Sábado, 04 Julio 2020 11:16

Cocaína colombiana: ¿Dónde estamos?

https://pacifista.tv/notas/las-cifras-de-la-coca-y-la-cocaina-en-colombia-se-volvieron-a-disparar/

La producción mundial de cocaína en 2018 alcanzó 1.720 toneladas, nivel óptimo para satisfacer un mercado diversificado geográficamente y en franco crecimiento. Colombia en ese nuevo escenario suministra el 70% de la demanda y tiene la particularidad de ser una fuente especializada en el suministro de ese psicoativo, teniendo en cuenta un escenario de gran auge del policonsumo.  Este contexto, ha llevado a la conformación de consorcios criminales que se encargan de atender la tendencia a la diversificación del consumo de drogas en los mercados internacionales. Observemos el gran momento en que se encuentra la producción mundial de cocaína:[1]

 

Gráfico No.1

Hectáreas sembradas de hoja de coca y producción de cocaína 1998 – 2018

A ese 70% de Colombia le sigue como aportante Perú con un suministro del 20% y Bolivia con el 10%. En general, la cocaína experimentó un fuerte crecimiento entre 2013 y 2017 con una estabilización en 2018 en la que estamos hoy. Pero es interesante apreciar cómo se eleva la capacidad de producción de cocaína en relación con las áreas de siembra de hoja de coca. Es decir, la tendencia que se observa con fuerza en el 2018, se consolida en el 2019. Veamos gráficamente este fenómeno:

 

Gráfico No. 2

Áreas de coca y producción de cocaína 2005-2018

La producción de cocaína se dobló entre 2014 y 2018. Fue una tendencia imparable basada en mejoras de variedades de coca, manejos agronómicos y optimización del uso de los precursores químicos incluyendo la garantía de suministros para la elaboración de psicoactivos. Los intentos por afectar la producción a partir de la mejora del control de elementos básicos para la producción de cocaína, como en el caso del permanganato de potasio usado en la fase de la Pasta Básica de Cocaína (PBC) y que tuvo un pico óptimo de incautaciones alcanzando las 585 toneladas cayendo luego a tan solo 70 toneladas, indica para UNODC, que Colombia lo está produciendo domésticamente con un mercado asegurado en el marco del crecimiento de la producción del psicoactivo.

Esta situación de auge de la cocaína colombiana se reflejó en el último informe del SIMCI sobre el monitoreo de la producción colombiana, al señalar que mientras se presentó una leve disminución del número de hectáreas de coca (de 169.000 detectadas en 2018 a 154.000 en 2019) el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5% en relación con el 2018.[2]

Otros indicadores en las tendencias del mercado internacional

Brasil pasa a ser el segundo país en latino américa en incautaciones después de Colombia, con un incremento del 65% frente a 2017, alcanzando 79 ton., mientras que el país andino mantuvo niveles de 413.4 toneladas (2018) y 433 ton. (2019).

Otro dato importante es la exportación de PBC principalmente desde Colombia, para ser procesada en otros países principalmente de tránsito. En el radar de UNODC aparecen bajo esa función países como Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador en Suramérica donde se han encontrado laboratorios de refinamiento de cocaína. Es claro que Suramérica se ha convertido también en un mercado importante de uso (tercera región a nivel mundial con el liderazgo de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina) además de ser lugar de tránsito principalmente hacia Europa Occidental.

Así mismo en Guatemala y Honduras también se da la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína. En total se han hallado en 15 países lo que mostraría nuevas dinámicas de arreglos, baja de costos por pérdidas en puntos de salida desde Colombia y aseguramiento del valor agregado que adquiere la sustancia en la medida en que avanza hacia los mercados internacionales.

Los sitios de mayor movimiento de cocaína también muestran una tendencia interesante. Sobresale Europa Occidental y Central como los mercados que han tenido un comportamiento significativo si tenemos en cuenta los niveles de incautaciones que está presentando hoy. Los decomisos en Europa Occidental y Central se triplicaron entre 2014 (62 ton.) y 2018 (177 ton.). Esta última cifra significa un 14% de todas las incautaciones en el mundo con presencia destacada de Bélgica, España, Holanda y Francia que tienen los principales puertos de ingreso.  El incremento de incautaciones dice bastante de los volúmenes que están transitando por ese continente y explica por qué Brasil es el principal país de reexportación hacia Europa.

En esa ruta se consolidan como puente estratégico de tránsito África Occidental y que se refleja en incrementos de incautaciones en países como Marruecos. Con cifras de 2018, además de Marruecos esta ruta ha implicado también a Argelia, Namibia, Mozambique, Suráfrica y Nigeria. Los decomisos muestran para ese continente un incremento de 1.2 ton en 2015, 3.3 ton., en 2017 y 5.6 ton., en 2018.  En esa ruta se utilizan principalmente containers que se movilizan luego por mar hacia los grandes puertos europeos liderados por Amberes, Rotterdam y Hamburgo.

En el caso de Estados Unidos (EU) la tendencia del mercado sigue estable con un leve incremento en los últimos cinco años sin que se evidencie un boom en la demanda a la manera como sucedió en los ochenta. Si bien EU ha doblado los niveles de incautación entre 2014 y 2018 de 91 a 172 toneladas, estos se han producido allende sus fronteras y abarcarían mercados que podrían incluir como objetivo a Canadá. En contraste los niveles de incautación en el interior reportados por Aduanas y el Servicio de Protección de Fronteras de EU (34 toneladas en 2017 a sólo 27 ton., en 2018) así como en los reportes de la DEA (Cocaine Removals) desarrollados en el interior cayeron de 114 ton., en 2017 a 93 ton., en 2018.

La disponibilidad de cocaína entre la población está siendo percibida hoy como levemente declinante a diferencia de años anteriores. Esto puede ser un indicador que muestra que la cocaína no es de lejos la primera sustancia que circula en los principales mercados de drogas y es probable que mantenga esa tendencia de una leve declinación. No obstante, Colombia sigue siendo el suministrador más importante con un 90% de las muestras testeadas en las incautaciones, seguido de Perú (6%) y con un origen desconocido el restante 4%.

