El primer ministro checo, entre las dudosas y repentinas fortunas. REUTERS/Archivo.

Hace una generación no existían. Pero los milmillonarios ya son una realidad entre los socios europeos del Este. Especialmente, en el llamado Grupo de Visegrado y, dentro de este club de cuatro, en su triángulo más nacional-populista, el que conforman Polonia, República Checa y Hungría. Oligarcas y empresarios de emporios de múltiples sectores que se expanden hasta la ex repúblicas soviéticas revelan la transformación socioeconómica de los países del otro lado del Telón de Acero.

 

Poseen yates de última generación e, incluso, son propietarios de clubes de fútbol. Se mueven con estrellas de cine e interceden en el ámbito político. Asumen ingentes cantidades de riqueza, hasta el punto de que, en algunos casos, resultan imprescindibles en el futuro económico de sus países. A veces, resultan ser oligarcas, entendidos en no pocas ocasiones como los beneficiarios de los conglomerados industriales heredados de la época del Telón de Acero.

Muy habituales en la Rusia posterior a la desintegración de la URSS, próximos al núcleo duro político que habita en El Kremlin –en la época de Boris Yeltsin, primero y, sobre todo, durante la actual hegemonía de Vladimir Putin, donde el denominado Clan de San Petersburgo tomó las riendas del de Moscú– y que inspiraron el término capitalismo de amiguetes que el entonces director gerente del FMI, Michael Camdessus, utilizó para definir el habitual tráfico de influencias y de prebendas entre la tumultuoso élite política y la emergente clase empresarial que ocasionó tres crisis financieras y se llevó a cinco primeros ministros antes de que apareciera la figura de Putin. O que llevó al economista Jeffrey Sachs a decir, a finales de los noventa, que “lo mejor que podía suceder en la Rusia de Putin, era nacionalizar las recientes privatizaciones que se habían acometido, para volverlas a poner, paulatinamente, en manos privadas para su modernización, con transparencia y concursos realmente abiertos al capital”.

Pero también hay milmillonarios que han labrado sus ingentes cantidades patrimoniales al convertirse en grandes magnates. Industriales o empresariales. Adalides del sueño oriental que ha emergido al calor del boom económico de sus cada vez más poderosos mercados emergentes. Al margen o no de que hayan contribuido a lo que también el ex jefe del Fondo, Camdessus, calificó en su día como un foco de cleptocracia, al definir los oscuros negocios en la Rusia que transitaba desde la extinta Unión Soviética.

El primer ministro checho

Porque la moralidad –lo que los americanos llaman moral hazard, el riesgo ético que se inicia a través de inversiones que buscan altas rentabilidades, al alcance de grandes fortunas, propensas a desencadenar crisis financieras, como los activos tóxicos en 2008, y que suele desembocar en una socialización de los gastos, a modo de rescates bancarios, por ejemplo– es una frontera que, a menudo, resulta demasiado tenue entre estos poderosos patrimonios del Este europeo. Sin ir más lejos, uno de ellos, sobre el que penden dudas razonables de posibles conflictos de intereses, es el del primer ministro checo, Andrej Babis. De corte populista y acérrimo nacionalista, en 2018, tras asumir el cargo, desencadenó las mayores protestas ciudadanas en tres décadas de democracia en el país. La propia Comisión Europea le ha auditado. Y ha declarado que mantiene el control sobre su emporio químico, agrícola y mediático, por el que sigue recibiendo fondos del presupuesto comunitario desde 2017, cuando asumió la jefatura del Gobierno checo, tal y como informa la web Neovlivni.cz y recoge la agencia Bloomberg. En especial, sus empresas del sector agrícola. Babis alega que Agrofet, su compañía, se convirtió en un trusts antes de recalar en la jefatura del Gobierno de Praga.

En contra del criterio de la unidad de vigilancia de Bruselas encargada de supervisar el arsenal de ayudas de la PAC a las firmas destinatarias de los subsidios. Agrofet, que emplea a 34.000 trabajadores en 18 países y tuvo unas ventas de 7.000 millones de euros (unos 158.000 millones de coronas checas) asegura que no ha sido auditada, mientras el primer ministro y propietario apela a la “interpretación sin sentido de las leyes” de su país por parte del Ejecutivo comunitario. El de Babin es sólo un botón de muestra del modus operandi de muchos de estos milmillonarios de nuevo cuño en el Este europeo. Donde no existían grandes fortunas hace una generación en su vasta estepa. Hasta que la caída del comunismo abrió sus mercados y ensanchó las diferencias de renta entre sus ciudadanos. Así lo refleja un informe de Bloomberg a partir de su Billionaires Index 2019, en el que refleja que el pasado ejercicio, los grandes patrimonios globales elevaron sus riquezas en una cantidad similar al PIB de España. Su radiografía habla de la trayectoria que han tomado los nuevos ricos del Este. Desde la ciudad kazaja de Almatý a Praga, o desde Moscú a Zagreb.

“Muchos de ellos han adquirido la vitola de empresarios legendarios, exhiben modos de vida extravagantes y aplican sin tapujos sus influencias políticas”. Muchos de ellos, aún bajo un tinte soviético. “Una gran mayoría tuvieron poder en los regímenes comunistas y mantienen su capacidad económica y política con las estructuras democráticas de mercados abiertos”, dice Mark Mobius, un veterano inversor en economías emergentes que trabaja para su propia firma de inversión después de ejercer como analista en Franklin Templeton Investments. En un e-mail para este medio, Mobius pone el dedo en la llaga: “La selección de las fortunas no fue sencilla, porque algunos de los viejos apparatchiks no se adaptaron a los cambios políticos y económicos tras la Caída del Muro de Berlín y dieron un espacio determinante a jóvenes emprendedores y ambiciosos de poder para amasar riqueza”. La mitad de ellos se beneficiaron de los procesos de privatización. Mientras que los milmillonarios que se han hecho a sí mismos siguen siendo unas raras avis. Su ascenso en el escalafón financiero y social se ajusta al proceso de transformación de estos países en los últimos 30 años. En cada etapa de estas tres décadas, destaca un magnate emblemático.

