Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enColombia
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enEdición Nº251
La cara amarga del desembarco chino en América Latina

La FIDH denuncia violaciones de derechos humanos en casi una veintena de proyectos extractivos con participación de Pekín

 

China se ha puesto las botas en América Latina. Ávido de materias primas y, últimamente, por aumentar su participación en los mercados de infraestructuras y servicios, el gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos en países como Brasil, Perú o Bolivia. Ha creado empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado, en pleno repliegue de los EE UU de Donald Trump. Pekín ha ocupado ese espacio con creces: su banco de desarrollo se ha convertido en el prestamista internacional más importante para un número no menor de países latinoamericanos, firmas como China Petroleum o Chinalco han dado un paso al frente en la misma dirección y sus inversiones en los más de 10.000 kilómetros que separan Ciudad Juárez (México) y Ushuaia (Argentina) se han multiplicado por más de 10 desde 2008.

Pero el maná de Pekín también tiene una cara mucho más amarga: el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en un número no menor de proyectos, tal y como constata la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) -que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo- en un informe presentado esta semana. “Las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente caracterizado por el irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos”, subrayan los técnicos de la FIDH tras haber recorrido 18 explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas localizadas en cinco países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú


La federación de ONG denuncia el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos. “Todo ello se torna más crítico cuando se observa el alto impacto de las inversiones chinas en territorios indígenas y áreas ambiental y socialmente sensibles”, agrega. Las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas. Ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”, o en el bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”.


Los hechos denunciados también tienen que ver -siempre según la FIDH- con la violación del derecho a la tierra y al territorio: en los proyectos mineros de Mirados y San Carlos Panantza, empresas estatales chinas habrían recurrido a la compra irregular de terrenos y a la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad, lo que habría ocasionado –“con el apoyo de la fuerza pública”- el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de una cuarentena de familias indígenas. También con violaciones de los derechos laborales y de asociación, sobre todo en proyectos extractivos en Ecuador y Perú, en los que los empleados han levantado la voz contra el “maltrato, los despidos ilegales y [la presencia de] accidentes previsibles” en el lugar de trabajo o, directamente, con supuestas trabas por parte de las empresas en el proceso constitución de sindicatos.


En América Latina, reconoce la FIDH, el interés económico chino levantó grandes expectativas entre la ciudadanía por la posibilidad de que se tratase de una relación en la que ambas partes saliesen beneficiadas. Y aunque en muchos casos el impulso económico que ha supuesto la llegada en tromba de inversores del país asiático es un hecho constatable con datos, el ente con sede en París considera que, tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas por los proyectos no han visto todavía un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas. “La viabilidad de una verdadera cooperación sur-sur y de relaciones de beneficio mutuo dependen en gran medida de que China tenga un compromiso genuino de bienestar de las comunidades locales y un modelo de inversión respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza”. Un tirón de orejas y un aviso a navegantes que llega solo tres semanas antes de que Naciones Unidas haga su examen periódico sobre la situación de derechos humanos en el país más poblado del mundo.

Por Ignacio Fariza
México 15 OCT 2018 - 10:27 COT

Publicado enInternacional
Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

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Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Como el cangrejo. En Bogotá operan en la actualidad 124 comedores comunitarios que benefician a cerca de 35.700 personas, una cifra que ha disminuido entre los años 2016 y 2018 en un 17.24 por ciento, según lo reconoce la Personería. Los jardines y casas vecinales también presentan retroceso. La administración, con excusas, señala la presente como una coyuntura traumática, sin dejar de excusarase en la supuesta intensión oscura que prevalece en los procesos de contratación. ¿A qué juegan las instituciones y qué esperan las comunidades?

 

En Bogotá, desde el comienzo de la administración Peñalosa disminuyó la atención de jardines y comedores a los sectores populares. En efecto, entre marzo de 2017 y junio de 2018 se dejaron de entregar cerca de medio millón de raciones de alimentos a personas de escasos recursos. Así lo confirmó Carmen Teresa Castañeda, personera distrital. Realidad que confirma, una vez más, que una cosa es la campaña electoral y otra el gobierno.

