Lunes, 28 Octubre 2019 08:45

Cali y la ciudad invisible

Cali y la ciudad invisible

La lucha por el derecho a la ciudad aún prosigue en Colombia, país que en pocos años ha visto como el 80 por ciento de su población pasó a concentrarse en los centros urbanos. La guerra y la pobreza continúan expulsando a los pobladores del campo. Una realidad que parece no tener límite inmediato y que en el caso de Cali reúne realidades impactantes.

 

“Cali tiene dos sectores que han crecido al 500 por ciento durante los últimos diez años: la Comuna 1, construida sobre la Cordillera Occidental, con barrios como El Ceibo, Patio Bonito, Palermo, Las Palmas, Montañuelas, y otros más; y la Comuna 15 en el Oriente de la ciudad, con barrios como Haití, El Valladito, Brisas del Caracol. Entre unos y otros congregan alrededor de 150.000 personas. Es así como tenemos ante nuestros ojos, aunque gran parte de quienes viven acá no se percaten de ello, una ciudad invisible, cuya foto cambia cada día”.

 

Con esa seguridad nos detalla Jeffersson Martínez, asesor del Alcalde para Protección de ecosistemas y asentamientos irregulares, la situación de la capital del Valle. Es una realidad compleja, dura para quienes la padecen, y grave para el futuro de la ciudad, pues no hay datos precisos o exactos sobre la gente que se asienta en estos barrios, de dónde proceden y de las condiciones en que salen de sus terruños, y por lo tanto las políticas públicas orientadas para facilitar sus vidas no son integrales ni dan cuenta de la totalidad de sus necesidades, son, más bien, como palos de ciego, en este caso soportadas por la buena voluntad o por el deseo de hacer un buen gobierno por parte del funcionario de turno.

Así es en el mejor de los casos. “Sabemos que quienes se asientan en la parte alta –Comuna 1– provienen de zonas montañeras de los departamentos del Cauca, Nariño y Caldas, y de manera preponderante son gente con raíz campesina e indígena, y quienes privilegian la zona oriental vienen de distintos municipios del Pacífico, bien Tumaco, Buenaventura y municipios del Pacífico nariñense, gente que busca partes bajas, humedales, calor, ríos, pues es gente anfibia. De lo que sí estamos seguros es que la situación es muy grave, que la mayoría son víctimas del conflicto e incluso victimarios, población desplazada o gente que sencillamente viene a invertir en Cali, porque les interesa más invertir acá que en sus terruños”.

“Toda esa gente –amplía Jeffersson– son desplazados por la violencia, amenazados, gente que prefiere vivir y no arriesgar la vida y la de su familia, a pesar de que dejan atrás todo o gran parte de lo que tenían; pero también son desplazados de la pobreza: gente que no tiene trabajo, que sus ingresos son mínimos, que padece hambre, y que valora que en esta ciudad puede mejorar su vida y la de los suyos”.


Esta es la situación particular de Cali, pero realidades similares –en cuanto a recepción de desplazados– también la viven desde años atrás ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, cada una recibiendo miles de familias procedentes de regiones rurales cercanas a estos centros urbanos. En todas ellas no dejan de aparecer cada cierto tiempo nuevos barrios, donde la pobreza se divisa desde lejos, barrios con una conflictividad por resolver, donde los indicadores de consumo de psicoactivos es alta, la violencia del poder armado de bandas no deja de aparecer cada día, pero también la ausencia total o parcial de servicios públicos. Barrios donde la vida se aruña cada día con la fuerza del tesón, y donde la esperanza de mejor vida no abandona el inconsciente individual y colectivo.

Este crecimiento acelerado de las ciudades colombianas sucede en unos casos desde hace algunos años, y por lo menos desde hace dos décadas o más en otras, y ocurre ahora como también fue visible en los años 60-80 del siglo XX, otra época donde miles de miles salieron del campo, en este caso no solo por la violencia sino por las políticas gubernamentales sugeridas por asesores de la banca multilateral como Lauchlin Currie, que recomendaron vaciar el campo para obtener mano de obra para impulsar la productividad nacional.

En Cali, nos recuerda nuestro entrevistado, “La ciudad fue muy atractiva también en los años 80 del siglo XX, cuando los hermanos Rodríguez lideraban en el país uno de los carteles de la droga, y entonces acá llegaban cientos buscando trabajo en sus bandas, seguros de pelechar en pocos años como ‘gatilleros’ u oficios similares y así resolver de una vez y por todas la falta de techo, buscaban y en algunos casos encontraban ‘trabajo’ e ingresos seguros. Así como el cartel sirvió de imán, así mismo la ciudad, por su cercanía con zonas de siembra de coca y marihuana, también mantiene su atractivo: la gente siembra en el Cauca, en el Pacífico o en Nariño y construye sus viviendas acá, al tiempo que le aseguran estudio a sus hijos”.

 

El negocio

 

Cuando se detallan los mapas de Cali, comparando los de hace pocos años con los de hoy, se comprueba que el goteo humano es permanente (Ver mapas), y que el borde de la ciudad, el institucional, está totalmente superado, desbordado es la palabra exacta, muestra palpable de que las políticas urbanas al frente de nuestras urbes no dan cuenta de la real reconfiguración poblacional que vive el país. Hoy tenemos ese crecimiento, incluso al 500 por ciento. Otra época donde la ciudad creció de manera notoria fue con motivo de los Juegos Panamericanos –años 70– cuando lo hizo al 8 por ciento, “compare y no hay parangón”, enfatiza Jeffersson con clara emotividad en su rostro.

Son miles que buscan un terreno para construir su casa, y encuentran en la ciudad una mafia de usurpadores del suelo público, pues Cali tiene la particularidad de ser la capital ejidal de Latinoamérica (Ver recuadro ¿Qué son los ejidos?). “Nuestra ciudad, nos indica Jefferson, se extiende a lo largo de 56.000 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento es zona rural, y son precisamente tales terrenos –toda la montaña que está al occidente y toda su zona rural– los que particulares, integrados como mafias, se fueron robando desde la segunda mitad del siglo XX, pero de una manera más sistemática desde hace algunas décadas” (Ver recuadro “38 años en defensa…”).

En el robo de estos ejidos han participado desde familias de apellidos encumbrados hasta sectores populares, “los primeros se hacen a decenas de miles de metros cuadrados, en ocasiones de manera legal, y los segundos a cientos”, reconoce con ironía nuestro entrevistado.

 

 

 

En particular, en los últimos años este robo está a la orden de mafias de la tierra conocidas como “tierreros”, que en no pocas ocasiones funcionan apoyados por funcionarios públicos, políticos, contratistas, es decir, están aliados a una parainstitución, con bufetes de abogados que les facilitan la defensa de sus acciones y la misma legalización de lo usurpado.

Es un negocio que engorda el bolsillo de unos cuantos, y lo engorda bajo coartadas múltiples, así como bajo la misma amenaza. Y así sucede, nos cuenta quien está como asesor al lado del Alcalde en estos temas, porque “Quienes controlan los territorios donde van ganando espacio a los humedales y lagunas, desecándolos con escombros, cobran por dejar entrar tales escombros, y luego de secado el terreno venden el metro cuadrado a razón de 500 mil y hasta 2 millones de pesos. El negocio es tal que al día pueden recibir hasta 5 millones solo por el tema de escombros. Así sucede en barrios como el conocido como Haití, controlado por una banda del mismo nombre”.

Hay que resaltar que ese predio es del municipio y está alquilado a Incauca para la siembra de caña, pero allí, de manera sorprendente, la gente avanza en una invasión y construye en materiales fuertes, resistentes, lo que indica que llegan para quedarse. No construyen en bareque ni material endeble, lo hacen en ladrillo, barrilla, cemento, y así existen más de 1.000 unidades de vivienda. Mientras así avanzan, queman y hurtan la caña que siembra el ingenio, el cual reporta pérdidas al municipio, al cual también pone a perder.

En medio de esta disputa, algunas de las familias que compran allí un pedazo de tierra y construyen sobre la misma, comienzan a padecer el cobro semanal de vacunas, amenazas, y padecen un nuevo desplazamiento –un doble desplazamiento, incluso se denuncia casos de familias desplazadas hasta en cinco ocasiones–. La gente se endeuda para pagar los lotes, y así lo va haciendo a intereses que no son cómodos, por lo cual termina cancelando mucho más de lo que aparenta o del cobro que le ejecuta el tierrero.

Lo que tenemos por tanto en Cali, como en otras muchas urbes colombianas, es una ciudad del conflicto, receptora de éxodos, donde miles de familias buscan tranquilidad y un mejor futuro, es un anhelo justo de la gente, de los de abajo, que son los que han construido nuestras ciudades, así parezca que las mismas son fruto de la planeación ordenada del territorio, lo cual no es la imagen real de lo sufrido y conocido por la mayoría de quienes las habitan.

Tenemos, por tanto, un reto para los gobiernos que tomarán las riendas de nuestras urbes en enero del año 2020, pero también para el conjunto de quienes las habitan: construir ciudades donde la justicia y la vida digna no sea un sueño sino una realidad. Reto inmenso pero que es hora de proyectarlo a partir de construir planes de ordenamiento territorial populares, que sí recojan la foto real de lo que es hoy el 80 por ciento de Colombia.

 


 

¿Qué son los ejidos?

 

Es tierra, de propiedad común o colectiva. Antes de ser conocidos como tal, eran los baldios de la nación. La ley 32 de 1929 prohibe expresamente la ocupación de los ejidos por la clase pudiente, pues debe destinarse a los pobres.

A su vez, la ley 41 de 1948 los declara como bienes de uso público por lo cual son imprescriptibles, inenajenables e innembargables (Art. 53 de la C.N.), ley que para el caso que nos ocupa ha sido totalmente burlada.

De igual manera, para el caso de Cali, en 1938 estas tierras fueron declaradas como reserva forestal protectora. En parte de su extensión se encuentran las hoyas hidrográficas del río Cali, Aguacatal, Meléndez, Pance, Cañaveralejo, Lilí. Así mismo los farallones de Cali, riqueza ecológica con bosques, fuentes hidrícas de donde se surte la ciudad del vital líquido y bosques de niebla. Podra entenderse, por este solo hecho, la importancia de las mismas, y el reto fundamental de que se mantengan como bien público.

Tierra, el origen y base del conflicto que sobrelleva Colombia desde tiempo préterito, la que ha sido amasada por miles de hectáreas por pocas familias en nuestro país, cumple su regla también en Cali, donde las familias que ostentan los apellidos de alcurnia se apoderaron de gran parte de los ejidos.

Entre estas familias figuran las de apellido Escarpeta (Óscar), quien amasa 72 millones 800 mil m2; Lloreda, con 43 millones de m2; Borrero; Guerrero Velasco.

