Jueves, 15 Noviembre 2018 17:05

Comunicación y ciudadanías

Comunicación y ciudadanías

En este texto se reúnen reflexiones e investigaciones que tienen, de una u otra manera, su mirada puesta en la ciudadanía. Intentando que la comunicación nos permita ver el bosque y que sepamos qué papel debemos jugar en esta realidad acelerada para construir ciudadanías activas e influyentes. Los diversos abordajes que aquí se presentan son variopintos y por ello enriquecedores del campo académico desde el que está escritos. Una suerte de pensamientos, hechos, relatoras y crítica social a las ciudadanías, o a sus formas y ausencias.


La intención es plantear propuestas que nos relaciones con las muchas ciudadanías posibles y las numerosas maneras de abordarlas. La finalidad es que abran los debates y las reflexiones para ir sumando personas y acciones a la lucha por otra ciudadanía más universal, en el sentido que se entienden los derechos humanos, que trascienda límites y fronteras.

Lunes, 25 Junio 2018 09:13

La rebelión de los phatos

La rebelión de los phatos

Inducidos a proceder como animales, como patos, negados en su derecho a la protesta, miles de ciudadanos bogotanos resisten a una campaña de control anti-evasiva. Motivados por varias fallas del sistema de transporte público conocido como Transmilenio, los phatos resisten desde décadas atrás.

 

Van a ser la cinco de la mañana, algunas personas invaden el ambiente con sus perfumes y otras dejan entrever el cansancio en sus caras todavía adormecidas; el Transmilenio que los llevará a su lugar de trabajo aún no llega. Todavía no asoma el alba en el portal de El Dorado, donde continuas corrientes de aire frío lo cruzan de punta a punta.

 

Al frente de la parada, la calle 26 en su sentido oriente-occidente, un largo muro de tubos metálicos de 1.80 metros de altura, bloquean el paso de la calle hacia las instalaciones del portal. Varios hombres saltan el muro apoyándose sobre las cabezas de los tubos. Las mujeres, por su parte, caminan menos de una cuadra hacía donde termina el muro, lo pasan sin ningún inconveniente.

 

Todas las personas que esperan el articulado observan por lo menos una docena de phatos que se colaron al sistema en menos de 10 minutos; un vigilante miró la acción, y sin reacción alguna prosiguió en la charla que lo distrae. Ese vigilante. como todos los demás funcionarios del sistema, no saben que desde el inicio de operaciones hasta su final, una rebelión empieza su curso en los nueves portales del sistema Transmilenio y en las casi 150 estaciones que lo integran.

 

Un método contraproducente

 

No les dio resultado. Bajo los lemas: “Si hay colados todos pagamos el pato” o el “el pato paga”, enarbolaron en los medios oficiosos de comunicación, con publicidad dentro de los buses articulados, y en las estaciones, una campaña que in-justifica una acción de protesta induciéndola a una acción animal. En las estaciones y portales del sistema, carpas con personal policial o alguna persona disfrazada de pato, encarnan una disputa que desde el mes de abril de 2017, Transmilenio S.A., en alianza con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana, implementan.

 

La meta de la campaña es lograr que los ciudadanos dejen de justificar a los evasores y empiecen a tomar una posición activa de rechazo de tal práctica. Pero la campaña no encuentra aceptación. Su principal error fue encasillar a los evasores como animales y no como seres humanos que evaden el sistema impulsados a ello por las afujías económicas que agobian a miles de habitantes de la capital del país, o simplemente como rechazo por el mal servicio que presta la empresa.

 

Alusión filosófica. Aristóteles, en su libro Retórica, nos dice: “De los argumentos procurados por el discurso hay tres especies: unos residen en el comportamiento del que habla; otros, en poner al oyente en una determinada disposición; otros, en el propio discurso, por lo que demuestra o parece demostrar”. A los argumentos del comportamiento los llama “ethos”, a los relacionados con los oyentes “pathos” y a los que convencen por el propio discurso “logos”.

 

Los argumentos relacionados al “phatos” están ligados a los sentimientos, a las pasiones o a los estados de ánimo que bien se podrían categorizar en las pasiones del dolor, y las del placer, y son las causantes de que el ser humano cambie de juicio. En palabras de Aristóteles: “por los oyentes: cuando se ven inducidos a un estado de ánimo por el discurso. Pues no tomamos las mismas decisiones afligidos que alegres, ni como amigos, las mismas como enemigos”.

 

En este sentido, es probable que los discursos utilizados por la campaña de Transmilenio lograran un efecto contrario al pretendido con la ciudadanía. El periódico desdeabajo envío un formulario vía internet a Catalina Hoyos –gerente del proyecto y de la campaña–, para conocer los resultados de la campaña y su trasfondo.

 

Ante la pregunta ¿Qué resultados ha dado la campaña de prevención ‘Todos pagamos el pato’?, Catalina Hoyos respondió: “En la fase I: todos pagamos el pato, se refuerza el imaginario de la sanción moral. En la fase II: el pato paga, refuerza la norma mediante el Código Nacional de Policía.

 

La estrategia de la campaña se encuentra reforzada con una medición de encuesta realizada a 684 personas entre los meses de marzo, junio y julio de 2017. Con la encuesta le preguntaron a las personas: Si usted se colara en Transmilenio qué sentiría: culpa, miedo o vergüenza. Es claro, la encuesta devela los tres discursos que buscan generar tres emociones negativas, ligadas al dolor, donde el objetivo es que los futuros colados interioricen esas pasiones y no evadan el sistema.

 

Miremos como opera cada discurso en el manejo de estas emociones


La culpa: ¿Cómo afecta la culpa el colado al sistema? Por medio de publicidad y ayuda de medios de comunicación nos dicen que el fenómeno de la evasión le genera grandes pérdidas económicas al Sistema Transmilenio. Los colados aumentan la necesidad de generar transferencias por parte del Distrito para evitar un mayor déficit en la operación, lo que impide que los recursos que salen de los bolsillos de los bogotanos puedan invertirse en mejorar la calidad del servicio.

 

La vergüenza: se trata de que quien evada el pago del sistema de transporte, llegue a sentir vergüenza. Para ello la propaganda difundida por todo el sistema, más los medios masivos de comunicación, enfatizan en el daño que hace al sistema la evasión, medios que rechazan al mismo tiempo las acciones de inconformidad ciudadana y legitiman el control gubernamental de la no protesta. Se motiva, al mismo tiempo, el apoyo al personal de la empresa de vigilancia contratada por Transmilenio S.A. Al mismo tiempo, la Policía Metropolitana apoya o verifica, de forma aleatoria y con ayuda tecnológica, las tarjetas de ingreso al sistema, para establecer las validaciones de pago de pasajes.

 

El miedo: el pato paga, lo que Catalina llama reforzar con la norma (Código Nacional de Policía), estuvo acompañada con el propósito de continuar combatiendo los colados en el Sistema de Transporte Público de Bogotá. Para tal propósito, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Policía Metropolitana de Bogotá y Transmilenio S.A. pusieron en marcha, en ocho Portales del Sistema, la medida de cursos pedagógicos para infractores. Además de la multa que asciende a $196.720 pesos, quienesingresen al Sistema Transmilenio sin pagar su pasaje, son trasladados por la Policía Metropolitana a las carpas habilitadas para dictar los cursos pedagógicos que contempla el Código de Policía y Convivencia, cuando se comete este comportamiento contrario a la convivencia.

