a lo largo de la primera década de este siglo, se conformó en julio del 2012 la Mesa campesina del Cauca, donde participan el Cima, Fensuagro, Marcha Patriótica, Pup.Soc, Ordeurca, Acader, Ascar de Playa Rica, Concejo comunitario de Renacer de Micay, municipio del Tambo, Asocomunal del Plateado y del municipio de Argelia1. Ahora ya son seis años durante los cuales esta mesa aporta a la solución de las tensiones de tierras y territorios entre las comunidades de esta región, entre ellos los municipios de Cajibio, Popayán, Timbio y Rosas, tensiones presentadas en especial por los sectores afines al gobierno nacional discriminando a los campesinos y afrodescendientes.

 

A partir de los paros del 2013, otros procesos se recogen en esta mesa, articulándose a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, alimentando los pliegos locales del departamento del Cauca. Se agregan a los temas de tierras y territorios los temas de derechos y garantías, ambiental, educación campesina y deporte campesino; por lo que se desarrollan en dos comisiones: Tierra y Territorio –donde también se incluye al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural liderado por el Viceministro de agricultura y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente–. La otra comisión es llamada la Inter-ministerial, coordinada por el Ministerio del Interior, junto a los Ministerios de Educación, Salud, Minas y Energía, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes); ambas comisiones se reúnen mensualmente, de dos a tres días, con nuevos compromisos y seguimiento de la agenda, reunión siempre cruzada por la coyuntura política que obliga a modificar la agenda con reuniones extraordinarias.

 

Entre movilización y concertación, el campesinado caucano ha logrado a través de esta dinámica: la resolución 1817 del 29 de noviembre del 2017, la cual viabiliza la creación de un grupo de trabajo de asuntos campesinos con el objetivo de lograr la articulación entre el Ministerio del Interior y las entidades del campo. El otro logro, es el fallo en primera instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la tutela campesina interpuesta al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para que cumpla con la caracterización del campesinado. Proceso judicial que con el apoyo de la Comisión de Juristas, DeJusticia2, y que fue radicada el 23 de noviembre del año anterior, también entuteló a los Ministerios del Interior y Agricultura, al Instituto de Antropología e Historia (Ican), así como a la Presidencia de la República.

 

Esta acción judicial plantea: “El gobierno nacional debe saber cuántos campesinos existen en el país, además debe construirse y desarrollarse el concepto de campesino, a partir del concepto que se desarrollará en los 7 foros regionales enmarcados en otro acuerdo de la mesa del Cauca, con el objetivo de caracterizar al campesino colombiano”. Finalmente, otro de los logros alcanzados por el movimiento campesino caucano es la producción de políticas de inclusión campesina por parte del Estado.

 

Para que se cumplan estos logros, las organizaciones campesinas nacionales y regionales del Cauca harán el respectivo seguimiento, pero también pondrán sus ojos el sector académico (Universidad Javeriana, el Observatorio de tierras de la Universidad Nacional, la Universidad Externado de Colombia) la institucionalidad, con el marco de control realizado por la Procuraduría agraria, Defensoría del Pueblo y delegación de la Agencia Nacional de Tierras.

 

Al mismo tiempo, y como vía para recoger de manera más amplia las voces y propuestas del sector, se realizarán los foros regionales en 7 departamentos, junto a la creación de mesas campesinas por parte del Ministerio del Interior y el Dane para fortalecer el concepto de campesino. Mientras el gobierno nacional debe impulsar estas exigencias, las organizaciones campesinas y la Universidad Javeriana, con el acompañamiento de Dejusticia y Oxfam3 construirán antes de un año una propuesta de instrumento estadístico para que el Dane tenga un mecanismo de control campesino en el territorio nacional. Ya sea un censo campesino o una encuesta campesina hecha por regiones, está en diseño el camino para lograr que el campesinado colombiano sea un sujeto de derechos.

 


 

* Entrevista realizada a César William Morales, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano–Cauca y Nariño, vocero en la Cumbre Agraria y Mesa Regional del Cauca.
1 Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pup-Soc), Organización de Desarrollo Urbano y Rural del Cauca (Ordeurca), Asociación Campesina de Desarrollo Rural (Acader), Asociación Campesina de Playa Rica (Ascar), Asociación Comunal del Plateado (Asocomunal).
2 Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.
3 Oxfam es una organización benéfica cuyas siglas significan en inglés Oxford Committee for Famine Relief, muy conocida por sus campañas para recaudar fondos, su trabajo de ayuda al Tercer Mundo y su intento de promocionar el uso de tecnología básica y de los recursos locales renovables.

Publicado enEdición Nº244
“El territorio no se vende, se lucha y se defiende”

El domingo 25 de febrero en la vereda de Calucé, municipio de Palmira-Valle del Cauca, tuvo lugar el primer Festival por la Defensa del Territorio, evento que tenía como objetivo principal, empezar a generar procesos colectivos de reflexión y proyección de defensa del territorio palmirano, en riesgo ante la llegada del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) tras el proyecto La Virigina-Alferéz: construcción de una gran red de torres de transmisión de electricidad que atraviesan una amplia zona rural palmirana y sus reservas naturales, afectando de manera irreversible sus ecosistemas. 

Un proceso organizativo en marcha


Las comunidades rurales y colectivos urbanos de Palmira empezaron a organizarse desde hace varios meses, discutiendo entre ellas sobre las implicaciones de este proyecto, así como con los diferentes intermediarios que envía el GEB (la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC– e ingenieros ambientales de la Unidad de planeación minero–energética de la nación –UPME–) quienes llegan a las diferentes fincas y reservas naturales a realizar estudios de inspección. Lo curioso es que estas inspecciones están en marcha desde este año, justo después de la negativa de los ingenios azucareros de la zona plana del municipio de aceptar las torres de energía en sus predios, por lo demás a causa de los problemas ambientales y de productividad que este proyecto conlleva.


