El derrumbe del edificio Space en Medellín en 2013.


A cuatro años y 23 días de la caída del edificio Space en el sector Poblado de Medellín,el Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, sentenció a los responsablesde las fallas de la construcción a 4 años de prisión. A su vez, dictó el tiempo por el que cada uno de los culpables no podrán ejercer su profesión; mientras tanto, las familias se sienten abandonadas al no recuperar el patrimonio perdido el pasado 12 de octubre de 2013.

 

Todos recuerdan el momento cuando la torre 6 del edificio Space se desplomó dejando a 12 personas muertas, tragedia que prendió las alarmas en las torres vecinas, días después evacuadas e implosionadas. Todo indicaba que los culpables del suceso eran los directivos, ingenieros y arquitectos de la empresa constructora CDO, los queteniendo conocimiento de los riesgos que presentaba el edificio, hicieron caso omiso y no tomaron las medidas necesarias para evitarlos.

De acuerdo a los peritos que evaluaron lo sucedido, la edificación tenía cerca de 6.000 mil errores en la construcción, además de fallas en los materiales usados, no contar con las medidas de sismo resistencia,también "hubo un cálculo erróneo en materia de soporte del peso. Se planearon 22 pisos y fueron construidos 26", señala el comunicado de la Fiscalía de Medellín. Además de la muerte del joven universitario Juan Esteban Cantor, cuyos familiares fueron los únicos que no conciliaron con la firma constructora y exigieron justicia.

Todo lo anterior se tuvo como motivo para condenar a la ingeniera directora de obras, María Cecilia Posada Grisales a 49 meses de prisión; al representante legal de la constructora CDO, Pablo Villegas Mesa a 51 meses y al ingeniero estructuralista del Space, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa a 50 meses.De acuerdo con la Fiscalía, esta es la primera sentencia condenatoria por homicidio culposo en el país.

Sin embargo, las familias afectadas aún a 4 años de la tragedia no son reparadas por parte de los responsables. El pago de arriendos a cada una de las familias desalojadas solo tuvo vigencia por un año, sus días transcurren entre la zozobra por saber cuándo será el momento en que por fin puedan volver a tener vivienda propia y sobre todo segura.


Lo que no cuadra...


Más allá de las condenas para los responsables de la tragedia del Space, el 23 de enero de 2018 el juez ordenó casa por cárcel para cada uno de ellos.Una vez más los corruptos de corbata reciben un premio. Además, los tiempos por los cuales los responsables no podrán ejercer su profesión son entre 4 y 6 años, lo que lleva a preguntarse si es suficiente dada la gravedad y el nivel de desconfianza que actualmente despiertan las construcciones de la firma CDO.

Sin tampoco perder de vista que el dueño de la constructora es Álvaro Villegas, ex gobernador de Antioquia, quién además hasta 2013 fue presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, quienes tuvieron en sus manos la construcción de muchas obras antioqueñas por años, posición que ayudó a que CDO entregara los apartamentos de Space a las familias sin tener el visto bueno de la Alcaldía de Medellín y, sobre todo, a acceder a una zona inconstruible –término usado en el POT de Medellín con el que se definen las zonas de alto riesgo o que requieren de estudios e ingenierías para hacerlos estables–.

Finalmente,de acuerdo a los culpables de este grave suceso, el pago de las viviendas a las familias se hará efectivo cuando la constructora logre la venta del terreno donde fue construido el Space, lo que aumenta mucho más la incertidumbre de las familias afectadas.

Una vez más, los afectados por obras construidas por corruptos, que no piensan en la seguridad y calidad de vida de las personas, sino en el lucro que estas les pueden generar sin hacer las inversiones y estudios que en muchos casos requieren.

 

 

 

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Un beneficio pero con estrictas condiciones

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado enEdición Nº234
Lula, imputado por tratar de sobornar a un acusado de Petrobras
El juez federal Ricardo Leite acepta a trámite las acusaciones contra el expresidente y otras seis personas por el caso de corrupción

 

Al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se le complica el laberinto judicial en el que vive inmerso. Un juez de Brasilia le ha imputado, junto a otras cinco personas, el delito de obstrucción a la justicia y le acusa de formar parte de una trama que trató de comprar el silencio de uno de los acusados de la red corrupta de Petrobras que, según la Fiscalía, iba a denunciarles. El Fiscal reclama por esto al carismático político brasileño una pena de cárcel de tres a cinco años.

