Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
Los campesinos: la espina dorsal de la revolución

En las famosas “tesis de abril”, con las que Lenin, en plena revolución, buscaba corregir la política bolchevique, además de la tesis fundamental, referente a la consigna de “todo el poder a los soviets”, hay otra, menos conocida hoy en día, de crucial importancia1. Se trata de la declaración anticipada y explícita de la que debía ser un objetivo inmediato y fundamental de la revolución: la confiscación de todas las tierras de los terratenientes. Importante era esta declaración pues el gobierno provisional, cuyo Ministro de Agricultura era nadie menos que el intelectual y dirigente del Partido socialista revolucionario, V. Tchernov, continuaba difiriendo las decisiones en esta materia a la futura Asamblea Constituyente. Lenin era consciente, naturalmente, del carácter fundamental de la cuestión agraria. Nada más por el simple hecho de que el campesinado era más o menos el 85% de la población rusa, repartido en las diferentes regiones del enorme Imperio. Pero también porque, en la lógica de los socialdemócratas, la solución de la cuestión agraria era la esencia de cualquier revolución democrático-burguesa y pese al admitido carácter proletario de la rusa, de todas maneras seguía siendo una tarea pendiente.

 

La razón más importante, sin embargo, era que la revolución o mejor la sublevación campesina, ya estaba en marcha. Y seguiría su camino hasta octubre y después. Con la particularidad de que no iba en pos de una reforma (jurídica) sino que ésta se iba adelantando por la vía de los hechos. Al principio declararon su voluntad de permanecer en calma hasta la Asamblea Constituyente, pese a que los terratenientes habían dejado enormes extensiones de tierra sin sembrar agravando la situación de escasez de alimentos. Sin embargo, su paciencia tenía un límite. Se presentaba otra amenaza más inmediata. Los terratenientes, previendo que la futura reforma excluiría las propiedades privadas por debajo de cierta extensión, se dedicaron a parcelar de manera ficticia sus haciendas creando propietarios de “papel”. Los campesinos exigían inútilmente que se pusiera fin a estas compraventas ficticias y la especulación que de allí se derivaba. Se comienzan entonces a ocupar, sin indemnización, las tierras de la iglesia y de los conventos, pero también las de la nobleza y los terratenientes. La confrontación adquiere rasgos cada vez más violentos. Se detienen muchos de los terratenientes y se saquean las mansiones señoriales; en no pocas ocasiones las incendian.

 

La inacabada caracterización del campesinado

 

Cautivados como solemos estar por las imágenes de las insurrecciones urbanas de febrero y octubre, a veces dejamos de lado esta porción de la historia. “La intrepidez revolucionaria del proletariado ruso no tenía su raíz exclusivamente en su seno –escribía Totski–. Ya su misma situación de minoría dentro del país indica que no hubiera podido dar a su movimiento tales proporciones, ni mucho menos ponerse al frente del Estado, si no hubiera encontrado un poderoso punto de apoyo en lo hondo del pueblo. Este punto de apoyo se lo daba la cuestión agraria”2.

 

Este era además un asunto de tratamiento delicado desde el punto de vista social y político. Trotski añadía que a falta de burguesía el campesinado necesitaba la dirección del proletariado. Lo que nunca pudo entender fue la tragedia que iba a significar la sustitución de semejante dirección puramente conceptual por el férreo control de un partido; tragedia que tendría su primera manifestación durante la guerra civil que se extendería luego hasta 1922. En el fondo no dejaba de abrigarse cierta desconfianza. Lenin, en sus tesis, advertía sobre el peligro de que el campesinado pudiera colocarse al lado de la burguesía. La solución, conforme a la ortodoxia, consistía en impulsar, aprovechando su diferenciación interna, la independencia política y organizativa de los más cercanos al proletariado, esto es los jornaleros (braceros), y de los campesinos parcelarios más pobres. Es por eso que en su tesis, a la propuesta de dejar las decisiones de reforma agraria a los soviets, con lo cual de manera certera se prescindía del gobierno provisional, añadía que debían ser primordialmente los soviets diferenciados de campesinos pobres y de braceros.

 

La caracterización socialdemócrata tenía mucho de económica y estadística, pese a que no desconocían sus orígenes históricos. En términos generales: los campesinos pobres, sin tierra o con tan poca que no podían garantizar con ella su subsistencia; los medianos que disponen de una porción suficiente para obtener, con trabajo familiar, algún excedente comercializable, y los ricos o Kulaks que emplean mano de obra asalariada y llegan hasta arrendar alguna parte de sus tierras. Obviamente, dentro de esta complejidad, en la que son difusas las fronteras, se podían contabilizar entre los medianos y los kulaks, diferentes tipos de campesinos “acomodados”, y como categoría aparte los hacendados o burguesía agraria propiamente dicha. Todos ellos con diferentes tipos de relación y de contradicción con los señores de la tierra. Fue precisamente la coyuntura política revolucionaria la que condensó y articuló esas contradicciones; era el mundo rural heredado del pasado feudal, en su conjunto, el que se desplomaba frente a la posibilidad de un cambio radical.

 

Esta última consideración es fundamental para entender la realidad y el comportamiento histórico concreto del campesinado ruso. La clave de todo estaba, más bien, en la destrucción de la comunidad aldeana. El “Myr” que se puede traducir al castellano –y esto es bastante significativo– como “comuna” y a la vez como “mundo”3. Concepto que implica no solamente colectivo social, relación con la tierra y formas de propiedad sino un conjunto de “bienes comunes” que resultaban básicos para la producción y la reproducción de la vida material. Pues bien, todas las reformas que apuntaban a liquidar la servidumbre como las de 1861 y sobre todo las de Stolipin en 1906, no lograron cabalmente el desarrollo del capitalismo en la agricultura pero sí liquidaron los bienes comunes y fracturaron la vida en comunidad. Es por eso que si alguna diferenciación significativa del campesinado se había producido era la que existía entre los campesinos parcelarios que permanecían atados a la comunidad y aquellos “libres” que aspiraban a defenderse en el mercado. Y esto era fundamental desde el punto de vista no sólo social sino también político.

 

Las formas organizativas y de expresión política

 

A los socialdemócratas les costaba trabajo entender esta realidad. Lenin había dedicado buena parte de su esfuerzo intelectual desde su obra inicial “El desarrollo del capitalismo en Rusia” a demostrar, sobre la base de que el capitalismo ya había avanzado lo suficiente, que las tareas de los socialdemócratas debían apuntar no sólo a destruir el latifundio sino a eliminar todos los vestigios de la sociedad rural de origen medieval4. Y por ello subestimaba el peso social y político de la comuna, acusando a los socialrevolucionarios (populistas) y anarquistas, de simples nostálgicos, románticos y por lo tanto utopistas. Sin embargo eran éstos quienes contaban –y contarían hasta 1922– con la mayor simpatía y popularidad entre los campesinos. De hecho Lenin –a quien se le debe abonar su extraordinaria visión política– en la elaboración de la Ley de tierras que siguió a la revolución de Octubre, y contra la opinión de su partido, acogió la línea de los socialrevolucionarios y puso un mayor énfasis en el reparto que en la nacionalización (estatización).

