Domingo, 17 Mayo 2015 05:58

Las protestas mineras jaquean a Humala

Las protestas mineras jaquean a Humala

0rganizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron ayer a un paro de 48 horas, para el 27 y 28 de este mes, en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México. Los dirigentes se reunieron ayer durante más de cuatro horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara ayer que iba a hacer una "pausa" de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.


Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un "paro macrorregional" en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informó la emisora RPP Noticias. La protesta, señalaron, se realizará también para rechazar la gestión del presidente Ollanta Humala y puede convertirse en una huelga indefinida a partir de junio próximo.


Tras el anuncio de Southern, que intentó frenar las protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero, que en más de 50 días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos, esa localidad se mantuvo en calma aunque con las principales vías de comunicación bloqueadas.


Medios locales informaron que en Cocachara, el centro de las protestas contra el proyecto, algunos comercios volvieron a atender al público y no se produjeron choques contra las fuerzas de seguridad. Pobladores de Cocachara consideran que el proyecto minero puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.


El procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, también informó ayer que la detención del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, el principal promotor de las protestas, se ha ampliado a siete días, mientras se lo investiga por la acusación de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta. Las protestas en la provincia de Islay, a las que en la última semana se sumaron manifestaciones en Arequipa y en Lima, han frenado temporalmente el proyecto minero del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.


Southern contempla la inversión de unos 1400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.


Humala descartó ayer que el Ejecutivo vaya a cancelar el proyecto de manera unilateral, porque consideró que su país se arriesga a ser denunciado ante los tribunales internacionales. "Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo", dijo Humala en un mensaje televisado. En su mensaje el presidente descartó la suspensión del proyecto.

"No se puede suspender lo que no se ha iniciado", dijo, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017. "El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento", agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.


La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado, hizo un llamado a la paz y pidió una "pausa" para buscar soluciones al conflicto. "Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento. En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.


En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María "cumple con los requisitos exigidos por la ley", pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto valuado en 1400 millones de dólares. Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender "intereses individuales o de una empresa en particular, sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia".


Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las fuerzas armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. "La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (...). No sé qué va a pasar en Arequipa (...). En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto", dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.


Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.


Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De éstos, casi el 67 por ciento son socioambientales.


El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.


Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.


El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de "injusta" su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.


El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete, acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto. "Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (...). Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción", dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

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Sábado, 16 Mayo 2015 07:10

Contra la espiral tóxica

Contra la espiral tóxica

Crece en el mundo la demanda de prohibición del glifosato, el herbicida inventado por Monsanto, el agrotóxico más usado del planeta, especialmente para maíz, soya y algodón transgénicos. Se comercializa como RoundUp, Faena, Rival y otras marcas, según país y empresa. Sus impactos potenciales se revelan cada vez más graves, incluyendo cáncer y malformaciones neonatales, autismo y aumento de enfermedad celíaca.


Las comunidades afectadas, especialmente en Argentina y Paraguay lo decían desde hace años: el glifosato nos envenena a todos y mata nuestros niños, las mujeres tienen abortos espontáneos, muchos niños nacen deformes y otros mueren por caminar cada día para ir a la escuela o a buscar agua, al lado de un campo de soya transgénica fumigado con glifosato. Hasta en barrios urbanos, como Ituzaingó, Córdoba, las madres denunciaron que sus hijos mueren por las fumigaciones en transgénicos. Científicos responsables, como Andrés Carrasco, y médicos comprometidos con los pueblos fumigados en Argentina, confirmaron los datos y agregaron que el porcentaje de cáncer en esos poblados aumentó notablemente, en algunos lugares más de 400 por ciento con respecto a la media nacional.


Finalmente, en marzo 2015, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, provenientes de once países, declaró que el glifosato es cancerígeno en animales de laboratorio y se lo asocia al surgimiento de cáncer en humanos.
El 7 de abril, día mundial de la salud, basándose en ese informe y datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina, que representa a 30,000 médicos y profesionales de la salud, demandó al Ministerio de Salud que se prohibiera el uso de este agrotóxico. Afirman que El glifosato no sólo produce cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas.


La doctora Stephanie Seneff, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT), agregó a esa lista el autismo y enfermedad celíaca (intolerancia al gluten). Seneff investiga desde hace años los impactos del glifosato y explica que por la ruta de acción de este herbicida, hay altas probabilidades de que sea uno de los causantes de estas enfermedades y otras disrupciones metabólicas.


Obviamente, Monsanto y otros fabricantes de agrotóxicos se dedican a denostar estos estudios y evidencias, pero el informe de la OMS se mantiene firme, y mucho más quiénes están directamente afectados en sus familias y pueblos. Las demandas de prohibir el glifosato avanzan en Europa, América Latina y Asia. Colombia prohibió el uso de glifosato para fumigación en combate a drogas. Es una medida insuficiente, pero una muy buena noticia para las comunidades fronterizas de Ecuador y Colombia que desde hace años denuncian que son gravemente contaminadas con este tóxico, como efecto secundario del supuesto combate a drogas.


El glifosato se usaba en muchos cultivos, pero su uso y concentración aumentó exponencialmente con los cultivos transgénicos resistente a este herbicida, ya que permiten aplicar cantidades mucho mayores de una sola vez, en lugar de un poco varias veces para no matar el propio cultivo. Este uso intensivo ha generado más de 20 plantas invasoras resistentes al glifosato en varios países, por lo que ahora la tendencia es aplicarlo en paquete con otros químicos aún más venenosos. Es una espiral tóxica que perjudica a todos y todo, sólo para lucro de unas pocas multinacionales.


La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en abril, con presencia de delegados de comunidades y organizaciones de 26 estados, tomó este tema con gran preocupación y decidió sumarse al trabajo para lograr su prohibición, así como la de los transgénicos. Si se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico en México, además de la contaminación transgénica de las semillas, el glifosato y otros tóxicos invadirán suelos y agua; las tortillas y otros productos derivados podrían ser no sólo transgénicos, sino también cancerígenos, como señalaron E. Álvarez-Buylla y E. González, de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad, UCCS. (La Jornada, 17/4/2015).


La Red analizó esto como una pieza más de los ataques a las comunidades y sus territorios, así como los programas de gobierno para que cambien sus semillas por híbridos –y luego transgénicos–, para hacerlos adictos a fertilizantes sintéticos y agrotóxicos de las empresas, una trampa en la que muchos han caído. Se suma a la brutal amenaza de despojo que significan las leyes secundarias de la reforma energética, que dan prioridad y ventajas a la explotación energética sobre sus derechos a la tierra. (Ver documento de Ceccam y Grain, Reformas energéticas, despojo y defensa de la tierra)


Los delegados de la Península de Yucatán, denunciaron que además de los daños a la apicultura por el uso intensivo de agrotóxicos en soya y maíz –legales e ilegales, incluso transgénicos– sufren una invasión de siembras de stevia, haciendo que más campesinos, empujados por la necesidad, abandonen sus cultivos tradicionales para obtener efectivo. Cuando ya no interesen a la industria, terminarán como marginados urbanos o trabajadores agrícolas semi-esclavos, como lo denuncian y resisten los jornaleros de San Quintín.


