¿Será posible la construcción de la paz democrática?

El tránsito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

Uno de los desafíos más importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

Varios, a mi juicio.

El más complicado es el de la violencia oscura que ya ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

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Viernes, 21 Octubre 2016 06:51

La tierra para los delincuentes ambientales

La tierra para los delincuentes ambientales

A cuatro años de la destitución del presidente Fernando Lugo, son evidentes el retroceso que esto significó para los campesinos, y el avance exponencial de los negocios de la soja y la carne, que profundizan la desigualdad y se rigen por los métodos mafiosos que caracterizan al narcotráfico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.

 

“¿Por qué para desalojar a 50 familias campesinas envían a 400 policías?”, le preguntan a la socióloga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace más de dos décadas. “Porque si son pocos (los policías) no les tienen miedo y no pueden de¬salojarlos”, responde. “Por eso emplean niveles inéditos de violencia, y en casi todos los desa-lojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos y les roban sus pertenencias.”


Un buen ejemplo de lo que afirma Palau es lo sucedido en la colonia San Juan (departamento de Canindeyú) el 17 de agosto pasado, cuando más de 200 policías desalojaron 12 lotes, dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas luego de que, según un comunicado del instituto Base-Investigaciones Sociales (Base-IS), la comitiva fiscal-policial “derribó las casas de las familias, trabajo que realizaron policías y peones de los productores de soja”.


El caso es grave porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a través de la ley 620, que permitió a familias campesinas beneficiarias de políticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hectáreas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayoría brasileños. El desalojo de las familias que permanecían en la colonia se produjo tras la denuncia de un sojero que aseguró que los campesinos invadían su propiedad. Pero el operativo no contaba con orden judicial de de¬salojo.


La policía de elite se quedó varios días en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, señala un comunicado de Base-IS, un grupo de policías y sojeros llegó al asentamiento “con la intención de fumigar con secantes químicos los cultivos de las familias”. Ante la oposición encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. “El corazón del conflicto es el acaparamiento irregular por productores sojeros de tierras estatales reservadas para la reforma agraria”.


Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de países productores de soja transgénica, por delante de Canadá y detrás de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Los 9 millones de toneladas de soja se cosechan en 3,5 millones de hectáreas que han sido robadas (literalmente) a campesinos, indígenas y a un Estado aliado de los sojeros.


LA SOJA SE COME TODO.


Lo más curioso e indignante es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. En claro, se trata de colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios mínimos. En las zonas de expansión sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasileños alegan tener títulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupción de funcionarios estatales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y de la Dirección de Catastro.


Dos trabajos de Base-IS documentan el avance del agronegocio y de la represión. El informe “Con la soja al cuello”, coordinado por Palau (2015), y el estudio “Judicialización y violencia contra la lucha campesina”, de Abel Areco y la propia Palau (2016), son dos pormenorizados trabajos que resumen lo sucedido en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros años del gobierno de Horacio Cartes.


Entre 2004 y junio de 2012 (cuando un golpe parlamentario destituyó al presidente Fernando Lugo) se había liberado legalmente un solo cultivo transgénico. Tras la caída de Lugo se liberaron 19 más, de modo legal o ilegal, según la abogada Silvia González. “Para acceder a información sobre la liberación de semillas transgénicas –escribe la abogada– nos hemos visto en la necesidad de recurrir a información de organismos del exterior, ya que la página oficial de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio) desde hace meses tiene ‘problemas técnicos’.”


En segundo lugar, se constata una fuerte concentración de las empresas oligopólicas, que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas, encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora en proceso de fusión con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasileñas controlan las exportaciones paraguayas de carne y tres estadounidenses las de soja, en un país donde el presidente es, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.


Sólo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones globales paraguayas. Las consecuencias son catastróficas para el ambiente y los campesinos. Según la Asociación Guyra Paraguay, cada año se deforestan 260 mil hectáreas de bosque, por lo que en poco más de una década “la deforestación rampante promete eliminar los bosques de la faz del país”. Cada día se destruyen 2 mil hectáreas.


El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Economía Política, concluye, luego de analizar los datos oficiales, que los grandes productores evadieron nada menos que el 87 por ciento del impuesto a la renta agropecuaria. El sector apenas aportó 110 millones de dólares en todo 2015, lo que alcanza para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres días. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de dólares, de los cuales sólo aportaron 14 millones por el impuesto a la renta, el 0,5 por ciento.


RESISTENCIAS Y DESTRUCCIÓN.


Hasta la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, la mitad de los paraguayos vivía en zonas rurales. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, pretendían que la población rural se situara en torno al 12 por ciento del total. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos debían ser desplazados hacia las ciudades.


Las cosas marcharon según lo previsto. En 1991 había casi un millón de trabajadores rurales, cifra que se redujo a 238.400 en 2008, según el trabajo del sociólogo Ramón Fogel, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a razón de nueve quilos de veneno per cápita cada año. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creció 31 por ciento, pero los agrotóxicos importados lo hicieron en 42 por ciento y los fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento.


La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hectáreas, mientras que “la agricultura campesina, en un promedio de tres hectáreas de cultivo de productos agrícolas ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente”, señala el informe “Con la soja al cuello”. Un conjunto de factores –crecimiento de la superficie de cultivos transgénicos, fumigación masiva con venenos y caída de los precios de la agricultura familiar– explican buena parte del éxodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistemática de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.
En departamentos sojeros como Canindeyú, seis de cada diez propietarios de más de mil hectáreas son brasileños. Según Fogel, se trata de grandes empresarios que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como “un capitalismo de mafia que incorpora en sus prácticas el soborno y elementos ligados a la coerción física”.


En dos años hubo 43 comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja. En 16 de esos casos el Estado intervino y terminó destruyendo las viviendas campesinas. En total, seis de cada diez comunidades atacadas lo son en el marco de luchas por la tierra, y en cuatro de los casos por la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.


En los dos años relevados por Base-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, en 16 casos se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes de las familias campesinas. Como señalan Areco y Palau, la criminalización es “una estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos”.


La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay relevó en un informe 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales desde el fin de la dictadura. Todos ellos “fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política”, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos “para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración sistemática y generalizada de métodos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial”.


DELINCUENTES AMBIENTALES.


El abogado Juan Martens sostiene en el prólogo del informe “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” que el paraguayo es un “Estado débil (no ausente), útil y funcional a poderes fácticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protección de sus negocios”.


Destaca la existencia de una “selectividad punitiva” por parte del Ministerio Público, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistemática, tanto jueces como fiscales se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos. Se han emitido sentencias de hasta 30 años de cárcel por “invasión de inmueble”, la clásica ocupación de fincas que realizan los campesinos desde hace décadas.


A ese tipo de empresarios Marten los llama “delincuentes ambientales”, e incluye en esta categoría a los cultivadores de soja que contravienen la legislación ambiental, a traficantes de rolos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por “la cooptación de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias”, sobre todo en los departamentos de “mayor incidencia de la soja, la ganadería y el narcotráfico”.


La impunidad y la subordinación del Estado a los empresarios se relacionan con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Información de Recursos de la Tierra (Sirt). Formalmente, este organismo apunta a informatizar el registro agrario de las 1.018 colonias que tiene el Estado, pero la investigadora Inés Franceschelli, de Base-IS, afirma que es el modo de “pasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares”. En apoyo de su tesis cita al gerente del Sirt Hugo Giménez, quien dijo el año pasado que “los lotes que ya tienen título definitivo, aun los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda” (ABC Color, 9-I-15).


En la lucha por la tierra no hay ninguna estructura de alcance nacional que se destaque. La mayor parte es protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federación Nacional Campesina (Fnc), una de las pocas organizaciones campesinas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y la Organización de Lucha por la Tierra (Olt).


Pese a los elevados grados de violencia, la resistencia campesina sigue en pie y consigue algunos logros gracias a la tenacidad de las organizaciones y el apoyo de profesionales y movimientos urbanos. Teodolina Villalba, dirigente de la Fnc, asegura: “Mucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y también algunos ya abandonaron sus tierras”. Con una sonrisa dice bien alto: “Omuñama chupekuera lomitá” (los echaron los compañeros).

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Monsanto, DuPont, CRISPR, ¿qué puede salir mal?

Monsanto acaba de comprar la licencia para usar la nueva y controvertida tecnología CRISPR-Cas9 en sus productos agrícolas. DuPont-Pioneer ya había licenciado antes la misma tecnología y esta semana anunció una "alianza maestra" de investigación con CIMMYT (Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo, con sede en Texcoco), para aplicar esa tecnología con el fin de hacer maíces genéticamente manipulados. El CIMMYT entrega otra vez a las trasnacionales el patrimonio genético que tomó de los campesinos que crearon el maíz, para experimentos con graves impactos potenciales sobre las comunidades y ecosistemas.