Este festival es el primero de varios pensados por las comunidades de los corregimientos de Calucé, Tenjo, La Quisquina y, claro, la comunidad urbana de Palmira. Tiene el precedente de la lucha desarrollada por varios colectivos en los corregimientos de Amaime y el Placer, donde después de 2 años de presión con varias audiencias públicas y mediante resolución de la CVC, el 21 de enero del presente año lograron el propósito de su resistencia: frenar la concesión para explotar materiales de construcción en el Rio Amaime para las empresas de Gravarena Rio amaime Lltda y Arenas Amaime Ltda.


El festival estuvo acompañado por intervenciones artísticas que incluían arte circense, muralismo y música, pero, sobre todo, espacios de reflexión asamblearios, instalados con el ánimo de construir estrategias colectivas para la defensa del territorio, los cuales iban desde reconstruir un tejido de comunicación entre los corregimientos, hasta repensarse nuevas formas de organización comunal que les permitan ser autónomos sin reproducir formas estatales, verticales e impositivas. Es así como se reflexionó sobre la construcción de un PCOT (Plan Comunitario de Organización Territorial), forma de concebir el territorio como un espacio cuyo principal agente decisorio sea la comunidad que lo habita y que se preocupe también por vivir en armonía con la naturaleza. El PCOT es una forma de autogestión territorial que busca repensarse los espacios de la sostenibilidad económica, cultural y ambiental del territorio.


Al ritmo de la consigna “El territorio no se vende, se lucha y se defiende”, las comunidades demostraron su capacidad organizativa para proponer alternativas ecológicas a las pretensiones del capital. Alternativas manifestadas en discusiones concretas sobre formas institucionales y no institucionales de participación comunitaria, redes o tejidos de acueductos comunitarios y de comunicación, zonas de reserva campesina, territorios ecológicos agroalimentarios y demás propuestas del ámbito popular.


En un ambiente participativo y de goce, también se habló de las disputas culturales, sobre la salvaguarda de la naturaleza y las comunidades, avanzando con propuestas como las guardias cívico-campesinas para caminar el territorio, para solucionar los conflictos de la misma comunidad, sin necesidad de que haya injerencia de los actores armados estatales o no-estatales. ajenos a quienes habitan el lugar. Además se discutieron alternativas de organización territorial, sobresaliendo el PCOT como algo que ya está pensando la comunidad de La Quisquina. Ideas y compromisos que articulan otras formas de concebir la democracia sobre la base de la defensa del territorio, y que buscan afianzar relacionamientos con comunidades en el municipio de Pradera, y de todo el departamento del Valle, en territorios afectados por megaproyectos agro-industriales o minero-energéticos.


La red de colectivos que abren este sendero, prosiguen en su labor, ahora caminan hacía el segundo Festival por la Defensa del Territorio en la comunidad de La Quisquina, el que tiene como fecha el 29, 30 y 31 de marzo, y al que están invitados todas las colectividades palmiranas, vallecaucanas, colombianas o individualidades interesadas en pensarse otras formas de vivir más ecológicas, a participar desde donde se sienta y se quiera, ya sea con arte, talleres, compartiendo ideas o simplemente acompañando y apoyando las ideas que ya se tienen. Se invita a todos los interesados a escribirles a través de las paginas del Colectivo El Mono Nocturno o Colectivo Prodefensa del Territorio y el Agua en el buscador de Facebook.


En la organización del festival participaron diferentes colectividades e individualidades, como la Junta de Acción Comunal de Calucé, el periódico desdeabajo con su campaña “Otra democracia es posible”, el colectivo Pro-defensa del Agua y el Territorio, el colectivo Mono Nocturno de la Quisquina, la Fundación Acción Colectiva, las colectividades artísticas de Kortina Negra, Cultura al Parque Palmira, y los procesos comunitarios de Asosanemigdio, Asoveraguas Calucé y Agenda ambiental en movimiento, entre otras.

 

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Jueves, 01 Marzo 2018 16:01

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo en disputa

El Catatumbo se encuentra de nuevo en disputa. Más de 70 familias campesinas, sin tierra, no tienen a donde ir. A finales de enero salieron de la zona indígena de Río de Oro, para instalarse en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama. ¿La razón? El Gobierno sigue sin definirles su situación como desposeídos víctimas del conflicto; y el plazo dado por el pueblo Barí para ocupar estos territorios venció en enero pasado.

 

El presente tiene pasado. La crisis humanitaria generada por la arremetida paramilitar que inició en mayo de 1999 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, tuvo entre sus consecuencias el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas sin tierra a zonas de frontera agrícola. Una vez más, como en otros tantos momentos de los siglos XIX y XX en Colombia, campesinos y campesinas sin tierra tuvieron que tumbar monte para conformar nuevos poblados; esta vez, en el territorio indígena correspondiente a los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón Barí.


Pasó el tiempo, y empezando el 2010, 19 de los 24 caciques que tienen las comunidades del pueblo Barí se dieron cita en asamblea general y decretaron un plazo máximo de 8 años, contados a partir del 27 de enero de dicho año, para la permanencia de campesinos y colonos dentro del territorio Barí. Razones los acompañaban: la venta de licor dentro de su territorio y otras prácticas que estaban destruyendo su cultura indígena.


Y a la decisión tomada le llegó su día. El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas colonas habitantes del corregimiento de Río de Oro, municipio de Convención, fueron avisados por el pueblo Barí de que debían desalojar la zona; ya habían trascurrido 8 años.


Nuevamente la historia de los sin tierra se repite. Con sus corotos a cuestas, más de 70 familias emprendieron camino, esta vez no para seguir monte adentro, sino para resguardarse en algún lugar. Piensan que el Gobierno tiene que resolverles el acceso a un pedazo de tierra, y mientras tanto descansan como un solo grupo en un refugio humanitario en la vereda Caño Tomás, municipio de Teorama.


Por ahora no están solos. Organizaciones campesinas e indígenas con presencia en la zona han solicitado el establecimiento urgente de un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales competentes que brinde solución real a esta problemática; ya que se trata de campesinos y campesinas sin tierra que fueron víctimas directas del conflicto y que un mes después de salir del territorio Barí, siguen sin tener a donde ir.