La caída de las incautaciones de cocaína en el interior de las fronteras de EU es un excelente indicador de las nuevas tendencias de la demanda que se caracteriza por el poli consumo. Allí se explica la concentración de las preocupaciones en el impacto severo de los opioides y que ha llevado a que la labor de la inteligencia se centre en ese tipo de suministros. El auge del policonsumo es una característica del mercado de drogas hoy a nivel mundial.  En otras palabras, el mercado mundial de sustancias psicoactivas ha sufrido una significativa transformación en donde se ofrece una multiplicidad de drogas desde aquellas con un origen natural, sintéticas para usos ilegales o la desviación de medicamentos principalmente opioides. Todas representan un mercado fabuloso.

Finalmente, Asia mantiene en los dos últimos años promedios de 3.5 toneladas en incautaciones y en Oceanía han crecido significativamente pasando en los últimos años de 756 kg a 2.1 tons. La cocaína colombiana es la principal fuente de suministro también para este mercado como lo es en Asia y Europa Occidental y Central. Observémoslo gráficamente:

 

 

Los precios en Australia son significativos oscilando entre 165,000 y los 230,000 dólares australianos por kilo equivalentes a cerca de US $110,000 – US $154,000 dólares para los años de 2017 y 2018. Los test para medición del uso obtenidos a partir del análisis de aguas residuales indican incrementos importantes de la demanda en Australia, pasando de 3.1 ton., (2016) a 4.1 tons., en 2017 y 4.6 tons,. en 2018. [4]

¿Qué conclusiones se pueden obtener de la anterior evidencia estadística?

  1. Colombia se consolida como el primer país suministrador de cocaína en el mundo manteniendo un aprovisionamiento constante en EU, incrementando la exportación a Europa Occidental y Central, abasteciendo a Brasil tanto para consumo interno como para reexportar a Europa vía África, en parte para Asia y Oceanía. Estos nuevos mercados representan un ingreso importante para los exportadores colombianos dado el auge de precios. Supone también nuevos arreglos empresariales con estructuras locales que se encargan de reexportar o distribuir local y regionalmente.
  2. De este modo se observa con claridad que la fortaleza de las organizaciones colombianas radica en su invisibilidad y la especialidad en el manejo transnacional de este psicoactivo. Perfil que contrasta con el crimen organizado mexicano el cual se distingue hoy en día por un manejo de múltiples sustancias que atienden un mercado principalmente en EU, cada vez más determinado por el poli consumo. Los mexicanos deben estar creando un emporio financiero y consolidando un poder significativo empresarial ilegal por la capacidad de reexportación de las sustancias más demandadas hoy en EU como son los opioides de origen natural, los opioides sintéticos, las metanfetaminas y sobre todo el Fentanilo, sustancia letal de diferentes sectores sociales principalmente blancos empobrecidos que demandan un sustituto al consumo de heroína. El México criminal que gira alrededor de los mercados de drogas ilegales afianza sus relaciones con China principal suministrador tanto de sustancias como de materia prima para producir drogas sintéticas, pero también con India. Este contexto es interesante porque refuta con evidencia las especulaciones de algunos observadores – sobre todo colombianos – que repiten la necia idea de una supuesta fortaleza del crimen organizado mexicano al “sustituir” a las organizaciones colombianas alrededor de la cocaína. La realidad como se puede observar es otra.
  3. También se puede observar la fuerte evidencia en el sentido de que el problema de drogas de hoy de EU es justamente ese poli consumo letal, escenario que es manipulado por distintos informes de la DEA y de diferentes instancias sobre drogas de EU que buscan mantener la narrativa donde se adjudica a Colombia una falsa responsabilidad por lo que ocurre hoy en el interior de la demanda de psicoactivos en ese país. Para reforzar este argumento, visualicemos el gravísimo problema de salud pública ahondado por un modelo de manejo que evidencia el quiebre de las políticas preventivas y de tratamiento en el interior de EU. Usando las cifras del National Vital Statistics System, observemos el dramático incremento de las muertes por sobre dosis de los opioides:[5]

 

Gráfico No. 4

Muertes (100 mil hab.) por sobredosis por uso de opioides tanto sintéticos comode origen natural en EU 1999-2018

 

Los opioides sintéticos distintos a la metadona han creado un serio problema de salud que de acuerdo con la gráfica repunta como una tendencia que se incrementa en los últimos dos años. El Fentanilo es el principal causante de esa tendencia y si nos atenemos a la condición étnica se observa una mayor mortalidad por consumo de Fentanilo en primer lugar en blancos, seguido del grupo de negros y finalmente, personas de origen hispano.[6]

  1. Retomando el punto anterior, la manipulación simbólica frente a Colombia crea una narrativa de “corresponsabilidad” y que justifica – entre otras – la presencia de tropas de EU en suelo colombiano para “combatir el narcotráfico”. Ese discurso y sus consecuentes decisiones, es facilitado por una élite compuesta en alto grado por nuevas generaciones de beneficiarios del narcotráfico y de la criminalidad abarcando el lavado de activos, principalmente a través de la concentración de la propiedad de la tierra en zonas rurales, negocios inmobiliarios en zonas urbanas y la financiación de campañas electorales. La permisividad basada en una vigencia inusitada de la agenda bilateral que ha narcotizado nuevamente la política exterior colombiana, está teniendo costos muy altos amén de una apuesta errática y fracasada frente a la situación política de Venezuela, comodín de las pretensiones electorales del presidente Trump buscando la captura del voto de la Florida.[7]Para ello la narrativa del combate a las drogas es útil.
  2. Mientras las organizaciones narcotraficantes colombianas exhiben una clara fortaleza en su capacidad de conquista de nuevos y promisorios mercados internacionales y afianza un poder transnacional, la élite colombiana se dedica a combatir los cultivos de uso ilícito como la “bala de plata” para acabar con el narcotráfico. El costo en derechos humanos es altísimo: 5 personas han muerto en el 2020 por el uso de armas convencionales de guerra en labores de erradicación forzosa manual atendiendo las presiones de Washington. La deslegitimación del Estado y sus estructuras de seguridad avanza al ser percibidas como fuerzas de ocupación en territorios abandonados a su suerte. Escenario que complementa la desprotección de las comunidades cultivadoras que de una u otra manera se relacionan con la economía de la coca y la marihuana y que contabilizan 94 muertos en diferentes circunstancias y distintos responsables, desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.[8]

Por Ricardo Vargas M.