El contrato de Monsanto con el Instituto Broad, de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), estipula que no puede usar esta tecnología para desarrollar impulsores genéticos (gene drives), ni semillas suicidas Terminator, lo cual significa una aceptación de que estas dos aplicaciones de alto riesgo están en el horizonte y son de interés para las empresas. Tom Adams, vicepresidente de biotecnología de Monsanto, explica que los impulsores genéticos y los genes Terminator "de todos modos no son cosas que queremos hacer con esta tecnología. Estamos de acuerdo en que es mejor no desarrollar impulsores genéticos ahora. Vemos que tienen gran potencial, por lo que estamos tentados a usarlos, pero no hasta que sepamos cómo controlarlos" (http://tinyurl.com/jekwbut). Con los antecedentes de Monsanto, no es difícil pensar que avanzarán en esa investigación aunque no lo hagan público.

DuPont estableció desde octubre 2015 una alianza con Caribou Biosciences, que tiene una patente "rival" sobre la misma tecnología, de la Universidad de California. Ante preguntas de la prensa, DuPont se negó a contestar si esta alianza opera bajo las mismas restricciones que la licencia de Monsanto. Caribou Biosciences es una empresa fundada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, entre ellos Jennifer Doudna, una de las inventoras de CRISPR-Cas9.

CRISPR, traducido al castellano "repeticiones palindrómicas cortas e interespaciadas regularmente", es un sistema de defensa de las bacterias contra infecciones virales. Por ser una enzima que existe en la naturaleza, no es patentable, pero dos equipos de investigación, uno de la Universidad de California y la de Viena y otro de Harvard y el MIT, presentaron en 2012 solicitudes de patente por la construcción de CRISPR mediante ingeniería con biología sintética y aplicaciones en organismos eucariontes, o sea, más que bacterias. Desde entonces, están en guerra legal sobre cuál de las patentes es válida y si la una invalida a la otra, ya que son la base de todas las demás. Hay 860 familias de patentes sobre CRISPR tramitando en las mayores oficinas de patentes del planeta y decenas de licencias de ambos grupos universitarios con las mayores trasnacionales de farmacéutica, biotecnología y agricultura, por lo que la pelea será a muerte.

Las trasnacionales de semillas y agrotóxicos quieren esta tecnología por ser más rápida, permitir nuevos tipos de modificaciones genéticas y quizá por ello evadir regulaciones de bioseguridad. Hay todo un espectro de otras nuevas biotecnologías que van más allá de los transgénicos que conocíamos. CRISPR-Cas9 es la que más atención ha recibido, porque supuestamente permite intervenciones más precisas en los genomas, lo que para las empresas significa ahorrar años de trabajo en laboratorio. Entre las aplicaciones de CRISPR-Cas9 que más les interesan está aumentar la susceptibilidad de las hierbas a sus agrotóxicos para poder seguir usándolos (ya que hay más de 20 malezas que son resistentes a glifosato y comienzan a serlo a otros químicos) y extinguir hierbas invasoras e insectos que consideren plagas, justamente con impulsores genéticos. Extinguir especies es una atribución que altera en forma permanente los ecosistemas y la coevolución de las especies, algo que no se debería permitir a nadie y mucho menos dejarlo en manos de las trasnacionales. (http://tinyurl.com/hp2gph5)

Hay muchas otras posibilidades de manipular con CRISPR-Cas9 cultivos y animales de cría, para agregar o quitar características, con resultados útiles para las ganancias industriales e impactos negativos para la mayoría de los demás. Las industrias desplegan una campaña para convencer al público y reguladores de que no son transgénicos. Le llaman "edición genómica" para que suene más inocente, como si se tratara de cambiar una letra en un texto. Pero sea para aplicaciones en medicina, o insectos, animales o cultivos, todas estas nuevas biotecnologías tienen en común que manipulan y alteran los genomas, con altos niveles de incertidumbre sobre los impactos que eso puede producir. Existen grandes vacíos sobre las funciones de los genes, su interacción con otros organismos y el medioambiente. Pese a que atribuyen a CRISPR ser una tecnología muy "exacta", hay varios experimentos que muestran impactos fuera de blanco, es decir, alteraciones en otros genes, con efectos impredecibles. Que se pueda cortar el ADN en un lugar preciso, como explica el Dr. Jonathan Latham, no equivale a conocer el significado del cambio producido. Si se borra una palabra en un texto en un lenguaje desconocido, podrá ser una supresión exacta, pero puede cambiar el sentido de todo el texto (El mito de la precisión de CRISPR http://tinyurl.com/hwx4yar).

Las aplicaciones potenciales de CRISPR-Cas9 y sus incertidumbres son tantas, que lo único sensato es establecer una moratoria a su experimentación y liberación, para discutir sus implicaciones y prevenir sus impactos, que podrían ser de gran alcance.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Vía Campesina en el Putumayo para verificar ‘Acuerdo Final’

El pasado 20 de septiembre delegados de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina Cloc-VC, iniciaron una misión de reconocimiento de la situación en materia de derechos humanos y conflictos territoriales en zonas del territorio colombiano afectadas directamente por la guerra. La misión inició su agenda de visitas en el departamento del Putumayo, en la vereda La Carmelita, entre el corredor Puerto Vega-Teteyé, lugar en donde será establecida una de las Zonas Veredales Transitorias como parte del ‘Acuerdo Final’ entre el gobierno nacional y las Farc.

Dicha agenda hace parte del compromiso entre el gobierno nacional y la Cloc-CV para la verificación y seguimiento del primer punto del ‘Acuerdo Final’ a firmarse este 26 de noviembre en Cartagena. Al sitio acudieron representantes de varias organizaciones desde Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Bélgica. Desde las diez de la mañana y durante tres horas ‘la misión’ escuchó las intervenciones de representantes de las organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento.

Provenientes de 18 comunidades, 4 cabildos y 1 resguardo, aproximadamente 200 personas hicieron presencia en el evento que también recordaba el asesinato, a manos del Esmad, del joven campesino Arnoldo Muñoz, oriundo de la Vereda Puerto Colombia, durante una jornada de protesta en el Paro Agrario de 2014. En el sitio la comunidad ha construido un monumento a la memoria del compañero caído. Al evento también acudieron personas provenientes del departamento de Caquetá quienes comentaron acerca de la situación en los municipios de Montañita, Doncello y Paujil. (Ver: http://desdeabajo.info/colombia/item/29762-caqueta-petroleo-paz-y-resistencia-social.html )

La misión tenía como propósito la escucha de las problemáticas locales además del relacionamiento con personalidades políticas del país en la ciudad de Bogotá y un encuentro final con trabajadores de la agroindustria a realizarse en San José de Apartadó en el Urabá antioqueño. Como parte de una agenda de visitas a las regiones del sur, suroccidente, caribe, nororiente y oriente del país, la del Putumayo fue la primera visita.

El Putumayo es una región de múltiples conflictividades sociales. Un área basta en riquezas minero-energéticas y ecológicas, poblada por diversas comunidades originarias y mestizas. Allí existen resguardos de comunidades Nasa, Inga, Murui, Uitoto, Siona, Kamëntzá, Bora, entre otras. Una vasta selva de entrada a la amazonía, 13 municipios y dos regiones geográficas: Alto y Bajo Putumayo.

La masiva colonización de esta región del País se originó justamente por la explotación petrolera desde la década de los años cuarenta del siglo XX. La región ha visto pasar ya varias bonanzas económicas: la primera desde 1850, la del caucho, trajo consigo la esclavitud de las comunidades indígenas asentadas en el territorio. A esta le siguieron las bonanzas de las pieles, la quina y la madera, hasta la tercera década del siglo XX. Luego llegó la bonanza petrolera, hacia la mitad el siglo, que marcó el patrón de poblamiento del territorio. Finalmente la bonanza de la coca que ya viene en decadencia en la región. Ninguna de esta bonanzas ha dejado beneficios sociales o ambientales para las comunidades o para el territorio.

Pero también ha sido una región de guerra. Allí hizo presencia por un tiempo el M-19. Luego hacia 1982 se conforma el frente 48 de las Farc-EP, quienes se instalaron en el territorio cobrando impuesto de gramaje a la comercialización de la hoja de coca. Pero con la llegada de los paramilitares hacia el año de 1997, éstos cobraron impuestos de gramaje mucho más baratos promoviendo con ello la competencia y el conflicto armado. También venían narcotraficantes de Cali y Medellín quienes llegaron a tener como aeropuerto el Cananguchal en Villa Garzón.

Cuando llegaron los paramilitares se disputaron principalmente el triángulo geográfico ubicado entre La Hormiga, Puerto Asís y La Dorada, zona donde hubo hasta 5.000 jornaleros ‘raspachines’ y en las que se pagaban jornales de 40.000 pesos, salarios superiores a los jornales de otros cultivos. Los paramilitares también establecieron bases en Puerto Caicedo y en Puerto Asis, conformando el denominado Bloque Sur del Putumayo que se desmovilizó en 2006. Sin embargo, luego de esta desmovilización siguieron haciendo presencia grupos paramilitares como la ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’ quienes se han mantenido en el negocio del narcotráfico conjuntamente las Farc compartiendo rutas.

La incursión paramilitar y la guerra desatada entre guerrilla y paramilitares condujo a un masivo desplazamiento de familias. En el departamento del Putumayo cerca de 104.555 personas llegaron desplazadas entre 1999 y 2012 según Codhes.