Pedir la prohibición del glifosato puede parecer limitado, pero es importante por ser un detonador y por nuestra salud. Rompe otro eslabón de las cadenas que quieren terminar la vida campesina y dejarnos sin opción más que comer sus venenos.
*Investigadora del Grupo ETC

Crece la tensión en Perú entre Gobierno y agricultores

Henry Checlla Chura, de 35 años, es el segundo civil muerto por disparos de la Policía Nacional en menos de dos semanas en el valle del Tambo, en la región Arequipa (costa sur de Perú), donde los agricultores iniciaron un paro hace 43 días en protesta contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper, con una inversión de 1.400.000 dólares.

 

El proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Copper presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y esta vez fue aprobado, en 2014, por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos. Frente a ello, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dice que debido a la orientación de los vientos la agricultura no será perjudicada.


El ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha informado de que han llegado a la zona más de 1.000 nuevos policías —sumando casi 3.000 en total— para restablecer el orden en el distrito de Cocachacra, donde han sido constantes las manifestaciones, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre agricultores y los agentes. El funcionario dijo que lo hicieron el domingo para evitar "el costo social" pero los choques se reanudaron: 17 heridos civiles el lunes, y dos heridos por arma de fuego la noche del martes en la misma confrontación en la que perdió la vida el obrero de construcción civil Checlla en la zona llamada Alto Inclán.


"Se convoca a los trabajadores de construcción civil a estar presentes a primeras horas de la mañana para dirigirnos al hospital y no se cambie la versión de la muerte de nuestro compañero en manos de la Policía", indicó el Sindicato de Trabajadores.


Poco después, el ministro de Interior confirmó en Lima la segunda muerte y los dos heridos del martes en el conflicto social, y criticó la "ferocidad de los ataques de los manifestantes".


El miércoles 23 de abril, cuando se produjo la muerte del agricultor Victoriano Nina por un proyectil, cerca de una carretera que los agentes intentaban despejar, la policía negaba haber usado armas letales. Ese día, en Lima, el presidente Ollanta Humala quiso decretar el estado de emergencia en la provincia de Islay, pero no obtuvo el respaldo de todo el gabinete. Desde el último fin de semana, la medida ha sido mencionada públicamente como una posibilidad.

 

El economista José de Echave explica a EL PAÍS que las dudas entre los agricultores de Islay se deben "a la profundidad de los dos tajos que prevé la operación, pues hay canales de aguas subterráneas muy cerca del trazo. La percepción es que Tía María va a romper los equilibrios en un valle donde no abunda el agua. Temen que gradualmente la agricultura desaparezca". Antes de que se produjera la segunda muerte en Islay, el primer ministro, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno solo dialogará si cesa la violencia, y tres alcaldes distritales de la provincia de Islay pidieron a la Defensoría del Pueblo que sea el mediador en el conflicto.


Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del paro en Islay ha habido 186 heridos: 111 policías y 75 civiles. Por eso, ha invocado a una pronta solución del problema, debido a la suspensión de las clases en las escuelas, el desabastecimiento y la inseguridad. Además, el gobierno de Humala arrastra el antecedente de un conflicto social similar que obstaculizó el proyecto minero Conga, en la sierra norte, y que produjo cinco muertes en 2012

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Negociando en medio de la desconfianza*

Una decisión urgida por las dilaciones oficiales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep), espacio de convergencia que reúne a diferentes procesos agrarios* tomó el pasado 27 de abril la decisión de declararse en asamblea permanente, exigiendo del Presidente de la República el inicio de una etapa de evaluación, balance y rendición de cuentas, debido a los incumplimientos y alargues en el proceso de negociación con la Mesa Única de Nacional, al tiempo que convoca a sus organizaciones de base a una asamblea de delegados para el próximo 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, para definir el rumbo inmediato de la negociación, así como el camino que deberá tomar este espacio de convergencia a un año de su creación.

En carta dirigida al ministro Juan Fernando Cristo Bustos en igual fecha, la Cacep exige del Ministerio del Interior concertar una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de realizar un balance de la negociación y pedir claridad respecto de la ruta de cumplimiento de los compromisos pactados.


Crónica de una crisis anunciada


Luego de los procesos de movilización social y paro agrario del año 2013, varias organizaciones sociales, étnicas, campesinas y populares se dieron cita en Bogotá entre el 15-17 de marzo de 2014 para construir un pliego unificado que recogiera las aspiraciones de las comunidades rurales populares. Fruto de este encuentro es redactado el Pliego de exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, Por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. (Ver pliego http://www.comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14), con el cual logra sentarse al gobierno nacional el día 11 de abril de 2014, para solicitar el reconocimiento de La Cacep como interlocutora legitima, exigiendo la instalación de una Mesa Única de Negociación.


El 8 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior expidió el decreto 870 con el cual regula el espacio de interlocución con las organizaciones de la Cacep (ver decreto 870 de 2014) y crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas del pliego único de exigencias. Adicionalmente, y como medida de aclimatación y confianza, el Gobierno se comprometió a instalar una subcomisión de derechos humanos y garantías para atender los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta, así como la apertura de una línea de proyectos productivos dentro del fondo de fomento agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, proyecto de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación y de fortalecimiento organizativo con el Ministerio del Interior.


El 3 de octubre de 2014, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, fue protocolizada la Mesa Única de Negociación, con la presencia del Presidente de la República. Este mismo día el gobierno nacional radicó ante el Congreso nacional una iniciativa legislativa que pretendía crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre)", figura que permitía que los baldíos pudieran ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales, el mismo que posteriormente fue retirado tras muchas presiones y denuncias, dejando en el ambiente el mal antecedente de lo que posteriormente será el desarrollo de las negociaciones.


Las primeras discusiones de la Mesa Única de Negociación, iniciadas el 7 de octubre de 2014 se centraron en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rublos de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Adicionalmente, planteó la necesidad de convocar a la comisión de estudio del Plan Nacional de Desarrollo para abrir el debate nacional atendiendo no solo el derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además las propuestas expuestas en el pliego único en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra) y de política minero energética. De esta reunión solo quedó el compromiso del Ministerio del Interior de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus oficinas la discusión y el tramite de los asuntos en cuestión.


LA pretensión de entregar los baldíos a grandes empresas no fue la única manipulación urgida desde la Casa de Nariño. Luego de 7 meses de instalada la Mesa Única de Negociación, y a un año de expedido el Decreto 870, el Gobierno insiste en renegociar lo negociado, en dilatar el inicio de la discusión sobre el pliego de exigencias para el buen vivir, negándose a instalar la subcomisión de derechos humanos, sin considerar que en lo que va corrido del año 8 indígenas han sido asesinados, más de una decena de líderes agrarios amenazados y, para colmo, la existencia de un nuevo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo formulado de manera inconsulta, el mismo que agrava la ya difícil situación que afrontan las comunidades agrarias, quienes han actuado con credulidad y buena fe, confiando en la palabra empeñada por el Presidente y sus ministros, de quienes recibieron promesas que no han pasado de la retórica a los hechos.