 

A juicio del Fiscal, Lula “impidió y dificultó la investigación criminal” que trata del Caso Petrobras “ocupando un papel central” en el asunto.

 

Los hechos se remontan a 2015, cuando el senador Delcídio do Amaral, hombre fuerte del PT (Partido de los Trabajadores) en la Cámara Baja, fue denunciado por tratar de comprar el silencio de un ex alto cargo de Petrobras acusado de corrupción, Néstor Cerveró. En una grabación oculta efectuada por el hijo de Cerveró, Bernardo, Do Amaral aconsejaba al ex alto cargo, a cambio de dinero, que no colaborara con el sistema judicial brasileño delatando a otros implicados en la trata a cambio de rebajar condena y que escapara al extranjero.

 

En la conversación, Do Amaral, incluso, llegaba a recomendarle cómo debía huir en avión a Europa vía Madrid. Bernardo Cerveró grabó todo y entregó la grabación al juez. Y el que se tornó a partir de ahí colaborador con la justicia –también a cambio de rebajas de condena–, fue Do Amaral. El ex senador (fue expulsado del Senado y del Partido de los Trabajadores) ha asegurado a la policía que, en el fondo, era Lula el que lideraba todo este plan para silenciar a Cerveró.

 

La Fiscalía considera que lo que argumenta Do Amaral es cierto: “Delcídio do Amaral, como representante del Gobierno (entonces gobernaba el PT con Dilma Rousseff), no ejercía de líder de esta trama criminal. (...) Y el relato de Delcídio se muestra claro, plausible y, lo que es más, corroborado por varias reuniones mantenidas entre Lula y Bumlai (un ganadero millonario amigo de Lula y también imputado en este caso) para que éste pasase a comprar el silencio de Cerveró”.

 

No es este el único caso en el que está envuelto Lula, aunque sí es el único, hasta ahora, en que obtiene la categoría de imputado. También el juez Sérgio Moro, de Curitiba, le investiga, paralelamente, por sospechas de haber obtenido un apartamento en la playa del litoral de São Paulo y una casa de campo pagados por empresas relacionadas con la trama corrupta de Petrobras. También, en un tercer frente, al expresidente brasileño el Tribunal Supremo le investiga, por obstruir la justicia amparándose en un cargo de ministro –que nunca llegó a ostentar– para obtener un foro privilegiado que le permitiera, precisamente, escapar del juez Moro y de su investigación sobre el apartamento en la playa y la Casa de Campo.

 

Lula no ha perdido, aún, sus esperanzas de presentarse a las elecciones de 2018, en representación del PT. De hecho, aún aparece encabezando los sondeos en el primer turno de las elecciones. En el segundo, en cambio, pierde en todas las encuestas, lo que indica que el rechazo que genera es aún mayor que la adhesión que suscita entre sus seguidores. De cualquier modo, según muchos que le conocen bien, sólo dos circunstancias podrán evitar que no acuda a esas elecciones: una es que su salud, débil en los últimos años en los que superó un cáncer, se resienta. La segunda es que la pinza de la justicia, en cualquiera de los casos que penden sobre él, finalmente, le atrape.

 

En una nota emitida poco después de conocer el auto del juez, la defensa de Lula aseguró que el ex presidente brasileño ya esclareció ante la Fiscalía General de la República que nunca trató de interferir en las investigaciones del Caso Petrobras”. Y añade: “La acusación se basa solamente en la delación –recompensada a cambio de rebaja de condena- de un imputado que ha confesado sin credibilidad” . “Lula”, prosigue, “no se opone a ninguna investigación siempre que sea realizada con arreglo a los debidos procesos legales y a las garantías fundamentales”.

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Martes, 12 Julio 2016 07:34

Condenas por la Caravana de la Muerte

Condenas por la Caravana de la Muerte

EX OFICIALES CHILENOS RECIBIERON PENAS DE PRISION POR CRIMENES DEL PINOCHETISMO

 

 

La Caravana fue una comitiva militar que luego del golpe de Estado de 1973 recorrió Chile y asesinó a aproximadamente un centenar de presos políticos. En el mismo caso, las querellas implican al ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.

Un tribunal de Chile condenó ayer a prisión a seis ex oficiales del Ejército por considerarlos autores de 13 asesinatos y tres desapariciones en la norteña ciudad de Copiapó en octubre de 1973, como parte del caso Caravana de la Muerte, por el que otro juez concedió la libertad provisional al general Juan Emilio Cheyre, ex jefe del ejército (2002-06), procesado por el homicidio de otros 15 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet.