 

Es una decisión con continuidad. Entre los meses de junio y julio de 2018 sólo estaban operando el 23.6 por ciento de todos los comedores de la ciudad, pues en estos meses fueron cerrados 90 de estos, dejando sin atención a 28.000 personas. Otra “decisión técnica” de Kike que por incompetencia dejó terminar los contratos de 110 comedores, excusándose en que perdieron la noción de la vigencia de la ley de garantías.

 

A todo esto debe sumarse que algunos comedores incluso llevan cuatro meses inoperantes, y 20 comedores no volverán a abrirse. Las localidades más afectadas son Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén. La culpa administrativa recae también en las alcaldías locales que tenían modalidades de contratación directa.

 

Los efectos del “receso obligado” también afectaron a 68 jardines, en especial los cofinanciados, los que representan el 15 por ciento de los cupos de la ciudad. Incluso con cierres a establecimientos para población especial, como los tres Centros Avanzar que desde comienzo de año y hasta agosto afectaron a 230 niños con discapacidades múltiples que quedaron sin la atención requerida. Cierres que se concretaron sin socialización previa con la población afectada. Es decir, estamos ante hechos consumados, ante un gobierno que impone y no discute ni concreta, mucho menos educa.

 

Qué dice la administración

 

La Secretaria Distrital de Integración Social (Sdis), a través de Juan Carlos Peña –director de nutrición y abastecimiento de la entidad–, explicó que la causa principal de la finalización de los contratos y los cambios de operador se dieron por el giro en el modelo de contratación del decreto 777 de 1992 al 092 de 2017, que rige actualmente. Pero 90 comedores vivieron esta situación de manera transitoria, 20 de manera definitiva, por condiciones inadecuadas para su manejo. Se ofertaron 114 en junio de los cuales 71 se declararon desiertos, por lo que se abrió otra licitación donde solo cinco quedaron por fuera. La medida técnica de urgencia fue suplir con la entrega de paquete alimentario o bono canjeable por alimentos.

 

Llama la atención que por medio de esta estrategia están excluyendo a las organizaciones sociales en los procesos de contratación para la prestación de estos servicios. La Administración Central alega que las condiciones locativas que ofrecen estas organizaciones no son óptimas, olvidando así que el lugar de muchos comedores no es el adecuado, precisamente porque en las zonas periféricas las infraestructuras son deficientes, y los arriendos que se logran no permiten modificar las casas de manera estructural.

 

Pese a esta realidad, la Administración insiste con estándares altos en lo referente a planta física a la hora del llamado para ofertar. Además, pide comprometer recursos en dinero para la ejecución en actividades en una proporción no inferior al 30 por ciento del valor total del convenio.

 

A su vez, los anexos técnicos elevan los estándares, haciendo que los operadores tengan que invertir sumas de dinero que sobrepasan su capacidad de endeudamiento. Las supervisiones de interventorías son estrictas en aspectos como salubridad, pero no tienen en cuenta otros aspectos, como son las actividades de inclusión y participación.

 

Modelo de contratación

 

El decreto que llevó a esta desatención con los sectores populares, el 092 de enero de 2017, fue firmado por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santa María y por Simón Gaviria, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su reglamentación sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, obliga a que ahora todas pasen por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En su articulado señala sobre la idoneidad y el proceso competitivo de selección, que se expresa en exigir estándares inalcanzables para las organizaciones sociales. Las organizaciones operadoras se quejan por su inexperiencia para el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que no existió un acompañamiento real para manejar la plataforma y subir las propuestas.

 

Entonces, la competencia es desigual frente a operadores con mayor margen de maniobra financiera. Los requerimientos técnicos implican un dinero que no tienen las organizaciones sociales. No pueden disponer de espacios físicos para adecuarlos a los criterios exigidos por la Administración, renuente a invertir como coparte. Debe recordarse que algunos de las organizaciones sociales funcionan en los mismos salones comunales de barrios periféricas, donde la gente ha construido sus barrios a puro pulso, y por lo tanto cuenta con infraestructuras deficientes. Además, los anexos técnicos complicaron tanto las cosas que ahogaron gradualmente a las organizaciones al incrementar las exigencias para poder contratar.

