¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
El Samaná: último río libre y limpio de Antioquia

En las estribaciones de la Cordillera Central, en el páramo del municipio de Sonsón, al sur oriente antioqueño, nace uno de los ríos más biodiversos y maravillosos de nuestro país. Entre montañas agrestes, ocultas por décadas de conflicto armado, se abre paso este gigante, cuyo cause aumenta a medida que desciende de las altas montañas. Serpenteante, en su paso por el municipio de San Luis, en un recodo de la vía Medellín-Bogotá, deja ver su enorme dorso, que en días de verano tiene un color verde esmeralda. Aguas abajo, como un enorme reptil, se desliza hasta perderse nuevamente en la espesura del monte. Hoy, su fluir hasta el río Magdalena está amenazado por un proyecto Hidroeléctrico. Motivados por conocer el impacto ambiental y social que podrían ocasionar estos proyectos, realizamos diversos viajes los cuales componen esta crónica; en la cual se narra el sentir de los ribereños y se registra parte de la riqueza amenazada de nuestro último río libre y limpio de Antioquia: el río Samaná.

Da caluroso. Nos animamos para nuestro viaje cargados de ilusiones. Hemos escuchado distintas historias sobre “El patrón” y queremos comprobarlas. El aire del campo nos trae la sorpresa de aromas frescos, superpuestos a los de la gasolina y la contaminación que ahogan la urbe y los millones que en ella disputan un espacio y una oportunidad para abrirse paso en el presente y para el futuro.

 

Nuestra llegada estuvo precedida de una manada de titís que cruzaban la carretera por un tendido eléctrico. El caserío está conformado por unas cuantas casas a lado y lado de la vía hasta toparse con el río, “El patrón”. Todo allí confluye en él. Caminamos directamente al puente que lo atraviesa, su color café y sus aguas crecidas dan cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Nos dirigimos a la casa de la señora donde nos vamos a quedar. El camino es bordeando la escuela, se atraviesa un pequeño caño y en un alto, al margen del río, está su casa. Justo al frente, en la otra orilla, se alcanza a ver lo que parece ser una cascada: es como si de los árboles brotara un manantial de agua.

 

–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, pero mire que uno aquí no valora tanto todo esto…

 

María, de cuyo nombre nos enteramos de manera pronta, nos cuenta que ha vivido toda su vida en la región. Es la única que queda en la casa; sus hijos viven en la ciudad, y aunque le insisten que se vaya a vivir con ellos, ella se resiste.

 

–Mal que bien, aquí tengo mi casa, mis cosas… mi vida la he construido aquí. Además, yo por allá no me amaño!


Pese a que nunca se fue de la región, es beneficiaria de un apoyo a las víctimas que sufrieron desplazamiento por el conflicto armado y que ahora regresan a sus territorios. El apoyo consta de un bono en materiales de construcción para mejorar sus viviendas.

 

–Pero fíjese como es la vida, yo que he resistido a salir de mi casa en la época más dura de violencia, ahora que ya todo está tranquilo, ¡me tengo que ir! Con el proyecto de la hidroeléctrica, todos, incluso los que han vuelto a sus ranchos, les toca volverse a ir. Entonces, ¿para qué arreglar la casa si nos van a sacar, queramos o no?… El otro día escuché que aquí, donde está ubicada esta casa, va a quedar el cuarto de máquinas.

 

Su rostro inmutable, reflejo de quien ha sorteado los más duros embates de la vida, es el mismo con que seguidamente nos ofrece comida: patacón con bocachico. –Nunca nos ha faltado pescado en el río. Él es quien nos da de comer.

 

La conversa continúa y las horas pasan, el goce es pleno. Con la noche compruebo como la selva cobra vida, el río como telón de fondo acompaña una multitud de sonidos. El cansancio por el trajín del día viene acompañado con el sueño, y éste y la mente viajan en el tiempo. Afloran imágenes confusas, quizá rememorando antiguos oficios y prácticas nunca antes vistas. Un reencuentro con los antiguos moradores de estas tierras, la tribu Malagua con su cacique Nare, vestido con piel de jaguar y ornamentado con orfebrería de oro. ¿Qué pensarían ellos si supieran que están amenazando con estancar las corrientes de este río hermano, elixir de la vida? Les agradecemos habernos enseñado que un río es más que un simple recurso hídrico, que sobre todo es fuente de vida, y como tal merece ser reconocido por lo que es: un fluido vital, sagrado, como la vida, de la cual es sustento sustancial. Nos recuerdan, además, que no somos el fin absoluto de la creación y que los ríos, así como la especie humana, tienen derechos. Estamos hechos de la misma materia del universo, somos hijos de Caribá o tierra de aguas en español, pues así llamaban esta región, quienes la habitaron mucho antes de que llegaron extraños a pisotearla.


Al día siguiente, con la curiosidad del que quiere conocer y aprender, nos levantamos con el alba, acompañados de nuevos sonidos, recordándonos, una y otra vez, que la vida palpita de diferentes formas, con colores vivos y apagados, con trinar diverso y ecos de distintos animales, evidencia de nuestra sorprendente biodiversidad, y en su opuesto, la mezquindad y la avaricia sin límite de quienes pretenden seguir entubando todos los ríos del departamento y del país.

 

Disfrutamos del amanecer sin pitos ni ruido de motores, saboreamos los primeros tragos del día con las melodías del despertar del campo y de inmediato nos enrutamos hacia el punto donde llegan las lanchas, lugar preestablecido para el encuentro con los lugareños que guiarán nuestros pasos. Con un andar tranquilo, aunque algo inseguro, como el de todo poblador urbano, nos guiamos con la luz del celular, afinamos nuestros sentidos, y justo después de atravesar una quebrada somos sorprendidos por una mapaná, que al encuentro con la luz que portábamos, se quedó quieta en mitad del camino. Ella nos observa, nosotros a ella, necesito moverla para poder proseguir hacia nuestro destino, doy media vuelta para buscar una rama y cuando regreso ella ya está resguardada entre los arbustos.

 

El camino que bordea el río por el cañón era una antigua carretera, hoy en día es un estrecho sendero absorbido por la densa vegetación; de un lado es montaña, del otro un acantilado que va a dar al río. A medida que avanzamos empieza a despuntar el día, los rayos del sol se filtran por entre las hojas de los árboles, hay una tenue neblina que hace del paisaje algo místico. Finalmente, llegamos a lo que fue el desembarcadero en otros tiempos: una plancha en cemento que se adentra en el río, y en su centro se erige una cruz desgastada por la inclemencia del tiempo. El agua del río se arremolina, un enorme tronco es arrastrado por la corriente como la levedad de una hoja que lleva un arroyo. Pienso en toda la muerte que pudo haber bajado por este río lleno de vida, en las lágrimas de tristeza perdidas en la corriente, y en los gritos de dolor que nunca escuchamos. El ruido del motor me saca de estos pensamientos, vemos la lancha acercarse a lo lejos.

 

Nos internamos río abajo por el estrecho cañón. Para Gabriel, ribereño como todos los que habitan al margen del cauce, el río es parte fundamental de su vida: es quien provee de alimento, es medio de transporte, fuente de trabajo, es quien dispone el quehacer del día a día, es, a fin de cuentas, su hogar.

