Bolivia, Colombia y Perú son los principales productores mundiales de coca y también de su derivado ilegal, la cocaína.
El número de hectáreas sembradas pasó de 69.000 a 96.000, una de las cifras más altas de los últimos años

 

Nuevamente Colombia registra un amento en el número de cultivos ilícitos. En los últimos tres años las cifras han mostrado un crecimiento constante. Entre 2014 y 2015, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hubo un incremento del 39% en hectáreas sembradas. La cifra pasó de 69.000 a 96.000. Un número comparable con el que se registró en el año 2007, cuando llegó a 99.000 hectáreas. Una de las más altas en la historia reciente del país.

 

Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la explicación al crecimiento de los cultivos de coca se debe principalmente a la suspensión de la fumigación aérea y a factores climáticos. Según Villegas, la nueva política antidrogas tendrá como misión la disminución y erradicación de estas plantaciones, a través de la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual, sobre la que aseguró que se están probando nuevos métodos. Según el Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año se han incautado más de 160 toneladas de cocaína, destruido 3.000 laboratorios y suprimidas 10.178 hectáreas, de las 16.000 que se tienen proyectadas para antes de que termine el 2016.

 

Las cifras, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen unos meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, autorizó el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos pero solo de forma terrestre. Un año antes, la misma instancia había determinado que no se podría usar de ninguna manera, pero ante el aumento de cultivos tuvo que revertir la decisión. La fumigación bajó de 50.554 hectáreas en el 2014 a 28.075 en el año siguiente.

 

El informe señala que cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada y en solo un municipio de estos (Tumaco, en Nariño) hay al menos 16.000, que representa el 17% de lo que se produce en todo el país, en donde del 2013 al 2104 pasó de 48.189 hectáreas a 64.132. “Esto indica que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas deben seguir siendo las mismas”, apunta la ONU, que también registra que tres departamentos están libres de coca. Caldas, La Guajira y Cundinamarca completan cuatro años sin cultivos.

 

“Al suscribirse el acuerdo final con las FARC, los temas relacionados con narcotráfico deberán registrar progresivamente un mejor desempeño”, dijo Villegas, al referirse a uno de los compromisos que ha asumido esta guerrilla en el marco de los diálogos de paz y que se trata de la erradicación por de cultivos en zonas donde han tenido influencia. En Briceño (Antioquia) se adelanta un plan piloto para ello.

 

 

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Lunes, 27 Junio 2016 06:51

Mucho más que resistencia

Mucho más que resistencia

Apenas el sol se despereza y ya trajinan por la plaza campesinas y campesinos que de muchos rincones de Paraguay traen sus semillas y plantas de maíz, porotos, zapallos, plátanos, mandioca, batata, yerba mate, ka´a he´e (stevia) y otras hortalizas y hierbas medicinales. Hay emoción y orgullo, cuando van formando con calma y constancia campesina la ronda de mesas alrededor de la Plaza de la Democracia en el centro de Asunción. Heñoi Jey Paraguay (Germina de nuevo Paraguay) es el nombre de estos encuentros de intercambio de saberes y semillas que cada vez crecen más. Entre charla y matecito van poblando las mesas decenas de variedades de semillas campesinas de muchos alimentos y medicinas. No falta el maíz rojo, azul, blanco, amarillo, pinto, cuya vista alegra el corazón, testimonio vivo de cuántas culturas lo cuidan y a cuántos alimenta por todo el continente.


Este año, la feria es parte del evento “Alimento sano, pueblo soberano”, que incluye discusiones, teatro, música, convocado el 24 y 25 de mayo entre 20 organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos, de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, (Conamuri, miembro de La Vía Campesina), BASE IS, Serpaj, el Instituto Agroecológico IALA Guaraní, la plataforma Ñamoseke Monsanto (“Fuera Monsanto”, amplia red de organizaciones contra los transgénicos) y otras.


El entusiasmo es tangible y no es para menos. Ha sido un trabajo de paciencia, creatividad y resistencia tejer esta amplia coordinación de movimientos y organizaciones, en un país que pese a la fachada de realizar elecciones, es una dictadura de facto de grandes terratenientes, latifundistas y trasnacionales de agronegocios. Que el evento sea en la “Plaza de la Democracia” es todo un símbolo. Aquí se muestra quienes son los que de verdad la construyen, a pesar de la represión que impera después del llamado “golpe blando” contra Paraguay en 2012. Son pueblos indígenas, campesinas y campesinos sin tierra, o con un pedacito donde a contrapelo siguen plantando y alimentan a la mayoría, organizaciones civiles de abajo, comunidades urbanas.


Bernarda Pesoa, campesina del pueblo indio Qom, de Conamuri, abre el evento. “Es el trabajo de las campesinas y campesinos lo que nos da una alimentación sana, pero no se trata sólo de comida”, dice Bernarda, “Toda la naturaleza es parte de nuestra vida.

¿Qué sería de nosotros sin maíz, sin maní, sin mandioca, qué sería del Chaco sin algarrobo? Cultivando la tierra, multiplicando nuestras semillas nos alimentamos y alimentamos las resistencias. Estamos en lucha para recuperar las tierras que invaden los agronegocios, la soya transgénica, los ganaderos, el narcotráfico. La tarea es grande, pero aquí estamos. Hay que cuidarnos, formarnos y seguir organizándonos. No sólo resistimos, también avanzamos, recuperamos semillas y variedades, cultivamos alimentos sanos, con nuestras formas campesinas y de agroecología”.


El 86 por ciento de la tierra en Paraguay está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, explica Marielle Palau, de BASE IS.

Son latifundistas que cada vez crecen más, porque los poderosos de Paraguay invaden tierras públicas y se quedan con ellas impunemente, protegidos por el Estado y sus corruptos aparatos judiciales y policiales. Más de 20 por ciento del territorio paraguayo son estas “tierras malhabidas”, que han sido adjudicadas a familias y empresas poderosas en procedimiento irregulares, como documentó la Comisión de Verdad y Justicia. Muchas de estas tierras ya eran o podrían ser destinadas a la reforma agraria. Al otro extremo el 91,4 por ciento de la población rural, que es campesina, tiene solo 6 por ciento de la superficie agrícola. Hay miles de campesinos sin tierra y cada vez más expulsados de sus tierras por el avance del agronegocio, por monocultivos interminables de soya y maíz transgénico donde aplican cantidades ingentes de agrotóxicos.


La masacre de Curuguaty es un claro ejemplo de la situación en Paraguay. El 15 de junio de 2012, un brutal operativo policial dejó 17 personas muertas, 11 campesinos y 6 policías, luego de que 300 policías con armas de grueso calibre atacaran a 65 hombres, mujeres y niños campesinos sin tierra, que ocupaban pacíficamente el predio Marina Kué, en tierra pública aprobada oficialmente para entregar como parte de la reforma agraria. El día anterior, una empresa privada había reclamado ante un juez que esa tierra era suya, y pese a no tener titularidad, el juez ordenó el desalojo, que se ejecutó inmediatamente, con lujo de violencia. Sin prueba ninguna de que los campesinos usaran armas, la policía alegó que fue un “enfrentamiento”. Encarcelaron a 11 campesinos, que cuatro años y varias instancias judiciales corruptas después, siguen en prisión aunque no hay pruebas contra ellos. Por el asesinato de los campesinos en Curuguaty nadie ha sido acusado. La muerte de policías –que seguramente fueron asesinados por los de su propio cuerpo– se usó para llevar a juicio político y deponer a Fernando Lugo, entonces presidente de Paraguay, que había muy tímidamente intentando salirse un poco del guión de los latifundistas y trasnacionales del agronegocio.


Se podría decir que ese fue el primer golpe de estado de Monsanto –a través de sus aliados agro-ganaderos– ya que durante la presidencia de Lugo, se habían detenido las aprobaciones de transgénicos y en particular, de maíz transgénico. Como relató Miguel Lovera, que era director del Senave en ese entonces, apenas se consumó el golpe, se autorizó, sin pasar por ningún trámite de evaluación de “bioseguridad”, la siembra de varios eventos de maíz transgénico en Paraguay y en 4 años hay más de 20 tipos de soya y maíz transgénico plantados.


Estas plantaciones han sido devastadoras en el país, porque además conllevan, agrega Marielle Palau, que Paraguay aplica 9 kilogramos de agrotóxicos per cápita anualmente, una cifra que incluso supera las cantidades brutales que se usan en Brasil y Argentina, que están entre las más altas del mundo.


Las transnacionales que dominan la agricultura industrial en el mundo son cada vez menos y con más poder. Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow, Basf planean fusionarse y ser solo tres, que controlarán las tres cuartas partes de los agrotóxicos y más del 60 por ciento del mercado mundial de semillas. De agronegocios, latifundistas a empresas, la ambición de lucro y la falta de escrúpulos para devastar la naturaleza no parece tener límites.


Una empresa suiza de biología sintética, Evolva, junto a la gigante de agronegocios Cargill, está ya trabajando para hacer de la ka´a he´e, planta ancestral del pueblo Pai Tavyterá (que conocemos como el edulcorante “stevia”) una versión sintética fabricada por microbios manipulados genéticamente. Planean venderla como “producto natural”, usando su origen indígena como propaganda.