 

Sus voces

 

Para Elsa Melo, representante de la Asociación de Vecinos Solidarios (Avesol) que lleva 35 años de existencia y que tenía a cargo el comedor comunitario del barrio Atenas desde el comienzo del programa de comedores comunitarios, esto parece de ficción y señala “Los cambios se han venido agudizando, actualmente se le pide a la organización poner en dinero efectivo sobre el valor total del convenio. Algunos hemos tratado de argumentar que los espacios y la gente también son recursos que ponemos, pues una organización social no tiene un superávit financiero. No existieron procesos de formación sobre el manejo del Secop. Y las contingencias siempre fueron corriendo los tiempos. Lo curioso es que este cambio de contratación no comenzó con Peñalosa sino bajo la administración de Gustavo Petro que puso a todas las organizaciones a licitar”.

 

La contradicción con la misma administración progresista también encierra una paradoja sobre la política pública de estos gobiernos cuando están al frente de la ciudad, y sobre el empoderamiento de la gente beneficiaria de las agendas comunitarias. La historia nos cuenta que fue Bogotá sin Indiferencia quien implementó a gran escala una política para contener el hambre y la desnutrición en la ciudad. Los comedores superaban por decenas en algunas localidades.

 

En aquel momento, los anexos expresaban unos requerimientos no solo en la administración de alimentos sino para las actividades de inclusión. Se desarrollaron actividades para la formación y participación, pero siempre de manera confusa y tímida, sin mayor claridad sobre temas y metodologías. A pesar de algunos contratistas y personas del comedor, no existió en la Administración la voluntad de empoderar a las comunidades. Los requerimientos técnicos del nivel central, siempre con nuevas versiones y cambios de orientación, no contribuyeron a la construcción de un lineamiento claro sobre el quehacer en los comedores. Ni siquiera se aprovechó para esto la coyuntura presentada en el 2009, cuando se prohibió el aporte diario de los $500 por parte de los beneficiarios, exigiéndoles a los operadores consignar lo recaudado para que la comunidad definiera qué hacer con los recursos. Complicado fue reunir el dinero completo en la cuenta pues algunos operadores se enredaron con este cambio de política, más enredados aún con el proceso para poner de acuerdo a toda esa gente con el qué hacer con esa plata. Fue así como no se logró la participación y organización de la comunidad, y los proyectos de gestión e iniciativas productivas no pudieron sostenerse, e incluso en algunos casos generó conflictos entre integrantes.

 

Por su parte, Luis enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios (Epao), que también operaron comedores, identifica una política que desdeñó el proceso de inclusión social. “Lo político supeditó a lo técnico, nunca fue importante la organización ni priorizar lo social. Tampoco existió una formación política, ni siquiera para los profesionales de inclusión. Cuando la gente solo va a comer sin formación ni intencionalidad de organización social las cosas se naturalizan. Para la comunidad puede que sea impopular cerrar el comedor, pero la gente normaliza que no llegue el almuerzo a cambio del bono”.

De ser así, el futuro de los cierres de los comedores será naturalizado. Pero eso no quiere decir que la desnutrición y el hambre se hallan superado. La lección aprendida es que desde el asistencialismo no se fomenta la organización ni la autonomía de las gentes.

Publicado enEdición Nº250
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250

En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Timbiquí-Cauca: tan solo un ejemplo de las contradicciones colombianas

Marzo 5,con la luz del nuevo día organicé las últimas prendas en la maleta. En pocas horas me encontraré con mis cinco compañeras para emprender el viaje con destino a Timbiquí, con el fin de realizar nuestras prácticas académicas, para las cuales elegimos uno de los 170 municipios priorizados para la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el gobierno nacional.


Con entusiasmo y con la disposición que tiene todo estudiante de último semestre para corroborar en la práctica lo visto por años en las aulas, emprendimos el viaje para apoyar diferentes secretarías de la Alcaldía municipal, pero,de manera principal, apoyar los Programas de desarrollo con enfoque territorial –Pdet que la Agencia de Renovación del Territorio está implementando en los municipios priorizados.

