China expulsa a los periodistas estadounidenses de cinco medios

El acto supone una represalia por las restricciones que EE UU impuso a medios estatales chinos en febrero

China expulsará a los periodistas de nacionalidad estadounidense de cinco medios de ese país: The New York Times, TheWashington Post, The Wall Street Journal, Voice of America y Time. La medida se ha dado a conocer en un comunicado del Ministerio de Exteriores emitido al filo de la medianoche (hora local, ocho horas menos en España), en medio de un deterioro drástico de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Los periodistas tendrán que reportarse en el plazo de cuatro días al Ministerio de Exteriores y entregar sus pases de prensa antes de 10 días. Dado que la validez de los visados para los reporteros extranjeros está vinculada a contar con ese pase, la medida implica la expulsión.

La decisión es de una dureza sin precedentes, por la cantidad de expulsados y por prohibir que puedan trabajar en Macao o Hong Kong, territorios con leyes distintas a las chinas.

El comunicado indica que se trata de una represalia contra la decisión de Estados Unidos, el pasado 19 febrero, de imponer medidas restrictivas a las corresponsalías de varios medios estatales chinos en su territorio, al considerarlos un brazo de la propaganda oficial de su país.

Al día siguiente de aquel anuncio estadounidense, Pekín declaró la expulsión de tres periodistas del Wall Street Journal, con el argumento de que este diario económico había publicado días atrás un artículo de opinión con un titular racista.

El comunicado de esta medianoche también declara a los medios castigados como entidades oficiales estadounidenses, controladas por el Gobierno en Washington. Los cinco tendrán que declarar por escrito toda la información que dispongan sobre su personal, financiación y propiedades en suelo chino.

Las medidas “son completamente necesarias y recíprocas y China se ve obligada a tomarlas como respuesta a la opresión poco razonable que los medios chinos experimentan en Estados Unidos. Son una autodefensa legítima y justificada en cualquier sentido. Lo que Estados Unidos ha hecho es atacar exclusivamente medios chinos, y por tanto ha estado motivado por una mentalidad de la Guerra Fría y la parcialidad ideológica”.

El anuncio llega en un mal momento de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19. El secretario de Estado, Mike Pompeo, convocó la semana pasada al embajador chino en la capital estadounidense para pedir explicaciones después de que un portavoz del Ministerio de Exteriores chino promoviera en Twitter ―red social prohibida en China― la teoría de que el virus pudo llegar a Wuhan, donde se detectaron los primeros casos, traído por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el propio Pompeo han irritado a Pekín al referirse en varias ocasiones al patógeno como “virus chino” o “virus de Wuhan”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 17 mar 2020 - 14:28COT

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El caso Assange y la muerte del periodismo

Terminó la primera etapa del juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks. Si el gobierno norteamericano logra su cometido, Julián Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber informado al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de civiles y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. La condena sería un claro mensaje mafioso a todos los periodistas que se atrevan a denunciar al poder.

“Cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa”, aseguró en una reciente entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1).

Esta semana terminó la primera etapa del juicio por el pedido de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hizo sobre Julián Assange. Como estaba previsto, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó el fin a esta primera parte que será retomada el 18 de mayo.

Mientras espera el desenlace del juicio, Assange deberá continuar en la cárcel de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad que es conocida como “El Guatánamo británico” (en alusión a la centro de detención ilegal que Estados Unidos mantiene en territorio usurpado a Cuba).

En Belmarsh, Assange permanece en condición de aislamiento y con derecho solo a dos visitas sociales al mes, puede ver la luz del sol solamente una hora por día, no interactúa con otros detenidos y es sometido a toda clase de humillaciones y torturas psicológicas.

Cabe recordar que hasta abril del 2019 el fundador de WikiLeaks permanecía como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres pero, a pesar de que Assange había obtenido la ciudadanía ecuatoriana, de que la embajada es considerado territorio soberano de ese país y de que la Constitución de Ecuador prohíbe extraditar a sus ciudadanos, el presidente Lenín Moreno autorizó que las fuerzas de seguridad británicas entraran a la sede diplomática y se llevaran por la fuerza al periodista.

En una reciente entrevista realizada por Contexto, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez aseguró: “La entrega de Julian Assange constituye la mayor vergüenza diplomática en la historia de mi país. Es un hecho canallesco que quebranta toda norma internacional y la propia constitución ecuatoriana. Empezando por el principio de no devolución, que es sagrado para el derecho de asilo y de refugio. Un asilado no puede ser entregado si hay riesgo sobre su vida y su libertad persiste, y en el caso de Julian Assange esto era más evidente que nunca”.