Los tumultuosos ochenta

Finales de los ochenta. Los Early Birds. Una fase tumultuosa, llena de contracción económica e inestabilidad política en la mayoría de países del Este. En la que aparecen los inversores privados para dinamizar segmentos productivos casi al completo a través de procesos de privatización en los que primaba la desestructuración y la falta de planificación. Petr Kellner, República Checa. 12.800 millones de dólares de riqueza personal. Nacido en Checoslovaquia en 1964, adquirió la empresa de fotocopiadoras Ricoh poco después del triunfo de la Revolución de Terciopelo, en 1989. Su cuenta empezó a engordar con la venta de activos públicos y el intercambio de acciones entre las compañías resultantes. Tomó el 20% de Ceska Pojistovna, la mayor aseguradora del país, a la que hizo rentable durante años hasta que vendió sus participaciones a la italiana Generaly por 3.300 millones de euros. Los tentáculos de PPF, su emporio, se expanden por los sectores financiero, de telecomunicaciones, el de biotecnología, la ingeniería y el mercado inmobiliario en China, Vietnam, India, Indonesia, Filipinas y Kazajistán. En sus escasas apariciones en los medios admite que el postcomunismo “fue una oportunidad que quizás nunca se vuelva a repetir” en la que fue capaz de “encontrar la gente adecuada, de sortear los riesgos iniciales y de inculcar sacrificios a largo plazo” para obtener la sostenibilidad de sus proyectos. Mediados de los noventa. Atrapa los activos. Al calor de los programas económicos caóticos de los primeros gobiernos democráticos. Época en la que se idolatró al capital foráneo, a las divisas extranjeras y se demonizó el legado industrial cincelado con subsidios estatales. Yeltsin se aferró a los oligarcas, cedió la gestión financiera del país a un grupo de banqueros y vendió una ingente cantidad de activos de empresas soviéticas.

Vladimir Potanin. Rusia. 28.500 millones de dólares de patrimonio neto personal. De 58 años, es uno de los pocos oligarcas originales, de la época de Yeltsin. Trabajó en comercio exterior hasta que, en 1990, antes del colapso de la URSS, registró su primera empresa. Rápidamente se hizo con un grupo bancario por su influencia directa en el Kremlin. “La propiedad privada es la única medicina contra el estado fallido del comunismo; no hay alternativa. Por eso los activos se tuvieron que transferir a manos privadas”, explica. A finales de 1995, Potanin y su socio, Mikhail Prokhorov, se hicieron con el control de NorilskNickel, el mayor productor de níquel y paladio por la módica cantidad de 170 millones de dólares. La capitalización de esta compañía ha subido a más de 40.000 millones. Posee el 35% de sus acciones. Al año siguiente, apoyó financieramente la campaña de reelección de Yeltsin, que le nombró viceprimer ministro encargado de Economía y Propiedades Estatales. Renunció en menos de un año. Ha sobrevivido a dos crisis, la del rublo en 1998, y la financiera de 2008. Pero, sobre todo, se ha adaptado a la realpolitik de Putin, con el que juega al hockey, cuya liga promociona junto a famosos atletas, políticos y empresarios.

Los albores del milenio

1990-2000. El Salvaje Este. Apertura plena de puertas al capital extranjero. El libre capitalismo se hace con los resortes económico-financieros. La llegada de firmas occidentales, que obtienen de inmediato las pertinentes validaciones de los gobiernos orientales. Las rutas para hacerse con el amplio censo de industrias estatales se aceleran. Se crea una cultura propia del negocio. Algunos economistas hablaron de colonización y de que el interés empresarial se basaba en las bajas condiciones laborales, una ventaja competitiva asegurada, y en el potencial expansivo de sus consumidores.

Zygmunt Solorz, Polonia. Patrimonio neto personal: 2.700 millones de dólares. El hombre más rico de Polonia. Enigmático. Ha empleado numerosos nombres. Nació como Zygmunt Krok a 60 kilómetro de Varsovia. Siendo veinteañero, se fugó a Alemania, vía Austria, y fundó una firma de transporte. Utilizó el nombre de un amigo, Piotr Podgorski –de hecho, muchos conocidos le siguen llamando desde entonces Piotrek– para registrase como refugiado. En los ochenta adoptó otra personalidad. Respondía a Solorz, apellido que incorporó su primera mujer. En esa época, vendió coches y otros bienes desde el Oeste europeo a Polonia. Tras la caída del régimen polaco empezó a crear su imperio desde la adquisición del mayor canal privado de televisión, Telewizja Polsat. Su holding empresarial incluye Cyfrowy, una de las más amplias plataformas digitales de toda Europa, un banco minorista y el segundo operador de móviles del país, por el que pagó la cifra de fusión récord en Polonia. Ahora, planea construir un distrito residencial exclusivo en la capital polaca. También es propietario de plantas energéticas de lignito. Y, para sorpresa de sus conciudadanos, ahora habla de combatir la catástrofe climática. Cuando se había aproximado a las tesis negacionistas y usa el helicóptero como principal medio de transporte.

1990-2000. Las relaciones familiares. Época de surgimiento de entramados empresariales que se configuran a través de lazos sanguíneos y que representan a figuras de los negocios que están muy bien conectados con el poder.