 

El discurso de la campaña “Si hay colados, todos pagamos el pato”, está basado en miedo, vergüenza y el estigma de ser juzgado como un mal ciudadano, pues si usted se cola será multado con dinero, será considerado como un ciudadano sin cultura, culpándolo, además, por la falta de presupuesto para que el sistema pueda arreglar la infraestructura y el servicio.

 

La acción en masa, diaria, de no pago, por parte de miles de usuarios, se convierte en una rebelión. Esta campaña no ha funcionado, si usted es un asiduo pasajero de Transmilenio o pertenece a la rebelión de los phatos, verá diariamente a miles de personas que evaden el sistema de distintas maneras, lo que podría verse como una forma de resistencia y de protesta ante los discursos de control y persuasión opresiva que emite el sistema. Una protesta que nace desde una inconformidad individual contra un sistema de transporte inequitativo puede evadir, como es en este caso, cualquier campaña de desprestigio.

 

La revuelta de los miserables

 

En el cuestionario dirigido a la funcionaria de Transmilenio, tratando de entretejer y develar esta rebelión que se prolonga en el tiempo, también preguntamos:

 

da. ¿Qué simboliza el animal Pato en la campaña?
CH. Es el Pato Patán. Un personaje al que no le importa transgredir las normas dentro del Sistema.

 

La campaña anti evasión se convierte en una estrategia fallida porque considera al ciudadano que evade el pago del servicio como a un animal sin la facultad de la interpretación, pero la reacción, al final, es todo lo contrario, pues el pato pertenece a la misma familia del ganso, y como Aristóteles nos dice en su libro Investigación de los animales, los animales presentan diferencias relativas al carácter […] así mismo, unos son astutos y malvados como la zorra; otros esquivos y cautos como el ganso; otros envidiosos y presumidos como el pavo real. Pero el hombre es el único animal capaz de reflexión. Muchos son los animales que poseen la facultad de la memoria y el aprendizaje; sin embargo, sólo el hombre es capaz de recordar. Y recordar es lo que hacen los miles de phatos todos los días, antes de ser inducidos a convertirse en “patos”.

 

Jaime Sánchez, estudiante de gastronomía en el Politécnico Internacional y jefe de cocina de la panadería El Trigal, demuestra su elasticidad cada vez que corre por la calle 80 y con mucha agilidad, yde un solo impulso, ya está colado sobre la puerta de la estación Minuto. “Yo me colo con orgullo, sino tuviera que trabajar 12 horas diarias para pagar el millón doscientos mil pesos mensual para pagar mi estudio no me colaría, pero como son $4.600 pesos diarios que me equivalen al 15% de mi sueldo al mes, me parece injusto pagar ese porcentaje por un transporte pésimo”.

 

La calle 80 también es un motivo justificable de recordación para los phatos, puesto que allí, un domingo 26 de agosto de 2001 se realizó el primer bloqueo contra Transmilenio. Estando Bogotá dominada por los buses piratas, con más de 400 rutas ilegales, Transmilenio no suplió las necesidades de transporte. Como lo data el dominical de El Tiempo de la fecha en mención, cerca de 100 personas taponaron la estación de la calle 80 con Av. 68 en protesta por sobrecupo y mal servicio (Ver imagen 1).

 

Pero esta realidad de los colados, no es un fenómeno reciente, como lo hacen ver determinados medios de comunicación, expertos en movilidad y las directivas de Transmilenio. El problema de un servicio paupérrimo, carísimo e injusto, con su falsa promesa de que mejorará, lleva 17 años y los phatos vienen protestando desde el 2001.

 

La edición de El Tiempo de mayo 19 de 2002, contó que la Secretaría de Tránsito en marzo de 2002 hizo la propuesta de bajar las tarifas que cobran a los usuarios, basada en los resultados de un estudio que contrató esta entidad con el CED de la Universidad de Los Andes. Dicho informe demostró que los pasajeros estaban pagando más de la cuenta por un servicio lleno de fallas y mala calidad. Nada ajeno a una realidad en la cual el problema de los altos costos de la tarifa se prolonga 16 años después de identificado, y en donde la alcaldía de Enrique Peñalosa incrementó la tarifa en 500 pesos en solo 3 años. Por lo demás, tarifas diferenciales, como a las que debieran tener derecho estudiantes y adultos mayores, brillan por su inexistencia.

 

ES una realidad que se prolonga. Las malas administraciones no han dado tregua a los millones de usuarios del sistema con su salvaje gestión y los phatos han respondido con su resistencia. La rebelión se justifica cuando, por ejemplo, una madre soltera que gana el salario mínimo –781.242 pesos– y realiza dos viajes diarios durante todo el mes –138.000 pesos equivalente al 17 por ciento de su salario–, evade el pasaje para pagar sus deudas o alimentar a sus hijos.

 

José Rincón*, funcionario del sistema, vive la rebelión todos los días en la estación de calle 57, mientras se para en los torniquetes de entrada y salida. Validando los pasajes y siendo también guía de rutas de viaje, con el pelo crespo y unas gafas de montura delgada, le dice a cada phato que encuentra en rebelión: “vecino, valide el pasaje”, y a la par cuenta: “Yo los veo; cuando se cola uno y empieza una reacción en cadena”, trato de llamarles la atención, y les reclamo que deben validar el pasaje, ante lo cual no es raro que me digan, como lo hizo con coraje un phato hace poco: “caballero, no le llene los bolsillos a los que tienen plata”.

 

El abuelo del Transmilenio

 

La ineficiencia de la alcaldía, mal servicio, tarifas carísimas, sistema mal diseñado, son más que evidentes en el caso que nos ocupa, mucho más si un problema tan básico como la congestión que se vive en Transmilenio no ha sido solucionada tras 2 décadas de reclamos. Y hablando del tiempo, nos podemos remontar al ‘abuelo’ del Transmilenio, y demostrar cómo fueron las emociones, y en consecuencia los phatos originarios de la primera huelga de tranvías en Bogotá, contada por el Diario Gráfico Mundo al Día un 21 de abril de 1924 (Ver imagen 2).

 

La humillación al trabajador y las pasiones negativas ligadas al dolor conllevaron a la huelga. Era un lluvioso abril de los años 20 del siglo XIX, y en principio los conductores de los tranvías habían firmado un memorial contra el Superintendente del tranvía, de origen español, Emilio Castillo y García. “Ellos decían que la principal causa era el carácter violento del señor Castillo y el mal trato que les daba”.

 

A la siguiente nómina cuarenta y cinco conductores fueron destituidos, todos ellos habían firmado el memorial contra Castillo. Al enterarse del despido “a las tres de la tarde la línea de Chapinero estaba casi paralizada” y en medio de la huelga el superintendente terminó disparando un fatal proyectil a la sien del joven conductor Plinio Cárdenas. A la huelga se sumaron estudiantes, obreros y simpatizantes, quienes marcharon hasta la plaza de Bolívar donde atronaron el espacio con gritos similares a los abuelos de la independencia: “¡Abajo los chapetones!” “¡Muera España!”