Todo forma el contexto de impunidad, represión, corrupción, abusos y envenenamientos en Paraguay. Por eso el tejido de las organizaciones para lograr establecer esta feria y foro en la capital, se aprecia aún más. Contrasta la vida que canta que en cada mesa campesina, en los encuentros y las muchas intervenciones, la mayoría en guaraní, de las y los participantes.


Para acompañar esta manifestación de resistencia y creación llegaron también organizaciones de los países vecinos. Márcio Zonta, del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, continúa la línea que une los puntos marcados por los golpes de estado en el continente.

Los movimientos populares de todo Brasil han respondido fuertemente al reciente golpe “judicializado” en ese país y la organización crece cada día, así como también lo hace la represión y la violencia contra ellos, desde encarcelamientos a asesinatos. Aún así, paradójicamente, el golpe provocó que los movimientos se fortalecieran y sobre todo, la colaboración mutua, donde crece la interacción entre mujeres, jóvenes, trabajadores, trabadores sin tierra. Su movilización ha conseguido mostrar que la corrupción de los que llevaron a cabo este golpe sea cada día más evidente, y sobre todo, que se trató de una farsa para facilitar el ataque violento contra los derechos de todos esos grupos sociales y movimientos. Tampoco en Brasil se trata sólo de resistencia. Es también una recomposición de proyecto de sociedad desde los movimientos.


Claudia Korol, de Pañuelos en Rebeldía, Argentina, recuerda que cuando el golpe de estado en Honduras que inicia esta nueva ola de golpes en 2009, las compañeras de ese país decían “¡Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres!”, un lema que seguimos afirmando. El cuestionamiento del patriarcado, de la violencia y del machismo es parte fundamental de todas las luchas, un punto que también es central para Conamuri y Via Campesina. Ante la nueva realidad neoliberal con Macri en Argentina, mucha gente ve que para poder comer será necesario volver a las ollas comunes, a los comedores populares, a las huertas comunitarias. Claudia desafía y exhorta “Pero tenemos que pensar qué llevamos a la olla, qué plantamos en la huerta, qué ponemos en la mesa de los comedores populares. Porque estas estrategias de “sobrevivencia”, en realidad no son tales, es como “retroceder avanzando”, una oportunidad de avanzar en las formas de relación y culturas que queremos, cuestionando el patriarcado, rechazando transgénicos y agrotóxicos, al tiempo que plantamos semillas de diversidad, construimos relaciones solidarias, de autogestión y comunidad. No es sobrevivir, es vivir. Con semillas libres, cuerpos libres, territorios rurales y urbanos libres, sin esperar a que nos den permiso”.


La agricultura, dice Carlos Vicente de Grain, Argentina, comenzó cuando una campesina por primera vez guardó una semilla de una planta silvestre y la sembró. Y de allí, por todo el mundo, durante miles de años y hasta hoy sigue el diálogo de las mujeres, campesinos y pueblos con la naturaleza, que es lo que sigue sustentando a la mayoría de la población mundial. “La semilla es el corazón de la soberanía alimentaria”, cita Carlos una frase de Francisca “Pancha” Rodríguez, de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Chile, Via Campesina.


Así, mientras en la feria se van intercambiando las semillas, cada uno y una que habla, fue construyendo este encuentro, trayendo no sólo su palabra, sino la presencia y saberes de muchas y muchos más, que por todo el mundo andan sembrando.

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Viernes, 24 Junio 2016 16:07

Una vez más el campo en movilización

Una vez más el campo en movilización

Desde el pasado 30 de mayo, más de 118.000 integrantes de comunidades campesinas, afros, indígenas, más ambientalistas y estudiantes, entre otros sectores populares, salieron a las calles y carreteras. Con consigna a lo largo de 23 departamentos y 61 municipios del país. Exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el año 2014.

Las luchas agrarias recientes, desde el paro agrario de 2013, cobraron relevancia por hablarle al país de la aguda crisis que atraviesa el campo. Por su histórica e injusta concentración de la tierra, como por efecto de la apertura económica de 1990 (ver recuadro).

Exigencias y movilización

La hora cero para la más reciente de estas luchas, la Minga Nacional, Campesina, Étnica y Popular, (nombre de la movilización impulsada por Cumbre Agraria), fue el 30 de mayo. Ese día, las organizaciones de la Cumbre Agraria empezaron a bloquear vías como la Panamericana, en el Cauca; y la Ruta del Sol, a la altura del Cesar. Otros copamientos de territorio llegaron con el paso de los días (ver mapa).

La disputa también era protocolaria: un día después, el 31 de mayo, la Minga envió al presidente Juan Manuel Santos una carta. Un reclamo por el incumplimiento de los acuerdos firmados años atrás, la puesta en marcha de una ruta que avance en la negociación de los puntos del pliego de Cumbre Agraria, priorizados en la anterior movilización, que están estancados. Incumplidos por falta de compromiso gubernamental, y la lentitud del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la aprobación de los proyectos productivos para las comunidades, que son producto de innumerables argumentos técnicos y jurídicos. Asimismo, de los proyectos de infraestructura agropecuaria bajo la formulación del Pnud. También, reclamar ante la violación sistemática de los derechos humanos y la negativa de vincular activamente a estos sectores sociales a los diálogos de paz.

La carta al Presidente tiene adjunto el pliego de movilización, que fue acordado entre las organizaciones participantes de la Minga. Sus 7 puntos gruesos son:

1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial.

2. Sector Minero-energético, ruralidad y agua.

3. Economía propia.

4. Derechos humanos y paz.

5. Incumplimiento de acuerdos.

6. Comunicación y derecho a la información para la paz.

7. Relación Campo-Ciudad.

Cada uno de estos puntos contempla diversas exigencias, revelando la complejidad de la situación agraria y de la negociación con el Gobierno.

La dinámica de esta movilización fue intensa desde un primer momento. No dejó dudas sobre su vocación y potencial. Como siempre la represión oficial trató de menguarle cohesión y fuerza, y para el 2 de junio la protesta ya contaba con un saldo de varios muertos, decenas de heridos y de encarcelados. Sin embargo la violencia no pudo romperla. Entonces el 4 de junio sucede el primer acercamiento oficial con el gobierno nacional, una reunión llevada a cabo en la ciudad de Cali, donde estuvieron los ministros de Interior –Juan Fernando Cristo–, de Agricultura –Aurelio Iragorri–, de Posconflicto –Rafael Pardo–, los senadores Iván Cepeda, Luis Evelis Andrade, Alberto Castilla, y Dilian Francisca Toro –gobernadora del Valle del Cauca–; además de la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Este primer contacto arrojó acuerdos en 1) garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta social, no más agresiones de la fuerza pública, 2) reactivación de la Comisión de Derechos Humanos, 3) propuestas para la instalación y metodología de negociación para el inicio de la Mesa Única de Negociación –6 de junio–.

No más que firmas y papeles al viento, pues más duró la reunión que el incumplimiento del Gobierno en materia de represión y derechos humanos. La reacción popular no tardó y los voceros de la Minga anunciaron: Si no cesa la arremetida violenta de las fuerzas gubernamentales, no se instalaba la Mesa. La presión por parte de ambos sectores creció las comunidades fortalecieron su presencia en las vías y el Gobierno arremetió con todo: el saldo de heridos y detenidos aumentó en todas las regiones, junto con intimidaciones de diverso orden. Un embate que no destruyó la decisión de lucha de quienes ocupaban vías y con dignidad levantaban voces de esperanza. Por los medios de comunicación el Gobierno con engaño insiste en su voluntad de diálogo. Hace lo contrario.

Pero no sólo “borra con el codo lo hecho por la mano”, también conspira para romper al movimiento social, es así como los ministros Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorri llegan el día 8 de junio a un acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– para despejar la vía Panamericana. Estaban convencidos que procediendo así, que desconociendo a la Comisión negociadora de la Minga Agraria, rompían el movimiento, enfrentando indígenas y campesinos. Cálculo errado, pues la vía prosiguió bloqueada, lo que evidenció que la dirección y capacidad de mando descansaba en la Comisión negociadora. El supuesto acuerdo y su desconocimiento dejó al desnudo la contradicción existente entre el Cric y la Acin.

Con “el rabo entre las piernas”, el Gobierno insiste en lo de siempre: “si la vía Panamericana no queda despejada no iniciamos negociación”. No hay quien ceda; el diálogo queda congelado, sin embargo la acción de diversos mediadores logra lo más difícil: la Minga anunció el 8 de junio el gesto de abrir un carril de la Panamericana por espacio de 5 horas. Su efecto es inmediato, y los sucesos se suceden de manera rápida: el 9 de junio, desde el Consejo Comunitario de Quinamayó (Cauca) las partes anuncian el inicio de la Mesa Única de Negociación, por instalarse el 10 de junio a las 9 am en el municipio de Santander de Quilichao, y la vía que antes estaba desbloqueda por 5 horas ahora lo estará durante 36.