Para sorpresa de propios y extraños, el Club Campestre (donde los ricos se reúnen a conspirar y hacer negocios, al tiempo que juegan golf y gozar de otras delicias para el cuerpo y la mente), la Hacienda Meñéndez (donde los ricos se casan), son terrenos ejidales. De igual manera lo son fincas de recreo de las cuales gozan estas y otras familias en sitios como El Saladito, Las Nieves, Altos de los Farallones de Cali, Los Andes, La Buitrera, Villa Carmelo.

Producto del proceder ilegal de unos y otros, así como de negociantes “menores” de la tierra urbana y rural de Cali, la ciudad ha perdido un total 232 millones de m2.

En este proceso de disputa por la tierra, en unos casos para especular con ella y gozar de sus delicias, a la vez que acumular poder, y en otros en el afán por tener un techo donde guarecerse, 186 barrios de Cali, donde habitan no menos de 40 mil familias, están construidos sobre tierras ejidales; barrios en donde viven miles de familias que no ostentan título de propiedad y la cual, haciendo honor al sentido último de los ejidos –que sean destinadas para usufructo de los sectores desposeídos, para el común de gentes, en este caso para construir vivienda, la alcaldía debería proceder a entregar tales títulos sin costo alguno y así legalizar una realidad de hecho con la cual se hace justicia.

Precisamente, con fallos favorables de los jueces, por acciones populares interpuestas por Claudio Borrero, fueron restituidos a favor de la ciudad, todos los terrenos donde están localizadas las Comunas 18 y 19, que suman 4 millones sesenta mil 82 m2, las mismas que tienen un valor comercial superior al medio billón de pesos.

Asimismo, el Consejo de Estado falló de manera favorable por el reintegro para la ciudad de todo el territorio de montaña que integra los Farallones de Cali (150 millones de m2 más 200 metros), y también la reserva ambiental protectora (88 millones 800 mil m2).

Conociendo toda esta lucha, que le ha significado 4 décadas de indeclinable labor, no es extraño que quien asumió este reto como proyecto de vida algunos le digan; “apóstol de los ejidos”, y otros aludan a él como: “defensor del patrimonio público”.

Claudio Borrero, consciente de la labor en que está empeñado, insiste, sin alardes de protagonismo, que para que la misma tenga éxito le corresponde a la ciudadanía como un todo luchar y reclamar lo que les pertenece. Sin ese factor, el irrespeto de las decisiones de los jueces será la norma.

 


 

Ingeniero Claudio Borrero Quijano:
38 años en defensa de los “Bienes de uso público ejidales del municipio”

 

Ser consecuente con sus principios de vida y dentro de ellos luchar sin descanso por lo que es de todos, le ha valido tres atentados contra su vida, dos a bala y uno a cuchillo impregnado de cianuro, este último un intento por degollarlo llevado a cabo el 24 de febrero de 2010 mientras rezaba al interior de la Catedral de Cali, atentado del cual salió vivo al ser trasladado de manera oportuna al hospital San Juan de Dios por dos policías, donde los galenos hicieron lo que correspondía.

Es Claudio Borrero Quijano, quien en noviembre 1 de 1978, como presidente del Concejo de Cali, a nombre del Partido Liberal del cual era parte en ese entonces, se comprometió con realizar Control Fiscal de los “Bienes de Uso Público Ejidales del Municipio”, usurpados por raigambres encopetadas de tradición caleñísima.

Hoy, avanzando el 2019, casi cuatro décadas de lucha irrenunciable por lo que es del conjunto caleño, denunciando no solamente a los traficantes de tierra con raíz popular, integrados en mafias que no dudan del uso de la fuerza para hacerse “con lo suyo”, sino también a “pulcros” de cuna de oro –que no pierden oportunidad para hacerse con parte de los ejidos– (ver “¿Qué son los ejidos?”). Una lucha desigual pues, en tanto existen múltiples intereses entrecruzados todos prefieren que el silencio predomine y que el denunciante pase por “loco”.

Treinta y ocho años de acción consecuente e ininterrumpida en los cuales ha logrado fallos favorables del Consejo de Estado, como el emitido por unanimidad el 26 de junio de 2015, reconociendo la usurpación de 23.800 hectáreas de terrenos municipales, ocupados ilícitamente por 30.794 particulares en las montañas del área rural (13 corregimientos). Fallo sin eco en la alcaldía municipal que no ha hecho nada al respecto. (presunto prevaricato).

El 20 de abril de 2015, de igual manera, con Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, la ciudad fue beneficiada con una decisión sobre dos ejidos urbanos que suman 4.060.082 m2. De parte de la administración municipal: silencio y manos amarradas. Presunto Desacato de la Actual Administración Municipal de Cali.

Desde febrero de 2005 con denuncia penal, puso en conocimiento de los jueces una compra de “cosa propia”, en este caso unos ejidos localizados en el Parque Nacional de los Farallones de Cali (finca El Rubí, con extensión de 310 ha.). En este caso operó el tapen-tapen, tan típico en nuestro país, con un Concejo municipal en componendas de servidores públicos que apadrinaban a los funcionarios responsables del desfalco al erario. Un tapen-tapen que también sirve para ocultar la mediocridad de unos gobierno municipales –y nacionales– que no han tenido la imaginación ni la voluntad para diseñar y poner en marcha verdaderos planes urbanísticos en los cuales la vivienda esté integrada como un derecho fundamental de las gentes, viviendas construidas y administradas desde entes públicos, regulando de manera clara y perentoria el negocio que desde siempre se ha hecho con la misma, convertida en moneda para la especulación y el enriquecimiento de propietarios individuales pero, en lo fundamental, de entidades bancarias y similares.

En este particular, luego de años de litigio, y cuando el caso estaba en Casación en la Corte Suprema de Justicia –año 2014– desapareció el expediente entre el piso 8 y el 1, durante traslado al Juzgado Primero de Ejecución de Penas.

Así mismo, y pese a silencios y desacatos, fue denunciante del negociado del Dagma del 27 de diciembre de 2004, Casación inadmitida por la Corte Suprema el 4 de abril de 2014.

Así como estos, ha estado al frente de 19 denuncias adicionales, algunas falladas de manera favorable, pero como en los ya comentados, sin acatamiento por las administraciones que han estado al frente de la ciudad a lo largo de estos años.

Como parte de estos otros 19 casos, resalta la denuncia en contra del municipio de Cali por compra de cinco fincas a particulares que suman un área de 10.800.000 m2, negociado que representó erogación de $7.824 millones de pesos desde el año 2000, a la fecha los valores indexados con intereses representan una lesión económica enorme superior a los $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos).

También hace parte del esfuerzo por proteger los bienes de la ciudad, la denuncia de los negociados del Dagma durante las alcaldías de Ricardo Cobo Lloreda (cuatro fincas) y Apolinar Salcedo (una finca). El Tribunal Contencioso del Valle del Cauca se pronunció en su momento (2006) en contra y hasta la fecha todo sigue como si no hubiera fallo judicial.

Otros tres procesos ejidales por negociaciones ilícitas de la Secretaria de Vivienda, Radicado 0916 Fiscalía 67, Radicado 812769 Fiscalía 98, Acción Popular 2009-0248 de agosto 31 de 2009 - Ejidos de Meléndez Sur (Navarro) - Área 10.551.000 m2 -Vocación 150.000 VIS –prioritarias para estratos 1, 2 y 3. –Proceso Penal 01476 Fiscal 48 Seccional Cali (Ever Marino López Guerrero) –Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento Flover Ortiz Monguí –Radicado 76001600000020120047600.

En los Indivisos Ejidales de “San Joaquín” y “La Buitrera”, le propuso al actual alcalde de Cali formalizar los procesos judiciales.

Son, sin duda, cientos de miles de hectáreas, los que la ciudad ha perdido, por falta de una política activa en varios frentes, entre ellos: delimitación de áreas para conservación forestal y ambiental, pero también como espacios para recreación pasiva o activa; proyección de planes de vivienda, de los ahora llamados como de “interés social” como parte de un proyecto de construcción de ciudad claramente delimitada, equilibrada, integradora, participativa, donde los “especuladores de la tierra” no encontraran espacio. Y así podrían ser otros los usos y destinos de los ejidos, reserva fundamental para un equilibro y sostenimiento ambiental de la ciudad.

Tras estas décadas de lucha, queda por preguntar, ante el desacato de lo fallado por los jueces, y la ausencia de un proyecto de ciudad de largo plazo: ¿existe o no real interés por construir una ciudad para todos y todas?

 


 

Invasiones a granel

 

En la actualidad, y de acuerdo a datos oficiales, Cali cuenta con 221 invasiones o “Asentamientos humanos precarios”, construidos a lo largo de 2.000 hectáreas, y en los cuales habita un total de 500 mil personas. Es decir, la cuarta parte de la población vive en condiciones precarias, sin techo digno, en su mayoría concentrada en el rebusque diario. Precariedad de miles de personas sin tomar en cuenta otras realidades, como ingresos, acceso real o no a derechos fundamentales, etcétera. En el Valle del Cauca habitan 3 millones 789.874 personas, y cerca del cincuenta por ciento de la misma (1,9 millones) está concentrada en la capital del departamento.

Publicado enColombia
Domingo, 27 Octubre 2019 15:22

Cali y la ciudad invisible

Cali y la ciudad invisible

La lucha por el derecho a la ciudad aún prosigue en Colombia, país que en pocos años ha visto como el 80 por ciento de su población pasó a concentrarse en los centros urbanos. La guerra y la pobreza continúan expulsando a los pobladores del campo. Una realidad que parece no tener límite inmediato y que en el caso de Cali reúne realidades impactantes.

 

“Cali tiene dos sectores que han crecido al 500 por ciento durante los últimos diez años: la Comuna 1, construida sobre la Cordillera Occidental, con barrios como El Ceibo, Patio Bonito, Palermo, Las Palmas, Montañuelas, y otros más; y la Comuna 15 en el Oriente de la ciudad, con barrios como Haití, El Valladito, Brisas del Caracol. Entre unos y otros congregan alrededor de 150.000 personas. Es así como tenemos ante nuestros ojos, aunque gran parte de quienes viven acá no se percaten de ello, una ciudad invisible, cuya foto cambia cada día”.

 

Con esa seguridad nos detalla Jeffersson Martínez, asesor del Alcalde para Protección de ecosistemas y asentamientos irregulares, la situación de la capital del Valle. Es una realidad compleja, dura para quienes la padecen, y grave para el futuro de la ciudad, pues no hay datos precisos o exactos sobre la gente que se asienta en estos barrios, de dónde proceden y de las condiciones en que salen de sus terruños, y por lo tanto las políticas públicas orientadas para facilitar sus vidas no son integrales ni dan cuenta de la totalidad de sus necesidades, son, más bien, como palos de ciego, en este caso soportadas por la buena voluntad o por el deseo de hacer un buen gobierno por parte del funcionario de turno.