 

Una vez más, en la realidad las cosas se daban de otra manera. Los soviets de campesinos nunca se desarrollaron de manera apreciable. En cambio, los comités agrarios, organismos creados por el gobierno provisional, es decir como instituciones de gobierno, poco a poco fueron tomando en sus manos las decisiones de reforma agraria, siguiendo la marcha de los acontecimientos y en contra del propio gobierno que inútilmente trataba de “conservar el orden” y de obligar a los campesinos a esperar el espejismo de la Asamblea. Hay que tener en cuenta que dichos comités estaban estructurados de manera territorial y jerárquica; había uno central pero debajo de éste los distritales, los cantonales y los locales y eran éstos últimos los verdaderamente efectivos. Tanto los terratenientes como los funcionarios territoriales se quejaban una y otra vez de que estos comités autorizaban “y estimulaban” de manera ilegal las expropiaciones de hecho. Y de que cohonestaban las múltiples manifestaciones de violencia. A su juicio seguían las conclusiones del Congreso campesino de toda Rusia que se había llevado a cabo en mayo el cual había dejado en la ambigüedad el deber de esperar las decisiones de la Asamblea Constituyente.

 

Quiere decir, en consecuencia, que el campesinado se estaba enfrentando, en la práctica, al gobierno y que los comités se habían convertido en organismos propios y habían dejado de ser instituciones de gobierno. El poder local contra el central; los de abajo contra los de arriba. Esto tiene que ver con las formas de expresión política. La contradicción palpable consistía en que ese gobierno era parcialmente socialrevolucionario comenzando por el Ministro de Agricultura, es decir del partido que en buena parte decía representar sus intereses. Poco a poco se comienza a entender que, en el fondo, lo que aspiraban a hacer sus dirigentes, aplazando todo hasta la Asamblea, era lograr en ese escenario un entendimiento con los partidos de la burguesía liberal, especialmente los Kadetes, para una reforma “ordenada”, respetando derechos adquiridos y con indemnizaciones, posiblemente del gusto de los kulaks. No obstante, pese a la heterogeneidad del campesinado las contradicciones internas no se colocaron entonces en un primer plano y la revolución agraria seguía el camino de los hechos. Lo que ocurrió, contrariamente a las previsiones de los socialdemócratas, no fue el paso a las huestes de la burguesía, y así los socialrevolucionarios se dividieron dando lugar a lo que se llamó el grupo, abrumadoramente mayoritario, de “izquierda”, y otro, más pequeño, de “maximalistas”, circunstancia que favoreció la alianza en la base con los bolcheviques cuya presencia se volvía más importante en el campo.

 

Como se sabe, siempre ha sido objeto de discusión e incomprensiones el asunto de la expresión política propia del campesinado y de sus formas de “conciencia”, siendo que por definición no constituyen una clase. El problema conceptual se resuelve, sin embargo, en la práctica, en las condiciones históricas concretas. Tiene que ver con aspectos de orden cultural donde juegan un papel específico elementos religiosos y étnicos y sobre todo con circunstancias de la coyuntura política como en este caso de Rusia. Cabe aquí un elemento adicional: los soldados, en realidad campesinos que regresaban de los frentes de la guerra a sus aldeas de origen y que habían pasado por experiencias, a pesar de todo, de vida colectiva y organización. Los destacamentos militares en cuanto agrupamientos organizados representaban una forma de expresión política -Recuérdese que también se habían formado soviets de soldados- Ellos, junto con los obreros licenciados por la parálisis de la producción y que venían de las ciudades, habían tenido además la oportunidad de escuchar toda la propaganda revolucionaria. La paz era una de las consignas más importantes de la revolución.

 

No obstante, el hecho más importante y significativo consiste en que si bien las decisiones eran formalizadas por los comités mencionados, en realidad se tomaban en asambleas comunales. La vieja forma del sjod. Y así lo reconoce Trotski, pese a sus prejuicios socialdemócratas: “Ante la gran transformación agraria, ante el reparto de tierras que se avecina, los campesinos quieren actuar como un bloque. Las barreras interiores pueden constituir un obstáculo. Es necesario que el Myr obre como un solo hombre”5. De ahí los conflictos que se daban en contra de los campesinos individualistas. Las decisiones se aplicaban partiendo de un globo de tierra común que luego se repartía. Era así como entendían los campesinos la consigna aparentemente absurda de “socialización de la tierra” que esgrimían los socialrevolucionarios y anarquistas.

 

La revuelta campesina tuvo varios momentos. Entre junio y julio está en auge, después de los acontecimientos relacionados con la guerra, el intento de golpe de Estado y la represión llevada a cabo por el gobierno provisional un momento de descenso, pero hacia septiembre ya ha retomado su impulso y gana en profundidad. El movimiento se extiende a todas las regiones, arrastra en las aldeas a todas las capas de la población; abandonadas todas las reticencias legales se hace más violento, utiliza armas elementales y el fuego, expulsa a los propietarios. Es entonces cuando el campesinado entiende que su destino y el de la revolución agraria están ligados a la consigna de todo el poder a los soviets. Y en esa medida empuja al proletariado para que asuma definitivamente el poder.

 


 

1 Ver “La hora de las rectificaciones” Desde Abajo. Nº. 234 Mayo 20 de 2017
2 L. Trotski. “Historia de la revolución rusa” Tomo I. Ed. Sarpe, Madrid, 1985.
3 Andrés Nin en la traducción de la mencionada obra de Trotski
4 V.I. Lenin “El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907” Ed Progreso, Moscú. Sin fecha.
5 L. Trotski, Ibídem.

Publicado enEdición Nº235
Los narcos blanquean su dinero deforestando los bosques de Centroamérica

Un estudio publicado en Environmental Research Letters revela que el narcotráfico es el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en Nicaragua, Honduras y Guatemala
Una de las formas más sencillas para blanquear su dinero consiste en comprar terrenos de bosque y convertirlos en tierra agrícola

 

Los traficantes de cocaína que intentan blanquear sus beneficios de la droga son responsables de la desaparición de millones de hectáreas de bosques tropicales en grandes franjas de América Central, de acuerdo con un informe.
El estudio, publicado este martes en el periódico Environmental Research Letters revela que el narcotráfico es el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en Nicaragua, Honduras y Guatemala, convirtiendo las ricas selvas en tierra agrícola.


"La mayor parte de la deforestación de los narcos que hemos identificado ha tenido lugar en áreas de bosques húmedos y de mucha biodiversidad y en torno al 30% y el 60% de las pérdidas anuales ha tenido lugar en zonas protegidas, poniendo en peligro los esfuerzos de conservación para mantener los bosques sumideros de carbono, los servicios ecológicos y la subsistencia de la población rural e indígena", explica el autor principal del estudio, Steven Sesnie, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.


El estudio, que ha utilizado estimaciones de deforestación anuales de 2001 a 2014, se centra en seis países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El estudio calcula por primera vez el papel que tiene el tráfico de drogas en la deforestación y no el papel que tiene el cultivo de las mismas.


"A medida que las drogas se trasladan al norte aumenta su valor y los traficantes y los cárteles buscan las formas de introducir su dinero en la economía legal. Comprar terrenos forestales y convertirlos posteriormente en tierra agrícola es una de las principales formas de hacerlo", explica Sesnie.


El autor indica que la mano dura ejercida por Estados Unidos sobre los cárteles de la droga en México y el Caribe a principios de los 2000 concentró las actividades del tráfico de drogas a través del corredor de América Central.


"Actualmente, aproximadamente el 86% de la cocaína traficada en todo el mundo se mueve a través de América Central en su camino a los consumidores de Norteamérica, dejando aproximadamente en la región 5.300 millones de euros en beneficios ilegales", señala Sesnie. Esto ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva tropical durante una década a causa del blanqueo de capitales de los cárteles, explica el autor.


"Nuestros resultados ponen de manifiesto amenazas clave a lo que queda de bosque tropical húmedo y de zonas protegidas en Centroamérica", afirma Sesnie, añadiendo que las zonas forestales lejanas con un "desarrollo socioeconómico bajo" están particularmente en riesgo.