 

 

 

–Nosotros, los que vivimos río abajo, no sabemos que será de nuestras vidas. Con la represa van a acabar el río. Ya escasamente nos dará algo de comer. Mire que este otro río que desemboca aquí cerca y que está represado aguas arriba, ya no le sube pescado. Antes la gente iba a pescar mucho por allá.

 

A medida que seguimos aguas abajo, la vegetación se hace más densa. De cuando en cuando se ven algunas casas con sus pequeños cultivos de cacao, yuca, maíz y aguacate. Nos cuenta Guillermo que anteriormente se sembraba mucha coca. Según él, esta era una ruta que usaban para sacarla hasta el Magdalena.

 

–El río era una frontera natural, de un lado estaba la guerrilla y del otro los paramilitares… Mucha gente de por aquí le tocó irse de la región y a otros los mataron. Eran otros tiempos, ya todo está muy calmado…

 

Llegamos a la casa de Guillermo, está ubicada en una vega del río. Es espaciosa y fresca, de amplios corredores sin chambranas y una sala abierta que hace también de comedor. El sonido del viento que circula se confunde con el del río. Descargamos las mochilas y nos sentamos directamente en el piso de cemento, brillante de tanto trapearlo. En la parte posterior de la casa hay una cancha de fútbol que linda con un corral para el ganado. En las tardes de todos los fines de semana se reúnen los vecinos a jugar partidos y a tomar fresco. Guillermo vive con su esposa e hija. Aunque sus vecinos están retirados, es una comunidad unida por el río, el mismo que les ha forjado su identidad, cultura y tradición. No obstante, es una comunidad vulnerable. Pese a que es gente tallada con la más resistente madera del monte, hoy en día su legado está amenazado. Intereses opuestos a los suyos se anteponen a sus formas de vida.

 

Después de refrescarnos con guandolo1 helado y haber comido un par de buñuelos, terminamos hablando del festival que se está realizando en defensa del río Samaná, el Samaná Fest. Iniciativa que además de haber dado a conocer la problemática a la opinión pública, ha propuesto a Celsia (filial del Grupo Argos y responsable del proyecto hidroeléctrico Porvenir II), gobierno y sociedad en general, la creación del Parque Río Samaná como alternativa al impacto negativo que produciría la represa. Su apuesta está en combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”2.

 



–Al festival hemos ido la mayoría de por aquí, finqueros, agricultores, pescadores y gente de los caseríos afectados que no queremos la construcción de la represa. Agradecemos el apoyo de la gente de los municipios y ciudades… y de otros países, porque aquí ha llegado gente de todo el mundo a defender el río.

 

Nos cuentan que con la creación del embalse se inundaría una gran porción de bosque y en particular se acabaría con varias especies de plantas nuevas para la ciencia, que sólo se han encontrado en las orillas de esta cuenca. Según cuentan los expertos, las propiedades de este río y su ecosistema son únicas y el daño ambiental ocasionado sería irreversible.

 

Quisiera no darme cuenta de tantas cosas, a lo mejor así estuviera más tranquilo y no me pesaría tanto todo lo que le estamos ocasionando al medio ambiente. Me quedo detallando un cachorrito que se quedó dormido junto a mis pies. Su sueño es profundo, me parece que fantasea con que está corriendo o quizá volando tras algo que huele muy apetitoso, mueve sus paticas y sus bigotes constantemente. ¡Ojalá lo logre atrapar!

 

Les pedimos que nos recomienden un lugar para conocer, al que podamos ir caminando. Nos sugieren ir a unos charcos. La quebrada que conduce a estos parece una réplica a menor escala del río. Mientras ascendemos, el cantar de las chicharras se hace más intenso, como relata el mito: a punto de reventar por amor3. Nunca habíamos visto una quebrada tan cristalina y llena de peces como aquella. Al meternos al charco, llegaron unos pececitos de cola roja a picotear los pies y la espalda, los más grandes guardaban su distancia. Distinguimos por lo menos cuatro especies diferentes entre ellos. Nos preguntamos por cuán importante sería para nosotros, como sociedad, aprender de los conocimientos que nos ofrece nuestra irrespetada biodiversidad.

 

Siguiendo camino arriba, nos encontramos a un personaje: el Árabe. Llevaba puesto una especie de turbante. Cuentan que estuvo en el Medio Oriente. Hace quince días que está barequiando por estos lados. Tiene su “cambuche” cerca. Una atarraya, una olla y una hamaca es todo lo que lleva consigo. Nos enseña esta técnica milenaria heredada de los ancestros. Hoy en día al borde de desaparecer.

 

Regresamos por la orilla opuesta hasta topar con la desembocadura en el río. Allí se forma una playa de arena. Nos quedamos a contemplar el río, su cauce comenzó a crecer lentamente. Vimos algunas rayas deambular mimetizadas con el fondo arenoso. Lo que antes era una quebrada, en cuestión de minutos se convirtió en otro río. Para cruzar a la otra orilla debimos volver un buen tramo, hasta encontrar un paso seguro; el agua ahora bajaba turbia, así que además debimos cruzar con cuidado para no ir a pisar ninguna raya, dicen que es muy doloroso su pinchazo. Estando ya del otro lado, el camino por el cual habíamos ascendido estaba tapado, nos tocó abrir paso por el monte hasta llegar nuevamente a la desembocadura, y justo antes de doblar rumbo a la casa vimos a lo lejos una pequeña mancha café que se aventó en el río. Atraída por la corriente hacia nosotros distinguimos una enorme nutria que se debatía en el torrente. ¡Los gajes del oficio silvestre!

 

De regreso nos recibieron con una suculenta viuda de bocachico. –Antes la pesca abundaba –nos cuentan– pero empezaron a llegar foráneos a pescar con dinamita y trasmallos que atravesaban de lado a lado… y eso mata al pequeño y al grande. Ahora ya no dejamos que hagan eso aquí. Debemos cuidar a quien nos da de comer– nos dicen de manera enfática.

 

Mientras hablábamos, a lo lejos se escuchaban los aullidos de los micos aulladores. Son sonidos guturales; su eco, el cual retumba por todo el cañón, es el mismo que escuchaban los Malagua mientras vivían en armonía con el territorio.

 

El sol comienza a recostarse en el horizonte, la luz se hace más cálida y las sombras se extienden. Llega la tarde acompañada de manadas de garzas que vuelan sobre el río. Una que otra lancha navega el cauce: son los ribereños que, al igual que las garzas, vuelven a sus casas.

 

Todo alrededor de la casa está oscuro, nuevos sonidos provenientes del monte le dan la bienvenida a la noche. El río no lo vemos pero lo sentimos, siempre está presente. Reunidos en torno al televisor, tendidos en hamacas y en el piso, esperamos expectantes los titulares del noticiero que anuncian los últimos acontecimientos sobre Hidroituango, los cuales advierten sobre la crisis que por estos días amenaza a las poblaciones río abajo con el desbordamiento del Cauca. ¿Será este el “porvenir” de los ribereños del Samaná? Un sentimiento de zozobra invade el ambiente. Mientras tanto, los geckos (pequeños lagartos) se dan un banquete con las incautas polillas que llegan atraídas por la luz del televisor.