Así es en el mejor de los casos. “Sabemos que quienes se asientan en la parte alta –Comuna 1– provienen de zonas montañeras de los departamentos del Cauca, Nariño y Caldas, y de manera preponderante son gente con raíz campesina e indígena, y quienes privilegian la zona oriental vienen de distintos municipios del Pacífico, bien Tumaco, Buenaventura y municipios del Pacífico nariñense, gente que busca partes bajas, humedales, calor, ríos, pues es gente anfibia. De lo que sí estamos seguros es que la situación es muy grave, que la mayoría son víctimas del conflicto e incluso victimarios, población desplazada o gente que sencillamente viene a invertir en Cali, porque les interesa más invertir acá que en sus terruños”.

“Toda esa gente –amplía Jeffersson– son desplazados por la violencia, amenazados, gente que prefiere vivir y no arriesgar la vida y la de su familia, a pesar de que dejan atrás todo o gran parte de lo que tenían; pero también son desplazados de la pobreza: gente que no tiene trabajo, que sus ingresos son mínimos, que padece hambre, y que valora que en esta ciudad puede mejorar su vida y la de los suyos”.


Esta es la situación particular de Cali, pero realidades similares –en cuanto a recepción de desplazados– también la viven desde años atrás ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, cada una recibiendo miles de familias procedentes de regiones rurales cercanas a estos centros urbanos. En todas ellas no dejan de aparecer cada cierto tiempo nuevos barrios, donde la pobreza se divisa desde lejos, barrios con una conflictividad por resolver, donde los indicadores de consumo de psicoactivos es alta, la violencia del poder armado de bandas no deja de aparecer cada día, pero también la ausencia total o parcial de servicios públicos. Barrios donde la vida se aruña cada día con la fuerza del tesón, y donde la esperanza de mejor vida no abandona el inconsciente individual y colectivo.

Este crecimiento acelerado de las ciudades colombianas sucede en unos casos desde hace algunos años, y por lo menos desde hace dos décadas o más en otras, y ocurre ahora como también fue visible en los años 60-80 del siglo XX, otra época donde miles de miles salieron del campo, en este caso no solo por la violencia sino por las políticas gubernamentales sugeridas por asesores de la banca multilateral como Lauchlin Currie, que recomendaron vaciar el campo para obtener mano de obra para impulsar la productividad nacional.

En Cali, nos recuerda nuestro entrevistado, “La ciudad fue muy atractiva también en los años 80 del siglo XX, cuando los hermanos Rodríguez lideraban en el país uno de los carteles de la droga, y entonces acá llegaban cientos buscando trabajo en sus bandas, seguros de pelechar en pocos años como ‘gatilleros’ u oficios similares y así resolver de una vez y por todas la falta de techo, buscaban y en algunos casos encontraban ‘trabajo’ e ingresos seguros. Así como el cartel sirvió de imán, así mismo la ciudad, por su cercanía con zonas de siembra de coca y marihuana, también mantiene su atractivo: la gente siembra en el Cauca, en el Pacífico o en Nariño y construye sus viviendas acá, al tiempo que le aseguran estudio a sus hijos”.

 

El negocio

 

Cuando se detallan los mapas de Cali, comparando los de hace pocos años con los de hoy, se comprueba que el goteo humano es permanente (Ver mapas), y que el borde de la ciudad, el institucional, está totalmente superado, desbordado es la palabra exacta, muestra palpable de que las políticas urbanas al frente de nuestras urbes no dan cuenta de la real reconfiguración poblacional que vive el país. Hoy tenemos ese crecimiento, incluso al 500 por ciento. Otra época donde la ciudad creció de manera notoria fue con motivo de los Juegos Panamericanos –años 70– cuando lo hizo al 8 por ciento, “compare y no hay parangón”, enfatiza Jeffersson con clara emotividad en su rostro.

Son miles que buscan un terreno para construir su casa, y encuentran en la ciudad una mafia de usurpadores del suelo público, pues Cali tiene la particularidad de ser la capital ejidal de Latinoamérica (Ver recuadro ¿Qué son los ejidos?). “Nuestra ciudad, nos indica Jefferson, se extiende a lo largo de 56.000 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento es zona rural, y son precisamente tales terrenos –toda la montaña que está al occidente y toda su zona rural– los que particulares, integrados como mafias, se fueron robando desde la segunda mitad del siglo XX, pero de una manera más sistemática desde hace algunas décadas” (Ver recuadro “38 años en defensa…”).

En el robo de estos ejidos han participado desde familias de apellidos encumbrados hasta sectores populares, “los primeros se hacen a decenas de miles de metros cuadrados, en ocasiones de manera legal, y los segundos a cientos”, reconoce con ironía nuestro entrevistado.

 

 

 

En particular, en los últimos años este robo está a la orden de mafias de la tierra conocidas como “tierreros”, que en no pocas ocasiones funcionan apoyados por funcionarios públicos, políticos, contratistas, es decir, están aliados a una parainstitución, con bufetes de abogados que les facilitan la defensa de sus acciones y la misma legalización de lo usurpado.

Es un negocio que engorda el bolsillo de unos cuantos, y lo engorda bajo coartadas múltiples, así como bajo la misma amenaza. Y así sucede, nos cuenta quien está como asesor al lado del Alcalde en estos temas, porque “Quienes controlan los territorios donde van ganando espacio a los humedales y lagunas, desecándolos con escombros, cobran por dejar entrar tales escombros, y luego de secado el terreno venden el metro cuadrado a razón de 500 mil y hasta 2 millones de pesos. El negocio es tal que al día pueden recibir hasta 5 millones solo por el tema de escombros. Así sucede en barrios como el conocido como Haití, controlado por una banda del mismo nombre”.

Hay que resaltar que ese predio es del municipio y está alquilado a Incauca para la siembra de caña, pero allí, de manera sorprendente, la gente avanza en una invasión y construye en materiales fuertes, resistentes, lo que indica que llegan para quedarse. No construyen en bareque ni material endeble, lo hacen en ladrillo, barrilla, cemento, y así existen más de 1.000 unidades de vivienda. Mientras así avanzan, queman y hurtan la caña que siembra el ingenio, el cual reporta pérdidas al municipio, al cual también pone a perder.

En medio de esta disputa, algunas de las familias que compran allí un pedazo de tierra y construyen sobre la misma, comienzan a padecer el cobro semanal de vacunas, amenazas, y padecen un nuevo desplazamiento –un doble desplazamiento, incluso se denuncia casos de familias desplazadas hasta en cinco ocasiones–. La gente se endeuda para pagar los lotes, y así lo va haciendo a intereses que no son cómodos, por lo cual termina cancelando mucho más de lo que aparenta o del cobro que le ejecuta el tierrero.

Lo que tenemos por tanto en Cali, como en otras muchas urbes colombianas, es una ciudad del conflicto, receptora de éxodos, donde miles de familias buscan tranquilidad y un mejor futuro, es un anhelo justo de la gente, de los de abajo, que son los que han construido nuestras ciudades, así parezca que las mismas son fruto de la planeación ordenada del territorio, lo cual no es la imagen real de lo sufrido y conocido por la mayoría de quienes las habitan.

Tenemos, por tanto, un reto para los gobiernos que tomarán las riendas de nuestras urbes en enero del año 2020, pero también para el conjunto de quienes las habitan: construir ciudades donde la justicia y la vida digna no sea un sueño sino una realidad. Reto inmenso pero que es hora de proyectarlo a partir de construir planes de ordenamiento territorial populares, que sí recojan la foto real de lo que es hoy el 80 por ciento de Colombia.

 


 

¿Qué son los ejidos?

 

Es tierra, de propiedad común o colectiva. Antes de ser conocidos como tal, eran los baldios de la nación. La ley 32 de 1929 prohibe expresamente la ocupación de los ejidos por la clase pudiente, pues debe destinarse a los pobres.

A su vez, la ley 41 de 1948 los declara como bienes de uso público por lo cual son imprescriptibles, inenajenables e innembargables (Art. 53 de la C.N.), ley que para el caso que nos ocupa ha sido totalmente burlada.

De igual manera, para el caso de Cali, en 1938 estas tierras fueron declaradas como reserva forestal protectora. En parte de su extensión se encuentran las hoyas hidrográficas del río Cali, Aguacatal, Meléndez, Pance, Cañaveralejo, Lilí. Así mismo los farallones de Cali, riqueza ecológica con bosques, fuentes hidrícas de donde se surte la ciudad del vital líquido y bosques de niebla. Podra entenderse, por este solo hecho, la importancia de las mismas, y el reto fundamental de que se mantengan como bien público.

Tierra, el origen y base del conflicto que sobrelleva Colombia desde tiempo préterito, la que ha sido amasada por miles de hectáreas por pocas familias en nuestro país, cumple su regla también en Cali, donde las familias que ostentan los apellidos de alcurnia se apoderaron de gran parte de los ejidos.

Entre estas familias figuran las de apellido Escarpeta (Óscar), quien amasa 72 millones 800 mil m2; Lloreda, con 43 millones de m2; Borrero; Guerrero Velasco.

Para sorpresa de propios y extraños, el Club Campestre (donde los ricos se reúnen a conspirar y hacer negocios, al tiempo que juegan golf y gozar de otras delicias para el cuerpo y la mente), la Hacienda Meñéndez (donde los ricos se casan), son terrenos ejidales. De igual manera lo son fincas de recreo de las cuales gozan estas y otras familias en sitios como El Saladito, Las Nieves, Altos de los Farallones de Cali, Los Andes, La Buitrera, Villa Carmelo.

Producto del proceder ilegal de unos y otros, así como de negociantes “menores” de la tierra urbana y rural de Cali, la ciudad ha perdido un total 232 millones de m2.

En este proceso de disputa por la tierra, en unos casos para especular con ella y gozar de sus delicias, a la vez que acumular poder, y en otros en el afán por tener un techo donde guarecerse, 186 barrios de Cali, donde habitan no menos de 40 mil familias, están construidos sobre tierras ejidales; barrios en donde viven miles de familias que no ostentan título de propiedad y la cual, haciendo honor al sentido último de los ejidos –que sean destinadas para usufructo de los sectores desposeídos, para el común de gentes, en este caso para construir vivienda, la alcaldía debería proceder a entregar tales títulos sin costo alguno y así legalizar una realidad de hecho con la cual se hace justicia.

Precisamente, con fallos favorables de los jueces, por acciones populares interpuestas por Claudio Borrero, fueron restituidos a favor de la ciudad, todos los terrenos donde están localizadas las Comunas 18 y 19, que suman 4 millones sesenta mil 82 m2, las mismas que tienen un valor comercial superior al medio billón de pesos.

Asimismo, el Consejo de Estado falló de manera favorable por el reintegro para la ciudad de todo el territorio de montaña que integra los Farallones de Cali (150 millones de m2 más 200 metros), y también la reserva ambiental protectora (88 millones 800 mil m2).

Conociendo toda esta lucha, que le ha significado 4 décadas de indeclinable labor, no es extraño que quien asumió este reto como proyecto de vida algunos le digan; “apóstol de los ejidos”, y otros aludan a él como: “defensor del patrimonio público”.