El informe pide integrar las políticas contra las drogas y las políticas medioambientales tanto a nivel nacional como internacional "para asegurarse de que las presiones de deforestación en lugares de importancia mundial por su biodiversidad no se intensifican a causa de políticas enfocadas únicamente en el narcotráfico".


Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Publicado enMedio Ambiente
La propiedad de la tierra, el primer y último eslabón del conflicto armado en Colombia

Comienza el desarrollo de la ley que debe cumplir con el primer punto del acuerdo con las FARC para garantizar el acceso al campo

La paz en Colombia tiene una premisa crucial, exactamente la misma que estuvo en el origen de la guerra que ha golpeado el país durante más de 50 años. “El conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”. Con estas palabras describe Miguel Samper la filosofía de la ley que debe concretar el primer punto de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, que tiene el objetivo de regular y democratizar el acceso al campo. En medio de un intenso debate político sobre este proyecto legislativo, que ha sido blanco de las críticas de representantes de la oposición y organizaciones del sector, el director de la Agencia Nacional de Tierras defiende la puesta en marcha de “una verdadera revolución en materia de propiedad”.


En este contexto, ese organismo comenzó el miércoles en Cali una gira de “socialización” de la llamada ley de tierras para tratar de explicar a los colectivos afectados los objetivos de esta reforma. La primera meta, señala Samper en conversación con EL PAÍS, es “permitirle el acceso a la tierra a los que no la tienen”. La norma pretende también “brindar seguridad jurídica”, ya que “si un campesino no es dueño de la tierra no tiene acceso a créditos, a subsidios, no puede hacer obras y por eso hay que formalizar la propiedad”. El Gobierno busca, finalmente, en esta fase de postconflicto que acaba de empezar, dar un correcto uso al campo. En definitiva, “que la tierra se utilice para lo que es” en un país donde el 70% de la producción ocupa el 5% del área productiva.


Esta ley ha recibido las críticas de un grupo de senadores y representantes en la Cámara encabezados por Iván Cepeda, del Polo Democrático. En una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo con las FARC, afirman que el proyecto de ley “permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. También aseguran que la propuesta “incluso permite” la adjudicación de los baldíos a empresas mineras o petroleras, “cuando conforme a la Constitución y a la jurisprudencia el fin primordial de los baldíos es dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas”.


Las FARC y la tierra


Samper mantiene, en cambio, que el principal objetivo de la ley de tierras es facilitar el acceso al campo a quien hasta ahora no la tenido. Incluso a los exguerrilleros de las FARC, ya que este proyecto, afirma, “remueve ciertos obstáculos” para el uso de las tierras. “No se trata de imponer un modelo de reintegración que sea eminentemente rural”, razona. “La persona que está en este proceso de reintegración”, agrega en referencia a la transición de la guerrilla a la vida civil, debe decidir si irse a la ciudad o montar un modelo de granja autosostenible. “Tampoco se les puede imponer un único esquema de reintegración, pero nosotros y toda la sociedad en la actualidad preferimos que los guerrilleros estén sembrando café en lugar de minas antipersona”, prosigue.


En cualquier caso, el director de la Agencia Nacional de Tierras destaca la transformación del modelo de relación entre la administración pública y los campesinos. “Actualmente, la institucionalidad tiene que esperar a que el campesino se acerque, ahora vamos a ser nosotros quienes nos vamos a acercar a los campesinos, vamos a ir predio por predio por todo el territorio nacional a arreglar los conflictos de la tierra”, señala.


“Estamos saliendo de un conflicto armado, la tierra se ha teñido de colores partidistas. La intención con este proyecto de ley es que la tierra no tenga un trasfondo político, sino que tenga un trasfondo de bienestar para los campesinos”, considera. Mientras tanto, el camino de Colombia hacia la paz sigue marcado por un conflicto sobre la tierra que, una vez enterrada la guerra, va camino de convertirse en una tensa disputa política.

Publicado enColombia
La agricultura campesina e indígena como una transición hacia el bien común de la humanidad: el caso del Ecuador

Texto presentado en el seminario del IAEN sobre El Bien Común de la Humanidad, con Frei Betto y Antonio Salamanca, el 23 de marzo 2017.

 

El nuevo paradigma incluye los cuatro ejes de toda forma de vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida (física, cultural, espiritual); la organización social y política, y la interculturalidad.


El Bien Común de la Humanidad como paradigma post-capitalista puede parecer un concepto utópico, una discusión abstracta de tipo neo-hegeliano o peor, una ilusión que solamente puede conducir al fracaso. Pienso que no, por dos razones. Primero, porque es una expresión de las luchas sociales existentes en el mundo entero: es necesario encontrar el vínculo que las une, sin perder la especificidad de cada una. Cada movimiento, en su lugar, contribuye a la lucha de conjunto, la búsqueda del Bien Común de la Humanidad. En segundo lugar, porque se trata de un combate contra el capitalismo, es decir, una relación social que somete a los seres humanos y la naturaleza a la lógica de la acumulación. Son otras relaciones sociales que se deben construir, otra organización colectiva, otra cultura.


Tal vez, el concepto revela un pensamiento demasiado occidental y referencias mayores a las luchas sociales de clases del centro del capitalismo industrial. Por eso, debemos hablar con los pueblos andinos de Sumak Kawsay, añadir con los budistas la noción de compasión o, con los taoístas, de armonía. La pluriculturalidad se aplica también aquí y lo importante es el contenido, más que la expresión: un paradigma de vida, frente a la destrucción de la Madre Tierra y de la humanidad.


En función de su aspecto holístico (de conjunto), el nuevo paradigma incluye en su aplicación concreta los cuatro ejes de la vida colectiva: la relación con la naturaleza; la producción de la base material de la vida -física, cultural, espiritual-; la organización social y política, y la interculturalidad.


I. Necesidad de transiciones


Como no se puede realizar un cambio instantáneo, un pasaje inmediato a un eco-socialismo, al “buen vivir”, al Bien Común de la Humanidad, debemos pensar en las transiciones. En el caso del post-capitalismo, no se trata solamente de un proceso interno, como Carlos Marx lo estudió a propósito del pasaje entre el feudalismo y el capitalismo: este último nació de las entrañas mismas del primero. Ahora, estamos frente a un proceso de transiciones voluntarias, que exige iniciativas sociales y políticas en relación con la realidad concreta, es decir “revoluciones”, con todos los matices que permiten evitar tanto el voluntarismo, como la recuperación conservadora del concepto. Transición significa entonces, un paso hacia el nuevo paradigma post-capitalista y no una adaptación del capitalismo a nuevas demandas, ambientales o sociales: un capitalismo verde, un capitalismo social, un capitalismo moderno.


La agricultura campesina puede ser uno de estos lugares, donde una transición es posible, pero no sin condiciones. No se trata, como en el caso europeo o norteamericano, de crear capitalistas de poca monta o pequeños productores totalmente integrados en la cadena del capitalismo, hoy en día financiero, desde los insumos hasta la comercialización.


En la situación actual, eso significa una lucha social para defender o reconquistar espacios (territorios) en contra del modelo de agronegocio; organizar un acceso adecuado a la tierra y al agua; guardar el control de las semillas campesinas; resistir contra la introducción masiva de los productos químicos y de los transgénicos; eliminar los intermediarios abusivos y los contratos de dependencia con empresas del capitalismo agrario; crear circuitos cortos de comercialización; reorganizar una sociedad rural multisectorial; luchar contra el vacío cultural, provocado por la supresión de las escuelas comunitarias, la pérdida de las celebraciones locales, la ausencia de equipamientos, construir altenativas a la migración de jóvenes y la feminización de la pequeña producción. En todo eso, un gobierno puede crear condiciones favorables a las diversas formas de agricultura campesina, apoyando las luchas, pero puede también contribuir a su desaparición progresiva, bajo el pretexto que ella es un desastre productivo y que se debe favorecer una agricultura moderna.