29 junio, 2020 

___________________________________

[1] Para toda esta ilustración hemos usado las cifras de United Nations Office on Drugs and Crime UNODC World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply y Vol.4 Cross Cutting Issues Trend, Viena junio de 2020.

[2] UNODC Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019 Colombia, junio 2020.

[3] Corresponde a análisis de laboratorio para ubicar el origen a partir de muestras sobre el total de cocaína incautada en las fronteras de Australia.

[4] UNODC Drug Monitoring Platform cit por World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply. Información para los principals mercados de Oceanía en Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, July 2019) y New Zealand Customs Service, drug seizure database. Available at www.customs.govt.nz/.

[5] National Vital Statistics Report, Vol 68 No.3, march 21 2019

[6] DEA “Fentanyl Flow to the United States”, January 2020.

[7] Sobre el tema véase Daniel García Peña “Trump, Bolton o Duque: ¿Cuál es peor?”, El Espectador, Junio 30 de 2020.

[8] Sobre el particular véase, P. Arenas y R. Vargas M. “Erradicaciones forzosas de cultivos de uso ilícito y derechos humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, Junio de 2020.

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 Indígenas del pueblo nukak se adentran en la selva por temor a la COVID-19Kelly Peña

 

 

La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana

 En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Esa ha sido solo una de las alternativas de los pueblos indígenas de Colombia ante el temor de contagiarse del coronavirus. Algo que, en palabras de las autoridades indígenas de Colombia, significaría su exterminio. “Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, diagnostica Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

Bogotá - 02 abr 2020 - 17:56 COT

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Sábado, 26 Octubre 2019 06:22

El cártel de las tierras de Bogotá

El cártel de las tierras de Bogotá

En los alrededores de Bogotá llaman volteo de tierras al truco de quitar la denominación de un predio de uso agrícola y clasificarlo como tierra urbana, que dispara su precio 100 veces.

Con el volteo de tierras modifican los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), al incorporar suelos rurales al perímetro urbano de los municipios cercanos a las grandes ciudades, incrementando así notablemente su valor.

El Departamento de Cundinamarca tiene 22.623 kilómetros cuadrados y 116 municipios, cerca del 89 por ciento de ellos son estratos 5 y 6, donde la gran mayoría del suelo es de uso agrícola; sin embargo, en los últimos ocho años las fincas ganaderas vienen siendo reemplazadas por grandes parques industriales llenos de bodegas y fábricas.

Detrás del suelo de la Sabana de Bogotá existe un multimillonario negocio, donde los municipios enfrentan un caos por cuenta de las determinaciones que trastocan la destinación de la tierra, realizado por intereses poderosos que manipulan los POT, produciendo un detrimento económico a millones de habitantes del Altiplano Cundiboyacense causando pobreza y desplazamiento.

El territorio pasa de bien común a propiedad privada

La constante violación al ordenamiento jurídico y las normas ambientales con complicidad de políticos y funcionarios públicos, ha permitido que miles de hectáreas que eran de uso agrícola y rural se conviertan en zonas para edificar, tener comercios y extracción de materiales, entre otros.

El Procurador General, Fernando Carrillo denunció que las empresas de desarrollo territorial -como las corporaciones regionales- se convierten en fuente de financiación de los partidos políticos:

“Es importante acabar con la manipulación y la interpretación amañada de los POT, el volteo y la usurpación de tierras y, sobre todo, con el cambio inescrupuloso del uso del suelo” [1].

El Senador C.F. Galán denunció que en diferentes municipios de Cundinamarca, Concejales y funcionarios de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) habrían manipulado el POT de manera fraudulenta:

“Hemos evidenciado que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado de los municipios y esos son problemas que los harán colapsar” [2].

En Cajicá se aprobó en 2014 una modificación al POT que dejó al municipio con solo un 23 por ciento del territorio agropecuario y forestal, contrario a lo que ordena la Ley; esa misma modificación presentada por el exalcalde Óscar Mauricio Bejarano, dedicó 96 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora para “vivienda campestre”.

Cómo devoran la Reserva Van der Hammen

El POT presentado por Peñalosa, Alcalde de Bogotá, acordado con la CAR determina que el área conocida como que Reserva Van der Hammen, que se caracteriza por su importancia la formación de afluentes hídricos, quedaría transformada en suelo de expansión urbana [3].

Cuando la CAR reglamentó la Reserva Van der Hammen en 2011, el Distrito tenia presupuestada la compra de 1.340 hectáreas destinadas a la conservación ambiental, con un costo de 300 mil millones de pesos; hoy esos mismos predios cuestan alrededor de 2,2 billones [4].

De los 361 predios que conforman la Reserva Van der Hammen, el 70 por ciento es propiedad de empresas constructoras, agentes inmobiliarios, bancos y fondos de inversión, que adquirieron los predios a un bajo costo y con la intención de poder urbanizar.

Viviendas VIS y VIP, otro método de saqueo

La Ley permite que una vez por periodo de un alcalde se cambien predios rurales a urbanos exclusivamente para la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP), con el objeto de beneficiar familias de bajos recursos y sin capacidad financiera.

En Facatativá en 2014, el Alcalde Luis Orlando Buitrago incorporó un predio rural –sujeto de protección por hacer parte de la micro cuenca Mancilla– para construir viviendas VIS y VIP [5]; sin embargo, solo el 20 por ciento estaba destinado a viviendas de este tipo, el resto del proyecto estaba dedicado a la construcción de “viviendas campestres” unifamiliares y multifamiliares.