Claudio Borrero, consciente de la labor en que está empeñado, insiste, sin alardes de protagonismo, que para que la misma tenga éxito le corresponde a la ciudadanía como un todo luchar y reclamar lo que les pertenece. Sin ese factor, el irrespeto de las decisiones de los jueces será la norma.

 


 

Ingeniero Claudio Borrero Quijano:
38 años en defensa de los “Bienes de uso público ejidales del municipio”

 

Ser consecuente con sus principios de vida y dentro de ellos luchar sin descanso por lo que es de todos, le ha valido tres atentados contra su vida, dos a bala y uno a cuchillo impregnado de cianuro, este último un intento por degollarlo llevado a cabo el 24 de febrero de 2010 mientras rezaba al interior de la Catedral de Cali, atentado del cual salió vivo al ser trasladado de manera oportuna al hospital San Juan de Dios por dos policías, donde los galenos hicieron lo que correspondía.

Es Claudio Borrero Quijano, quien en noviembre 1 de 1978, como presidente del Concejo de Cali, a nombre del Partido Liberal del cual era parte en ese entonces, se comprometió con realizar Control Fiscal de los “Bienes de Uso Público Ejidales del Municipio”, usurpados por raigambres encopetadas de tradición caleñísima.

Hoy, avanzando el 2019, casi cuatro décadas de lucha irrenunciable por lo que es del conjunto caleño, denunciando no solamente a los traficantes de tierra con raíz popular, integrados en mafias que no dudan del uso de la fuerza para hacerse “con lo suyo”, sino también a “pulcros” de cuna de oro –que no pierden oportunidad para hacerse con parte de los ejidos– (ver “¿Qué son los ejidos?”). Una lucha desigual pues, en tanto existen múltiples intereses entrecruzados todos prefieren que el silencio predomine y que el denunciante pase por “loco”.

Treinta y ocho años de acción consecuente e ininterrumpida en los cuales ha logrado fallos favorables del Consejo de Estado, como el emitido por unanimidad el 26 de junio de 2015, reconociendo la usurpación de 23.800 hectáreas de terrenos municipales, ocupados ilícitamente por 30.794 particulares en las montañas del área rural (13 corregimientos). Fallo sin eco en la alcaldía municipal que no ha hecho nada al respecto. (presunto prevaricato).

El 20 de abril de 2015, de igual manera, con Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, la ciudad fue beneficiada con una decisión sobre dos ejidos urbanos que suman 4.060.082 m2. De parte de la administración municipal: silencio y manos amarradas. Presunto Desacato de la Actual Administración Municipal de Cali.

Desde febrero de 2005 con denuncia penal, puso en conocimiento de los jueces una compra de “cosa propia”, en este caso unos ejidos localizados en el Parque Nacional de los Farallones de Cali (finca El Rubí, con extensión de 310 ha.). En este caso operó el tapen-tapen, tan típico en nuestro país, con un Concejo municipal en componendas de servidores públicos que apadrinaban a los funcionarios responsables del desfalco al erario. Un tapen-tapen que también sirve para ocultar la mediocridad de unos gobierno municipales –y nacionales– que no han tenido la imaginación ni la voluntad para diseñar y poner en marcha verdaderos planes urbanísticos en los cuales la vivienda esté integrada como un derecho fundamental de las gentes, viviendas construidas y administradas desde entes públicos, regulando de manera clara y perentoria el negocio que desde siempre se ha hecho con la misma, convertida en moneda para la especulación y el enriquecimiento de propietarios individuales pero, en lo fundamental, de entidades bancarias y similares.

En este particular, luego de años de litigio, y cuando el caso estaba en Casación en la Corte Suprema de Justicia –año 2014– desapareció el expediente entre el piso 8 y el 1, durante traslado al Juzgado Primero de Ejecución de Penas.

Así mismo, y pese a silencios y desacatos, fue denunciante del negociado del Dagma del 27 de diciembre de 2004, Casación inadmitida por la Corte Suprema el 4 de abril de 2014.

Así como estos, ha estado al frente de 19 denuncias adicionales, algunas falladas de manera favorable, pero como en los ya comentados, sin acatamiento por las administraciones que han estado al frente de la ciudad a lo largo de estos años.

Como parte de estos otros 19 casos, resalta la denuncia en contra del municipio de Cali por compra de cinco fincas a particulares que suman un área de 10.800.000 m2, negociado que representó erogación de $7.824 millones de pesos desde el año 2000, a la fecha los valores indexados con intereses representan una lesión económica enorme superior a los $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos).

También hace parte del esfuerzo por proteger los bienes de la ciudad, la denuncia de los negociados del Dagma durante las alcaldías de Ricardo Cobo Lloreda (cuatro fincas) y Apolinar Salcedo (una finca). El Tribunal Contencioso del Valle del Cauca se pronunció en su momento (2006) en contra y hasta la fecha todo sigue como si no hubiera fallo judicial.

Otros tres procesos ejidales por negociaciones ilícitas de la Secretaria de Vivienda, Radicado 0916 Fiscalía 67, Radicado 812769 Fiscalía 98, Acción Popular 2009-0248 de agosto 31 de 2009 - Ejidos de Meléndez Sur (Navarro) - Área 10.551.000 m2 -Vocación 150.000 VIS –prioritarias para estratos 1, 2 y 3. –Proceso Penal 01476 Fiscal 48 Seccional Cali (Ever Marino López Guerrero) –Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento Flover Ortiz Monguí –Radicado 76001600000020120047600.

En los Indivisos Ejidales de “San Joaquín” y “La Buitrera”, le propuso al actual alcalde de Cali formalizar los procesos judiciales.

Son, sin duda, cientos de miles de hectáreas, los que la ciudad ha perdido, por falta de una política activa en varios frentes, entre ellos: delimitación de áreas para conservación forestal y ambiental, pero también como espacios para recreación pasiva o activa; proyección de planes de vivienda, de los ahora llamados como de “interés social” como parte de un proyecto de construcción de ciudad claramente delimitada, equilibrada, integradora, participativa, donde los “especuladores de la tierra” no encontraran espacio. Y así podrían ser otros los usos y destinos de los ejidos, reserva fundamental para un equilibro y sostenimiento ambiental de la ciudad.

Tras estas décadas de lucha, queda por preguntar, ante el desacato de lo fallado por los jueces, y la ausencia de un proyecto de ciudad de largo plazo: ¿existe o no real interés por construir una ciudad para todos y todas?

 


 

Invasiones a granel

 

En la actualidad, y de acuerdo a datos oficiales, Cali cuenta con 221 invasiones o “Asentamientos humanos precarios”, construidos a lo largo de 2.000 hectáreas, y en los cuales habita un total de 500 mil personas. Es decir, la cuarta parte de la población vive en condiciones precarias, sin techo digno, en su mayoría concentrada en el rebusque diario. Precariedad de miles de personas sin tomar en cuenta otras realidades, como ingresos, acceso real o no a derechos fundamentales, etcétera. En el Valle del Cauca habitan 3 millones 789.874 personas, y cerca del cincuenta por ciento de la misma (1,9 millones) está concentrada en la capital del departamento.

Publicado enEdición Nº262
El fin del ciudadano, de lo público y de los servicios sociales colectivos*

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana, dejando en claro que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

 

La dificultad en la prestación de servicios sociales en Bogotá está en su distante localización de donde se ubican sus usuarios. Es decir, existe el suelo dotacional destinado para localizar equipamientos y otra cosa es que ese suelo este localizado de manera estratégica para el cubrimiento óptimo de la población beneficiaria. Podemos entender que la estrategia pública en la localización de equipamientos se enfoca principalmente a partir de los procesos de urbanización que se dan en el territorio y no a partir de las necesidades y localización de los usuarios.

Esta estrategia de localización ha surtido notables cambios en el transcurso de la historia de la urbanización en Bogotá. El Estado mantuvo durante algunos años de manera relativa el control del desarrollo de la ciudad a partir de proyectos de vivienda bajo su iniciativa. Luego, esta iniciativa se entregó a los constructores privados a la par del desarrollo de viviendas construidas de manera informal; no es gratuito decir que este tipo de urbanización representa el 60 por ciento del desarrollo del tejido residencial capitalino. Y, finalmente, en la actualidad el desarrollo de la ciudad está en manos de los poseedores de la tierra dentro del perímetro urbano que durante décadas engordaron el suelo y que hoy, ante su localización privilegiada, construyen centros comerciales que son los que define el desarrollo urbano de la ciudad.

Esta lógica que le imponen a la ciudad, a su desarrollo, hace que la localización de equipamientos en donde se prestan servicios sociales, solo es vista a partir de la generación de renta del suelo, captura de plusvalías, y economías de escala. Al ceder el Estado su responsabilidad para la prestación de los servicios colectivos a los ciudadanos, pasándola a manos del sector privado, y sin que medie una regulación eficiente, permite que la localización de los equipamientos colectivos se defina a partir de la oferta y la demanda distante de la vivienda, trabajo y recreación del ciudadano; exacerbando la segregación socio-espacial y la inequidad social en la ciudad.

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá (POT), que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana. El cambio más transcendental en esta propuesta es su equiparación con los usos de comercios y servicios de la ciudad, incluyéndolo como parte de su estrategia de competitividad. Al revisar de manera superficial tal decisión no se identifica un mayor problema. Pero solo al observar las implicaciones más allá de lo aparente, se vislumbra las primeras manifestaciones de lo que se podría llamar la muerte de los equipamientos colectivos como prestadores de servicios sociales hacia los ciudadanos. Al desnaturalizar el papel del equipamiento colectivo en la ciudad, a cambio de un postizo trasplante de características comerciales, se evidencia que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

Al equiparar a los equipamientos colectivos, en donde se prestan servicios sociales, bajo las mismas condiciones de localización en la ciudad del comercio y los servicios, se estima un problema estructural en el modelo de ordenamiento urbano, en donde las variables de análisis se enfocan a identificar los beneficios económicos en la localización de servicios sociales y la renta del suelo que de esta acción se desprende.

Luego, el discurso del actual modelo de ordenamiento evidencia que la balanza se inclina en mayor medida al desarrollo económico, en detrimento de la sostenibilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las dificultades evidentes en las cifras que sustentan la propuesta de importantes proyectos inmobiliarios. Igualmente, se generan las condiciones físicas para facilitar los patrones de consumo en los ciudadanos, en claro beneficio de quienes ostentan los modos y formas de producción, limitando al equipamiento colectivo y sus servicios a ser meras mercancías, o en el peor de los casos, como un objeto para la satisfacción de necesidades económicas de grupos minoritarios. Lo que tenemos ante nosotros es, por tanto, un modelo de ciudad nocivo que termina de una forma u otra alimentado las condiciones de desigualdad social, inequidad espacial, hundiendo a la población vulnerable y de estrato medio en la inminente pobreza económica, cultural y simbólica.