Y es que el Putumayo ha vivido directamente la guerra, pero también las afecciones de la explotación petrolera, de la tenencia de la tierra y de la bonanza cocalera. En esta puerta de entrada a la Panamazonía, recientemente declarada como distrito minero, la economía de la coca se hizo una economía de subsistencia como también sucedió con la minería artesanal de oro. Las razones invocadas por los pobladores para ello, son la falta de alternativas laborales y económicas viables, los pocos encadenamientos productivos de la economía del petróleo, además de la falta de titulación de las posesiones de tierra.

Una de las problemáticas más fuertes en el territorio es que la tierra no ha sido titulada. La posesión no ha sido legalizada a la mayoría de las personas, lo cual impide el acceso a créditos y a formulación de proyectos productivos y de comercialización.

También la minería artesanal se ha hecho una economía de subsistencia. Mientras viajábamos desde Puerto Asís hacia el corregimiento de Santa Lucía en el municipio de Puerto Guzmán, dos mineros venían comentando una reciente situación en que la Fiscalía y la Policía intentaron llevarse a varios hombres sorprendidos durante la actividad extractiva, ante lo cual los mineros respondieron rápidamente bloqueando la vía de acceso y encerrando la camioneta donde eran conducidos los capturados; lograron con ello su inmediata liberación. Dos hombres más que fueron capturados en el momento, dos días después ya estaban en libertad.

Y es que la minería artesanal se convierte en un conflicto más allá de la guerra. En la región esta actividad extractiva se ha empezado ha hacer ya con dragas y retroescavadoras alquiladas por los propios mineros. Se llegan a excavar franjas de 3m por 15m en solo quince días con excavadoras que cobran a los mineros 160.000 pesos corrientes cada hora. La minería ha dejado contaminadas ya quebradas y ríos como La Chorrera, El Jauno, la quebrada La Aguanegra que afluye hacia el rio Mandur, que a su vez desemboca en el río Caquetá. También es el caso del río Pacayaco, y la quebrada Oroyaco, que desembocan en el río Caquetá. Todo esto, que afecta el derecho humano al agua, es también consecuencia de la falta de alternativas laborales en la región. Los mineros artesanales exigen alternativas, pues para ellos el ejercicio de la minería se debe precisamente a la falta de ellas.

Sin embargo, la economía cocalera está en decadencia. El municipio de Puerto Guzmán es uno de los que más aumentó el área cultivada en coca en el Putumayo en los últimos años, pasando de 915has a 1.225has entre 2014 y 2015. Pero respecto a la bonanza y a la última década, el área ha disminuido. Debe tenerse en la cuenta que comercializar productos agrícolas en muchas zonas de la región resulta altamente costoso, al punto que no es viable.

Por ejemplo, para sacar un racimo de plátano de aproximadamente 32kg a comercializarlo desde un sitio de producción distante (cinco horas de viaje hasta el casco urbano del municipio de Puerto Guzmán), los costos de transporte e intermediación no dan para que sea una actividad productiva viable: el viaje en caballo desde el sitio cuesta aproximadamente 10.000 pesos por cada racimo y el viaje en carro para llegar definitivamente al lugar de comercio cuesta 2.000 pesos, para ser vendido en 20.000 pesos. Considerando que un racimo de plátano demora un año en ser cosechado y que en comparación con la comercialización de coca es poco rentable, esta estructura de costos incentiva la siembra y comercialización de hoja de coca. También ha sucedido que muchos de los cultivos que se han intentado promover como el caso del cacao, son cultivos no adaptables a las condiciones climáticas o de humedad del terreno.

Por otra parte, en el Putumayo Alto, región más cercana al departamento de Nariño, la problemática de la minería es la principal amenaza. El Gobierno Nacional desconoce la presencia cultural y territorial de comunidades indígenas, negando con ello su derecho constitucional a la consulta previa. En el territorio se proyecta la construcción de la variante San Francisco-Mocoa como parte del corredor vial que conectaría el puerto de Tumaco con Belem do Pará en Brasil, megaproyecto que además de las implicaciones ambientales amenaza el derecho constitucional a la consulta previa y la autodeterminación de las comunidades. En este caso, las comunidades indígenas más afectadas son Inga, Siona y Kamëntsá.

El argumento del Consejo de Estado para fallar en contra de una acción popular interpuesta en 2009 por miembros de la comunidad Kamëntsá, es que en el área de construcción y afección directa de la calzada no hacen presencia comunidades indígenas. Desconoce con ello la tradición milenaria de los pueblos indígenas en el cuidado del territorio ¿acaso cuántos metros al borde de una vía es el límite de presencia humana para experimentar la destrucción de un ecosistema? ¿no podría alegarse lo mismo en el caso emblemático de corrimiento de fronteras con Nicaragua en San Adrés, que tanto fervor chovinista despertó? ¿no significa nada la concepción ampliada del territorio, en tanto derecho de las comunidades asentadas miles de años antes de la colonización capuchina en la región? ¿cuáles son las fronteras de una nacionalidad indígena? ¿tres metros al borde de una vía, quinientos metros?

De fondo media una concepción productivista propia de los sujetos occidentales, incapaz de comprender una visión territorial ampliada de protección de la vida más allá de la subsistencia. Vale recordar que esta región es riquísima en agua. Mientras viajábamos notamos que las nubes se forman en la propia selva, que cada dos metros escurre agua de la montaña y que cada veinte metros hay un afluente e agua. El agua no es solo el elemento físico sino también su contexto eco-sistémico.

Hoy las comunidades temen la entrada de las petroleras y de megaproyectos minero-energéticos pues el Putumayo ha sido una de las reservas de petróleo más grandes del país y está ya declarado como distrito minero por el gobierno nacional. Debido a la guerra esa explotación se detuvo, pero con la paz se abren nuevas posibilidades para que se adelante sin más restricciones que la lucha por el territorio.

Nota: Este escrito informativo ha sido construido en su contenido gracias a los relatos de líderes sociales de la región.

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Adquisición telúrica de Monsanto por Bayer. El ocaso de los campesinos de Estados Unidos y el mundo

La industria agrícola global sufre un giro telúrico de alcances geopolíticos cuando se han escenificado varias megafusiones a los dos lados del Atlántico-Norte, sumadas a la repentina aparición de China.

La adquisicíón de Monsanto, reina de los polémicos transgénicos, por Bayer, consagrada a la industria farmacéutica, sacudió al mundo agrícola.

Si para Hugh Grant, mandamás de Monsanto, la adquisición por Bayer es un "matrimonio celestial", para los ambientalistas Amigos de la Tierra condensa un “matrimonio hecho en el infierno (https://goo.gl/Fznu06)”.

Werner Baumann (WB), el mero mero de Bayer, exulta que la mega-fusión "creará un líder global en agricultura", ya que constituye el género de "abordaje revolucionario (sic) en el sector que será necesario para alimentar al mundo", cuando se espera un crecimiento de 3 mil millones de personas en 2050 que habrá que alimentar.

Para WB no se trata de un recorte de costos, sino de "crecimiento e innovación de dos empresas que son muy complementarias en términos de cobertura regional y productos de portafolios".

Mas allá de que Europa se opone a los transgénicos –no se diga del choque de dos culturas empresariales y alimentarias–, la amalgama de Monsanto y Bayer, los dos principales vendedores de cultivo de algodón en EU, oligopolizará 70 por ciento de los acres de cultivo.

Con una inocencia que no le queda, la británica BBC cuestiona: “¿Cuál es exactamente (sic) el interés del gigante Bayer en Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo (https://goo.gl/n9JTpk)?”

Bayer no vende sólo aspirinas; "sus actividades van desde la producción e investigación de medicinas hasta semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética. Del negocio de la compañía alemana, 49 por ciento procede del sector médico. Del resto, 26 por ciento corresponde a su división especializada en materiales científicos (llamada Covestro), y 22 por ciento a lo que la empresa denomina ciencia de los cultivos", según BBC.

Su "interés en el negocio agrícola y su captura de Monsanto" –cuya marca tendrá que ser borrada de la faz de la tierra por el rechazo de ambientalistas y consumidores europeos por su laxa producción de transgénicos– radica en posicionarse como "líder agrícola global", ya que “la mitad del volumen de negocio del nuevo conglomerado –que será el mayor suministrador agrícola del mundo– estará relacionado con la agricultura”, a juicio de la BBC.

¿Cuál es la razón del giro brutal de Bayer de su principal enfoque farmacéutico?

Según el portal ruso Sputnik, “la compra de Monsanto se da en una época de reorganización en el sector agrícola mundial (https://goo.gl/NpXqmP)”.

En 1996 existían 600 empresas independientes de cultivo, cuya mayoría ha sido adquirida por seis grandes jugadores, tres de Estados Unidos (Monsanto, Dow Chemical y DuPont), dos de Alemania (Bayer y BASF) y uno de Suiza (Syngenta), que ahora controlan 63 por ciento del mercado global.

Las tres recientes grandes adquisiciones o megafusiones –las estadunidenses Dow Chemical y DuPont (130 mil millones de dólares); ChemChina y Syngenta (44 mil millones), y ahora Bayer/Monsanto (66 mil millones) “reducirá de seis a cuatro el número de jugadores globales en el sector agribusiness (https://goo.gl/NgTZ1n)”.