Notas

[1] Volteo de Tierras en Cundinamarca. www.kienyke.com/kien-escribe/que-es-el-volteo-de-tierras-en-cundinamarca

[2] Hay carteles y mafias de tierreros que manejan el POT. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Hay-carteles-y-mafias-de-tierreros-que-manejan-el-POT-y-el-volteo-de-tierras_-Procurador.news

[3] El tesoro bogotano perdido. El Espectador, Julio Carrizosa Umaña, 16-10-2019.

[4] Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen.

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/constructores-grandes-duenos-de-van-der-hammen-articulo-625149

[5] 40% del volteo de tierras ocurre en Cundinamarca. www.eltiempo.com/justicia/delitos/mas-del-40-de-las-investigaciones-por-volteo-de-tierras-son-en-cundinamarca

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Lunes, 08 Julio 2019 05:46

La economía de Trump

La economía de Trump

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció la semana pasada que en junio se crearon 240 mil empleos, lo que representa un incremento tres veces mayor al reporte correspondiente a mayo.

 

En la misma semana se informó que la economía ha tenido un crecimiento sostenido por 121 meses consecutivos. (No hay que olvidar que las bases de ese suceso datan de 2008 cuando Barack Obama rescató a la economía de su mayor crisis después de la de los años 30)

 

Trump celebró la noticia y no desperdició la oportunidad para advertir que era una muestra de sus "atinadas" decisiones en materia económica. Sin embargo, el júbilo del mandatario fue matizado por diversos especialistas cuando advirtieron que tal crecimiento enmascara una realidad no tan plausible.

 

El crecimiento ha beneficiado solamente a 10 o 15 por ciento de la población de mayores ingresos que ha recibido 80 por ciento delas ganancias de dicho crecimiento. La desigualdad es la que ha predominado en ese aspecto. Un ejemplo son los gerentes o directores de empresas cuyo salario es mil veces más alto que él de quienes trabajan en o para sus empresas, afirmaron los economistas Heather Boushey, presidente del Washington Center for Equitable Growth, y Matthew Slaughter, decano de la Escuela de Negocios Tuck, entrevistados en la cadena oficial PBS.

 

El agravante es que la tasa de los impuestos que pagan esos trabajadores es igual, y en muchos casos más alta, que el sector de mayores ingresos. El multimillonario Warren Buffet mencionó en alguna ocasión que le parecía absurdo que él pagara igual o menos impuestos que su secretaria, situación que se repite en multitud de casos.

 

La desigualdad también se caracteriza por su distribución en diversos sectores de la economía, ya que aproximadamente 50 por ciento de la fuerza laboral corresponde a los servicios, el comercio y la agricultura, sectores en los que el empleo suele ser de tiempo parcial e inestable. (NYTimes con datos del Departamento del Trabajo) El resultado es que un trabajador en esos sectores debe trabajar dos y hasta tres turnos para poder sobrevivir.

 

Esa es la razón principal de que el desempleo haya llegado a su nivel más bajo en 50 años. Un dato poco conocido que aparece en la información oficial es que por lo menos 7.2 por ciento de la población, la mayoría sin haber terminado la educación media, trabaja en el sector informal y en empleos de tiempo parcial en los que no tienen prestaciones, seguro médico, etcétera.

 

Las estadísticas son evidentes y demuestran, sin lugar a duda, que desde hace varias décadas el crecimiento económico ha sido desproporcionadamente más alto que el salario, al que ha dejado muy rezagado. Para conocer en forma correcta a quienes ha favorecido el crecimiento económico, la estimación del repunte en el ingreso debería tomar como base a las familias en forma individual y no como un agregado del ingreso de toda la nación, según han puesto de relieve Boushey y Slaughter, y también otros especialistas.

 

Tal vez sería mucho esperar que Trump entendiera esas sofisticaciones económicas, pero es la realidad enmascarada por las mentiras y demagogia con la que su maquinaria de propaganda confunde y engaña a buena parte de la población.

 

Hay que recordar que si bien los problemas sociales y el deterioro en las relaciones con otras naciones son elementos que norman el criterio de los electores, sin duda la economía ha sido el criterio que más ha influido en el ánimo de los estadunidenses a la hora de votar. Por ello, de no mediar una estrategia para evidenciar la distorsión que se esconde en el mito del suceso económico que Trump pregona, será difícil evitar que logre su relección.

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Martes, 04 Diciembre 2018 08:21

Triunfo campesino sobre Monsanto/ Bayer

Triunfo campesino sobre Monsanto/ Bayer

El 3 de octubre de 2018 será un día histórico para el reconocimiento de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó por unanimidad la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales”. Aunque el documento fue el resultado de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición desde diversos sectores, entre ellos, el gobierno de Gran Bretaña, uno de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 80% (https://www.cetim.ch/derechos-para-los-campesinos/).


Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los campesinos, algo que resulta desafiante para los emporios alimenticios.


De acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios productivos por parte de los campesinos y, finalmente, significará un instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional lo que implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores del campo (https://www.righttofoodandnutrition.org/files/declaracion_de_las_naciones_unidas_sobre_los_derechos_de_los0acampesinos.pdf).


Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los campesinos y campesinas del mundo en la continua lucha por la afirmación de sus derechos. No obstante lo anterior, ¿por qué la resolución de Ginebra simboliza un duro golpe a las empresas multinacionales como Monsanto-Bayer? Tomando como base los principales puntos de la declaración, el presente documento busca desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios económicos en caso de que a finales de 2018 la Asamblea General de la ONU decida aceptar el contenido total del texto.


El primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos donde hubo 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11 abstenciones –entre las que se destacan los casos de Alemania (casa matriz de Bayern) y Brasil, este último en vilo con el reciente triunfo a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro–. Finalmente, tres Estados se opusieron a la declaración: Australia, Hungría y Gran Bretaña. Este panorama muestra que, a pesar de contar con las mayorías necesarias para la aprobación en la Asamblea en pleno, el camino estará lleno de obstáculos por cuenta de las empresas y gobiernos cuyos negocios estarán comprometidos. Además, debe tomarse en consideración la tendencia mundial del ascenso de gobiernos de derecha, cada vez más radicales, lo que significa una afrenta a los derechos humanos. Sin duda, la democracia está en peligro.