 

–Dicen que abrirán cientos de puestos para trabajar en la represa… pero sólo es mientras se construye. ¿Y después de eso qué? Nos dejan el río que ni para pescar… ya ni los pocos turistas que viene por acá volverán…

 

Al día siguiente, con el trinar de los pájaros partimos rumbo a la desembocadura del Samaná. Nos llevan unos vecinos que van a un entierro en un caserío cercano. De camino aprovechan para tirar atarraya y pescar con anzuelo. Sacan algunos bocachicos y dos bagres, los mismos que resguardan en una nevera portátil, para venderlos en el poblado. Mientras más descendemos, el río se hace más grande: va tomando la forma del Magdalena, su hermano mayor. Las aguas puras y libres del Samaná son entregadas a este gigante maltrecho, como una arteria llena de vida que sana su enfermedad. Nuestro cuerpo, al igual que este territorio, tiene un sistema circulatorio que nos da vida. Cada vez que se obstruye un río con una represa se condena un territorio. ¿Por qué, en vez de obstruir más ríos, mejor empezamos a revivir todos aquellos que hemos acabado?

 

Seguimos con la mirada el curso de la lancha por las aguas turbias y torrentosas, intentando descifrar la dirección que toma quien la conduce. La forma de la superficie del agua indica cuál es el camino que hay que tomar para no golpear con las piedras o algún tronco mal puesto. Son habilidades adquiridas, como quien aprende a leer una partitura o un libro. Los ribereños son grandes lectores del río y su entorno. Nos cuentan que cada año celebran las fiestas del bocachico, en homenaje a esta especie que ha traído prosperidad a toda la región. Sin embargo, cada día acortamos más la travesía de esta especie migratoria. La ganadería extensiva, la deforestación, la pesca indiscriminada, la minería, la contaminación de los ríos y las represas, son las causas que la están llevando a la extinción; además de desequilibrar los ecosistemas del cual ellos se benefician. Miles de bocachicos migran todos los años desde las ciénagas a los afluentes de los ríos principales, lo que se conoce como la “subienda”; al ser obstaculizado su paso con una represa dejarán de remontar el río, se interrumpe su reproducción y desove. Como dice la canción, ya no “habrá subienda”, ni “plata pa’ tienda”, ni “amanecer con pescado pa’ vender en el mercado”.

 

Finalmente, llegamos al Magdalena. Es un hermoso y gigante moribundo. Ya las montañas son apenas unas pequeñas protuberancias. El calor se siente más intenso. Nos despedimos del río y de su gente. Al llegar a la antigua carretera Panamericana, nos recostamos bajo la sombra de un Samán. Soñamos con que nos recoge un tren, de esos que parecen levitar; viajamos al futuro: Vemos las aparatosas plantas de petróleo, imponentes en un paisaje tan llano. Es como si fueran monumentos de una época remota. Un recuerdo lustroso del pasado. La vegetación es densa, se siente un aire fresco y limpio. Como en un Déjà vu nos internamos en las montañas de regreso al punto donde partimos: El río, al margen de las vías férreas, está crecido, su color café da cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Llegamos a la casa de María, quien ahora está acompañada de dos de sus sobrinos. Pareciera que no le hubieran pasado los años. Su rostro más juvenil nos sonríe.


–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, ¡y tienen toda la razón! ¡Síganse por favor!

 

1 Bebida de agua de panela con limón
2 Más información: http://www.riosamana.com/
3 Según el mito, las chicharras cantan en época de apareamiento para atraer a sus parejas, y lo hacen hasta que revientan de amor.

Publicado enColombia
El Samaná: último río libre y limpio de Antioquia

En las estribaciones de la Cordillera Central, en el páramo del municipio de Sonsón, al sur oriente antioqueño, nace uno de los ríos más biodiversos y maravillosos de nuestro país. Entre montañas agrestes, ocultas por décadas de conflicto armado, se abre paso este gigante, cuyo cause aumenta a medida que desciende de las altas montañas. Serpenteante, en su paso por el municipio de San Luis, en un recodo de la vía Medellín-Bogotá, deja ver su enorme dorso, que en días de verano tiene un color verde esmeralda. Aguas abajo, como un enorme reptil, se desliza hasta perderse nuevamente en la espesura del monte. Hoy, su fluir hasta el río Magdalena está amenazado por un proyecto Hidroeléctrico. Motivados por conocer el impacto ambiental y social que podrían ocasionar estos proyectos, realizamos diversos viajes los cuales componen esta crónica; en la cual se narra el sentir de los ribereños y se registra parte de la riqueza amenazada de nuestro último río libre y limpio de Antioquia: el río Samaná.

Da caluroso. Nos animamos para nuestro viaje cargados de ilusiones. Hemos escuchado distintas historias sobre “El patrón” y queremos comprobarlas. El aire del campo nos trae la sorpresa de aromas frescos, superpuestos a los de la gasolina y la contaminación que ahogan la urbe y los millones que en ella disputan un espacio y una oportunidad para abrirse paso en el presente y para el futuro.

 

Nuestra llegada estuvo precedida de una manada de titís que cruzaban la carretera por un tendido eléctrico. El caserío está conformado por unas cuantas casas a lado y lado de la vía hasta toparse con el río, “El patrón”. Todo allí confluye en él. Caminamos directamente al puente que lo atraviesa, su color café y sus aguas crecidas dan cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Nos dirigimos a la casa de la señora donde nos vamos a quedar. El camino es bordeando la escuela, se atraviesa un pequeño caño y en un alto, al margen del río, está su casa. Justo al frente, en la otra orilla, se alcanza a ver lo que parece ser una cascada: es como si de los árboles brotara un manantial de agua.

 

–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, pero mire que uno aquí no valora tanto todo esto…

 

María, de cuyo nombre nos enteramos de manera pronta, nos cuenta que ha vivido toda su vida en la región. Es la única que queda en la casa; sus hijos viven en la ciudad, y aunque le insisten que se vaya a vivir con ellos, ella se resiste.

 

–Mal que bien, aquí tengo mi casa, mis cosas… mi vida la he construido aquí. Además, yo por allá no me amaño!


Pese a que nunca se fue de la región, es beneficiaria de un apoyo a las víctimas que sufrieron desplazamiento por el conflicto armado y que ahora regresan a sus territorios. El apoyo consta de un bono en materiales de construcción para mejorar sus viviendas.

 

–Pero fíjese como es la vida, yo que he resistido a salir de mi casa en la época más dura de violencia, ahora que ya todo está tranquilo, ¡me tengo que ir! Con el proyecto de la hidroeléctrica, todos, incluso los que han vuelto a sus ranchos, les toca volverse a ir. Entonces, ¿para qué arreglar la casa si nos van a sacar, queramos o no?… El otro día escuché que aquí, donde está ubicada esta casa, va a quedar el cuarto de máquinas.

 

Su rostro inmutable, reflejo de quien ha sorteado los más duros embates de la vida, es el mismo con que seguidamente nos ofrece comida: patacón con bocachico. –Nunca nos ha faltado pescado en el río. Él es quien nos da de comer.