“En Estados Unidos ya se había develado que había cargos secretos esperando por Julian, lo cual era la razón misma del asilo. Más que un arresto, aquello fue un secuestro. La policía británica ingresó y tuvo que arrastrar a Julian por la fuerza para poder sacarlo. Él, correctamente, se rehusó a salir. No olvidemos que Julian Assange es también ecuatoriano. La constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Prohíbe, además, el ingreso de fuerzas extranjeras a nuestro territorio y la Embajada es jurisdicción ecuatoriana”, sostuvo y agregó: “La entrega de Julian no fue una acción del Ecuador para resolver un problema. Fue un acto criminal, coordinado con mucha antelación con los norteamericanos y con los británicos”.    

Narváez remarcó que la entrega de Assange por parte del gobierno ecuatoriano refleja “el vergonzoso servilismo de Lenín Moreno frente a los Estados Unidos” (2).

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber cometido 18 delitos y por ese motivo requiere la extradición. Si Assange llega a las Cortes norteamericanas podría ser condenado a 175 años de prisión. Sería la primera vez que un periodista es juzgado con la llamada “Ley de Espionaje” de Estados Unidos (de 1917).

El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico y los medios de comunicación que responden a esos intereses quieren justificar la persecución, acoso, tortura y el posible encarcelamiento de por vida de Assange al mostrarlo falsamente como un hacker que habría realizado espionaje y robado información que podría haber afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La realidad es otra. Assange fue y es perseguido, acosado, torturado y posiblemente sea condenado por haber hecho una tarea periodística: buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública.

El fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años por haber denunciado los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y las torturas que Estados Unidos cometió en Afganistán, Irak y en la cárcel clandestina de Guantánamo.

Con la publicación de miles de cables (que Assange no robó ni hackeó, solo permitió que se hicieran públicos desde su plataforma), el creador de WikiLeaks confirmó el entramado que el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia (en especial la CIA) tejen para golpear a todos los gobiernos y líderes populares que se oponen a sus políticas imperiales.

En la citada entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer aseguró que “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

La extradición y la brutal sentencia no serían contra Assange, sino contra todo el periodismo. Conformarían la reafirmación de un mensaje mafioso que el poder en Estados Unidos envía a todos los periodistas que se atrevan a denunciarlo. La libertad de prensa y la libertad expresión morirían con la confirmación de esta condena.

Notas:

(1) Entrevista a Nils Meizer. Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: «Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste» (https://www.eldiario.es/internacional/Relator-ONU-Julian-Assange-condenado_0_999500818.html)

(2) Fidel Narváez: “Assange es perseguido por haber publicado los crímenes de guerra, el espionaje y la invasión a la privacidad que hizo Estados Unidos” (https://www.diariocontexto.com.ar/2020/02/16/fidel-narvaez-assange-es-perseguido-por-haber-publicado-crimenes-de-guerra-espionaje-e-invasion-a-la-privacidad-hechos-por-los-estados-unidos/)

 03/03/2020 

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Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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Cortar Internet durante grandes protestas se convierte en tendencia internacional: el caso de India es un precedente peligroso

- Cuanto más aumenta la conectividad a Internet, más aumentan también los intentos de algunos gobiernos por cortarla

- India es uno de los países que más corta la red, el año pasado se registraron 134 cortes y en Cachemira llevan sin internet 137 días

- Los gobiernos argumentan que controlando las telecomunicaciones defienden el orden público en sus países


El jueves, los usuarios de internet de Nueva Delhi comenzaron a notar que internet dejaba de funcionar. ¿El motivo? Había protestas. Cada vez más gobiernos autoritarios, entre los que toca incluir el de la democracia más habitada del mundo –India cuenta ya con un largo historial en esta lides– saben que la suspensión de los servicios de datos y llamadas son una buena táctica para desarticular la respuesta social en las calles.

El aumento del acceso a internet durante la última década, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha provocado un aumento paralelo de los intentos por controlar la información que transporta. Access Now, un grupo que promueve la libertad en la red, ha recopilado una lista de 75 cortes del servicio en 2016. En 2018 ese tipo de hechos había aumentando a 196.

Berhan Taye, analista de políticas de Access Now, cree que a medida que las protestas sacuden docenas de países por todo el globo, es muy probable que la cifra aumente "mucho".

Iraq ha cortado el acceso a internet en repetidas ocasiones a medida que las protestas han ido expandiéndose por el país. En Etiopía, esos mismos cortes se han convertido en una realidad tan frecuente que están incluso dañando la economía. Una organización de derechos digitales ha calculado que le cuestan al país 4,5 millones de dólares al día. En Venezuela sucede tan a menudo que ya es imposible contarlos. Taye lo compara con un niño que le da al interruptor de la luz una y otra vez cuando tiene miedo de que suceda algo.

Desde la primera ocasión en que India optó por esta táctica, se ha convertido en líder de su aplicación sin rival alguno. Sólo el año pasado se registraron 134 cortes. El 68% de todos los que suceden en el mundo. Esta semana rompió el récord de cualquier gobierno democráticos. En la región de Cachemira, que vive un convulso proceso político, llevan sin internet 137 días.