Las horas del día 10 corren de manera rauda, y tras intensas discusiones surge un acuerdo en materia de garantías; el Gobierno asume el compromiso de publicar un comunicado reconociendo la legítima protesta de la Minga Nacional, dará instrucciones a la Policía y al Ejercito para que no impidan las movilizaciones pacíficas, declara el funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos de manera permanente –para darle solución a las detenciones y judicializaciones de manifestantes de las protestas de los años 2013, 2014 y 2016–, entre otros aspectos. El 11 y 12 de junio la negociación se torna de carácter sectorial (campesinos, indígenas y afrocolombianos) y temática:

1. Tierra, territorios colectivos, economía propia y cultivos de uso ilícito.

2. Paz, participación y derechos humanos.

3. Sector minero-energético, medio ambiente y agua.

En las horas de la tarde del 12 se realiza una asamblea de la Mesa Única y en plenaria se define la ruta para debatir posteriormente el bloque temático Relación campo-ciudad, se discute sobre los acuerdos incumplidos, los mecanismos de cumplimiento y la refrendación con el Presidente Juan Manuel Santos. Finalmente, la Minga llega a acuerdos con el gobierno nacional, consignados en diez actas1 y la movilización es levantada. Dentro de los acuerdos resalta, en materia minera, la apertura de una Comisión Nacional para el análisis de los títulos de explotación y exploración de mineras e hidrocarburos, así como la construcción de un mecanismo para la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la revocatoria de licencias.

Derechos humanos

La violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en los días de la Minga Nacional fue clara; asesinato de 3 comuneros indígenas (Gersaín Cerón Tombe, Marco Aurelio Díaz Ulcue, Willington Quibrecama Nequirucama), aprehensión de 172 personas, judicialización de 141, 211 heridos, labores de inteligencia ilegal. Amenazas de paramilitares a líderes de la Minga.

Ante la movilización a lo largo del país el Gobierno respondió con militarización, el bloqueo de la señal de comunicaciones para impedir las concentraciones y bloqueos de las comunidades, la estigmatización de la protesta a través del señalamiento de infiltración de grupos armados y de declarar a la Minga Nacional como un paro armado, como lo hizo el gobernador de Norte de Santander,William Villamizar Laguado.

Uno de los hechos de represión más fuertes, además de los que desencadenaron la muerte de los indígenas, fue la detención arbitraria el 3 de junio de 134 personas en el municipio de la Tona – Santander– señalándolas de terrorismo y porte ilegal de armas. Algunas personas fueron obligadas a desvestirse y tenderse en la carretera, despojándolos de sus pertenencias2.

De este grupo de personas quince eran menores de edad, entre 15 y 17 años, los cuales fueron golpeados por la Sijin, tienen contusiones en el cráneo y otras partes del cuerpo; un menor impactado en el pecho con un cartucho de gas lacrimógeno, y otro menor pateado en diversas partes del cuerpo. Ejercieron violencia sicológica al amenazarlos con “picarlos”, los despojaron de su ropa y encerraron en una casa para luego lanzarles gases lacrimógenos. Los acusaron constantemente de ser guerrilleros3.

Otro hecho detonante fue el ataque del Esmad en contra de los manifestantes de La Lizama (Barrancabarmeja, Santander) hecho sucedido el 11 de junio en horas de la tarde. Hicieron presencia allí la policía, el ejército y la Sijin, quienes estaban rodeando el campamento en donde se encontraba concentrada la movilización. La noticia de este acto de violencia y violación de los derechos fundamentales de los allí congregados llegó a la Mesa Única de Negociación, en la cual los sectores populares exigieron el retiro inmediato de los agresores o de lo contrario la negociación quedaba suspendida. La exigencia arrojó sus frutos y la agresión no prosiguió.

Algunas lecciones de la Minga

- La Minga Nacional ha reiterado que las comunidades ganaron porque el Ejecutivo las reconoció como actores fundamentales en el país, con fuerza para bloquear la economía, como sucedió en el suroccidente y el oriente colombiano, donde escaseó la comida y la gasolina.

- También valora que, aunque el país está ad portas de la firma de acuerdos de paz con las Farc, las comunidades dejaron claro al país que eso no significa el fin de la crisis agraria en Colombia, y que estas comunidades deben tener voz y decisión en los acuerdos de paz por firmar con las Farc y el Eln.

- La Minga Nacional también demostró las dificultades para una movilización con actores tan diversos y con problemáticas específicas en sus territorios: las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas tienen reivindicaciones puntuales para el reconocimiento de sus derechos, lo que obstaculiza la construcción de objetivos comunes. Este es el gran reto de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el futuro inmediato.

- Fue evidente la fuerza de la movilización indígena agrupada en la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, especialmente de la Acin, y de la capacidad de articular en la movilización a los Arhuacos, movilizados en el Cesar a pesar de no hacer parte de la Onic. Fuerza y capacidad indígena que llevó a que el Gobierno terminara desplazandose hacia territorios “rebeldes” para atender la negociación de esta lucha social. No es gratuito que las sesiones de discusión de la comisión negociadora de Cumbre Agraria, además de las dos negociaciones con el Gobierno, hayan tomado cuerpo en el suroccidente colombiano (el 4 en Cali y el 10, 11, 12 en Santander de Quilichao, Cauca). También quedó en evidencia la lucha interna Cric-Acin, la que llevó a algunos de los líderes del Cric a colocar en riesgo la unidad y la legitimidad de la movilización.

- Por otra parte, la Minga, como parte de sus disputas de liderazgo interno, exteriorizó sus disputas en temas como la sede de las negociaciones: para la instalación de la Mesa Única de Negociación se propuso el Consejo comunitario de Quinamayó, Santander de Quilichao, Cauca, otra propuesta fue dos submesas; una en La María, Piendamó –Cauca– y otra en la Ciudad de Cali, Valle. Finalmente, la Mesa terminó instalada el 10 de junio en la Alcaldía de Santander de Quilichao.

- Como característica de la disputa de liderazgo a su interior, y de los ritmos de la Cumbre Agraria, debe detallarse la marginación mediática que sufrió el Congreso de los Pueblos, pese a la dinámica movilización de sus fuerzas en varios departamentos del país.

Asimismo, aunque la Minga Nacional logró movilizar alrededor de 110.000 personas en el país, pudo haber movilizado más; fue evidente la reducida presencia de la Marcha Patriótica en esta jornada de lucha, lo que Impidió reconocer la verdadera capacidad de movilización que la Cumbre Agraria puede tener.

- Otro de los hechos notorios en el marco de la negociación fue la falta de apoyo para las propuestas de las comunidades por parte de académicos e investigadores, que de darse facilitaría su particularización en mecanismos concretos de implementación; hubiese sido importante y trascendental tener un paso adelante del Gobierno.

- La Minga evidenció una vez más que solo con cambios estructurales –de modelo político, económico y social–, las demandas más profundas que provienen desde el campo podrán ser resueltas, de una vez y por totas. Esta confirmación también recuerda que los acuerdos a que están llegando en La Habana tampoco resolverá este litigio histórico entre la oligarquía y todos aquellos sectores populares que habitan el campo.

Sin duda, nuevas jornadas de movilización agraria tomarán forma en el país en el futuro mediato.

1 http://comosoc.org/IMG/pdf/consolidado_actas_minga.pdf

2 Boletín de derechos humanos No. 6 de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

3 PNUD. 2011. Informe de Desarrollo Humano. Colombia Rural: Razones para la esperanza.

recuadro1

Publicado enEdición Nº225
Viernes, 24 Junio 2016 07:52

Crimen de Estado

Crimen de Estado

No fue Chiapas el primer estado en llegar al estallido social, sino Oaxaca, su vecino. Hasta el momento hay 11 muertos producto de las balas policiales, entre ellos dos liceales y dos maestros; el resto son campesinos y personas solidarias con la lucha magisterial.


México convulsiona. No fue Chiapas el primer estado en llegar al estallido social, sino Oaxaca, su vecino. En las primeras horas de la mañana del domingo 19, cuando se celebraba el Día del Padre, la Policía Federal atacó con munición real uno de los bloqueos que maestros, padres de familia y el pueblo en general –no es exagerado– mantenían en Nochixtlán, una comunidad del norte del estado. Hasta el momento hay 11 muertos producto de las balas policiales, entre ellos dos liceales y dos maestros; el resto son campesinos y personas solidarias con la lucha magisterial. Desde el 15 de mayo los maestros de México están en paro en rechazo a la reforma educativa (véase Brecha 10-VI-16), y en Oaxaca empezaron a bloquear las rutas para impedir que la Policía Federal tuviera acceso a la capital. Nochixtlán tenía su bloqueo ubicado en la ruta que conecta la ciudad de Oaxaca con la de México y el ensañamiento allí fue grande. La primera versión de las cadenas televisivas siguió a pie juntillas los vaivenes de la versión oficial.

Primero, se dijo que la Policía Federal no había usado armas de fuego para reprimir y que los agentes habían repelido una agresión de los maestros, que sí tenían armas... El burdo intento de manipulación del relato en cuanto a lo sucedido explotó en las redes sociales y en la prensa independiente y empezaron a aparecer fotos donde se ve cómo los agentes disparan con sus AR15. Sobre algunas de esas fotos –de la agencia AP– el gobierno dijo que no habían sido tomadas en Nochixtlán. La agencia respondió difundiendo los metadatos de las imágenes. Pobladores de la localidad retuvieron a su vez a dos reporteros de TV Azteca para exigir que la televisora difundiera una versión completa de los hechos. Fueron liberados a la noche de ese día y TV Azteca concedió menos de cinco minutos a la versión de los vecinos y los reclamos populares.