 

La conversa continúa y las horas pasan, el goce es pleno. Con la noche compruebo como la selva cobra vida, el río como telón de fondo acompaña una multitud de sonidos. El cansancio por el trajín del día viene acompañado con el sueño, y éste y la mente viajan en el tiempo. Afloran imágenes confusas, quizá rememorando antiguos oficios y prácticas nunca antes vistas. Un reencuentro con los antiguos moradores de estas tierras, la tribu Malagua con su cacique Nare, vestido con piel de jaguar y ornamentado con orfebrería de oro. ¿Qué pensarían ellos si supieran que están amenazando con estancar las corrientes de este río hermano, elixir de la vida? Les agradecemos habernos enseñado que un río es más que un simple recurso hídrico, que sobre todo es fuente de vida, y como tal merece ser reconocido por lo que es: un fluido vital, sagrado, como la vida, de la cual es sustento sustancial. Nos recuerdan, además, que no somos el fin absoluto de la creación y que los ríos, así como la especie humana, tienen derechos. Estamos hechos de la misma materia del universo, somos hijos de Caribá o tierra de aguas en español, pues así llamaban esta región, quienes la habitaron mucho antes de que llegaron extraños a pisotearla.
Al día siguiente, con la curiosidad del que quiere conocer y aprender, nos levantamos con el alba, acompañados de nuevos sonidos, recordándonos, una y otra vez, que la vida palpita de diferentes formas, con colores vivos y apagados, con trinar diverso y ecos de distintos animales, evidencia de nuestra sorprendente biodiversidad, y en su opuesto, la mezquindad y la avaricia sin límite de quienes pretenden seguir entubando todos los ríos del departamento y del país.

 

Disfrutamos del amanecer sin pitos ni ruido de motores, saboreamos los primeros tragos del día con las melodías del despertar del campo y de inmediato nos enrutamos hacia el punto donde llegan las lanchas, lugar preestablecido para el encuentro con los lugareños que guiaran nuestros pasos. Con un andar tranquilo, aunque algo inseguro, como el de todo poblador urbano, nos guiamos con la luz del celular, afinamos nuestros sentidos, y justo después de atravesar una quebrada somos sorprendidos por una mapaná, que al encuentro con la luz que portábamos, se quedó quieta en mitad del camino. Ella nos observa, nosotros a ella, necesito moverla para poder proseguir hacia nuestro destino, doy media vuelta para buscar una rama y cuando regreso ella ya está resguardada entre los arbustos.

 

El camino que bordea el río por el cañón era una antigua carretera, hoy en día es un estrecho sendero absorbido por la densa vegetación; de un lado es montaña, del otro un acantilado que va a dar al río. A medida que avanzamos empieza a despuntar el día, los rayos del sol se filtran por entre las hojas de los árboles, hay una tenue neblina que hace del paisaje algo místico. Finalmente, llegamos a lo que fue el desembarcadero en otros tiempos: una plancha en cemento que se adentra en el río, y en su centro se erige una cruz desgastada por la inclemencia del tiempo. El agua del río se arremolina, un enorme tronco es arrastrado por la corriente como la levedad de una hoja que lleva un arroyo. Pienso en toda la muerte que pudo haber bajado por este río lleno de vida, en las lágrimas de tristeza perdidas en la corriente, y en los gritos de dolor que nunca escuchamos. El ruido del motor me saca de estos pensamientos, vemos la lancha acercarse a lo lejos.

 

Nos internamos río abajo por el estrecho cañón. Para Gabriel, ribereño como todos los que habitan al margen del cauce, el río es parte fundamental de su vida: es quien provee de alimento, es medio de transporte, fuente de trabajo, es quien dispone el quehacer del día a día, es, a fin de cuentas, su hogar.

 

–Nosotros, los que vivimos río abajo, no sabemos que será de nuestras vidas. Con la represa van a acabar el río. Ya escasamente nos dará algo de comer. Mire que este otro río que desemboca aquí cerca y que está represado aguas arriba, ya no le sube pescado. Antes la gente iba a pescar mucho por allá.

 

A medida que seguimos aguas abajo, la vegetación se hace más densa. De cuando en cuando se ven algunas casas con sus pequeños cultivos de cacao, yuca, maíz y aguacate. Nos cuenta Guillermo que anteriormente se sembraba mucha coca. Según él, esta era una ruta que usaban para sacarla hasta el Magdalena.

 

–El río era una frontera natural, de un lado estaba la guerrilla y del otro los paramilitares… Mucha gente de por aquí le tocó irse de la región y a otros los mataron. Eran otros tiempos, ya todo está muy calmado…

 

Llegamos a la casa de Guillermo, está ubicada en una vega del río. Es espaciosa y fresca, de amplios corredores sin chambranas y una sala abierta que hace también de comedor. El sonido del viento que circula se confunde con el del río. Descargamos las mochilas y nos sentamos directamente en el piso de cemento, brillante de tanto trapearlo. En la parte posterior de la casa hay una cancha de fútbol que linda con un corral para el ganado. En las tardes de todos los fines de semana se reúnen los vecinos a jugar partidos y a tomar fresco. Guillermo vive con su esposa e hija. Aunque sus vecinos están retirados, es una comunidad unida por el río, el mismo que les ha forjado su identidad, cultura y tradición. No obstante, es una comunidad vulnerable. Pese a que es gente tallada con la más resistente madera del monte, hoy en día su legado está amenazado. Intereses opuestos a los suyos se anteponen a sus formas de vida.

 

Después de refrescarnos con guandolo1 helado y haber comido un par de buñuelos, terminamos hablando del festival que se está realizando en defensa del río Samaná, el Samaná Fest. Iniciativa que además de haber dado a conocer la problemática a la opinión pública, ha propuesto a Celsia (filial del Grupo Argos y responsable del proyecto hidroeléctrico Porvenir II), gobierno y sociedad en general, la creación del Parque Río Samaná como alternativa al impacto negativo que produciría la represa. Su apuesta está en combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”2.



–Al festival hemos ido la mayoría de por aquí, finqueros, agricultores, pescadores y gente de los caseríos afectados que no queremos la construcción de la represa. Agradecemos el apoyo de la gente de los municipios y ciudades… y de otros países, porque aquí ha llegado gente de todo el mundo a defender el río.

 

Nos cuentan que con la creación del embalse se inundaría una gran porción de bosque y en particular se acabaría con varias especies de plantas nuevas para la ciencia, que sólo se han encontrado en las orillas de esta cuenca. Según cuentan los expertos, las propiedades de este río y su ecosistema son únicas y el daño ambiental ocasionado sería irreversible.

 

Quisiera no darme cuenta de tantas cosas, a lo mejor así estuviera más tranquilo y no me pesaría tanto todo lo que le estamos ocasionando al medio ambiente. Me quedo detallando un cachorrito que se quedó dormido junto a mis pies. Su sueño es profundo, me parece que fantasea con que está corriendo o quizá volando tras algo que huele muy apetitoso, mueve sus paticas y sus bigotes constantemente. ¡Ojalá lo logre atrapar!

 

Les pedimos que nos recomienden un lugar para conocer, al que podamos ir caminando. Nos sugieren ir a unos charcos. La quebrada que conduce a estos parece una réplica a menor escala del río. Mientras ascendemos, el cantar de las chicharras se hace más intenso, como relata el mito: a punto de reventar por amor3. Nunca habíamos visto una quebrada tan cristalina y llena de peces como aquella. Al meternos al charco, llegaron unos pececitos de cola roja a picotear los pies y la espalda, los más grandes guardaban su distancia. Distinguimos por lo menos cuatro especies diferentes entre ellos. Nos preguntamos por cuán importante sería para nosotros, como sociedad, aprender de los conocimientos que nos ofrece nuestra irrespetada biodiversidad.