Un mal con raíz


El histórico problema de la tierra, orígen de fuertes conflictos entre colombianos y motivo de confrontaciones contra terratenientes e industriales del campo, se profundiza con lo que está reflejando lo sucedido en esta parte del territorio nacional: la negligencia estatal a la hora de reconocer los derechos de las diferentes comunidades rurales que habitan el país; lo cual es una de las principales causas de los conflictos interculturales entre campesinos e indígenas en Colombia.


Tres décadas atrás, en la primera mitad de los ochenta, el Estado reconoció y tituló los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, adjudicando al pueblo Barí 108.900 hectáreas y 13.300 hectáreas de tierra respectivamente. Unos años después, en 1991, a través de la Ley 21 del 91, ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, comprometiéndose a respetar y garantizar sus derechos (entre los cuales se destacan el derecho a la vida, al territorio y a la autonomía).


Pero otros muchos exigen igual derecho. En particular campesinos pobres, lo cual sucede a pesar de la existencia de la Ley 160 de 1994 que dio paso al Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, y establece entre sus objetivos el acceso a la propiedad de la tierra para la población campesina de bajos recursos, decretando que los territorios baldíos sean adjudicados a dicha población a través del Incora (que después pasó a ser el Incoder , dividida en la actualidad en la ART, ANT y ADR ).


Esta disputa por el reconocimiento del derecho al territorio, lleva a conflictos entre pobres. En diferentes regiones donde convergen indígenas y campesinos en un mismo territorio, se han presentado fuertes conflictos territoriales e interculturales debido a la falta de garantías de derechos para una población o para otra. Ejemplo de ello es el departamento del Cauca, donde los campesinos habitantes del municipio de Inzá han solicitado desde hace varios años la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Inzá en las zonas Quebrada de Topa, Pedregal y Turminá, entrando en enfrentamientos con la comunidad indígena Nasa que tiene la aspiración de ampliar los Resguardos de Turminá, San Miguel e Inzá. Conflicto que se ha profundizado a medida que el Estado niega continuamente los derechos de indígenas y campesinos, llevándolos a una situación de confrontación directa donde se asumen mutuamente como enemigos.


Sin embargo, el caso del Catatumbo no encaja en esta interpretación de conflictos interculturales y territoriales, ya que en diferentes ocasiones indígenas y campesinos han trabajado de la mano para lograr objetivos comunes. Tal es el caso del foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, realizado en el 2007, y que tuvo como resultado el freno de la exploración para explotación de carbón a cielo abierto en la vereda Caño Mariela. Esta articulación pudo darse gracias a que tanto indígenas como campesinos demuestran constantemente un fuerte interés por proteger el territorio y la naturaleza de la región.


Por lo tanto, lo que sucede hoy por hoy en el Catatumbo no es producto de una pelea entre indígenas y campesinos, sino que es consecuencia de un Estado que solo se preocupa por dar excelentes condiciones de inversión para capitales privados, pero que a la hora de volver los ojos a las comunidades se queda corto en la garantía plena de sus derechos.


Cuando se examinan los diferentes intereses empresariales que reinan sobre el Catatumbo, que van desde la explotación petrolera, pasando por la explotación de carbón y el monocultivo de palma aceitera, hoy con más 20 mil hectáreas sembradas, es claro el por qué del desinterés del Estado en atender las necesidades de las poblaciones rurales de esta región.


Mano a mano, indígenas y campesinos. Garantizar el territorio y la autonomía a los pueblos indígenas no puede resultar en una afectación directa de poblaciones campesinas. De igual manera, velar por los derechos de campesinos y campesinas sin tierra no puede significar pasar por encima de los pueblos indígenas. El Estado colombiano debe garantizar la vida digna de toda la ciudadanía, incluyendo a las diferentes comunidades que habitan y construyen a diario el campo, especialmente los sujetos de especial protección constitucional, que en este caso son los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

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Sábado, 17 Febrero 2018 05:52

Nuevas trampas transgénicas

Nuevas trampas transgénicas

A las empresas de transgénicos no les alcanza con tener el monopolio de las semillas comerciales e invadir nuestros campos y alimentos. Además, quieren cada vez menos regulaciones y de paso engañar a la gente con otros nombres para sus nuevas biotecnologías, intentando separarlas del rechazo generalizado a los transgénicos. Avanzan también agresivamente en el intento de manipular no solamente cultivos, sino también especies silvestres, para hacer "ingeniería genética de ecosistemas", lo que podría provocar la desaparición de especies enteras.

Todos estos lineamientos estratégicos de la industria biotecnológica trasnacional se reflejan en la nueva normativa que la Comisión de Bioseguridad de Brasil (CNTBio) aprobó el 15 de enero de 2018. Con ella, la CNTBio abrió las puertas para que productos derivados de lo que llaman "tecnologías innovadoras de mejoramiento de precisión", puedan ser considerados no OGM (organismos genéticamente modificados) y que lleguen al campo y a los consumidores sin pasar por evaluación de bioseguridad ni etiquetado.

La estrategia de que los productos de nuevas biotecnologías no se consideren OGM para evadir las leyes de bioseguridad no es nueva. En Estados Unidos ya se aplicó en algunos productos, como hongos manipulados con la biotecnología CRISPR-Cas9. En Europa, la discusión lleva un par de años y aún no se resuelve, aunque todo indica que la Unión Europea no permitirá que evadan la regulación, al contrario, podría resultar en cambios a las leyes para hacer evaluaciones de riesgo más exigentes, por las nuevas amenazas que éstas presentan.

Por el contrario, Argentina instauró en 2015 una normativa sumamente general y laxa, que permite exentar de evaluación de bioseguridad a los productos de varias nuevas biotecnologías. (Revista Biodiversidad 87, 2016, https://tinyurl.com/ybhxu4g9).