 


Así, con disposición y curiosidad, iniciamos uno de los viajes que nos permitirá conocer más realidades y contradicciones de nuestra Colombia.


El municipio de Timbiquí está ubicado en el departamento del Cauca, e integra la subregión de la costa pacífica caucana. Beneficiado por abundante agua en sus alrededores, lo bañan tres principales ríos: Saija, Bubuey y Timbiquí, los cuales desembocan en sentido oriente-occidente en el Océano Pacífico, ríos que a su vez ordenan espacialmente a la población, permitiendo la conexión, el transporte y el recurso económico de carácter extractivo. La cabecera municipal se levanta al lado del Río Timbiquí, de aguas caudalosas por la pendiente del terreno que desde el muelle de la cabecera evidencia la doble corriente típica de la parte baja de los ríos del Pacífico colombiano, debido a que la marea represa el desemboque del río y lo hace retornar aumentando su caudal.

 

Primeras impresiones

 

Desde nuestra llegada empezamos a evidenciar el poco ordenamiento y planeación de nuestro país, pues la ciudad principal más cercana,y que brinda conectividad, es Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la cual ofrece servicios para la población timbiquireña. La otra opción para los servicios y la conectividad –en este caso por medio marítimo–, está en la ciudad de Buenaventura.Pero de manera contradictoria, el municipio solo se ordena administrativamente desde Popayán, capital del departamento del Cauca, la cual tiene muy poca o nula conexión, por lo que su población fluye hacia el Valle.


Una vez en territorio nos percatamos de que la población ribereña de la cabecera, y zonas aledañas, no dispone de agua potable. Y los usos del agua de río son limitados, pues su contaminación por la minería ilegal de oro, junto con la mala disposición de los residuos de todo tipo, genera en la población malestar, desconfianza, transmisión de enfermedades en la piel y dependencia del agua lluvia, factor que expone a su población ante un escenario de variabilidad y cambio climático, pues ante patrones anormales de poca lluvia queda en evidente riesgo o crisis de abastecimiento. En otras palabras, Timbiquí es sinónimo de agua (por el río) pero sin agua.


Por otro lado, la población, que en su mayoría es afro, es alegre, extrovertida y muy luchadora. Su historia está escrita bajo la resistencia de un pueblo esclavizado que buscó y encontró su libertad. Sin embargo, el mercado, la publicidad y el marketing es la actual forma de esclavitud, pues la auto-discriminación y el machismo brota de forma natural de las pieles negras de esta población. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres tienen cabello artificial, ninguna le gusta su cabello y, por el contrario, prefieren estar sometidas a químicos fuertes para alizar, controlar o colocar las extensiones que aprietan el cuero cabelludo y pesan en su cabeza, desde las niñas, las adolescentes y las adultas, todas sueñan con otro cabello. Junto a ello, bromas y juegos dirigidos al más negro.


Factor económico. Timbiquí padece de la enfermedad holandesa, pues es un pueblo que vive de la minería ilegal del oro y la coca. Nos cuentan historias de que en el 2010-2013 hubo un auge aurífero, cada persona podría sacar más de 40 libras de oro diarias. El exceso de dinero en el pueblo encareció la vida, generó poca o nula producción de comida, las ideas de autoabastecimiento fueron olvidadas y, en cambio la población prefería comprar y traer todo desde afuera (Buenaventura y Cali) que producirlo en la región. Sumado a ello, el negocio de la coca, lo que agravó, aún más, el problema. El panorama actual es de un pueblo que ya no extrae tanto oro, con un costo de vida altísimo, con erradicaciones forzadas de cultivos de coca que han dañado las pocas plantaciones de pan coger y afectado especies acuáticas. Timbiquí termina, así, como un pueblo que no produce comida y, como dice la canción de Herencia de Timbiquí: “[…] se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepa de pan […]”.