 

La huelga de tranviarios terminó con un acta firmada con el Ministerio de Industrias, donde los empleados sustituidos conservaban sus puestos, no habría represalias por el paro y se hizo la destitución y arresto del Superintendente Emilio Castillo y García.

 

Una realidad de ayer y de hoy, del pasado lejano y del presente. Inducidos los ciudadanos por las fallas del sistema, y por la ineficacia de sus instituciones, presionados a pensar como animales, para renegarlos a las pasiones del dolor, distintos phatos se rebelan demostrando que la audacia, la alegría, la añoranza y el placer están por encima de los que creen y piensan que controlan al ser humano opacando su derecho a la protesta y a la organización.

 

Yo también me he colado, yo también soy un phato.

 

* Nombre de la persona y de la estación cambiado a petición de la fuente.
Retórica, Aristóteles. pp. 53–54. Traducción Alberto Bernabé Alianza Editorial. 2007.
Investigación sobre los animales, Aristóteles p. 48. Traducción Julio Pallí Bonet. Editorial Gredos. 1992.
Diario Gráfico Mundo al Día (21 de abril de 1924).
El Tiempo (19 de mayo de 2002).
El Tiempo (26 de agosto de 2001).

Publicado enEdición Nº247
Trump expulsa a los hondureños sin visa

En 1998 fueron recibidos después del desastre del huracán Mitch. Ahora tienen menos de dos años para irse o ser deportados, pese a que tienen familia y propiedad en EE.UU.

 

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer el final de la protección migratoria especial, conocida como TPS, a la que están acogidos unos 57.000 ciudadanos de Honduras desde que el huracán “Mitch” devastó el país centroamericano en 1998. El Departamento de Seguridad Nacional les dio de plazo hasta el 5 de enero de 2020 para que abandonen Estados Unidos o regularicen su situación por otros cauces. Quienes no lo hagan se convertirán en indocumentados y quedarán expuestos a ser deportados. La medida es un nuevo paso en las políticas migratorias restrictivas que Trump convirtió en un pilar de su acción de gobierno. En los últimos meses canceló entre otros el TPS de salvadoreños, haitianos y nicaragüenses. Ya son más de 300.000 inmigrantes que se van a quedar sin protección.


El Gobierno de Honduras, que en los últimos meses desplegó una gran actividad diplomática en Washington para intentar convencer al gobierno republicano de mantener el TPS, lamentó profundamente la cancelación y la enmarcó en, según dijo, una política de Estado de la administración Trump.


En Estados Unidos, la decisión fue inmediatamente criticada como despiadada y maliciosa por organizaciones de derechos civiles, colectivos inmigrantes y políticos demócratas. Muchos de sus beneficiarios llevan veinte años en el país, tienen trabajos, abrieron negocios y echaron raíces. De hecho, son padres de 53.000 hijos nacidos en Estados Unidos, que por ello tienen la nacionalidad norteamericana. El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia. Da permisos de residencia y trabajo. Sus beneficiarios son sometidos a un estricto examen para comprobar entre otras cosas que carecen de antecedentes criminales.


A Honduras le concedió el TPS la administración del demócrata Bill Clinton después del paso de “Mitch”, un ciclón que en palabras del entonces presidente hondureño, Carlos Flores, destruyó 50 años de progreso en el país. Sólo en Honduras mató a unas 7000 personas. El programa benefició a hasta 86.000 hondureños y sigue habiendo 57.000 registrados, según las cifras del Servicio de Estudios del Congreso estadounidense. Constituyen el segundo gran grupo protegido por el programa, tras los 195.000 salvadoreños. Estos tienen hasta septiembre de 2019 para dejar el país o arreglar sus papeles.


Desde 1999, todas las administraciones, republicanas como demócratas, fueron renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños. Pero el Gobierno de Trump ha considerado que ya no existe la situación que motivó su concesión. “Las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, en el comunicado en el que oficializó la decisión. “El Gobierno estadounidense se compromete a trabajar con el de Honduras para facilitar una transición ordenada”, aseguró la funcionaria.


Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no tuvo en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras. Nielsen opinó que el plazo hasta enero de 2020 da tiempo al Gobierno hondureño para prepararse para el retorno y la reintegración de sus ciudadanos.
“Una vez más reiteramos a nuestros compatriotas que actualmente están fuera del país, que son y serán siempre bienvenidos en su patria donde se les recibirá con los brazos abiertos”, manifestó en Tegucigalpa el vicecanciller hondureño, José Isaías Barahona.


Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 personas, una de las más altas del planeta. El país encabeza además la tasa de femicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo. Sin embargo, más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza. “Esta decisión pondrá a los beneficiarios hondureños del TPS en gran riesgo de inseguridad alimentaria, sanitaria y de vivienda”, manifestó el Caucus Hispano del Congreso estadounidense, integrado por legisladores demócratas.

Publicado enInternacional
Honduras: Paro Cívico contra el Fraude Electoral

ALAI AMLATINA, 30/11/2017.- Algo que era imposible en materia estadística, a criterio de analistas y futurólogos del Partido Nacional, caso de Chano Rivera y Ebal Díaz, se está dando en Honduras. El Partido Nacional de Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza, presenta documentación donde él gana las elecciones generales del 26 de noviembre y no Salvador Nasralla de la Alianza Opositora contra la Dictadura, aun cuando después de haberse escrutado el 60% de las actas válidas, el triunfo le favorecía a este último por un margen de 5%.

Después de la primer declaratoria sobre las elecciones en Honduras por miembros del Tribunal Nacional Electoral (TNE), su presidente, David Matamoros Batson, militante de dicho partido político, anunció que ya no se darán más resultados hasta que se tenga el 100% de las actas, lo que sucederá el jueves 30 de Noviembre de 2017; hoy se habla que puede ser la semana próxima. Sin embargo, en las páginas del TNE siguieron aparecieron actas cuyos resultados dan como ganador a JOH con un margen de menos de 1%. El Ingeniero Salvador Nasralla denunció que David Matamoros autorizó solo la promulgación de actas donde los resultados le favorecen a JOH, dejando para nueva orden aquellas que le favorecen a él, caso de los departamentos y centros de mayor población urbana y joven.

Salvador Nasralla de buena Fe, firmó un acuerdo con miembros de la OEA encabezados por el golpista Jorge Quiroga, donde se compromete a respetar los resultados del TNE siempre y cuando se respeten los números de las actas en poder de todos, pero seguidamente los miembros del Tribunal Electoral conformado por miembros del Partido Nacional, Democracia Cristiana (cuyo dueño es Arturo Corrales Álvarez, el Gurú caído, Unión Democrática y el Partido Liberal), no así por representantes de miembros de los Partidos de la Alianza ( LIBRE, PINU-SD y del PAC robado a Nasralla), anunciaron que el sistema se cayó, por lo que no ingresaran nuevas actas, que para los militantes de la Alianza Opositora corresponden a departamentos y municipios donde se gana holgadamente la casilla presidencial.

El argumento de Salvador Nasralla para suscribir dicho acuerdo sin el consentimiento de las bases de la Alianza, es que JOH, una vez que alcanzara y superara a Nasralla, el TNE lo declararía Presidente. Ello, además, fue denunciado por autoridades del Partido Alianza contra la Dictadura, por lo que han llamado a todos los militantes para que se vengan a la ciudad capital a defender el triunfo de Nasralla, ya que se lo quieren robar con un fraude.