Lo nuevo y muy preocupante con la resolución de la CNTBio en Brasil es que además crea explícitamente un canal para aprobar la liberación a campo de impulsores genéticos, a los que llama "técnicas de redireccionamiento genético", pero para no dejar dudas lo escribe también en inglés: gene drives. Es el primer país en el mundo que establece canales para liberar al ambiente este tipo de OGM altamente peligrosos.

Se trata de una tecnología diseñada para engañar a las leyes naturales de la herencia, haciendo que toda la progenie de plantas, insectos y otros animales que sean manipulados con impulsores genéticos (gene drives), pasen forzosamente esos genes modificados a la totalidad de su progenie.

Si la manipulación es para producir, por ejemplo, solamente machos (lo cual ya están intentando con insectos, ratones y plantas), la población –o hasta la especie– podría extinguirse rápidamente (https://tinyurl.com/y8clpzpa).

Una vez liberados al ambiente, los seres vivos que haya sido manipulados con esta tecnología no respetarán fronteras, por lo que los países limítrofes con Brasil deberían preocuparse ya mismo de esta amenaza.

Todas las nuevas biotecnologías que se engloban en estas normativas de Brasil y Argentina son formas de ingeniería genética que entrañan nuevos riesgos e incertidumbres. El hecho de que se hayan o no insertado genes de otras especies –como sucede con los transgénicos que ya están en campo– o que la inserción sea en un lugar más exacto, como afirma la industria, no significa que no entrañen riesgos, incluso mayores que los existentes.

La doctora Ricarda Steinbrecher, de la Federación de Científicos de Alemania, explica que siguen siendo cambios artificiales a los genomas de los organismos, sobre cuyas funciones hay grandes lagunas de conocimiento. Se pueden producir inserciones o silenciamiento de genes "fuera de blanco" –activando o desactivando funciones importantes en los organismos– que producirán impactos impredecibles en los organismos, en el medio ambiente y en el consumo. (https://tinyurl.com/ybwcvq52)

Al igual que en Argentina, esta decisión en Brasil que implica tantos riesgos fue tomada como una simple decisión administrativa por una comisión "técnica" –en las que la industria de transgénicos tiene pesada influencia– sin mediar consulta con los campesinos, consumidores y muchos otros que pueden ser afectados, ni pasar por instancias legislativas.

Ante esta situación los mayores movimientos y organizaciones rurales de Brasil, reunidos en la Articulación Nacional de Trabajadores, Trabajadoras y Pueblos del Campo, de las Aguas y los Bosques –una amplia coordinación que incluye al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y la Articulación Nacional de Agroecología entre otras 19 organizaciones nacio-nales– emitieron una carta pública de denuncia y protesta, en la cual rechazan la decisión de CNTBio y alertan que Brasil se convertiría en el primer país en el mundo en considerar la liberación de impulsores genéticos, tecnología que no ha sido permitida en ningún otro país, y que Naciones Unidas considera incluso como un arma biológica. (Brasil de Fato, 6/2/18, https://tinyurl.com/y8wcuxen).

Señalan, además, que los impulsores genéticos, tecnología financiada principalmente por el Ejército de Estados Unidos y la Fundación Gates, (https://tinyurl.com/yahkzdnz), favorecerán principalmente a las trasnacionales de agronegocios que buscan con esta tecnología restablecer la susceptibilidad de las hierbas invasoras que se han hecho resistentes a sus agrotóxicos, para aumentar sus ventas y, de paso, los devastadores impactos de éstos sobre salud, tierras y aguas. O podrían buscar extinguir lo que las empresas consideren "plagas" en los campos, lo cual tendría impactos muy negativos en los ecosistemas y los sistemas de cultivo campesino y agroecológicos. Esta medida en Brasil es apenas el comienzo de lo que podría seguir en otros países. Urge prepararse y, como en Brasil, resistir estas nuevas trampas de las industrias transgénicas.

Silvia Ribeiro*, investigadora del Grupo ETC

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Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Agroecología, capitalismo y cambio climático

Las concentraciones de gases de invernadero han alcanzado niveles nunca antes detectados. Como resultado, las temperaturas en los océanos y la tierra son ~ 1°C más altas que en la era preindustrial, y las precipitaciones se hacen más variables y más extremas. Estos cambios ya ejercen impactos tangibles sobre varios procesos biofísicos planetarios (acidificación de los océanos, extinción de miles de especies, escasez de agua fresca, etcétera) y también pone en jaque la producción agrícola, en especial los grandes monocultivos industriales, que son parte del problema pero que siguen expandiéndose a pesar de estarse autodestruyendo al minar las condiciones ecológicas de la producción: producen 30 por ciento de los gases de invernadero y dada su homegeneidad genética son extremadamente vulnerables al cambio climático.


Aunque existe conciencia sobre la emergencia que representa el cambio climático, las emisiones de carbono siguen incrementándose y no se vislumbran acciones para frenar el calentamiento global. El problema es que la causa-raíz del desafío ecológico, es el sistema capitalista incapaz de asegurar respeto por el medio ambiente y al capitalismo no le conviene implementar cortes urgentes en las emisiones de carbono, pues estas medidas amenazan su propia existencia. Detener las emisiones antes de alcanzar el umbral de 2°C (que conduciría a un estado de irreversibilidad climática) requiere un cambio revolucionario que va en contra del crecimiento económico y la hegemonía de las multinacionales. Para mantenerse bajo el umbral, los países ricos tendrían que cortar sus emisiones en 10 por ciento por año, amenazando los niveles de consumo y bienestar que gozan. Los cambios agrícolas necesarios requerirían no sólo romper el monocultivo con estrategias agroecológicas, sino también desmantelar el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario, el sistema de producción basado en petróleo, y las políticas agrarias neoliberales que lo ampara.


La respuesta de los grandes intereses es que la tecnología unida a la magia del mercado podrán solucionar los problemas climáticos, promoviendo la ilusión de un crecimiento económico ilimitado que no impacta la naturaleza. El agronoegocio aprovecha estas crisis para restructurarse con las mismas estrategias pero disfrazadas bajo el nombre de la agricultura climáticamente inteligente. Las prácticas que proponen priorizan la mitigación basadas en mercados de carbono por sobre la resiliencia socioecológica y la soberanía alimentaria. Los créditos de carbono favorecen a los agricultores más contaminantes y los agricultores que siguen prácticas que secuestran carbono, venden sus créditos a multinacionales contaminadoras.