El apagón ha causado estragos en empresas, servicios médicos o el sistema educativo. Cuando comenzó, los reporteros volaban hasta Nueva Delhi para entregar su material o se acercaban hasta el aeropuerto de Srinagar, capital de Cachemira, donde pedían a pasajeros que llevaran consigo tarjetas de memoria que contenían las imágenes de lo que estaba sucediendo en el estado.

Los gobiernos justifican ese férreo control de las comunicaciones en defensa del orden público. Está claro que la velocidad acelerada a la que la información, sea cierta o no, viaja por la red, comienza a crear problemas. En 2018, India se esforzó para controlar rumores sobre secuestros de niños que viajaban más rápido de lo que las autoridades podían seguir. El resultado fue que al menos 30 personas fueron linchadas a lo largo del país.

Unos meses antes, el gobierno de Sri Lanka bloqueó las redes sociales para limitar la expansión de publicaciones de odio que alimentaban ataques mortales contra la minoría musulmana. El Ministro de información lo justificó diciendo que "el país podía haber estallado en cuestión de horas".

Pero estas medidas, que han comenzado a ponerse en marcha durante crisis puntuales, comienzan a convertirse en moneda de cambio habitual. La táctica, aceptada por la ciudadanía india, cuando se aplica en estados fronterizos como Jammu, Cachemira o Assam, se vuelve contra ellos y se activa también para desactivar protestas en Nueva Delhi o Bangalore.

Estados autoritarios como Rusia o Irán están planeando ya el siguiente paso: Construir "redes soberanas" que pueden desconectarse del resto del mundo cada vez que el gobierno así lo decida o que vivan desconectadas de lo que sucede fuera de sus fronteras como ya sucede con la "gran muralla de internet" que China ha levantado.

Las protestas del pasado noviembre en Irán fueron la excusa perfecta para que su gobierno probara lo que ha dado en llamar "halal.net": una especie de intranet iraní que sigue funcionando aún cuando se desconecta del internet mundial.

El modelo aún no es perfecto. Algunos iraníes se quejaron de múltiples fallos la red de cajeros automáticos y se cayeron las redes de algunos hospitales. Pero  aplicaciones como Snapp, que permiten compartir coche, funcionaron. El presidente iraní Hassan Rouhani, dijo este mes que el servicio propio del país mejorará hasta que "la gente no necesite conectarse a redes extranjeras para saciar sus necesidades".

Muchos gobiernos están interesados en entender como funcionan esos sistemas de control. Taye explica que "los países aprenden los unos de los otros,como funcionan los cortes de internet y como pueden ponerse en marcha".

La aplicación de este tipo de medidas preocupa allá donde pueda suceder pero el de India es uno de los casos paradigmáticos. En un país que se vanagloria de estar llamado a ser una superpotencia democrática, el modo en que controla y amenaza internet, servirá como ejemplo para países menos comprometidos aún con las libertades civiles.

Un editorial publicado esta misma semana por el periódico del estado chino, People's Daily Online, no dejó escapar la posibilidad de llamar la atención sobre el mensaje que lanzan los líderes indios. "Significa que cortar internet durante un estado de emergencia debería ser una práctica estandarizada para los estados soberanos", se afirmaba.

Por Michael Safi

20/12/2019 - 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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Facebook, multada con 5 mil millones de dólares y Twitter censura cuenta de Assange

Si partimos del concepto del poder militar que aplica Estados Unidos, es ineludible la jerarquía del C-4 (Comando/Control/Cibernética/Computadoras).

 

¿Quién "comanda" y "controla" las joyas tecnológicas de Silicon Valley del GAFAT (Google/Amazon/Facebook/Apple/Twitter)?

 

Más que la multa supuestamente "cuantiosa" de 5 mil millones de dólares, que asestó la deslactosada Comisión Comercial Federal (FTC, por sus siglas en inglés) a Facebook por su pisoteo a los "derechos de privacidad de los datos" (https://on.wsj.com/2Gboy54), llamó la atención la división de sus cinco miembros: tres republicanos a favor y dos demócratas en contra que criticaron su exigüidad punible dada la dimensión del daño (https://on.wsj.com/2Y3Ej8l).

 

No es casual que Elizabeth Warren, feroz senadora demócrata, exija la atomización de Facebook (https://bit.ly/2LCGzOU).

 

Ahora que Trump ha arremetido contra los vínculos de Google con China, se va asentando la proclividad electoral de los omnipotentes "dueños del universo tecnológico" del GAFAT (https://on.wsj.com/2xNhCqa).

 

Si por sus filias y/o fobias los conoceréis, queda clara la conectividad de Google y Twitter como enemigos de Trump y el Partido Republicano.

 

No queda muy prístino el verdadero "comando y/o control" de Facebook, de estrechos vínculos con Netanyahu (https://bit.ly/2XNay7y).