Llama la atención la quietud de la alemana BASF, que opera en más de 80 países con ingresos por 78 mil millones de dólares en 2015.

Nada nuevo bajo el sol agrícola cuando una de las tendencias inherentes a la globalización financiera es su oligopolización, cuando no su monopolización, como expuse desde hace 16 años en mi libro El lado oscuro de la globalización: post globalización y balcanización (https://goo.gl/JylqXV)”.

Es notorio el malestar de los medios anglosajones, como The New York Times y Financial Times, que ahora se propulsan como defensores de los agricultores y consumidores en Estados Unidos, cuando sus homólogos en el "México neoliberal itamita", Latinoamérica, África y Asia nunca les importaron un comino (http://nyti.ms/2cITuKR).

Según The New York Times, las cuatro principales adquisiciones del agribusiness en el lapso de un año "han creado la posibilidad de mayores costos para los agricultores", mientras Roger Johnson, presidente de la Unión Nacional de Agricultores de Estados Unidos, invoca en el desierto la amenaza a la "seguridad nacional".

The New York Times mueve el tapete del muerto en pleno periodo electoral para impedir la adquisición alemana de Bayer, que "ha capturado la atención de los legisladores y reguladores en Washington", ahora preocupados por sus regulaciones antitrust, que aplican en forma selectiva.

Por lo pronto, la implacable calificadora Fitch amenazó con degradar a Bayer, lo cual denota el malestar anglosajón.

La consolidación global, que tiende a un oligopolio de cuatro empresas –donde ha aparecido China, cuya estatal (¡ojo!) ChemChina adquirió a la suiza Syngenta–, se escenifica cuando los precios de los cultivos se han desplomado –en particular la soya y el maíz–, lo cual presagia el ocaso de los campesinos en el mundo, de por sí al borde de la extinción en países como el "México neoliberal itamita", totalmente (des)integrado al esquema agrícola estadunidense.

El aniquilamiento en el "México neoliberal itamita" de sus miserables campesinos –25 por ciento de la población (¡31 millones!), más de la mitad inactiva–, con un salario de muerte de 60 dólares al mes (https://goo.gl/FSSlST), antecedió la agonía similar de los agricultores de Estados Unidos, quienes han emitido su canto de cisne por la venta de Monsanto, sin contar la futura robotización agrícola con la participación de drones (aviones automatizados).

Y eso que Estados Unidos, superpotencia agrícola cabal, subsidia generosamente su sector agrícola con 956 mil millones de dólares (https://goo.gl/q9e8rq), casi el PIB nominal de México. ¿Cómo competir?

WB, mandamás de Bayer, comentó que necesitan el consentimiento de 30 jurisdicciones y la aprobación de los reguladores de EU, Canadá, Brasil y la Unión Europea. Es curioso que WB que no haya citado a México.

Se da por descontado que la disfuncional Comisión Federal de Competencia (sic) Económica del "México neoliberal itamita", franquicia del proyecto irredentista de Estados Unidos, obedecerá lo que ordene Washington.

Las muy bien lubricadas "comisiones" en el "México neoliberal itamita" –nidos parasitarios de su kakistocracia– nunca son escudriñadas por el Congreso ni por los ciudadanos, operan con opacidad, como la fracasada Comisión Nacional (sic) de Hidrocarburos, que encabeza el itamita Zepeda Molina, acoplada al entreguista Fondo Mexicano (sic) del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, donde destaca Federico Reyes-Heroles, que ni ha de saber de qué color es el "oro negro" que remata; ya no se diga el inolvidable SAM, que ni fue "Sistema" ni "Alimentario" ni "Mexicano" (https://goo.gl/9CqVy0) y que provocó una hambruna artificial en México, hoy totalmente capturado por los esquemas estadunidenses y, peor aún, arrumbado en la irrelevancia ante el giro telúrico de la oligopolización agrícola global.

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Publicado enEconomía
Jueves, 18 Agosto 2016 06:26

La tierra para las que la trabajan

La tierra para las que la trabajan

Cuentas que no cierran


Se calcula que existen en el mundo mil 600 millones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población), pero sólo el 2 por ciento de la tierra es su propiedad, y reciben el 1 por ciento de todo el crédito para la agricultura (1). En América Latina y El Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población rural asciende a 121 millones de personas. El 48 por ciento (58 millones) son mujeres que trabajan hasta 12 horas diarias a cargo de la huerta, de los animales, recolectando y cocinando alimentos, criando a niñas y niños, cuidando a personas mayores y a enfermas, entre otras tareas. De los 37 millones de mujeres rurales mayores de 15 años, apenas 17 millones son consideradas parte de la Población Económicamente Activa (PEA), y sólo 4 millones son consideradas “productoras agropecuarias” (cifras muy discutibles ya que consideran como productoras a las que generan mercancías para la venta, negando el aporte a la economía tanto del trabajo doméstico realizado por las mujeres, como las tareas de producción para el consumo propio, familiar y de las comunidades). Nueve millones son indígenas, hablan su propia lengua, y están sujetas a una doble o a veces triple discriminación, por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas (2).


Silvia Ribeiro, investigadora de ETC en México, ha llamado la atención sobre el hecho de que el 70 por ciento de la población mundial se alimenta de lo que producen campesinos, pescadores artesanales, huertas urbanas, todo lo que se denomina pequeña producción, pero que sólo disponen cerca del 20 por ciento de la tierra. Mientras tanto la publicitada agricultura industrial usa el 80 por ciento de la tierra, y el 80 por ciento de toda el agua y los combustibles que se usan en la agricultura (3). Esto desmiente los mitos de la “Revolución Verde”, que generó la creencia de que el agronegocio, los transgénicos y el uso masivo de agroquímicos iban a resolver los problemas de la crisis alimentaria mundial. Por el contrario, cada vez está más claro el aporte de la agricultura campesina frente al desafío del hambre de los pueblos, y también el papel de las mujeres en el sostén y reproducción de la misma.


Un estudio profundo sobre el acceso y propiedad de las mujeres a la tierra fue realizado por Magdalena León y Carmen Deere (4). Ahí se evidencia que las mujeres en América Latina, a pesar de ese rol fundamental en la agricultura, poseen menos cantidad de tierra en términos absolutos, y que cuando la poseen, es menos atractiva desde la perspectiva productiva y comercial. Señalan que existen distintas causas, como privilegios de los varones en el matrimonio, preferencia por los hombres en las prácticas de herencia, sesgo androcéntrico en los programas estatales de distribución y titulación de tierras, sesgo de género en el mercado de tierras en el que las mujeres participan de manera marginal, etcétera. Las mujeres trabajan de la mañana a la noche, pero en condiciones de profunda desigualdad y subordinación respecto a los hombres.


El patriarcado impone la división sexual del trabajo, e invisibiliza el trabajo de las mujeres. Escribieron los investigadores Isabel Larguía y John Dumoulin que la familia patriarcal se basa en la división de la vida social “en dos esferas nítidamente diferenciadas: la esfera pública y la esfera doméstica. La mujer fue relegada a la esfera doméstica por la división del trabajo entre los sexos, al tiempo que se desarrollaba a través de milenios una poderosísima ideología que aún determina la imagen de la mujer y su papel en la vida social. A partir de la disolución de las estructuras comunitarias y de su reemplazo por la familia patriarcal, el trabajo de la mujer se individualizó progresivamente y fue limitado a la elaboración de valores de uso para el consumo directo y privado. Segregada del mundo del plusproducto, la mujer se constituyó en el cimiento económico invisible de la sociedad de clases. Por el contrario, el trabajo del hombre cristalizó a través de los diferentes modos de producción en objetos económicamente visibles, destinados a crear riqueza al entrar en el proceso del intercambio. En el capitalismo, ya sea como propietario de los medios de producción, o como operador de los mismos por medio de la venta de su fuerza de trabajo, el hombre se define esencialmente como productor de mercancías. Su posición social se categoriza gracias a esta actividad, y su pertenencia a una u otra clase se determina según la situación que ocupe dentro del mundo creado por la producción de bienes para el intercambio. La mujer, expulsada del universo económico creador de plusproducto, cumplió no obstante una función económica fundamental. La división del trabajo le asignó la tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la economía, transformando materias primas en valores de uso para su consumo directo. Provee de este modo a la alimentación, al vestido, al mantenimiento de la vivienda, así como a la educación de los hijos. Este tipo de trabajo, aun cuando consume muchas horas de rudo desgaste, no ha sido considerado como valor. La que lo ejerció fue marginada por este hecho de la economía, de la sociedad y de la historia. El producto invisible del ama de casa es la fuerza de trabajo”. (5)


En el caso de las mujeres rurales, cuando hablamos de trabajo invisible nos referimos a ese trabajo doméstico no remunerado, y al trabajo productivo estricto, que no se registra en las cuentas nacionales porque se considera como una extensión de las tareas de reproducción biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. El cuidado de las huertas, de los animales, de las semillas, la recolección de frutos, la búsqueda del agua, son tareas no remuneradas, consideradas como no productivas, aunque provean de alimento, y hagan a las condiciones de sobrevivencia de millones de personas en el mundo.