 

Simples consumidores

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico al POT para Bogotá realizado por la SDP en el año 2016, donde se afirma que: “Pese a que existen pequeñas aglomeraciones relevantes en Bosa y Suba, la ciudad no logró consolidar centralidades de periferia”, pasamos a puntualizar esta realidad:

Al revisar el plano de localización de la actividad económica en Bogotá para el 2016, se logra confirmar que las centralidades de periferia no se desarrollaron durante el periodo de ejecución del actual POT. En este mismo sentido se puede establecer que el territorio de la actividad económica no coincide con el territorio en donde existe mayor densidad de la población, identificando la inequidad espacial que representa la distancia de los centros de producción económica en relación al lugar donde reside la población trabajadora de estratos bajos y medios.

Asimismo, al revisar los planos de propuesta de construcción de los nodos de equipamientos de escala metropolitana, urbana y zonal del Sistema de Equipamientos, se logra estimar que estos nodos se ubicarán en gran medida en los espacios en donde se localizan las centralidades de periferia definidas en el Decreto Distrital 190 de 2004.

Esta situación nos lleva a lanzar como hipótesis que las nuevas centralidades en donde se pretende aglutinar actividades económicas son detonadas a partir de la localización de actividades sociales prestadas en los nodos de equipamientos construidos con dinero público. Esta acción pública explicita en el Sistema de Equipamientos propuesto generará economías de escala en inmediaciones de estas pretendidas localizaciones, al igual que impactos urbanos y ambientales que deberán ser mitigados. Muy seguramente este tipo de estrategia será más efectiva que las centralidades delimitadas en el Decreto Distrital 190 de 2004. Igualmente, este tipo de acción cambia el rol del equipamiento en la ciudad, que pasará de ser un espacio de encuentro de ciudadanos en el proceso de consolidación de su ciudadanía, a ser un conglomerado de actividades económicas en donde la estructura urbana es deficiente teniendo como resultado el caos urbanístico.

Igualmente, en esta propuesta se garantiza la permanencia del uso dotacional, es decir los equipamientos que existen de escala zona, urbana y metropolitana deben seguir donde están, situación presente en el Decreto Distrital 190 de 2004, POT. Pero ante el déficit de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la segregación del uso dotacional, hoy vista como una alternativa de desarrollo de suelo dotacional para algunos proyectos, pasa a ser la regla general para la construcción de vivienda y grandes superficies comerciales. El suelo habilitado para la construcción o ampliación de los servicios sociales puede ser utilizado para actividades que generan mayores ganancias económicas para los inversionistas privados.

Como consecuencia de ello, las aglomeraciones de equipamientos de servicios sociales, como nuevas centralidades de carácter económico en Bogotá, solo son una manifestación concreta de la profundización de las desigualdades de quienes ostentan los modos y medios de producción de la ciudad.

Por tanto, al estar el equipamiento urbano despojado de su esencia como servicio social –en su representación como vínculo del ciudadano con el Estado– a partir de las actividades que allí se desarrollan, como son la atención, el servicio, la asistencia, la cobertura a cambio de la estimación fría como un inmueble, es decir como un mero objeto arquitectónico cargado solo de contenidos de valor económico –como son la plusvalía, las economías de escala, los impactos urbanos y el consumo de actividades–, significaría el principio de la desestructuración del lenguaje del equipamiento colectivo urbano y el advenimiento de la ruptura del contrato social que define la crisis del Estado en manos de un escenario caótico y anárquico que plantea la dictadura perversa de la oferta y la demanda. De así ser estaríamos ante equipamientos colectivos para la dominación y la explotación del sujeto y de la familia.

Las denominaciones de los equipamientos colectivos a partir de sus actividades se estimarían a partir de una condición genérica, que no defina especializaciones, que finalmente llevan a la atomización conceptual del mismo equipamiento. En este sentido como solución se habla de la mezcla de usos. Lo que existe, por ahora, no son múltiples usos sino múltiples exclusiones y segregaciones, la especialización de la actividad lleva a la fragmentación del espacio y por ende del servicio para consumidores1.

Todo un contrasentido. La construcción de ciudadanos y ciudadanía, entre los que se destaca la relación del Estado con la gente, dentro de la vigencia del Contrato Social, debe mantener el monopolio en la definición de las condiciones en que se deben prestar los servicios sociales, no importando si llega a delegarlos a los agentes privados, pero regulando su producción en la ciudad a partir de la norma urbana, la mitigación de impactos urbanísticos y los mismos precios con que los oferta los a la ciudadanía en general.

Hay que enfatizar en que los equipamientos son la materialización de la relación entre el Estado y sus habitantes a partir de la prestación de servicios públicos, lo que permite el ejercicio de lo público, garantizando que las personas ejerzan su condición de ciudadanos, y en ello, aunque puede estar presente la ganancia la misma no puede ser de tal tamaño que lleve a la ampliación creciente o constante en la desigualdad social.

Es así como los equipamientos se establecen como parte de la base de las actividades humanas en la urbe, enfocadas a su goce y disfrute, a diferencia de ser el espacio en donde se condena al ciudadano a ser un consumidor pasivo de bienes y servicios. El equipamiento colectivo se considera como parte del imaginario del ciudadano y referente ineludible de la presencia del Estado en la ciudad. Tanto así, que la familia conyugal hubiese desaparecido de no ser si el Estado no se apropia de los equipamientos colectivos.

El equipamiento en donde se prestan servicios sociales, debe tener un uso preferente en la ciudad a la hora de estimar su localización, y adoptar, así, condiciones diferentes a los demás usos urbanos.

En tal sentido, el porvenir del equipamiento colectivo no es nada prometedor. Es cierto que los espacios no consolidados de actividad económica durante la vigencia del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), es decir las centralidades de periferia, tendrán un nuevo detonador de actividades económicas dadas por la localización de Nodos de Equipamientos, construidos por el sector público. Pero estas nuevas centralidades de carácter económico lograran su objetivo perverso al transformar al individuo y su familia en consumidores de bienestar, cultura, educación, seguridad, salud entre otros, ofertados como mercancías en equipamientos manejados por privados desdibujando el papel de lo público en la prestación de los servicios sociales.

 

* El presente artículo es la tercera parte de los artículos titulados: “Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden”, publicado en la página web desdeabajo el sábado 19 de mayo de 2018. “La felicidad de unos pocos a costa de la gran mayoria”, periodico impreso desdeabajo, marzo 20–abril 20 de 2019, p 10.
** Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia (1997), Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP (2002), Magíster en Sociología Urbana de la Universidad Nacional de Colombia (2011).
1 (7.200.000. es la población definida por el Dane en el censo del 2018 para Bogotá). La población total que se encuentra por debajo de la línea de pobreza alcanza (892.800 personas) que representa el 12.4 % de población total de Bogotá. Cifras Dane 2018.

Referencias:
Secretaría Distrital de Planeación. Aglomeración y condiciones de vida en Bogotá.
Fourquet, Francois y Munard, Lion. Los equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. Colección punto y línea. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, España. 1978.
Merlin, Pierre. Choay Francoise. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Edition “Quadrige” 2005. Press Universitaires de France. Avril, 2005.
Revista Escala Nº 134, año 19, Bogotá Colombia. 1987.

Publicado enEdición Nº262
Sábado, 26 Octubre 2019 06:22

El cártel de las tierras de Bogotá

El cártel de las tierras de Bogotá

En los alrededores de Bogotá llaman volteo de tierras al truco de quitar la denominación de un predio de uso agrícola y clasificarlo como tierra urbana, que dispara su precio 100 veces.

Con el volteo de tierras modifican los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), al incorporar suelos rurales al perímetro urbano de los municipios cercanos a las grandes ciudades, incrementando así notablemente su valor.

El Departamento de Cundinamarca tiene 22.623 kilómetros cuadrados y 116 municipios, cerca del 89 por ciento de ellos son estratos 5 y 6, donde la gran mayoría del suelo es de uso agrícola; sin embargo, en los últimos ocho años las fincas ganaderas vienen siendo reemplazadas por grandes parques industriales llenos de bodegas y fábricas.

Detrás del suelo de la Sabana de Bogotá existe un multimillonario negocio, donde los municipios enfrentan un caos por cuenta de las determinaciones que trastocan la destinación de la tierra, realizado por intereses poderosos que manipulan los POT, produciendo un detrimento económico a millones de habitantes del Altiplano Cundiboyacense causando pobreza y desplazamiento.

El territorio pasa de bien común a propiedad privada

La constante violación al ordenamiento jurídico y las normas ambientales con complicidad de políticos y funcionarios públicos, ha permitido que miles de hectáreas que eran de uso agrícola y rural se conviertan en zonas para edificar, tener comercios y extracción de materiales, entre otros.

El Procurador General, Fernando Carrillo denunció que las empresas de desarrollo territorial -como las corporaciones regionales- se convierten en fuente de financiación de los partidos políticos:

“Es importante acabar con la manipulación y la interpretación amañada de los POT, el volteo y la usurpación de tierras y, sobre todo, con el cambio inescrupuloso del uso del suelo” [1].

El Senador C.F. Galán denunció que en diferentes municipios de Cundinamarca, Concejales y funcionarios de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) habrían manipulado el POT de manera fraudulenta:

“Hemos evidenciado que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado de los municipios y esos son problemas que los harán colapsar” [2].

En Cajicá se aprobó en 2014 una modificación al POT que dejó al municipio con solo un 23 por ciento del territorio agropecuario y forestal, contrario a lo que ordena la Ley; esa misma modificación presentada por el exalcalde Óscar Mauricio Bejarano, dedicó 96 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora para “vivienda campestre”.

Cómo devoran la Reserva Van der Hammen

El POT presentado por Peñalosa, Alcalde de Bogotá, acordado con la CAR determina que el área conocida como que Reserva Van der Hammen, que se caracteriza por su importancia la formación de afluentes hídricos, quedaría transformada en suelo de expansión urbana [3].

Cuando la CAR reglamentó la Reserva Van der Hammen en 2011, el Distrito tenia presupuestada la compra de 1.340 hectáreas destinadas a la conservación ambiental, con un costo de 300 mil millones de pesos; hoy esos mismos predios cuestan alrededor de 2,2 billones [4].

De los 361 predios que conforman la Reserva Van der Hammen, el 70 por ciento es propiedad de empresas constructoras, agentes inmobiliarios, bancos y fondos de inversión, que adquirieron los predios a un bajo costo y con la intención de poder urbanizar.

Viviendas VIS y VIP, otro método de saqueo

La Ley permite que una vez por periodo de un alcalde se cambien predios rurales a urbanos exclusivamente para la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP), con el objeto de beneficiar familias de bajos recursos y sin capacidad financiera.

En Facatativá en 2014, el Alcalde Luis Orlando Buitrago incorporó un predio rural –sujeto de protección por hacer parte de la micro cuenca Mancilla– para construir viviendas VIS y VIP [5]; sin embargo, solo el 20 por ciento estaba destinado a viviendas de este tipo, el resto del proyecto estaba dedicado a la construcción de “viviendas campestres” unifamiliares y multifamiliares.