II. La referencia al Ecuador


1. La situación de la Agricultura Campesina Familiar e Indígena (ACFI)


Desde el tiempo que se habla de modernizar la sociedad en el Ecuador, es decir más o menos desde hace 45 años y la entrada en la era del petróleo, la agricultura no fue una prioridad. Para medir su importancia relativa, basta estudiar los presupuestos nacionales. En 2016, el Ministerio de Agricultura, Ganaderóa, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tenía un presupuesto de 193 millones de dólares, al cual se puede añadir otros puestos del presupuesto nacional en relación con el campo [1], lo que llega a una suma de 349 millones, sobre un total de 29.835 millones de dólares del Presupuesto General del Estado, es decir 1,17 %. (0,64 % para el MAGAP).


Podemos hacer otras comparaciones -con algunos otros puestos: Justicia, 438 millones; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 603.001; Servicio de Construcción de Obras (SECOB): 769.549; Policía: 1.111 millones; Energía: 1.194 millones; Defensa: 1.414 millones. Además, dentro del presupuesto del MAGAP, una parte minoritaria del presupuesto está consagrado a la ACFI. En 2010, solamente el 3,5 % era gastado para Reforma agraria y titularización.


Otro indicador es la tasa de pobreza. Según el Reporte de Pobreza por Ingresos de Marzo 2015, del INEC, la pobreza en el país ha disminuido hacia el 24,12 % en 2015. Es un fenómeno que hemos conocido en el conjunto de América Latina tanto en los países progresistas como en los liberales, con una filosofía diferente: mejorar las bases del mercado para los últimos y la dignidad humana para los primeros. Así, Colombia está al 29%. (El Comercio, 23.03.17).


La pobreza rural en Ecuador, siempre según el INEC, ha pasado entre 2007 y 2015, del 61,34 % al 43,35 %, es decir una disminución de 17,99 puntos. La extrema pobreza pasó del 33,34 % al 19,74 %, manifestando una diferencia de 13,60 puntos (un poco más que un tercio en 8 años). Son resultados apreciables. Sin embargo, con la crisis, existe una tendencia a la estabilización de las proporciones, sino a un nuevo aumento de la pobreza, sin embargo no medible de manera significativa por las estadísticas de 2015. La disminución de la pobreza está atribuida por el INEC, en mayor parte al aumento de actividades no-agrícolas y en segundo lugar a los bonos humanitarios. Una política de apoyo a la ACFI habría podido mejorar la situación de manera más general y más rápida, como un tercer elemento de cambio.


En concreto eso significa que en 2014, según el INEC, 2.53 millones de personas del campo vivían en la pobreza, con un ingreso promedio (calculado en 2015) de un poco más de 82 dólares por mes. Dentro de este total, casi la mitad, es decir más de un millón de personas, vivían en la extrema pobreza, con 46 dólares por mes. Para la consciencia nacional, es un estado de catástrofe . Por eso debemos preguntarnos, primero porque la ACFI es un fracaso productivo y, segundo si su promoción puede ser un elemento de un paradigma post-capitalista


2. ¿Por qué es la Agricultura Campesina Familiar e Indígena un desastre productivo?


La primera respuesta es que se trata de un modelo arcaico, del pasado y que por eso debe ser remplazado por una agricultura moderna, empresarial, industrial, productiva. Sin embargo, el 21 de febrero de 2017, la FAO afirmó una vez más, que la agricultura campesina era una solución de futuro, más productiva a largo plazo, y menos destructiva del ambiente natural [2].


De hecho, existe otra manera de concebir una respuesta: estudiar la situación real del sector en la sociedad e intentar entender el impacto que eso tiene sobre su productividad. Hay muchos factores que intervienen en el asunto. En primer lugar viene la desigualdad de la posesión de tierras y el nivel de concentración. Damos cifras nacionales, recordando, sin embargo, que las tres regiones: costa, sierra y Amazonía, tienen cada una sus especificaciones.


Esteban Daza recuerda las cifras del INEC en 2012: “El 75,5 % de las familias campesinas tienen propiedades de menos de 10 has, lo que representa el 11,8 % de las tierras del país. El 18,1 % de las familias en el campo, tienen tierra entre 10 y 50 has y representan el 27,4 % de la tierra para producir. Solo el 6,4 % de las familias tienen propiedades de más de 50 has que representan más del 60,7 % de la tierra cultivable en el país. (Esteban Daza, 2016, 5). El índice de Gini aplicado a la propiedad y que mide el grado de desigualdad (0 igual poca desigualdad y 1, mucha), se ubicaba en 0,80 en 2000 (año del último censo), el Ecuador siendo el segundo país más desigual del continente. En este panorama, la proporción de minifundios (menos de medio ha.) representaba 165.000 familias, una verdadera zona de pobreza (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 23-24).


El peso económico, social y político del sector de grandes propiedades y de capitales en la sociedad ecuatoriana es evidente y tiene incidencias importantes sobre las decisiones colectivas. Es un factor de freno a cualquier reforma agraria y como se ubican en mayor parte en cultivos de exportación, constituyen un elemento clave en la balanza de pagos y en los ingresos del Estado. Es probable que en los últimos tiempos, la concentración de tierras aumentó, pero no se puede asegurar de manera precisa, por falta de un censo agrario. Por otra parte, la triste realidad de los minifundios de autoconsumo, indica claramente que no basta distribuir tierras para resolver el problema.

El acceso a la tierra es sin embargo un primer elemento. En la historia, fue una dificultad mayor, que influyo también la cultura campesina, a menudo de auto-flagelación e inferioridad. Los indígenas en particular, fueron concentrados en tierras de segunda calidad, especialmente en zonas montañosas. Aún hoy en día, la situación no parece mejorar. La Ley de Tierras Rurales y de Territorios ancestrales de 2016, que intento mejorar la suerte de los pequeños agricultores y fue saludada en la Asamblea Nacional como la base de una reforma agraria, tiene a la vez contradicciones internas y una aplicabilidad muy relativa. Una de las contradicciones es la venta a precio del mercado a los pequeños campesinos, de las tierras recuperadas por el Estado quien también paga el precio del mercado (muy pocas con la reglamentación actual). Eso obliga los campesinos a recurrir a préstamos o subsidios. Fue el caso en Corea del Sud y 25 años después de este tipo de reforma agraria, cada día, tres o cuatro campesinos se suicidan por imposibilidad de pagar sus deudas.


Por otra parte, la puesta en un mismo nivel de la ACFI y los monocultivos de exportación significa una ignorancia del peso relativo de cada uno de los sectores en la sociedad ecuatoriana. De verdad, muchas limitaciones objetivas a los monocultivos son previstas en la ley, pero ¿quien va ha llevar a juicio estas empresas que no respetan la ley, ni a menudo la legislación sobre el medio ambiente y el código laboral, pero que entran tan felizmente en la filosofía de la nueva matriz productiva? Lo mismo para el apoyo a la ACFI que corre el riesgo de quedarse solo como planteamientos declarativos. Es por eso que, a pesar de las intenciones, podemos pensar que un día estas leyes podrían ser presentadas para un premio Nobel, pero de literatura.