 

Facebook rompió con George Soros (https://bit.ly/2R2Lhnl), mientras apoyaba "extrañamente" al Brexit y a Trump con la desaparecida Cambridge Analytica (https://bit.ly/2pCFpEJ).

 

Mike Head, del sitio web de World Socialist (WSWS), publica que "Twitter elimina la cuenta de la organización de defensa de Assange" (https://bit.ly/2LlLjaD).

 

WSWS, al unísono de Russia Today, es de los pocos sitios que han difundido la forma arbitraria en la que Twitter suspendió la cuenta @Unity4J (https://bit.ly/18l44gk), plataforma que circula la información sobre la detención de Julian Assange, fundador de Wikileaks, encarcelado en la siniestra prisión Belmarsh, mientras enfrenta una extradición a EU, donde puede ser ejecutado por espionaje (US Espionage Act).

Con la mano en la cintura, la red "social" Twitter, que manipula a sus usuarios enjaulados, no dio razón a las protestas masivas ni ha contestado la "apelación" de los usuarios ni su mandamás Jack Dorsey se ha dignado contestar.

 

Ya había expuesto con antelación el organigrama bancario y ejecutivo de Twitter en San Francisco (https://bit.ly/2vmxf6V).

 

El encargado de "Twitter Latinoamérica" es el español Pepe López Ayala a cargo del eje México/Colombia/Chile/Argentina: aliado del neofranquista y fascista Partido Popular, de íntimos vínculos con Calderón y su presunto asociado Krauze Kleinbort, miembro de los Consejos de Administración de Televisa (https://bit.ly/2JAnSbJ) y Banco Santander (https://bit.ly/2GgjSeb).

 

El legendario músico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, denuncia la suspensión por Twitter para silenciar a los apoyadores de Assange a quien describió como "un gran héroe de la libertad de prensa y de la libertad de cualquier género".

 

Roger Waters comparó a Twitter con el Big Brother (Gran Hermano): personaje central de la novela distópica y totalitaria 1984 de George Orwell (https://amzn.to/2jdTyon).

 

Waters sentenció que Twitter "es el brazo de la policía del pensamiento". Aquí discrepo en el túnel del tiempo, porque Twitter no llega aún a la sofisticación del Gran Hermano, sino que se parece más a la Inquisición medieval (https://bit.ly/2XLaCtl).

 

Mike Head fustiga que "Twitter se ha comportado como un trasnacional juez, jurado y verdugo, sin proporcionar explicación alguna, no se diga justificación".

 

Cabe señalar que también Trump se ha quejado amargamente de que Twitter hostiga en EU a la "derecha" conservadora –que detesta su mandamás estadunidense Jack Dorsey–, mientras que, de acuerdo a mi personal vivencia, el neofranquista/neofascista/neoliberal Pepe López Ayala persigue a los integrantes de la "izquierda" que detesta la dupla golpista Calderón/Krauze (https://bit.ly/30yf2AL).

 

Pese a todo, no faltan cándidos que aún exulten la libertad de expresión de las redes "sociales (sic)".

 

www.alfredojalife.com

 

Facebook: AlfredoJalife

 

Vk: AlfredoJalife

 

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La defensa de Assange: "Este caso es un ataque frontal contra los periodistas"

El equipo de abogados que asiste el fundador de Wikileaks denuncia las restricciones que están sufriendo para poder preparar la defensa contra la extradición a Estados Unidos y el estado de salud de su cliente

 

 

La abogada australiana Jennifer Robinson, una de la letradas que ejerce la defensa del Julian Assange era rotunda a la salida de la vista que se ha celebrado este jueves en un tribunal londinense: “Este caso tendrá un impacto aterrador y afectará a periodistas y editores de todo el mundo que se enfrentan a la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos”.

Porque, como ella misma insistía: “Ningún periodista o editor debería ser nunca extraditado por haber publicado información veraz”.

Es lo que intenta evitar por todos los medios que le ocurra al fundador de Wikileaks por, como ella ha explicado: “Haber publicado pruebas de crímenes de guerra, de ataques a los derechos humanos y de corrupción”.

Pero el proceso ya está en marcha. El gobierno norteamericano tramitó la petición de extradición, el Ministro del Interior británico Salid Javid -uno de los seis aspirantes a suceder a Theresa May- la ha firmado apelando a que “debe hacerse justicia” y ahora son los tribunales de Reino Unido quienes tienen la última palabra: parar la extradición o dar luz verde.

Sólo el haber llegado hasta aquí ya es, en palabras de la defensa de Julian Assange: “Un asalto escandaloso contra la protección a los periodistas” y “un ataque frontal y atroz” contra el derecho a la libertad de expresión.