La invisibilización del trabajo de las mujeres campesinas, que se basa en la naturalización de la división sexual del trabajo, favorece que este trabajo no sea recompensado económicamente, y contribuye a consolidar las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a la propiedad de la tierra, a los créditos, a la formación técnica. Resulta funcional a las políticas de reproducción ampliada del capital, de acumulación por desposesión, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en procesos de generación de máximas ganancias para las oligarquías y burguesías locales, para los procesos de extranjerización y privatización de las tierras y de todas las formas de vida.


Las propuestas de los movimientos de mujeres, campesinos y populares:


1. El reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres. Las mujeres indígenas y campesinas han llamado la atención sobre esta situación, y han formulado propuestas para superarla.


En Brasil, las mujeres del Movimiento Sin Tierra han realizado un largo proceso de debate, abriendo espacio para sus propuestas a través de iniciativas de acción directa que las visibilizan. En la tesis realizada por María Carballo López se relata: “La primera reivindicación de las mujeres dentro del MST fue que las mujeres sean reconocidas como agricultoras, ya que en los documentos lo que figuraba como profesión era la de ‘ama de casa’. La segunda de ellas es conseguir que todas tengan la documentación exigida en regla, como ciudadanas y como agricultoras, ya que era habitual que no la tuviesen, lo que repercutía en su reconocimiento para poder acceder a la tierra, a ayudas, a créditos y a los derechos que les corresponden como trabajadoras” (6). El Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, tuvo la necesidad de realizar campañas para exigir el reconocimiento de sus derechos específicos. En el estudio de esta experiencia (7) Roxana Longo recupera las voces de integrantes de este movimiento: “Recuerdo que en 1986, organizamos la primera caravana de 36 mujeres que fue para Brasilia. Cuando llegamos allá, los políticos nos dijeron: ‘qué es lo que quieren ustedes acá, si no tienen ninguna profesión’. Ni siquiera teníamos el reconocimiento como trabajadoras rurales. Entonces, se inicia toda una lucha por el reconocimiento de la profesión. La mayoría de las mujeres no teníamos documentos de identidad. No éramos reconocidas como ciudadanas, por lo cual iniciamos toda esta lucha que año tras año se fue fortaleciendo”. (Integrante del MMC —45 años).


Observamos una búsqueda interesante en el contexto boliviano, cuyo proceso proclama específicamente como objetivos la descolonización y despatriarcalización de la sociedad. En el informe realizado por el Estado Plurinacional de Bolivia se señala: “El sistema capitalista colonial patriarcal [...] se sostiene en la división sexual y jerarquizada del trabajo y la naturalización de los roles reproductivos y de cuidado como atributos y responsabilidades femeninas, con lo que el trabajo doméstico y de cuidado ha sido considerado no trabajo. De esta manera, el aporte de las mujeres a la reproducción de la vida, en términos económicos, sociales y culturales, ha sido invisibilizado y desvalorizado. Por otro lado, la carga de trabajo doméstico y de cuidado recae sobre la madre de familia y/o las mujeres en general. Esta visión ha invisibilizado el trabajo no sólo reproductivo sino también productivo de las mujeres, catalogadas bajo la categoría de “amas de casa” en los censos nacionales. Sin embargo, la Constitución Política del Estado en su Artículo 338 que dice “El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”, sienta las bases para implementar acciones específicas en este sentido” (8). El reconocimiento como Estado de estos aspectos fundantes de la cultura patriarcal, aún sin llegar a resolver lo que la misma significa en la vida cotidiana de las mujeres, es un paso adelante en la posibilidad de formular políticas públicas que tiendan a la búsqueda de soluciones profundas, en el mediano y largo plazo.


2. La valorización de la agricultura campesina. Frente a la crisis producida por el hambre de millones de personas en el planeta, viene siendo revalorizada desde distintas perspectivas la agricultura familiar. La FAO estableció el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). La Vía Campesina, pese a que hace críticas a las concepciones de la FAO, decidió sumarse a esta campaña, para realizar en el marco de la misma una intensa disputa de contenidos. En un documento de la CLOC se sostiene: (9) “No caben dudas de que esta declaración de FAO se da en un contexto de avances de los conceptos y propuestas que La Vía Campesina ha presentado a lo largo de los más de 20 años de lucha en todo el mundo. La FAO ha retrocedido sobre sus pasos, para volver a confiar en que sólo puede luchar contra el hambre de la mano de la agricultura campesina, indígena y familiar...”.


Aportan propuestas en esta dirección, activistas del ecofeminismo como Vandana Shiva que escribe en el libro Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia: (10) “La naturaleza y las mujeres han sido históricamente las proveedoras primarias de alimentos de la agricultura natural, que se basa en los flujos sustentables de fertilidad de los bosques y el ganado hacia las tierras de cultivo. El sistema alimentario siempre ha comprendido en sus procesos el sistema forestal y al sistema animal [...] El principio femenino en la producción de alimentos se basa en las íntimas uniones que existen entre árboles, animales y cultivos, y en el trabajo de las mujeres que mantiene esos vínculos. El trabajo de las mujeres en la agricultura, ha sido tradicionalmente una tarea de integración de la silvicultura y la ganadería con la agricultura. La agricultura que tiene como modelo a la naturaleza, y se basa en la participación de las mujeres con la naturaleza, ha sido autorreproductora y sustentable, porque los recursos renovados internamente suministran los insumos necesarios para las semillas, la humedad, y los nutrimentos del suelo y el control de plagas”.


En las comunidades zapatistas, es parte de su política la agricultura de subsistencia. En el apartado quinto de la ley revolucionaria de mujeres se dice: “Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación”.

¿Cómo asegurar este derecho a la alimentación? En el marco de la Escuelita Zapatista, reflexionan las mujeres del Caracol V, Roberto Barrios: “En la alimentación vimos que en nuestra zona no está lejos [...] que los mismos compañeros y compañeras debemos seguir la costumbre de nuestros abuelos, como vivieron antes, qué comieron, con qué se alimentaron [...] que no dejemos de sembrar lo que es nuestro, el chayote, la yuca, la calabaza...” (11).


El derecho a la alimentación está ligado a la agricultura tradicional, indígena, de sus pueblos, y se sostiene en el trabajo de las mujeres y en la recuperación de sus saberes.


La Declaración de la V° Asamblea de Mujeres de la CLOC propone en ese sentido: “Fueron nuestros saberes los que iniciaron la agricultura. Hemos seguido siendo a través de la historia las que hemos hecho posible la continuidad de la alimentación para la humanidad, las que creamos y transmitimos gran parte de los conocimientos de la medicina ancestral, y actualmente somos quienes producimos la mayor parte de los alimentos, a pesar de la usurpación de la tierra y el agua, y las múltiples políticas y programas que nos discriminan y atacan persistentemente. Hoy exigimos el reconocimiento de nuestros aportes a la producción y tareas de los cuidados y proponemos nuevas relaciones que nos permitan compartir la carga y la responsabilidad de todas ellas. Igualmente, reafirmamos la importancia de la agricultura campesina e indígena para el bienestar de toda la humanidad y la sustentabilidad económica y ambiental en el planeta. Sin agricultura campesina no hay alimentación y por tanto no habrá pueblos que sobrevivan”. (12)


3. Garantizar el acceso de las mujeres campesinas a la tierra. Dicen las mujeres de La Vía Campesina Internacional en la Declaración de Yakarta: (13) “Para nosotras las campesinas y las indígenas, la tierra además de ser un medio de producción, es un espacio y un ambiente de vida, de culturas y emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no es una mercancía, sino un componente fundamental de la vida misma, al cual se accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible, mediante sistemas de propiedad, acceso y goce definidos por cada pueblo o nación. La igualdad de hombres y mujeres en el acceso a la tierra es un objetivo fundamental para superar la pobreza y la discriminación. Suponer que el acceso a la tierra se debe lograr a través del mercado y como propiedad individual está muy lejos de representar las visiones y aspiraciones de las mujeres indígenas y campesinas”.


Están pensando en modos de acceso a la tierra que partan del reconocimiento a las luchas históricas de las mujeres por garantizar un modo de vida que no arrase con la cultura y la identidad de los pueblos, y que no acepta la destrucción de los bienes comunes en pos de las gigantescas ganancias del agronegocio y del capitalismo mundial.