La agroecología plantea la conversión agroecológica de los sistemas de producción, y la creación de redes alternativas de alimentos saludables y accesibles para todas las personas. La agroecología capitaliza en la experiencia de miles de campesino(a)s que utilizan policultivos y sistemas agroforestales que minimizan los riesgos frente al cambio climático. Evidencias demuestran que estos sistemas agroecológicos son más resistentes a los impactos de sequías y huracanes que los monocultivos, por tanto constituyen modelos que ofrecen una gama de diseños de manejo para reforzar la resiliencia de los agroecosistemas modernos.


La agroecología plantea una visión radicalmente diferente a los sistemas alimentarios globalizados basados en la homogenización, especialización, industrialización y medidas económicas cortoplacistas. Los nuevos sistemas agroecológicos se basan en sistemas familiares de pequeña escala, locales, biodiversos, autónomos, incrustados en territorios controlados por las comunidades y apoyados por consumidores solidarios que entienden que comer es a la vez un acto político y ecológico.


Por Miguel A. Altieri, profesor emérito de Agroecología, Universidad de California, Berkeley

Publicado enMedio Ambiente
Campesinos o Agroindustria: ¿Quién nos alimenta en realidad?

 

Los trabajadores del campo, con menos del 25% de los recursos disponibles, producen alimentos para más del 70% de la población del planeta, señala el más reciente informe de la organización ETC Group.

De la misma forma, se precisa que más del 75% de los recursos agropecuarios del mundo está en manos de la cadena alimentaria agroindustrial, una de “las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, asevera el texto.

Pero esta, a pesar de disponer de la mayoría de los suelos y de las fuentes de agua y de combustible, aporta comida “a menos del 30% de la población mundial”, indica el documento, titulado ‘¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?’.

La autora del estudio, ETC Group, es una organización no gubernamental internacional registrada en EE.UU., Canadá y Filipinas que trabaja para “vigilar el poder, monitorear la tecnología y fortalecer la diversidad”, explica su sitio web.

 

El sur del mundo

 

La investigación, que este 2017 alcanza su tercera revisión, ofrece múltiples datos que dejan constancia sobre quién produce los alimentos y por qué no llegan a todos los rincones del globo.

Los agricultores campesinos en el Sur global, asegura el organismo, cosechan el “53% de las calorías para consumo humano” a nivel mundial, lo que incluye: “el 80% de la producción total de arroz y el 75% de la producción de oleaginosas”.

En manos de los campesinos de todos los países está la producción de alimentos para el “70% de la gente”, y además, “el 70% de los alimentos disponibles para consumo humano”, medidos en calorías y en peso”.

 

Comida que se pierde

 

Si la agroindustria produce cifras astronómicas de comida, ¿cómo es que solo alimenta a menos del 30% de la población mundial?, se pregunta el informe. “La respuesta es que la cadena cosecha calorías que no se destinan directamente a la población”, asegura ETC Group.

Y al respecto, detalla que:

 

*El 44% de las calorías que produce la cadena agroindustrial se pierde en la producción de carne.

*El 9% se usan en la producción de agrocombustibles o productos no alimentarios.

*El 15% se pierden en transporte, almacenamiento y procesamiento.

*El 8% termina en los botes de basura.

 

En resumen, el “76% del total de calorías que produce la cadena se desperdician antes de llegar al plato, de modo que solo 24% son consumidas directamente por la gente”, subraya el documento.

 
Cifras negativas

 

La ONG internacional precisa que la agroindustria utiliza “más del 75% de la tierra agrícola del mundo” y que en ese proceso destruye cada año “75.000 millones de toneladas de capa arable” y, además, “tala 7,5 millones de hectáreas de bosque”.

Las grandes empresas productoras de alimentos, consumen un “90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura”, y no menos del “80% del agua dulce”, necesaria para sembrar y cosechar.

Es una espiral que “arroja un saldo de 3.900 millones de personas subalimentadas o malnutridas” en todo el mundo.

 

Comida rural

 

Estimaciones presentadas en el informe calculan que cerca del 70% de la población del planeta, “entre 4.500 y 5.500 millones de personas, de los 7.500 millones de habitantes, acude a la red alimentaria campesina para obtener la mayor parte o todos sus alimentos”.

En esa cifra, dice ETC Group, se incluyen “casi la totalidad de los 3.500 millones de habitantes rurales” y a “cientos de millones más que recurren regularmente a la red campesina en tiempos de escasez”.

 
¿Cuál es la solución?

 

Hasta hace un par de décadas, se pensaba que la forma de resolver el asunto del hambre en el mundo era produciendo más alimentos.

“En realidad se puede producir más, pero si las personas no tienen acceso a la comida, el problema seguirá siendo el mismo”, apunta Marjorie Nieves, nutricionista venezolana especializada en temas de soberanía alimentaria.

Consultada por RT, indicó que “el hambre va mas allá de la producción de alimentos”, y que el punto clave resulta “el acceso a esos alimentos”, razón por la que “el hambre y la pobreza se constituyen en un binomio inseparable”.

Para la especialista, lo que determina que una persona pueda tener acceso a la comida y logre cumplir su derecho a la alimentación “es una conjunción de elementos políticos, sociales, económicos y culturales”.

 
El modelo

 

Nieves recordó que Latinoamérica es una región productora de abundantes frutas, hortalizas y leguminosas, entre otras, pero buena parte de esos rubros se exportan.

“Uno de los factores que mas afecta a región es la volatilidad de los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos”, así que los los pobres no puedan acceder a ellos, y por consiguiente, “abundan las dietas monótonas, que no tienen riquezas en macro y micronutrientes, necesarios para el organismo”, explicó.