El Estado y el Gobierno, ¿para qué y para quién?


Las comunidades campesinas, negras e indígenas no solo han sido despojados de sus territorios, mediante el desplazamiento forzado y la implementación de megaproyectos, sino, además, parece ser que quieren despojarlas de su condición de sujetos de derechos, menospreciarlas y llevarlas a la condición de mendigos, desconociendo. entre otras cosas, su aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado de los bienes comunes.


Al considerar los derechos que protegen a estas comunidades, como al conjunto de la población colombiana, en particular uno de ellos, el que garantiza la protesta y la reclamación, recurriendo a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, lo que encuentran estos sectores sociales son trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos levantados como murallas infranqueables, a las que solo pueden acceder aquellos que cuentan con el dinero suficiente para comprar sus derechos. Reclamaciones dilatadas por la formalidad institucional, la cual sí es diligente o pronta con los procesos de negociación dispuestos por los gremios económicos agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio. Realidad que permite preguntar: entonces, el Estado y el Gobierno ¿para qué y para quién?


Hoy, cuando se habla de paz y prosperidad para todas y todos, los campesinos, indígenas y negros permanecen como victimas de asesinato, amenazas y persecución por parte de la fuerza pública y demás actores armados. Cuando recurren a las vías de hecho, a la protesta y la movilización para hacerse escuchar, la respuesta inmediata es la represión, las amenazas y la cárcel. Esta realidad acá reseñada representa un panorama lamentable que lesiona la confianza del país nacional frente al país político, el que persiste en proteger los intereses de la minoría. Actitud que evidencia, además, que la negociación con el Gobierno atraviesa un momento crítico, y que es hora de hacer un balance para definir cómo continuarla.


El diálogo, la negociación y la concertación.


El diálogo, la negociación y la concertación con el Gobierno no puede llevar a perder de vista el escenario legislativo, donde definen la política pública y concretan muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales. Lamentablemente, el legislativo está capturado por grupos políticos representantes de los sectores agroindustriales, terratenientes, quienes adecuan las leyes a sus propios intereses, como las pretendidas leyes de baldíos y el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que responde más a las necesidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que a las necesidades sentidas por los colombianos de a pie.


Tampoco podemos perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que desarrollan las organizaciones populares en la ruralidad, expresadas de manera autónoma, espontánea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida, que resisten a pesar de los embates del modelo económicos, constituidas en germen de futuro y sustentabilidad para un mundo en crisis (ambiental, económica, etcétera), iniciativas que deberían ser la base para cualquier proyecto político.


Por estas razones, es claro que las disputas por la tierra, el territorio, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el Gobierno es posible lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; es necesario, además del avance autónomo de procesos de planeación, gestión y ordenamiento territorial, donde sean las "comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos" (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).


También es necesario articular las luchas que libran en este momento trabajadores estatales, profesores, médicos, estudiantes, etcétera. Es necesario establecer vínculos concretos de solidaridad entre los sectores sociales que hoy se encuentran en conflicto social con el Estado. Conservando la voluntad de contribuir a la paz, pero con justicia, equidad y dignidad.


Ante esta circunstancias, no sobra reiterar que las diversas organizaciones y procesos agrarios que integran este proceso conservan su voluntad de diálogo, pero sin ceder ante la retórica. Por eso exigen del Gobierno muestras claras de voluntad, manifestadas en hechos concretos.


Mientras esto se torne realidad, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se mantiene en asamblea permanente, y llama a las comunidades y sus organizaciones a continuar con procesos de análisis y reflexión a fin de buscar caminos para afrontar esta difícil situación a la que ha llevado el mal gobierno.


2 de mayo de 2015

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Perú, en decisiva batalla contra el extractivismo

Desde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.


La Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo en 1960, ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue la mayor contribuyente de Perú.


Un reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa. Cuando Southern empezó sus operaciones en los años 50 contaminó severamente la costa, producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves (El Comercio, 12 de abril de 2015).
Vale destacar que la región sur tiene un importante valor estratégico, ya que concentra importantes corredores de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), en particular los ejes interoceánico central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres importantes puertos (Ilo, Marcona y Matarani) ofrecen una rápida salida, a través de la carretera Interoceánica, a la producción agropecuaria e industrial brasileña con destino asiático.


Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María comenzaron en 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México) anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el emprendimiento, que supone inversiones de unos mil 400 millones de dólares en la primera fase, pues asume que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura. Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en movimiento permanente.


En 16 de marzo de 2011, la población conoció por el Frente de Defensa del Valle de Tambo un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. La respuesta a la burla fueron masivas manifestaciones de rechazo, en las que hubo tres muertos y 50 heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado.


Pero en agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanado las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta.


La minera, con sede en México, tiene serios cuestionamientos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En enero de 2015 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares contra el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo (https://redaccion.lamula.pe/2015/03/31/5-claves-para-entender-el-conflicto-por-tia-maria/jorgepaucar/).


Al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al valle de Tambo, que ya provocaron un muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer trabajo de campo con los agricultores, dijo que los opositores son terroristas antimineros. Aunque luego fue desmentido por la empresa, la campaña va a más. Un ex congresista declaró que Marco Arana, quien dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.


Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa en favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. El 26 de abril el diario La República publicó una encuesta nacional, según la cual 51 por ciento de la población opina que los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes, frente al 32 por ciento que cree a la minera (www.larepublica.pe/26-04-2015/62-cree-que-cateriano-debe-priorizar-plan-de-seguridad).

Tres problemas mayores aparecen ante la resistencia popular.


El primero es que Perú no es cualquier país. Es una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70 mil muertos en la década de 1990.


Segundo, la minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.


Tres, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper de que los antimineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no deberíamos olvidar: consideran a los de abajo, no sólo a los que resisten, como enemigos a exterminar.

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Campesinos despojados de medios de vida

"Hay que sembrar palma africana a toda hora, que no se nos quede un día sin sembrar palma africana". Así arengaba el innombrable sobre este sembrado en el 2014.

Ha transcurrido una década desde entonces y las consecuencias de la agroindustria de esta palma son inocultables y graves sus repercusiones. Uno de los casos que puede ejemplificar esta realidad lo encontramos en el corregimiento de Simaña, municipio La Gloria, Cesar, donde este cultivo penetró en el año 2006.

Simaña, al igual que la mayoría del país, era una zona consagrada a la producción de alimentos, tales como la yuca, el plátano, el maíz, el cacao y la pesca. Esta producción era necesaria para la sobrevivencia de sus habitantes locales y para la dinamización de la economía local, y así lo fue hasta el momento en que sufrió una incursión paramilitar, sus habitantes fueron despojados de sus tierras, las que posteriormente fueron transformadas en función de la agroindustria de la palma africana.

La historia del cultivo de palma y la de esta región han estado marcadas por laviolencia y la desposesión. Desde la época de la familia Marulanda Grillo y la des sus descendientes, hasta llegar hoy a Germán Efromovich, sus socios extranjeros y sus agronegocios, quienes no han reparado en los medios por utilizar para garantizar el acaparamiento de tierras.