Nochixtlán y la ciudad de Oaxaca, a poco menos de 40 minutos, se mantienen cerradas por las barricadas populares. En Nochixtlán la gente prendió fuego el Palacio Municipal una vez que circuló la noticia de que el alcalde había huido con su familia.


A pesar de que casi todos los bloqueos instalados en las distintas rutas del estado fueron reprimidos, los maestros y padres de familia han vuelto a tomar las carreteras una y otra vez. Es alucinante ver cómo exigen a las tropas que desobedezcan las órdenes de atacarlos. El paso para los peatones y los autos es libre, sólo retienen a los tráilers que transportan mercaderías.


La revuelta docente ha aglutinado el descontento social palpable en México, pero lo que está en juego en ella es también la defensa del territorio.

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Viernes, 10 Junio 2016 06:58

La nueva Venezuela

La nueva Venezuela

 

Las crisis sistémicas suelen provocar mutaciones de larga duración que no dejan nada en su lugar. La crisis de la dominación española sobre nuestro continente se trasmutó en una realidad completamente nueva. Las sociedades que se estabilizaron hacia la segunda mitad del siglo XIX poco tenían que ver con las existentes hacia 1810, cuando la Revolución de Mayo en el virreinato del Río de la Plata.

 

Esos periodos críticos habilitan, también, el nacimiento de relaciones sociales diferentes a las hegemónicas que son, en última instancia, una de las claves de bóveda del cambio social. No es durante la grisura de la estabilidad cuando nace lo nuevo, sino en medio de las bravas tormentas, siempre que seamos capaces de innovar, de trabajar creando.

 

En Venezuela está sucediendo algo similar. Detrás o debajo de la crisis política, de la ofensiva de la oposición y de Washington, de la parálisis del gobierno, de la corrupción que atraviesa todo el país, de arriba abajo, de la escasez y de las interminables colas para comprar alimentos, late otro país. Un país productivo, solidario, donde las personas no pelean entre sí por apropiarse de harina, azúcar y arroz, un país en el que pueden compartir lo que hay.

 

Un extenso e intenso recorrido por comunidades de los estados de Lara y Trujillo, desde la ciudad de Barquisimeto hacia la región andina, permite comprobar esta realidad. Se trata de una amplia red de 280 familias campesinas integradas en 15 organizaciones cooperativas, junto a 100 productores en proceso de organización, que integran la Central Cooperativa de Servicios Sociales de Lara (Cecosesola), que abastecen las tres ferias urbanas con 700 toneladas de frutas y verduras cada semana, a precios 30 por ciento por debajo del mercado, ya que eluden coyotes e intermediarios.

 

La visita directa a cinco cooperativas rurales, algunas con más de 20 años y otras en proceso de formación, permite comprender que la cooperación campesina tiene una fuerza extraordinaria. Una sencilla cooperativa de 14 productores en Trujillo, a 2 mil 500 metros de altura, consiguió comprar tres camiones, construir una bodega, la casa campesina y un galpón, produciendo básicamente papas y zanahorias de forma manual, sin tractores porque sus tierras están en pendientes. Un pequeño milagro que se llama trabajo familiar y comunitario, porque todas las cooperativas tienen tierras comunes que cultivan entre todos y todas.

 

Trabajo y debate para corregir errores. Eso que antes llamábamos autocrítica y quedó olvidada en algún agujero negro del ego masculino/militante. Las 3 mil reuniones anuales que realizan los mil 300 trabajadores asociados de Cecosesola, abiertas a la comunidad, son extensas, ásperas y frontales, en las que no se ocultan las desviaciones personales que perjudican al colectivo. Como decimos en el sur, no se andan con chiquitas. Van de frente, sin anestesia ni diplomacia, lo que no resquebraja sino consolida el ambiente de hermanamiento.

 

La red de 50 organizaciones comunitarias (15 rurales y 35 urbanas) abastece a más de 80 mil personas por semana en las tres ferias de consumo familiar, que cuentan con 300 cajas simultáneas. En estos momentos de escasez, abastecen la mitad de los alimentos frescos de una ciudad de un millón de habitantes, por lo que se forman colas hasta de 8 mil personas en la feria central, la más concurrida de todas, ya que el gobierno cerró algunos de sus mercados por carecer de productos.

 

Las cooperativas rurales producen verduras y frutas; las unidades de producción comunitaria urbanas elaboran pastas, miel, salsas, dulces y artículos de higiene y del hogar. En total, son 20 mil socios de los sectores populares de Barquisimeto los que están directamente involucrados en la red.

 

Los ahorros en la producción, las ferias y las colectas les permitieron construir el Centro Integral Comunitario de Salud, que tuvo un costo de 3 millones de dólares, cuenta con 20 camas y dos quirófanos donde realizan mil 700 cirugías anuales a mitad de precio que en las clínicas privadas, gestionado por casi 200 personas de forma horizontal y asamblearia. Además, tienen un fondo cooperativo (una suerte de banco popular) para financiar cosechas, comprar vehículos, insumos médicos y otras necesidades de las familias.

 

Todo, absolutamente todo, lo consiguieron con el trabajo propio y el apoyo de la comunidad. No recibieron un solo bolívar del Estado a lo largo de más de 40 años. ¿Cómo lo hicieron? Algunos documentos elaborados por la red lo explican en dos conceptos: ética y cooperación comunitaria.

 

No es que no haya problemas. Los hay, y muchos, con casos de aprovechamiento individualista, como en todas partes. El documento Ética y revolución, difundido en marzo pasado, dice: En nuestro país aceleradamente se va imponiendo una nueva modalidad de propiedad privada, al intentar adueñarse cada quien del espacio que se le antoje según su conveniencia. Ante eso son intransigentes. Es el mismo espíritu que los lleva a fijar los precios sin atender los del mercado, sino por acuerdos entre productores, tomar los acuerdos por consenso, eliminar las votaciones, percibir todos los mismos ingresos y trabajar para desmontar las jerarquías de poder internas.

 

La guía no es el programa, ni la relación táctica/estrategia, sino la ética. ¿Sin ética hay revolución?, finaliza el citado documento. La historia nos dice que los sectores populares pueden derrotar a las clases dominantes, como sucedió en medio mundo desde 1917. Lo que no está demostrado es que podamos establecer modos de vida diferentes del capitalismo.

 

Los trabajadores de Cecosesola pueden llevar de sus ferias la misma cantidad de productos que el resto de la comunidad. Si hay un kilo de harina por persona, es para todos igual, formen o no parte de la red. Esto es ética. La escasez es para todos. Sin privilegios.

 

Esa es la nueva Venezuela. Donde la ética es guía y norte. Aunque estén rodeados de mezquindades, siguen su camino. ¿No era ese el espíritu revolucionario?

 

 

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La geografía política de la Minga agraria y de la resistencia

“El método consiste en saber situarse en el lugar de los pobres y desde allí efectuar un diagnóstico de la patología del Estado”.
(H. Cohen).


La Minga agraria de la resistencia indígena y campesina en curso ha cobrado grandes proporciones a pesar de la manipulación gubernamental con los medios de comunicación para invisibilizarla.


Se trata de un gigantesco movimiento social y popular con raíz rural y apalancada por las tremendas condiciones de pobreza en que se encuentran casi 14 millones de campesinos e indígenas, habitantes del campo nacional.


Lo que llama la atención de este paro es que el mismo es la respuesta a los incumplimientos reiterados del gobierno de turno de los diversos pactos firmados al término de otras huelgas, como la del 2013.


El estado y su gobierno son una pesada carga que entraba las soluciones pertinentes a las problemáticas sociales. El Estado actual es un lastre espantoso.


La explicación no es otra que la captura de las entidades públicas por grupos oligárquicos minoritarios, en este caso concreto, por las camarillas de latifundistas, terratenientes y ganaderos, con sus correspondientes operadores políticos en los escenarios electorales y legislativos.


Es, correctamente, lo que representa y agencia el actual Ministro de agricultura, Iragorri, vástago de una poderosa y antigua familia de potentes hacendados, con amplio poder político y electoral en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Son herederos de viejos gamonales de la tierra y la politiquería.


Iragorri no es más que la ficha de la ultraderecha reaccionaria que por años, décadas, ha manipulado a su antojo el Ministerio de Agricultura y la institucionalidad correspondiente.


El hombre simula amabilidad, pero sabe exactamente a quien le sirve.


Él es el directo culpable de la actual conflictividad que se ha generalizado por toda la geografía nacional.


Es por tal razón que debería largarse de ese cargo. Dejar esa teta y permitir que nuevos aires renueven dicho sector estatal.


Justamente es lo que se ha pactado en los diálogos de La Habana. Un ajuste institucional para permitir que los acuerdos agrarios se implementen y verifiquen. La paz esta urgida de una gran reforma democrática del Ministerio de Agricultura y de una gestión comprometida, por que los funcionarios encargados sean recíprocos con las demandas campesinas y populares.


Necesitamos un Ministro no terrateniente ganadero de la Sabana y del Cauca.


Necesitamos un líder o lideresa que atienda las demandas de los trabajadores del campo colombiano. Si Santos no entiende esto, La Minga agraria seguirá y alcanzara nuevos niveles de contundencia.