 

Siguiendo camino arriba, nos encontramos a un personaje: el Árabe. Llevaba puesto una especie de turbante. Cuentan que estuvo en el Medio Oriente. Hace quince días que está barequiando por estos lados. Tiene su “cambuche” cerca. Una atarraya, una olla y una hamaca es todo lo que lleva consigo. Nos enseña esta técnica milenaria heredada de los ancestros. Hoy en día al borde de desaparecer.

 

Regresamos por la orilla opuesta hasta topar con la desembocadura en el río. Allí se forma una playa de arena. Nos quedamos a contemplar el río, su cauce comenzó a crecer lentamente. Vimos algunas rayas deambular mimetizadas con el fondo arenoso. Lo que antes era una quebrada, en cuestión de minutos se convirtió en otro río. Para cruzar a la otra orilla debimos volver un buen tramo, hasta encontrar un paso seguro; el agua ahora bajaba turbia, así que además debimos cruzar con cuidado para no ir a pisar ninguna raya, dicen que es muy doloroso su pinchazo. Estando ya del otro lado, el camino por el cual habíamos ascendido estaba tapado, nos tocó abrir paso por el monte hasta llegar nuevamente a la desembocadura, y justo antes de doblar rumbo a la casa vimos a lo lejos una pequeña mancha café que se aventó en el río. Atraída por la corriente hacia nosotros distinguimos una enorme nutria que se debatía en el torrente. ¡Los gajes del oficio silvestre!

 

De regreso nos recibieron con una suculenta viuda de bocachico. –Antes la pesca abundaba –nos cuentan– pero empezaron a llegar foráneos a pescar con dinamita y trasmallos que atravesaban de lado a lado… y eso mata al pequeño y al grande. Ahora ya no dejamos que hagan eso aquí. Debemos cuidar a quien nos da de comer– nos dicen de manera enfática.

 

Mientras hablábamos, a lo lejos se escuchaban los aullidos de los micos aulladores. Son sonidos guturales; su eco, el cual retumba por todo el cañón, es el mismo que escuchaban los Malagua mientras vivían en armonía con el territorio.

 

El sol comienza a recostarse en el horizonte, la luz se hace más cálida y las sombras se extienden. Llega la tarde acompañada de manadas de garzas que vuelan sobre el río. Una que otra lancha navega el cauce: son los ribereños que, al igual que las garzas, vuelven a sus casas.

 

Todo alrededor de la casa está oscuro, nuevos sonidos provenientes del monte le dan la bienvenida a la noche. El río no lo vemos pero lo sentimos, siempre está presente. Reunidos en torno al televisor, tendidos en hamacas y en el piso, esperamos expectantes los titulares del noticiero que anuncian los últimos acontecimientos sobre Hidroituango, los cuales advierten sobre la crisis que por estos días amenaza a las poblaciones río abajo con el desbordamiento del Cauca. ¿Será este el “porvenir” de los ribereños del Samaná? Un sentimiento de zozobra invade el ambiente. Mientras tanto, los geckos (pequeños lagartos) se dan un banquete con las incautas polillas que llegan atraídas por la luz del televisor.

 

–Dicen que abrirán cientos de puestos para trabajar en la represa… pero sólo es mientras se construye. ¿Y después de eso qué? Nos dejan el río que ni para pescar… ya ni los pocos turistas que viene por acá volverán…

 

Al día siguiente, con el trinar de los pájaros partimos rumbo a la desembocadura del Samaná. Nos llevan unos vecinos que van a un entierro en un caserío cercano. De camino aprovechan para tirar atarraya y pescar con anzuelo. Sacan algunos bocachicos y dos bagres, los mismos que resguardan en una nevera portátil, para venderlos en el poblado. Mientras más descendemos, el río se hace más grande: va tomando la forma del Magdalena, su hermano mayor. Las aguas puras y libres del Samaná son entregadas a este gigante maltrecho, como una arteria llena de vida que sana su enfermedad. Nuestro cuerpo, al igual que este territorio, tiene un sistema circulatorio que nos da vida. Cada vez que se obstruye un río con una represa se condena un territorio. ¿Por qué, en vez de obstruir más ríos, mejor empezamos a revivir todos aquellos que hemos acabado?

 

Seguimos con la mirada el curso de la lancha por las aguas turbias y torrentosas, intentando descifrar la dirección que toma quien la conduce. La forma de la superficie del agua indica cuál es el camino que hay que tomar para no golpear con las piedras o algún tronco mal puesto. Son habilidades adquiridas, como quien aprende a leer una partitura o un libro. Los ribereños son grandes lectores del río y su entorno. Nos cuentan que cada año celebran las fiestas del bocachico, en homenaje a esta especie que ha traído prosperidad a toda la región. Sin embargo, cada día acortamos más la travesía de esta especie migratoria. La ganadería extensiva, la deforestación, la pesca indiscriminada, la minería, la contaminación de los ríos y las represas, son las causas que la están llevando a la extinción; además de desequilibrar los ecosistemas del cual ellos se benefician. Miles de bocachicos migran todos los años desde las ciénagas a los afluentes de los ríos principales, lo que se conoce como la “subienda”; al ser obstaculizado su paso con una represa dejarán de remontar el río, se interrumpe su reproducción y desove. Como dice la canción, ya no “habrá subienda”, ni “plata pa’ tienda”, ni “amanecer con pescado pa’ vender en el mercado”.

 

Finalmente, llegamos al Magdalena. Es un hermoso y gigante moribundo. Ya las montañas son apenas unas pequeñas protuberancias. El calor se siente más intenso. Nos despedimos del río y de su gente. Al llegar a la antigua carretera Panamericana, nos recostamos bajo la sombra de un Samán. Soñamos con que nos recoge un tren, de esos que parecen levitar; viajamos al futuro: Vemos las aparatosas plantas de petróleo, imponentes en un paisaje tan llano. Es como si fueran monumentos de una época remota. Un recuerdo lustroso del pasado. La vegetación es densa, se siente un aire fresco y limpio. Como en un Déjà vu nos internamos en las montañas de regreso al punto donde partimos: El río, al margen de las vías férreas, está crecido, su color café da cuenta de lluvias que no vimos. Dos pescadores prueban suerte sobre la saliente de una enorme roca que se resiste a la corriente.

 

Llegamos a la casa de María, quien ahora está acompañada de dos de sus sobrinos. Pareciera que no le hubieran pasado los años. Su rostro más juvenil nos sonríe.


–¡Usted vive en el paraíso!

 

–Eso dicen todos los que vienen, ¡y tienen toda la razón! ¡Síganse por favor!

 

1 Bebida de agua de panela con limón
2 Más información: http://www.riosamana.com/
3 Según el mito, las chicharras cantan en época de apareamiento para atraer a sus parejas, y lo hacen hasta que revientan de amor.

Publicado enEdición Nº247
Lunes, 25 Junio 2018 09:40

La guerra también es comunicacional

La guerra también es comunicacional

Hoy todo está interconectado con las tecnologías de la información y la comunicación, y en ellas están las redes sociales. Este boom tecnológico ha penetrado con holgura en el conflicto armado colombiano donde, tanto las Fuerzas Armadas oficiales como la guerrilla del Eln las utilizan para sacar ventaja dentro del contexto de la denominada guerra de cuarta generación –gcg–, e inclinar a las personas a favor de sus discursos. Todo esto es evidente en el departamento de Arauca.