En opinión de la nutricionista, el gran problema es que “para la agroindustria, la comida sigue siendo un negocio”.

 

Artículo publicado originalmente en Biodiversidad en América Latina y el Caribe

 

 

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Sábado, 11 Noviembre 2017 07:23

Aquellos diez días

Aquellos diez días

La revolución rusa fue la primera que derrotó a las clases dominantes y consiguió consolidarse en el poder, mostrando al mundo entero que los pobres (obreros y campesinos) podían vencer a los poderosos del mundo. Sin embargo, el segundo paso, la construcción de un mundo mejor al capitalista, mostró muchas más dificultades que las imaginadas por los dirigentes de la revolución de octubre.

 

“Fue el acontecimiento más importante del siglo XX”, escribió el historiador británico Edward Hallett Carr, autor de la monumental Historia de la Rusia soviética, 14 tomos de la más detallada reconstrucción de la cruzada revolucionaria. “La revolución fue hija de la guerra”, concluye su compatriota Eric Hobsbawm en su ambiciosa Historia del siglo XX.


Ciertamente, la revolución de 1917 cambió la historia, con tal profundidad que sus efectos se pueden rastrear hasta nuestros días, casi tres décadas después del colapso de la Unión Soviética. Anunció una nueva era en las relaciones entre las clases sociales, hundió al imperio más extenso de la época, asustó a las clases dominantes –que en pocos años pusieron en pie un Estado del bienestar que se mostró como el cortafuegos más eficaz ante el incendio revolucionario– y dio alas a las revueltas anticoloniales en el Tercer Mundo.


Pero el hecho de que las revoluciones fueran paridas por guerras se convirtió con el tiempo en un problema mayor, ya que tuvieron como resultado un poder jerárquico cuya cima estaba integrada por varones de clase media, en general blancos e ilustrados. Una estructura adecuada para derrotar a las clases dominantes, pero que obstaculizó la creación de mundos nuevos.


Si hubiera que poner la fecha inicial de la revolución rusa, habría que mentar el 23 de febrero de 1917 (en el calendario juliano, retrasado 13 días con respecto al gregoriano, vigente en el resto del mundo), cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Las obreras textiles de Petrogrado decidieron ir a la huelga y enviaron delegadas a las metalúrgicas para que se sumaran al movimiento. Fue el comienzo de la revolución de febrero, que hundió, en apenas cuatro días, la autocracia zarista.


Luego de tres años de guerra y de la inminente derrota de Rusia a manos de Alemania, la población de las ciudades pasaba hambre mientras en las trincheras morían por millares. El 23 de febrero unos 90 mil obreros y obreras de la capital imperial se declaraban en huelga. “Manifestaciones de mujeres en que figuraban solamente obreras se dirigían en masa a la Duma municipal pidiendo pan”, desliza la pluma inquieta de León Trotski en su Historia de la revolución rusa.


El movimiento, describe, “empezó desde abajo, venciendo la resistencia de las propias organizaciones revolucionarias”. En pocas horas, al desesperado grito de “¡Pan!” se suman otros más audaces: “¡Abajo la autocracia!” y “¡Abajo la guerra!”. La principal avenida de Petrogrado, la perspectiva Nevski, contempla un desfile continuo de hambrientos. “Son masas compactas de obreros cantando himnos revolucionarios”, explica Trotski.


FRUTA MADURA.


En los tres días siguientes las multitudes rodean a los soldados y a la policía. Los cosacos son los primeros en levantar sus armas para no disparar contra las masas. La guarnición del zar contaba con 150 mil soldados. Descargan sobre los obreros, pero éstos responden y se entablan tiroteos. La población no tiene miedo, quizá porque una parte había visto morir a sus parientes más cercanos en las trincheras o porque el hambre era insoportable.


El 26 es una jornada decisiva. Los obreros se concentran en los suburbios para marchar hacia el centro, pero los soldados cortan los puentes. Atraviesan a pie el Neva helado, desafiando los disparos de las huestes zaristas. Pese a contabilizar más de 40 muertos, no se repliegan. Ese día comienzan a amotinarse las tropas. “No estamos ante una sublevación de soldados provocada por el rancho, sino ante un acto de alta iniciativa revolucionaria”, analiza el dirigente bolchevique.


La guarnición del zar “se iba fundiendo, derritiéndose” ante el avance arrollador de las multitudes. El 27 abdica el zar Nicolás II y se forma un gobierno provisional basado en una alianza entre liberales y socialistas. Los bolcheviques se sitúan desde el primer día en la oposición. El partido de Lenin era, relativamente, pequeño. Contaba con 24 mil miembros, pero fue creciendo de forma exponencial hasta octubre, a medida que el frente militar se desmoronaba y la impaciencia por la paz, el pan y la tierra segaba las bases sociales del nuevo y precario régimen.


Lo que siguió es bien conocido. Bajo la batuta de Lenin los bolcheviques toman el Palacio de Invierno el 25 de octubre (7 de noviembre) y le “ofrecen” el poder a los sóviets (consejos) de diputados obreros, campesinos y soldados. Fue una jornada memorable relatada minuciosamente por John Reed en Diez días que estremecieron el mundo, donde describe la actitud de los obreros como una “tempestad de indignación popular”, protagonizada por hombres endurecidos por la guerra y el hambre que, sin embargo, al concluir su hazaña “lloraban y se abrazaban unos a otros”.


Según Hobsbawm, “no fue necesario tomar el poder, sino simplemente ocuparlo”, porque cayó como fruta madura en manos del único partido que contaba con objetivos y una dirección decidida. Carr, por su parte, retrata a la inteliguentsia bolchevique como “un grupo sin equivalente en ningún otro lugar”, lo que explica en buena medida la capacidad del grupo dirigente para tomarle el pulso a la situación y trazar líneas de acción. Lenin era, fuera de dudas, el más capaz, pero en un equipo descollante en el que brillaban desde Trotski y Lunacharski hasta los artistas Vasili Kandinski y Serguéi Eisenstein, quienes apoyaron con fervor el poder soviético.