Los crímenes del caso Caravana de la Muerte son los que cometió una comitiva militar que tras el golpe de Estado de septiembre de 1973 recorrió Chile y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos en diversas ciudades. La comitiva era comandada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como “delegado del comandante en jefe”, lo que implicaba que debía ser obedecido como si fuese el propio Pinochet.


En un fallo unánime, las tres juezas de la I Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenaron a penas de 15 años y un día de presidio cada uno al brigadier Pedro Espinoza Bravo y al coronel Sergio Arrendondo González, como autores de los crímenes. El también ex coronel Patricio Díaz Araneda fue sentenciado a 11 años de prisión, también como autor, mientras los ex oficiales Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar 10 años y un día de cárcel.


El caso fue investigado por la jueza especial Patricia González, quien estableció que el 16 de octubre de 1973 llegó a Copiapó la comitiva de Arellano Stark y que ya de noche tomaron a cuatro presos políticos que estaban en el regimiento y a nueve que permanecían en la cárcel de la ciudad. Luego los transportaron a las afueras, hasta un punto del desierto, donde los asesinaron a tiros.


Por otra parte, el juez Mario Carroza liberó a Cheyre y a otros cinco encausados por el asesinato de 15 prisioneros políticos en el regimiento de la ciudad de La Serena, y fijó una fianza de unos 1515 dólares para que el ex jefe del Ejército abandone el batallón de policía militar en el que está recluido desde el pasado día 7, cuando fue procesado.


El magistrado, además, les negó la libertad provisional a otros dos procesados como autores de esos crímenes, el coronel retirado Ariosto Lapostol y Víctor Hugo Alegre.


El caso es investigado como otra de las aristas de la Caravana de la muerte y estas víctimas fueron sacadas de las cárceles para ser asesinadas y en varios casos el general Arellano Stark ordenó a oficiales de los regimientos locales participar en los asesinatos, que fueron justificadas como fallos de consejos de guerra que nunca se realizaron.


En otros casos, los asesinados ya cumplían condenas por supuestos delitos, algunas de ellas irrisorias, de cien días de prisión, por faltas menores.


Los querellantes del caso, que apelarán la decisión del juez, según anunciaron, sostienen que es imposible que Cheyre no supiera nada de los asesinatos, ya que era el ayudante del coronel Lapostol, jefe del regimiento y acusado de ser uno de los autores materiales de los crímenes. Al ser detenido, Cheyre, que tiene un amplio prestigio en el ámbito académico y político, y es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, renunció a la dirección del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.


El general, que fue defendido por diversos dirigentes, incluido el ex presidente Ricardo Lagos, también renunció como miembro del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), pero a pesar de su arresto, desde el organismo le pidieron que se mantenga en el cargo.


Por su parte, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad de Chile presentó ayer una querella contra los responsables de torturas y la desaparición de opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cometidas en ese enclave alemán del sur de Chile después del golpe militar. La acción judicial reclama que se investigue y condene a los militares chilenos y a los colonos alemanes que participaron en crímenes de lesa humanidad en la hoy conocida como Villa Baviera, que durante la dictadura funcionó como un centro de detención y tortura de opositores políticos.


“En el caso de Colonia Dignidad, los avances en materia de verdad y justicia han sido particularmente insuficientes, manteniéndose crímenes y criminales en la impunidad”, explicó en conferencia de prensa la titular de la Asociación, Margarita Romero.


Colonia Dignidad fue el enclave de una secta alemana liderada por el ex enfermero nazi Paul Schäfer, que entre 1961 y 2005 funcionó en una zona situada a 400 kilómetros al sur de Santiago, donde se cometieron abusos sexuales a menores y otras atrocidades. Después del golpe de Estado del 11 de marzo de 1973, Schäfer ofreció sus instalaciones a la policía secreta de Pinochet y Colonia Dignidad se convirtió en una pieza clave del aparato represor de la dictadura, por el que se estima que pasaron unos 350 opositores.


Los querellantes sospechan que al menos un centenar de presos políticos fueron asesinados y enterrados en fosas construidas por los propios colonos.

Las más de 46.000 fichas incautadas del enclave alemán en 2005 han permitido incluir en la querella a nueve ex militares chilenos identificados con nombre y apellido.


Se trata de ocho oficiales y un suboficial de la época. Algunos de los involucrados no aparecen en otras causas de derechos humanos y uno de ellos llegó a ser uno de los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet.

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