Tímur Kulibayev y Dinara Kulibayeva. Kazajistán. Patrimonio neto: 5.000 millones de dólares. No hay un linaje más prestigioso en Asia Central que el de Dinara. La hija mediana de Nursultán Nazarbayev, presidente del país desde 1990 hasta marzo pasado. El líder espiritual vitalicio de esta ex república soviética y que acaba de rebautizar a Astaná, la capital kazaja, con su nombre: Nursultán. Dinara es la mayor riqueza de la nación. Ella, junto a su marido, Tímur, controlan las principales instituciones financieras, incluidas las mayores entidades crediticias de las empresas petrolíferas y agrícolas, además de las inmobiliarias que mueven el mercado de la vivienda y de la construcción en su país y en Dubái. Estudiante de artes escénicas en Moscú, hizo un MBA en Kazajistán. Mientras Tímur estudió Económicas a la capital rusa y trabajó en compañías de gas y petróleo. Presidió un fondo de inversión soberano en Rusia, hasta que en 2011 ocupó un sillón en el consejo de administración de un gigante gasístico ruso. Un diplomático estadounidense le definió como “un milmillonario de manicura”. Está al frente de la cámara de comercio del país y es un consumado y eficaz lobista financiero y energético en toda zona de influencia ex soviética.

  1. 1998. Devaluaciones, crash bursátil, contagio. La suspensión de pagos de Rusia fue el detonante de la crisis en la región. Pérdidas de cotización fulgurantes de sus divisas, montañas de deuda e incapacidad para gestionar la coyuntura económica. Los bancos colapsaron y provocaron que el ahorro de las familias se evaporara. Los daños colaterales se cebaron con sus plazas bursátiles. En todo el bloque oriental. Los resortes del nuevo sistema financiero se tambalearon. La crisis se expandió a los nacientes emporios empresariales. Pero no todos salieron damnificados.
    Andrei Melnichenko, Rusia. Fortuna personal: 15.200 millones de dólares. Uno de los diez más ricos de Rusia. Era demasiado joven para ser un beneficiario de la privatización. Pero hizo fortuna en la siguiente estación. En el negocio del tipo de cambio de las divisas, donde hizo un master acelerado, con pingües beneficios, que le llevó a crear MDM Bank. Surgido de la crisis de 1998 se ha convertido en la entidad prestamista con mayor número de clientes.

Practica una política conservadora, sin exposición al mercado de bonos soberano del país y controlando la liquidez de sus activos. Gestión que posibilitó la compra de acciones de oligarcas en dificultades. Así se hizo con la planta y el oleoducto petrolífero de Volzhsky, adquirido desde su rival, Menatep, un banco en manos de Mijail Khodorkovsky. Su emporio inauguró entonces su división energética. “Mi visión entonces era consolidar los activos fragmentados y arriesgarme a reestructurar sus entramados empresariales e industriales con la intención de generar blue chips internacionales en distintas áreas productivas”. En especial, en acero, fertilizantes y carbón. Segmentos a los que las autoridades rusas no les colgó el cartel de estratégicas y que, por tanto, eran más fáciles de controlar empresarialmente que otros como el petróleo, el gas, los diamantes o el oro. La crisis de 2008 dividió su grupo. Él se quedó con la división de minería y fertilizantes, con menor exposición a la turbulencia financiera global, y su socio, Sergei Popov, con el banco, que vendió a su principal rival en 2015.

Y llegó Putin

El ascenso de Putin. En el año nuevo de 1999, Yeltsin elige sucesor en el ex coronel de la KGB Vladimir Putin, que rápidamente monta su propio club de oligarcas. Con dos exponentes esenciales. Boris Berezovsky, procedente del mundo financiero, y el magnate de los medios Vladimir Gusinsky. En 2003, Mijail Khodorkovsky, fue arrestado acusado de evasión de impuestos y delitos de fraude. Era, entonces, el hombre más rico del país. Un año más tarde, el Kremlin empezó a vender su conglomerado petrolífero, la mayoría del cual ahora pertenece a la estatal Rosneft. Tras una década en prisión, fue perdonado por Putin en diciembre de 2013. Vive en Londres desde entonces, desde donde trata de liderar la oposición al presidente ruso, cuya irrupción en el poder, generó una nueva clase de jerarcas empresariales que han dominado la escena económica en sus dos décadas en el Kremlin.

Arkady Rotenberg, Rusia. Patrimonio neto de 2.100 millones de dólares. Nacido en la antigua Leningrado. La actual San Petersburgo, el centro del poder real en Rusia, que da nombre al clan de Putin. Amigo de la infancia del líder ruso, con el que practicó judo en su juventud. Instructor de artes marciales. Fundó un selecto club de millonarios, el Gennady Timchenko, del que Putin es el presidente de honor. Engendró su imperio a raíz de la llegada al Kremlin de su amigo. En 2001, adquirió SMP Bank, sancionado por EEUU tras la anexión rusa de Crimea y, en 2007, su firma de construcción de oleoductos y gaseoductos, que también ha hecho rico a su hermano pequeño, Boris. Ambos compraron cinco empresas un año después y, en 2014, se hicieron con el concurso de Gazprom para la construcción de su mayor oleoducto. Como Potanin, juega al hockey con Putin.
2004-2013. Europa y el mundo. Con Putin consolidando el poder en Rusia y los antiguos aliados de Europa del Este haciendo guiños para adherirse a la OTAN, en paralelo a sus ingresos en la UE y, por ende, armonizando sus mercados productivos con las directivas comunitarias, el eje generador de riqueza se movió hacia el centro del continente.

Ivan Chrenko, Eslovaquia. Patrimonio personal neto de 1.400 millones de dólares. Nacido en Sala, en la extinta Checoslovaquia, en 1967, llegó al negocio inmobiliario casi por accidente. Su primer negocio fue la venta de equipos de sonido en la recién independiente Eslovaquia, que le reportó beneficios y que vendió a los pocos años. Este colchón monetario le sirvió para gestar su firma constructora, que se hizo con un sinfín de contratos para la rehabilitación de la capital, Bratislava, y la instalación de grandes superficies en su primer extrarradio. Aupark es su seña de identidad comercial. En 2005, apenas un año después de la adhesión eslovaca al club europeo, vendió por casi 400 millones de euros su participación en HB Reavis a inversores holandeses, que incluían los dividendos de su inversión inicial, de 77 millones. En la actualidad, maneja más de 2.000 millones en activos dirigidos al sector de la construcción, con proyectos internacionales en Londres, Berlín, Varsovia y Budapest. Abandonó las labores ejecutivas en 2013. No concede entrevistas.