Han habido protestas en todo el país, denunciado esta nueva maniobra del Partido Nacional en contubernio con miembros del Tribunal Electoral (se excluye a Ramiro Lobo de la UD) y algunos representantes de los observadores internacionales que, según el argumento de las autoridades de la Alianza, todavía no se pronuncian sobre la falta de ingreso de las actas procedentes de los departamentos y municipios donde le dan el triunfo a su candidato. Los observadores hablan y exigen mayor celeridad al TNE, pero solo se procesan actas donde JOH ganó. Nasralla exige un contento aleatorio, para evitar y no permitir un fraude electoral que solo beneficia a JOH y su grupo.

Al parecer, la suerte está echada, y el TNE con apoyo de la OEA, iglesias evangélicas fundamentalistas, cierto grupo de la empresa privada ligada a la industria maquiladora y empresas extractivas, dirigentes campesinos corruptos y la mayor parte de los medios televisivos, darán a conocer resultados donde JOH gana por poco margen, pero gana. En el caso de la Embajada Americana, llama la atención su silencio cómplice, y es de esperar que reconozca a JOH como presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo aunque sea una elección ilegitima, y su gobierno haya sido cuestionado por actos de corrupción.

Todos estos elementos, permiten argumentar que en Honduras se está fraguando un fraude electoral de magnitudes insospechables para la economía y sociedad hondureña. El calificativo político es el de Golpe Técnico o de Mano Blanda, ya que lo poderes seguirán funcionando pero la voluntad popular ha sido de nuevo burlada. Muestran además una institucionalidad electoral viciada y corrupta, que responde al interés de grupos y poderes fácticos, más que a los deseos y manifestaciones de los electores.

Si este robo de una elección presidencial se consuma, los dirigentes de la Alianza Opositora deben convocar a un Paro Cívico a toda la población hondureña para protestar de dicha forma en contra del fraude. Igualmente, en aquellos casos donde existe alteración de actas, pedir un conteo público por urna y municipio con representación de ellos y observadores independientes. El paro cívico es una forma de protesta pacífica de la mayor parte de la población que rechaza el continuismo ilegitimo de JOH y el robo de las elecciones a Salvador Nasralla. El coteo, para demostrar que su lucha ha sido limpia.

Este fraude y las denuncias que vienen de todo el país, deben ser documentados y trasladados a la Fiscalía General de la Republica, para que proceda de oficio, igual a la Corte Suprema de Justicia. A criterio de miembros del equipo antifraude del Partido de Alianza contra la Dictadura, no importa que dichas instituciones sean controladas por el Presidente de la Republica, lo que importante es mostrar la evidencia del zarpazo a la democracia y que sirva de evidencia para que el mundo se pronuncie en contra de esta práctica corrupta y antidemocrática.

Tegucigalpa, DC, 30 de Noviembre de 2017

Publicado enInternacional
Lunes, 06 Noviembre 2017 08:17

Una lucha pacífica y transversal

Representantes soberanistas tras una pancarta en Barcelona.

 

Con la distancia que proporciona el tiempo, aun el breve tiempo transcurrido, podemos encarar ahora el análisis del dato duro de la coyuntura política en Cataluña, esto es, el “exilio” del president Puigdemont en Bélgica.

La realidad de las cosas, confusa al principio por obra de un fuego mediático interesado menos en aclarar que en oscurecer, ha ido sedimentando, paulatinamente, la certeza de que Carles Puigdemont tomó la mejor decisión -tal vez la única con que contaba en su circunstancia concreta- que podía tomar. Evitó la violencia. Evitó la masacre. Sus partidarios y aun los que, sin serlo, aspiran a la independencia o, simplemente, a que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y la negociación, lo hubieran defendido. Y las fuerzas policíacas del Estado español, que el 1 de octubre no escatimaron violencia descargada sobre ciudadanos que manifestaban en paz, habrían hecho lo mismo esta vez y -el lógico presumirlo- tal vez se hubieran perdido vidas.

La gran lucha por la independencia es grande porque es pacífica, transversal e inclusiva; y porque es una lucha que nace de valores como la democracia, la libertad y la dignidad. Por eso la gente sale a la calle y se manifiesta y expresa su indignación cantando. Brilla con luz propia la calidad espiritual del pueblo catalán, y mucho más brilla por oposición con la desaforada imagen represiva del gobierno del Partido Popular de España presidido por Mariano Rajoy.

La inteligente actitud del pueblo catalán (que no por inteligente deja de ser espontánea) contrasta con la de un gobierno ya vivido como exterior a Cataluña que, además, se halla, por estos días, persiguiendo a muchos jóvenes activistas de la redes debido a que muestran videos de los actos de violencia del 1 de octubre; así fue como se llevaron esposada, frente a sus hijos menores, a una señora joven por manifestar su indignación en el Facebook. Junto al miedo que se intenta derramar en la población, se ven las detenciones de 9 consellers del govern y el pedido de detención del president Puigdemont y los 4 consellers que faltan para poner en prisión a todo el gobierno Catalán.

Hay allí un propósito avieso y perverso: la provocación. El Estado español provoca buscando escenarios de violencia. Tendría, de ese modo, una excusa frente a Europa para intervenir por más tiempo y desactivar el entramado social pacífico catalán. Y, junto a ello, la amenaza: el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de España, general de Ejército Fernando Alejandre, ha escrito una columna, en el diario monárquico ABC, en la que señala que “la historia demuestra que, llegado el caso, los españoles y con ellos las Fuerzas Armadas, sabemos defender nuestra Nación”.

Pero hasta ahora Rajoy está fracasando en su objetivo de enervar la pacífica lucha independentista catalana. No sólo porque los catalanes no se han dejado provocar ni lo harán en el futuro, sino porque es la propia Unión Europea la que sintoniza mejor con la actitud de paz y diálogo. Claramente Europa le dijo a Rajoy que se abstenga de la violencia y que la intervención dure poco. Y así, de los seis meses planificados en un principio, el gobierno español ha dicho ya que la anomalía institucional que significa su presencia cuasimilitar en Cataluña sólo durará siete semanas, es decir, hasta las elecciones del jueves 21 de diciembre próximo.

Es de lamentar, sin embargo, que los problemas no terminen ahí. El gobierno español jugó la baza de que los independentistas no se presentarían a elecciones, pero ha perdido o está en vías de perder, porque los partidos de la independencia no sólo se presentarán sino que es probable que vuelvan a ganar. Ante ello, los que se llenan la boca con “la ley” han dicho que, de nuevo, cambiarán la ley por el garrote. En efecto, Enric Millo, delegado del gobierno de Madrid en Barcelona, dijo: “si ganan, aplicaremos nuevamente el 155”. Y lo mismo dijeron el vicepresidente del Senado de Madrid, Pedro Sanz, y el presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol.

Por tales motivos cabe citar aquí la prescripción de Jesús: “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado” (Mc 2, 27). Las leyes están para servir al hombre y no de otra forma. Así deberán ser las cosas y por el camino de la paz social. Si hay una mayoría catalana que reclama ser escuchada, no se la puede ignorar con una mala interpretación de la Constitución. Y debo enfatizar aquí lo de “mala interpretación”, ya que la autodeterminación de los pueblos es una de las bases del derecho internacional, es parte de los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 1966 que España aceptó en ese año y, luego ratificó en el artículo 96 de la Constitución Española del 78.