El proceso comenzará en febrero de 2020 y está previsto que se prolongue durante cinco días. Antes, en octubre de este mismo año, la defensa tendrá que presentar sus pruebas. Y, como ellos mismos denunciaban a las puertas del tribunal de Westminster, no les está resultando nada fácil hacer su trabajo: “No resulta sencillo trabajar en este caso debido a las restricciones a las que está sometido el señor Julian Assange en prisión; nos resulta muy difícil acceder a él, nos impiden poder hacerle llegar documentación y él no tiene acceso a un ordenador para poder preparar su defensa”, denunciaba Robinson.

Por si fuera poco, a ello se suma la situación personal del fundador de Wikileaks: “Estamos muy preocupados por su salud. Se encuentra bajo una gran presión y está teniendo que hacer frente a este caso bajo unas circunstancias muy difíciles”. Y añadía: “No olvidemos que se trata de una persona que todavía está sufriendo las graves consecuencia de su confinamiento dentro de la embajada y ahora en prisión”.

No es fácil hacer especulaciones pero el equipo de la defensa es optimista: “Confiamos en que el gobierno británico no ejecute la extradición a Estados Unidos”. Y preguntada por su gran temor en caso de que Assange fuera finalmente extraditado, Robinson explicaba: “Sólo tenemos que ver las condiciones a las que ha sido sometida Chelsea Manning anteriormente y en la actualidad durante su confinamiento en Estados unidos. No olvidemos que está en prisión indefinida por negarse a aportar pruebas. Eso nos basta para saber las circunstancia de confinamiento a las que tendría que hacer frente Julian Assange”.

Por Cristina Casero

@CrisCasero

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Lunes, 15 Abril 2019 07:03

El mensaje y el mensajero

El mensaje y el mensajero

El régimen encabezado por alguien que tiene entre sus consignas que los medios son "enemigos del pueblo" acaba de proceder penalmente contra Julian Assange, director fundador de Wikileaks. Este es un ataque contra todos los que ejercemos este oficio en el mundo (incluidos los que trabajamos en este periódico), pero también para cualquiera que considera que el pueblo tiene derecho de saber lo que los gobiernos hacen en sus nombres.

Noam Chomsky opinó que el arresto de Assange es "escandaloso" por la aparente colusión entre gobiernos –Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador y Suecia, en este caso– para “silenciar a un periodista que estaba produciendo material que la gente en el poder no deseaba compartir con las multitudes… Wikileaks estaba revelando cosas que la gente debería saber sobre los que están en el poder. A los que están en el poder no les gusta eso, por lo tanto, lo tienen que silenciar… es un escándalo que ocurre una y otra vez”. También es escandaloso, comentó en un foro en Boston moderado por Democracy Now, que una vez más se demostró el alcance extraterritorial de Estados Unidos "para controlar lo que otros están haciendo en otras partes del mundo, eso es espantoso" (vale recordar que Assange no es estadunidense, sino australiano).

“Assange cometió los pecados imperdonables de avergonzar al establishment… Y ahora será castigado por nuestros pecados”, argumentó Jonathan Turley, profesor de leyes en la Universidad George Washington en un artículo publicado en USA Today.

Sin embargo, Assange es detestado por buena parte de los políticos demócratas que uno supondría defenderían la libertad de prensa. No perdonan que Wikileaks haya divulgado miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la contienda presidencial de 2016 y que según ellos dañó la candidatura de Hillary Clinton (ella mismo declaró hace un par de días que Assange debe enfrentar "lo que se merece").

Neera Tanden, directora del Center for American Progress, un think tank encabezado por clintonistas, acusó en un tuit que "Assange fue el agente de un Estado proto-fascista, Rusia, para minar la democracia. Ese es comportamiento fascista. Todos en la izquierda deberían de repudiar lo que hizo, no celebrarlo". No mencionó que lo que fue revelado fue que Clinton y su equipo mintieron al público y sus trampas contra la campaña de Bernie Sanders para asegurar su nominación como candidata.

Otros "liberales" y demasiados periodistas justificaron el no defender a Assange con el argumento de que los cargos presentados por el Departamento de Justicia no tienen que ver con el ejercicio periodístico y/o que él no es periodista. Otros expresaron su antipatía contra el personaje por su megalomanía, su arrogancia o hasta por su comportamiento personal.

Pero como señala Alan Rusbridger, el ex editor ejecutivo de The Guardian, quien colaboró con Assange (y con quien se acabó peleando), publicar los archivos secretos oficiales obtenidos por Chelsea Manning y entregados a Wikileaks, no es el punto. En un artículo publicado en el Washington Post argumentó que “las leyes que protegen la libertad de expresión no deberían depender de la simpatía, salud mental o higiene personal de aquellos que están en la línea de fuego… aquí se tiene que considerar las implicaciones para la libertad de expresión”. Concluyó: “si creemos que la luz del día es una condición necesaria para la democracia…entonces la defensa de reporteros de investigación, a pesar de qué tan difíciles y hasta equivocados podrán estar, es importante”.