Notas

[1] Volteo de Tierras en Cundinamarca. www.kienyke.com/kien-escribe/que-es-el-volteo-de-tierras-en-cundinamarca

[2] Hay carteles y mafias de tierreros que manejan el POT. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Hay-carteles-y-mafias-de-tierreros-que-manejan-el-POT-y-el-volteo-de-tierras_-Procurador.news

[3] El tesoro bogotano perdido. El Espectador, Julio Carrizosa Umaña, 16-10-2019.

[4] Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen.

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/constructores-grandes-duenos-de-van-der-hammen-articulo-625149

[5] 40% del volteo de tierras ocurre en Cundinamarca. www.eltiempo.com/justicia/delitos/mas-del-40-de-las-investigaciones-por-volteo-de-tierras-son-en-cundinamarca

Publicado enColombia
El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Publicado enEdición Nº259
El sendero de las mariposas: un camino que lleva a ninguna parte

La propuesta del Sendero de las Mariposas representa un riesgo para los ecosistemas de los Cerros Orientales y las comunidades que habitan cerca de estas zonas, ¿Cómo se consolidó esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué retos tiene la ciudadanía?

 

Desde el 2016, la actual alcaldía de Bogotá viene proponiendo para los Cerros Orientales la construcción de un sendero turístico que recorrería cerca de 102 kilómetros de la reserva bosque oriental, atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; desde la antigua cervecería alemana hasta el embalse San Rafael. Esta propuesta ha sido catalogada como una amenaza inminente según las preocupaciones de los habitantes históricos de los barrios, así como de los grupos de ambientalistas y expertos en reservas forestales quienes han manifestado su oposición al proyecto.



El “genio” del urbanismo en Bogotá


La administración de Enrique Peñalosa ha utilizado varias excusas para el desarrollo del Sendero. Primero lo denomino “corta fuegos”, propuesta que supuestamente evitaría los incendios en los Cerros Orientales, tema altamente controversial, ya que según datos del cuerpo de Bomberos los incendios se presentan, en su mayoría, en la franja de adecuación con énfasis en la localidad de San Cristóbal. Cabe aclarar que la mayoría de estos incendios son causados por acciones antrópicas, mezcladas con plantas invasivas (pino, eucalipto, retamo espinoso) que permiten la propagación rápida de los conatos de incendio.

Bajo esta propuesta la alcaldía impulsó el contrato 001 de 2016, en el cual se toman los recursos de Fondo para la Adaptación al Cambio Climático, Fondiger y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para la realización de los estudios y diseños del corta fuegos.  Una vez aprobados los recursos públicos destinados a las emergencias causadas por cambio climático, el “genio” del urbanismo se dio cuenta que para la realización de una propuesta como un sendero cortafuegos se requería una carretera de más de 30 metros de ancho en concreto, lo que no pasaría la viabilidad jurídica a la luz del fallo del Consejo de Estado de 2013 y el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del año 2015, que ordenan la protección de la reserva y la limitación de visitantes, los cuales solo pueden ingresar por los senderos tradicionales.

De esta forma Peñalosa decide dar un giro a la propuesta, disminuyendo el tamaño de los senderos y presentándolo como un proyecto turístico, trazando el sendero por ecosistemas altamente frágiles, como es el caso del tramo comprendido en la localidad de San Cristóbal–Santa fe, donde se realizará una afectación directamente en el páramo de Cruz Verde, por detrás del cerro El Aguanoso


Los riesgos del Sendero de las Mariposas en San Cristóbal


Como se mencionó anteriormente, según el cuerpo de Bomberos de Bogotá la localidad de la ciudad que más presenta incendios forestales en los Cerros es San Cristóbal, lastimosamente el sendero que pasará allí no ayudará a mitigar las emergencias porque avanzará por zona de paramo en lugar de pasar por la franja de adecuación.

En términos ambientales existe una profunda inquietud debido a que no existen estudios sobre la capacidad de carga que presentan los Cerros Orientales, tampoco se conoce de manera pública si el sendero sobrepasará los límites de visitantes causando daños irreparables. De esta forma preocupa que el modelo turístico intensivo con administración privada se adueñe de uno de los símbolos identitarios de Bogotá, y se convierta en un modelo turístico de destrucción ambiental como el impulsado en la quebrada la Vieja y las Delicias; de llegar a esto puede que se masifique y destruya una parte de las 14.000 hectáreas de reserva forestal.  Lo que está íntimamente vinculado con la propuesta de declarar urbano 500 hectáreas de los cerros en la Zona de Aprovechamiento Público Prioritario, lo que abriría la puerta a que se entregue este suelo a las empresas constructoras e inmobiliaria, causando un daño irremediable a la estructura ecológica principal y la gentrificación de los barrios aledaños.

Cabe señalar que las comunidades de los barrios cercanos a la reserva han presentado preocupaciones por las posibles afectaciones en términos de expansión urbana de la ciudad hacia el oriente, dado que realizar una carretera donde diariamente habrá un flujo importante de turistas causará el aumento de comercio formal de alta escala y puede generar también la consolidación de nuevos asentamientos humanos de múltiples estratos.


Situación actual del Sendero


En este momento el proyecto se encuentra a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, en este sentido la comunidad del Alto Fucha con el acompañamiento de la Colectiva Huertopía han avanzado en la consolidación de estrategias para defender la reserva forestal y la exigencia que se cumpla el fallo del Concejo de Estado. Por un lado, se invita a la ciudadanía a que se nombre como terceros intervinientes del proyecto para conocer al detalle los tramites de la licencia, así también se ha solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales y urbanísticos que tendrá el Sendero de las Mariposas y se preparan movilizaciones en contra del POT de la ciudad donde el Sendero de las Mariposas es uno de los proyectos representativos.

*Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad, Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Publicado enColombia
Lunes, 29 Julio 2019 09:20

Entre moscas, ratas y minería

Entre moscas, ratas y minería

Salimos a caminar la palabra por uno de los rincones empobrecidos de Bogotá, la capital. El proceso Asamblea Sur dirigió el recorrido por la localidad de Ciudad Bolívar, explicando la realidad de este territorio urbano-rural. Primero, la minería es un problema visible. El río Tunjuelo desviado en una parte, montañas convertidas en paredes de escombros y áreas inundadas que antes fueron barrios. Debido al trabajo de Cemex y la Arquidiócesis de la Iglesia, que llevan más de 60 años sacando piedra y arena para cemento.

El desordenado crecimiento de barrios por la ladera de la montaña también se nota a simple vista. Las fachadas sin pintar, tejas de zinc, una que otra calle pavimentada, son resultado del desplazamiento de comunidades de departamentos del Meta, Casanare, Boyacá, la Costa Caribe, entre otros, cuya razón común es el conflicto armado y social que vive el país. Es así, como desterrados de paramilitares, fuerza pública y guerrilla se asentaron en este territorio desde los años 70-80, pagando a los llamados terreros lotes con neveras, estufas, y otros bienes, pero también con cuotas mensuales, y hasta con hijas para hacerse a un pedazo de tierra donde levantar un rancho. Según nuestros guías, los terreros son apadrinados por concejales y políticos grandes de la ciudad. Mafia rentable.
 
Ocurre que en sus inicios estas comunidades traían con ellas, y desde su tierra natal, los conflictos. Los grupos paramilitares que se disputaban el territorio en Casanare, se encontraban en este rincón de la capital, y se encendían aquí también. Pero fueron entendiendo que eran víctimas de un problema común, la pobreza. Pobreza propiciada por las políticas de los distintos gobiernos, y por sus alianzas con gobiernos y grandes empresas extranjeras.

El vecino problemático del territorio, es el basurero Doña Juana. Cuyo proyecto se expuso a los campesinos y les aseguraron que duraría 10 años, ya llevan 30 y nada que dejan de depositar ahí los desechos de toda la ciudad. Moscas, zancudos, ratas, malos olores, problemas respiratorios, todo ello invadió la salud de la gente. La empresa Consorcio Centro de Gerenciamiento Doña Juana, que administra el basurero, recibe plata de la Suez Vivendi francesa (dueño de aguas de Barcelona). A esta relación económica la rodea la sospecha de un proyecto igual o más grande que Doña Juana, pues la Suez también tiene como negocio el agua en Panamá, Chile, Brasil y México, con inversiones en tratamiento de aguas residuales; y al estar cerca el páramo del Sumapaz (el más grande del mundo) despierta grandes sospechas. Blanco es, gallina lo pone y frito se come.

A medida que vamos subiendo la loma, vamos dejando atrás el barrio para llegar a la vereda. Pasquilla y Pasquillita nos reciben con fresas orgánicas, tinto, buñuelos y abrazos. Doña Tere, Salvador, Mechi nos cuentan desde el calor de su casa cómo han resistido por medio de la organización y paros a Doña Juana, al incremento de los robos, al abandono estatal y al empobrecimiento. Desde 1997 este territorio se moviliza contra las basuras y sus enfermedades. Las respuestas de la empresa y Alcaldía son platos amarillos y cintas con pegamento para atrapar moscas.

Junto a los paros, este proceso ha generado escuelas agroecológicas, fincas ecoturísticas, recorridos por el territorio conociendo las rutas muiscas y la permanente movilización para defender los bienes comunes, como el agua. Es así como el caminar de Asamblea Sur ha construido un sentido popular de la tierra, con cuatro enfoques:

-    Transicional: Manejo y transformación de los conflictos a un escenario deseado.
-    Diferencial: En lo biofísico: diversidad de ecosistemas, cultural, socio-económico, formas de apropiación y producción del territorio. Político-jurídico, diferentes regulaciones, institucionales y comunitarias
-    Territorial: Gestión del territorio y construcción de Autonomía territorial realidades locales
-    Participante: tarea conjunta y coordinada con la comunidad.

A pesar de las circunstancias cambiantes de su territorio, de las basuras, del desprecio gubernamental, estas comunidades organizadas se rehúsan a salir de los espacios que aún conservan como agro, pero teniendo una vida digna. ¿Qué les garantiza esa vida digna? La protesta social y la capacidad de organizarse con lo que construyen el tejido y fuerza social para exigir al Estado condiciones dignas de vida.

Es una disposición de vida, a pesar de las moscas, siempre zumbando sobre la comida. A pesar de ello, estos habitantes urbano-rurales siguen sonriendo y ofreciendo rica aromática con yerbas del jardín, y sonrisas sinceras que no acalla una multinacional extranjera o el vecino molesto que traga y traga basura.