Según la revista Semana, la familia Marulanda Grillo, "utilizó la violencia política de mediados de siglo para adueñarse de la tierra de los campesinos y de terrenos baldíos que eran propiedad del Estado"1, llegando a acumular cerca de 22.000 hectáreas. A finales de la década del ochenta, campesinos trataron de ocupar parte de estas tierras para desarrollar sus actividades agrícolas; en este escenario el Estado reconoce que dentro de la finca existen 1.500 hectáreas de baldíos que serían distribuidas entre los campesinos, pero en 1996, cuando iba a iniciar el proceso de titulación para los campesinos, un grupo paramilitar en complicidad de las Fuerzas Armadas se tomó la zona en varias ocasiones y generó la desterritorialización de 287 familias2.

El tiempo pasa y la necesitad de tierra no es satisfecha. A pesar de las amenazas de los paramilitares, los campesinos persisten en retornar a la tierra de la que han vivido. En la actualidad la hacienda pertenece al Grupo Synergy –con Germán Efromovich a la cabeza–,que la compró a la familia Marulanda, bautizándola de nuevo, ahora el predio es llamado "Hacienda La Gloria".

Con el nuevo nombre, además de los capitales internacionales que trajo Efromovich, también llegaron promesas de "desarrollo", seguridad laboral y económica para los habitantes de Simaña. Propaganda, ilusiones, el tiempo pasa y lo único que persiste aquí es una presión mal disimulada contra la población del municipio, proveniente de la imposición de monocultivos sembrados en la Hacienda desde el 2008. Siete años han transcurrido para que sus habitantes constantes el "desarrollo": contaminación, desarraigo y pobreza.

¿Desplazamiento por contaminación ambiental?

"Acá vivimos de aguantar hambre", es lo que expresa una de las habitantes de Simaña e integrante de Asocadar –Asociación Campesina de Desplazados al Retorno, organización que agrupa a 84 familias del municipio–. Desde la llegada de la palma al corregimiento, se generaron un conjunto de problemas, que han puesto en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de su población, ya que al haber entregado sus tierras agrandes empresas cambiaron sus cultivos por el negocio de la palma, por lo cual los alimentos que consumen deben ser traídos desde Ocaña; mientras deben esperar largos periodos para recibir las ganancias del cultivo.

De acuerdo a información entregada por Asocadar, ninguna persona que integre alguna de estas organizaciones, o cualquier otra, puede trabajar en los cultivos de palma dirigidos por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, o en los cultivos de piña a cargo de La Dolce Vista State Inc Sucursal Colombia –socia de Efromovich–.

Estas empresas pagan sueldos de $190.000 quincenales, y no cubren seguridad social, ni demás pagos exigidos por la ley. Además, todo aquel que tenga más de 40 años tampoco es contratado. Al no existir más fuentes de trabajo en la zona, y ante la imposibilidad de sobrevivir del cultivo de su tierra, las personas están obligadas a trabajar allí con todas las implicaciones desprendidas de tal sometimiento.

En este contexto también están presentes graves problemas ambientales y sanitarios producidos por la agroindustria. De acuerdo a los habitantes de Simaña, las agroempresas tienen cinco presas en el río, para utilizar el agua contenida allí en épocas de sequía. Por lo que los pescadores han visto afectada su actividad económica y principal fuente de alimentación. Además, los residuos generados por los monocultivos son vertidos a las quebradas que alimentan al río Simaña, generando problemas de contaminación en éste y el aire de las vecindades, realidad padecida y denunciada con angustia por parte de las comunidades.
Desde los tiempos de la arrocera en la finca, la quebrada El Mico se secaba, lo mismo sucedía con el caño La Pita, dinámica ahora recrudecida desde que las empresas de monocultivos entraron a la zona. La quebrada Aguardientera ha perdido su caudal, la ciénaga Cienagüita, ubicada junto a los sembradíos de piña, ha perdido su vida y nivel de agua. Al igual que los casos anteriores las ciénagas Las Pavas y Molina han sufrido impactos en su biodiversidad.

De acuerdo a los pobladores, el río Simaña recibe todos los vertimientos de la Hacienda, por lo que se ha perdido casi toda la vida en él. Ahora es casi imposible pescar algo, mientras que hace unos años con una atarraya se podía pescar lo necesario para la familia y para vender. Pero con la contaminación del río no sólo se afecta su vida, también sufre sus consecuenciasla sociedad que se alimentaba de la pesca.

Informado de lo sucedido con el recurso hídrico, Corpocesar realizó durante tres años muestreos para conocer lo que estaba produciendo dicha problemática y saber sobre los impactos producidos para la salud de la población de sus entornos, pero todo indica que ni vió ni midió ni realizó muestras de ningún tipo, pues luego de las actividades allí desarrolló la Corpocesar todo continuó igual; para colmo, la población local nunca conoció los resultados arrojados por las muestras realizadas. Por su parte, el Alcalde y el Gobernador guardan silencio respecto a lo que sucede en el corregimiento, sin presentar soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad.
De acuerdo a ésta, pasa el tiempo y no hay solución alguna a la vista, por el contrario, todo es más grave, de tal manera que por la contaminación ya no es posible entrar en contacto de alguna forma con los cuerpos de agua de la zona porque lo único que se gana son problemas dermatológicos o intestinales. Los campesinos se quejan porque bañarse en el río "produce rasquiña y brotan granos por el cuerpo".

Pica el cuerpo, además de brotarse, pero también el aire se infecta de malos olores y provenientes de la zona donde se ubica la despulpadora, y no sólo es el malestar por el mal olor,ya algunos habitantes de Cimañana presentan y padecen problemas respiratorios, problemas que no habían tenido hasta el momento en que la despulpadora entró en funcionamiento.
El daño ambiental no para. Además de las empresas mencionadas, "pequeños" agroindustriales han sembrado palma en zonas inundables y han secado ciénagas en áreas cercanas a Simaña, para poder sembrar allí sus cultivos, profundizando aún más los problemas relacionados con la disponibilidad de agua en la zona.

Además de la contaminación, aparece el alto consumo de agua requerido por los monocultivos. Las altas demandas del preciado líquido empieza a generar conflictos sociales por el acceso al mismo3.

De acuerdo a Corpoica4,el consumo de agua de cada palma es de 6 litros de agua por día. Según Fedepalma, en condiciones normales se cultivan 156 palmas por hectárea, lo que daría un total de 936 litros de agua diarios por hectárea. El Grupo Agroindustrial Hacienda la Gloria5, a 2012 tenía proyectadas 6.800 hectáreas,que requerirían de 6'364.800 litros diarios de agua (que equivalen a un río de caudal de 75 litros por segundo). La vida útil de las palmas es de 20 años, y demandan cantidades de agua que compiten con las actividades humanas en el área de influencia de los cultivos. De esta manera, y ante la imposición del monocultivo, los habitantes del corregimiento deben tomar el agua de un pozo construido por ellos mismos, ya que ninguna entidad estatal se interesa por dar solución a la falta de agua para el consumo humano.