Por ahora, los responsables de violaciones a los derechos humanos, engaños y atentados contra las libertades civiles no han enfrentado la justicia, mientras Manning, Edward Snowden, Daniel Ellsberg, junto con periodistas (incluido el proyecto de Wikileaks) que entregaron los mensajes sobre todo esto al público son criminalizados y declarados "enemigos del pueblo". Ese es un truco antiguo, culpar al mensajero para intentar anular el mensaje.

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Arresto de Assange: venganza de Lenin Moreno por los pestilentes Ina Papers

Atenta a las costumbres de las civilizaciones milenarias entregar a un asilado político por el país anfitrión, lo cual pisoteó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que deshonra a Latinoamérica.

La entrega de Assange a Estados Unidos (EU) ya estaba tomada desde 2017 cuando Trump envió a su representante especial Paul Manafort, hoy encarcelado, para operar un trueque con Lenín Moreno: Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales (https://nyti.ms/2UzIHv0).


Sólo faltaba el catalizador, en lo que contribuyeron los sulfurosos “ Ina Papers” que implican al presidente de Ecuador, a su hermano Edwin y a sus hijas en un operativo de lavado por 18 millones de dólares en el paraíso fiscal de Belice.


La nada gloriosa entrega de Assange, icónico fundador de Wikileaks, pone en peligro de muerte a la libertad de expresión en la era del totalitarismo orwelliano cibernético y pone en tela de juicio la Primera Enmienda del Bill of Rights de EU (http://bit.ly/2Glx8P5).


Los 18 millones de dólares que recibió Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno y mandamás de INA Investments Corp, fueron blanqueados en un conjunto de 11 empresas fantasmas: Espíritu Santo Holdings, Fundación Amore, Fundación Esmalau, Fundación Pacha Mama, Inversiones Larena, Inversiones Maspal, Manela Investment Corp, Probata Investments, San Antonio Business Corp, Turquoise Holdings Ltd, Valley View Business Corp (http://inapapers.org/).


El nombre INA fue tomado de las tres letras finales de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Ir(ina), Crist(ina) y Kar(ina). Al fundador de Wikileaks no le perdonan haber publicado el 26 de marzo pasado las tratativas de Trump con Lenín Moreno vía Manafort hace dos años.


Lenín Moreno inculpó a Assange, quien estaba totalmente desconectado del mundo, con su Internet bloqueado, de haber hackeado sus correos y su teléfono.


Lo más hilarante provino de la ministra María Paula Romo quien afirmó que Assange y Wikileaks estaban implicados en una conspiración (sic) para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno mediante dos “ hackers rusos”.Ya lo de la fanstasmagórica intervención de Rusia se ha vuelto una broma muy aburrida.


Antes de la entrega ignominiosa de Assange, Lenín Moreno había descendido a los avernos de la impopularidad con menos de 17 por ciento de aceptación.


Más allá de la personalidad impía de Lenín Moreno, resalta su giro radical a la extrema derecha y su subordinación a Trump cuando concluyó créditos con el FMI y el Banco Mundial por 10 mil millones de dólares, al precio de severas medidas de austeridad y la decapitación de 10 mil empleos del sector público (http://bit.ly/2IiruPQ).


El arresto de Assange era una coreografía cantada: hace cinco meses adelanté la secuencia de la expulsión/detención/deportación de Assange en la FIL de Guadalajara (http://bit.ly/2UBCiz8).


Los INA Papers de la corrupta familia Moreno no es ninguna novedad: forma parte de la aplicación mafiosa del neoliberalismo global en Latinoamérica que resultó en un vulgar lavadero en los paraísos fiscales para comprar las conciencias de sus dirigentes y/o de los manipuladores de la opinión pública, como fue el caso de PanamaPapers –que mancillaron a Mario Vargas Llosa y al presidente argentino Mauricio Macri (http://bit.ly/2Dgg3nP)–; de Bahama Leaks–con Pinochet, Macri y el partido PAN de cada día de México (http://bit.ly/2rJGegB)–; la estafa del Banco Stanford, donde blanqueaba el cárteldel Golfo con el ex canciller foxiano Castañeda Gutman (http://bit.ly/2UWJUMe); etcétera.


Resalta que en Latinoamérica no hay neoliberalismo sin lavado.


La trama rusa, más bien el trauma ruso del plagiario Krauze Kleinbort (socio de Banco Santander y Televisa), es otro lavado de la Operación Berlínde acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano (https://bit.ly/2UrdBVm).


El ex presidente Rafael Correa atribuye que el haber divulgado el caso fétido de “ Ina Papers” le valió el bloqueo de su cuenta en Facebook. Según Correa, el arresto de Assange fue a cambio de un préstamo del FMI y como venganza a la publicación por Wikileaks del escándalo de “Ina Papers”(http://bit.ly/2DcQSmh).