Otro problema es el recurso del agua. El principio constitucional es la no privatización del agua, lo que es fundamental. En lo concreto, se suprimió la regulación tradicional del agua en más de 1000 sistemas existentes, para burocratizar el sector y no se ve muchas medidas para aplicar la ley en casos de acaparamiento del agua por grandes empresas en detrimento de las comunidades vecinas o de pequeños agricultores. Los trabajos de riego realizados en “la década ganada” del Gobierno de Alianza País han sido eficaces y sirvieron a mitigar los efectos del cambio climático, pero no cambiaron las desigualdades de acceso. El 51 % de los grandes propietarios tienen acceso al riego, frente al 21 % de los pequeños (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 26-27).


Si abordamos la cuestión del crédito, sabemos lo difícil que es para los pequeños campesinos acceder al sistema financiero. No solamente intermediarios abusivos absorben una parte importante de la ganancia, sino que los organismos creados para ayudarlos funcionaron con normas muy complicadas (Banco del Fomento, por ejemplo). La garantía que pueden dar los grandes productores es evidentemente mayor. Para dar solamente un ejemplo, El Fondo Nacional de Tierra entregó en el año 2010, el 89 % de sus recursos a la agroindustria y el 11% a los pequeños productores (Esteban Daza, 2016, 25, citando Diego Carrión, 2012).


De verdad, las actividades del campo no se limitan a la agricultura. Lo hemos notado a propósito de la disminución de la pobreza. Es un factor universal, que hemos observado por ejemplo en el estudio de una Comuna rural del delta del Rio Rojo en el Vietnam, donde la mayoría de las actividades eran no-agrícolas, desde por lo menos el principio de los años 1980 (François Houtart, 2004, 207-217). Luciano Martínez señala esta situación desde hace muchos años en el Ecuador: nuevos empleos en el comercio, servicios, sector público, iniciativas locales, aumento de mercados locales, acceso a caminos, educación, etc. (Luciano Martínez, 2009,21). El Censo de 2000 revela que el 39,9 % de la población rural realizaba actividades no-agrícolas, perteneciendo al empleo rural no-agrícola (ERNA).


Puede ser un factor de “descampezinación”, como lo indica David Ayora León a propósito de los jóvenes (2016). Se añade el fenómeno de constitución de “productores agrícolas” según el concepto de Luciano Martínez. Todo eso indica una dinámica interna de la realidad social rural, tal vez de manera más intensiva alrededor de las ciudades, que ofrece posibilidades para el futuro. Sin embargo, la agricultura familiar, campesina e indígena, no ha recibido los incentivos que habrán permitido a este sector participar de manera positiva a un mejoramiento general.


Al contrario, el resultado de estas situaciones acumuladas en zonas de prevalencia de AFCI, es un vacío social y cultural siempre más grande de una parte importante de la sociedad rural. Muchos hombres buscan trabajo en las ciudades, dejando las mini-propiedades en manos de los mayores y de las mujeres (un tercio según estimaciones) a menudo con trabajo de niños y la educación pre-escolar en carga de las abuelitas muy limitadas culturalmente (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 283). En su encuesta realizada en la provincia de Azuay, David Ayora revelo que el 77% de los jóvenes rurales de la parroquia estudiada, no optarían para una actividad agropecuaria, aún si mejorarían las condiciones de vida en el campo (David Ayora León, 2016, 90).


Por otra parte, el plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las escuelas del milenio (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 199) acentúa el problema. Sin duda estos establecimientos son bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo (Ibídem, 246). Al contrario, en Cuba, se eligió el mejoramiento de las escuelas rurales con un maestro por varios grados, con un éxito comparable a los resultados de las escuelas urbanas y gastos mucho menores (Granma Internacional, 2017).


En el marco cultural se debe señalar también la dificultad en estas circunstancias de mantener una espiritualidad indígena orientada al respeto de la madre tierra y a la armonía social y personal. Se añade finalmente la reacción, en las Iglesias cristianas y en particular la Iglesia Católica, contra la teología de la Liberación y la pastoral indígena, que se manifiesto por la invisibilidad de la obra de Monseñor Proaño.


Fuera de las estadísticas, basta viajar en las zonas rurales del país, para constatar el aislamiento de las comunidades indígenas del Cañar; las condiciones de las viviendas de los campesinos del norte de la Provincia del Oro; la lucha por el agua de comunidades del Chimborazo para la conservación de los páramos; el estado miserable de los caminos y senderos vecinales que obligan los pequeños campesinos a levantarse muy en la madrugada para ir a vender sus productos. Las condiciones de vida de estas zonas rurales son muy a menudo inhumanas.


Todo eso muestra la marginalización de la ACFI en el Ecuador, no por el simple efecto de la naturaleza, sino por la construcción social que la reduce en un apéndice destinado a la desaparición y que por razones humanitarias se trata con bonos de tipo asistencialista. El Ecuador no se encuentra solo en el caso. Es casi universal. La cuestión es de saber si la agricultura campesina familiar e campesina puede ser un elemento de un nuevo paradigma. Pero antes examinaremos el estado de la agricultura industrial, de hecho en competencia con la ACFI.


3. La promoción del modelo agro-empresarial y agro-exportador


En el mundo entero, se trata de una nueva frontera para el capitalismo (agrario y financiero), con versiones nacionales e internacionales. Según el Horizonte de Desarrollo hacia 2025, en el Ecuador, este sector aportará 15.000 millones de dólares a la economía nacional, creara 250.000 empleos y significará una contribución de 10.000 millones al balance comercial del país. Hay diversas ramas: bananos, azúcar, palma africana, flores, brócolis. En su campaña electoral de 2017, el vice-presidente Jorge Glass insistió mucho sobre este aspecto: la productividad del sector, su contribución a la riqueza del país, la extensión de la producción de agro-combustibles, la necesidad de atraer el capital extranjero, sin ninguna referencia a los costos ecológicos, a los territorios ancestrales, al tipo de empleos que se crean, ni al poder económico del sector en la economía del país.


La frontera agrícola se extiende con la deforestación: entre 2000 y 2010, 618.000 has (Atlas, 2011,3), aún si la proporción anual ha disminuido. Hay considerables daños al paisaje (los plásticos de las flores, por ejemplo). Hay una tendencia que se reafirma hacia privilegiar los transgénicos: en septiembre 2012, el presidente afirmó: “El uso de semillas transgénicas mejorara notablemente la producción del campo” (Esteban Daza, 2016,21). El capital extranjero se introduce: entre 2000 y 2008, el aporte fue de 49 % para las empresas de exportaciones (Franck Brassel et al, 2011, 29).


La característica de esta política de capitalismo agrario no es solamente la concentración de las tierras o el control de los circuitos de insumo y de comercialización, sino la ignorancia de las externalidades, es decir los daños ambientales y sociales, no pagados por el capital, sino por la madre tierra, las comunidades y los individuos. Así, por el primer aspecto se puede señalar la perdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, la producción de gases invernaderos: CO2 y metano. La simple contabilización de estos gastos reales cambiaría totalmente la estructura de los precios de estos bienes. A propósito de las flores, un productor orgánico holandés retirado, que visitó varias empresas ecuatorianas en 2015, afirmo que si los europeos sabían en qué condiciones las flores estaban producidas, no comprarían ni una rosa.


Las consecuencias sociales y culturales no son menos nocivas. Las enfermedades de la piel, de los pulmones, los canceres son elevadas con la utilización masiva de productos químicos. Con la visita del papa en el Ecuador, en 2015, se utilizaron más de 90.000 rosas, pero al mismo tiempo estaba en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en Quito, una pareja indígena. La mujer, de 40 años, con 4 hijos, padecía de leucemia y esperaba una cita al hospital público. Había trabajado durante 10 años en la industria de las flores. Pura coincidencia o precio humano de las rosas.