"Hay que sembrar palma africana a toda hora, que no se nos quede un día sin sembrar palma africana". De hacerle caso a este "sabio consejo", el país quedaría seco. El caso de Simaña es una muestra de las graves y profundas transformaciones causadas por la agroindustria, en este caso de la palma en el Magdalena Medio, cuyos efectos ambientales empiezan a generar nuevas inquietudes sobre otros tipos de desterritorialización forzada, esta vez por la privación de los medios de vida.

 

1 Visto el 19/12/14 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-caso-marulanda/47019-3
2 Amnistía Internacional (1997). Colombia Hacienda Bellacruz: Tierra, violencia y fuerza paramilitar.
3 Visto el 27/12/14 http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/se-agudizaran-conflictos-por-uso-del-agua-para-cultivos-de-palma.html
4 Corpoica. Todo Sobre Palma de Aceite.
5 Visto el 27/12/14 http://www.haciendalagloria.com/portal/sostenibilidad/#tab-id-4

Publicado enEdición Nº 212
Para garantizar el derecho a la alimentación

ALAI AMLATINA, 24/03/2015.- Uno de los réditos del Año Internacional de la Agricultura Familiar que propició la ONU en el 2014, con el trasfondo de la crisis alimentaria, es haber contribuido de alguna forma a visibilizar el debate entre el agronegocio y la agricultura campesina, que se mantenía en sordina por la simbiosis establecida entre el primero y el poder mediático.

En el plano oficial, por decir algo, el Director general de la FAO, José Graziano da Silva, en su discurso de apertura del 24 período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG) en Roma, expresó: "Los responsables políticos deben apoyar una amplia gama de enfoques para reformar los sistemas alimentarios mundiales, haciéndolos más saludables y sostenibles y reconocer que 'no podemos confiar en un modelo intensivo de entrada para aumentar la producción y que las soluciones del pasado han mostrado sus límites'... (y) solicitando un 'cambio de paradigma', dijo que los principales desafíos de hoy en día son reducir el uso de insumos agrícolas, especialmente el agua y los productos químicos, con el fin de lograr una agricultura, una silvicultura y una pesca más sostenibles y productivas a largo plazo"[1].

Es en este contexto que tendrá lugar el VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, del 10 al 17 de abril próximo en Buenos Aires, con la participación de delegaciones de más de 80 organizaciones de 18 países de América Latina y el Caribe, donde la disputa con el agronegocio será uno de los temas centrales. De hecho, la programación incluye la V Asamblea Continental de Mujeres y la IV Asamblea de la Juventud[2].

 

Dos modelos

 

El agronegocio (agribusiness) es expresión de los cambios estructurales en la producción agrícola de la nueva fase del capitalismo hegemonizada por el capital financiero y las transnacionales que irrumpe en la década de los '80 del siglo pasado.

Según João Pedro Stedile, dirigente del MST de Brasil, este modelo "se caracteriza sucintamente, por: organizar la producción agrícola en la forma de monocultivo (un solo producto) en escalas de áreas cada vez mayores; uso intensivo de máquinas agrícolas, expulsando la mano de obra del campo; la práctica de una agricultura sin agricultores; la utilización intensiva de venenos agrícolas, los agrotóxicos, que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus micro-organismos, contaminan las aguas en la capa freática e inclusive la atmósfera al adoptar los defoliantes y secantes que se evaporan en la atmósfera y regresan con las lluvias. Y sobre todo, contaminan los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población. Usan cada vez más semillas transgénicas, estandarizadas, y atacan el medioambiente con sus técnicas de producción que buscan sólo mayor tasa de lucro, en menor tiempo"[3].

Ante este modelo del agronegocio -socialmente injusto, económicamente inviable, insustentable para el medio ambiente y toda la biodiversidad, y una producción mercantil de alimentos con graves consecuencias para la salud de la población-, las organizaciones del campo articuladas en la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC-Vía Campesina) han desarrollado el concepto de la Soberanía Alimentaria, partiendo del principio de que los alimentos no pueden ser una mercancía, pues la alimentación es un derecho de supervivencia de la humanidad, y que, por lo mismo, en todos los lugares del mundo cada pueblo tiene el derecho y el deber de producir sus propios alimentos.

En tal sentido, el documento preparatorio[4] señala: "Realizaremos nuestro VI Congreso avanzando en la elaboración política de nuestra propuesta hacia una nueva sociedad, donde la Soberanía Alimentaria sustentada en la concreción de Reformas Agrarias Integrales y Populares nos devuelva la alegría y la convicción soberana de continuar trabajando y cuidando la madre tierra para producir los alimentos que nuestros pueblos requieren y que la humanidad necesita para garantizar su desarrollo". Y más adelante precisa: "La cuestión de la alimentación es un tema estratégico para la autonomía de un pueblo y para la Soberanía de la Nación. Así, vemos que la Agricultura Campesina e indígena cumple un papel fundamental en cualquier país que vislumbre ser soberano".

La agricultura campesina, acota el texto, "es una forma de ser, de vivir y de producir en el campo, se basa en el rescate de tradiciones, costumbres y culturas de los Pueblos Originarios. El campesinado y los pueblos indígenas viven en una constante lucha por la autonomía productiva, a través de la diversificación de la producción y de la utilización de subproductos de una producción para la otra, en la búsqueda del equilibrio ecológico, a través de una fuerte relación con la naturaleza, el auto abastecimiento y el abastecimiento local y regional de alimentos saludables, constituyéndose en elemento basal para la promoción de la soberanía alimentaria".

Y para confirmar que la agricultura campesina no es menos productiva que el agronegocio y que le supera en razón de factores sociales, culturales y ecológicos que cumple, el documento señala: "Los campesinos e indígenas acceden a apenas al 24,7% de las tierras y territorios, son responsables de más del 70% de la producción de alimentos del mundo. Grandes cantidades de esos alimentos son comprados a bajos precios por las grandes transnacionales y trasladados lejos de las áreas donde se producen o se destinan a otros fines que no son la alimentación, existiendo una distribución no equitativa de los mismos, generando hambre y miseria en los sectores y países más pobres del mundo. La tierra y el territorio son las bases fundamentales para la Agricultura Campesina e Indígena y la soberanía alimentaria, tener acceso a ella y explotarla racional y adecuadamente es vital para el desarrollo humano equitativo".

 

Conexión global: salvar el planeta

 

Como integrante de la Vía Campesina, una delegación de la CLOC participó en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares (Roma-Vaticano, 27-29 de octubre 2014), donde las organizaciones del campo en el diálogo con el Papa Francisco destacaron la gravedad de la destrucción ambiental, "por una ínfima minoría, que con un modelo de producción y consumo que prioriza el lucro antes que la vida, está devastando el planeta y las formas de vida y culturas que lo sostienen. El cambio climático que ha producido este modelo y esa minoría está amenazando la existencia de la Tierra y todos los seres vivos, incluidos los humanos"[5]. Y convocaron a los siguientes compromisos.