4. La reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y la agroecología. En un artículo de la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Marina Dos Santos, se fundamenta la propuesta de la Vía Campesina de la Reforma Agraria Integral. “Es una forma de resistencia al modelo de agricultura capitalista del agrohidronegocio y del mineralnegocio, y propone un proceso de acumulación de fuerzas, teniendo como objetivo la construcción de un nuevo modelo de agricultura, centrado en las necesidades de los pueblos”. Sintetiza así los pilares de la reforma agraria integral y popular: (14)


a. Democratización de la tierra: garantías de que la reforma agraria no sea sólo distribución de la tierra sino acceso a todos los bienes de la naturaleza y de la producción en la agricultura. Esto comprende todo lo que está en ese territorio, como las plantas, bosques, aguas, minerales, semillas y toda la biodiversidad, prohibiendo el desarrollo de proyectos de extracción minera por parte de las empresas en los territorios distribuidos, porque los minerales deben utilizarse de forma sustentable para el beneficio de la comunidad y de todo el pueblo.


b. Organización de la producción agrícola: priorizar la producción de alimentos saludables para toda la población, garantizando el principio de la soberanía alimentaria, libres de agrotóxicos y de semillas transgénicas. Garantizar programas de soberanía energética en todos los territorios sobre la base de fuentes de energía renovables alternativas, como vegetales no comestibles, energía solar, hidráulica y eólica. Organizar la producción y comercialización sobre la base de todas las formas de cooperación agrícola.


c. Desarrollar una nueva matriz tecnológica de producción y distribución de la riqueza en la agricultura: exigir de los Estados políticas crediticias, investigación y financiamientos específicos para una producción agrícola basada en la agroecología y el aumento de la productividad del trabajo y las áreas en equilibrio con la naturaleza. Garantizar programas de reproducción, almacenamiento y distribución de las semillas nativas y agroecológicas de producción de los campesinos, insertos en el programa de soberanía alimentaria del país. Combatir la propiedad privada intelectual de las semillas, los animales, los recursos naturales, la biodiversidad y los sistemas de producción, como también combatir la producción y comercialización de semillas transgénicas y agrotóxicos en todos los países.


d. La industrialización y la política agrícola: desarrollar pequeñas agroindustrias dentro del país, asegurando agregar valor a la producción y generar más renta para la población campesina y promover un desarrollo equilibrado entre las regiones, así como desarrollar centros de investigación, cualificación técnica e intercambio de conocimientos, centrados en las actividades de la agroindustria y la preservación ambiental.


e. Educación: la educación es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas y sociales.


f. Luchas: sin un profundo proceso de lucha, organización y presión del conjunto de la sociedad, no será posible conquistar este proyecto de reforma agraria integral y popular.


La propuesta sistematizada por La Vía Campesina, constituye un auténtico programa no sólo para la agricultura sino para reorientar las economías sobre la base de los intereses no sólo de campesinas y campesinos, sino de los pueblos.


En los análisis realizados por mujeres líderes de movimientos campesinos de Paraguay, se puntualiza la necesidad que los contenidos de la Reforma Agraria Integral incluyan la Igualdad de Género, estando entre las propuestas realizadas en ese sentido (15):


* Implementación de un nuevo modelo económico productivo basado en la agroecología.
* Ocupación y recuperación de tierras con el protagonismo de mujeres y jóvenes.
* Mujeres líderes al frente de las ocupaciones.
* Tenencia de tierra para campesinos/as productores/as.
* Títulos de propiedad a nombre de las mujeres.
* Igual acceso individual y colectivo a títulos de propiedad.
* Tenencia colectiva de tierras para proyectos cooperativos.
* Nuevos modelos de asentamiento con liderazgo de mujeres, porque somos “administradoras de la vida”.
* Modelo de producción alternativo con participación de las mujeres en el diseño .
* Producción diversificada.
* Modelo de producción agroecológico.
* Recuperación de los valores culturales de nuestra alimentación.
* Comercialización e intercambio de la producción, a través de ferias permanentes en las comunidades.
* Incentivo a la producción de autoconsumo.
* Crédito para los pequeños productores y para modelos alternativos de producción.
* Acceso igualitario de hombres y mujeres al crédito para la producción.
* Seguro agrícola que cubra a hombres y mujeres productoras.
* Lucha contra las grandes empresas y por un mercado asegurado por el Estado.
* Mercados propios para que las mujeres puedan vender su producción y lograr su autonomía.
* Creación de cooperativas y asociaciones económicas que garanticen mercados a nivel nacional.
* Construcción de una cultura de respeto y valoración de los sectores campesino e indígena.
* Igualdad en el trabajo para hombres y mujeres campesinas e indígenas.
* Igualdad del trabajo productivo-reproductivo.
* Buena distribución de tiempo y forma de trabajo entre mujeres y hombres.


Acciones políticas


Participación de las mujeres en las discusiones políticas de las organizaciones y la ocupación de todos los espacios de poder. Se plantea la articulación de mujeres de diversas organizaciones campesinas e indígenas en un espacio común para el análisis y debate de acciones conjuntas.


La reforma agraria integral, la soberanía alimentaria, la agroecología, la defensa de las semillas, son propuestas que superan largamente la dimensión económica, para exigir cambios culturales en la sociedad. Cuestionan la base material de la propiedad privada de la tierra, sostenida en procesos de expropiación de los pueblos, y de concentración y centralización del capital, y de destrucción de la naturaleza, y al mismo tiempo, la subordinación de las mujeres en los procesos de redistribución de esa propiedad. Plantean discutir los modos de consumo, la relación campo-ciudad, y las maneras de entender la memoria ancestral de nuestros pueblos, para rehacer la vida en clave de emancipación y no de destrucción. Son parte de un proyecto de vida basado en la defensa y cuidado de los bienes comunes, de la cultura popular, de relaciones de solidaridad y no de explotación entre las personas y en la naturaleza. Aportan a la creación de una perspectiva feminista, socialista, de descolonización de territorios y cuerpos, que haga del encuentro entre las mujeres y la tierra un momento fundante de re-conocimiento de nuestras historias, nuestras identidades, y nuestros proyectos históricos como mujeres y como pueblos.


Fuente: Grain


Notas:


1 Rural Women’s Day, “Facts on rural women”, disponible en: www.rural.womens-day.org.
2 Marcela Ballara y Soledad Parada: “El empleo de las mujeres rurales, lo que dicen las cifras”, CEPAL – FAO, Santiago de Chile, 2009.
3 Entrevista realizada por la autora en mayo de 2016
4 Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina. Carmen Diana Deere. Magdalena León.
5 Hacia una ciencia de la liberación de la mujer. Isabel Larguía. John Dumoulin. Editorial Anagrama.
6 VEM, TEÇAMOS A NOSSA LIBERDADE. Mujeres líderes en el Movimiento Sin Tierra. (Ceará – Brasil). Tesis de Doctorado en Antropología Social y Cultural. María Carballo López
7 Publicada como libro: El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. Innovaciones y desafíos. Prácticas, sentidos y representaciones sociales de mujeres que participan en Movimientos Sociales. Roxana Longo. Editado por América Libre, 2012
8http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/bolivia_review_beijing20.ashx?v=1&d=20140917T100729
9 La CLOC – Vía Campesina en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. http://www.alainet.org/es/active/72077
10 Vandana Shiva. Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia. Red del Tercer Mundo.
11 https://www.vientosur.info/IMG/pdf/la_ley_revolucionaria_de_mujerescideci.pdf
12 http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39/2382-declaracion-de-la-v-asamblea-de-mujeres-de-la-cloc-la-via-campesina
13 http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones/1806-manifiesto-internacional-de-las-mujeres-de-la-via-campesina-2
14 http://www.alainet.org/es/articulo/168501#!slide
15 http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-de-mujeres-l%C3%ADderes-para-un-reforma-agraria-integral-cn-igualdad-de-g%C3%A9nero.pdf


Texto publicado en Resumen Latinoamericano

Publicado enPolítica
Sábado, 23 Julio 2016 08:37

Guerra disfrazada de consulta

Guerra disfrazada de consulta



La siembra de soya transgénica en la península de Yucatán es muy grave por gran cantidad de razones: viola derechos de las comunidades y pueblos originarios de la región, amenaza sus territorios y fuentes de sustento, como la apicultura; promueve la deforestación; implica un despliegue inusitado de agrotóxicos, con altos impactos a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad, y pone en riesgo un ecosistema único de suelos kársticos de alta permeabilidad, a cenotes y cuerpos de agua subterráneos, lo que a su vez llevará a alta contaminación del agua potable con glifosato, agrotóxico declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.

 

Algunos de estos factores y otros adicionales llevaron a que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el entonces Instituto de Ecología emitieran dictámenes negativos a la liberación de soya transgénica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas expresara una larga lista de serias preocupaciones al respecto. Pese a esto y contra la expresa oposición de comunidades, apicultores, técnicos y pobladores de la península, la Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) autorizaron a Monsanto en 2012 la siembra de 235 mil hectáreas de soya transgénica, en estos y otros estados del país.

 

Desde entonces, varias asociaciones de apicultores, comunidades y organizaciones no gubernamentales, que incluyen a la coalición MA OGM y Greenpeace, presentaron amparos contra este permiso. Las maniobras de empresas e instituciones gubernamentales implicaron un tortuoso camino que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a finales de 2015, resolvió suspender la siembra hasta que se realizara una consulta con las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán. Siendo un triunfo que la Corte reconociera que este aspecto había sido violado, el abogado Jorge Fernández Mendiburu señaló que era una victoria envenenada, porque el fondo de las demandas, por daños al ambiente y salud, habían sido descartados. Además, si no le son favorables, las autoridades pueden no tomar en cuenta el resultado de las consultas, como ha sucedido en otros conflictos en territorios de comunidades indígenas, como la tribu yaqui contra el acueducto Independencia, los rarámuri contra el gasoducto en Barrancas del Cobre y otros.