El desafío mayor para el nuevo gobierno comenzó meses después, cuando los generales zaristas emprenden una guerra contra el poder soviético (que sólo se había consolidado en un puñado de grandes ciudades, como Petrogrado y Moscú). Hasta 14 países intervinieron en la guerra civil para derrocar al gobierno de los sóviets, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia, consolidando un “Ejército Blanco” que estuvo cerca de derrotar a la revolución.


La guerra finalizó formalmente en 1923, pero dos años antes la victoria bolchevique estaba consumada. Los costos fueron terribles. Hasta 5 millones de muertos, en combate, por hambre o represión. Para Hobsbawm hay tres razones que explican la supervivencia de la revolución: un Partido Comunista, centralizado y disciplinado, que ya contaba con 600 mil miembros; la decisión de mantener a Rusia unida, lo que le permitió contar con el apoyo de la oficialidad zarista para crear el Ejército Rojo; y haber permitido a los campesinos ocupar la tierra, lo que Lenin definió como una reforma agraria desde abajo.


LA RECONSTRUCCIÓN.

Los pasos que dio la revolución para sobrevivir la condujeron hacia un lugar impensado, de modo que “cuando la nueva república soviética emergió de su agonía, se descubrió que conducían en una dirección muy distinta de la que había previsto Lenin en la estación de Finlandia”, en abril de 1917 al llegar del exilio, sostiene Hobsbawm.


La reconstrucción del Estado fue casi idéntica a la reconstrucción del ejército, aunque se lo denominara Rojo. Como señala Charles Bettelheim en Las luchas de clases en la Urss, no se creó un ejército “caracterizado por nuevas relaciones ideológicas y políticas”, sino que se reclutó en masa a los llamados “especialistas militares”, que eran oficiales zaristas que se sumaron, por propia voluntad o a la fuerza, a la tarea de defender la integridad territorial de su amada Rusia.


La idea de la “neutralidad de la técnica” (que defendía también Lenin) llevó a los bolcheviques, y a Trotski en particular como comandante del ejército, a colocar en el lugar de mando a los oficiales que provenían del ejército zarista. Aunque estuvieran controlados por comisarios políticos, encabezaban una institución vertical y autoritaria en la cual los soldados no podían controlar a los oficiales, como sí sucedió en el ejército rojo chino, que era un verdadero ejército popular.


Esos oficiales lucían “signos exteriores de respeto” y gozaban de condiciones de vida, desde la vivienda hasta la comida, que los colocaban por encima de los militares sin graduación. En realidad jugaron el mismo papel, jerárquico y de control, que los cuadros superiores y dirigentes del Partido Comunista, y los servicios de seguridad (la Checa primero y la Gpu después) respecto del conjunto de la sociedad rusa.


El viraje autoritario se profundiza hacia el final de la guerra civil, cuando reaparece el hambre provocada por la resistencia del campesinado a entregar sus cosechas al Estado, y se produce la rebelión de los marinos en Kronstadt, en marzo de 1921, quienes instalaron una comuna revolucionaria que fue aplastada en sangre por el Ejército Rojo con un costo de miles de muertos.


El décimo Congreso del Partido Comunista –también en marzo de 1921– consumó el viraje que colocó al partido en el lugar que debía ocupar la clase, consolidó un aparato central, desplazó a una parte de la vieja guardia y promovió la primera purga sistemática, con el visto bueno de Lenin. Como señala Carr, “la concentración del poder en el seno del partido se emparejaba con un proceso similar en los organismos del Estado”. Fue el comienzo de un proceso que llevó al predominio de Stalin con métodos de terrorismo de Estado o, mejor, de partido-Estado.


UN LEGADO PROBLEMÁTICO.


Con los años aparecieron tres explicaciones para dar cuenta de los caminos seguidos por la Urss, que se convirtieron en las tres principales tendencias del movimiento comunista internacional: la que defendió el “modelo ruso” como el verdadero socialismo; la corriente trotskista que señalaba que la Unión Soviética se había convertido en un “Estado obrero burocratizado”; y la que se inspiró en los análisis de Mao Zedong, que afirmaba que se había formado una “burguesía de Estado” a la sombra del poder soviético.


Lo cierto es que la Urss fue una experiencia exitosa para la modernización y la industrialización del país. Si no lo hubiera hecho a marchas forzadas, seguramente habría sido doblegada por la invasión nazi a partir de junio de 1941. La revolución de octubre pudo vencer a las fuerzas internas y externas de la reacción, poner en pie una poderosa nación, mejorar la calidad de vida, construir un Estado eficiente para el control de la población y asegurar la defensa del país.


Pero en modo alguno representó un avance hacia una sociedad más libre e igualitaria, y el entramado del poder soviético se reveló como un poderoso obstáculo para la emancipación social. Peor aun: cinceló un concepto de socialismo consistente en la concentración de los medios de producción en manos de un Estado controlado por el partido, que sigue siendo el modelo por el cual se guían buena parte de las izquierdas del mundo, como puede comprobarse estos días en América Latina.


Es una pesada herencia, pegajosa, difícil de trascender, toda vez que se han instalado como sentido común las ideas de que la propiedad estatal es superior (a la privada, cooperativa o comunal), que mercado y Estado son opuestos, que la sociedad deseable debe ser planificada desde instancias como los partidos, entre las más destacadas.


En sentido estricto, las izquierdas no han roto con el estalinismo, aunque denuncien sus “errores”, fórmula que encubre los crímenes en masa. En dos aspectos resulta esto evidente: el escaso interés por las libertades en el seno de las organizaciones, y la ambición de construir un socialismo estatista como horizonte de la sociedad deseable. La tensión antiestatal que anidaba en los socialistas del siglo XIX (sobre todo en Marx) y en el Lenin de El Estado y la revolución se disolvió en las mezquinas prácticas del ejercicio del poder.