2008-2009. Credit-crunch. El mayor crash financiero y bursátil desde 1929 contagió a todas las economías globales. En mayor o menor medida. La tentación de adquirir préstamos en dólares o euros expandió la exposición a la contracción del crédito por toda la región oriental europea. Pero la pérdida de músculo de sus competidores occidentales hizo emerger una serie de nichos de negocio que fue aprovechado por empresarios del Este.

Ivica Todoric, Croacia. El hombre más rico del país, logró hacerse con una fortuna tras la Caída del Muro de Berlín, que luego perdió durante las guerras de los Balcanes. Junto a su padre vendía flores y la buena climatología del territorio croata le permitió expandir su negocio hacia el sector de alimentación. Accedió a las ventas por privatización de empresas del país a nacionales tras la desintegración de Yugoslavia en la segunda mitad de los noventa. Sorteó la crisis, pese a los seis años de crecimiento cero de la economía croata. Hasta que, en 2014, compró Mercator, la mayor cadena minorista de Eslovenia y, en 2017, tomó las riendas de Agrokor, entidad financiera a la que reestructuró con éxito. Acusado por la Justicia croata, se desplazó a Reino Unido, que le extraditó en diciembre de 2018. El litigio por administración desleal sigue abierto. Agrokor es ahora propiedad de sus grandes acreedores.

La década de los diez. La oleada de populismo. La crisis de 2008 no sólo destruyó riqueza, sino que llegó a poner en el disparadero al sistema capitalista. El descontento social encendió la mecha del nacional-populismo, que germinó especialmente, entre los países del bloque oriental, en Hungría, Polonia y la República Checa. Tres de los cuatro integrantes del club de Visegrado. El cuarto es Eslovaquia, que se ha desviado de la senda autoritaria de sus hermanos geográficos. Con Viktor Orban, el primer ministro húngaro, como auténtico maestro de ceremonias de una auténtica deriva autoritaria que preocupa, y mucho, en Bruselas.

Lorinc Meszaros, Hungría. Fortuna personal valorada en 1.500 millones de dólares. Compañero de pupitre de Orban. Empezó a gestar su riqueza con una pequeña compañía de gas en su ciudad natal, Felcsut, en los noventa. Su ascenso estratosférico vino de la mano de su amigo personal. Desde que Orban llegó al poder, en 2010, Meszaros ha subido constantemente en la lista de las grandes fortunas húngaras, hasta su cúspide. Hecho del que ha alardeado. Hasta el punto de decir que su ascenso fue más inteligente que el de Mark Zuckerberg, presidente de Facebook. Pese a atribuir su éxito a Dios, la suerte y Orban. Su emporio acapara empresas constructoras, de medio de comunicación, bodegas y firmas que acceder a concursos públicos. Es dueño de una academia de fútbol que fundó Orban.
2014-2019. La fase de sanciones a Rusia. Las tensiones geopolíticas de Rusia con Europa y, en mucha menor medida, con los EEUU de Donald Trump, a propósito de su intervención en suelo de Ucrania y, sobre todo, con la anexión de la Península de Crimea, sumergió al bloque del Este en una nueva dimensión. Occidente respondió con sanciones económicas a Moscú y señalaron con sus dedos acusadores a empresas de oligarcas.

Oleg Deripaska, Rusia. Patrimonio personal neto: 3.400 millones de dólares. El gran vencedor de la guerra del aluminio, se hizo rico en la década de los noventa. Más tarde, sus lazos familiares le ayudaron. Se casó con la hija del jefe de gabinete de Yeltsin. Empezó su expansión mundial en la post-crisis de 2008. A través de la adquisición de valores en gigantes de la construcción y en la industria auxiliar y manufacturera del automóvil. Compró también Norilsk Nickel. Los noventa -asegura- fueron años de locura, de caos, pero también de oportunidades, con las que logramos transformar el país”. La compra de Norilsk Nickel fue inicialmente un mal negocio. Sus primeros años de gestión se saldaron con caídas del precio del aluminio, que llevaron a Rusal, su emporio, al borde de la bancarrota. Pero la compañía salió a flote, a pesar de reestructurar más de 17.000 millones de dólares de deuda, la mayor corporativa en Rusia. Pero la guerra de Crimea lo cambió todo. Las embestidas financieras y las volatilidades bursátiles de los últimos ejercicios, sobre las que pendían los efectos de las guerras comerciales y de los riesgos geopolíticos alimentados por la Administración Trump, cercaron el valor de las divisas de los mercados emergentes. Incluido el rublo. Pero la moneda rusa se ha repuesto del susto y Rusal ha ganado contratos en el terreno militar ruso y en medio de las hostilidades arancelarias entre EEUU y China, con el aluminio y el acero, como hilos conductores del proteccionismo americano. Las sanciones a Rusia han venido de perlas a grupos como el de Deripaska, que ha llevado a cabo un intenso proceso de lobby en el Kremlin para que logre de la Casa Blanca la retirada de sanciones en el sector automovilístico, en el que también tiene intereses patrimoniales.