- La defensa de la permanencia de los pueblos del campo en sus territorios y de la agricultura campesina y otras formas de producción de los pueblos como base de nuestra alimentación
- Llamar a detener los graves impactos sociales y ambientales de la minería, la deforestación y otras industrias contaminantes y abogar por su control.
- Un rechazo claro a los organismos y cultivos transgénicos y sus efectos... los transgénicos son un peligro grave y que sus promesas de mayor productividad y de terminar con el hambre no tienen base económica, ni científica ni biológica.
- Pronunciarse contra el patentamiento y manipulación de todos los seres vivos.
- Rechazar la privatización del agua, la tierra, las semillas y los bienes naturales
- Rechazar las falsas "soluciones" frente al cambio climático, como la energía nuclear, las mega-represas, la geoingeniería y los mercados de carbono.

 

Agroecología

 

En su VI Congreso Continental, la CLOC-VC se propone avanzar en la construcción del proyecto político popular y la generación de propuestas para políticas públicas. En tal sentido, en el documento preparatorio señala, como uno de sus desafíos, que el programa "debe defender una nueva matriz de producción de los bienes agrícolas, basada ahora en la agroecología, como una forma concreta de enfrentar la forma capitalista de expoliar la naturaleza. La agroecología es más que un conjunto de técnicas alternativas para producir en el campo, es un modelo, un instrumento necesario para derrotar el modelo capitalista, que solo consigue producir con venenos, destruyendo la naturaleza".

Bajo esta perspectiva, "la Agroecología y la Transición Agroecológica como una nueva base técnica y científica para la producción de alimentos, fibras y biomasa, en cantidad y calidad suficiente para el abastecimiento nacional y las exportaciones, preservando y conservando la base de recursos naturales existentes en los biomas y ecosistemas, constituyendo condiciones para la transición a través de conocimientos técnicos y una nueva ruta de insumos, con estructuras industriales locales y regionales para producirlos y distribuirlos".

Destaca además que las semillas criollas, "patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, son determinantes de la calidad, diversidad y cantidad de alimentos producidos, por lo tanto tienen vinculación directa con la Soberanía Alimentaria. Las semillas determinan el modelo productivo adoptado. Las semillas nativas están adaptadas al suelo, clima de su región, por lo tanto son determinantes en el enfrentamiento del modelo agroquímico, por lo tanto fundamentales para el enfrentamiento a las multinacionales". Mientras que, "el uso de las semillas transgénicas, aumenta la utilización de agrotóxicos e insumos químicos, aumentando el desequilibrio ambiental y creando un ciclo vicioso donde cada vez se usa más venenos e insumos químicos, generando más desequilibrio y necesitando así utilizar más insumos químicos y venenos".

 

Políticas públicas

 

Para fortalecer la agricultura campesina e indígena y la soberanía alimentaria, la CLOC-VC reconoce que es necesario luchar por políticas públicas, tales como:

a) Reforma Agraria Popular e Integral. Distribución de tierras, juntamente con políticas de fortalecimiento del sector productivo. Límite en el tamaño de la propiedad; prohibición de la venta de tierras para extranjeros, etc. Expropiación de tierras con explotación de trabajo esclavo o situación análoga.

b) Política de stocks (acopios) reguladores. Donde el Estado compre la producción en período de zafra-cosecha, forme stocks (acopios) y coloque en el mercado en el período entre cosechas.

c) Política de precios mínimos. Garantizando un precio mínimo que cubra los costos de producción y un margen de renta para las familias campesinas y limite los precios pagados por los trabajadores urbanos.

d) Asistencia técnica. Orientada hacia los sistemas campesinos de producción, incentivando la producción de alimentos, con equipos multidisciplinarios, de forma gratuita y capaz de atender a todas las familias campesinas.

e) Créditos subsidiados para la producción de alimentos. Garantizando que las familias campesinas produzcan alimentos, obtengan renta y puedan colocar los alimentos en el mercado a precios accesibles para los trabajadores urbanos.

f) Derechos de los agricultores. Reconocimiento por los servicios ambientales prestados, protección del conocimiento tradicional, re-distribución de los beneficios, participación en las decisiones sobre la conservación y el uso sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación.

g) Legislación. Legislación específica para la producción, industrialización y comercialización de la producción campesina, como forma de incentivo para la producción de alimentos.

h) Educación campesina. Orientada hacia la realidad local, contextualizada, que prepare a la juventud campesina para actuar en el campo, con orgullo de ser campesina.

i) Mercados institucionales. Que los gobiernos compren alimentos para los programas de alimentación escolar, hospitales, asilos y el sistema provisional directamente de los campesinos y sus organizaciones.

j) Nueva circulación de insumos. Reconocer, apoyar la estructura productiva y organizar la logística de distribución de insumos naturales, que no agredan al medio ambiente.

k) Programa de transición agroecológica. Reconociendo y apoyando procesos, con una ampliación gradual de incentivos de acuerdo con el avance implementado por las familias campesinas en el proceso de transición.

l) Apoyo a procesos de cooperación. Cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias, agroindustrias, mercados populares...

m) Reconocimiento del modo campesino de hacer agricultura. Es el único capaz de dar respuestas a los principales dilemas de la humanidad:

Crisis alimentaria.
Crisis energética.
Crisis ambiental.

Éstas y otras medidas pueden resolver el problema de la crisis de los alimentos, disminuir la presión en las grandes ciudades y garantizar condiciones de vida digna para las familias trabajadoras del campo y las ciudades. Con estas políticas públicas y esta lógica de producción campesina podremos alcanzar la Soberanía Alimentaria.

 

Notas:

[1] Comunicado de prensa FAO, 30 de septiembre 2014
[2] La CLOC se fraguó al calor de la Campaña Continental "500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular", para constituirse formalmente en el congreso realizado en Lima, Perú, del 21 al 25 de febrero de 1994.
[3] "Las tendencias del capital sobre la agricultura", América Latina en Movimiento nº 459, ALAI, octubre 2010.
[4] Rumbo al VI Congreso Continental. Secretaría Operativa CLOC-VC - Argentina, Abril 2015.
[5] Mensajes leídos al Papa, EMMP, http://alainet.org/active/78544&lang=es

* Texto publicado en la revista América Latina en Movimiento No. 502 de marzo 2015, sobre el tema "Agricultura Campesina para la Soberanía Alimentaria" - http://www.alainet.org/es/revistas/168312

Publicado enMedio Ambiente
Árboles transgénicos y resistencia campesina

El pasado 5 de marzo, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Via Campesina Brasil detuvieron la primer liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.

 

Ese mismo día, 300 mujeres de los movimientos ocuparon las instalaciones de la CNTBio (Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad, Brasil), interrumpiendo la reunión que pretendía aprobar la plantación comercial de eucaliptos transgénicos, consiguiendo con ambas acciones parar la decisión. El día anterior, se había realizado una jornada internacional de acciones de protesta en Brasil, Estados Unidos y otros países (Campaña para detener los árboles transgénicos, stopgetrees.org )
La valiente acción de las mujeres de MST y Via Campesina tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de su país, y forman parte de una creciente resistencia mundial contra este nuevo asalto transgénico a la biodiversidad, la alimentación y los territorios campesinos e indígenas.