Ahora bien, la declaración comienza con la definición de campesino, entendido como un hombre o mujer que tiene una relación directa y particular con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas dedicadas a dichas labores.

También son campesinos los individuos que por distintas circunstancias no poseen tierra y cuya única alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie de derechos a título individual y colectivo que sugieren la protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la no discriminación por su condición económica y sociocultural (art.2).


Un punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (http://www.ecologistas.cl/2018/10/13/onu-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-campesinos-y-otros-trabajadores-rurales/). Este concepto que ha sido construido a lo largo de los años por organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y demandas y, al tiempo, significa un temor latente para las multinacionales como Monsanto-Bayern. En efecto, al hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en claro detrimento de los intereses de las grandes empresas cuya motivación es la maximización de las ganancias. Mientras un sistema local promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar monocultivos que generen excedentes para vender a otras regiones del mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los productores locales.


Así mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser “acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”. Esta circunstancia se relaciona con las condiciones en las que viven millones de trabajadores del campo en el mundo quienes debido a su situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse. Todas estas circunstancias han sido documentadas por la activista india Vandana Shiva, una importante voz en medio de la lógica depredadora de Monsanto (https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180127/vandana-shiva-la-revolucion-empieza-en-la-cocina-6573024). A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.


Desde esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y demás empresas que han intentado monopolizar el mercado alimentario mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, los campesinos podrán contar con un valioso instrumento para protegerse de la violencia de estos grupos económicos y lo más importante aún, tendrán autonomía en sus sistemas de producción. En esta misma vía, la resolución plantea que los campesinos tendrán derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza.


Esto es particularmente relevante en un país como Colombia donde el nivel de desigualdad en el campo alcanza el 89,7%. De las más de 114 millones de hectáreas con las que cuenta la nación, el 54% está concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de pertenencia a campesinos es inferior al 20%. Casos como el de Quibdó donde menos del 1% de los propietarios privados es el dueño del 94% del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los campesinos en Colombia (https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-la-propiedad-de-la-tierra-en-colombia-32186). A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto armado. Habrá que esperar unos meses para conocer la orientación del gobierno Duque cuando se realice la votación en la Asamblea General.


Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el “derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los proyectos de empresas como Monsanto-Bayer que han buscado históricamente restringir los canales de producción local y han limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus crímenes en contra de la humanidad. Aunque no siempre se ha salido con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino, luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes químicos de Monsanto (https://www.semana.com/mundo/articulo/monsanto-condenado-a-pagar-usd-289-millones-por-un-herbicida-con-glifosato/579263). La resolución es también una oportunidad para proteger a millones de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y que afectan al medio ambiente.


En tal sentido, los campesinos podrán gozar de nuevas libertades al no estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla (generalmente genéticamente modificada) bajo el temor de ser encarcelado (https://www.elespectador.com/opinion/tener-una-semilla-es-un-delito-la-nueva-dictadura-alimentaria-columna-439703). Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica (art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El paso que acaba de dar el consejo de Derechos Humanos y que se espera tenga un respaldo avasallador en la Asamblea General, es tan sólo una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que buscarán a toda costa evitar la aplicación de lo contenido en la declaración. Es por esa razón que las demandas a favor de la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo debe continuar.

 

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Duque busca atraer inversión extranjera con su primera reforma tributaria

El presidente colombiano promete ante empresarios de 40 países "reducir la carga a los que generan empleo"


El Gobierno colombiano enviará esta semana al Congreso una reforma tributaria que refleja una de las obsesiones de su nuevo presidente, Iván Duque. Esto es, presentar a Colombia ante la comunidad internacional como un país atractivo para invertir. La nueva legislación, que el mandatario esbozó el lunes ante inversores de más de 40 países, busca, aseguró, “reducir la carga tributaria a los que generan empleo a esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas” y que “este país genere más empleo formal”.


El Ejecutivo propondrá, por ejemplo, una exención de 10 años del impuesto de renta a los empresarios que inviertan en el campo, con proyectos de desarrollo productivo agroindustrial, con la condición de generar “un mínimo de puestos de trabajo”. “Sí, Colombia está creciendo quizás por encima de muchos países de la región este año, casi el 3%, un 2.8%, y muy seguramente el año entrante la meta que quiero trazarme es que lleguemos al 4% para seguir creciendo”, enfatizó Duque, que hizo hincapié en la importancia del turismo y de la llamada economía naranja, es decir, las industrias creativas, en un país tradicionalmente vinculado al sector extractivo.


“En temas como robótica, inteligencia artificial… economía naranja, también cero impuestos de renta por los primeros cinco años a cambio, por supuesto, de generar un mínimo en puestos de trabajo”, prometió el mandatario. “En el emprendimiento de nuestro país entra a jugar un papel fundamental la música, el diseño, el cine, la literatura, festivales, carnavales, arquitectura, publicidad, joyería”, agregó.


Con respecto al turismo -“el nuevo petróleo de Colombia”, dijo-, el presidente se fijó una meta: “Nuestra apuesta es que Colombia tenga 6 o 7 millones de turistas en estos cuatro años y que podamos abrir un camino de políticas de largo plazo para que rápidamente pueda superar el umbral de los 10 millones de turistas”.


Para lograr los objetivos que se propone, Duque intentará concretar uno de los compromisos de la campaña electoral: reducir la burocracia y adelgazar la Administración. Con esta reforma, el Gobierno intenta atraer capital extranjero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha un plan de estímulo bautizado como Estado Simple, Colombia Ágil. El objetivo final consiste en "eliminar, racionalizar y agilizar trámites que se vuelven muchas veces en un dolor de cabeza para el sector privado”. "En estos casi 90 días ya llevamos cerca de 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 antes de terminar el año y esperamos que en el primer año de gobierno tengamos cerca de 900 trámites, porque lo que nos interesa es que el Estado no sea obstáculo", aseguró el mandatario.

F. MANETTO
Bogotá 30 OCT 2018 - 17:02 COT

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Los narcocultivos baten un nuevo récord en Colombia

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.


“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.


Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.


Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.


Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.


Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

 

Bogotá 19 SEP 2018 - 17:58 COT

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Extrabajadores de la familia Uribe desvelan vínculos con paramilitares

Las declaraciones ante el fiscal, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, documentan la relación del hermano del expresidente con el grupo de Los 12 apóstoles

Amenazas a la población, vejaciones, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano de Álvaro, expresidente de Colombia. Las declaraciones ante el fiscal de tres exempleados de la hacienda ganadera La Carolina, que en los noventa era propiedad de esa familia, señalan a la finca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos (a unos 80 kilómetros al norte de Medellín), como base de operaciones del grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles, activo durante esa década.


Los testimonios, recabados el pasado 31 de mayo, confirman los vínculos de Santiago Uribe, procesado por haber constituido supuestamente esa organización, con el jefe de sicarios de la banda, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias El Mono de los Llanos y Rodrigo. EL PAÍS ha tenido acceso a las grabaciones de esos antiguos trabajadores, cuyos nombres fueron proporcionados a la justicia por el propio acusado. Este negó en enero, durante el último juicio en su contra (lleva dos décadas respondiendo ante la justicia), todo tipo de lazos con sus cabecillas y dos meses después salió de la guarnición militar donde permanecía recluido desde 2016. Se encuentra ahora a la espera de la próxima vista del proceso, que puede reanudarse a finales de julio.


El relato de los empleados, que trabajaron en la hacienda durante largos períodos, describe algunas actividades de Los 12 apóstoles y, sobre todo, documenta la cercanía entre El Mono, hoy en busca y captura, y Santiago Uribe. "Eran muy íntimos" y su trato era "muy amistoso", llega a afirmar M. T. M., uno de los testigos, de quienes se reproducen solo las iniciales por razones de seguridad. Este hombre empezó a cuidar ganado a los siete años en distintas explotaciones del departamento de Antioquia hasta que en 1982 recaló en La Carolina, donde permaneció casi dos décadas. Aunque pertenecen a generaciones distintas, su historia es parecida a la de J. L. R., que entró en la finca con su familia a los 12 años, la dejó y regresó con 33, entre 1995 y 1996.


La defensa de Uribe siempre ha argumentado, y por el momento con éxito, que los testigos presentados por la acusación particular, la ONG Comisión Justicia y Paz, y la Fiscalía son “falsos” o que han recibido dinero. Cuando no lo ha convertido en una batalla política contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, que en la época en la que sucedieron los hechos era senador (1986-1994) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) .


Uribe es ahora senador -fue el más votado en las elecciones legislativas de marzo- y apoya la candidatura de Iván Duque, que el domingo se disputa la presidencia con el izquierdista Gustavo Petro. Siempre se mantuvo en la primera línea de la política, liderando la oposición a los acuerdos de paz con las FARC alcanzados por el actual mandatario, Juan Manuel Santos, y alentando la indignación de parte de la sociedad colombiana ante la desmovilización de la antigua guerrilla y el sistema de reparación a las víctimas. Sus adversarios sostienen que su negativa a retirarse responde a sus temores de perder influencia y enfrentarse a la justicia como un ciudadano más.


"Rodrigo y don Santiago"


“El administrador era Carlos Serna”, declara este empleado. Se refiere a Carlos Enrique Serna Areiza. Desde 1994 fue mayordomo de ese terreno, según quedó registrado durante el juicio contra Santiago Uribe. Durante el proceso, el gerente confirmó que presenció un asesinato dentro del recinto, aunque siempre desvinculó a su jefe de cualquier actividad ilegal.


Las declaraciones de estos trabajadores apuntan en la dirección contraria. J. L. R. asegura que tanto el paramilitar Rodrigo como el hermano del expresidente portaban armas, pero el dueño de la hacienda “la llevaba tapada con una toalla”. Describe un revólver o una pistola, armas cortas, pero no detalla de qué tipo. “Hacían eso por las malas informaciones que había por ahí: La Carolina estaba amenazada por la guerrilla”.


“Rodrigo llegaba siempre antes que don Santiago. Luego salían juntos a caballo”, dice. M. T. M. se refiere, además, a "negocios entre ambos", sin precisar. "¿Quién le daba órdenes?", le pregunta el fiscal. "Don Santiago". "¿Alguien más?", insiste. "No". El lugar de encuentro de los dos, según la exposición de los testigos, era una casa dentro de la finca que se llama La Mayoría y sus alrededores.


Los trabajadores explican que, aunque este grupo estaba en La Carolina, era habitual que se movieran por los caminos de la zona y que entraran a otras propiedades aledañas. “Llegaban por la carretera y paraban a la gente”, asegura uno de ellos. “Un man [sic] me contó que cuando iba en una buseta, le bajaron y le apuntaron con un arma. Eso hacían. Pasaba gente por la carretera, les quitaban la ropa. Protegían a Santiago”.


Estos operativos estaban al cargo de El Mono -descrito como "robustico", "carirredondo", "coloraíto" y "con los ojos zarquitos"- y un grupo de hombres que los testigos identifican con apodos como Pelusa, Carlos, el Paisa y Sabino, entre otros. En uno de los informes de la Fiscalía (redactado el pasado 5 de febrero e incluido en la causa contra el jefe de los sicarios) se identifica a Pelusa como el dueño de un laboratorio de cocaína que fue desmantelado por la policía. En ese mismo documento se detalla que también tenía un vehículo en el que “llevaba a personas amarradas en horas de la mañana". Dos detalles que coinciden con el plan que llevaba a cabo este grupo en la región: "Hacían limpieza de personas que hacían maldades y las asesinaban".


'Limpieza social'


Los 12 Apóstoles es responsable de 509 víctimas a principios los noventa, según defensores de derechos humanos que han investigado a este grupo. Su tarea consistía en lo que se conoce por “limpieza social”, es decir, garantizar la seguridad en determinados territorios a través de ejecuciones arbitrarias de lo que consideraban delincuentes, colaboradores de la guerrilla, adictos a las drogas, entre otras personas inocentes. Camilo Barrientes, un conductor de autobús, es la víctima que permitió que se abriera el caso contra Santiago Uribe. Fue asesinado en febrero de 1994.