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Uno de los puntos más delicados de la Cumbre del Clima: la creación de un mercado internacional de emisiones

En la Cumbre del Clima de Madrid se intentará crear un mercado internacional de emisiones como herramienta para contener el aumento de temperaturas del planeta. "Se parte de la idea de que ya no hay mucho tiempo para contener en 1,5 °C el aumento de la temperatura global, y que todos los países tienen que hacer algo, también los emergentes. El desarrollo económico siempre está ligado al aumento de emisiones, y eso ya no es compatible con mantener 1,5 °C", analiza Raphaela Kotsch, investigadora de la Universidad de Zurich que participa esta semana en la cumbre explicando qué se negocia sobre este nuevo mercado. En la cumbre de Katowice (Polonia) de 2018 se dieron algunos pasos, pero no se llegó a un acuerdo.  

En la actualidad existen 57 mercados de carbono en todo el mundo entre los creados y proyectados. Ahora, se trata de crear uno global que funcione más o menos como el que lanzó la Unión Europea en 2003: por un lado, se otorga un derecho de emisión (de algún modo se permite contaminar); y por otro, se incentiva la reducción de emisiones. Solo que, a diferencia del esquema europeo, el mercado internacional no fijaría un precio mínimo de compra de cada tonelada de CO2. "Es oferta y demanda", contextualiza Kotsch.

Crear este "mecanismo" está planteado en el artículo 6 del Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015, y en esta cumbre se prevé definir su estructura y condiciones. "El tratado prevé que, si no se alcanza un mercado global, entonces se recurra a otros bilaterales o multilaterales", analiza esta investigadora, quien añade: "Algunos esperan que haya un acuerdo en Madrid, pero yo no lo veo claro".

Para los que defienden contener el aumento de emisiones a través de este esquema, argumentan que esta es una forma de ayudar a los países menos desarrollados a obtener tecnología, acudiendo a ese mercado internacional para financiar proyectos mediante créditos que les compran países con mayores emisiones.

Tiene además otra lectura, y es que, para los países industrializados, donde se ha desarrollado más tecnología limpia, cada reducción adicional de emisiones resulta más cara que en países donde hay mucho más por hacer. "Para muchos en los países ricos sería más sencillo comprar créditos, digamos, por ejemplo en Marruecos, donde es más barato reducir una tonelada de CO2, pues hay mucho más por hacer", incide Kotsch. Sin embargo, los detractores de la medida temen dejar al mercado la reducción de emisiones de tantos países.

03/12/2019 - 21:58h

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Crítica a Thomas Piketty: ¿incremento de desigualdades o de explotación?

El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades.

Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación, raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.

Qué es explotación

En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta para ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.

El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación

Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se puede entender ni la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.

 

La explotación de clase durante la Gran Recesión

 

Esta observación aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras que las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad.  La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.

Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

Naturalmente que tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.

Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobras conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora., causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.

La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores

Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los varios países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.

Hoy, la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades, Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.

Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos mediante la grabación del capital y de las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.

NOVIEMBRE 28, 2019

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Publicado enPolítica
Lunes, 11 Noviembre 2019 06:57

Plutocracia a la americana

El magnate Michael Bloomberg –en imagen de archivo– se está preparando para ingresar a la concurrida carrera para convertirse en el candidato demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de 2020, informaron los medios estadunidenses.Foto Afp

En los últimos días uno de los hombres más ricos del mundo anunció que está contemplando ingresar a la contienda presidencial para retar a otro multimillonario que ahora encabeza el régimen estadunidense, dejando abierta la posibilidad de que la pugna por la Casa Blanca sea entre un multimillonario contra otro multimillonario, ambos afirmando que representan los mejores intereses del "pueblo".

La pregunta ya no es si Estados Unidos es una democracia, sino más bien si es una plutocracia o una oligarquía.

Michael Bloomberg, con una fortuna personal de unos 53 mil millones de dólares, está tomando pasos preliminares para postularse como precandidato demócrata, aparentemente porque cree que el elenco actual de aspirantes no logrará derrotar a Donald Trump, con una fortuna de 3 mil millones de dólares (aunque insiste que tiene más de 10 mil millones, pero rechaza comprobarlo).

Antes, casi todos los ricos estaban felices en influir, y en muchos casos controlar, el proceso electoral desde las tinieblas, a través de sus donaciones a candidatos de su preferencia. Todos saben que para ser un aspirante presidencial viable se requiere de cientos de millones de dólares; que el monto recaudado por un candidato determina en gran medida si ganará o no; que hay millones de dólares que son canalizados sin tener que revelar cuánto ni quién está detrás, a políticos quienes por supuesto saben quién los está apoyando y a quién le deben su chamba. La cúpula económica tiene hoy día tal vez más influencia sobre la cúpula política que en cualquier momento en el último siglo.

De hecho, las personalidades más ricas del país, como Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Bill Gates, de Microsoft; los Walton, de Walmart (su fortuna personal se incrementa por 4 millones cada hora); los hermanos Koch, de Koch Industries, y el propio Bloomberg, entre otros, han ejercido enorme influencia en el juego político y electoral del país. Su lana, dándoles mucho más poder que los votos y opiniones de millones de ciudadanos.

Hace unos 4 años el ex presidente Jimmy Carter comentó que Estados Unidos ya no es una democracia, sino "sólo una oligarquía, con soborno político ilimitado". Hay múltiples investigaciones serias que comprueban esta afirmación.

Pero mientras la oligarquía juega con volverse plutocracia (definición: gobierno por los ricos), todo esto sucede justo cuando el gran tema político es la desigualdad económica con la mayor concentración de riqueza desde justo antes de la Gran Depresión, y donde el tema que impulsó el movimiento Ocupa Wall Street, el uno por ciento más rico frente al 99 por ciento de los demás, ahora ocupa el centro del debate politico. Hoy día, el uno por ciento controla casi 40 por ciento de la riqueza; uno por ciento tiene más riqueza que el total de 99 por ciento de la población.

La clase multimillonaria ya no goza de admiración, sino de desprecio y sospecha. Crearon con su economía de mafia, un gobierno mafioso, como indicaba el historiador económico Karl Polanyi, y la ilusión que impulsaron (de libres mercados/libre comercio= "libertad"), deja de funcionar, sobre todo entre jóvenes.