Como reporta el Movimiento Mundial por los Bosques (wrm.org.uy) hay cientos de parcelas experimentales de árboles transgénicos, pero la gran mayoría está en Estados Unidos, China, Brasil y Canadá. Solamente China ha aprobado la liberación comercial de árboles transgénicos maderables y esta es la primera vez que se plantea su liberación comercial a gran escala en América Latina. Varios países del continente tienen investigación y alguna experimentación en esta área, incluyendo a Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y México. Según un informe de la Coalición Mundial por los Bosques (globalforestcoalition.org), desde 2007 hay empresas experimentando con eucaliptos y pinos transgénicos en Guerrero, México, lo cual sería grave ambiental y socialmente, pero además ilegal, ya que no existe ninguna solicitud a este respecto en los registros de la Cibiogem (Comisión de bioseguridad y OGM, México).


El MST advirtió que los eucaliptos transgénicos tiene fuertes impactos negativos sobre los campesinos, la biodiversidad, el agua y la tierra. Al igual que los transgénicos agrícolas, no son para satisfacer ninguna necesidad de la gente, sino que están diseñados solamente para aumentar las ganancias de las empresas. Los enormes monocultivos de eucaliptos que existen han desplazado miles de familias indígenas y campesinas. Esas plantaciones no permiten que nada subsista dentro o alrededor, debido al uso intensivo de agrotóxicos y a la cantidad de agua que absorben para crecer. Las plantaciones de eucaliptos son cortadas para procesar en 6-7 años. Luego vuelven a crecer una o dos veces más, pero en 20 años, sólo queda un enorme desierto de tocones estériles, el suelo completamente agotado, envenenado y sin nutrientes y las fuentes de agua de los alrededores desecadas. En varios países, no sólo han desplazado a los campesinos de su tierra, también los vecinos han debido marcharse debido a la falta de agua. Dentro de las plantaciones no crecen otras especies vegetales ni animales, por lo que los movimientos los llaman desiertos verdes .


Los eucaliptos transgénicos de FuturaGene son manipulados para crecer en solo 4-5 años, por lo que requieren más agrotóxicos y mucha más agua, aumentando dramáticamente la crisis hídrica en esas regiones. Además, señala el MST, son una amenaza a los apicultores, mayoría campesinos, ya que si su miel se contamina de polen transgénico, no sólo deteriora el consumo, además no pueden exportarla.


La contaminación con polen de cultivos agrícolas transgénicos es un problema serio, pero con los árboles transgénicos, por estar emitiendo polen por décadas, a distancias mucho mayores, la situación se vuelve dramática. Las interacciones de ese polen con especies silvestres o cultivadas, así como sobre la biodiversidad, son imprevisibles por el tiempo y distancia que cubren. Paradójicamente, en lugar de que esto lleve a prohibir los árboles transgénicos, éste es el argumento que usan en Brasil las empresas para presionar la legalización de otra peligrosa tecnología transgénica: Terminator, una tecnología para hacer plantas suicidas, con semillas que se vuelven estériles al contacto con ciertos químicos. La actual ministra de agricultura de Brasil, Kátia Abreu, defensora de latifundistas y empresas de agronegocios, fue quien presentó siendo diputada, la primer propuesta para legalizar esa tecnología en Brasil, donde está prohibida, siguiendo una moratoria internacional de Naciones Unidas contra su aplicación.


La acción del MST frenó la decisión de la CNTBio, pero la amenaza de los árboles transgénicos sigue pendiente y al igual que ha sucedido con otros transgénicos en Brasil, su aprobación afectará en efecto dominó a muchos otros países.


A pocos días de esta acción, comenzó a circular en redes sociales de Brasil una amenaza de muerte contra João Pedro Stédile, unos de los fundadores y líderes del MST, ofreciendo dinero a quien lo capture vivo o muerto, por ser enemigo de la patria. La amenaza, al parecer iniciada en la página de un policía de Río Janeiro, fue repudiada por movimientos y organizaciones de todo el mundo, con la exigencia a las autoridades de que se investigue y castigue a los responsables.


En todas partes del mundo, las empresas, medios y autoridades que las encubren, pretenden avanzar impunemente, destrozando la biodiversidad, territorios y medios de sustento de campesinos e indígenas. Toda nuestra solidaridad contra la criminalización de las resistencias, sus luchas nos fortalecen a todos.
*Investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 06 Febrero 2015 17:57

Marcha por el otro cambio

Marcha por el otro cambio

En 1789 Emmanuel Joseph Sieyès escribió ¿Qué es el Tercer Estado?, en dónde se preguntaba:

"¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué demanda? Llegar a ser algo."

 

Doscientos veinticinco años después seguimos más o menos igual, siendo nada.

Campesinado, clase media (burguesía de mayor o menor riqueza pero sin poder real), artesanas y artesanos (artistas, intelectuales,...), comerciantes (de cualquier tipo, autónomos e independientes), la clase obrera y trabajadora, las empleadas y empleados, el funcionariado; en suma, el pueblo llano seguimos estando supeditados al clero y a la nobleza, que han sido sustituidos hoy, tan sólo en parte puesto que esos dos estamentos siguen siendo privilegiados, por los poderes financiero y mediático.

Un cambio es toda modificación en las características de algo, lo que lleva a una situación diferente a la anterior. Lo lógico sería que la transformación fuera para mejorar el estado en el que se encuentran quienes peor están. Ese cambio tiene que ser alterativo, para mejorar la situación de la mayoría, y profundo, para transformar la realidad de manera que la sociedad civil sea protagonista de su historia en un papel principal y no como secundaria de los poderes fácticos que la embaucan y subyugan.

Para este camino por el cambio, otra ruta para otro cambio, necesitamos mapa, papel, lápiz y agua. Elementos imprescindibles para internarse en esa sociedad riesgosa que nos planteó el recientemente desaparecido Ulrich Beck.

Un mapa para la orientación entre riesgos físicos, sociales y políticos, para navegar con rumbo entre liquideces y liquidados; un papel y un lápiz para tomar notas, de lo que vemos, lo que pensamos y lo que nos venden, para poder revisar lo escrito y saber si nos equivocamos o fueron otros los que nos indujeron al error, y agua para saciar la sed y poder mantener la mente clara y el espíritu abierto.

De la sociedad del riesgo, cualquier sociedad con algunos riesgos, a la sociedad del riesgo global, todas las sociedades con todos los riesgos posibles, que son muchos. Así es el mundo hoy. La manera en que nos comuniquemos en estas sociedades del riesgo es muy importante. Podemos está haciendo, pese a todos los palos que le caen y le seguirán cayendo, a portadas vergonzosas y noticias inventadas por periódicos supuestamente serios, un buen ejercicio de comunicación

El cambio que proponen, respaldado en su marcha por el cambio, y con el que estamos de acuerdo, es un riesgo necesario y urgente, que tiene que tener, además de un objetivo, un adjetivo que lo circunscriba y explique. ¿Qué cambio?, ¿hacia dónde?, ¿cómo y con quién?

El ejemplo, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, es la Grecia de esa nueva esperanza que supone Syriza. La cosa no va a ser fácil, habrá una prueba de fuego en las elecciones municipales y autonómicas, porque nos van a dar duro desde todos los frentes (políticos, sociales y económicos), se nos va a exigir más y mejor que lo que se les ha pedido a esta derechona recalcitrante y a ese socialismo light.