"Los comentarios eran que ellos trabajaban con la Policía y el Ejército”. El testimonio de M. T. M. hace referencia también a la presencia de personal de las fuerzas de seguridad en la hacienda. "Pues sí, allá iban. Con el Ejército que se mantenía allá". Tanto este testigo como otra recuerdan que se hablaba de estas personas como "paracos". "No me gusta esa palabra”, dice L. M. P., una trabajadora que estuvo 13 años en La Carolina cocinando, limpiando cuartos y haciendo cualquier tarea que le mandaran. “¿Qué es para usted un paraco, un paramilitar?”, le pregunta el fiscal. “Gente mala. Pasaba alguno muerto y decían: esos fueron los paracos que mantienen ahí en La Carolina”. Cada noche, cuando esta mujer salía de la finca, los mayordomos le recordaban una frase: "El Mono es de respeto'. Nos decían que nos fuéramos callados. No vimos nada, solo escuchamos comentarios. Cuando salíamos, ellos se reunían”.


En el tiempo que esta mujer pasó en La Carolina asegura que nunca vio “a la ley”, es decir, a la policía. Sin embargo, confirma que al poco de irse de la finca, se instaló un batallón militar, el de Girardot, encargado de tareas de seguridad en la zona. Otra empleada de la hacienda, M. E. R. T, habla en cambio, de encuentros una o dos veces por semana con miembros de la policía nacional. El fiscal le menciona algunos nombres, aunque esta encargada de las tareas del inmueble principal no los recuerda. Ni siquiera el de Alexander Amaya.


Este es uno de los testigos clave en el juicio, expolicía y exparamilitar que cumple una condena de 40 años de cárcel. Desde mediados de los noventa asegura que Uribe fue jefe de Los 12 apóstoles, así llamados porque uno de sus miembros era sacerdote, y de haber estado en una reunión del ganadero con este grupo en la finca La Carolina


“Se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo Los 12 Apóstoles”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros al inicio del proceso en octubre de 2017. Esta acusación no ha sido probada todavía. No obstante, estos testimonios pueden ahora dar un vuelco al caso.


Bogotá 12 JUN 2018 - 10:43 COT

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Jueves, 26 Octubre 2017 06:34

Eric Hobsbawn y América Latina

Eric Hobsbawn y América Latina

Poco antes de morir, en 2012, ya con 95 años, Eric Hobsbawn manifestó la voluntad de publicar un volumen con sus artículos y ensayos sobre América Latina. No tuvo tiempo de hacerlo, pero el historiador británico Lesley Bethell recogió la tarea y organizó un volumen, al que dio el título de Viva la Revolución, publicado el año pasado en Londres.

En su autobiografía Tiempos interesantes, publicada en 2002, Hobsbawn afirmó que la única región fuera de Europa que él consideraba que había conocido bien y donde se sentía plenamente en casa, era América Latina.

Sin embargo, en sus obras clásicas, la presencia de América Latina es marginal. En Era de las revoluciones hay sólo referencias de paso a nuestro continente. En Era del capital hay solamente media docena de páginas sobre América Latina, en el capítulo titulado Perdedores. En Era de los imperios hay pocas referencias y cuatro páginas dedicadas a la Revolución Mexicana. En Era de los extremos, América Latina pasa a ocupar lugar de destaque en el surgimento del Tercer Mundo, con referencias a varios acontecimientos históricos de importancia, de la Revolución Mexicana al Chile de Allende.

Este libro empieza con sus primeras impresiones sobre el continente, que significativamente son de su primer viaje a Cuba, en octubre de 1960, que se abre con la afirmación: "Salvo si hay una intervencion armada de Estados Unidos, Cuba será muy en breve el primer país socialista del hemisferio occidental".

Hobsbawn volverá varias veces a Cuba, que será una referencia permanente para el continente. Pero él será un crítico sistemático de la vida cubana, expresada en los movimentos guerrilleros.

Su interés sobre América Latina se volverá más sobre sus movimientos campesinos, por ello concentra sus viajes y sus análisis sobre Colombia –que le fue presentada por el gran intelectual colombiano Orlando Fals Borda– y Perú. La temática de bandidismo social lo lleva a volcarse incluso sobre Sendero Luminoso. Hobsbawn analizó muchísimo más los movimientos campesinos que los movimentos de los trabajadores urbanos latinoamericanos.

De todas maneras Hobsbawn no se considerabaun historiador latino-americano. De hecho, él nunca logró liberarse de la impronta europea, que fuertemente marca su obra, para comprender las particularidades latinoamericanas. Sobre las relaciones sociales en el campo, tiene siempre como referencia el feudalismo, no incorporando el amplio debate de 1960, protagonizado, antes de todo, por Rodolfo Stavenhagen y posteriormente incorporado por gran parte del pensamiento social del continente.

Al igual que Hobsbawn siempre mantuvo sobre el nacionalismo la marca del fenómeno en Europa, refiriéndose a Perón y a Vargas, así como a otros líderes "populistas" del continente como fascistas. Su libro sobre los nacionalismos no incorpora las particularidades del fenómeno, con el tono antimperialista que asume en nuestro continente. Los rasgos antineoliberales del nacionalismo latinoamericano aparecen para él siempre análogos al facismo y al nazismo.

Sin embargo, América Latina fue para Hobsbawn un gran laboratorio de experiencias políticas. "Así como para el biólogo Darwin, para mi, como historiador, la revelación de América Latina no fue regional, pero si general. Era un laboratorio de cambios, en su mayor parte distinta de lo que se podría esperar, un continente hecho para minar las verdades convencionales. Era una región donde la evolución histórica ocurría a lavelocidad de un tren expreso y que podía ser realmente observada durante la mitad de la vida de una única persona".

Cuando hace un balance, en su último texto general sobre el continente, escrito en 2002, 40 años después de su primera visita, Hobsbawn constata que "la revolución esperada" no había ocorrido. Pero él ya convivió con los nuevos gobiernos progresistas, manifestó simpatías por Hugo Chavez, pero hacia Lula y el PT es que él mantenía sus más grandes simpatías. ("Llevo su distintivo en mi llavero para recordar simpatías antiguas y contemporáneas y recuerdos de mis momentos con el PT y con Lula."