Ya hay una geografía política configurada de la Minga agraria que comprende los siguientes escenarios territoriales: Choco: con las comunidades indígenas, que han bloqueado las vías Tardó-Pereira y Quibdó-Medellín. Risaralda: donde el pueblo indígena Embera Katio bloqueo el sector Remolinos.


Antioquia: con la concentración en el resguardo Las Palmas (Apartadó, Urabá,) donde se registran bloqueo y protestas. Nariño: bloqueo de indígenas en el sector de Tangua, vía Pasto- Ipiales.


El sector de la construcción ha paralizado en un porcentaje importante su actividad porque los insumos no han llegado desde el interior del país generando pérdidas cercanas a los $8.000 millones.


Las Avícolas están sin alimentos y por ende su producción casi paralizada.


Los gremios de la región creen que la situación es insostenible y es urgente una solución para evitar escasez de alimentos. Se teme que el paro camionero agrave aún más la situación de Nariño tras una semana del paro agrario.


Huila: bloque en Hobo y en otras vías que comunican con los departamentos del Putumayo y Caquetá.


Valle del Cauca: bloqueo en la vía Buenaventura – Buga, en el sector de La Delfina.


Arauca: bloqueos de vías en ese departamento.


Antioquia: En Apartadó bloqueo de la vía al mar en el sector Las Palmas. La Guajira: bloqueo de la vía férrea del Cerrejón.


Norte de Santander: 120 personas detenidas en Silos, por el Batallón de Infantería No. 13. Caldas: bloqueo de la vía Manizales – Medellín.


Cesar: bloqueos en el sector de La Lizama y en el sur del Cesar.

Cauca y Nariño: bloqueo de la Vía Panamericana.


Es la geografía de los movimientos sociales que fractura y confronta las hegemonías de los capataces y mandamases de la elite dominante en la sociedad y el Estado.

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Cumbre Agraria envía carta al Presidente de la República

Dos indígenas muertos, uno desaparecido, cinco detenidos, un centenar de heridos y siete procesos de judicialización, es el lamentable saldo arrojado hasta el momento por la represión de que han sido objeto las movilizaciones que están en curso por todo el país en el marco de la Minga que lideran indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianas. El lamentable saldo fue entregado por voceros de la Cumbre Agraria en rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia –Onic– en la mañana del 2 de junio. Aumenta la represión del Estado y también la disposición de lucha de los marchantes que dicen permanecer firmes hasta que el Gobierno cumpla los acuerdos pactados desde el 2013. En carta enviada al Presidente de la República exigen garantías y convocan al dialogo. Cumbre agraria, campesina, étnica y popular dispuesta a permanecer movilizada el tiempo que “sea necesario” para lograr los objetivos trazados.

 

 

Hablan los voceros de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular

 

En rueda de prensa que tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de la Onic, voceros de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, entregaron a la opinión pública un balance de las movilizaciones y la jornada de paro decretado desde el pasado domingo 29 de mayo. A su vez, leyeron a los medios de comunicación una carta remitida al Presidente de la República y luego procedieron a radicarla en las instalaciones del Palacio de Nariño.

Los reportes entregados informan que hasta el momento son dos los indígenas asesinados (uno en la carretera Cali–Buenaventura, otro en el Norte del Cauca), un desaparecido, cinco detenidos, 130 heridos y 7 procesos de judicialización, hechos dolorosos que siembran la indignación entre indígenas y campesinos manifestantes.

El mensaje al Gobierno fue claro y preciso. Los manifestantes exigen: 1. Garantías para la movilización, cese de la represión y del tratamiento militar a la movilización, 2. Instalación de la mesa de negociación por el Presidente, su bancada de ministros y miembros de la Cumbre Agraria, étnica y popular el 3 de junio en Cali, 3. Cese de la campaña de estigmatización y desinformación a la opinión pública sobre la marcha, 4. Liberación de indígenas y campesinos que fueron capturados y están siendo judicializados en el desarrollo de la minga.

Los voceros expresaron también su desacuerdo con los frecuentes intentos por dividir la marcha, así como los recurrentes intentos por denominarlo un paro armado y asociarlo con el Eln. Exigen del Gobierno plenas garantías para que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica.

 

Una movilización preparada para todo.

 

Ricardo Herrera, presidente del Coordinador Nacional Agraria (CNA) participe de la Cumbre Agraria, opinó en entrevista para el periódico desdeabajo: “Nuestra posición como organizaciones campesinas agrarias, que hacemos parte del CNA, del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular, es que respaldamos, saludamos, estamos en un total acuerdo de los diálogos que se están desarrollando entre las Farc y el gobierno nacional y nos parece muy importante en la medida que se podrán resolver algunos problemas, algunas situaciones que se viven en el país, pero decimos que esto no es suficiente, porque es con una parte, con un sector del pueblo colombiano, no es con el conjunto ni con la mayoría del pueblo colombiano”.

Por esto el líder campesino solicitó la creación de un espacio más amplio de participación para otros sectores con reivindicaciones y propuestas para modificar la política del país. Herrera precisó: “En el caso concreto de nosotros como organización agraria, pedimos que se nos tenga en cuenta el tema de la tierra, el tema del derecho a la tierra y sus posibilidades y sus mecanismos para ponerla a producir. Si vemos la negociación de La Habana, los diálogos de La Habana, este tema ha sido muy tímido, no satisface la gran mayoría del sector agrario, del sector popular, quienes estamos exigiendo que el problema agrario se solucione a nivel nacional, a nivel de país”. Es claro que en los acuerdos entre Gobierno y Farc muchos sectores no se sienten incluidos.

El líder campesino enfatizó que en las negociaciones entabladas con el Gobierno no van a tratarse temas nuevos, sino que va a hablarse sobre acuerdos pactados desde el 2013, los mismos que el Gobierno ha incumplido. Sus palabras reflejan que la posición de Cumbre Agraria es mantenerse firme en la exigencia del cumplimiento por part del Presidente, así como la refrendación de lo pactado a través de mecanismos que impidan otro incumplimiento por parte del Estado.

Ricardo Herrara dice que la marcha está preparada para prolongarse indefinidamente. En cuanto a los tiempos se refirió: “Nosotros iniciamos el treinta de mayo, inclusive algunas comunidades empezaron a salir desde el 28, el 29 [...] llevamos ya cuatro días. Hasta hoy –dos de junio– llevamos ya cuatro días de movilización, de paro. El tiempo que duremos nosotros en los sitios de concentración, de las carreteras, en las principales ciudades, en las vías, todo depende de la respuesta que de el Gobierno, a quien le estamos exigiendo que nos sentemos a mirar ese mecanismo de respuesta inmediata de las exigencias. Puede ser, como lo está planteando, mañana, la otra semana, en diez días, en quince días, pero nosotros tenemos la capacidad en este momento de estar como mínimo de quince a veinte días en las carreteras, en la principales vías de este país, denunciando y visibilizando nuestra problemática”.

Además, agregó: “También esta Minga tiene la característica que la vamos a hacer escalonadamente: si los que salieron el treinta de mayo estamos quince o veinte días, pues vendrán otras comunidades, vendrán otros compañeros a relevarnos y a seguir hasta que el Gobierno nos d una respuesta satisfactoria”. Dura prueba al gobierno nacional que en esta oportunidad parece se mide a una movilización estructurada, con voluntad inquebrantable por mantenerse en pie de lucha hasta que los compromisos pactados sean finalmente cumplidos.

 


La carta enviada al Presidente de la República.


Bogotá, 01 de Junio de 2016

 

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ESD

 

Señor Presidente, reciba un atento saludo.

 

Desde el 25 de junio, fecha en que nos reunimos con usted para presentarle un balance del estado de la negociación del Pliego MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR, POR LA REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL, TERRITORIAL, LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, así como del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta del 13 de mayo de 2014, no ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los compromisos hechos por usted, señor Presidente, para avanzar en los dos sentidos: el pronto cumplimiento de los acuerdos y la definición e implementación de una ruta para destrabar la negociación de los puntos del pliego priorizados: Economía Propia, Minería-Energía y Ruralidad y Cultivos de Uso Ilícito.

No obstante, que la Cumbre Agraria ha presentado propuestas concretas para avanzar en los dos sentidos mencionados, la precariedad en materia de resultados no dista, en lo sustancial, del balance que le presentamos en la mencionada reunión.

Para el día 14 de abril estaba acordada una sesión de la Mesa Única Nacional, precedida de tres mesas técnicas que adelantaríamos el 13 de abril sobre los temas: Economía Propia, Minería – Energía y Ruralidad, y Cultivos de Uso Ilícito. A través del Ministerio del Interior, el 12 de abril, nos informaron que la Agenda se reducía al tema de Cultivos, incumpliendo el acuerdo suscrito el 10 de marzo que incluía a los tres puntos aludidos. También se había acordado que el Ministerio de Minas y Energía daría respuesta, por escrito, a las cinco propuestas presentadas por la Cumbre Agraria sobre el punto de Minería – Energía y Ruralidad, compromiso que tampoco fue honrado por parte de la Ministra Encargada. En conclusión, la sesión fue desmontada, de manera unilateral, por parte de la representación del gobierno en la mesa. Por tal razón, consideramos que no era útil participar en sesiones de la Mesa Única Nacional que no conducen a resultados satisfactorios y en las que se incumple, por parte del Gobierno, hasta lo más mínimo: dar curso a una Agenda previamente pactada.