A pesar de todo, el Ecuador ha podido conservar un grado elevado de soberanía alimentaria, concepto diferente de seguridad alimentaria, porque supone que el país produce lo que consume. Sin embargo existen señales de perdida de la primera, a causa de la extensión del sector de los monocultivos. En 2000, según el censo agrario, la ACFI producía el 60 % de la alimentación del país.


Los derechos de los trabajadores, aún establecidos en la ley , son frecuentemente violados (Franck Brassel y al., 2011, 42): empleos temporales, horas extras no pagadas, prohibición de sindicatos. La sindicalización por ramas está prohibida en el país y las últimas leyes laborales favorecen la flexibilización del trabajo. El discurso macro-económico es predominante orientado hacia la producción e ignora los factores estructurales de la desigualdad de productividad (Ibídem).


Para terminar, vale la pena citar el estudio hecho en 2013 sobre la producción de brócoli en la región de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi (François Houtart y Maria Rosa, 2013). El 97% de la producción de brócoli se exporta hacia países en mayor parte capaces de producir brócoli (EEUU, EU, Japón), en función de ventajas comparativos (bajos salarios, leyes ambientales menos exigentes). La empresa productiva acapara el agua, que no basta más para las comunidades vecinas; bombardea las nubes para evitar que los chaparrones caigan sobre el brócoli, sino en los alrededores. Se utilizan productos químicos, aún a menos de 200 metros de las habitaciones como lo exige la ley. Las aguas contaminadas corren en los ríos. La salud de los trabajadores está afectada (piel, pulmones, cánceres). Los contratos se hacen en parte a la semana, con un capataz que recibe el 1% de los salarios, lo que permite eludir el seguro social. Las horas extras no son pagadas a menudo. La empresa de procesamiento del brócoli para la exportación, trabaja 24 horas en tres turnos. No era excepcional que los trabajadores sean obligados a hacer dos turnos seguidos. El sindicato está prohibido. Además las dos empresas, hoy en día fusionadas, tenían sus capitales, la una en Panamá y la otra en las Antillas holandeses.


Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX. Seis meses después, el vice-presidente que había recibido el informe, visitó la empresa y declaro que ella era un modelo de la nueva matriz productiva. Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.


Evidentemente, uno se pregunta si había una alternativa posible. El Estado ecuatoriano necesita medios para financiar sus políticas sociales. El petróleo bajó de precio. La minería no ha tenido todavía un lugar equivalente y se encuentra frente a problemas sociales y conflictos serios con comunidades indígenas. Incluir las externalidades en el precio de los productos exportados significaría la perdida de toda competitividad.


Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias. Algunas alternativas son posibles: reorganizar las condiciones de la ACFI, con una producción orgánica asegurando la soberanía alimentaria; garantizar los derechos de los trabajadores de los monocultivos, reduciendo el margen de arbitrariedad de los dueños de la tierra; reconocer de verdad los derechos de la naturaleza; implementar la integración latino-americana para imponer medidas comunes en materias de protección de la naturaleza, de paraísos fiscales y de resistencia a los monopolios trasnacionales; llevar luchas más radicales en las instancias mundiales con objetivos similares. Un pequeño país no puede actuar eficazmente solo, pero puede ser protagonista. Lo que podemos afirmar desde una perspectiva del sector agrario, puede ser aplicado a varios otros sectores también.


4. El debilitamiento de los movimientos sociales campesinos e indígenas


Los movimientos sociales campesinos e indígenas, portadores de la lucha del mundo rural en sus varios componentes, han pasado por periodos particularmente difíciles. Habían tenido un protagonismo político muy importante en los años 90, en particular el movimiento indígena, pero sufrieron después dos fenómenos que contribuyeron a su debilitamiento. El primero fue la cooptación por el poder político en función de ventajas inmediatas: regalías petroleras y mineras, cooperación para el desarrollo y proyectos provinciales y parroquiales. El segundo, la absorción por la política electoral a corto plazo. Los dos factores llevaron a la división de las bases populares y a la dificultad de concentrarse sobre el largo plazo de la lucha de los pueblos indígenas como pueblos y de los campesinos como clase. Por una parte, en las políticas post-neoliberales, hubo un deseo de modernizar el campo, pero sin tomar suficientemente una distancia frente al carácter capitalista de este proyecto y por otra parte, los objetivos fundamentales de las luchas sociales no fueron totalmente ignorados, sino sometidos a preocupaciones secundarias que los absorbieron e impidieron acciones comunes.


Estos factores contribuyeron a la marginalización de la ACFI en el Ecuador, hasta el punto que se puede hablar para el sector, de una década perdida, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del MAGAP, de ONGs, de movimientos y de grupos locales.


III. ¿Puede la Agricultura Campesina Familiar e Indígena contribuir a elaborar un paradigma post-capitalista?


1. Condiciones generales


Desde el punto de vista del Bien Común de la Humanidad como paradigma nuevo, los cuatro ejes de cambio concreto encuentran en la ACFI aplicaciones interesantes. La relación con la naturaleza se caracteriza por el respeto de su capacidad de regeneración, vía cultivos orgánicos (agroecología) y biodiversidad. La producción de la base material de la vida en el sector especifico de la agricultura, privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio, no somete el trabajo al capital y exige el usufructo de la tierra, pero no necesariamente su propiedad y excluye su acumulación en tanto que capital. La organización colectiva (comunitaria u cooperativista) del acceso al agua, a insumos, a maquinaria, al crédito; la organización en conjunto de ciertas fases del trabajo (mingas, reforestación); la comercialización en circuitos cortos, en ferias y tiendas comunes, tienen, en la filosofía de una economía popular solidaria, una base democrática. Finalmente la interculturalidad encuentra en esta forma de agricultura una posibilidad de diversidad de expresiones y de lecturas de lo real.


Evidentemente, el capitalismo puede también instrumentalizar el sistema, como en muchos casos. Los contratos con pequeños cultivadores de palma integran estos últimos en una dependencia total de las grandes empresas. En Europa los agricultores familiares “modernos” con alto grado de mecanización y acceso al crédito, son integrados en cadenas de producción dominadas por el capitalismo agrario y financiero. El micro-crédito de muchos países está administrado por el sistema bancario. Organizaciones que al principio eran mutualidades o cooperativas, con el tiempo y el éxito, se transformaron en pilares de la economía capitalista.


Por eso, la ACFI no es solamente una cuestión técnica, sino un objetivo de lucha social, una resistencia de clase y de comunidad, un problema político. El papel de los movimientos sociales es esencial. Constituye una de las transiciones hacia otro paradigma, pero no como un proceso mecánico, sino como fruto de actores verdaderos sujetos de la construcción social y eso va mucho más allá que un aumento de productividad.


Al mismo tiempo, la ACFI debe cumplir con las tres funciones de la agricultura. Primero nutrir a la población, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Lo hace, eligiendo las semillas, respetando la diversidad, operando orgánicamente. En segundo lugar, contribuir a la regeneración de la tierra, lo que no cumple la agricultura industrial, al contario. Finalmente procurar el bienestar de los que trabajan en el sector: proletarizar el campesinado bajo el pretexto de crear empleos está lejos de responder a esta necesidad. Evidentemente todo eso requiere condiciones económicas, sociales e políticas, que se llaman, como lo dice el MST de Brasil, una reforma agraria integral y popular.