Una guerra que se lleva a cabo no solo con fusiles y otros instrumentos para el enfrentamiento directo; una guerra que no solo se despliega en territorios físicos, esa es la guerra moderna, también conocida como de cuarta generación. Las premisas de esta teoría de la guerra moderna son la propaganda desplegada a través de los medios de información masivos, nacionales e internacionales, como arma estratégica y operacional en la que el campo de batalla se traslada a la sociedad en su conjunto. Guerra en la cual se articulan medios de información, campañas psicológicas, ataques cibernéticos y robo de información, entre otros mecanismos de operar y propósitos. Es por ello que en esta guerra no solo son importantes los combates directos, sino también la lucha ideológica, desplegada en campos y ciudades para ganar la mente y la voluntad de la población.

 

Con estas tácticas de guerra, el objetivo de la misma pasa del cuerpo a la mente.

 

Las Fuerzas Militares

 

Las FF.MM colombianas han sabido implementar el concepto de gcg. En el territorio araucano despliegan campañas mediáticas a través de sus propios medios de información, y a través de los espacios publicitados de los medios privados de información, con el objetivo de crear ante el público una imagen favorable que les permita ganar confianza y legitimidad en el potencial de sus acciones militares.

 

Entre sus campañas institucionales se destacan “Héroe multimisión” y “Fe en la causa”. La primera caracteriza al soldado como un sujeto capaz de desarrollar con éxito cualquier tarea asignada, priorizando la humanidad del soldado y enfatizando en la protección del país ante cualquier amenaza que se presente.

 

En la segunda, el eslogan “Fe en la causa”, intenta incentivar la convicción y legitimidad del objetivo que poseen las FF.MM por defender la patria y a sus ciudadanos; asimismo, la fe ideológica del soldado tiene la misma fuerza que la creencia religiosa de cualquier persona, lo que permite tener una identificación con aquella población que cree en la religión.

 

La identificación, la legitimidad, la confianza y la empatía con la población, son los objetivos pretendidos por las FF.MM como una manera de tener condiciones de estabilidad y respaldo a la hora de moverse por el territorio, lo que asegura la imposición de su hegemonía como actor de un conflicto frente al adversario.

 

La insurgencia

 

Por otro lado, el Eln tiene una alta presencia en el departamento. Cuenta con la páginas web Voces de Colombia1 y cuentas en redes sociales: en twitter, Eln-Paz (delegación de paz) y Eln-Ranpal (radio virtual Radio Nacional Patria Libre), además emisoras en FM como Antorcha Stereo (Cúcuta), Voces de la libertad (Arauca) y otras en el departamento del Chocó, pero también emplea el tradicional comunicado impreso y digital, informando por medios propios, como por los medios comerciales con asiento en la región, por ejemplo en los espacios noticiosos (La voz del Cinaruco de la empresa Caracol radio, y las emisoras comunitarias).



A diferencia de las FF.MM, el Eln no emplea campañas con una durabilidad estable dirigida a la comunidad, desarrollan pequeñas campañas en el marco de fechas conmemorativas para la organización, como el 4 de julio –fecha de su fundación–, la muerte de algún miembro o el aniversario de un frente de guerra (en el departamento existe el Frente Domingo Laín, cuyo aniversario es el 15 de septiembre), por nombrar los más destacados.

 

Pero también, despliegan campañas en otro tipo de fechas como navidad y la independencia de Colombia, donde transmiten su punto de vista y recalcan su propuesta política. Un elemento que si es permanente en sus mensajes es el eslogan “Ni un paso atrás, liberación o muerte” (Nupalón) que está siempre presente en la firma de sus mensajes, el cual sintetiza el objetivo político trazado de liberarse de la dependencia política y económica que tiene Colombia de la burguesía nacional y de los EE.UU.

 

En sus mensajes, implementan siempre el discurso crítico al modelo económico dominante en Colombia, resaltando sus efectos negativos para la población y señalando a sus responsables. Estos mensajes tienen como característica denunciar las acciones implementadas en el territorio por el Estado colombiano y las multinacionales, denunciando su desarrollo y los problemas causados entre sus pobladores.

 

El ejemplo más destacado en el departamento, es la explotación de petróleo dirigido por la multinacional OXY, siendo el complejo Caño Limón-Coveñas el más representativo ya que es el oleoducto que pasa por el departamento, blanco de acciones militares insurgentes2.

 

Estas acciones militares son el tema central de los mensajes del Eln, los partes de guerra que explican la acción militar son creados en el lenguaje de informe y reproducidos por todos los medios posibles, propios o no. Sin embargo, esto cambia al pasar por el filtro de los medios locales. El canal regional de televisión CNC y la Voz del Cinaruco emplean los términos “grupo terrorista” para caracterizar a este grupo armado, “hechos delincuenciales” cuando se refiere a las acciones militares, junto a “secuestros”, “extorsión”, “grupo ilegal” como otra manera de reproducir el discurso de las FF.MM. Estos dos ejemplos acarrean una desventaja para el Eln, porque su accionar comunicacional y militar se trunca por el filtro de otro actor, pero además abona terreno al sentido que quieren posicionar las FF.MM en la opinión pública.

 

Por su parte, las emisoras comunitarias (Sarare Fm Stereo, Arauquita Stereo) se limitan a leer en sus espacios noticiosos los mensajes de la subversión, tal cual son escritos. Esto, claro, por su labor social de llevar la información de manera veraz a la comunidad que las escucha, sin inclinarse por uno u otro actor del conflicto armado.

 

Disparidades y legitimidad

 

El aumento del pie de fuerza militar, el fortalecimiento de la fuerza aérea, y el haber consolidado mayor coordinación entre las FF.MM dentro del Comando Conjunto (17.000 miembros de las FF.MM distribuidos en la región), produjeron la disminución del actuar guerrillero en el departamento. Lo que genera espacios ausentes de la influencia comunicacional subversiva, los cuales son reemplazados por las campañas mediáticas del adversario, arrinconando al Eln tanto en el monte como en la opinión pública.

 

No obstante, el arraigo histórico del grupo guerrillero es considerable. Conocer o ser del Eln hace parte del proyecto de vida de las familias en esta región, abandonadas históricamente de los años 60 del siglo XX, quienes llegaron allí escapando de la pobreza y el conflicto armado entre liberales y conservadores. Sus necesidades crecientes fueron generando procesos de movilización que el Estado trató de apaciguar de manera violenta, impulsando sin pretenderlo, la creación y el apoyo del grupo subversivo en la región, con la participación directa de las personas que crecieron dentro del conflicto social.

 

Bajo un círculo vicioso se alimentó el conflicto armado en Arauca, permitiendo la consolidación del Eln en el seno de su población. Este factor, es una ventaja contra el Estado, porque le imprime la legitimidad y apropiación de las personas en medio de las campañas mediáticas y psicológicas contra-insurgentes de las FF.MM. Por ende, la vivencia de las comunidades desmiente, en la mayoría de los casos, los mensajes comunicacionales del Estado.

 

Aún así, la permanencia en los mensajes de la subversión es limitada por su corta duración, y por la falta de un mensaje comunicativo diario a través de sus propios medios; las fechas conmemorativas utilizadas por el Eln no cumplen con el tiempo necesario para cercar los mensajes del Estado. Por lo general, el efecto de sus acciones, con el bloqueo o cierre de una vía al atravesar buses de transporte público, duran no más de 27 horas, limitación en el tiempo que es aprovechado por los medios de información locales y nacionales para diluir su sentido político. Estas acciones, que combinan lo militar y lo comunicacional, hacen parte de la vida diaria del departamento, pero el sentido político no cala entre la gente, reflejando apatía por la propuesta política de un país socialista, regularmente transmitido por el grupo subversivo.