 

El proceso en Campeche y Yucatán que está en una primera fase de "acuerdos previos" sobre cómo realizar la consulta, está siendo desde ya objeto de burdos ataques y agresiones por autoridades, apoyadas por las empresas. La misión de observación que se constituyó a pedido de las comunidades, denunció que Sagarpa, Cibiogem y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas no respetan el proceso, convirtiendo lo que serían sesiones de información en actos de propaganda a favor de los transgénicos, permitiendo la entrada a agricultores y miembros de campos menonitas, a favor de los transgénicos, que crean un ambiente de amenaza. En Hopelchén ocuparon el lugar de la reunión, impidiendo de facto la entrada a las comunidades que deben ser consultadas (goo.gl/cNaFVd).

 

Greenpeace denunció también que algunos llegaron en camionetas de las trasnacionales semilleras (goo.gl/vG3L15).

 

Destacan en ese deplorable contexto las declaraciones de Yuri Peña, de Ecosur, presidente del Consejo Consultivo de Cibiogem –del que para muestra basta este botón–, quien instó en una de las reuniones a las comunidades mayas a "liberarse del miedo a los transgénicos", alegando que si Europa los rechaza es porque son ignorantes. Ante tal falacia de forma y contenido, más de 70 estudiantes de doctorado y doctores investigadores de Ecosur escribieron una carta pública, explicando que sus declaraciones no representan ni a esa institución ni a su comunidad científica y declaran que “...existe suficiente evidencia científica en cuanto a los riesgos potenciales que la siembra de transgénicos representa para la sociedad y en específico para la seguridad alimentaria, la economía y la naturaleza de México, así que llamamos a hacer uso del principio de precaución y no permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país”. Atinadamente agregan que si bien los científicos tienen un papel para "traducir honestamente temas complejos" para su compresión general, decisiones como ésta exigen tomar en cuenta muchas otras perspectivas y conocimientos (goo.gl/0GUF3b).

 

Mientras prosigue esta guerra disfrazada de consulta, en Quintana Roo, el juez sexto de distrito sentenció este año que también en ese estado se había violado el derecho a la consulta. Miembros del Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, integrado por indígenas, campesinos, apicultores y ejidatarios del pueblo maya del poniente de Bacalar, con el respaldo del Colectivo Apícola de los Chenes, EDUCE, la coalición MA OGM y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), ya presentaron un recurso de revisión de esa sentencia. Raymundo Espinoza, abogado en este caso y asesor de la ANAA, señaló que si bien es cierto que se viola el derecho a consulta –que aparece en todos los casos como un trámite que se puede subsanar para seguir adelante con la siembras– aludir sólo a este aspecto, pretende eliminar las cuestiones que preocupan a los pueblos. Por ello los demandantes impugnaron la imposición de una consulta, con el objetivo de que el tribunal reconsidere la anulación del permiso de siembra de soya transgénica, verdadero propósito de la demanda (goo.gl/4OkdCO).

 

No es lo mismo "consulta" que consentimiento previo, libre e informado. Y ninguna comunidad, ni campesino o apicultor maya consiente con los transgénicos.

 

 

 

*Investigadora del Grupo ETC

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Francisca Ramírez en una de sus fincas en la comunidad de La Fonseca, Nicaragua.

 

Francisca Ramírez es el símbolo de la lucha de los agricultores y ambientalistas contra la construcción de la obra interoceánica a cargo de una empresa china

 

Francisca Ramírez supervisa sus cultivos de tubérculos montada en una yegua. Esta campesina bajita, de piel morena quemada por el sol, da instrucciones a sus trabajadores, que arrancan del suelo uno a uno los bulbos, mientras explica los motivos que la llevaron a convertirse en la cara del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. La faraónica obra, valorada en 50.000 millones de dólares, es el sueño con el que el presidente Daniel Ortega espera tener un lugar destacado en la historia.


“Nací en una familia pobre”, dice Ramírez sin bajarse de la yegua. “Toda mi niñez fui pobre. Cuando crecí y tuve mis hijos, luché y trabajé para que ellos no pasaran por lo que yo pasé, para que tuvieran tierras donde trabajar, donde vivir”, agrega. “Esa es la lucha que he emprendido hoy, porque me ha sorprendido que este Gobierno haga una ley quitándonos lo que tenemos, lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. Quiere expropiarnos sin tomarnos en cuenta. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Nos tiran a la suerte”, explica la campesina.


El Gobierno del exguerrillero sandinista Ortega impulsó la aprobación de la Ley 840, la que entrega por 100 años la concesión para la construcción del canal interoceánico al empresario chino Wang Jing. El inicio de la obra se ha retrasado en dos ocasiones, en parte por la férrea oposición de los campesinos y organizaciones defensoras del medio ambiente, y porque aún no se conoce la lista de inversores dispuestos a participar en el proyecto.


El canal tendría una extensión de 278 kilómetros, atravesaría el país desde el Caribe hasta el Pacífico y permitiría el paso de cargueros de enorme calado, que ahora no pueden atravesar el Canal de Panamá, recientemente ampliado. La obra de ingeniería requerirá de enormes trabajos de excavación y la expropiación de terrenos, lo que afectaría a miles de nicaragüenses que habitan en la ruta del proyecto. Además, se construirían puertos, aeropuertos y zonas de libre comercio.


Ramírez se ha puesto al frente del movimiento que se opone a la obra, a la cabeza de decenas de manifestaciones en las que los campesinos exigen la derogación de la ley que entregó la concesión a Wang y el respeto a sus propiedades y su forma de vida. La campesina ha increpado a oficiales de la Policía Nacional que intentaron evitar una de esas marchas y hasta se enfrentó a un pistolero —un presunto policía—, que la amenazó en la oscuridad de la noche, mientras miles de campesinos se trasladaban hasta Managua para participar en una manifestación pacífica frente a la sede del Parlamento. Ramírez los animó a seguir el viaje.


En Nicaragua la llaman cariñosamente doña Chica, a pesar de contar apenas con 39 años. La pobreza de su juventud y el duro trabajo en el campo la hacen parecer mayor. Ramírez vive con su esposo y sus hijos en una lejana aldea llamada La Fonseca, en las fértiles tierras del Caribe nicaragüense, una región rica en recursos naturales que se vería afectada por la construcción del canal.


Esta mujer con apenas estudios básicos —no llegó a aprobar el tercer grado de primaria— es una próspera agricultora, comerciante y ganadera. Ramírez cuenta con tres fincas en las que cultiva tubérculos, jengibre y granos y cría ganado. Es también propietaria de dos camiones de carga en los que traslada el producto del campo a la ciudad. Son esas tierras las que doña Chica defiende ante la amenaza de la expropiación.


“El canal nos va a quitar la cultura de ser campesinos”, afirma Ramírez. “Aquí tenemos todo, producimos las tierras. Nos van a quitar los lazos familiares, van a hacer una zanja, van a destruir. Vemos que es este trópico húmedo el que quiere desbaratar el Gobierno, sentimos que esto nos va a traer perjuicios a todos los nicaragüenses. ¿Qué va a pasar si aquí Ortega le da toda el agua a este chino Wang Jing? Quiere decir que a él, más adelante, hasta el agua le podemos comprar”, lamenta.


—¿Qué le diría al presidente Ortega si pudiera verlo en persona?


—Que escuche al pueblo, que cuando el pueblo dice no, es no; y cuando el pueblo se decide a algo prefiere morir y no entregarse. Yo le diría que si es un Gobierno que quiere la paz en Nicaragua, que lo demuestre.

 


Sin temor a las represalías


Ramírez asegura que no va a claudicar en su lucha. No tiene miedo, a pesar de las amenazas que ha sufrido, según sus propias denuncias. En junio, cuando dejó su aldea para protestar en Managua, la Policía detuvo a un grupo de jóvenes —mexicanos, argentinos y costarricenses— que habían llegado hasta La Fonseca para enseñar a los campesinos a fabricar cocinas ecológicas. Fue ella quien se plantó ante las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial para exigir su liberación. También ha encabezado un movimiento para llevar alimentos a las regiones golpeadas por la sequía en Nicaragua, a pesar de que el Gobierno prohibió que los entregaran.


“Estoy dispuesta a morir, si es necesario. Lo he dicho siempre, con tal de que queden libres mis hijos y tengan una casa y una tierra dignas”, remata la campesina que planta cara al canal chino en Nicaragua.

 

 

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Valle del Cocora-Quindio

 

 

En la memoria de los pueblos


Hacia el año 2013 se realizó el Primer Paro Agrario, en ese trayecto un grupo de campesinos, líderes sociales y comuneros del departamento del Quindío asistieron con su presencia en el sitio denominado a la altura de Calarcá. Este encuentro geográfico y político permitió una gran participación y un derrotero para ir construyendo escenarios de vida. Se inicia la constitución de la Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindío (Astracaquin), quien bajo una reflexión colectiva sobre el territorio, participación, educación y política han gestado un trabajo organizativo alrededor de temas que tiene que ver sustancialmente con las implementaciones de un modelo neoliberal y sus cauces guerreristas :


-La población indígena, campesina víctimas del conflicto y la guerra que se ha propiciado en el Quindío,
-El tema de la mega-minería en el Quindío, donde la AngloGold Ashanti está detrás de la concesión minera en el municipio de Salento, bajo 3.142 has, poniendo en riesgo la palma de cera, símbolo nacional de Colombia que hace parte del Valle de Cocora, donde hace parte de un segmento del Parque Nacional Natural Los Nevados. El municipio de Salento provee de agua a los municipios de Circasia en un 70%, también a Armenia, Calarcá, La Tebaida.
-La penetración y la explotación agroindustrial de la compañía multinacional Smurfitt Kappa Carton Colombia a los territorios, básicamente en la microcuenca “Las Pizarras” que abastece el acueducto de Pijao,
- El gran deterioro y desequilibrio urbanístico que se ha gestado en el departamento del Quindío,
-La implementación de la Zidres en contravía a lo acordado en la mesa de dialogo de la Habana sobre las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC)
- La implementación represiva del Código Nacional de Policía, bajo una ley de gran dispositivo represor que va en contravía de la vida de cada uno de los colombianos y de la protesta social como mecanismo de expresión democrática.