De hecho, el candidato que está interrumpiendo la fiesta de los oligarcas, primero en 2016, y otra vez hoy día, es Bernie Sanders (y en menor grado, Elizabeth Warren), quien ha demostrado que no sólo puede competir (por ahora es el que más fondos ha recaudado entre los precandidatos demócratas), sino ganar sin el apoyo de ningún multimillonario, incluso definiendo su campaña como una lucha "contra la clase multimillonaria".

Una integrante socialista del concilio de Seattle, Kshama Sawant, acaba de triunfar en su relección, a pesar de que el dueño de Amazon, Bezos –el hombre más rico del planeta– invirtió más de un millón y medio para derrotarla. De repente, el gran dinero se enfrenta a fuerzas democráticas, algo que asusta, y no poco, a los oligarcas.

Por ahora, esta sigue siendo la mejor democracia que el dinero puede comprar. Pero hay indicios de una rebelión que enfrenta a los oligarcas y sus sueños plutocráticos y recuperar la democracia que tanto se ha prometido aquí.

Publicado enInternacional
Domingo, 03 Marzo 2019 09:40

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enColombia
Jueves, 28 Febrero 2019 16:14

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enEdición Nº254
Consultas populares: la democracia colombiana al servicio del capital internacional

Vienen por todo. El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional falló a favor de la multinacional Mansarovar Energy (1), que tuvo que detener su propuesta de explotación petrolífera en el departamento del Meta en el año 2016, a causa de una consulta popular impulsada por los habitantes del municipio de Cumaral, y que decidió con un rotundo resultado la no realización del proyecto de hidrocarburos –7.475 por el No, y 183 por el Sí–.


Ante esta decisión ciudadana, la multinacional interpuso una tutela al considerar que la consulta desconocía el contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el visto bueno para que Mansorvar Energy desarrollara su proyecto de exploración y explotación en el Bloque Llanos 69, el cual ocupa la tercera parte del municipio de Cumaral.


Encrucijada. El fallo de la Corte Constitucional pone en jaque todas las consultas populares realizadas en el país sobre este particular, pues sustenta que las mismas ya no servirán como mecanismo para avalar o vetar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. Según la Corte, estas actividades hacen parte de los intereses de la nación, a los que las regiones no pueden interponer el interés particular o municipal.


Este fallo, para sorpresa de propios y ajenos, puede verse como una combinación de todas las formas de lucha desplegadas desde el poder, como eco de la protección de la economía mundo capitalista. Para unos (los capitalistas criollos) y para otros (las multinacionales), ya no basta con militarizar los territorios donde se encuentran los recursos naturales, ni el asesinato de líderes y lideresas sociales es garantía para imponer sus intereses, ahora las herramientas jurídicas también sirven como estrategia para afectar a los sectores populares en cada uno de los territorios donde invierten, en este caso Colombia. Ante este panorama, ¿Cuáles son los retos que esta realidad abre para las comunidades y los movimientos sociales en nuestro país?


Un problema estructural, una oposición regional ¿planetaria?


La explotación minera es una actividad inherente a la economía mundo capitalista, pues si se analiza con detenimiento en nuestra región, luego de la invasión por parte del imperio español de nuestro continente –1492–, inició una práctica sin precedentes: la explotación sin descanso de minas de oro y plata (un ejemplo claro de lo cual es la mina de plata en Potosí –Bolivia– de la que se extrajeron aproximadamente ocho millones de kilos de tal mineral, arrojando millones de indígenas y mineros muertos en los años que los colonialistas la explotaron) (2)., En el extenso territorio invadido, tomaron lugar, asimismo, los monocultivos de caña de azúcar, las plantaciones de algodón, tabaco, cacao y otros sembrados.


Con el transitar de los años –siglos–, los avances en ciencia y tecnología ayudaron a la tecnificación de estas prácticas, llegando al punto de explotar otros recursos naturales como petróleo, gas, agua, carbón, coltán, níquel, y otros más. Todos y cada uno de ellos, materiales que sirven para el funcionamiento de la economía y cultura capitalista.


En la actualidad las explotaciones mineras afectan a numerosas poblaciones a lo largo y ancho del continente, generalmente regiones rurales que muchas veces cuentan con una mínima presencia del Estado, desde donde ven estos territorios como fuentes para alimentar el crecimiento económico de cada país. Podríamos decir que sin Colonia el pensamiento y práctica que la alimentó aún se conserva entre nosotros, como pensamiento guía de las clases dominantes y de las multinacionales. Explotación que encuentra resistencias por doquier:


En Perú un pueblo de 25 mil habitantes, se ha organizado en la Plataforma Interistitucional Celedina, para luchar contra el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer un estimado de 5.000 millones de dólares en oro que se encuentra debajo de las lagunas, es decir, que deben secarlas para la extracción. Para lograr su cometido la minera se alió con el Estado y a partir de entonces han militarizado la zona; parte de la resistencia se concreta a través de las rondas campesinas, ahora criminalizadas; los enfrentamientos hasta ahora presentados han dejado cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados (3).


De la misma manera resaltan ejemplos en Ecuador, donde el Estado abre espacio para un proyecto minero en la Cordillera del Cóndor, con la pretensión de explotar cobre y otros metales, explotación que afecta con desplazamiento al pueblo Shuar el que lucha por permanecer en sus territorios. En Nicaragua el Movimiento Comunal Santa Cruz de la india, lucha contra la empresa Cóndor Gold, que intenta desarrollar un proyecto de explotación de oro en la comarca de Santa Cruz de la India, poblada por alrededor de 5.000 habitantes. En Bolivia está la lucha contra el Tipnis –área natural protegida, declarada parque natural en 1965–, área que pretenden atravesar con la carretera “Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, afectando así, los territorios de los pueblos Yuracaré, Moxeño Trinitario y Tsimane. A este proyecto se le oponen grupos de ciudadanos mediante la acción popular, además de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y el Movimiento por la Dignidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros. En Venezuela se encuentra el proyecto del Arco Minero Guayana desde el 2011, en el que se pretende la explotación de minerales que cubre la zona norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco, en el 2016 fue aprobada la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2 por ciento del territorio venezolano, colocando en riesgo la biodiversidad de la Amazonía venezolana, así como el derecho a vida en dignidad de 54.687 personas indígenas, según el último censo del 2011.