 

Al quebrantar las ideas de la subversión, mostrándolo como el enemigo del Estado y un elemento que pone en peligro la vida, las FF.MM se posicionan no solo como la alternativa que soluciona ese “problema” a través de su actuar militar, sino también como una opción de vida para las personas, lo que traerá bienestar y estabilidad económica para las familias.

 

Aunque no es común encontrar en las redes sociales mensajes firmados directamente por las FF.MM, sí se difunden videos, textos y memes que deslegitiman las ideas socialistas, como por ejemplo su asociación al proyecto de nación bolivariano en Venezuela. Las FFMM difunde a diario ideas anti-cambio social por medio de las redes sociales, lo que en el contexto del conflicto armado colombiano es canalizado para alimentar ese pensamiento pro modelo económico capitalista entre la población.

 

Ahora bien, a diferencia de las FFMM, el Eln no cuenta con una infraestructura tecnológica que le permita inundar de mensajes los celulares de cada usuario de empresas de telefonía móvil. Lo que se convierte en otra desventaja a la hora de posicionar su sentido de la realidad dentro de los actuales espacios de encuentro virtuales y fuentes directas de información, como lo son las redes sociales.

 

Es por eso, que la guerrilla aprovecha directa e indirectamente los medios de información que están a su alcance (emisoras propias, privadas, comunitarias y canales de televisión privados) para seguir en la opinión de la comunidad, a la par de no desechar las maneras tradicionales de comunicar, haciendo uso del grafiti y el comunicado impreso.

 

Ni uno ni otro

 

A pesar de la aproximación en la descripción de las ventajas y desventajas que tienen los actores en conflicto, es difícil arrojar una conclusión clara sobre quién tiene ventaja con respecto al otro, pues ninguno de los dos actores ha alcanzado plenamente sus objetivos, ni las FF.MM han acabado con el Eln ni éste aumenta su poder e influencia.

 

Sin embargo, este pequeño caso es muestra cercana de la nueva revolución industrial y su aplicación en el campo de la disputa militar y política, donde la comunicación pasa a ser tan estratégica como el campo de batalla; el Eln y las FF.MM intentan aprovechar sus medios de comunicación y las circunstancias modificadas por la guerra, para imponer el sentido de la realidad de cada uno entre la opinión pública. Dentro de este conflicto, se despliega el accionar militar de ambas partes y el accionar comunicacional, con matrices de opinión que apuntan a deslindar a las comunidades de las ideas del adversario.

 

Todo lo mencionado, muestra que en Arauca se ha afianzado una polarización donde los “buenos y malos” se identifican a partir de las vivencias mediadas por los mensajes comunicacionales. Así, sin reconstrucción del tejido social, se ve lejana la construcción de paz con justicia social para el departamento de Arauca.

 

1 https://www.eln-voces.com/index.php/editorial-index/1594-cuanto-cambio-traera-el-nuevo-gobierno
2 http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx

Bibliografía:

Aharonian, Aram (2017). El asesinato de la verdad. Concentración mediática, redes y comunicación popular. Colombia. La Fogata Editorial, Corporación Periferia, Fundación para la Integración Latinoamericana (Fila).
Barbero, Jesús Martín (2001). Reconfiguraciones comunicativas de lo público. México. Análisis.
Castells Olivan, Manuel (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.
Frade Merino, Fernando (1982). La guerra psicológica. Argentina. Editorial Pleamar.
Lind, William (2005). Comprendiendo la guerra de cuarta generación. Military Review
Organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia (2012). Plan de vida. Colombia. Organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia
Oviedo Gutiérrez, Hernán (1996). Como incidir en la opinión pública. Asociación Latinoamérica de Educación Radiofónica Aler. Madrid, Quito.

Páginas web:

https://lavozdelcinaruco.com/16309-500-nuevos-militares-tendra-arauca-dice-el-ejercito
https://www.ejercito.mil.co/multimedia/videos/transformacion_ejercito_heroes_405934

Publicado enEdición Nº247
Sábado, 02 Junio 2018 07:09

Abrir los archivos oficiales del Estado

Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enColombia
Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enEdición Nº246
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
La ‘cultura anfibia’ de Colombia, en peligro

Los habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta pasaron de sufrir el conflicto armado a sobrevivir en medio de una catástrofe ambiental


La Ciénaga Grande de Santa Marta se ve como un inmenso mar que solo puede dimensionarse en un mapa a escala. Son 450 kilómetros cuadrados de espejo de agua los de esta laguna costera colombiana que llegó a ser la gran despensa pesquera del país. Ubicada junto al mar Caribe, en la región del Magdalena, cuenta con poblaciones palafíticas de postal que parecen una Venecia tropical y tiene el honor de haber sido declarada reserva de la biosfera por la Unesco y de estar incluida en la llamada lista Ramsar que recoge los humedales de mayor importancia del mundo. Es realmente hermosa, equiparable al Parque Nacional de Doñana en España, pero hoy languidece, victíma de una crisis medioambiental y social que la muestra como un caso paradigmático de ecosistema degradado por la acción del hombre. Dicen que todavía es posible salvarla.


Para cualquier humedal, su razón de ser es el agua. En el caso de la Ciénaga, su funcionamiento hídrico es muy particular por las interacciones de agua dulce y salada que tiene con el mar Caribe, con el poderoso río Magdalena que desemboca en el Atlántico y con los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la Ciénaga, el agua le entra por todas esas vías. En realidad, cada vez menos porque esos flujos están rotos y los expertos advierten que, de no tomar medidas, el humedal podría secarse con trágicas consecuencias para la fauna y para las miles de personas cuya vida depende del ecosistema.


La bióloga marina Sandra Vilardy, una de las científicas que mejor conoce esta laguna, señala que no se puede afirmar rotundamente que el humedal se esté secando pero sí es preocupante el riesgo que corre por el gran volumen de agua que le está dejando de entrar al sistema. Para la también decana de la Universidad del Magdalena, Colombia no es consciente de la importancia de la Ciénaga Grande de Santa Marta. “Es el delta del río Magdalena, el más importante del país, y como todo delta es un ecosistema clave en cuanto a captura de carbono y regulación hidrológica y de sedimentos”, explica.


Misión Ramsar


Que la situación es critica lo corroboró recientemente una misión de expertos de la Convención Ramsar, un tratado internacional firmado por 169 países que propugna la conservación y recuperación de los humedales poniendo en valor su importancia como ecosistemas relacionados con el agua, ya sean lagos, ríos, acuíferos, pantanos, marismas, estuarios o deltas. La misión evaluó el estado de conservación de la Ciénaga a petición del Ministerio de Ambiente colombiano. Su informe concluyó que todas las características ecológicas del ecosistema estaban afectadas en un nivel muy elevado. Entre las consideraciones que entregó al Gobierno colombiano, recomendaba incluirla en el llamado Registro de Montreux, la lista de humedales más amenazados del mundo para así poder obtener acompañamiento internacional y acceso a recursos.


Y es que Ramsar, especialmente en el Dia Mundial de los Humedales, sigue alertando que éstos son los ecosistemas que más rápidamente se están perdiendo en el planeta y que siguen siendo minusvalorados por el desarrollo. Los expertos recuerdan que son la base de la alimentación de milllones de personas que dependen del arroz o de la pesca en agua dulce, que son fundamentales para la emigración de aves, que son una barrera para las tempestades y que almacenan mas carbono que cualquier bosque tropical.