2. En Ecuador


Como lo hemos señalado antes (F. Houtart y M.Laforge, 2016, 30-36), existen en Ecuador bases para el desarrollo de una ACFI. Hay un real despertar: iniciativas de comunidades indígenas, campesinos que se unen, mujeres campesinas que se organizan para producir carne, cacao, fabricar sombreros, producir obras de arte con desechos de plástico, etc. En varios casos, son apoyadas por ONGs (FIAN, Fundación Heiffer, Populorum Progresio, Oxfam; etc...) y a veces por gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, y cooperaciones internacionales. Sin embargo son dispersas y a menudo aisladas.


Lo nuevo de la década de 2010 es la aparición de propuestas al nivel nacional y con perspectivas estructurales. Vienen de diversas fuentes. Podemos citar iniciativas de movimientos sociales, campesinos e indígenas: La Red agraria en 2012 y más reciente, en 2016, la Cumbre agraria, convocada por la CONAIE. En 2017, durante la campaña electoral, varios movimientos, dentro de los cuales, la CLOC (rama latino-americana de La Vía Campesina) y la FENOCIN, elaboraron un documento de política general en favor de la ACFI, que fue firmado por el binomio de Alianza País. El movimiento montubio prepara un texto de ley, obligando los grandes terratenientes a ceder 30% de sus tierras para los pequeños productores. Dentro de movimientos políticos también surgieron propuestas, como el grupo Revolución agraria que nació en el seno de Alianza País en 2011.


El mundo académico tomó también iniciativas. El IAEN organizó un seminario abierto durante un año en 2015-2016 y publicó el Manifiesto para una Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Ecuador (2017). Un grupo de trabajo, llamado Tierra reúne mensualmente varias universidades y centros de investigaciones, como SIPAE y el IEE-OCARU, sobre los problemas rurales. Este último propone un “pacto ético para el campo” (Esteban Daza, 2017). Se está preparando un elenco de todas las investigaciones realizadas sobre el agro en Ecuador y la colaboración se extenderá a universidades de las varias provincias. Las tres universidades, Andina, Central y Salesiana de Quito, tienen un proyecto de desarrollo rural con Cayambe, un centro de de capacitación y un espacio urbano de consumo ecológico.


Órganos del Estado no se quedaron inactivos. El MAGAP realizó varios seminarios sobre Agricultura campesina. El CONGOPE, órgano de coordinación de los GAD (unidades descentralizadas), prepara publicaciones e investigaciones sobre el tema. Se debe subrayar en particular el trabajo de la COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural para la Soberanía Alimentaria) que estableció en colaboración con el IAEN, un documento de síntesis de las propuestas de los movimientos sociales, para una acción política después de las elecciones.


Los ejemplos del exterior no faltan. Vietnam, segundo exportador de arroz en el mundo, lo produce con agricultura campesina. En Brasil una ley de 2008 obliga todas las instituciones públicas de abastecerse con los pequeños productores. En Nicaragua, el programa de bonos productivos para las mujeres campesinas (entrega de gallinas, de cabras o de una vaca) ha permitido al país de conservar su soberanía alimentaria.


Para el futuro, la solución no se encuentra en un capitalismo oligárquico vinculado con el capital financiero. Tampoco la continuidad de un capitalismo moderno dará la respuesta que no ha podido proponer durante la última década. Se trata de una nueva propuesta, basada sobre una refundación del proyecto, como un elemento de una transición hacia un paradigma post-capitalista. Por eso las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base, movilizando las energías en un Frente Unido, con metas precisas y propuestas concretas, donde nadie, en particular los movimientos indígenas, pierda su identidad. Es urgente. Es posible. Mañana será demasiado tarde.


Biblografía:


ATLAS (2011). Tenencia de las Tierras en Ecuador. Quito, Sipae.
Ayora León, David (2017). La pluriactividad como proceso de descampesinización juvenil: caso Parroquia El Valle. Quito. Tesis de maestría en el IAEN.
Brassel, Franck, Breilh Jaime y Zapata, Alex (ed.). Agroindustria y Soberanía alimentaria ¿Hacia una ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito. Sipae.
Campana, Florencia, Larrea, Fernando y Rubio Blanca (ed.) (2008). Formas de explotación y condiciones de reproducción de las economías campesinas en el Ecuador. Quito. Heiffer, La Tierra.
Daza, Esteban y Santillana, Alejandra (2016). Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Quito. OCARU.
Daza, Esteban (2017). Hacia un pacto ético por el campo: Entre elecciones, trandgénicos y agroculturas campesinas. En Revista Gestión: Economía y Sociedad N°271, Quito, PP 66-69
FAO (2017). El futuro de la Alimentaxión y de la Agricultura – Tendencias y Desafíos. Informe del 22 de Febrero.
Torres, Nataly et al. (2016). Balance de la situación alimentaria y nutricional en Ecuador. Quito. FIAN.
Houtart, François (2004). Hai Van, La double transition dans une commune vietnamienne. Paris. Les Indes Savantes.
Houtart, François (2013). El Bien Commún de la Humanidad. Quito. IAEN.
Houtart, François y Laforge Michel (2016). Manifiesto para una Agricultura Campesina Familiar e Indígena en Ecuador. Quito, IAEN.
Houtart, François y Yumba, Rosa María (2013). El brócoli amargo, Ciencia Sociales, 35: 283-300.
Carrión, Diego (2012). “Estructura agrícola y modelo de acumulación rural en el Ecuador: interacción entre campesinos, agroindustria y Estado”. En Lacroix, Hidalgo y Román (ed.), Comercialización y Soberanía alimentaria. Quito. Sepae/AVSF: 75-08.
Martínez Sastre, Javier (2015). El paraíso en Venta – Desarrollo, etnicidad y ambientalismo en la frontera sur del Yasuni (Amazonía ecuatoriana). Quito. Abya Yala.
Martínez Valle, Luciano y North, Liisa L. (2009). “Vamos dando la vuelta” – Iniciativas endógenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana. Quito. Flacso
Rodriguez Cruz, Marta (2017). Políticas educativas en un estado pluricultural y plurinacional: Ecuador. Tesis de doctorado en la Facultad de Antropología de la Universidad de Sevilla.
Silva Correa, Yenia (2017). El secreto está en la preparación de los docentes. Granma Internacional.10.02.17.
Notas:
[1] Instituto de Proveimiento de Alimentos ; Instituto de Pesca, INP; Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; COPISA; FAO.
[2] FAO
François Houtart es Profesor Emérito de la Universidad Católica de Lovaina y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), Quito. Autor de más de 50 libros, François Houtart es uno de los fundadores del Foro Social Mundial y miembro de su Consejo Internacional. Miembro de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador.

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Martes, 11 Abril 2017 06:54

El zapatismo y la revolución mundial

El zapatismo y la revolución mundial


“Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia la irredenta son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá, hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura, a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar.” La anterior es una declaración del general Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador, formulada el 14 de febrero de 1918, en una carta escrita en su cuartel de Tlaltizapán, dirigida al general Jenaro Amezcua, a quien había encomendado difundir los ideales del zapatismo en América y Europa.

La fecha del documento es importante. Se escribió un año después de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual el carrancismo dio por terminada la guerra que durante siete años había asolado al país y uno antes de que fuera asesinado por el traidor Jesús Guajardo, aquel infausto 10 de abril de 1919. Para hacer frente a la propaganda carrancista, los zapatistas habían decidido iniciar una campaña mundial y, en voz de su jefe máximo, declaraban que la revolución agraria continuaba y se proponían explicar sus finalidades, "así como su íntima solidaridad con los movimientos de emancipación que en otras regiones del mundo realiza en la actualidad el proletariado", según expresaba el mismo general Emiliano Zapata en su misiva. Por eso instruía a su comisionado incidir entre los grupos políticos con quienes entrara en comunicación "para que en interés de la causa común, propaguen en pro de la gran masa de los campesinos, generalmente descuidada y poco atendida por los protagonistas obreros".