En su conjunto, el libro de más de 500 páginas, desde sus primeras impresiones, pasando análisis de las estructuras agrarias y del movimiento campesino, así como de los intentos revolucionarios, –México, Cuba, Chile–, hasta sus reflexiones finales, es un gran mosaico de interpretaciones del más grande historiador del siglo XX, sobre un continente en constante ebullición, de revoluciones y contrarrevoluciones.

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La Matriarca afro de las selvas colombianas

Han dicho de ella que es guerrillera, la han querido judicializar, asesinar y desplazar. Lo último lo lograron y en ese hecho se ha centrado su lucha y resistencia. Con 75 años de edad, Ligia María Chaverra, conocida como la matriarca de la cuenca del Curvaradó, ubicada en las selvas chocoanas de Colombia, le ha puesto la cara a los paramilitares, al gobierno, a los empresarios, pero también a embajadores de todo el mundo. Desde las rústicas casas en medio de la selva, se ha desplazado hasta Costa Rica, México, Canadá, España, Suiza y Bélgica para denunciar que en 1997 las fuerzas militares en concordancia con estructuras paramilitares desplazaron y masacraron a los pobladores de Jiguamiandó y Curvaradó, departamento del Chocó.


“Dicen que soy guerrillera, pero yo he criado a ocho hijos y a 44 nietos. ¿Creen que he tenido tiempo para hacer la guerra?”, dice la matriarca. Para la comunidad, María Ligia no es otra cosa que una mujer que ha entregado su vida a la defensa del territorio, exigiendo igualdad de derechos para todas las personas sin distinción de género, raza o religión. Enseñando a niños, niñas, jóvenes y adultos la importancia de defender sus tierras fértiles de intereses económicos y políticos.


Hace 58 años llegó al Curvaradó donde se casa con Celdonio Martínez con quien tuvo 8 hijos. La vida parecía tranquila hasta que la Operación militar Septiembre Negro, diseñada por la Brigada 17 del Ejército colombiano en conjunto con paramilitares, que tuvo como epicentro el Curvaradó, la desplazó a ella, a su familia, y a 1500 pobladores. Luego empezó la militarización de la zona y Chaverra fue testigo de más de 70 crímenes entre asesinatos y desapariciones forzadas. Vio morir a vecinos, amigos y familiares.


Tras esa escalada de la violencia, vivió 6 meses escondida con sus nietos en las montañas chocoanas, donde la desnudez, el hambre, el frío pero sobre todo el miedo fueron las constantes. Cuando sonaban los disparos de un lado, debían desplazarse hacia otro lugar y así, sin ningún tipo de estabilidad vivió esos días con su familia. Al principio no sabía muy bien por qué los perseguían, “decían que se trataba de operaciones contra la guerrilla de las FARC”, pero cuando los pobladores volvieron al Curvaradó, el monocultivo de palma de aceite y de banano sembrados en lo que todavía para ellos era su hogar y sus tierras, explicó tal situación. “Por la palma fue nuestro despojo. La sangre de nuestros amigos y de nuestros hermanos ha abonado esa palma”, expresa incansablemente la matriarca.


La fe y creencias religiosas de esta lideresa la mantuvieron en pie y le permitieron seguir adelante en medio de la adversidad. Quienes la conocen, describen a Ligia como una persona religiosa, también como la expresión rural y afrodescendiente que mezcla discursos que practica en su propia vida. Puede hablar de gozarse una verbena, pero al tiempo guarda un fervor muy especial por la virgen María, y a su vez por el libertador Simón Bolívar. Su tabaco en la boca y su andar un poco cabizbaja han acompañado los pasos de quien ha liderado la permanencia en el territorio de las comunidades afro y mestizas en medio del conflicto armado colombiano.


Poco a poco su voz fue ganando espacios en la comunidad y esa fortaleza y credibilidad hizo que la población la escogiera como represente de las víctimas de esa operación militar, junto a la ONG, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Juntos han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el drama en el que han vivido las comunidades del Chocó por el actuar gubernamental y paramilitar.


De ese trabajo, se constituyó Camelias, lugar blindado por medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas, condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las masacres que generaron el desplazamiento de Ligia María y de miles de familias afro y mestizas. Desde entonces, antes de ingresar al territorio donde habita Chaverra, se lee en un cartel, ‘Zona humanitaria Las Camelias, es tesoro lugar exclusivo de población civil. Prohibido el ingreso de actores armados’.


En medio de su labor como ama de casa y agricultora, ha continuado luchando para que el gobierno le cumpla a las comunidades, en medio de los señalamientos que dicen que María Ligia es integrante de la guerrilla de las FARC. Y es que sus conocidos aseguran que en diversas ocasiones esta líder afro ha sido perseguida y estigmatizada. Nunca ha negado la presencia de esa guerrilla en Curvaradó antes del desplazamiento, como tampoco ha dejado de plantear su posición política progresista, aunque eso no significa que piense igual a ellos.


En medio de la selva permanece custodiada con un esquema de protección que el gobierno fue obligado a brindarle. Sabe que es más que posible que su cabeza tenga precio, pero a pesar de su edad sigue potenciando sus valores al servicio de su familia y su comunidad. “Si me matan por decir la verdad, nada puedo hacer, quedarán mis hijos y mis nietos. Yo sólo he abierto camino para que otros sigan esta lucha”.


Hace unos meses, en la Zona Humanitaria Camelias se realizó una jornada cultural durante la semana de clases del Colegio de la comunidad. Allí se juntaron manos jóvenes negras y mestizas para rendir un homenaje a las enseñanzas, sabiduría, lucha y resistencia de Ligia María Chaverra. Hoy un mural de colores con la palabra resistencia, evidencia el legado que ha dejado la matriarca a las comunidades del Curvaradó.

 

Contagio Radio
26 julio 2017 0
Por: Mónica Lozano

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