*Secretaría de Comunicación y Formación
Coordinador Nacional Agrario

Publicado enEdición Nº259
La creciente rebelión popular frente al neoliberalismo: Amazon en Nueva York

Hace unos días apareció en la portada de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte una noticia que cayó como una bomba; veamos lo que ha ocurrido y la noticia que generó. Durante varios meses, una de las principales empresas tecnológicas del mundo, Amazon (dirigida por el hombre más rico del mundo), había anunciado que abriría una nueva sede en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, prometiendo generar nada menos que 25.000 nuevos puestos de trabajo. Queens es el distrito más pobre de la ciudad (que es mucho más extensa que su distrito más rico, Manhattan, que es en general la parte de Nueva York más visitada y prácticamente la única conocida por la gran mayoría de turistas que visitan esta ciudad). La inversión de Amazon en Queens iba a renovar, cambiar y modernizar significativamente aquella parte de la mayor urbe de EEUU. El establishment político neoyorquino, incluyendo el gobernador del Estado de Nueva York, el Sr. Cuomo (que a nivel popular había pasado a conocerse, en lugar de Andrew Cuomo, como Amazon Cuomo, del Partido Demócrata) así como el nuevo alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dirigente del ala progresista del Partido Demócrata, había ofrecido todo tipo de incentivos, incluidos incentivos fiscales (equivalente a un subsidio de más de 3 mil millones de dólares), para atraer a Amazon y que viniera a establecerse a Queens, creando empleo y reavivando aquella parte de la ciudad. Las encuestas señalaban que, aun cuando casi la mitad de los encuestados en la ciudad de Nueva York consideraban el subsidio público excesivo, estaban de acuerdo con el plan que había diseñado y promovido el Partido Demócrata de aquel Estado y de la ciudad para atraer a Amazon.


Invito al lector a pensar qué ocurriría si, en una ciudad como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o cualquier otra gran ciudad de España, el establishment político de dicha ciudad hubiera visto la oportunidad de atraer a Amazon a su urbe con la posibilidad de crear empleo (la frase que se utiliza más comúnmente para apoyar tales inversiones). Es más que probable que, al menos hasta hace poco, los establishments políticos y mediáticos (y sobre todo aquellos de orientación liberal) estuvieran movilizándose por tierra, mar y aire para conseguirlo. Parecería lógico, razonable y deseable que así ocurriera.


Amazon, sin embargo, se retiró. ¿Por qué?


Ahora bien, hace solo unos días, el 14 de febrero, la noticia bomba en primera página de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte fue que Amazon anunciaba que no iba a establecer la sede ni en Queens, ni en ninguna otra parte de Nueva York, debido a la oposición que había encontrado entre la población y los representantes políticos del distrito más directamente afectado por el establecimiento de la sede de Amazon.


En realidad, hubo una gran oposición entre amplios sectores de Queens y sus representantes políticos. Y la razón es fácil de entender. La gente que actualmente vive en Queens no se habría beneficiado. Al contrario, le habría perjudicado. Así pues, los vecinos no compartieron la euforia del establishment político-mediático, debido a varias causas. Una es que Amazon es una empresa tecnológica, de las más conocidas por su resistencia y agresividad contra la sindicalización de sus trabajadores y empleados. Tal empresa es el prototipo de empresa neoliberal, citada como modelo por los economistas neoliberales. En las negociaciones con los sindicatos Amazon no solo mostró su fuerte oposición a que sus empleados se sindicalizaran (indicando que preferían tener una relación individual y personal con sus empleados), sino que insistió en que se opondría a que los sindicatos intentaran acceder a sus trabajadores, así como a que hubiera elecciones para que los empleados pudieran votar tener un sindicato, y anunció además que tomaría represalias contra sus empleados que intentaran hacerlo. Es más, al analizar otras dimensiones características de Amazon, se ve que es una empresa que está muy en contra de pagar impuestos y utiliza su gran influencia política y mediática para promover una cultura anti-impuestos (desde el de rentas personales al impuesto de sociedades), empobreciendo las arcas de la autoridad pública del barrio, distrito o Estado, como ha ocurrido en la ciudad de Seattle, donde tiene la otra sede. Por otra parte, los empleados mejor pagados de tal empresa no proceden, por lo general, del barrio o distrito donde se encuentra la sede, una zona que se gentrificaría rápidamente, lo que acabaría por expulsar a sus actuales vecinos de donde han vivido siempre. En realidad, con el anuncio de que Amazon se establecería en aquel distrito, los precios de la propiedad y del alquiler subieron espectacularmente, lo cual habría implicado un cambio profundo en las características sociales, de comercio y de política fiscal de la zona, todas ellas desfavorables a los ya residentes en él. La “renovación” y “modernización” del distrito se habrían hecho a costa de la “expulsión de la población que ahora vivía en él”. Esta situación está sucediendo ya en todas las principales ciudades a los dos lados del Atlántico Norte.
La gentrificación de los barrios obreros


Lo que es nuevo es que la población se está rebelando contra el establishment político republicano y demócrata neoliberal, que se siente amenazado por un movimiento al que demonizan denominándolo “populista” y que se está extendiendo no solo en Queens y en Nueva York, sino también a lo largo de EEUU y también de Europa. Entre sus dirigentes está la nueva congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que representa a una parte de Queens y el Bronx en el Congreso de EEUU. Este movimiento utiliza el eslogan “sí se puede cambiar la situación”, semejante al “sí se puede” del 15-M en España. En su Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez subrayó que “en contra de lo que ellos quieren que te creas, todo es posible”. Y en el día en el que Amazon se retiró afirmó que “hoy es el día en el que un grupo de personas normales y corrientes, gente común, ciudadanos de Nueva York y sus distritos y barrios, han derrotado la avaricia sin límites de la corporación Amazon, la explotación de sus trabajadores y el poder del hombre más rico del mundo”. Su oposición amplia y contundente (los vecinos del distrito tomaron las salas de la cámara del parlamento neoyorkino durante las sesiones en las que se discutía el caso Amazon) al establishment político-mediático le ha generado una gran simpatía popular, facilitada por la enorme arrogancia mostrada por Amazon en sus relaciones con los políticos locales de la zona, a los cuales ni siquiera quiso ver, asumiendo que serían los primeros en acogerlos cuando en realidad fueron los que más se les opusieron. Nadie tomó en serio a los vecinos del distrito hasta que se movilizaron. Uno de sus pósteres denunciaba el contraste entre, por un lado, los planes que Amazon, con la ayuda del gobierno de la ciudad, estaba desarrollando para construir pistas de aterrizaje para los helicópteros de los ejecutivos de esta empresa, –y el deterioro tan acentuado del metro de Queens, por el otro.


Algo parecido ha estado ocurriendo en las grandes ciudades de España. En Barcelona, Ada Colau y el movimiento vecinal que lideró ganaron las elecciones municipales –en contra de todas las predicciones oficiales- como resultado del enfado popular frente a los intereses financieros que estaban destruyendo los barrios populares, haciendo imposible el acceso a la vivienda por parte de la población común. Ello explica la enorme hostilidad de los medios y de las derechas (y algunas izquierdas confusas) hacia su mandato. En este sentido, es importante señalar que en la cobertura de la retirada de Amazon de Nueva York la gran mayoría de los rotativos españoles que han informado sobre ello han presentado la versión de los hechos dada por Amazon y el establishment político-mediático de la ciudad de Nueva York. En ninguna parte se ha presentado la versión de lo ocurrido por parte de las clases populares. Un ejemplo más del enorme sesgo a favor del statu quo, con falta de vocación crítica, de la cultura mediática hegemónica en España (incluyendo Catalunya). Así de claro.

febrero 25, 2019

Publicado enSociedad
Apartamentos de lujo acabaron con los arrozales de Saigón

Pham Quoc Cong vive con seis integrantes de su familia en una habitación de 2 metros cuadrados en Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Es el sacrificio que tiene que hacer para permanecer en el centro de una de las urbes asiáticas donde los precios de la vivienda se incrementaron de manera considerable en años recientes.


Este obrero de la construcción vive en una habitación en las que las literas, el refrigerador y los juguetes de niño ocupan ya prácticamente todo el espacio.


Él duerme a menudo afuera en una tumbona. Es muy difícil encontrar un lugar seco durante la estación lluviosa, explica este hombre de 49 años que vive en este lugar desde 1975.
En Ciudad Ho Chi Minh, la capital económica de Vietnam, el precio de los terrenos subió a casi 18 mil euros (21 mil dólares) el metro cuadrado, por lo que sus vecinos más modestos fueron expulsados a la periferia.


Pero estamos acostumbrados a este barrio. Si nos vamos a otro lado no podremos subsistir, explica Cong, cuyas hermanas y sobrina viven todas con él y son vendedoras ambulantes en la zona.


Estas casas improvisadas están hoy rodeadas de proyectos inmobiliarios modernos o escondidas detrás de puestos de comida callejeros.


Mel Schenck, que estudia la arquitectura en plena mutación de la antigua Saigón, dice que estas microcasas pintorescas están condenadas a desaparecer de forma paulatina.
Algunas se remontan a la época de la colonización francesa, cuando el barrio estaba todavía cubierto por arrozales.


Nguyen Van Truong, que vive en otra de estas microcasas –cinco personas en 6 metros cuadrados– está preocupado por la construcción de un edificio de lujo justo al lado de su terreno.


No creo que obtengamos una indemnización muy buena en caso de expulsión, se desespera este hombre de 62 años.


En este país dirigido por un partido comunista todopoderoso, donde reina una importante corrupción, los responsables municipales son sospechosos de enriquecerse al ceder terrenos bien ubicados a promotores inmobiliarios y compensan a habitantes de esos lugares muy por debajo del precio del mercado.


Preferiría morir que verme forzado a abandonar este lugar, dice Truong.
AFP

 

Publicado enInternacional
De la experiencia urbana a la construcción colectiva de un nuevo paradigma de ciudad

La construcción de la ciudad hoy demanda nuevas lecturas y acciones encaminadas a reconocer las prácticas territoriales, comunitarias, organizativas e incluso institucionales, que redunden definitivamente en un modelo de ciudad ambiental y socialmente sostenible.

 

En “La experiencia urbana y su relación territorial expandida”**, artículo publicado en la anterior edición de este periódico hicimos referencia al actual modelo de ciudad, a algunas de sus principales características y problemáticas asociadas al desarrollo urbano de las ciudades colombianas, identificando las condiciones de segregación, exclusión, consumismo e individualidad que le dan sentido al modelo de ciudad vigente. Este panorama nos cuestiona acerca de ¿Cómo debería ser entonces la alternativa a éste modelo?

 

La premisa gira alrededor de una orientación más humana, sostenible y equitativa, construida a partir de repensar el hábitat como componente transversal y articulador de la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, y el acceso a los servicios públicos, complementarios y urbanos. Un modelo que fortalezca la participación y el trabajo colectivo de los ciudadanos, que les involucre, reconozca y garantice plenamente su derecho a la ciudad.

 

Un nuevo paradigma de ciudad

 

Al ver hacia donde se están orientando las ciudades desde las administraciones municipales, como Bogotá o Medellín, pareciera que un nuevo modelo o paradigma de ciudad está lejos, inalcanzable, pues la priorización de la inversión pública para generar infraestructura productiva está por encima de las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza.

 

El modelo actual considera necesaria la expansión de la ciudad, la renovación urbana y las intervenciones con bulldozer –que arrasan con lo construido, en términos de infraestructura y tejido social–, para potenciar un desarrollo físico espacial que abra las puertas a nuevas inversiones privadas y al mercado, dando paso principalmente al desarrollo económico y el intercambio acelerado de mercancías. La ciudad planeada por la tecnocracia estatal entra entonces en una contradicción expresa con la ciudad habitada –y construida también– por las comunidades.