Estos hechos evidencian, una vez más, la sistemática estrategia de dilación y desgaste a que ha sido sometida la negociación, por parte de la delegación gubernamental. Cumplidos dos años de haberse iniciado no hay resultados efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad política de paz de su gobierno. Políticas como la ley de ZIDRES; el Plan de Desarrollo la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley de reforma tributaria, la venta de ISAGEN, entre otras, van en contravía de una paz con justicia social.

El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no han sido desembolsados, en medio de obstáculos solapados bajo argumentos técnicos y jurídicos en contravía de los acuerdos sobre un Manual Especial para la Cumbre Agraria. Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y 2016 están pendientes en su totalidad incumpliendo el compromiso de principio de anualidad. La estructura de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta, a la fecha no hay ningún proyecto estructurado.

En el tema de derechos humanos el avance es nulo no obstante los compromisos de su gobierno para brindar garantías y acordar alternativas penales para las y los judicializados, en razón del ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta. Asistimos a un contexto de incremento de violación sistemática de los mismos que se traduce en nuestras comunidades en asesinatos, persecución política, desplazamientos, criminalización de la protesta social y amenazas a defensores de DDHH y líderes sociales.

No obstante se han generado algunos escenarios de participación en el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC, en los que los movimientos sociales y populares y la sociedad en general hemos presentado importantes propuestas, estas continúan siendo parte de una agenda social pendiente. Por tal razón, consideramos necesaria e inaplazable la participación autónoma, vinculante y decisoria de la sociedad en el proceso de paz, prioritariamente de esa parte marginada de las decisiones políticas y económicas excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia. Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una agenda social para la paz y la mesa nacional, las mesas regionales, sectoriales y temáticas como parte de los mecanismos de participación de la sociedad y de negociación del conflicto social.

En síntesis, el gobierno ha profundizado la crisis de la Mesa Única Nacional. Las mesas regionales no corren mejor suerte, están estancadas y la mayoría de acuerdos también han sido incumplidos.

Tal como está acordado en la metodología de la negociación lo convocamos a usted, señor Presidente, desde el pasado 13 de abril a una reunión para presentarle, nuevamente, un balance de la negociación. La respuesta inicial del Ministro del Interior fue que no será posible hasta finales del mes de junio. Sin embargo, reafirmamos nuestra disposición al diálogo en el entendido que, posteriormente, el gobierno nos informó que estaría interesado en reunirse con la Cumbre Agraria antes de la fecha señalada por el Ministro. Para tal efecto, le proponemos que se instale inmediatamente la mesa de negociación de la minga en la ciudad de Cali y que sea rotativa en otras regiones, manteniendo a Bogotá como el centro de seguimiento y monitoreo.

Debido al panorama descrito anteriormente, la Cumbre Agraria está adelantando una Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular como ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta social y ciudadana en medio de la cual aspiramos a que con el gobierno nacional encabezado por usted, señor Presidente, discutamos, las propuestas priorizadas y desarrolladas en el marco del Pliego Único Nacional que se discute en la Mesa Única Nacional, que presentamos en el documento adjunto.

Exigimos plenas garantías por parte del gobierno para continuar adelantando pacíficamente la Minga y para iniciar la negociación, que cesen la estigmatización gubernamental, los intentos de dividir la Cumbre Agraria y el tratamiento militar con abuso de autoridad, que se le ha venido dando a la Minga con el lamentable saldo de muerte del hermano Willintong Quibarecama Nequirucama y decenas de heridos, contusos, detenidos y judicializados en medio de las arremetidas violentas del ESMAD y la Fuerza Pública contra las comunidades movilizadas en el Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquía, Arauca, Huila y otras regiones.

Finalmente, el presidente del Senado, Doctor Luis Fernando Velasco, ha propuesto adelantar un debate político sobre la problemática agraria en el país que consideramos pertinente y oportuno. Lo invitamos, señor Presidente, a que acepte esta convocatoria.

 

Atentamente,

CUMBRE AGRARIA, CAPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

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Hacerse el de la vista gorda o morderse la cola para negociar.

Con la toma del Ministerio de Agricultura el pasado mes de septiembre, la Cumbre Agraria aceleró los ritmos de negociación con el Gobierno, buscando salir del fangoso terreno de la negociación de los 250.000 millones de pesos destinados a 237 proyectos productivos en 14 regiones del país, para pasar a cuestiones de mayor alcance sobre el modelo económico y el reconocimiento estatal de derechos sociales y políticos para las comunidades rurales. El gobierno nacional dilata y restringe los acuerdos procurando evitar una protesta campesina anunciada desde octubre del año pasado, ¿en qué va todo ello?

 

El 8 de mayo de 2014, a través del decreto 870, por medio del cual desde el Ministerio del Interior se regula una mesa de interlocución entre el ente oficial y la Cumbre Agraria, se dio inicio a una fase de negociación entre 35 voceros de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas de 14 regiones socio-geográficas del territorio colombiano y el gobierno nacional en cabeza de los ministerios del Interior y de Agricultura, alrededor de un pliego común de exigencias de ocho puntos , presentado con ocasión de las jornadas de protesta de abril y mayo de ese año, y luego del estremecimiento ocasionado por el Paro Agrario de 2013.

La negociación logró sentar a las partes, desarmando la protesta y emplazando al Gobierno; pero pronto entró en un periodo de dilación jalonado por las promesas incumplidas del Ejecutivo, apalancado por la dispersión de las luchas sociales entre sí y por la desarticulación propiciada por el factor electoral entre los calendarios de las izquierdas y las organizaciones sociales del campo. Este periodo podría concluir con un nuevo paro agrario-rural en 2016.

La dilación, sin embargo, no ha podido contener el proceso de unidad entre plataformas sociales históricas de la izquierda colombiana, aunque aún no sea una unidad territorial estratégica para la disputa de territorialidades autónomas, y de múltiples –pero pequeños– modelos de producción y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana.

Por el contrario, el pliego ha pasado a ser base de la articulación programática para esta plataforma, en la que confluyen procesos políticos históricos en la lucha por la emancipación desde el campo colombiano. Esta es la potencia que la Cumbre ha logrado aglutinar de cara a la conformación de un bloque de poder alternativo que rebaje el poder estatal y dispute hegemonía a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Pasaron ya más de dos años, ¿qué se ha negociado?, ¿qué puede negociarse?

Mambearse la cola.

La presión ejercida con la toma del Ministerio de Agricultura y de las instalaciones del Incoder, dio celeridad al estudio, por parte del Estado, de los 237 proyectos productivos para los cuales el Gobierno ha destinado 250.000 millones de pesos por una única vez –según expresión del propio presidente Santos–, y con posibilidad de renovación con previo estudio de su parte. A la fecha, el Fondo de Fomento Agropecuario ha desembolsado 25.000 millones de los 250.000 prometidos según informa el Ministerio de Agricultura. Las trabas son múltiples.

Recientemente la Cumbre ha entregado al gobierno nacional una propuesta para la sustitución voluntaria y gradual de los cultivos de uso ilícito, el deslinde de los campesinos cultivadores frente a los narcotraficantes y el cambio de estrategias de erradicación por sustitución voluntaria, articulada a la diversificación económica, en cuya respuesta el Gobierno fue enfático advirtiendo su desacuerdo con sacar del mercado de tierras áreas de economías campesinas a través de figuras jurídicas como los resguardos indígenas o los consejos comunitarios afrocolombianos, y en determinado caso solo llegaría a hacerlo de manera temporal; también indicó que no promoverá la investigación o promoción de usos alternativos de la coca (ésta tiene usos medicinales y alimentarios), ni asignará ingresos monetarios a familias campesinas, pues todo ello sería como morderse la cola, toda vez que promovería eslabones de la cadena productiva de la cocaína.

El lanzamiento en septiembre del año pasado del Plan para la sustitución de cultivos ilícitos, con la gerencia de Eduardo Díaz Uribe, y el acuerdo sobre el asunto con las Farc en Cuba, si bien son muestra de los pasos hacia la institucionalización de la paz en que avanza el Gobierno, permiten entrever algunos de los límites objetivos de esta negociación. Sumados a las negativas frente a la propuesta de la Cumbre, trazan el rango de posibilidades que contempla el Gobierno para negociar los reclamos sociales sobre las cuestiones y temas que no está dispuesto a tratar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente han estructurado el conflicto.

La cuestión de la coca no es menor si se considera que es una economía a la que muchos cultivadores se vieron coaccionados. Póngase como ejemplo, nada más, el precio del jornal diario de un raspachín (entre 50.000 y 70.000 pesos) y el de un recolector de café o de otro producto de uso lícito (entre 20.000 y 30.000 pesos a lo sumo). El último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Colombia realizado por la UNODC a junio de 2015 , registra un incremento al pasar de 48.000 hectáreas sembradas en 2013 a 69.000 en 2014, concentradas en un 73 por ciento de departamentos tales como: Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, Catatumbo, y otros territorios tales como Unión Peneya, la zona montañosa del departamento de Cauca y la frontera sur del país, zonas en donde, precisamente, se agrupan comunidades que hacen parte de la Cumbre Agraria.