 

* Presidente de la Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat.

 

Publicado enInternacional
Pese a la campaña hostil, el chavismo mostró que está vivo

De los 23 estados, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 18, incluyendo el estratégico Miranda, la oposición obtuvo cuatro y el estado de Bolívar aún estaba en disputa al cierre de esta edición.


Sin incidentes y en paz, los venezolanos ayer votaron para escoger gobernadores en los 23 estados que componen el país. A las 22 hora local (23 de Argentina) el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados irreversibles por los cuales 18 estados quedaron en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre ellos el importante estado Miranda –hasta ahora el oficialismo controlaba 20 gobernaciones–, cuatro en manos de la oposición y el estado Bolívar en disputa.


La participación no alcanzó los umbrales que concita una elección presidencial pero Jorge Rodríguez, jefe del comando de Campaña Zamora 200 del PSUV, subrayó que fue mayor a la registrada en la última elección regional de 2012, por la tanto sería superior al 54% de los habilitados para votar. No obstante en una recorrida por la gran Caracas, en la parte que integra el estado Miranda, como ocurría en el resto del país, se pudo observar la preocupación de los políticos de las fuerzas en pugna, quienes procuraban estimular a través de distintos llamados a sus seguidores a acudir a las urnas.


A las nueve de la mañana el colegio Presidente Kennedy, en barrio Bolívar de Petare Norte, uno de los más populosos del estado Miranda, registraba colas de votantes que fluían con rapidez. Los ciudadanos parecían muy ilusionados, el chavismo ganó las 22 elecciones habidas en este centro electoral de 4355 personas registradas, desde que Chávez asumió el poder en 1999. El teniente Jonathan Marín de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FANB, tenía a cargo seis soldados, para brindar seguridad al establecimiento y evitar que se cometieran delitos electorales; el militar no exhibía preocupaciones, todo lucía tranquilo en la jornada que más bien parecía ser un día de fiesta.


Miguel Pizarro, diputado opositor en la Asamblea Nacional de 29 años de edad, por el partido Primero Justicia, ayer al mediodía durante una entrevista en vivo realizada por el canal Globovisión, convocaba desde la entrada al Colegio San Agustín del municipio Sucre en Miranda a todos los seguidores a votar. La conducta de Pizarro contrastó con la que sostuvo hasta hace unos meses atrás, cuando lideraba las manifestaciones violentas conocidas en Venezuela como guarimbas, con el objeto de provocar la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un testimonio de un guarimbero arrepentido lo señaló a principios de julio como autor intelectual y proveedor de logística para acciones violentas de calle. El joven guarimbero arrepentido recordó que Pizarro les había dicho “que nos preparáramos, que acabemos con todo, que fuéramos para adelante sin miedo”. En aquel momento la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), rechazaba el mecanismo electoral como una vía para resolver las diferencias con el gobierno. Hoy la posición mayoritaria dentro de la MUD es la opuesta, y compiten en las elecciones regionales sin complejos por las posturas contradictorias.


La oposición denunció, en Miranda y otros seis estados, la reubicación de algunos colegios electorales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 201 centros de votación porque durante las elecciones del 30 de julio pasado para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se registraron actos violentos. Para aquellas elecciones la oposición había llamado abiertamente a boicotearlas, y muchos establecimientos donde imperan generalmente sus partidarios fueron epicentro de actos violentos que impidieron votar a ciudadanos que querían elegir candidatos. De todas formas la cifra de centros reubicados representa el 1,48 % del total de los centros electorales del país, y distan en promedio a dos mil metros de los centros de origen, según informa el CNE.


Para solventar el inconveniente los opositores tenían flotas de autobuses para transportar a los votantes hasta los nuevos centros establecidos por el Poder Electoral. Uno de los centros reubicados en Miranda fue la escuela técnica Don Bosco, del municipio Sucre, donde los votantes fueron trasladados a la escuela Martínez Centeno. En uno de los autobuses proporcionados por la oposición, Wilfredo Vargas, coordinador del partido de derecha Voluntad Popular en la Parroquia Leoncio Martínez de Sucre, aprovechó la ocasión para improvisar un discurso y arengar a los pasajeros antes de que acudieran a votar al centro reubicado por el CNE. “La idea es ganar no sólo en Miranda sino la mayor cantidad de gobernaciones a nivel nacional y reducir espacios a esta gente, ya saben como tienen a Venezuela quebrada, sin medicina, sin comida, sin seguridad y todo lo que pueda haber”, sentenció Vargas, frente a los pasajeros que no mostraban demasiado entusiasmo al oír sus palabras.


A esa altura la veda electoral era una ficción, en recorrida por el estado Miranda se pudo apreciar cómo chavistas y opositores continuaban con la propaganda política. Pero más allá de estas infracciones al código electoral, que en otros países pudieran parecer graves, las elecciones en Venezuela son un gran avance democrático frente a la violencia política desatada por la derecha hasta hace dos meses y medio.


Para este 15 de octubre se contó con el acompañamiento del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), quienes avalaron la transparencia del proceso electoral.


En otro grupo de acampañantes internacionales expertos en sistemas electorales invitados por el CNE, se encontraba Manuel Pineda, miembro del Partido Comunista de España, que relató que le causó una muy buena impresión comprobar “el sistema electoral garantista, impermeable a injerencia o trampas”. Por otra parte Pineda señaló que los acompañantes internacionales, de diferentes ideologías, coincidieron en que es el mejor sistema electoral que han visto. “Vemos que la gente confía en su sistema, le dan valor” añadió Manuel Pineda como parte de su reconocimiento; y también destacó “el esfuerzo por garantizar el derecho al voto incluso a gente impedida”. Pero los observadores extranjeros destacaron como dato sobresaliente de la jornada que la oposición haya participado en las elecciones, teniendo en cuenta el rechazo que expresaban a las mismas hasta el 30 de julio pasado.

Publicado enInternacional
Los campesinos: la espina dorsal de la revolución

En las famosas “tesis de abril”, con las que Lenin, en plena revolución, buscaba corregir la política bolchevique, además de la tesis fundamental, referente a la consigna de “todo el poder a los soviets”, hay otra, menos conocida hoy en día, de crucial importancia1. Se trata de la declaración anticipada y explícita de la que debía ser un objetivo inmediato y fundamental de la revolución: la confiscación de todas las tierras de los terratenientes. Importante era esta declaración pues el gobierno provisional, cuyo Ministro de Agricultura era nadie menos que el intelectual y dirigente del Partido socialista revolucionario, V. Tchernov, continuaba difiriendo las decisiones en esta materia a la futura Asamblea Constituyente. Lenin era consciente, naturalmente, del carácter fundamental de la cuestión agraria. Nada más por el simple hecho de que el campesinado era más o menos el 85% de la población rusa, repartido en las diferentes regiones del enorme Imperio. Pero también porque, en la lógica de los socialdemócratas, la solución de la cuestión agraria era la esencia de cualquier revolución democrático-burguesa y pese al admitido carácter proletario de la rusa, de todas maneras seguía siendo una tarea pendiente.