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 ▲ Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, informó que Assange pasó su primera noche en la prisión de Belmarsh.Foto Ap

Nueva York. El arresto y pedido de extradición de Julian Assange detonó, una vez más, un intenso debate sobre la libertad de la prensa en Estados Unidos y en torno al controvertido fundador de Wikileaks, lo cual definirá el futuro de una de las supuestas libertades civiles sagradas en el orden democrático de este país.

Tal vez lo más sorprendente es que algunos grandes medios –incluyendo el New York Times y el Washington Post (el cual argumentó que Assange no es un "héroe de la libertad de prensa" y que merece enfrentar la justicia estadunidense sin necesariamente impactar las libertades civiles)– periodistas y columnistas influyentes y hasta algunas organizaciones de defensa de libertades de expresión dieron el beneficio de la duda al Departamento de Justicia de que su acusación no era un ataque inmediato a la libertad de prensa. Expresaron "alivio" de que el cargo criminal formulado contra Assange se centra sólo en una "conspiración" para lograr una "intrusión" ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada. O sea, no es un cargo que criminaliza las actividades periodísticas tradicionales como algunos temían.

Pero para otros, el cargo formulado de esa manera es una envoltura justo para evitar denuncias del atropello de la libertad de expresión, pero que su objetivo obviamente es nada menos que castigar a alguien que se atrevió a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos que implicaron al gobierno estadunidense en violaciones de derechos humanos, maniobras diplomáticas intervencionistas, y hasta posibles crímenes de guerra.

El régimen de Donald Trump, quien repetidamente declara que los medios son "enemigos del pueblo", no ocultó su deseo de perseguir a Assange. En abril de 2017, cuando el actual secretario de Estado Mike Pompeo era el jefe de la CIA, afirmó: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitir más a Assange y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros… Eso se acaba ahora”, recuerda The Intercept.

Por su parte, la cúpula demócrata, en un ejemplo inusual de bipartidismo, también festejó el arresto de Assange junto con los republicanos ya que aún no le perdona al fundadsor de Wikileaks la divulgación de correos electrónicos jaqueados del Comité Demócrata Nacional durante la contienda de 2016. Hillary Clinton expresó que Assange ahora "tiene que responder por lo que ha hecho" y afirmó que los cargos no estaban relacionados con la libertad de prensa, mientras el líder de la fracción demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que espera que Assange "pronto rendirá cuentas por su intromisión en nuevas elecciones a nombre de Putin y el gobierno ruso".

Sin embargo, varios periodistas y defensores de libertades civiles denunciaron que obviamente el objetivo del arresto y extradición es castigar no sólo a los filtradores de información secreta –lo cual hizo el gobierno de Barack Obama a escala sin precedente–, sino ahora con Assange, a los periodistas que difunden y publican la información.

Daniel Ellsberg, el famoso filtrador de los Papeles del Pentágono, consideró que el arresto de Assange es "un intento claro para rescindir la libertad de la prensa". Señalo que este es el primer caso de una acusación contra un periodista y editor, y "si es exitosa, no será la última", comentó en entrevista con The Real News Network. Advirtió que si esto avanza “la libertad de la prensa no está a salvo, se acaba, y nuestra república está en sus últimos días….”.

La acusación contra Assange implica "amenazas graves a las libertades de prensa, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo", escribe el periodista Glenn Greenwald de The Intercept –uno de los reporteros que colaboró con Edward Snowden– y advirtió que con ello se "busca criminalizar varias actividades al centro del periodismo de investigación". [https://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/

Concluye que en el caso de Assange, figura controvertida en Estados Unidos ya que hay un consenso bipartidista en su contra, "más importante que los sentimientos personales sobre Assange es el enorme paso que esta acusación representa para la meta explícitamente declarada del gobierno de Trump de criminalizar el periodismo que incluye reportar sobre información clasificada. Oponerse a esa meta amenazante no requiere de admiración o afecto para Assange. Sencillamente requiere creer en la importancia crítica de una prensa libre en una democracia".

Matt Taibbi, el gran reportero político de Rolling Stone, coincide con Greenwald en ese punto, y escribió: "la acusación actual es la extension de un esfuerzo de años, antes de Trump, de construir un argumento legal contra alguien que divulgó secretos vergonzosos".

Bruce Shapiro, director del Dart Center for Journalism, escribió en The Nation que en la acusación se afirma que hubo una "conspiración para filtrar información filtrada", y subraya que eso es algo que hacen los reporteros constantemente. Afirma que esta acusación en este contexto es "una persecución políticamente motivada", que tiene serias implicaciones sobre la libertad de expresión constitucional.

"Este es un caso de libertad de prensa. Punto. Assange está siendo castigado por hacer valientemente su trabajo como un periodista, ahora sujeto de una de las cacerías de brujas más peligrosas en la historia de Estados Unidos, justo porque reveló información que el público estadunidense tenía un derecho de conocer sobre crímenes de guerra del gobierno estadunidense", declaró el veterano periodista Robert Scheer, ahora director de Truthdig.