Hace algo más de 32 años que nos vendieron un cambio en el que creímos muchos. Gran parte de la izquierda comunista y sindicalista votó por ese cambio, para darle otro aire y otra cara a la política después de cuarenta años de dictadura y seis más de imperfecta transición. Pero no sólo no cambiaron la política hacia mejor sino que se dedicaron a descabezar los movimientos sociales que le pudieran hacer sombra; nos hicieron girar hacia el gran hermano y nos metieron de cabeza en la OTAN pese a que el lema, un tanto equívoco, era que de entrada NO.

Los riesgos que la modernidad democratizó exigen un cambio en la política, en la forma de pensar, de decir y de hacer. Un cambio ciudadano, socialmente significativo para que la población se sienta parte de la sociedad que habita y a la que contribuye. Contra las muchas desigualdades y las crecientes inequidades, a favor de las múltiples identidades y por el reconocimiento de las otredades (mujeres, minorías étnicas y religiosas, opciones sexuales,...)

Tocará pelear y mucho, habrá que comunicar y recomunicar los cambios, que han de partir de la comprensión para lograr la transformación. Tan sencillo de contar y tan difícil de realizar.

Cambios no hacia un mayor desarrollo de los mercados y los beneficios empresariales, no para mantener las corrupciones, sino para construir ciudadanía empoderada, activa y participativa. No queremos su desarrollo, no queremos su economía ni sus medios masivos de difusión. Queremos un verdadero cambio de modelo y otra comunicación.

Necesitamos de la sociología reflexiva para contrarrestar los riesgos e incertidumbres de un mundo abandonado por la política, desregulado y manejado por el poder financiero global. El cosmopolitismo que planteaba Beck como solución para que se revierta la tendencia, se recupere el rumbo y se transforme la realidad en algo menos crudo de lo que vive la mayoría.

 

 

La marcha del cambio en Madrid (Foto: Rosa Martínez)

 

Nos persigue el desarrollo, "su" desarrollo, que no es el que necesitamos y que nos han vendido continuamente para mantener el estatus de una minoría. La mayoría no ha perseguido un desarrollo impuesto y no disfrutado, nos lo imponen desde arriba y la sociedad se construye desde abajo. Como diría Richard Falk en La globalización depredadora "resistencia contra la globalización desde arriba a través de la globalización desde abajo."

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Viernes, 10 Octubre 2014 16:02

El peor modelo agrario del mundo

El peor modelo agrario del mundo

Es viejo el debate sobre cuál debe ser el modelo agropecuario de un país: que si producción campesina e indígena, que si empresarial con obreros agrícolas, que si más o menos tecnificada, que si con el agro arrinconado o no por la competencia internacional, que si con mayores o menores subsidios, que si solo con empresarios monopolistas y extranjeros, que si con campesinos libres o como aparceros del siglo XXI... El Polo propone un modelo de tipo dual, de indígenas y campesinos libres, por un lado, y empresarios y obreros agrícolas con derechos laborales, por el otro, con la protección estatal necesaria para garantizar que en Colombia exista un agro fuerte, en el que les vaya bien a todos sus sectores, así se irriten Estados Unidos y todos los que buscan reducirlo al mínimo para obligarnos a importar sus productos, compras que ya van en diez millones de toneladas de productos del campo que pueden producirse en el país.

En estas controversias nadie negará, por lo menos en público, que el peor modelo agropecuario que pueda existir es el que no utiliza la tierra para producir bienes agrícolas y pecuarios. Porque si al suelo rural no se le saca todo su potencial productivo, se pierde una palanca irremplazable para la generación de riqueza, ingresos y empleos, así como para el logro de un mercado interno fuerte, que jalone la industria, el agro y el resto de la economía. Pero en la práctica, que es lo que cuenta, sí existen políticas y prácticas en las que el negocio no consiste en usar la tierra como factor de producción agropecuaria, sino de especulación inmobiliaria. Es decir, para adquirirla y esperar a que se valorice, de manera que al venderla rinda una fuerte ganancia. Es usarla igual que los "lotes de engorde" urbanos, que enriquecen a sus propietarios pero entraban el progreso social.

Y lo peor de esta historia es que en Colombia lo que ha predominado, y más con el libre comercio neoliberal y los TLC, es el suelo rural como "lote de engorde", según lo comprueba la estadística. En efecto, de los casi 21 millones de hectáreas con vocación agrícola –sin contar la Altillanura– apenas se cultivan 5.3, mientras que las restantes se encuentran en ganadería de bajísima productividad, con unas cuantas reses cuya verdadera función consiste en crear la ficción de que la tierra sí se explota adecuadamente, mientras llega la hora de venderla valorizada, y no porque se halla invertido en ella sino porque el simple crecimiento de la población y la inversión pública regional acrecientan su precio y las ganancias. A tanto pueden llegar las utilidades especulativas, que en los últimos diez años la SAC ha reportado valorizaciones de 2.900 por ciento en Puerto Gaitán (2013). Con enriquecimientos así, "qué importa el negocio agrícola o ganadero", dirán algunos, mientras que otros ironizan sobre lo mucho que estorban sus altos precios: "con estos costos de las fincas, para que las vacas sean rentables tienen que dar leche condensada".

Dos verdades irrefutables. Es mentira que el agro colombiano no produce más porque no hay tierras cultivables, pues ahí están, en la Costa Norte, las riberas del Magdalena, los altiplanos, etcétera –sin la Altillanura–, 15.7 millones de hectáreas subutilizadas, listas para ser aprovechadas de la mejor manera. Además, la evidencia prueba que las propiedades rurales más grandes no generan, automáticamente, mayor producción. Porque Colombia tiene un Gini de concentración de tierras de .87, uno de los más altos del mundo, y desaprovecha el suelo agrícola. Y esto no cambiará por entregarles las tierras a los extranjeros e imponer haciendas de decenas de miles de hectáreas, abandonando a su suerte y a la quiebra al campesinado y a los empresarios pequeños y medianos. Porque la extranjerización del suelo rural incluye de forma dominante el negocio de usarlo para la especulación inmobiliaria y financiera.

La Ley Santos-Urrutia-Lizarralde que acaban de presentar no solo no apunta a cambiar el modelo agrario, sino que lo consolida, al "legalizar" las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su concentración y extranjerización a costa de los campesinos, a quienes busca convertir en nuevos siervos de los intermediarios mediante la fórmula leonina que Indupalma copió de Cargill, todo bajo el ambiente asfixiante de los TLC, que imponen reemplazar la producción y el trabajo nacionales por los de los extranjeros. Y a propósito de la Altillanura, se necesita frescura para decir que el agro debe irse para esas lejanías tan difíciles de poner en producción porque no hay tierra en el resto de Colombia y para negarle el carácter de especulación inmobiliaria al principal de los negocios que se promueve allí.

Sobre cómo sacar a Colombia de la trampa del actual modelo agropecuario, el peor imaginable, producto de décadas de malas orientaciones, debería promoverse un gran debate y un amplio acuerdo nacional.

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 10 de 2014

 

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