 

La razón más importante, sin embargo, era que la revolución o mejor la sublevación campesina, ya estaba en marcha. Y seguiría su camino hasta octubre y después. Con la particularidad de que no iba en pos de una reforma (jurídica) sino que ésta se iba adelantando por la vía de los hechos. Al principio declararon su voluntad de permanecer en calma hasta la Asamblea Constituyente, pese a que los terratenientes habían dejado enormes extensiones de tierra sin sembrar agravando la situación de escasez de alimentos. Sin embargo, su paciencia tenía un límite. Se presentaba otra amenaza más inmediata. Los terratenientes, previendo que la futura reforma excluiría las propiedades privadas por debajo de cierta extensión, se dedicaron a parcelar de manera ficticia sus haciendas creando propietarios de “papel”. Los campesinos exigían inútilmente que se pusiera fin a estas compraventas ficticias y la especulación que de allí se derivaba. Se comienzan entonces a ocupar, sin indemnización, las tierras de la iglesia y de los conventos, pero también las de la nobleza y los terratenientes. La confrontación adquiere rasgos cada vez más violentos. Se detienen muchos de los terratenientes y se saquean las mansiones señoriales; en no pocas ocasiones las incendian.

 

La inacabada caracterización del campesinado

 

Cautivados como solemos estar por las imágenes de las insurrecciones urbanas de febrero y octubre, a veces dejamos de lado esta porción de la historia. “La intrepidez revolucionaria del proletariado ruso no tenía su raíz exclusivamente en su seno –escribía Totski–. Ya su misma situación de minoría dentro del país indica que no hubiera podido dar a su movimiento tales proporciones, ni mucho menos ponerse al frente del Estado, si no hubiera encontrado un poderoso punto de apoyo en lo hondo del pueblo. Este punto de apoyo se lo daba la cuestión agraria”2.

 

Este era además un asunto de tratamiento delicado desde el punto de vista social y político. Trotski añadía que a falta de burguesía el campesinado necesitaba la dirección del proletariado. Lo que nunca pudo entender fue la tragedia que iba a significar la sustitución de semejante dirección puramente conceptual por el férreo control de un partido; tragedia que tendría su primera manifestación durante la guerra civil que se extendería luego hasta 1922. En el fondo no dejaba de abrigarse cierta desconfianza. Lenin, en sus tesis, advertía sobre el peligro de que el campesinado pudiera colocarse al lado de la burguesía. La solución, conforme a la ortodoxia, consistía en impulsar, aprovechando su diferenciación interna, la independencia política y organizativa de los más cercanos al proletariado, esto es los jornaleros (braceros), y de los campesinos parcelarios más pobres. Es por eso que en su tesis, a la propuesta de dejar las decisiones de reforma agraria a los soviets, con lo cual de manera certera se prescindía del gobierno provisional, añadía que debían ser primordialmente los soviets diferenciados de campesinos pobres y de braceros.

 

La caracterización socialdemócrata tenía mucho de económica y estadística, pese a que no desconocían sus orígenes históricos. En términos generales: los campesinos pobres, sin tierra o con tan poca que no podían garantizar con ella su subsistencia; los medianos que disponen de una porción suficiente para obtener, con trabajo familiar, algún excedente comercializable, y los ricos o Kulaks que emplean mano de obra asalariada y llegan hasta arrendar alguna parte de sus tierras. Obviamente, dentro de esta complejidad, en la que son difusas las fronteras, se podían contabilizar entre los medianos y los kulaks, diferentes tipos de campesinos “acomodados”, y como categoría aparte los hacendados o burguesía agraria propiamente dicha. Todos ellos con diferentes tipos de relación y de contradicción con los señores de la tierra. Fue precisamente la coyuntura política revolucionaria la que condensó y articuló esas contradicciones; era el mundo rural heredado del pasado feudal, en su conjunto, el que se desplomaba frente a la posibilidad de un cambio radical.

 

Esta última consideración es fundamental para entender la realidad y el comportamiento histórico concreto del campesinado ruso. La clave de todo estaba, más bien, en la destrucción de la comunidad aldeana. El “Myr” que se puede traducir al castellano –y esto es bastante significativo– como “comuna” y a la vez como “mundo”3. Concepto que implica no solamente colectivo social, relación con la tierra y formas de propiedad sino un conjunto de “bienes comunes” que resultaban básicos para la producción y la reproducción de la vida material. Pues bien, todas las reformas que apuntaban a liquidar la servidumbre como las de 1861 y sobre todo las de Stolipin en 1906, no lograron cabalmente el desarrollo del capitalismo en la agricultura pero sí liquidaron los bienes comunes y fracturaron la vida en comunidad. Es por eso que si alguna diferenciación significativa del campesinado se había producido era la que existía entre los campesinos parcelarios que permanecían atados a la comunidad y aquellos “libres” que aspiraban a defenderse en el mercado. Y esto era fundamental desde el punto de vista no sólo social sino también político.

 

Las formas organizativas y de expresión política

 

A los socialdemócratas les costaba trabajo entender esta realidad. Lenin había dedicado buena parte de su esfuerzo intelectual desde su obra inicial “El desarrollo del capitalismo en Rusia” a demostrar, sobre la base de que el capitalismo ya había avanzado lo suficiente, que las tareas de los socialdemócratas debían apuntar no sólo a destruir el latifundio sino a eliminar todos los vestigios de la sociedad rural de origen medieval4. Y por ello subestimaba el peso social y político de la comuna, acusando a los socialrevolucionarios (populistas) y anarquistas, de simples nostálgicos, románticos y por lo tanto utopistas. Sin embargo eran éstos quienes contaban –y contarían hasta 1922– con la mayor simpatía y popularidad entre los campesinos. De hecho Lenin –a quien se le debe abonar su extraordinaria visión política– en la elaboración de la Ley de tierras que siguió a la revolución de Octubre, y contra la opinión de su partido, acogió la línea de los socialrevolucionarios y puso un mayor énfasis en el reparto que en la nacionalización (estatización).

 

Una vez más, en la realidad las cosas se daban de otra manera. Los soviets de campesinos nunca se desarrollaron de manera apreciable. En cambio, los comités agrarios, organismos creados por el gobierno provisional, es decir como instituciones de gobierno, poco a poco fueron tomando en sus manos las decisiones de reforma agraria, siguiendo la marcha de los acontecimientos y en contra del propio gobierno que inútilmente trataba de “conservar el orden” y de obligar a los campesinos a esperar el espejismo de la Asamblea. Hay que tener en cuenta que dichos comités estaban estructurados de manera territorial y jerárquica; había uno central pero debajo de éste los distritales, los cantonales y los locales y eran éstos últimos los verdaderamente efectivos. Tanto los terratenientes como los funcionarios territoriales se quejaban una y otra vez de que estos comités autorizaban “y estimulaban” de manera ilegal las expropiaciones de hecho. Y de que cohonestaban las múltiples manifestaciones de violencia. A su juicio seguían las conclusiones del Congreso campesino de toda Rusia que se había llevado a cabo en mayo el cual había dejado en la ambigüedad el deber de esperar las decisiones de la Asamblea Constituyente.