Dicen que el deterioro de la Ciénaga empezó hace 50 años cuando se construyeron dos carreteras que la separaron abruptamente del mar Caribe y del río Magdalena. Al actuar como barreras, afectaron los intercambios de flujos de agua dulce y salada que necesita el humedal. El desastre se empezaría a evidenciar muchos años después en un paisaje apocalíptico de 26.000 hectáreas de bosque de manglar muerto. Desde entonces, las agresiones ambientales a la laguna no han cesado. Los paisajes apocalípticos tampoco. En agosto de 2016, las aguas del ecosistema amanecieron con un manto de 25 toneladas de peces muertos. La falta de oxigeno y los altos niveles de salinidad por la interrupción de los flujos hídricos estarían afectando la calidad de las aguas.


La agroindustria, con los monocultivos de banano y palma de aceite, es ahora la señalada como principal de buena parte de los males de la Ciénaga por el uso indiscriminado e irresponsable que hacen de las aguas subterráneas y de los ríos que deberían nutrirla. Y es que el caudal que baja de los ríos de la Sierra Nevada, denuncian las comunidades, ha sido desviado por los empresarios agrícolas debido a la gran demanda de riego de sus plantaciones. A la Ciénaga no le está llegando entonces el agua dulce suficiente y sí muchos sedimentos y vertidos de plaguicidas. Desde el sector ambiental se clama por recuperar las fuentes hídricas de la Sierra Nevada y su reordenamiento teniendo en cuenta que el 53% de los flujos de agua, dicen, ser concesiones a las empresas.


Los empresarios agrícolas tienen, sin embargo, un inusitado apoyo en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la entidad encargada de la gestión ambiental en la región, siempre reticente a reconocer el grave estado ecológico del humedal. “Las concesiones representan solo el 20% del caudal que ingresa a la Ciénaga. Es un sector con 120 años de existencia y del que depende el producto interno del departamento. Tenemos 25.000 hectáreas de banano que generan 25.000 empleos más la explotación de palma africana. Esas concesiones fueron otorgadas hace muchos años respetando los caudales ecológicos”, afirmó enfático su director Carlos Francisco Granados en un reciente foro dedicado a la Ciénaga.


Empobrecimiento


Pero la situación de la Ciénaga va mas allá de un problema ambiental. Recuperar el ecosistema no es solo salvar el humedal, sino a los 300.000 pobladores de sus 14 municipios. Es un hecho que el estado ecológico del entorno ha repercutido en el empobrecimiento de las comunidades que presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas. En la zona no existe un solo municipio que tenga una planta de tratamiento de aguas residuales ni tampoco manejo de residuos sólidos ni recolección de basuras. Todo va a parar directamente a la Ciénaga.


La pesca artesanal, de la que viven unas 15.000 personas, también se ha resentido particularmente y con ello la seguridad alimentaria de la población. Las capturas han disminuido en un 90% en menos de 20 años, asegura Vilardy. La escasez de pescado ha hecho que los propios pescadores se vean obligados a recurrir a métodos más agresivos para pescar que han generado más daño al ecosistema.


La pesca es cada vez menor y su hábitat cada vez más contaminado, pero en el interior del humedal, las poblaciones palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista siguen resistiendo y construyendo su vida sobre el agua como han hecho desde hace dos siglos. Situadas una de otra a 25 minutos de distancia en lancha, ambas localidades están rodeadas completamente de agua. Entre las dos cuentan con unas 400 casas flotantes que reposan sobre columnas de madera en las aguas del humedal. Solo es posible llegar por vía fluvial y cualquier desplazamiento, por pequeño que sea, debe hacerse en canoa, incluso para ir a la escuela o a la casa del vecino. La vida aquí pudiera parecer idílica, pero no lo es. Su vulnerabilidad es cada vez mayor, aunque se niegan a desaparecer y perder su condición cultural de comunidades anfibias.


Sí podría dejar de existir el cercano pueblo de Bocas de Cataca. “Sería el primer la primera población colombiana en desaparecer por falta de agua. Las personas mayores no se quieren ir, pero los jóvenes ya se marcharon todos. Es una gran tristeza”, lamenta Vilardy. Es la crónica de la muerte anunciada de un pueblo que sucumbió a la catástrofe ecológica y que en el año 2000 fue también víctima de una masacre paramilitar que dejó siete muertos y provocó el desplazamiento de sus mil habitantes. Solo retornaron unas 25 familias que hoy apenas tienen que pescar ni qué comer.


El dolor de la guerra se vivió intensamente en toda la Ciénaga Grande de Santa Marta causando cerca de 300.000 víctimas y el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, especialmente, agravaron el deterioro del ecosistema. Estos últimos tuvieron el control estableciendo, como indica un informe del Centro de Memoria Histórica, alianzas con la clase política local y regional y con el poder empre­sarial del sector bananero y palmero.


Los paramilitares asesinaron a líderes de pescadores y ambientalistas e implantaron su régimen de terror ejecutando 17 masacres en varios municipios de la Ciénaga que provocaron el éxodo masivo de sus pobladores. Lo sabe bien Trojas de Cataca, pero también Nueva Venecia cuando en el año 2000, paramilitares armados llegaron en lancha al pueblo y mataron e hicieron desaparecer a unas 70 personas. Maria Isabel Mendoza tenía 20 años y una niña de 46 días cuando lo vivió. “Oímos gritos y disparos. En nuestra desesperación cogimos nuestra canoa, llegamos a una zona que estaba seca y allí nos escondimos. Aquel día mataron a mi cuñado, al suegro de mi otra hermana y a un primo de 17 años. El pueblo quedó vacío. Nos fuimos todos. También la gente de Buenavista se marchó”, recuerda.


A Nueva Venecia y Buenavista regresaron de nuevo casi todos. Retornar fue la única opción de hacer lo que habían hecho siempre, pescar, y seguir desarrollando su cultura, tan apegada al agua. “Un pescador no tiene nada que hacer en la ciudad. Hemos sido una comunidad muy resiliente, pero ya no somos los mismos. Rompieron el tejido social y será difícil recomponerlo. Todavía no nos han reparado colectivamente como víctimas y la pesca ya no volverá a ser lo que fue”, señala María Isabel.
Pese a la grave situación, son muchas las voces que piensan que la recuperación de la Ciénaga es posible. Vilardy es una de ellas. “Lo que se debe hacer es liberar el agua porque está secuestrada y que el humedal se comunique nuevamente con el mar por las cinco bocas que había. Si entra el agua, se recupera el resto”, señala convencida.


Desde el Ministerio de Ambiente dicen que la Ciénaga es una prioridad. “Debe haber una reconsideración estratégica por parte de la actividad agroindustrial, de la urbana y de la ganadera. La Ciénaga debería ser un proyecto de construcción de paz desde el territorio en el que no podemos seguir violando los derechos de las comunidades”, afirma su director de bosques y biodiversidad César Rey. En la hoja de ruta para salvar el humedal estaría presentar diferentes proyectos al llamado Fondo Colombia Sostenible, un ente creado por el Gobierno colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aunar la recuperación social y medioambiental en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado.

Publicado enColombia
Página 1 de 4