En otra geografía, en Alemania, la campaña “Ende Gelände” lucha contra la expansión minera en la Renania –la mayor productora europea de carbón de lignito– (4).


Consultas populares en Colombia


En nuestro país son varias las comunidades que se oponen a los proyectos de explotación minero-energéticos. El mecanismo de consulta popular ha servido fundamentalmente para detener dichos proyectos en diferentes regiones de Colombia. La consulta popular ha servido para ello en tanto es un mecanismo de participación ciudadana en la que las autoridades solicitan a la ciudadanía la opinión “sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas” (5).


Mediante este mecanismo nueve poblaciones del país le han dicho NO a diferentes proyectos de explotación de recursos naturales, lo que ha llevado a la anulación o detención de dichos proyectos. Fue en el año 2013 cuando se realizó la primera de estas consultas, puntualmente en Piedras, municipio del norte de Tolima, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti pretendía realizar operaciones de extracción de recursos naturales; allí el 28 de julio, se obtuvo un total de 2.971 votos para el No y apenas 24 votos para el Sí. En este mismo año, siguiendo el ejemplo de Piedras, se efectuó la consulta popular minera en el departamento de Casanare, municipio Tauramena, en donde se pretendía realizar exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, a lo que 4.426 personas votaron por el No y 151 por el Sí.


Después de cuatro años –2017–, se reactivaron las consultas populares mineras, iniciando con el municipio de Cabrera –Cundinamarca–, el cual hace parte del importante cordón del Sumapaz; en este territorio se pretendían construir 14 micro-centrales hidroeléctricas sobre el rio del mismo nombre –proyecto El Paso– y exploraciones de dos bloques petroleros. El 26 de febrero de 2017 el No se impuso con 1.465 votos en contra de 23 por el Sí. En este mismo año, el 26 de marzo, el turno fue para la consulta popular minera en Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de explotación de la mina de oro “La Colosa” de la Anglo Gold Ashanti, ocasión en la cual la victoria del No fue determinante pues 6.165 votaron por el No y tan solo 76 personas sufragaron por el Sí.


El 4 de junio de 2017, el turno fue para el municipio de Cumaral –Meta–, donde la multinacional Mansarovar Energy pretendía realizar explotación de hidrocarburos. En esta consulta popular los resultados fueron abrumadores: 7.475 votos para el No, y solo 183 por el Sí.


En Pijao –Quindío–, el 9 de julio de 2017 los proyectos mineros de metales fueron detenidos tras los resultados de la consulta que arrojaron 2.613 votos por el No y 26 por el Sí. De manera simultánea, el mismo día en Cundinamarca, en el municipio de Arbeláez –explotado por hidrocarburos desde el 2010 por la empresa Australian Drilling Associates–, el No ganó con 4.312 votos, los que estaban por el Sí solo recogieron 38 sufragios.


Para el 17 de septiembre de 2017 se realizó la primera consulta popular en el departamento de Santander, en el municipio de Jesús María, donde los ciudadanos rechazaron la exploración y explotación minera y petrolífera con 1.677 votos por el No y 22 por el Sí. Finalmente, el municipio de Sucre –Santander–, le dijo No a las actividades mineras y petroleras con 3.016 votos, mientras que solo 33 personas votaron por el Sí (6).


Aunque hasta ahora solo se han realizado nueve consultas populares, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aún están proyectadas 158 iniciativas y acuerdos municipales en 135 municipios del país (7). Iniciativas todas que se ven afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Vale la pena decir que para el 21 de octubre de 2018 están previstas dos consultas populares en Cundinamarca: San Bernardo y Fusagasugá, donde sus pobladores ejercerán el derecho al voto pese a lo decidido por la Corte.


El fallo de la Corte Constitucional


Un fallo contra la misma democracia liberal. Aunque en sí, el fallo de la Corte aún no ha sido publicado, el comunicado de prensa (8) deja claro el retroceso existente frente a la participación ciudadana y la voluntad de las comunidades y pueblos frente a sus territorios. Según lo fallado por la Corte, las consultas populares ya no pueden vetar proyectos extractivos, justificando que las decisiones sobre el uso del subsuelo son del resorte del Estado central, autodenominándose propietario del mismo. De aquí en adelante el Estado es quien decide qué se hace con los recursos naturales, pues lo local no puede prevalecer sobre lo nacional, lo que quiere decir en otras palabras que los intereses económicos están por encima de la calidad de vida, tranquilidad y entorno a que aspire cada comunidad. Hay que aclarar que el fallo en cuestión no afecta el resultado de las consultas realizadas con anterioridad, a excepción de la consulta de Cumaral, Meta.


El mismo fallo exhortó al Congreso para que en el menor tiempo defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. Es necesario mencionar que la ponente de este fallo fue la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de quien se dice integra el ala más conservador de la Corte, y quien fue ternada por Andrés Pastrana en su presidencia, y por Álvaro Uribe en el 2007; secretaria jurídica de Juan Manuel Santos en el 2010; elegida en el 2017 como Magistrada con el apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal; en sus manos también está la ponencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo.


Estamos ante un fallo que denota como el poder económico y judicial por lo general van de la mano. En este fallo el único magistrado que votó en contra fue Alberto Rojas Ríos quien sostuvo que: “el efecto de la decisión fue la restricción de la democracia participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de la comunidad” (9).