Cuando en la década de 1980 sobrevino la desorganización de la economía, en gran medida porque la sociedad había dejado de colaborar con el régimen, el poder soviético sufrió una severa implosión. Con el tiempo se hizo evidente que se trataba de un sistema que se empeñó en aplastar la soberanía popular e intentó, a través de un vasto aparato de control, “ahogar la autonomía de la sociedad”, como destaca el comunista disidente Eugenio del Río (Rebelión, 21-X-2017).


A escala global, una de las peores consecuencias es que el Estado soviético generó una ristra de clones políticos que empeñaron los mejores esfuerzos de los trabajadores en imitar al “partido guía” con sede en Moscú, sacrificando la independencia de clase en el altar de la lucha por el poder.


La herencia que nos dejó a los latinoamericanos la política estalinista puede palparse en una cultura política contumaz que busca, una y otra vez, referencias en caudillos y en partidos cuya mayor autoridad es que detentan –o aspiran a detentar– el poder estatal, convertido en un fin en sí mismo y no ya en un medio más para transformar el mundo.

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Viernes, 10 Noviembre 2017 06:47

Lo que nos ocultan sobre nuestra alimentación

Lo que nos ocultan sobre nuestra alimentación

 

En 2009, el grupo ETC publicó un informe que mostró que 70 por ciento de la población mundial se alimenta gracias a la producción de las redes campesinas y otros proveedores de alimento en pequeña escala. El dato provocó sorpresa y a veces negación, porque las trasnacionales que dominan la cadena alimentaria industrial se han encargado de hacernos creer que son imprescindibles y que sin ellas no se podría alimentar a la población, lo cual es totalmente falso.

En la nueva versión revisada y aumentada, publicada en 2017, se reafirma que más de 70 por ciento de la población mundial acude a la red campesina para toda o gran parte de su alimentación, aunque esta red sólo dispone de menos de 25 por ciento de la tierra, agua y combustibles usados en agricultura. La publicación ¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina o la cadena agroindustrial? se puede descargar en http://www.etcgroup.org/es/node/5941.

Por otro lado, la cadena alimentaria agroindustrial ocupa más de 75 por ciento de esos recursos, pero sólo alimenta al equivalente de 30 por ciento de la población mundial. Al mismo tiempo es una fuente de problemas de salud y ambiente, y es el principal generador de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, según datos de Grain (https://tinyurl.com/yda3vp3z).

Lo que en ETC llamamos red campesina incluye a las y los campesinos e indígenas, pastores, recolectores, cazadores, pescadores y pescadoras artesanales, además de mil millones de campesinos urbanos que mantienen traspatios, crianza de pequeños animales y huertas en medios urbanos, lo que en total suma más de 4 mil 500 millones de personas. La mayoría de ellas realizan por momentos una u otra de esas actividades, además de que por razones económicas alternan con empleos urbanos.

Definimos a la cadena alimentaria industrial como una secuencia lineal de eslabones que van desde los insumos agrícolas (genética vegetal y animal, agrotóxicos, fertilizantes, medicina veterinaria, maquinaria agrícola) hasta lo que se consume en los hogares, pasando por las cadenas de procesamiento, empaques, refrigeración, transportes, almacenamiento, venta a granel, al menudeo o en restaurantes. Desde semillas a supermercados, la cadena está dominada por una veintena de trasnacionales, a las que se agregan grandes bancos, inversionistas, especuladores y políticos.

Son amplios los impactos negativos de esa poderosa cadena, tanto en las economías locales y nacionales como en la salud y el ambiente, incluso más allá de los que conocemos.

Por ejemplo, por cada peso que los consumidores pagan por los productos de la cadena industrial, la sociedad paga otros dos pesos para remediar los daños a la salud y al medioambiente que provocan. Según datos de 2015, se gastan 7.55 miles de millones de dólares por año en alimentos industriales, pero de esta cantidad, 1.26 mil millones son alimentos consumidos en exceso, que provocan obesidad, diabetes y otras enfermedades y 2.49 mil millones son alimentos que se desperdician. Además de la cifra pagada directamente al comprar productos, la sociedad paga por daños a la salud y ambientales otros 4.8 mil millones dólares. Por tanto, del total de gastos relacionados a la alimentación industrial (12.32 mil millones de dólares anuales) ¡70 por ciento es contraproducente!

La cifra que se paga por daños a la salud y ambiente está basada en datos oficiales, que solamente reflejan una parte de los gastos que se hacen en salud. No obstante, esa cifra es cinco veces el gasto mundial anual en armas.

La cadena alimentaria agroindustrial produce mucha más comida que la que llega finalmente a alimentar a la población. ¿Dónde va a parar toda esa producción entonces? Para empezar, el nivel de desperdicio desde la agricultura industrial a los hogares es enorme: según FAO es de 33 a 40 por ciento. Si la producción agrícola se mide en calorías –una medida pobre, ya que no muestra la calidad de la energía, pero es la que está disponible– 44 por ciento se dedica a alimentar ganado (pero de esto sólo 12 por ciento llega a la alimentación humana), 15 por ciento se pierde en transporte y almacenamientos, 9 por ciento se usa para agrocombustibles y otros productos no comestibles y 8 por ciento va a la basura en los hogares. Solamente 24 por ciento de las calorías producidas por la cadena industrial llega directamente a alimentar a la gente.

Hay muchos más datos en las 24 preguntas que plantea el documento, que es un trabajo colectivo diseñado para ser accesible a la mayoría, basado en cientos de fuentes de Naciones Unidas y organizaciones de investigación académicas e independientes. Entre otras conclusiones, queda claro que el discurso sobre el sistema alimentario, vital para la sobrevivencia de todos, está plagado de mitos para favorecer a la cadena industrial, las empresas trasnacionales y los intereses financieros que lucran con ella. Pero son las redes campesinas, las que pese a la enorme injusticia en el acceso a los recursos, alimentan a la mayoría de la población mundial, cuidando además de la biodiversidad animal, vegetal y microbiana, el ambiente y la salud. El 16 de noviembre se hará una presentación del informe en la Universidad Autónoma del Estado de México (Más información: https://tinyurl.com/ybgxalkp).

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

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