El Gobierno lo reconoce y se presta al diálogo. Sabe que es un tiempo de agitación social y que no puede dejar cabos sueltos que desaten mayor inconformidad en una sociedad que anda inquieta. Aparentemente 2016 superará en número las protestas registradas durante el 2013, y una situación así pondría de relieve la cuestión sobre la confluencia y multiplicación –o no– de esa inconformidad hacia un proyecto común de país. Y ya que el Estado colombiano basa su legitimidad en el clientelismo y sobre la siempre postergada promesa de un estado social de derecho en una economía dependiente, el Gobierno sabe que se muerde la cola si fortalece proyectos que son la base de un modelo económico y político contrario al suyo, pero procura perseguirla para evitar avances en la conformación de un bloque que apalanque un proyecto común por un país pluralista en el derecho, autónomo en la planificación y en los gobiernos territoriales, equitativo en la distribución de la riqueza nacional, justo en el reconocimiento de las diferencias políticas, politizado y no polarizado, encaminado al mejoramiento de la vida de TODA la población y dirigido por amplias mayorías organizadas.

Por lo pronto, la dilación cumple con sus propósitos. Los encuentros logrados por la Cumbre, presionando al diálogo con los entes comprometidos, no dejan más que mesas técnicas conformadas por las partes, con el objetivo de decantar las diferencias y acuerdos entre las propuestas de las comunidades y los límites que se permite el Gobierno. La erradicación forzada no es prescindible por el momento y esta negociación ahora tendrá que vérselas con la liquidación del Incoder.

La vista gorda hacia el país rural

En una reunión sostenida el pasado 10 de febrero, Eduardo Días Uribe reconocía que la alimentación de los centros poblados del país dependía de la producción campesina. Esto no es suficiente. Es preciso reconocer que la producción campesina es mucho más productiva que el monocultivo agroindustrial o la ganadería extensiva; si se le permitiera su ampliación territorial y la priorizaran en las estrategias de seguridad alimentaria, sería suficiente para sostener la soberanía alimentaria de toda la población -concepto que incomoda al Gobierno. En un estudio publicado recientemente por Fedesarrollo, se indica algo que desde hace décadas vienen diciendo sectores críticos de la sociedad, a través de organizaciones campesinas y desde algunas academias, a saber: los minifundios son más productivos que los latifundios y también que los predios de mediano tamaño; la producción campesina abastece el 35 por ciento del total de consumo de los hogares, y corresponde a más del 50 por ciento del producto nacional agrícola .

Las lejanías de algunas de estas comunidades agrarias respecto de los circuitos de mercadeo y de tecnologías de producción, más la creciente importación de alimentos, hacen de la producción agrícola campesina una alternativa poco viable y en esa situación es que la coca llega a ser una economía rentable. Economistas de escritorio, representantes de sus propios intereses y los funcionarios del Gobierno se sorprenden al advertir configuraciones socioeconómicas entre los cultivadores de coca y los poblados cercanos, no así, al momento de reconocer la ilegitimidad del Estado ante las comunidades. Guardan esperanza en su estrategia de dilación y de negociación dividida a nivel regional, sectorial y por organización social, buscando impedir el momento en que la negociación deba asumir los puntos gruesos de ese pliego, que en definitiva no se logrará con las condiciones de negociación impuestas por el Ejecutivo, tampoco sin un gran pulso destituyente que abra campo a un proyecto alternativo de país.

Por lo pronto, las reuniones con el Ejecutivo serán mantenidas cada mes, buscando acuerdos y desacuerdos mientras se prepara una movilización rural en la que cruzan cuestiones como la firma de los acuerdos de paz, la presión de la ONU al gobierno en materia de cultivos de uso ilícito y paz, la explosión de protestas en medio del cierre del ciclo de negociación entre el Gobierno y las Farc y la también dilatada negociación con el Eln, todas cuestiones que merecen seguimiento en los próximos meses.

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El campo colombiano logra frenar la explotación minera en los páramos

La Corte Constitucional tumba varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, un varapalo al Gobierno

Luz Perly Córdoba sabe muy bien lo que es ver un pueblo desaparecer. La explotación petrolera en La Reinera (Arauca), en el oriente de Colombia, donde ella nació hace 44 años, hizo cambiar en unos años el curso del río Arauca. Hace unos meses la población, de no más de 200 casas, fue declarada en alerta roja. Varias familias perdieron el techo y sus cultivos. Luz Perly cuenta la historia para explicar por qué es una de las líderes campesinas que está detrás de una demanda cuya respuesta ha sorprendido estos días al Gobierno. Su queja en defensa del medio ambiente llegó hasta la Corte Constitucional, que ha decidido echar para atrás varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que autorizaba proyectos de explotación minera y petrolera en los páramos.


La determinación de la Corte no es la solución al problema de La Reinera, que sigue quedando vacía ante el inminente riesgo, pero sí demostró, dice ella, que a través de mecanismos judiciales, decisiones del Gobierno pueden debatirse y sepultarse. Esta vez, fueron los páramos y las comunidades que viven cerca los beneficiados. La batalla que en junio de 2015 empezaron campesinos respaldados por el partido de izquierda Polo Democrático, encabezado por el senador Iván Cepeda, se originó porque vieron que el Plan de Desarrollo, propuesto por el Gobierno, ponía en riesgo el ecosistema, el agua, la vida de los campesinos.


El Plan que, pese a la oposición del Polo, fue aprobado por mayoría en el Congreso, establecía que los proyectos mineros que contaran con licencias desde antes de febrero de 2010 y los de hidrocarburos que las tuvieran desde antes de junio de 2011 podían seguir operando, pese a la prohibición que existe de explotar esas áreas. "Eso quería decir que el tema económico estaba por encima del bienestar de las personas, que el equilibrio de la naturaleza. Argumentaban que había un derecho adquirido para que siguieran explotando", explica Córdoba.


Al llegar la demanda a la Corte, los magistrados hicieron lo que el Polo no logró en el legislativo. Tumbaron ese punto y decretaron que dichos proyectos debían cerrarse sin importar la fecha en que se hubieran iniciado. El argumento para la decisión es el mismo que en palabras menos técnicas señala la líder: "El daño ecológico que generan".


En el texto presentado ante la Corte, los demandantes hacían un repaso numérico. Señalaban que existen 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos con los que cuenta Colombia. Decían además que esas concesiones mineras en páramos tienen más de 118.000 hectáreas, de las cuales más de 11.000 están afectadas por cuatro proyectos petroleros. "Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano", aseguraba el senador Iván Cepeda en junio del año pasado al presentar la demanda.


Víctimas, en primer lugar


También pedían a los magistrados que se declarara la ilegalidad de los artículos que reglamentaban los denominados Proyectos de Interés Estratégico Nacional (PINE) y que establecían que donde se fueran a desarrollar fuera difícil llevar a cabo procesos de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el país. Al respecto, la Corte también les dio la razón y aseguró que las víctimas están primero que los proyectos estratégicos del Gobierno y que estos no podrán interponerse ante los procesos de restitución.


"El tema del campo debe ser un debate nacional. Es triste saber que tiene pasar por instancias jurídicas para que se haga notar, para que se respete", dice Córdoba. Confiesa que aunque sabían que tenían razones para ganar la pelea no creían que les fueran a dar la razón. "Durante años hemos visto cómo los intereses económicos están por encima del agro, nos sorprende gratamente ver que por fin están atendiéndonos a nosotros, la minoría".
Córdoba también habla de las facultades que los entes regionales habían perdido con el Plan de Desarrollo. Recuerda que se pretendía que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fuera la única instancia por donde pasaran y se aprobaran los permisos ambientales para llevar a cabo los PINE. Ahora, según la Corte, la prioridad para tomar estas decisiones debe estar en manos de las autoridades locales.


"Se estaba violando la Constitución porque se le quitó el poder a las regiones para decidir sobre el uso del suelo al dársele a las instancias nacionales. A personas que ni siquiera conocen lo que pasa en esos rincones del país donde se pretendían adelantar esos proyectos", dice Córdoba, que aunque celebra el fallo de la Corte Constitucional, sigue lamentado que el lugar en donde nació esté desapareciendo, según ella, por estar cerca de uno de los campos petrolíferos más grandes del país.

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Inicio de las Cumbres de Paz trae expectativas y deja interrogantes

Luego de la mediática toma al Ministerio de Agricultura y de la presión ejercida con ello por parte de la Cumbre Agraria al gobierno nacional, a través de unas jornadas que prometieron preparar para 2016 un Paro Nacional que supere la protesta agraria de 2013, las distintas organizaciones sociales de la Cumbre discuten desde el pasado 29 de enero sobre la organización de la jornada de protesta.

Durante los días 29 y 30 del primer mes del año,y en la ahora progresista Ibagué, delegaciones de las distintas organizaciones sociales de Cumbre Agraria acudieron a la cita desde el Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Unas 200 personas se encontraron en las discusiones programadas en cinco mesas: i) las garantías para la participación política, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario; ii) la participación y los derechos políticos; iii) los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición; iv) los derechos sociales, territoriales, económicos y culturales y; v) los conflictos territoriales. Pues bien, fueron esos los temas de las mesas, pero, ¿qué más viene preparando la Cumbre?