Continúan las estrategias para legislar contra las mayorías


Cada día que pasa queda más claro que la democracia realmente existente en nuestro país, y el mundo en general, es un simple formalismo que sirve como la base para instaurar y legitimar el modelo cultural, social, político y económico del capitalismo que ahora utiliza todas las formas de lucha para imponerse. Ya no basta con asesinar, criminalizar, militarizar, amenazar, pues ahora los mecanismos jurídicos son herramientas para afectar a los sectores populares y democráticos. Algunos ejemplos lo demuestran.


En el año 2013 Gustavo Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez. El ataque del Procurador fue político, pues no puede olvidarse que su ideología era completamente opuesta a lo que desarrollaba entonces el ex alcalde de Bogotá. Ordoñez pasó por encima de las mayorías que habían elegido a Petro y busco legislar contra la decisión popular. Así mismo, puede recordarse el paquete jurídico impuesto en nuestro continente contra los gobiernos y presidentes denominados como progresistas: Fernando Lugo en Paraguay –2012– y Dilma Roussef en Brasil –2015–.


Otro ejemplo concreto puede verse con la llegada del hoy presidente de Colombia, quien pretende regular la protesta social, quizás el único mecanismo de expresión directo con que cuenta la sociedad en estos tiempos. De la misma manera está el ejemplo de la acción jurídica impuesta por la Brigada XVII del ejército de Colombia contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, alegando que las mismas lesionan el buen nombre de la institución a lo que “El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela” (10).


Democracia al servicio del capitalismo


Hoy las urnas tampoco son legítimas para el poder. En la democracia actual las votaciones supuestamente expresan la decisión de las mayorías, pues por medio de ellas “se expresa el pueblo”. Sin embargo, cuando el pueblo se expresa y a los poderosos no les favorece comienzan las estrategias para deslegitimar, derogar o posponer lo decidido por el pueblo. En el caso concreto de las consultas populares se habla de que lo más importantes son los intereses de la “nación” –como si esta fuera un ente vacío y los territorios no hicieran parte de la misma–, lo que permite interrogar: ¿Acaso las decisiones de la sociedad sobre sus territorios y vidas, no hacen parte de las determinaciones de la nación?


Es una actuación gubernamental para mantener abiertas las puertas para el capital, nacional e internacional. Con el discurso de que lo local no puede estar por encima de lo nacional, este fallo le da la razón al pensamiento neoliberal de las elites criollas, reflejadas en la columna sobre las consultas previas de Vargas Lleras y publicado en el mes de septiembre (11), quien dejó claro que las multinacionales no encontraban seguridad jurídica en el país, lo que afectaba el ingreso de la inversión extranjera.


Una cosa queda clara, todas estas estrategias jurídicas en curso en el país, hacen parte de una estrategia del poder para contener a los de abajo; estrategia que debe ser vista y analizada más allá de Iván Duque, que además hace parte de un pensamiento histórico –ahora globalizado– de quienes han gobernado desde siempre nuestro país; por tanto, aquí tampoco pueden quedar por fuera ni limpios los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, así como todos aquellos a quienes ellos representan y para quienes gobernaron y gobiernan.


Ante estos tiempos solo queda una opción: la construcción de amplios y profundos tejidos sociales, alrededor de los cuales, en procesos abiertos, se discuta todo aquello que afecta a los de abajo, decidiendo de manera colectiva cómo actuar contra el capital nacional y global; es una discusión que tiene que dibujar con manos de arco iris el país que tenemos y el que buscamos construir, para salir como un solo cuerpo a hacerlo realidad. Es claro, solo desde la Colombia profunda es posible construir y hacer realidad la democracia real.

 

Notas


1. Empresa constituida en 2006 por capitales de Sinopec Corp –China– y Ongc Videsh –India–, actualmente se encuentra en el país realizando actividades de extracción de hidrocarburos en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, además de haber realizado exploración, explotación y transporte en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
2. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111506
3. Ver: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/34854-si-se-puede-pueblos-frenan-mineria-en-peru.html
4. Ver.https://www.salvalaselva.org/peticion/1114/detener-la-carretera-que-dividira-en-dos-la-selva-de-bolivia ver. https://noalamina.org/latinoamerica/nicaragua/item/37076-comunidad-nicaraguense-lucha-por-su-territorio-y-enfrenta-a-condor-gold ver: https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535983599_117995.html ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/32559-una-rebelion-global-desde-la-desobediencia-civil.html.
5. Definición de consulta popular por parte de la Corte Constitucional: “En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
6. Ver: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-Consultas-populares-.html
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cabrera-Cundinamarca.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/jesus-maria-santander-le-dijo-no-la-mineria-articulo-713662
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Sucre-Santander,24893.html
7. https://www.dinero.com/pais/articulo/fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares/263130 
8. Comunicado No. 40, Corte Constitucional En: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf
9. Ibid., pág. 3.
10. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35271-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-ensanamiento-hasta-el-fondo-de-lo-absurdo.html
11. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35237-vargas-lleras-y-la-consulta-previa.html?platform=hootsuite


Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-consultas-populares-ya-no-podran-vetar-proyectos-extractivos-corte-constitucional-articulo-814723
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-acatara-fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-articulo-817614
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-le-pone-freno-a-las-consultas-populares/586482
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-no-gana-la-consulta-popular-minera-en-cumaral/527505
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098

Publicado enColombia
Carta Magna de la transformación en Cuba

“Cuba pasará a ser un Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. En materia económica, se incorporan otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. El presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos.

Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.


El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.


La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.


Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.


También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.


El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.

Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.


La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.


La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.


La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.


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Publicado enInternacional
Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

 

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

 

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

 

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

 

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

 

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

 

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

 

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

 

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

 

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

 

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

 

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

 

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

 

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

 

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

 

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

 

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enEdición Nº247
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