 

A pesar de este panorama, la ciudad es producto de múltiples intervenciones hechas por diversos actores, quienes desde perspectivas distintas generan otras formas de apropiarla, realizando diferentes intervenciones comunitarias e, incluso públicas, logrando establecer dinámicas sostenibles con el medio ambiente, el vecindario y la ciudad misma.

 

Estas formas de intervención hacen parte de esa otra cara de lo urbano, de un nuevo paradigma que parte del reconocimiento de la ciudad habitada, socialmente construida, y del trabajo de procesos organizativos que por años han respondido a las adversidades de habitar la ciudad informal. A partir del reconocimiento de esa ciudad que no fue planeada pero que respondió a las necesidades de una población creciente –fuertemente ligadas al déficit de vivienda y los servicios públicos–, surgen estrategias claves desde la política pública para mejorar las condiciones del hábitat y compensar los desequilibrios urbanos.

 

Destacamos el papel que juegan, por ejemplo, el mejoramiento integral de barrios y la revitalización urbana en el posicionamiento de políticas e intervenciones que escuchan las exigencias históricas de la gente por acceso a servicios y espacio público, y que a partir de la escala barrial, del reconocimiento del tejido social y la infraestructura existente, integran la participación ciudadana a la planificación y gestión del territorio. La clave radica en ir más allá de intervenciones físicas puntuales o localizadas, comprometiendo las instituciones y los presupuestos públicos en alcanzar acciones espaciales que tengan como eje fundamental la participación de la gente en la construcción de la ciudad, y que estas actuaciones exitosas sean referentes replicables.

 

Propuestas que construyen el nuevo paradigma de ciudad

 

Con el fin de alimentar las intervenciones públicas, es necesario reconocer los aportes que colectivos y organizaciones realizan en ciudades como Bogotá y Medellín, evidenciando las interrelaciones entre lo público y lo comunitario, así como los espacios de trabajo reivindicados y promovidos por la sociedad que construyen el nuevo paradigma de ciudad.

 

En Bogotá, por ejemplo, puede encontrarse cómo la construcción de acueductos comunitarios en los Cerros Orientales garantiza la prestación de servicios, y han representado un ejercicio transformador del territorio que favorece la autonomía y autodeterminación de barrios completos. O cómo la conformación de una Audiencia Pública en la zona de expansión en Usme permitió jalonar intervenciones urgentes en cuestión de transporte y equipamientos en una zona construida por la misma Administración Distrital.

 

Cada una de estas actuaciones es compleja y está cargada de dificultades en su realización, y aun así conservan la cualidad de estar liderados por la comunidad misma y de responder a unas necesidades muy concretas e inaplazables de los territorios. Por ello la urgencia de repensar el paradigma o el modelo de ciudad radica en reconocer que la organización del territorio no es un ejercicio de decretos y escritorios exclusivamente, sino de acciones ampliadas que tienen múltiples referentes internos y externos que deben ser estudiados y adaptados con rigor. El ejercicio de la participación ciudadana es transversal en cada uno de los ejemplos mencionados, y logra la articulación y fortalecimiento del tejido social a partir de la construcción de diversas estrategias para dar solución a las dificultades comunes.


La transformación de los barrios de la periferia de Medellín

 

La capital antioqueña es uno de los puntos de referencia para el desarrollo urbano, no sólo en el país sino en Latinoamérica, sin embargo, las intervenciones de sus administraciones, que son ampliamente cuestionadas por su insostenibilidad, generan nuevas tensiones territoriales que requieren de la organización y el establecimiento de lógicas de interlocución que permitan llegar a acuerdos entre la comunidad y el municipio. Ejemplo de esto es la estrategia Cinturón Verde, que, aunque busca contener el crecimiento de la ciudad, genera una dinámica de especulación en el mercado del suelo que termina expulsando a los habitantes tradicionales de las zonas afectadas por tal estrategia.

Proyectos urbanos de este tipo, parecen tener implícita la expulsión de la población de un territorio, como si esta no tuviera derecho a residir en los espacios que con su propio esfuerzo han desarrollado o habilitado. En contra respuesta, el mejoramiento de barrios surge como una estrategia poderosa para el ejercicio colectivo e incluyente, que permite interpretar de manera amplia la integración de respuestas a las necesidades –o expectativas– de una comunidad, a la vez que le relaciona con la escala de la ciudad y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

Grupos como la Mesa Interbarrial de Desconectados, la Mesa de Vivienda Comuna 8, el Movimiento de Pobladores, entre otros, crean espacios de discusión y formación territorial para pensar una propuesta de ciudad alternativa desde las comunidades, que haga valer su derecho a la ciudad y a participar en las decisiones de cómo, para qué y para quiénes se construye la ciudad. Trabajo que ya ha dado frutos al incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, los principios de derecho a la ciudad y la protección a moradores, los cuales permiten consolidar el modelo de ocupación territorial que se propuso Medellín, y que deben convertirse en un referente para otras ciudades y municipios.

 

Las mujeres en la lucha por el hábitat en Bogotá

 

En la zona de expansión urbana de Bogotá la construcción de vivienda masiva ha representado para sus nuevos habitantes una oportunidad de establecer un proyecto de vida. La “casita”, como propiedad, en muchos casos es una garantía para el futuro y la reconstrucción de la vida misma. Sin embargo, estos grandes proyectos que buscan dar una propiedad especialmente a grupos vulnerados y empobrecidos, generan nuevas tensiones de difícil manejo para quienes las habitan, especialmente frente a la convivencia y la adaptación a la vida en propiedad horizontal, además del conflicto que representa habitar un espacio entre lo urbano y lo rural.

 

Esta presión recae especialmente sobre las mujeres y su rol histórico –y solitario– en la comunidad, pues quienes más sufren esta débil calidad de vida en un hábitat tan precario como el que hoy por hoy ofrece el modelo de vivienda, son ellas. La falta de equipamientos como jardines infantiles u hospitales, la baja calidad del espacio público o la falta de transporte dificultan las tareas de reproducción y cuidado, y aumentan la doble carga que de por sí ya tienen las mujeres en sus hogares.

 

En un rincón de Bogotá, en la localidad de Usme, los grupos ciudadanos organizados que han dado luz al mejoramiento e instalación de servicios como el alumbrado en las calles, la construcción de jardines infantiles o el acercamiento de servicios sociales como el control de perros o gatos, de dinámicas productivas como las huertas urbanas y la economía rural, o de acceso a derechos culturales como la lectura, el baile o la pintura, están conformados fundamentalmente por mujeres, que a través de los mecanismos jurídicos y de participación han logrado llamar la atención sobre los múltiples sobrepesos que implica habitar la ciudad formal y planeada.

 

La lucha por el agua y el ambiente en Bogotá

 

Desde el borde sur de Bogotá, un grupo de jóvenes se agrupa bajo la consigna “Parque Ecológico Cerro Seco. Lo queremos, lo necesitamos”, y adelanta un trabajo en colectivo para defender de la minería al ecosistema subxerofítico, propio de la alta montaña, y a los habitantes de sus barrios de los impactos que implicaría tal explotación para la salud. Con este trabajo defienden un modo de vida basado en el respeto a la naturaleza y ponen manifiesta la relación existente entre esta y la calidad de vida. En vez de canteras, la juventud organizada de Ciudad Bolívar pide la conformación del parque metropolitano, un espacio que sirva para la conservación, la educación ambiental y para poner freno a la expansión urbana.

Esta experiencia se convierte en un ejercicio intergeneracional de toma de conciencia sobre el territorio: mientras los abuelos fueron quienes dominaron la montaña para construir un proyecto de vida, los jóvenes retomaron la idea de la autogestión del territorio para resignificar el espacio que habitan y proponer un nuevo modelo ambiental y de espacio público. Este territorio es reconocido en la actualidad como un cuerpo vivo que hay que defender, no sólo desde las pujas administrativas, sino desde las prácticas culturales y económicas, y que deben ser transformadas en función del cuidado de la vida y la naturaleza.

 

Materialización del nuevo paradigma de ciudad

 

Cada uno de los ejemplos expuestos evidencian el accionar amplio y diverso que fluye de manera permanente en los territorios y que, además de resistir al modelo de la ciudad de hoy, propone formas de disputa de la misma en el que se garantizan derechos y se construyen otros. Estas posibilidades se dan a partir del trabajo organizado de colectivos y comunidades que desde sus acciones configuran y dotan de sentido un nuevo modelo de ciudad distante del que se sufre en la cotidianidad.

 

Este es un paradigma de ciudad que reconoce a los habitantes y a las comunidades como actores constructores de la ciudad, con capacidades para identificar las necesidades insatisfechas en lo urbano y el entorno natural, y que prioriza formas de resolverlas potenciando los mecanismos de gestión asociada. Este paradigma es posible y se evidencia mediante al menos tres elementos:

 

i) El reconocimiento desde las acciones públicas del territorio socialmente construido que es apropiado de múltiples formas según las necesidades e intereses de los diferentes actores, para que las intervenciones propuestas por la administración pública, partan de los consensos colectivos.
ii) La identificación y potencialización de la construcción de tejido social, con el cual florece el sentido de la vida en la ciudad. La generación de dinámicas que aumenten la participación de la población en la toma de decisiones, además de favorecer las lógicas en las que esto ha sido posible en los territorios, es una deuda a saldar desde los espacios de poder público.
iii) La apertura de la participación ciudadana en espacios o instrumentos de planificación estatal. La sociedad como fuente y creadora de derecho debe permear el ordenamiento jurídico y la institucionalidad en materia urbana, a través de los acuerdos sobre el territorio habitado y administrando de manera consensuada y colectiva los espacios que habitan.

El paradigma de ciudad propone traspasar la frontera existente entre el ejercicio de participación en la planeación territorial y el Estado. Su materialización podrá evidenciarse en el momento en el que se logre disminuir la brecha existente entre el ejercicio de la participación y los escenarios legales y técnicos propios del ámbito estatal, materializando una ciudad más equitativa y con servicios urbanos al alcance de todas las personas.

 

Es preciso entonces, fortalecer un sentido, una idea y una razón sobre la cual organizarse y tejer comunidad, teniendo en cuenta que la diversidad de actores hace también dificultosa la tarea de construir ciudades social y ambientalmente sostenibles. Finalmente, es necesario resaltar que la participación y el ejercicio colectivo de la gestión y las victorias por el espacio, construyen de manera incidente, la única y más preciada forma de construir ciudad sobre la ciudad, en la cotidianidad y desde abajo.

 

* Ma. Camila Carreño Novoa, Carolina Catumba, Lucía Duque Guevara y Natalia PedrazaMora
** Ver artículo “La experiencia urbana y su relación territorial expandida” en: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34922-la-experiencia-urbana-y-su-relacion-territorial-expandida.html

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