Es patente que este no será un año de guerra y que el calendario electoral no va ser fuerte. En un tiempo así, los movimientos sociales protagonizarán la irrupción en el escenario de la negociación política de la paz. Pareciera que la Cumbre quiere desembocar su plataforma en una Mesa Social para la Paz, que se enuncia desde hace unos meses por sectores de la izquierda social como una plataforma política que reclame para los movimientos sociales la participación sobre las cuestiones y temas que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente tienen parte en el conflicto.

El encuentro de las delegaciones estuvo marcado por un sentimiento unitario. Y aunque muchas de las discusiones en las mesas no tienen oído ni activan la escucha, al menos, y como indicador del cambio de acento para la unidad de la izquierda social, esta vez el tono tanto de las vocerías políticas de las organizaciones de la Cumbre, como la mayoría de las voces de sus delegados, no fue persuasivo y la discusión resultó mucho más concreta para la definición táctica de este año.

Esta primera Cumbre de Paz, de una serie de 17, trazó para el mediano plazo una estrategia constituyente que permita refrendar jurídicamente una nueva situación política para quienes contradecimos a los gobiernos, al Estado, a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Una Asamblea Nacional Constituyente o Proceso Constituyente es, entonces, el mecanismo de disputa con el Estado para darle vía de acción a ese nuevo pacto esperado entre clases y sectores de la sociedad colombiana.

Pero todo ejercicio constituyente implica uno destituyente, y un paro por fuerte que sea desde el campo, requiere de la participación activa de las urbes; al menos de las tres o cinco principales del país. El tino destituyente requiere de un impulso ciudadano que aún está por conformarse como bloque de acción social capaz de emplazar al gobierno y al régimen político, y si bien las acciones desencadenadas desde el pasado 24 de enero tienen como atributo fuerte un carácter antipolítico, aún falta que madure más la protesta ciudadana y se encamine en proyectos comunes de ciudad y de país.

Se requiere, pues, de un proyecto común de país que se junte por la defensa de los bienes comunes, por el trabajo decente, el respeto a la ciudadanía y la participación activa en la vida pública; por la democracia real, por otra democracia que será posible con el esfuerzo de las mayorías hoy excluidas. Democracia territorial, directa, económica, asamblearia, rotativa y profunda; enraizada en la esperanza de ese esfuerzo común. Pero también por la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población, la justa, digna y equitativa distribución del agua y la energía; por el acceso no mercantil a la salud, a la educación, al transporte y a la cultura. En general, por un país para los de abajo, sin aristócratas de ningún color ni caudillos del ímpetu. Se requiere una sensibilidad también común, dispuesta a la escucha activa sin miedo y con franqueza, para que las contradicciones establezcan espacios comunes de disputa como atributo fundamental del diálogo político entre la sociedad y el Estado, y para que los conflictos no sean agónicos ni fijados con la ley del mas rico.

Los conflictos territoriales con el Estado y entre comunidades que se agrupan en la plataforma agraria, campesina, étnica y popular, son el punto sobre el que mayor debate recae, justamente en el momento en que el presidente Santos sanciona la ley ZIDRE en el municipio de Orocué, al suroriente del Casanare. La ley permite el desarrollo de políticas públicas destinadas a fortalecer la agroindustria y, con ello, el gobierno marca una frontera territorial entre, por un lado, un modelo de desarrollo y producción de la riqueza social destinado a promover condiciones para la proletarización del campo y, por el otro, múltiples -pero pequeños- modelos de producción, territorialidad y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas hacia la flora, la fauna, el agua y el territorio, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana. El proyecto ZIDRE plantea también esa frontera como contención a posibles ampliaciones de figuras de protección territorial campesina, étnica y ambiental sobre áreas geográficas del país como la Altillanura, La Guajira, el Urabá Chocoano y La Mojana.

Desde ya, un derrotero de preguntas podría plantearse para las organizaciones y personas que hacen parte de la Cumbre ¿Cuáles serán los mecanismos de diálogo, acuerdo y articulación de los conflictos entre comunidades de la Cumbre para llegar unidos, pero sin imposturas, a la disputa política contra el gobierno? En las tácticas frentistas, que hoy el movimiento socialista colombiano vuelve a retomar, se busca a través de la dirección unitaria de los movimientos, agregar sujetos, actores y factores para el cambio ¿Un momento de cambio profundo de las estructuras rígidas de la política en Colombia, no requiere más bien una lógica de multiplicar y potenciar las luchas, las rebeldías, los inconformismos y las iniciativas? ¿No requiere, pues, de una dirección colectiva más amplia que la que permite la política ya tradicional de la combinación de factores fuertes para dirección? ¿no requiere de mejores tácticas que la del golpe de mano a veces enmascarada de oportunismo de todo matiz? ¿no requiere de una política franca, abierta y desde abajo, más que de una combinación acertada de tintos y acuerdos?

¿Avanzamos hacia las localidades? ¿O avanzamos mejor hacia luchas nacionales? ¿Cómo articulamos ambas maneras de disputar el poder público como ciudadanía? La pregunta es confusa y no debe llamar a engaños. Es preciso instalar un principio, un fundamento y un criterio común: halar para y desde abajo, enraizar la protesta, territorializar la organización; movernos hacia el lugar y momento en que seamos horizontales, en el que los ilustrados no son pedantes, en el que los analfabetas no son ignorantes, en el que los liderazgos no van por lo alto, en el que las decisiones son de todas y para todos. Y particularmente en el ahora inmediato ¿Como pasar de la indignación y de la manifestación, a lucha organizada desde abajo? ¿Cuál plan asumir?

Aquí la declaración completa de Ibagué, tomada de www.comosoc.org

 

DECLARACION POLITICA DE LA 1ª CUMBRE REGIONAL POR LA PAZ

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

 

Durante los días 29 y 30 de Enero en la ciudad de Ibagué nos reunimos 300 delegados y delegadas de las organizaciones de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Quindío, en la 1ª Cumbre de Paz de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.


Nos encontramos Campesinos, indígenas, afrodecendientes y poblaciones urbanas con nuestras banderas, símbolos, historias, tradiciones y saberes con las esperanza de construir desde la pluralidad y desde la Unidad una propuesta de Agenda política para la paz sostenible y con justicia social. Nos encontramos porque nos unen los sueños, las luchas, las resistencias como pueblos.


Destacamos en este espacio el compromiso del Alcalde de Ibagué, quien reiteró su aporte con la paz de la mano del Movimiento Social y Popular en la instalación de esta cumbre.


• Conforme a lo anterior la 1ª Cumbre por la Paz Regional de la zona centro del país, declaramos que:
• Continuamos fortaleciendo la movilización permanente en pro de desarrollar un Gran Paro Nacional que nos permita avanzar en la materialización de pliego unitario nacional de la cumbre.
• Respaldamos la salida política al conflicto social y armado, saludamos el avance de los cuatro puntos de la agenda de la Habana y la reciente decisión de naciones unidas y de la CELAC para realizar la verificación de Cese al fuego bilateral y el Monitoreo a la dejación de armas. Al tiempo exigimos al gobierno no seguir postergando el inicio de la negociación pública con el Ejército de Liberación Nacional para que construyamos un proceso de paz integral. Proponemos ente contexto de negociaciones que el mecanismo de refrendación debe ser consensuado con la sociedad para la legitimidad de dicho proceso.
• Reiteramos nuestro compromiso de impulsar un dialogo nacional participativo y decisorio frente al proceso de paz que desencadene en un gran proceso constituyente popular y democrático para la paz con justicia social.
• Reafirmamos las diversas propuestas de participación de la sociedad, como las constituyentes por la paz, la mesa social para la paz, la comisión étnica para la paz, los territorios de paz y otras propuestas para que de manera articulada fortalezcamos el proceso de construcción y participación desde los movimientos sociales y políticos.
• Reafirmamos que el proceso de Paz no es posible si continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización a los líderes y lideresas sociales, y la privación de la libertad de los prisioneros políticos como los casos de los compañeros Feliciano Valencia, Uber Ballesteros, Miguel Beltrán y los miles que este momento se encuentran las cárceles el País.
• Reconocemos la necesidad de avanzar los lazos de unidad entre el campo y la ciudad como condición indispensable para la construcción conjunta de paz y hacemos un llamado a los sectores urbanos que trabajan iniciativas de Paz a que se sumen a esta propuesta.
• Rechazamos la reciente aprobación de la Ley de Zidres, por estar en contravía de los acuerdos parciales de paz y de los derechos del sector agrario.
• Continuamos trabajando en la defensa de lo público y por eso rechazamos la venta de Isagen y en la región la quiebra de la universidad del Tolima y del Hospital Federico Lleras Acosta. De igual manera denunciamos las políticas neoliberales como la reforma tributaria y el indigno aumento del salario Mínimo.
• Nos comprometemos a impulsar las conclusiones vertebrales de esta cumbre y continuar el trabajo en las regiones para consolidar las propuestas territoriales de paz, articulándonos organizativamente y impulsando una pedagogía popular para la paz.
• Llamamos a todos los sectores a cumplir y desarrollar juiciosamente las apuestas políticas, amplias, unitarias y movilzadoras de esta cumbre para la construcción de una paz democrática, estable y duradera que sea capaz de conquistar el país del tamaño de nuestros sueños.


"Sembramos esperanza y cosechamos país"

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