 

 

 

Otros factores

 

Además, la alienación y manipulación de la población es tangible. A pesar de que es un pueblo de constantes marchas, donde cada día conmemorable, exigencia, despedida o duelo, se manifiesta mediante un desfile con banda de guerra o tambores, marimba y guasa por las calles, al pueblo le queda difícil luchar por condiciones de vida digna, expresada en factores como agua potable y saneamiento básico, o por mejorar la calidad en la prestación de servicios como acueducto, luz y gas. Por el contrario, venden sus votos a la mejor oferta monetaria y esperan proyectos o programas de organismos multilaterales que les brinden el asistencialismo enfermizo. 


En resumen, al emprender nuestro viaje teníamos muchas expectativas, no era para menos, una entiende y proyecta a los pueblos del Pacífico como sinónimo de resistencia, lucha y organización. Sin embargo, continúan existiendo contradicciones en nuestro pueblo difíciles de superar, las mismas que son profundizadas por el asistencialismo, la violencia, la fiebre por el oro y el marketing.


¿Será posible superar esa idea, tan posicionada en todo el país, de que las cosas deben llegar desde el Estado, bien central o departamental? ¿Será posible retomar proyectos autogestionados, esos que en otra época le permitieron al pueblo negro resistir la avanzada colonialista y la misma esclavitud? Difícil, pero no imposible. El factor cultural, como puede apreciarse, se torna aquí en palanca fundamental para ordenar otro modelo de vida, que sí es posible.

 

 

A partir de expectativas e ilusiones alusivas a lo que encontraríamos en esta región, se desprenden diferentes expresiones de una aventura que nunca se olvidará y que, por sí sola, nos brinda inspiración:

La desnaturalización del Pacífico medio

 

Por Fabián Mesa R.

 

Dichoso el mundo de girar tantas veces como fuesen necesarias para lograr aquella extraña perfección,
protegida por montañas guardianas, del vicio, ocio y locura,

de aquel mundo de desespero por el desarrollo y la carrera por la muerte,

extraña perfección aquella que encontró la unión entre mares y ríos,

tejiendo redes como cuna para criar toda clase de exóticas y aventuradas especies,

aquellas entendidas descendientes que de forma innata e instintiva se encontraron con la simbiosis exacta,

extraña perfección aquella del sonido de noches servidoras del sueño y la libertad,

sin delimitar imposibles recibió la humanidad como un hijo más,
Acogedor lugar que de frutas llenó sus manos,
entretenido espacio de verdes praderas que acariciaban sus pies descalzos,

espiritual escena aquella donde las estrellas eran guías y el agua maestra,

la historia charla con el tiempo todavía,

como el espacio logró maravilla aquella,

pero con el pasar de los días consigo el río traía

un rugido maldito, humo denso e impactante,
entre bellas luces en el cielo, un miedo estremecía el centro de la tierra.
Entre indígenas y negros amaban su hábitat

suelo consentían y especies protegían.

Aunque fuerte vibra a lo diferente

su alma de oscuridad se atestaba y su lucha desvariaba

preciosa piedra que sin conocerse brillaba por el río denso, pesado se sintió aquel día el aire
mientras las montañas preocupadas se consolaban
sin entender, aquellos seres sentían el ardor correr
algunos culpables otros quizá víctimas, pero todos cómplices por primera vez su alma sintió miedo y odio
mientras muros se elevaban, muertos se acumulaban
y sus costumbres culturas raíces y sentimientos involucionaban

ya no más coco, ni papa china acaso el naidí es culpable

cambiaron las frutas de sus manos por piedra extravagante

mientras sus hermanos mayores desprotegidos susurran desaparición

es la hora y siguen sin entender cómo nuevamente son esclavos,

esclavos en busca de felicidad ajena, falsa felicidad
falsa como el valor de aquel mineral, desentendido del conflicto

entre sus sueños el recuerdo del paraíso
recuerdo de letras a sus ríos, inspirados en el bañar de sus límites

algunos sufren lloran ríen el recuerdo de su historia

el tiempo sigue la historia cambia
y aquel paraíso que entre casualidades causales se creo
con valor sigue entregando su desnaturalización.

 

 

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