 


Resistencia y avances sobre el territorio


“El movimiento campesino al servicio de los campesinos y no de los terratenientes”
Líder popular Quindiano- Astracaquin

 

El día 9 de Julio en Armenia se llevó a cabo bajo la convocatoria de Astracaquin: Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindíoel: “Pre-encuentro de campesinos Víctimas e Indígenas en el Departamento del Quindío –en la ciudad de Armenia”– allí se permitió trabajar en reflexión colectiva diversos temas como territorio, educación y política:


Astracaquin, ha venido configurando temas sociales bajo un gran debate con la comunidad en los diversos territorios del Quindío. En este evento del 9 de julio Astracaquin, configuró de manera participativa bajo una gran propuesta colectiva con la población campesina de los municipios de Buenavista, Montenegro, Calarcá, Charalá, Palogordo, Quimbaya, Circasia , Finlandia y con presencia de población de algunos barrios de Armenia, como un grupo de indígenas de la etnia Embera Chami de desplazados. Así de manera gradual, organizada y reflexiva la comunidad realizó un pronunciamiento el día 9 de julio sobre los siguientes temas como continuación del trabajo:


1-Se solicita a la Mesa de diálogos de La Habana, se conceda una audiencia a una delegación de campesinos del departamento del Quindío encabezados por líderes de Génova y la Tebaida.
2- Apoyo a la consulta popular contra la Mega-minería en el departamento del Quindío.
3- Continuar la organización e impulsar la Cumbre social y popular del Quindío- 2016
4- Fortalecer el Cabildo Abierto sobre el tema del incumplimiento institucional a las víctimas de la población en el departamento del Quindío.


La Declaración de los puntos anteriores dados por Astracaquin, como organización colectiva, muestran el gran compromiso alrededor de los asuntos que están afectando a la población y bajo temas de gran sensibilidad territorial que afectan el departamento del Quindío. Ello permite que se avance de manera organizada y se abra un debate y se continué bajo una gran reflexión para hacer validar los derechos de los territorios y de una población que aún no sale de las graves injusticias sociales en que se encuentra sumergida por el gran trazo del modelo neoliberal y las tenazas ideológicas fascistas que de manera soterrada viajan por la cordillera Central.

 

 

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Sábado, 09 Julio 2016 08:23

Al sustituir la eficiencia cocalera

Al sustituir la eficiencia cocalera

 

En víspera del inicio -este 10 de julio- del piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, bien vale felicitar a las valientes familias del Orejón y veredas aledañas, quienes afrontan este estratégico plan. Resaltando que en la mesa de La Habana, se acordó iniciar su implementación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

Estos campesinos enfrentan todo el catálogo de falacias fabricado por la guerra antidroga, como ejemplos : una mitomanía rancia y una reciente. En 1984 -en repetición goebbeliana- el embajador Tambs acuñó el mito de la “narco-guerrilla” que a punta de fusil obliga campesinos a cultivar coca. Desde 2014, la ONUDC repite que las 2/3 partes de los cultivadores hoy venden hoja de coca en finca, absteniéndose de agregar valor.

 

Cuando el poder global fabrica mitos, lo hace por algo.

 

En primer lugar cuando inventa el mito del cultivador obligado, esconde las causas que arrastran al campesinado hacia los cultivos declarados ilegales. Estas son:

 

1. Históricamente el Estado ha eludido el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, porque coludido con el latifundio y usando guerra o “reforma agraria”, ha desplazado a los campesinos hacia baldíos selváticos.

 

2. Se desplaza hacia tierras aisladas y lejanas sin presencia del Estado, donde no hay salud ni educación, y tampoco hay vías para sacar los productos legales al mercado.

 

3. Estos territorios tienen suelos de baja calidad o vocación agrícola diversa, que limitan o impiden el cultivo y cría de especies normales dentro de la frontera agrícola. Pero estos suelos selváticos, aceptan bien especies amazónicas como la coca.

 

4. Gracias al neoliberalismo, los cultivos y crías legales tienen competencia desleal de productos importados desde países que subsidian las mercancías agropecuarias.

 

En segundo lugar el mito de la no agregación de valor, esconde las características de eficiencia productiva que tiene la economía campesina cocalera. Estas son:

 

1. La cercanía al ecuador geográfico, y su origen amazónico, provoca la rápida rotación del cultivo de coca, siendo 6 cosechas anuales nuestro promedio. Ningún otro cultivo genera ingresos bimestrales.

 

2. El inicio del proceso transformador de la coca -el que va de hoja a pasta básica de cocaína PBC- se realiza en el campo. Al margen de ser ilegal, esto es una conquista de la economía campesina, que así se apropia parcialmente del valor agregado.

 

3. En esa parte del proceso, la tasa media de reducción del volumen es 550 veces: de una arroba de hoja se obtienen en promedio 22 gramos de PBC. La producción de 1 ha promedia 50-70 arrobas de hoja de coca por cosecha, entonces su producido se puede transportar en los bolsillos del acopiador rural, y así sacarlo desde territorios sin vías.

 

4. La propaganda reza que el exorbitante precio de la cocaína en el mercado terminal, llega a los cultivadores. Al contrario -en 25 años, y en los 3 países productores Bolivia, Perú y Colombia- el PBC ha mantenido un precio rígido, oscilando en torno a 700 dólares por kilo. Al cultivo no lo estimula un precio alto, sino uno estable que cubre los costos de subsistencia, algo anormal para la economía campesina legal.

 

Si consideramos las causas y características económicas descritas, se concluye que el producto sustituto debe ser competitivo frente a la eficiencia de los cultivos de uso ilícito. Algunas sugerencias para una sustitución competitiva:

 

1. La participación debe superar lo formal, llegando hasta la consulta previa campesina, que respete sus diversidades. Solo los campesinos organizados podrán garantizar se cumplan los cronogramas de sustitución y no resiembra. Vale imitar la herramienta de Control Social boliviana, cimentada en la alianza de cocaleros y gobierno.

 

2. Las familias expulsadas fuera de la frontera agrícola, ayudadas por los cultivos de uso ilícito crearon nueva frontera. Su organización garantiza que no sean de nuevo despojados, o que a cambio los relocalicen en los valles fértiles interandinos y caribes.

 

3. Los programas de sustitución deben incluir acciones formativas para reconvertir laboralmente los recolectores, y asistencia técnica para los nuevos cultivos.

 

4. Las zonas aisladas y lejanas deben recibir inversiones en salud y educación, también en vías y comunicaciones, y así garantizar el acceso al mercado.

 

5. La pobreza de los suelos que asientan mayormente los cultivos de uso ilícito, necesita de financiamiento público de nutrientes, para poder superar gradualmente tales condiciones. Las hojas de coca son un fertilizante natural.

 

6. En algunas zonas la coca es el producto con más rendimiento o el único que rinde. En áreas especiales se puede adelantar la sustitución del uso, como en Bolivia, Perú y el Cauca, con derivados alimenticios, medicinales, forrajeros y fertilizantes.

 

7. Ningún cultivo tiene tan rápida rotación como la coca. Con escalamiento de siembras y cosechas, y manejo financiero, se pueden conseguir ingresos bimestrales con otros cultivos. No hay un producto único, se debe identificar el aplicable en cada región.

 

8. La transformación en el campo, es imprescindible para la sustitución eficaz, el subdesarrollo equivale a no agregar valor. Además estas agroindustrias tienen que ser propiedad cooperativa del campesinado.

 

9. La agroindustria también garantiza reducir el volumen del producto, y así que los ingresos campesinos no se diluyan en el transporte hasta una fábrica citadina.

 

10. La estabilidad y seguridad de precios que cubren los costos en los cultivos de uso ilícito, se deberá conseguir en cualquier plan de sustitución.

 

La Reforma Rural Integral, podrá beneficiar a las familias con cultivos de uso ilícito, cuando se neutralicen paramilitarismo y narcotráfico, sino estos sabotearan la sustitución con dinero o violencia. También saboteará el neoliberalismo, al hacer competir a nuestros campesinos vs. granjeros norteamericanos y europeos subsidiados.

 

La demanda mundial de cocaína se suple con la oferta de los tres países productores. De eliminar alguna de estas ofertas, aparecería en otro lugar, porque al estar prohibida su producción genera ganancias extraordinarias y violencia. Así que toda solución será parcial, mientras no se regule democráticamente el mercado. La sustitución voluntaria campesina tendrá que enfrentar estos riesgos.

 

 

 

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