En su carta, el general Emiliano Zapata declaraba que, desde su punto de vista, entre la revolución agraria de México impulsada por los zapatistas y el movimiento revolucionario de los rusos impulsado por los bolqueviques, existía un marcado paralelismo. “Una y otro van dirigidos contra lo que León Tolstoi llamó ‘el gran crimen’, contra la infame usurpación de la tierra, que siendo propiedad de todos, como el aire y como el agua, ha sido monopolizado por unos cuantos poderosos, apoyados por la fuerza de los ejércitos y por la iniquidad de las leyes”, decía. Y agregaba: "No es de extrañar, por lo mismo, que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana, al darse cuenta cabalmente de sus fines". De estas declaraciones se desprende que el zapatismo no sólo era un proyecto nacional, sino también aspiraba a incidir en la revolución mundial, teniendo como eje la alianza entre obreros y campesinos.

Este aspecto de la propuesta política del zapatismo quedaba bastante claro en las instrucciones que dictó al general Genaro Amezcua sobre su actuar durante sus actividades de propaganda. “Es preciso no olvidar –le escribía– que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podrá poner estas dos fuerzas la una frente a la otra, y aprovecharse v. gr., de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. Así lo hicieron en México, Francisco I. Madero en un principio y Venustiano Carranza últimamente; si bien aquí los obreros han salido ya de su error y comprenden ahora perfectamente que fueron víctimas de la perfidia carrancista”.

Ahora que se cumple un aniversario más del asesinato del jefe revolucionario, es importante conocer que además de un proyecto de nación con sustento en la propiedad colectiva de las tierras y en el poder organizado de los pueblos, los zapatistas pensaban que el triunfo de su causa requería de la participación de fuerzas revolucionarias de otras latitudes; que el cambio revolucionario, para tener éxito, debería ser total. Estas ideas adquieren gran actualidad sobre todo en estas épocas en que el capital se ha trasnacionalizado a tal grado que es muy difícil conocer la nacionalidad del mismo, por lo cual las resistencias contra la apropiación de los bienes comunes que lleva a cabo, particularmente en el campo, necesita salvar las fronteras fijadas por los estados y tejer una gran alianza obrera campesina como requisito necesario para tener éxito. Se trata de otro rasgo del zapatismo que, como relámpago en la tormenta, puede seguir alumbrando la lucha popular.

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La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras

• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas

• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile


El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al continente.

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión sobre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoamericanos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.

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Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
Viernes, 03 Febrero 2017 06:15

Un acaparamiento de 10 millones

Un acaparamiento de 10 millones

Desde la revolución verde hasta nuestros días hemos visto la capacidad de expansión y desarrollo de la agricultura industrial y los negocios que mueve. Para alcanzar las cotas actuales se ha trabajado a fondo. A base de tratados de libre comercio se ha conseguido abolir cualquier frontera en favor del comercio agrícola, aunque sean transacciones innecesarias, insostenibles e ilógicas. Con los llamados ajustes estructurales se han desmantelado los sistemas agrarios nacionales aunque ello representara vulnerabilidad alimentaria para muchos territorios y sus correspondientes crisis. A partir de técnicas agrarias –como los transgénicos– y de leyes en favor de la privatización de las semillas, este mercado está concentrado en proporciones impensables, generando una inmensa pérdida de biodiversidad cultivada. De la misma manera se ha ido acaparando en muy pocas manos grandes extensiones de tierra fértil, junto con el agua de riego, que son la base del crecimiento de monocultivos –como la soya o la palma africana– que compiten ventajosamente frente a otros más necesarios. Y como estamos viendo en estos años, otro elemento fundamental para los negocios agrarios es asegurarse el control de la información sobre el clima, como pretenden desde Monsanto a John Deere.

Pero les queda una piedra en el zapato. La agricultura siempre acaba requiriendo mano de obra y trabajo de campo, aunque tecnológicamente pueda minimizarse y, siguiendo los mismos patrones descritos, ya estamos observando una verdadera carrera de las grandes transnacionales por ‘adueñarse’ del mayor número posible de campesinas y campesinos. Vendría a ser una suerte de acaparamiento de personas.

Siglos atrás esta necesidad se resolvía en forma de esclavismo agrario, unas maneras inhumanas que permitieron a las corporaciones de las metrópolis las grandes cosechas de productos de exportación como el azúcar, el caucho o los bananos. Ahora todo es, simplemente, más sutil. En Catalunya, donde yo vivo, conocemos bien la fórmula de la ganadería de integración, donde la implementación de modelos muy intensivos de engorda de cerdos y aves, con niveles de genética muy específicos, comporta que los otrora ganaderos independientes en sus propias fincas ahora son simples operarios de una cadena de montaje. Las compañías para las que trabajan les suministran los lechones o pollitos, les asignan un veterinario para que controle todo el proceso, les hacen comprar su pienso y su medicación y, finalmente, están obligados a vender a los animales engordados a la misma empresa. Súbditos en tiempos modernos.

Esta es una de las modalidades que podemos agrupar bajo el nombre de "agricultura de contrato", que cada vez gana más presencia en todo el mundo y que desde instituciones como la FAO bendicen, pues dicen que evita riesgos para las y los agricultores. Es el caso también del programa Nueva Visión para la Agricultura, impulsado desde 2009 por el Foro Económico Mundial que, como explica el reciente informe de la fundación Grain, es una colaboración entre gobiernos y algunas de las compañías trasnacionales productoras de alimentos más grandes del mundo, como Nestlé, Pepsico, Cargill o Unilever, para implementar proyectos en África, América Latina y Asia que potencian la producción de un número pequeño de cultivos de alto valor comercial. El papel de los gobiernos y sus agencias públicas es convencer a las organizaciones campesinas para sumarse a estos programas e incluso apoyan económicamente la construcción de invernaderos, infraestructura de alta tecnología, semillas híbridas o agrotóxicos de las compañías en cuestión.

Es decir, le llaman Nueva Visión pero es un viejo paradigma. Logrando que las y los agricultores firmen contratos de exclusividad con ellas, las corporaciones ganan un mercado seguro y aseguran un abastecimiento de la materia prima que necesitan para la elaboración de sus alimentos procesados sin hundir, en ningún momento, las manos en la tierra.

Para las corporaciones sí que es un escenario seguro y será cada vez más habitual. De hecho aquí en México el programa Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario se conoce como Vida y ya está en marcha con la participación de 40 compañías privadas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la parte pública. Según la información actual manifiesta tener 85 mil agricultores y agricultoras participantes en todo México, pero aspira a contar con la participación de 600 mil el próximo 2018. A escala mundial, en los próximos tres a cinco años, se espera que formen parte de esta legión de agricultores esposados a compañías multinacionales un total de casi 10 millones de personas.

Imaginen en las granjas, los prados, los pueblos a todas sus gentes campesinas con el mismo logotipo en su indumentaria. Imaginen.

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De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa

De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire. Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo solo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.


Al Sur del continente, los mapuches , tanto en Chile como en Argentina –su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera– son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado –o intentando hacerlo- leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.


El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.


En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.


Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuches de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera... En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” ( 12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la trasnacional Benetton.


Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.


En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo Shuar de la comunidad de Nankitz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres S.A., pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.


La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del Pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.


La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.

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