 

Quiere decir, en consecuencia, que el campesinado se estaba enfrentando, en la práctica, al gobierno y que los comités se habían convertido en organismos propios y habían dejado de ser instituciones de gobierno. El poder local contra el central; los de abajo contra los de arriba. Esto tiene que ver con las formas de expresión política. La contradicción palpable consistía en que ese gobierno era parcialmente socialrevolucionario comenzando por el Ministro de Agricultura, es decir del partido que en buena parte decía representar sus intereses. Poco a poco se comienza a entender que, en el fondo, lo que aspiraban a hacer sus dirigentes, aplazando todo hasta la Asamblea, era lograr en ese escenario un entendimiento con los partidos de la burguesía liberal, especialmente los Kadetes, para una reforma “ordenada”, respetando derechos adquiridos y con indemnizaciones, posiblemente del gusto de los kulaks. No obstante, pese a la heterogeneidad del campesinado las contradicciones internas no se colocaron entonces en un primer plano y la revolución agraria seguía el camino de los hechos. Lo que ocurrió, contrariamente a las previsiones de los socialdemócratas, no fue el paso a las huestes de la burguesía, y así los socialrevolucionarios se dividieron dando lugar a lo que se llamó el grupo, abrumadoramente mayoritario, de “izquierda”, y otro, más pequeño, de “maximalistas”, circunstancia que favoreció la alianza en la base con los bolcheviques cuya presencia se volvía más importante en el campo.

 

Como se sabe, siempre ha sido objeto de discusión e incomprensiones el asunto de la expresión política propia del campesinado y de sus formas de “conciencia”, siendo que por definición no constituyen una clase. El problema conceptual se resuelve, sin embargo, en la práctica, en las condiciones históricas concretas. Tiene que ver con aspectos de orden cultural donde juegan un papel específico elementos religiosos y étnicos y sobre todo con circunstancias de la coyuntura política como en este caso de Rusia. Cabe aquí un elemento adicional: los soldados, en realidad campesinos que regresaban de los frentes de la guerra a sus aldeas de origen y que habían pasado por experiencias, a pesar de todo, de vida colectiva y organización. Los destacamentos militares en cuanto agrupamientos organizados representaban una forma de expresión política -Recuérdese que también se habían formado soviets de soldados- Ellos, junto con los obreros licenciados por la parálisis de la producción y que venían de las ciudades, habían tenido además la oportunidad de escuchar toda la propaganda revolucionaria. La paz era una de las consignas más importantes de la revolución.

 

No obstante, el hecho más importante y significativo consiste en que si bien las decisiones eran formalizadas por los comités mencionados, en realidad se tomaban en asambleas comunales. La vieja forma del sjod. Y así lo reconoce Trotski, pese a sus prejuicios socialdemócratas: “Ante la gran transformación agraria, ante el reparto de tierras que se avecina, los campesinos quieren actuar como un bloque. Las barreras interiores pueden constituir un obstáculo. Es necesario que el Myr obre como un solo hombre”5. De ahí los conflictos que se daban en contra de los campesinos individualistas. Las decisiones se aplicaban partiendo de un globo de tierra común que luego se repartía. Era así como entendían los campesinos la consigna aparentemente absurda de “socialización de la tierra” que esgrimían los socialrevolucionarios y anarquistas.

 

La revuelta campesina tuvo varios momentos. Entre junio y julio está en auge, después de los acontecimientos relacionados con la guerra, el intento de golpe de Estado y la represión llevada a cabo por el gobierno provisional un momento de descenso, pero hacia septiembre ya ha retomado su impulso y gana en profundidad. El movimiento se extiende a todas las regiones, arrastra en las aldeas a todas las capas de la población; abandonadas todas las reticencias legales se hace más violento, utiliza armas elementales y el fuego, expulsa a los propietarios. Es entonces cuando el campesinado entiende que su destino y el de la revolución agraria están ligados a la consigna de todo el poder a los soviets. Y en esa medida empuja al proletariado para que asuma definitivamente el poder.

 


 

1 Ver “La hora de las rectificaciones” Desde Abajo. Nº. 234 Mayo 20 de 2017
2 L. Trotski. “Historia de la revolución rusa” Tomo I. Ed. Sarpe, Madrid, 1985.
3 Andrés Nin en la traducción de la mencionada obra de Trotski
4 V.I. Lenin “El programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907” Ed Progreso, Moscú. Sin fecha.
5 L. Trotski, Ibídem.

Publicado enEdición Nº235
Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
II Congreso ciudadano de la formación morada

 

Hace un lustro las instituciones pilares de la transición en España, la monarquía, el parlamento, la justicia y los partidos políticos tradicionales fueron puestos en la piqueta. Crecían la indignación, las protestas, las mareas de la dignidad, se arrastraba desencanto e indignación. La ciudadanía, al menos parte no desdeñable, salía a las calles y gritaba: No nos representan. Lo más visible de una sociedad civil organizada y militante se aprestaba a decir no. Fue un no rotundo a los andares y maneras de enfrentar la crisis, cuyos resultados se visibilizaban en la pérdida de derechos, la privatización de la sanidad, la educación, el agua y los servicios municipales. La subida del IVA, la congelación salarial, la quita de prestaciones sociales y leyes represivas completan el escenario. Entre los efectos, aumento de pobreza, desigualdad y, por encima de todo, pérdida de legitimidad de un orden político desgastado. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y el primero de Rajoy aumentaron la indignación. Crecieron los desahucios mientras los bancos eran rescatados y las grandes fortunas gozaban de amnistía fiscal. Por otro lado, los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, se confabulaban para hacerlo peor. Ninguno quiso asumir sus responsabilidades en la crisis. Se limitaron a negarla o bien a señalar que no se podía hacer nada. Obedecían las órdenes de la troika.

En esta dinámica la izquierda política, representada básicamente por Izquierda Unida, sufría una quiebra y la corrupción horadaba su fuerza. Algunos de sus dirigentes convirtieron la organización en reinos de taifas y parte de su militancia abandonó por desgaste, repercutiendo en el imaginario colectivo de sus votantes. Cuanto más izquierda organizada se necesitaba, más divisiones se producían. Por último, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, sufrían el embate del neoliberalismo. La derecha y la patronal impusieron un discurso político declarándolos trastos viejos, prescindibles, llenos de burócratas dependientes de subvenciones y nada representativos. Los escándalos los salpicaban.

En esta realidad, la nítida frontera entre derecha e izquierda se desvanecía. La mejor demostración fue el 15M. Indignación pura. Tal como vino, se fue. Nadie se puede apropiar del 15M o arrogarse su espíritu. Hubo muchos 15M. Pero abrió un espacio, los partidos hegemónicos entraron en crisis. Nació en España el grito que lo identifica: Sí se puede.

En el corto plazo la oportunidad política de condensar las emociones, articular un proyecto ilusionante y convergente se muestra viable. A finales de 2013, Izquierda Anticapitalista realiza esta lectura. Podemos es la resultante. El trabajo se acumula. Para salir a la palestra, qué mejor que las elecciones al parlamento europeo del 25 de mayo de 2014. En breve tiempo se trazan las líneas maestras. El candidato propuesto debe ser conocido en los medios de comunicación, contar con un mínimo de aceptación social, sobrepasar los límites de un candidato adscrito a su organización. Eran necesarios 300 mil votos e Izquierda Anticapitalista sólo había logrado 20 mil en las elecciones anteriores. Pablo Iglesias emerge como la persona idónea. Reúne todos los requisitos. Tan es así que la papeleta de voto, por vez primera, lleva la foto del candidato para hacerlo reconocible, dado que Podemos es una invención sin historia. El éxito de la operación supera las expectativas. No sólo se obtienen los votos para elegir a Pablo Iglesias. Otros cuatro candidatos logran escaño. La ilusión se desborda. Podemos adquiere carta de ciudadanía.