Varios activistas y comentaristas resaltaron que Assange, Chelsea Manning, y Edward Snowden –como Ellsberg hace medio siglo– revelaron al público mundial crímenes de guerra y violaciones a derechos civiles y humanos por las autoridades, pero ellos son los acusados de ser criminales.

 

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Sábado, 13 Abril 2019 06:48

Una filtración que no ocurrió

Una filtración que no ocurrió

Los argumentos de Estados Unidos para pedir la extradición del fundador de WikiLeaks. Lo acusan de un crimen informático.

Finalmente Estados Unidos puso sus primeras cartas sobre la mesa. Después de investigar durante años a Julian Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks, después de presionar al gobierno ecuatoriano para que lo expulsara de su embajada en Londres, donde estuvo asilado casi siete años, después de que la justicia británica lo detuviera por asilarse en la embajada estando en libertad condicional, después de que el juez del caso emitiera un comunicado anunciando que Assange permanecería detenido por un pedido de extradición de Estados Unidos, después de todo eso el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer una acusación formal en contra de Assange realizada por un Gran Jurado de Alexandria, Virginia, que había permanecido secreta o “sellada” durante años, a la espera de que Assange perdiera la protección de Ecuador.


El documento, firmado por los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, acusa al editor y ciberactivista de un solo delito, “conspiración para cometer intrusión de computadora”, cargo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. No es un delito grave, pero alcanza para pedir una extradición. Si dicho proceso llegara a prosperar, agotar todas las instancias previstas en el sistema judicial británico puede demandar años. Solo entonces la fiscalía podría agregar acusaciones, por ejemplo de espionaje, para elevar la eventual sentencia si fuera hallado culpable.


El texto presentado a las autoridades británicas ofrece algunas pistas de las intenciones de la fiscalía del norte de Virginia, localidad en la que se concentra buena parte de las familias de militares, agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad que rodean a la capital estadounidense. El texto señala que Assange conspiró para robar documentos “relacionados con la defensa nacional, incluyendo algunos con la calificación de ´secreto’, teniendo razones para suponer que la información así obtenida podría ser usada para lesionar a los Estados Unidos en favor de cualquier país extranjero”.


En concreto, la acusación se refiere a un hecho que apareció cuando los expertos informáticos lograron desencriptar los chats entre Assange y Chelsea Manning, la oficial de inteligencia condenada y luego perdonada por filtrar documentos sensibles a WikiLeaks. La acusación afirma que después de mandarle los partes de guerra de Irak y Afganistán, los documentos sobre la cárcel de Guantánamo y los cables diplomáticos del Departamento de Estado, Manning le advirtió a Assange que había otros documentos interesantes almacenados en el servidor del Departamento de Defensa pero que solo tenía una parte de la clave de acceso. Assange, entonces, según la acusación se ofrece a intentar obtener la otra parte de la clave. Para la fiscalía de Virginia, la oferta de Assange constituye el eje central de una conspiración.


Lo interesante del caso, o preocupante, desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, es que los demás elementos citados en la acusación como parte de la conspiración no difieren para nada de una práctica habitual de los periodistas en todo el mundo. A saber:


“Fue parte de la conspiración que Manning y Assange usaran el servicio de chat online ‘Jabber’ para adquirir y difundir documentos clasificados.” Hoy en día es práctica habitual de los periodistas de investigación el uso del chat encriptado para obtener documentos secretos.


“Fue parte de la conspiración que Assange y Manning adoptaran medidas para ocultar que Manning era la fuente de la transmisión de documentos clasificados a WikiLeaks, inclusive haber borrado el nombre del usuario en la transmisión de datos y haber borrado los chats entre Assange y Manning.”


Digamos que si no revelar la fuente y proteger su identidad forma parte de una conspiración, el mundo está lleno de periodistas conspiradores.


“Fue parte de la conspiración que Assange alentara a Maning a que le proveyera información y archivos de agencias y departamentos de los Estados Unidos.”


Otra vez: si alentar a una fuente a darnos información secreta constituye un delito, millones de periodistas deberíamos estar presos. Y los que no será porque son malos periodistas.
El documento afirma que Manning le pasó a Assange 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, 490.000 sobre la guerra de Afganistán, 800 sobre la cárcel de Guantánamo y 250.000 cables diplomáticos. Pero no lo acusan por eso, sino al mejor estilo del juicio contra Al Capone lo acusan por una filtración que nunca ocurrió, ya que la clave del servidor del Departamento de Defensa, según la acusación, no pudo ser descifrada. En su último considerando, el documento de la fiscalía informa:


“El 10 de marzo de 2010 o alrededor del 10 de marzo, Assange le pide más información a Manning acerca de la clave en cuestión y le comenta había intentado obtenerla “pero hasta ahora no tuve suerte”.

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