Sus dirigentes cobran notoriedad pública, comienza la vorágine organizativa. La primera Asamblea Ciudadana se celebró en octubre de 2014. Vista Alegre 1. Sí se puede. La síntesis, asaltar los cielos. Son, dirán, un método para tomar el poder y sacar al PP del gobierno. El primer triunfo: anular a Izquierda Unida y pasar a ser los únicos representantes de la izquierda. Así los ve la sociedad civil. Crecimiento exponencial, círculos, consejo ciudadano, implantación en todo el territorio. Copan los medios de comunicación. Son novedad. Al año siguiente, elecciones municipales y autonómicas. Otro salto. Alcaldes y diputados autonómicos, entras y son institución. Recomponen estrategia. Firman pactos con el PSOE, abandonan el discurso anticasta. En 2015, otro triunfo: las elecciones generales de 2015 los sitúan como tercera fuerza política. Pero la historia se tuerce. A partir de ese instante, impidiendo la investidura para presidente de gobierno de Pedro Sánchez, candidato del PSOE, pactado con Ciudadanos, para desbancar al PP. Podemos opta por decir no e ir a nuevas elecciones. El sorpasso fue la propuesta. Adelantar al PSOE por la Izquierda, su enemigo directo, ganar más votos y llegar a la Moncloa. Así, Podemos se presenta al electorado como la alternativa al PP. Los resultados le dieron la espalda. A pesar de la convergencia con Izquierda Unida, se pierden un millón de votos. La apuesta de Podemos fracasa. La caja de Pandora se abre.

Su segunda Asamblea Ciudadana, Vista Alegre 2, recién concluida, se realiza en otro escenario. Purgas internas, desafección (sólo votó un tercio de sus militantes), renuncias de dirigentes, egos enfrentados, soberbia, debates personalistas, acusaciones de manipulación, etcétera. El frágil equilibro, mantenido cuando la meta estaba cerca, se hace trizas. Los medios de comunicación se ceban y la derecha se frota las manos. Se resaltan chascarrillos. El gran debate es sustituido por la inmediatez de controlar la organización y el poder interno. No hay programa, sólo grandes trazos. El discurso llamando a la unidad y pidiendo humildad es poca cosa para una ciudadanía que se ilusionó, junto con los sectores populares y la izquierda social, con un partido político que se proclamaba el instrumento para asaltar el cielo. La esperanza depositada por millones de ciudadanos en Podemos como alternativa de izquierdas se desvanece en el aire. El PP lo sabe, el PSOE se alegra.

 

 

Publicado enInternacional
Revocatoria. El año en que haremos historia

Como buen camaleón esperó 16 años resguardado en diferentes partidos. Ahora, algunos confundidos y con amnesia político-histórica de los abusos por él cometidos en su primera administración, le dan la oportunidad de repetirlos. Enrique Peñalosa II, ejemplo de lo que el pueblo no debe aceptar.

 

Los que siempre se lucraron del esfuerzo de todos/as, los que han manejado esta ciudad como si fuera propiedad privada, necesitaban recuperar lo parcialmente perdido durante 12 años. Y para ello no ahorraron esfuerzos, logrando su propósito en las elecciones de 2015.

 

No ocultan su ambición ni mezquindad. Desde los primeros días de la nueva alcaldía Peñalosa fueron con todo contra las políticas y logros que favorecían a los sectores populares capitalinos. Por ello, desde esas primeras semanas, diversos sectores ciudadanos preocupados por la ciudad que vamos a heredar a las futuras generaciones, nos dimos cita para fijar un qué hacer.

 

Para fundamentar nuestro propósito asistimos al Concejo de Bogotá, donde, sin gran discusión 32 concejales militantes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, parte del Verde, Centro Democrático, le aprobaron al “nuevo” Alcalde el cuestionado y demandado Plan Distrital de Desarrollo, en el cual, entre otras perlas, resalta su artículo 133 numeral 3. Otras fuentes de financiación “tales como la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el corto y mediano plazo”.

 

Carta blanca. Ese entre otros significa “lo que quiera vender”, además que lo facultan a reestructurar lo que desee del Distrito, llevando a cabo una campaña de despidos y desconocimiento de lo actuado por anteriores administraciones. De esta forma la actual administración está en contravía del artículo 259 de la Constitución Política, que explicita sobre el funcionario elegido de manera popular, y su plan de gobierno “[...] imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”, que para el caso del capitalino el tipo de procederes aquí comentados nada tienen que ver con lo anunciado en su plan de campaña. Es más, el hoy Alcalde también entregó al Concejo Territorial de Planeación Distrital un documento diferente, violando así la ley 152 de 1994.

 

Es por ello que los ciudadanos reunidos de manera voluntaria decidimos asumir, de acuerdo a la Constitución Política y su artículo 103 “La revocatoria del mandato”, a la par de las leyes 131 y 134 de 1994 y la 1757 de 2015, que son las que regulan la participación ciudadana.

 

Para darle vía a este propósito, y de acuerdo a lo estipulado por la Ley, decidimos: 1. Organizar el comité “Unidos revoquemos a Peñalosa”, y así poder realizar el proceso respectivo, 2. Recolectar los apoyos necesarios, en total 271.818 firmas del censo electoral, equivalente al 30 por ciento de los 906.058 votos obtenidos para llegar al cargo, 3. Pasar a la verificación de lo recogido por parte de la Registraduría y su viabilidad constitucional, 4. Que ésta convoque a la votación popular en Bogotá, 5. Movilizar a la ciudadanía para que se acerque a las urnas con una participación no inferior a 1.092.230 bogotanos lo cual equivale al 40 por ciento de los votos válidos del total obtenidos el 25 de octubre de 2015 y de estos votos 548.000 deben ser por el SÍ, lo cual equivale a la mitad mas uno del dato anterior, 6. Una vez convalidada esta votación, liderar una nueva elección, en esta ocasión por alguien que encabece la alcaldía de la capital del país colocando al frente un proyecto de ciudad colectivo, elaborado con la ciudadanía, para que de verdad favorezca a las mayorías de quienes acá habitan.

 

El propósito de este año es hacer historia, por nuestros hijos y nietos. Por primera vez en la “democracia más antigua de América”: revocar lo que estorba y elegir a quien le sirve al pueblo y no a los intereses del gran capital.

 

Esfuerzo nada fácil pero que SÍ es posible. A la par que avancemos tras este empeño, sus aliados tratarán de cambiarle la imagen: entregarán viviendas en Bosa con Germán Vargas Lleras; aprobarán y harán efectiva la entrega de dinero –con Juan Manuel Santos al frente– para diferentes proyectos urbanos. Lo ensalzarán, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. En fin, harán lo posible y lo imposible para dividir y boicotear este proceso, pero pese a todo ello debemos avanzar como un solo cuerpo en pro de su Revocatoria.

 

* Dirigente CUT-Bogotá.

Publicado enEdición Nº231
Página 1 de 3